domingo, 3 mayo, 2026

El PSOE presenta enmiendas a los PGE por 230 millones de euros para paliar el descenso de inversión en la Región

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, en las inversiones referidas a la Región de Murcia, por valor de 230 millones de euros.

Estas enmiendas tienen como objetivo paliar el déficit de inversión del Gobierno de Rajoy hacia la Región, e intentar recuperar el nivel de inversión que había en la época de Gobierno del PSOE.

La diputada María González Veracruz ha asegurado que: “No se entiende que en este país el Gobierno de la Nación no invierta en la regeneración del Mar Menor, un entorno único en Europa, por lo que los socialistas hemos registrado un plan integral por el Mar Menor, dotado con 10 millones de euros”.

“Esperemos que PP y Ciudadanos apoyen con hecho, es decir, que voten a favor de estas enmiendas tan necesarias para el progreso, la creación de empleo, y garantizar el presente y el futuro de la Región de Murcia”.

Asimismo, es necesario que aumente la inversión para que el AVE llegue soterrado a Murcia, y que la partida destinada para la llegada de la alta velocidad a Cartagena sea más alta. De igual modo, las enmiendas socialistas recogen también el plan de reindustrialización del Noroeste y Altiplano y la reparación del pabellón de Cehegín.

El plan de renovación de los trenes de cercanías; una mayor inversión para la regeneración para la bahía de Portmán; la rebaja del precio del agua desalada mediante el uso de la energía fotovoltaica, o que proyectos como la autovía del Norte llegue casi dos décadas después de lo previsto por culpa del Partido Popular.

 Estas enmiendas responden a la resolución del Comité Regional, que se celebró el pasado mes de febrero, y en la que se acordaba la necesidad de un pacto regional y nacional de agua; la apuesta por el sector agroalimentario; un plan para el Mar Menor; una planificación de infraestructuras, centrada en los trenes de cercanías, y la inversión para la construcción de la Autovía del Norte, que vertebre la Región.

Un decreto de la Junta obligará a toda la flota de autobuses a ser accesible

La Consejería de Fomento y Vivienda está elaborando un decreto para regular los derechos de los usuarios de los servicios de transporte público por carretera que reforzará la accesibilidad a este servicio de los pasajeros con discapacidad y movilidad reducida. El documento, en trámite de información pública, se prevé aprobar en otoño y garantizará el acceso de estas personas a las líneas de autobús de la Red de consorcios metropolitanos de Andalucía y aquéllas que unan, al menos, dos municipios andaluces.

Con este texto, que cuenta con las direcciones generales de Consumo y de Personas con discapacidad, la flota de autobuses tendrá que adaptarse para ser accesible en su totalidad, ya que actualmente la normativa recoge que solo el 15% de los vehículos deben estar adaptados. Otro de los grandes avances del nuevo decreto es que las personas con discapacidad que lo necesiten tendrán derecho a que su acompañante viaje de forma gratuita y, a ser posible, en el asiento más próximo. Además, las estaciones con mayor tráfico de pasajeros estarán obligadas a ofrecer un servicio de atención a las personas con movilidad reducida que les permita subir y bajar de los vehículos, así como cargar y recuperar su equipaje.

Para poder beneficiarse de estos derechos, los usuarios deberán solicitar los servicios 24 horas antes del viaje y llegar al lugar de partida con una antelación mínima de media hora. Si el pasajero con movilidad reducida no puede finalmente realizar el trayecto, tendrá derecho a reembolso o a continuar el viaje en el mismo medio u otro de calidad superior. De hecho, la denegación del embarque da derecho a una compensación monetaria que duplica el precio del billete.

Los autocares donde los pasajeros viajan de pie tendrán que reservar dos asientos y un espacio para sillas de ruedas, mientras que el resto de autobuses deben tener hasta cuatro plazas reservadas.

