miércoles, 6 mayo, 2026

Muertos a nivel estatal Ciudadanos se lanza a por Susana Díaz

Después del puyazo en todo lo alto que han recibido con la moción de censura que ha aupado a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, algo que ha cambiado el tablero político completamente, Ciudadanos se lanza a intentar cazar una presa mayor. En este caso se trata de ganar las elecciones andaluzas pues son las primeras que vendrán en el próximo período electoral. Así lo ha advertido el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en Sevilla. El crecimiento que viene teniendo Ciudadanos en la región les permite ser optimistas, lo que a su entender les puede permitir “dar el salto para gobernar”.

No se queda sólo en las encuestas Villegas, sino que valora el aumento en el apoyo de los andaluces a la formación naranja como se verifica en el crecimiento en agrupaciones y el paso de numerosos cuadros del PP a la formación cuñadista. Como viene siendo habitual se apuntan los tantos del gobierno de Susana Díaz: “Hemos sido capaces de bajar el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones al 99% de andaluces, mejorar la ley de autónomos… hemos hecho un buen trabajo en las instituciones y eso se nota en el apoyo a Ciudadanos”. No es nuevo este cambio de perspectiva con respecto a Andalucía, hace poco ya advertíamos que el propio Albert Rivera había señalado Andalucía y la cabeza de Díaz como objetivos principales de los populistas naranjas. Su discurso nacionalista, demagógico y populista es el mismo que ofrece la presidenta de la Junta de Andalucía, les queda por envolverse en la verdiblanca para ser casi una transmutación.

“El problema del bipartidismo en Andalucía es Ciudadanos. Hay un PSOE que no es capaz de generar ilusión y un PP que se ha conformado con ser un segundón. Escenifican mucha pelea pero luego se ponen de acuerdo cuando quieren controlar Canal Sur, no modificar la ley electoral o presionar a los jueces para que no salgan sus casos de corrupción” ha dicho Villegas. Claro que lo dice hablando desde un partido que ha apoyado hasta lo imposible al PSOE andaluz. Tanto como para no saber si Juan Marín había vuelto al PSOE o no. Nueva muestra de demagogia de quienes, precisamente, no han querido dar su apoyo al cambio de la financiación autonómica, algo que han hecho Podemos e Izquierda Unida, más el bipartidismo.

Claro que Ciudadanos ya ha mostrado su patita en Andalucía con los problemas que han tenido dentro de la administración paralela para obtener financiación y cargos para su gente. De hecho, algunos concejales suyos del Ayuntamiento de Almería están siendo investigados por la Fiscalía por un extraño y presunto caso de enchufismo. Y en torno a Marta Bosquet se cuentan y no paran ciertos tejemanejes en los mentideros políticos andaluces, relacionados con estudios y proyectos. Ya se advirtió en estas mismas páginas que algo olía a podrido en Ciudadanos Andalucía y más bajo el control del clan de la manzanilla.

Debería preocuparse la presidenta de la Junta porque, no sólo los apoyos que ella tiene son compartidos en algunos niveles con Ciudadanos, sino porque Juan Manuel Moreno Bonilla tampoco tiene garantizada su cabeza con la que está pasando dentro del PP. Es un sorayo y estos pueden empezar a ser especies en extinción si los movimientos de este fin de semana de Feijóo y Cospedal triunfan. Soraya Sáenz de Santamaría está pidiendo favores a sus medios de comunicación afines para cargar contra los otros dos candidatables (o posibles aliados), pero aquellos se saben mover dentro del aparato mucho mejor que ella, que siempre ha sido más de manu militari. Moreno Bonilla se encuentra en la tesitura de ver cómo Arenas le corta la hierba bajo los pies, total fue él quien lo puso, o de independizarse del sorayismo y del arenismo. Así que la franja derecha queda abierta para Ciudadanos y veremos cómo, al final, Díaz acabará pidiendo ayuda a su archienemigo presidente del gobierno.

La oposición en Adra cree que PP no quiere estabilizar la plantilla de la piscina municipal

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Los grupos políticos del Ayuntamiento de Adra en la oposición, PSOE, Plataforma Ciudadana Abderitana, junto con la concejal no adscrita han  insistido en que el equipo de Gobierno del PP debe “tomar cartas en el asunto” en lo referente a la situación de la piscina municipal. Los ediles, que han pedido que no se cierren las instalaciones mientras se realizan las tareas de reforma para evitar el despido de la plantilla, ahora temen que el PP esté pensando en realizar un contrato menor con una empresa privada para mantenerla.

Los ediles en la oposición, han asegurado que “parece ser que la solución nueva del PP es este tipo de contrato con una empresa privada que supondría estar renovando contratos a los empleados cada mes, sin una perspectiva de futuro”.

Así mismo, han reiterado que la “opción de que el Ayuntamiento absorba temporalmente la plantilla es viable”. Como han recordado los ediles, el Ayuntamiento de Adra, encontrándose sometido al Plan de Ajuste, absorbió la plantilla laboral de CESPA, empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos, que ejercía los trabajos en Adra. “Si el PP no ve posible esta opción, le exigimos que presente un informe elaborado por los técnicos del Consistorio que certifique si esta opción es viable o no”.

El 30 de junio es la fecha límite que ha puesto el equipo de Gobierno del PP para el cierre de la piscina. En este sentido, los ediles han subrayado que, “en lugar de poner fecha al cierre, deberían de estar buscando sin descanso una solución para poner fin a esta situación que arrastra la piscina desde hace más de un año” y han insistido en que “lo importante es dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras que no tienen culpa de la pésima gestión que ha llevado a cabo el PP con la empresa adjudicataria y con la redacción de los nuevos pliegos, que nos ha llevado a esta situación”.

Sin olvidar, apuntan, “el interés público por mantener abierto el servicio que afecta a más de 500 usuarios en Adra”.

El exalcalde de Murcia, absuelto del cargo de prevaricación continuada por el caso Nueva Condomina

La titular del juzgado Penal número 5 de Murcia ha absuelto al exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, así como al ex director de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas y al jefe del servicio de Planeamiento, Joaquín Peñalver, del delito continuado de prevaricación administrativa por el que fueron acusados en la pieza separada del proyecto de Nueva Condomina, del conocido como caso ‘Umbra’.

Según puede recogerse en la sentencia, la jueza señala que los hechos declarados probados no son constitutivos de delito que sanciona a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Asimismo, el documento señala que, recogiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la hora de criminalizar conductas no sólo basta comprobar la ilegalidad del acto administrativo, sino que además es necesario un plus de antijuridicidad que es lo que justifica la intervención del derecho penal.

Por su parte, el Fiscal durante sus conclusiones solicitó la pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Cámara y Morillas y de ocho años y siete meses para Peñalver. Del mismo modo, retiró la petición inicial de nulidad del Plan Parcial, programa de actuación, proyecto de reparcelación y licencias residenciales concedidas. Las acusaciones particulares, Asociación Gulliver, Asociación para la defensa del Patrimonio Huerta de Murcia y el Grupo Municipal Socialista, se adhirieron a lo solicitado por el fiscal.

La sentencia, según ha publicado Europa Press, declara probado que el 12 de julio de 1999, Miguel Ángel Cámara, en calidad de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, firmó un Protocolo Marco con el que era presidente del Real Murcia C.F. SAD, en el que se ponía de manifiesto la voluntad de ambas entidades de acometer el desarrollo de un Proyecto de Actuación Deportiva del Club que posibilitara la construcción de un nuevo Estadio, así como la construcción de una Ciudad Deportiva con instalaciones y servicios adecuados, y residencia de jugadores. Igualmente, el documento señala que dicho acuerdo se realizó «en armonía con los criterios y orientaciones generales contemplados en las políticas e instrumentos de gestión y promoción desarrollados por el Ayuntamiento y en especial por el Plan de Ordenación Urbana actualmente en fase de tramitación su revisión».

Igualmente, se detalla, la interposición de un recurso contencioso contra el Convenio Urbanístico aprobado por la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia, la mercantil Sports Management y la sociedad Real Murcia, en lo referente al cálculo del porcentaje del 10% de suelo calificado como dotacional-residencial. Recurso, que fue estimado parcialmente por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU, «reconociendo dicha resolución la validez del resto de estipulaciones del Convenio Urbanístico, así como de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana».

Respecto a la fundamentación jurídica, la sentencia subraya que el Protocolo Marco, que «nunca se firmó en secreto ni se mantuvo intencionadamente oculto», únicamente recogía la voluntad de las partes de colaborar para la construcción de un nuevo estadio y una ciudad deportiva y no implicaba obligación alguna».