Los beneficiarios de estos derechos serán los usuarios que necesitan silla de ruedas, embarazadas, personas mayores, así como ciudadanos con discapacidades motrices, sensoriales, intelectuales o psíquicas que dificulten el uso de los servicios o el acceso a determinados asientos o espacios en vehículos o estaciones. El decreto exigirá también a las estaciones disponer de información comprensible para usuarios con discapacidades sensoriales.

El trabajo del departamento que dirige Felipe López viene a ocupar un vacío legislativo, puesto que la única regulación existente es una normativa de la Unión Europea que data de 2011 y solo se aplica a trayectos superiores a los 250 kilómetros. También existe regulación municipal, pero atiende a los autobuses urbanos, a los que este decreto no afectará.

Cancelaciones gratuitas e indemnizaciones por retraso

La regulación del transporte público por carretera impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda también alude a los procedimientos de modificación y cancelación de los viajes para el resto de usuarios. Hasta ahora, cada empresa concesionaria tenía una política diferenciada, pero con el nuevo decreto se unifican criterios, de manera que para los trayectos de más de 75 kilómetros, los cambios y anulaciones serán gratuitos si se realizan con un día de antelación, mientras que si se realizan en las 24 horas antes del viaje habrá una penalización que oscilará entre el 20% y al 30% del coste. En los traslados de menos de 75 kilómetros, las modificaciones o cancelaciones serán gratuitas una hora antes de la hora de salida.

El nuevo decreto también regula las indemnizaciones en casos de retrasos. Si son imputables al transportista, se devolverá el importe del billete en viajes de 75 a 120 kilómetros y su precio más la mitad si superan ese límite. En el caso de las cancelaciones, si son responsabilidad de la empresa, ésta tendrá que hacerse cargo del viaje con un servicio alternativo, devolver el coste del billete, indemnizar al usuario e incluso pagar la manutención y el alojamiento en casos determinados.

«Se trata de una apuesta por la protección del usuario», ha asegurado el consejero, Felipe López, que ha destacado el carácter «garantista» del decreto y defendido «el avance» que supone en la accesibilidad universal de los usuarios para hacer valer el principio de igualdad en un servicio público esencial». Además, ha subrayado que cuando se apruebe la norma «Andalucía se situará a la vanguardia de las autonomías en la legislación en esta materia».

Apoyo de las empresas de buses

Desde la Consejería de Fomento y Vivienda aseguran que, aunque el proyecto de decreto sigue en trámite de información pública, las principales empresas del sector del transporte público por carretera avala el contenido de la norma. Con el nuevo texto legislativo, se homogeneizarán las condiciones y requisitos en las diferencias en las políticas de cambios y anulaciones, pero también en la edad a la que los niños deben pagar billete, fijada en los cuatro años. Además, los menores de tres años viajarán sin ocupar asiento, salvo que el vehículo tenga sillas homologadas y los menores de 12 años deberán ir siempre acompañados.

Lorca apoya a un preso saharaui en huelga de hambre

Claude Mangin, esposa de Naama Asfari preso político saharaui condenado a 30 años y actualmente detenido en Kenitra, permanece desde la pasada semana en huelga de hambre para exigir el derecho de visita a su marido que le es negado desde octubre de 2016.

La activista francesa Claude Mangin-Asfari, ha manifestado que su mayor deseo es “volver a Marruecos para ver a mi esposo Naama Asfari, preso político saharaui, condenado a 30 años de prisión tras ser juzgado, por dos veces, injustamente junto con otros camaradas por su lucha pacífica por la independencia del Sáhara Occidental, ocupada por Marruecos desde hace más de 40 años.

El preso saharaui recibió el Premio de Derechos Humanos concedido por la Fundación ACAT para Dignidad Humana en enero de este año, y, además, el Comité contra la Tortura de la ONU, en Ginebra, condenó a Marruecos por la tortura ejercida sobre Naama Asfari en diciembre de 2016. A pesar de esa presión internacional, desde octubre de 2016, Claude Mangin no está autorizada para entrar en Marruecos.