Además, considera probado «que nunca hubo reuniones secretas, o fuera del ámbito procedimental, entre el alcalde y los propietarios del Real Murcia en las que fueran negociando las condiciones para la construcción del nuevo estadio y en las que se fuera fraguando, según lo manifestado por el Ministerio Fiscal, la realización de un traje a medida para Jesús Samper». Igualmente, entiende probado que ni el director gerente, ni el jefe de planeamiento, recibieron instrucción alguna de emitir sus informes en uno u otro sentido por parte del alcalde.

Por último, añade que la nulidad parcial declarada por sentencia de la Sala del Contencioso en 2006, que considera ajustado al ordenamiento jurídico el Convenio, salvo en el apartado relativo a la interpretación del cálculo del 10 por ciento de aprovechamiento urbanístico al que tenía derecho el Ayuntamiento, «no implica en modo alguno que nos encontremos ante una decisión de todo punto arbitraria, injusta, a sabiendas de su injusticia, con pleno conocimiento y conciencia de que se decidía al margen de la ley, grosera y adoptada con ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, y que además, supusiera un perjuicio para el Ayuntamiento, ya que como se ha expuesto, parece que es una cuestión controvertida».

Israel incendia con drones los campamentos de protesta en Gaza

Aviones militares no tripulados israelíes lanzaron bombas incendiarias contra las carpas instaladas a lo largo de la frontera oriental de Gaza. Los bomberos acudieron rápidamente a estos lugares para extinguir el fuego antes de que se extendiera y causara más daño. El ataque causó daños a la propiedad, pero no se reportaron heridos.

Principalmente fueron quemados neumáticos que fueron recolectados por activistas palestinos para ser quemados en las protestas del viernes, la «Marcha de un millón a Jerusalén». Los palestinos queman los neumáticos para que el humo bloquee la visión de los francotiradores israelíes estacionados a lo largo de la frontera y evitar que los asesinen.

La Comisión Nacional Superior para la Gran Marcha del Retorno solicitó una gran participación de los palestinos en las protestas de ayer viernes coincidiendo con el Día de Al-Quds, que se celebra el último viernes de Ramadán, cuando mucha gente celebra un día de solidaridad con el pueblo palestino.

Hay que recordar que los francotiradores israelíes han asesinado a 123 palestinos, incluidos 13 niños, e hirieron a más de 13.600, incluidos cientos que sufrieron heridas graves, desde el 30 de marzo.

Entre los palestinos asesinados se encontraba Razan al-Najjar, de 21 años, un paramédico que recibió un disparo en el pecho y fue asesinado por un francotirador israelí mientras prestaba primeros auxilios a los heridos en la cerca fronteriza fortificada, al este de Khan Younes.

El PSOE de Lorca respalda a las trabajadoras de la limpieza de los centros del IMAS en huelga

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Andrea Periago ha mostrado el respaldo de los socialistas lorquinos al colectivo de trabajadoras de la empresa privada que presta sus servicios de apoyo a la limpieza de los centros del IMAS, que se encuentran en huelga para recuperar los derechos laborales que les fueron recortados en 2012.

En el caso de Lorca, son 9 las trabajadoras que ejercen su labor en la residencia Domingo Sastre de Lorca, la única 100% dependiente del IMAS, y que se encuentran en huelga para reclamar, entre otros derechos sociales, la recuperación del 16% del salario que se les recortó en 2012. En concreto, estas nueve trabajadoras son de apoyo al personal que ya tiene la propia residencia.

Periago asegura que la lucha que mantiene este colectivo es “admirable” pese a que los servicios mínimos que ha establecido la Administración son “vergonzosos”. En el caso de Lorca, los servicios mínimos suponen únicamente la ausencia de tan sólo una de las 9 trabajadoras por cada turno. Servicios que, asegura, se están “más que manteniendo” ya que apenas se ha visto reducido el servicio que prestan “porque pese a todo, se están dejando la piel en su trabajo”.

Además de secundar a este colectivo y de hacer propias sus reclamaciones, el PSOE, a través del Grupo Parlamentario ha pedido la comparecencia pública del Consejero de Hacienda en la Asamblea Regional, con el fin de conseguir que se revise el contrato de la empresa adjudicataria y de lograr las mejoras salariales que les corresponden a estas trabajadoras.

En este sentido, el PSOE mantiene su mano tendida y se ofrece a mediar entre el colectivo de trabajadoras y el IMAS así como la empresa adjudicataria, para que se vean reconocidas las demandas de estas trabajadoras, y que pasan por devolverles la parte de la nómina que han perdido en los últimos años y, con ella, su poder adquisitivo.

La JUR indicó que el día 7 de junio el Popular no infringía los límites legales de solvencia

En el Consejo de Administración del Banco Popular celebrado el día 26 de noviembre, es decir, apenas 3 días antes de la dimisión de Ángel Ron, fueron invitados miembros del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España (BdE) y del Banco de Portugal (BdP) para presentar las conclusiones del proceso de Revisión y Evaluación supervisora del Banco Popular. El resultado de la supervisión fue que se redujeron las exigencias de requerimientos mínimos de recursos propios. La principal conclusión fue que había capital y liquidez de sobra para afrontar los retos futuros. Los representantes de los tres organismos se mostraron muy satisfechos con la ampliación, dejando claro que la ratio de capital exigible del 10,5% bajaría al 10% si el Popular hacía provisiones a final de año por valor de 4.400 millones. Estos hechos quedaron reflejados en el Acta de dicho Consejo de Administración.

Por otro lado, el informe de Deloitte realizado para la Junta Única de Resolución (JUR) revela un valor del patrimonio del Banco Popular de más de 11.000 millones de euros. Sin embargo, dicho informe era de liquidación y no de valoración y, por tanto, partía de una base errónea de que la entidad estaba en liquidación. Por tanto, aunque el Popular tenía solvencia acreditada y que en la actualidad continúa activo y produciendo beneficios para el Santander, se hizo una valoración negativa con la consecuencia de que más de 305.000 familias vieron cómo se amortizaron sus acciones. Dicho informe es contundente a la hora de calificar las causas de la caída del Popular: una crisis de liquidez generada durante el segundo trimestre del año 2.017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho, nada que ver con la ampliación de capital. En consecuencia, Caso Banco Popular nada tiene que ver con el Caso Bankia, por mucho que haya bufetes de abogados que así lo planteen en sus estrategias judiciales.

En el informe de la JUR se indicaba también que el día 7 de junio no había ningún motivo para retirar la licencia bancaria al Popular para seguir operando ya que no infringía ninguno de los límites legales exigibles de solvencia, recalcando que cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2.019. Es importante que el informe también recalca que no era necesaria ninguna acción de reforzamiento de capital en el caso de que el Popular redujera su apalancamiento a partir de 2.019, algo que estaba previsto en el Plan de Negocio que frenó el Ministerio de Economía de Luis de Guindos a través de la Secretaría General del Tesoro de Emma Navarro y que Emilio Saracho se negó a llevar a efecto.

Por otro lado, el presidente del FROB, Jaime Ponce, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, reconoció que los problemas del Popular no empezaron en la noche del 6 de junio, sino que fueron consecuencia de la «incapacidad de los gestores», es decir, de Saracho. Por otro lado, el propio Saracho, el día antes de recibir las instrucciones finales de Uría y Menéndez para declarar la inviabilidad, confirmó a sus consejeros que el Popular era absolutamente solvente.

Una cuestión de conciencia social

Señora Calviño, señora Delgado y señor Grande-Marlaska. Nos dirigimos a ustedes, antes que nada, felicitándoles y como medio libre, ético e independiente, no podemos más que sentirnos satisfechos y así lo transmitiremos a nuestros lectores. Tras haber sido nombrados titulares de los ministerios de Economía, Justicia e Interior respectivamente y porque, a partir de hoy, ustedes tendrán la responsabilidad de hacer justicia con el pueblo, con un millón de españoles, con más de 305.000 familias que fueron arruinadas injusta y violentamente por una operación del sector financiero, tanto público como privado, que no tenía otra finalidad que rescatar a un banco que da una imagen de grandeza pero que está en una situación real límite y que fue declarado por el FMI como de «peligro sistémico». Nos estamos refiriendo, como ya sabrán, al Banco Santander, y, con ello, al Caso Banco Popular.