Tras su cuarta expulsión de Marrucecos, la ciudadana francesa decidió entrar en huelga de hambre indefinida la pasada semana en la ciudad francesa de Ivry-sur-Seine, ciudad en la que reside, y que nombró a Naama Asfari Ciudadano Honorario 3 años consecutivos.

Con su gesto pretende hacer un llamamiento no sólo a instancias internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea; también al Gobierno francés. Instituciones todas ellas de las que aún no ha obtenido ningún resultado respeto a su legítimo derecho a visitar a su marido en Marruecos

El representante en Lorca de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Antonio García Ros, ha expresado su solidaridad y la de la agrupación que representa con el preso político, con su mujer y por la causa de la libertad del pueblo saharaui en la lucha pacífica por la independencia.

El Santander intimida a más de 400 directivos del Popular con el fin de que reconozcan la manipulación de datos

En estos días más de 400 empleados del Banco Popular, desde directores regionales hasta trabajadores de la red comercial, están recibiendo un escrito por parte del Grupo Santander por el que se les solicita implícitamente que reconozcan que han manipulado la información comercial y, de este modo, se les niega el pago de los variables que tienen firmados por contrato.

Esta comunicación es un escándalo y un nuevo elemento que demuestra que el Santander está intentando rentabilizar al Popular para que les arregle las cuentas que, tal y como ya hemos indicado en Diario16, arrojan unas pérdidas de más de 25.000 millones de euros en activos si no se cuenta lo que está aportando Banco Popular.

¿Cuánto pueden suponer dichas variables? En un banco del presunto volumen de negocio del Santander es una miseria. Sin embargo, todo parece indicar que hay que «rascar la olla» para que ni un euro salga del asiento de ingresos para que las cuentas no vuelvan a mostrar la verdadera realidad del Santander.

En concreto, la carta que han recibido los empleados se refiere a que se han detectado presuntas incidencias en la gestión de distintas operativas:

Por tanto, el Santander está acusando a los empleados del Banco Popular de manipular los datos de la entidad con la única finalidad de cumplir con los objetivos marcados. Si esto fuera así, la responsabilidad de ello es del propio Santander puesto que se refieren a hecho sucedidos en el tercer trimestre y, por tanto, el Popular ya pertenecía al Grupo. Si los hechos no fueran ciertos, es otra demostración de que el Santander pretende exprimir a los empleados y a la sexta entidad financiera de España para lograr una rentabilidad rápida.

No obstante, hay que tener en cuenta que una de las acusaciones por las que está demandada la entidad presidida por Ana Patricia Botín es, precisamente, por enriquecimiento ilícito. No querer pagar los variables de estos más de 400 empleados sugiere que ese presunto enriquecimiento tiene como única finalidad evitar la quiebra absoluta.

Por otro lado, el Santander en dicha carta lanza acusaciones muy graves contra los trabajadores.

Cualquier entidad o empresa ante unas acusaciones de tamaña gravedad, que considera como «Falta Muy Grave», hubiera adoptado medidas inmediatas que se hubieran traducido en despidos procedentes. Sin embargo, no ha sido así, sino que, simplemente, apercibe a los destinatarios de la misiva y les pide que reconozcan implícitamente con su firma que han manipulado dichas cuentas:

El acuse de recibo es un modo de asumir la culpa de esta presunta manipulación y de aceptar el que no se les paguen las correspondientes variables.

Además de todo lo anterior, hay varios puntos a tener en cuenta. Esta carta es una verdadera trampa para los empleados porque lleva un reconocimiento implícito de mala gestión y, por lo tanto, deja expuestos a los trabajadores que la firmen a que las querellas se deriven hacia ellos. También es un modo de meter miedo a toda la plantilla de cara al Expediente de Regulación de Empleo salvaje que se prevé que el Santander aplicará antes del final de 2.018 y que, según la información de la que disponemos en Diario16, podría afectar a más de 5.500 empleados.

Por otro lado, la carta enviada por el Santander demuestra otra intención totalmente torticera: culpar de los presuntos malos resultados del Popular a los trabajadores por una mala praxis y, de este modo, intentar justificar la compra por un euro. De este modo, pretenden que los afectados se vuelvan contra los empleados del Popular en vez de contra el Santander.

Ante esta situación deben ser los sindicatos los que medien entre estos empleados, independientemente del puesto que ocupen, y el Santander y les expliquen las implicaciones reales de firmar esa carta. ¿Pueden los representantes de los trabajadores dejarles olvidados? No debería ser así y no tendrían que permitir este nuevo chantaje como el que ya se produjo cuando se negociaron «bajas voluntarias» en el ERE de los Servicios Centrales.

Nuevamente nos encontramos ante la indefensión que se está propiciando en todo lo relacionado con el Caso Banco Popular gracias a la inacción de la mayoría de la clase política. ¿Dónde están los partidos, sobre todo los que se autodefinen como la «verdadera izquierda» tras su proceso de primarias? Los de la derecha ya están demostrando en el Congreso de los Diputados que ni los afectados ni los trabajadores del Popular pueden esperar nada de ellos. ¿Se anteponen los intereses particulares a los de los trabajadores, jubilados, autónomos, pequeños empresarios a los compromisos que se puedan tener adquiridos con el Santander? ¿Han caído en la trampa de la derecha de tratar el rescate de la entidad presidida por Ana Patricia Botín como de razón de Estado? Los partidos deben saber que muchas de las 305.000 familias arruinadas —entre las que se cuentan muchas de empleados o ex empleados— darán su voto al partido que les defienda y, de momento, ya hay uno que está sacando ventaja en ello y no es ni rojo, ni azul, ni naranja

Pedro Sánchez recula respecto a la política del agua… o no

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer: afirmar algo respecto a un asunto crucial de la política española, equivocarse y matizar sus declaraciones para intentar salir del charco generado y que afecta directamente a las aspiraciones de sus dirigentes de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 2.019. No es nada nuevo porque Pedro Sánchez es capaz de esto y mucho más. Nadie conoce sus límites a la hora de meterse en jardines de los que luego intenta salir cuando el daño ya está hecho.

En el día de ayer estuvo en la Región de Murcia, en Molina de Segura, en un acto del partido junto a Diego Conesa. En Murcia le estaban esperando y no, precisamente, con los brazos abiertos, sino con los cuchillos afilados. Sus declaraciones de la semana pasada en las que afirmó de manera taxativa que su objetivo era “el fin de los trasvases y apostar por las desaladoras. Ha llegado el momento de poner fin a la improvisación. No hay que hacer política con el agua, sino una política del agua”, llegaron en un momento muy inoportuno —algo propio de él— puesto que se mezclaba con la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura de la apertura del Trasvase y con la resaca de las multitudinarias manifestaciones organizadas por los regantes de Almería, Murcia y Alicante. En medio de todo esto llegó él, sin complejos como el whisky Dyc, y publicó su tuit poniendo en tensión a todos los agricultores de las cuencas del sur de España, desde Huelva a Alicante.

Diego Conesa, secretario general de los socialistas murcianos, se ha pasado toda la semana intentando apagar los fuegos que le había generado Sánchez en un momento crucial para la política de la Región. El agua en Murcia es un tema vital y jugar con ello tiene consecuencias graves de cara a las elecciones del año que viene. La incontinencia verbal de Sánchez dejó a los pies de los caballos a Conesa. Es lo que tiene plantear la estrategia política en base a la actualidad o de pretender, como hace Ciudadanos, hacer promesas en función del lugar en que se plantean.