Señora Nadia Calviño, hemos sido informados por parte de quienes la conocen, refiriéndose a usted en unos términos muy elogiosos, recalcando su sentido de la justicia, de la ética y la honradez profesional como consecuencia de una personalidad firme y honesta. Transmitiremos a diario a los que sufren por esta diabólica operación la confianza en sus virtudes humanas anteriormente expuestas para que les sea devuelta la esperanza. En el Caso Banco Popular, tal y como hemos demostrado en Diario16 con documentos, los organismos que dependen de su ministerio, desde la Secretaría General del Tesoro hasta el propio Banco de España, pasando por la CNMV o el FROB, tuvieron, presuntamente, una implicación directa en la caída de un banco que apenas seis meses antes de su intervención cumplía holgadamente con todos los requisitos de capital y liquidez exigidos por la ley. Todos estos documentos que acreditan lo que afirmamos los ponemos a su entera disposición, si lo considera necesario. El FROB inició el proceso de intervención cuatro días antes del día de la resolución y se lo comunicó a los 5 principales bancos del país. La CNMV no frenó la cotización del Popular a pesar de saber que estaba siendo atacado por bajistas como Marshal Wace o BlackRock quienes llegaron a ocupar hasta un 24% del capital bursátil de la entidad, algo que sí que hizo con Liberbank apenas unos días después de la resolución. El Banco de España no obligó a Emilio Saracho a presentar todos los colaterales de los que disponía la entidad para conseguir acceder a la totalidad de los 9.500 millones de los que disponía en una línea de liquidez de emergencia, ni implementó medidas para frenar la provisión de activos crediticios al corriente de pago. Todas estas instituciones dependen de usted, señora Calviño, y, por justicia para con los afectados, sería deseable que, lo antes que le fuese posible, instruyera para que se pudiesen iniciar investigaciones internas en favor de esclarecer todo lo que en los organismos que dependen de usted se hizo para favorecer la caída de la sexta entidad financiera del país.

Señora Delgado, quienes la conocen ponderan su defensa de la justicia universal y del respeto de los derechos humanos. A las más de 305.000 familias arruinadas, que amparan a un millón de ciudadanos, en la «presunta» mayor estafa de la historia de España, hasta el momento les está sorprendiendo la lentitud de la instrucción por el hecho de que, a día de hoy, no se haya adoptado ningún tipo de medida cautelar contra el Banco de Santander o contra la operación, que no se esté realizando ningún tipo de interrogatorio o que, ante la negativa de entregar documentos a la Audiencia Nacional tras un Auto del juez instructor, no se haya ordenado ningún registro como el que el juez Ruz ordenó en la sede del Partido Popular de la calle Génova en el Caso Gürtel. Los afectados están sorprendidos de cómo, una vez que la Audiencia Nacional, a requerimiento, en su día, de la Fiscalía Anticorrupción, aceptó que la documentación presentada por Diario16 fuera incorporada a todas las causas interpuestas, aún no se haya tomado ninguna medida concreta. Señora Delgado, usted es la nueva ministra de Justicia, y la Justicia, hasta hoy, está dejando en los ciudadanos afectados la sensación de que sus derechos humanos están siendo vulnerados.

Señor Grande-Marlaska, usted, como ministro del Interior, tiene bajo su mando a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Su compromiso con el pueblo es también proteger a los afectados y afectadas en este caso porque sienten que están sufriendo una indefensión que hasta este momento, como podrá comprobar en la nota de uno de los afectados, está generando una agonía que sufren a causa de una dictadura privada. Los ciudadanos y las ciudadanas de este país confían estar protegidos por el buen hacer y la profesionalidad en la aplicación de la Justicia de las Fuerzas de Seguridad del Estado a través de la investigación.

Nadia Calviño, Dolores Delgado y Fernando Grande-Marlaska, con el fin que puedan valorar la dimensión humana de lo que les estamos exponiendo, les invitamos a leer, con toda la atención que el Caso merece, esta comunicación que recibimos en Diario16 de una de las víctimas de la «presunta» mayor estafa de nuestra historia. Su ética, su humanismo, su honestidad y su conciencia con el pueblo español les hará estremecerse, tal y como nos ocurrió hace más en Diario16:

Hoy hace un año. A las 8:00 de la mañana encendí la radio. Por la noche, sobre las 00:30 me acosté viendo el Canal 24Horas de TVE, donde comunicaron que banco Santander ampliaba capital en 5.000 millones para comprar Banco Popular. A esa hora ya estaba todo hecho y decidido, ya habían filtrado la noticia al canal 24horas.

Eso iba en línea con lo que se barajaba desde hacía tiempo: BBVA ofreció 5.500 millones en noviembre de 2.016, el propio Santander en mayo publicaba en medios, a través de la periodista Ana Antón, que valoraba la acción de banco popular en 1,17 euros. Criteria Caixa había mostrado interés y reservado 4.000 millones. Los ministros salían en la TV diciendo que no pasaba nada, que tranquilidad absoluta, que Popular «será lo que sus accionistas quieran que sea».