En medio de una semana en el que el secretario general murciano ha sido el centro de las críticas de la derecha y de todos los medios afines al PP por culpa de unas declaraciones irresponsables que vinieron de Ferraz, Pedro Sánchez se ha presentado en Molina de Segura para participar en un mitin en el que se ha desdicho de lo que dijo hacía una semana: “Las infraestructuras existentes, como el Tajo-Segura, seguirán teniendo su papel”. Posteriormente, explicó la política hídrica que aplicaría en el caso de llegar a la Moncloa: continuidad de las infraestructuras existentes; diversificar la oferta y fuentes de agua (desaladoras); eliminación de la privatización de la gestión del agua; trascender la batalla partidista y entre territorios y dar seguridad a las zonas que las necesitan. Por tanto, una política hídrica totalmente contraria a lo que dijo la semana pasada en Albacete y cuyos anuncios no tenían más intención que calentar al auditorio presente. Si la semana que viene tuviera un acto en Cuenca, afirmaría todo lo contrario y prometería proteger a la cabecera del Tajo.

Los propios regantes no se creen a Sánchez, como no podía ser de otro modo. Antes del mitin, representantes del Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura (SCRATS), COAG Y UPA mantuvieron una reunión con el secretario general socialista. A la salida del encuentro hicieron pública su decepción porque no les quedaba clara la posición de Sánchez respecto a la política hídrica.

Pedro Sánchez durante la reunión con las organizaciones de regantes de Murcia

Pedro Sánchez tiene razón en que la política del Partido Popular respecto al agua ha sido nefasta. Por otro lado, la posición intransigente de algunos representantes de los regantes tampoco ayuda mucho a buscar soluciones. A pesar de todo esto, alguien que aspira a ser el próximo presidente de Gobierno no puede repicar y estar en misa presentando ante los españoles proyectos que se cimentan en la oportunidad del momento porque no hace creíble el discurso ni las intenciones finales del Partido Socialista.

Pitada tremenda a Susana Díaz en Huelva

El pueblo andaluz, ese mismo por el que ella sufre desvelos; ese mismo por el que deja encendida la lucecita de San Telmo para que sepan que están en sus pensamientos; ese mismo por el que ella se enfrenta a Rajoy y a Sánchez porque son malos con Andalucía; ese mismo pueblo andaluz abuchea a su presidenta. Susana Díaz Pacheco ha recibido una sonora pitada durante la entrega de las medallas a las competidoras del Campeonato Europeo de Bádminton. Justo en el momento de la ceremonia, en cuanto el presentador ha dicho el nombre de la presidenta de la Junta de Andalucía, el pueblo ha comenzado a pitar y silbar a la mencionada (como puede verse en el vídeo). Quien ni se ha sonrojado, ni nada por el estilo.

Algo que la nota de prensa de la propia Junta ha obviado completamente, por cierto, y que habla sobre el reforzamiento de la imagen de Andalucía “como sede de grandes eventos de relevancia nacional e internacional y también para promocionar y fomentar el deporte base”. Por su parte la presidenta ha felicitado a Carolina Marín por su medalla de oro, una victoria conseguida  «en su casa, en nuestra casa, con el cariño de la afición» y que ha hecho «más grande el deporte femenino, más grande el bádminton y más grande la afición de Huelva y de Andalucía». Olvida Susana Díaz decir que el cariño ha sido hacia la deportista y que en esa “su” casa parece que no la quiere un amplio sector.

Díaz ha declarado que Carolina Marín «ha llevado el nombre de Andalucía y de España a lo más alto, lo sigue llevando y lo llevará en el futuro» y ha hecho hincapié en su «valor humano extraordinario». «Es una gran persona, una magnífica deportista y una campeona», ha añadido. Previamente, Susana Díaz le había entregado la medalla de oro de los Campeonatos de Europa de Bádminton Huelva 2018 a Marín, que se ha impuesto a su rival, Evgeniya Kosetskaya, en dos sets, 21-15 y 21-7, en la final femenina individual, celebrada, como el resto de la competición, en el Pabellón Carolina Marín de Huelva.

Se trata del cuarto campeonato de Europa que logra Carolina Marín, cuya trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Andalucía (2018), el Premio Nacional del Deporte a la mejor deportista y la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (ambas en 2014), así como los premios Andalucía Joven del Instituto Andaluz de la Juventud y Andalucía de los Deportes, y la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, en 2016.