Los movimientos en la bolsa en los días anteriores habían sido enormes, un volumen muy por encima de lo normal. Popular estaba retasando inmuebles, según se decía el mercado inmobiliario y empezaba a recuperarse. Tenía 5.000 millones en créditos fiscales. Saracho hablaba de posibles ventas de WiZink (1.000 millones), de TotalBank (600 millones). Antonio del Valle había ofrecido respaldar ampliación de capital con más de 2.000 millones (aún no se sabía en aquella fecha lo de Deutsche Bank y Barclays garantizando ampliación). Popular era líder indiscutible en Pymes, tenía el 15% del mercado interno, las oficinas en propiedad desde hacía muchos años, estaban a punto de mudarse a un gran edificio nuevo desde el edificio Beatriz, había entrado en el accionariado Luksic, Pimco, la mayor gestora de fondos de renta fija del mundo tenía una gran participación, en el accionariado estaba Allianz, Credit Mutuel, etc.

En mayo Popular había publicado en la CMNV varios Hechos Relevantes asegurando la solvencia, el patrimonio neto de 10.700 millones, negando tajantemente cualquier riesgo de quiebra, anunciando acciones legales contra medios de comunicación que estaban llevando a cabo una campaña salvaje día sí y día también.

 Los 5.000 millones anunciados por Santander en el Canal 24horas a las 00:30 horas antes de, según dicen ellos ahora, haber tomado la decisión, me parecieron algo medio normal con los movimientos que se estaban dando. Así nos acostamos, yo y seguramente muchas personas que vieron lo mismo.

Recuerdo el tono, que a mí me pareció sorna y humor, de Alsina en la radio: Santander ha comprado el Banco Popular por un euro, pero por un euro todo el banco. Algarabía, qué buena operación, todos sabíamos que Banco Popular estaba quebrado (como si no hubiera pasado nunca test de estrés de BCE, como si el día anterior no cotizara en el Ibex 35, como si la CMNV no supiera nada, y sin hacer lo que luego haría con Liberbank, le hubiera pillado esto de sorpresa). Salían los mismos ministros de antes, pero esta vez a decir que Banco Popular era un banco zombi (mayorcitos ya para creer en los Zombis – o estaba muerto y con cuentas falsas o alguien lo mató – o muerto de antes o asesinato, los Zombis no existen). Se sucedían entrevistas a economistas que decían en los medios que ellos ya sabían que Popular estaba quebrado, que era normal lo que estábamos viendo. Salía Ana Patricia Botín a dar rueda de prensa. Estaba sumamente feliz, no podía ocultar la dicha. Para haber tenido que hacerse cargo de un banco quebrado, llamaba la atención tanta felicidad, como si se hubiera salvado de algo grave o hubiera sido agraciada con una lotería que a ella por lo que tiene no debería ya de hacerle ninguna ilusión. Era todo muy curioso, todo el mundo sabía que Popular estaba quebrado, los ministros que antes decían que era solvente, la directora de un banco que valoraba la acción en mayo a 1,17 euros, la CMNV, el BdE, el BCE, ahora sí, ahora ya sabían que estaba quebrado. Sin embargo, hacía escasos 15 días no tenían esa idea. Entrevista a Saracho, que aseguraba patrimonio positivo y hablaba de ventas de Wizink, Totalbank, etc. y ese día dijo que «esto que ha pasado es lo mejor», es estupendo.

Hay otras opiniones en algunos medios, algunos otros economistas dicen que lo que ha pasado es muy raro, que es un desastre, que hay cosas extrañas. Sale el señor Félix Revuelta en La Sexta, es un accionista (exaccionista tras la incautación) de Banco Popular, dice que esto no es normal. Es un señor que transmite tranquilidad y cierta sabiduría en sus palabras, parece que de esto de inversiones sabe algo, lo mismo que Pimco, Del Valle, Luksic, etc., pienso que algo han de saber, que, efectivamente, como manifiesta el señor Félix Revuelta, esto no ha sido normal.

Mientras una gran parte de medios aplauden la magnífica operación de la salvadora Ana Botín, una gran parte de la población sufre, algunos, a media mañana, aún ni saben que ha pasado. Los medios bombardearán con los beneficios de la operación y lo normal que ha sido y terminarán enterándose a lo largo del día.