En otro orden de cosas, los Campeonatos de Europa de Bádminton van a generar un retorno económico para el evento que se estima en un retorno directo de 800.000 euros y un impacto indirecto basado en el valor publicitario de 24.500.000 euros, según la organización. Además, el evento ha tenido una gran repercusión mediática, con más de un centenar de periodistas acreditados, entre medios locales, nacionales e internacionales, y tiene previsto además batir récords de audiencia, pues ha sido retransmitido en diferentes países de Europa, Asia, América y África.

Israel ametralla a los agricultores palestinos en Gaza

Fuerzas del Ejército de Israel abrieron fuego de ametralladora contra agricultores palestinos al este de la ciudad de Gaza.

Las fuerzas abrieron fuego contra los granjeros mientras trabajaban cerca de la valla fronteriza. En principio no hubo heridos de gravedad.

Mientras tanto, se produjo la detención de un palestino de Gaza después de que cruzara la cerca fronteriza de Gaza con Israel.

Los ataques con armas de fuego por parte de las fuerzas israelíes contra los agricultores palestinos son cada vez más habituales. Los agricultores no pueden acceder a sus tierras si se encuentran a menos de 300 metros de la frontera entre Gaza e Israel, que Israel ha declarado unilateralmente como una zona de seguridad para los palestinos.

El ejército israelí dispara y hiere a un menor palestino

Un joven palestino recibió disparos y heridas en el pie con munición real disparada por el Ejército israelí en las inmediaciones de la frontera de Gaza con Israel al este de la ciudad de Khan Younis.

Según los informes de las autoridades palestinas, el destacamento situado a lo largo de la frontera abrió fuego contra un joven palestino identificado como Saif al-Najjar después de que supuestamente se acercara al cerco fronterizo cerca del campo de refugiados de al-Awdeh, al este de la ciudad de Jan Yunis.

Incautación de excavadora del ministerio de Agricultura palestino

Fuerzas del Ejército israelí confiscaron una excavadora propiedad del Ministerio de Agricultura palestino mientras trabajaba en la apertura de un camino agrícola al oeste de la ciudad de Dura, al sur del distrito de Hebrón, al sur de Cisjordania.

Las fuerzas israelíes asaltaron una zona en la ciudad de Dura y se apoderaron de una excavadora propiedad del Ministerio de Agricultura palestino mientras trabajaban en la apertura de un camino agrícola que conectaría la ciudad de Dura con sus suburbios occidentales a través de tierras amenazadas por las autoridades israelíes.

El alcalde de Dura, Ahmad Salhab, dijo que el municipio estaba trabajando en la construcción de un camino agrícola para facilitar el acceso de los residentes palestinos a sus tierras y proteger la tierra de la expansión de los asentamientos en la zona.

La Asamblea Nacional Andaluza diseña la región con más AVE de España y casi del Mundo

La Asamblea Nacional Andaluza propone al resto de fuerzas políticas de la región un Pacto por las Comunicaciones (terrestres). En documento que han hecho llegar a los medios de comunicación, la ANA estima que “una de las grandes asignaturas pendientes de Andalucía, son las comunicaciones terrestres, tanto en el interior como hacia el exterior. Las comunicaciones terrestres son la base del progreso y de desarrollo cultural. Sin embargo, como en otras materias, Andalucía, tierra de conquista, se encuentra prácticamente abandonada, lo que supone un significativo y perjudicial atraso en lo social, cultural y, como consecuencia más negativa, lo económico”. Algo que contradicen los datos ofrecidos por el gobierno de la Junta de Andalucía.

En su análisis de la situación comunicacional han visto que “Las rutas que recorren Andalucía, y las que salen hacia otros lugares, o vienen de ellos, están fundamentadas desde hace siglos. La Historia, el devenir histórico, ha marcado unos recorridos lógicos; pero en los últimos siglos, la estructuración centralizada en abanico circular, dada por el Gobierno al Estado, la ha hecho dependiente del centro peninsular, único camino permitido para la comunicación terrestre con otras comunidades o con el resto del mundo. Incluso algunas rutas terrestres tienen que hacer escala obligada en Madrid, dependencia que condiciona y perjudica gravemente el desarrollo de la Comunidad”.