Ese día algo quebró, efectivamente, no solo el Banco Popular. A día de hoy, 365 días después, Santander, Europa y el Gobierno de España luchan como gato panza arriba para negar la transparencia y la dignidad a más de 300.000 familias que ese día quebraron junto con Banco Popular, quebraron y no solo económicamente, quebraron en cosas mucho más importantes, quebró su confianza en las autoridades, en la Justicia, en algunos medios de comunicación, en Europa y, lo más importante, quebró la confianza en ellos mismos, porque aún no saben que pasó y como se les mantiene en la oscuridad absoluta, no saben el motivo de haber sido expropiados, no saben si de verdad lo hicieron tan mal y todo el mundo sabía que Popular estaba quebrado y que sus cuentas y Hechos Relevantes eran falsos y ellos eran los únicos que lo desconocían, o es que les han robado desde las instituciones que creían que estaban para protegerlos y darles seguridad y justicia.

Gracias Diario16. Sin vuestra luz y labor, la oscuridad en la que muchos estamos sumidos desde hace un año, sería insoportable.

Hacemos nuestro el compromiso de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en el acto de cambio de cartera, y, como consecuencia, apelamos al rigor, la pasión, el pundonor, la autoexigencia y el compromiso a la hora de realizar el trabajo que a cada uno nos corresponde en la sociedad. De ustedes esperamos, precisamente, por su entereza moral, una labor rigurosa y comprometida con todos los maltratados y maltratadas, arruinados y arruinadas, afectados y afectadas por esta operación diabólica porque, de este modo, se esclarecerá lo que realmente ocurrió en el Caso Banco Popular, caiga quien caiga. Con ustedes nos comprometemos a que nosotros haremos lo mismo desde la responsabilidad que nos exige el cuarto poder en el uso de la verdad, la ética, la libertad y la independencia.

Susana Díaz se hace sanchista

Susana Díaz se ha entregado, como ha hecho el establishment (o tal vez por esto), al sanchismo gubernamental. Se encuentra encantada con los nombramientos del gobierno estatal, aunque eso le haya supuesto tener que dejar ir a Montero. Pero considera que el nuevo gobierno «abre un nuevo tiempo de esperanza para España y para Andalucía». El carácter europeísta y feminista es algo de una indudable valía para la presidenta, y ha señalado que las ministras y ministros atesoran «talento y experiencia», al tiempo que ha valorado que el presidente haya designado a un buen número de mujeres al frente de las carteras ministeriales. Por tanto, se ha vuelto sanchista… de momento.

Porque, después de los elogios ha dejado claro que piensa seguir peleando por su tierra. Así, en el pleno del Parlamento andaluz, ha dicho claramente que al gobierno le seguirá «reivindicando lo mismo, lo que es de Andalucía, los intereses de esta tierra» y se ha mostrado convencida de la «sensibilidad» del nuevo Ejecutivo, con una especial valoración de los ministros andaluces. Señala desde San Telmo a quienes han de tener consideración con Andalucía, especialmente con la PAC, la cuota pesquera y la financiación autonómica que es lo que la tiene a maltraer.

Se muestra esperanzada Díaz con el nuevo gobierno porque «ahora será más fácil» avanzar hacia un acuerdo sobre financiación autonómica, y “aprovechar el nuevo contexto político”. Necesita dinero para sobrevivir políticamente, sin tener que hacer más recortes, especialmente en la administración paralela, y su salvación pasa porque María Jesús Montero, que conoce bien el paño, ponga de su parte para abrir la nueva financiación. Una financiación que beneficie a Andalucía y, más aún, a quien ostenta el poder en San Telmo.

«Andalucía está en condiciones de dar el salto de convergencia que por razones políticas, históricas y culturales no pudo dar con anterioridad”, ha asegurado la presidenta de la Junta, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico «va a aprovechar hasta el último esfuerzo para que los andaluces vivan mejor y tengan más igualdad de oportunidades». Y todo ello depende de un nuevo modelo de financiación que dote de suficientes fondos a la región como para pagar la administración paralela y los gastos directos para la ciudadanía.

Declaraciones de los nuevos consejeros

Susana Díaz ha señalado, en la toma de posesión de Antonio Ramírez de Arellano como consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública y de Lina Gálvez como consejera de Conocimiento, Innovación y Universidad, que, aunque estamos ya en un «ciclo económico distinto», no se podrá «hablar de recuperación hasta que la sientan las personas».

Tras su toma de posesión, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública ha confiado «abrir un espacio de diálogo con el Gobierno central sobre las inversiones y el modelo de financiación autonómica que necesita Andalucía». Antonio Ramírez de Arellano ha expresado su «agradecimiento a la presidenta de la Junta por la responsabilidad que recae sobre esta Consejería, que vuelve a reunir las competencias de planificación económica, fondos europeos, hacienda y administración pública». El consejero ha ensalzado la labor de Montero en una etapa de «enormes dificultades» y «con un nivel de solvencia muy reconocida» y con la «capacidad, que aspiro a continuar, de conseguir grandes consensos».

Por su parte, Lina Gálvez ha mostrado su «ilusión y ganas» de ponerse a trabajar «por Andalucía, como llevo haciendo mucho tiempo, pero desde el Gobierno andaluz en vez de la universidad». La consejera de Conocimiento, Innovación y Universidad ha fijado el «gran reto de pertrecharnos ante todos los cambios globales que vienen, sobre todo con la automatización y nuevas tecnologías», con la colaboración de las universidades y del tejido empresarial.

PSOE: El PP solo piensa en reventar el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez

El vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que: “Al Partido Popular de la Región de Murcia no le importa el bienestar de la ciudadanía, tan solo piensa en ‘reventar’ el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Lo primero que tiene que hacer cualquier dirigente del PP es pedir perdón por las lamentables palabras de Francisco Bernabé, aunque no lo hará porque ningún cargo popular respeta a la ciudadanía ni a las instituciones ni a las personas que trabajan de verdad por una sociedad mejor”.
Lucas considera que “no tiene ni pies ni cabeza que un diputado nacional que se ha dedicado a vender humo durante todos estos años ahora quiera parecer preocupado por infraestructuras que han sido paradas y retrasadas continuamente con su complicidad y su voto”.
“Ningún presidente del Gobierno ha hecho tanto daño a la Región como Mariano Rajoy, y ahora nos quieren vender que se paran obras y proyectos con los que solo buscaban las fotos”, ha añadido el portavoz socialista.
Asimismo, ha aseverado: “Diego Conesa es el mejor delegado que la Región puede tener. Conoce las necesidades reales y los retos a los que nos enfrentamos. Además, tiene como prioridad solucionar los problemas de la ciudadanía y no tratarlos como criminales”.

El PP acelera las obras del muro de Murcia para evitar que las pueda parar el Gobierno del PSOE

“Quieren morir matando. Nos informan de que están cerrando el muro junto al paso a nivel de Santiago el Mayor”. Son palabras de la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia en sus redes sociales. Y es que al parecer el Partido Popular ha dado órdenes a ADIF y a la empresa Aldesa para que aceleren las obras del muro del AVE de Murcia con el objetivo de que el nuevo Gobierno del PSOE no pueda parar la llegada del tren en superficie, en contra de la voluntad de los vecinos.

Hay que recordar que el muro, de 9 kilómetros y 5 metros de altura, dividirá la ciudad en dos, dejando a cerca de 200.000 personas casi incomunicadas con las zonas del centro y del norte de Murcia. De momento ya se ha cerrado el paso a nivel de Senda de los Garres y la Plataforma teme que se quiera clausurar el de Santiago El Mayor antes de lo previsto inicialmente.

“Nos confirman trabajadores de ADIF que se están acelerando las obras, porque tienen intención de cerrar el paso a nivel de Santiago el Mayor en las próximas semanas, para evitar que el nuevo gobierno pueda paralizar las obras de la llegada del AVE en superficie, a pesar de estar previsto para agosto o septiembre”, indica Pro Soterramiento en Facebook.

Además, la Plataforma sostiene que “se avecina una campaña por parte de ADIF a través de sus empleados del PP para que el AVE llegue en superficie, presionando para ello al nuevo delegado del Gobierno y al ministro de Fomento”.

“Nosotros –prosigue la Plataforma- tenemos que ser el contrapeso y luchar en todos los frentes para frenar esa campaña: facebook, twitter, comentarios en prensa… Cada uno de vosotros ha de ser un activista. Hay que seguir en la calle, pero también en las redes. ¡NO AL MURO!”.

Nuevo delegado del Gobierno

Sobre el próximo delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, Pro Soterramiento afirma que “a estas alturas no nos fiamos de nadie, pero es cierto que el nuevo delegado no tiene nada que ver con el anterior, y al menos ha mostrado voluntad, reuniéndose con nosotros en reiteradas ocasiones y visitando la zona cero”.

“Demostrémosle que no se equivoca quitando a la policía de las vías manteniendo las protestas de manera pacífica, como hasta ahora. Cualquier altercado resultaría de lo más extraño y perjudicial para nuestra lucha”, añade la Plataforma.