Por ello, defienden en el documento que esas rutas históricas deben ser afianzadas y complementadas, con un trazado racional, que permita: a) Facilitar plenamente las comunicaciones en el interior de Andalucía; b) Facilitar, asimismo, la comunicación más fluida entre Andalucía y sus vecinos. Concretamente Algarve, Alentejo, Extremadura y Murcia. (Territorios que la ANA quiere anexionar a Andalucía en su plan expansivo); c) Mejorar igualmente las comunicaciones con el exterior, incluida Europa por tierra y África del norte por mar y aire. “O crearlas, si no existen”.

Para la ANA es necesario romper y eliminar la dinámica de los últimos “siglos” y, por eso; se necesita establecer comunicaciones terrestres en dos sentidos: 1) “Para mejorar su estructura interior, atendiendo a la realidad geográfica, y siempre buscando el máximo aprovechamiento, en el sentido de hacer una red multidestino, capaz de facilitar al máximo, la comunicación de todos con todos”. Y 2) “Para mejorar la comunicación con el exterior, imprescindible para facilitar desplazamientos en ambos sentidos; tanto para salidas ocasionales o exportación, como para llegadas. En ambos casos, para potenciar la salida de nuestros productos (actuales y futuros) y el intercambio cultural, social y mercantil, así como la entrada desde distintos puntos de Europa y otros continentes”.

En ese plan, que no dispone de cuantificación, destaca el AVE Sevilla-Huelva, el AVE Sevilla-Murcia o el AVE Cádiz-Jérez-Sevilla. También solicitan que el Corredor Mediterráneo llegue hasta Tarifa y no se quede en Algeciras. Una nación andaluza que tenga la mayor red de alta velocidad del mundo, sin duda. Y a ello, añadir una red de Cercanías más amplia y con más estaciones.

Andaluz y Esaborio del mes de abril.

En otro orden de cosas, la ANA continúa en la búsqueda del “Andaluz del año” y del “esaborío del año”, yen este mes de abril han decidido proponer a: andaluz del año, Jesús Valenzuela, ex-concejal andalucista en Granada. “Por la labor que desarrolló durante el tiempo que ocupó este puesto, con dignidad, interés, esfuerzo y respeto para los granadinos y para el pueblo de Andalucía, y por haberse mantenido en su independencia, pese a que, nos consta, conscientes de su valía personal, ha recibido ofertas de partidos que ha rechazado porque no se ajustan a su recta concepción de la política ni a su amor por Andalucía”. Y esaborío del año, “lamentándolo profundamente, este mes nominamos candidato al actor Antonio Banderas, porque entendemos que debería continuar defendiendo a su tierra. No es lógico apartarse del pueblo del que procede, para “arrimarse” al poder. Encima, un poder que a él no le hace falta, por lo que este nombramiento es también una llamada de atención, para pedirle que reflexione, que siga en su línea anterior y vuelva a la base. A defender al pueblo andaluz, del que procede”.

1.242 consultas sobre la renta valenciana de inclusión en un mes

Las consultas ciudadanas sobre la nueva renta valenciana de inclusión registradas en el mes de su entrada en vigor han alcanzado las 1.242, según los datos registrados por el servicio de atención 012, y que a juicio de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, evidencian que esta es una prestación «esperada por la sociedad». De hecho, ha precisado la vicepresidenta, el 84 por ciento de las consultas, concretamente 1.046, se han realizado en los primeros días de entrada en vigor de la nueva prestación el pasado lunes 23 de abril.

Oltra ha explicado que tanto en el 012 como en la página web de la Conselleria, la ciudadanía dispone de toda la información oportuna para que conozcan las novedades y los requisitos y saber, antes de acudir a los servicios sociales municipales, si reúnen los requisitos que les permiten acogerse a esta ayuda, así como la forma de solicitarla.

La vicepresidenta ha recordado que con la nueva renta, se simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que las solicitudes se tramitan a través de los servicios sociales municipales, que realizan la parte de valoración e intervención con la persona solicitante, mientras que el proceso de tramitación y pago de la ayuda se ejecutará a través de la Administración autonómica. También ha manifestado que las prestaciones de la renta de inclusión están destinadas a cubrir las necesidades básicas y a insertar en planes de inclusión sociolaboral a personas con recursos limitados, atrapados en situaciones difíciles, personas en riesgo de exclusión, víctimas de maltrato, etc».

En esta línea, la vicepresidenta del Ejecutivo ha recalcado que la nueva renta incluye mejoras respecto a la anterior renta garantizada de ciudadanía, como el incremento del importe de la ayuda, la ampliación y flexibilización de los requisitos para acceder, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática. Asimismo, querido matizar que para agilizar todo el proceso de gestión, la Conselleria ha puesto en marcha una aplicación informática, que por primera vez permitirá la interconexión entre los servicios sociales municipales y la Administración autonómica.

Igualmente, en las semanas previas a la entrada en vigor de la ley se han realizado desde la Conselleria cursos de formación para todos los trabajadores de los servicios sociales municipales. Paralelamente, según ha subrayado Oltra, en los últimos años su departamento ha mejorado y ampliado las inversiones para reforzar los equipos sociales municipales, y además, este año la Conselleria cuenta con una partida presupuestaria de más de 41 millones de euros que permiten a los ayuntamientos contratar a 1.573 profesionales.

Conviene recordar que la prestación tendrá carácter indefinido, siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción, y una renovación cada 3 años. Además se amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años, en aquellos supuestos especiales como las de jóvenes ex tutelados por la Generalitat o con personas a su cargo. La nueva renta valenciana de inclusión contempla cuatro modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia. Las que entran en vigor este año son las prestaciones garantía de ingresos mínimos cuyo titular suscribe voluntariamente un acuerdo de inclusión social; y la de inclusión social cuyo beneficiario no suscribe este compromiso.

Para Mónica Oltra, una de las novedades más significativas de la nueva ayuda respecto a la anterior es el acceso directo «en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más», a otros tipos de ayudas como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica.

En cuanto al importe de la prestación, será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas. Cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25 por ciento en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que las cuantías oscilarían entre los 643,91 y los 1.1011,86 euros.

La vicepresidenta ha incidido también en que la nueva ley introduce novedades significativas como la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren.

ENESA respalda las propuestas de mejora de la Región de Murcia para asegurar el cultivo de la alcachofa

La Comisión General de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa) respaldó recientemente las propuestas de mejora de la Región de Murcia para asegurar el cultivo de la alcachofa.

Estas mejoras se basan en una nueva zonificación para el riesgo de helada. Para ello se ha contado con un trabajo desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena basado en datos climáticos que caracterizan las probabilidades de riesgo por término municipal. Dentro del área I, con cobertura de helada, están las comarcas del Nordeste, Centro, Río Segura, Suroeste, Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena y el término municipal de Bullas. Dentro del área II, el resto de la Región.

También se va a contar con una nueva tabla de valoración de calidad estándar, con valoración 0-100 por ciento, para el aprovechamiento de industria aplicable en la Región. Con esta tabla se rebajan las tasas de pedrisco y riesgos excepcionales para daños del 50 por ciento.

El director general de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios, Fulgencio Pérez, destacó que “el grupo de trabajo de hortalizas de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios ha trabajado intensamente en los últimos meses para conseguir mejoras en la línea de seguro, que beneficien al cultivo de la alcachofa de Murcia”.

En este sentido, apuntó que “es previsible que dichas mejoras den lugar a un incremento de la contratación de seguros para este producto de gran importancia para la Región”. La contratación del seguro de alcachofa en Murcia supone un 63 por ciento del total de producción asegurada en toda España.