sábado, 2 mayo, 2026

Susana Díaz se queja del poco dinero para violencia machista en los PGE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no puede quedar en «papel mojado», después de que el Gobierno central haya consignado en los Presupuestos Generales del Estado solo 80 de los 200 millones comprometidos, dejando el resto de la cuantía en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Díaz se ha reunido en San Telmo con los sindicatos, agentes sociales y asociaciones de mujeres andaluzas convocantes para evaluar la huelga feminista del 8 de marzo y las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, y, con posterioridad, ha presidido el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM).

Ante el plenario de este órgano colegiado del Gobierno andaluz, la presidenta de la Junta ha recordado que fue precisamente el CAPM el que impulsó este Pacto de Estado hace dos años, junto al Gobierno andaluz. Díaz ha dejado claro que la Junta «va a poner hasta el último euro, no va a regatear ni un euro, pero no va a permitir que el Gobierno de España no ponga los 200 millones» comprometidos para este Pacto, porque «está en juego la vida de las mujeres». Susana Díaz ha señalado que el Pacto de Estado debe ser el «instrumento máximo» de lucha contra la violencia machista y «si no cumplimos, las mujeres volverán a sentirse inseguras» y pensarán que la «impunidad triunfa».

«O se está en el Pacto, o no se está; no caben medias tintas», ha indicado Díaz, que ha mostrado la disposición del Gobierno andaluz de acudir a las convocatorias que plantee el Ministerio de Igualdad, exigiendo siempre que «lo que se firmó sea una realidad», tanto en el plano presupuestario como en el normativo y en el resto de cláusulas. La presidenta de la Junta se ha reunido con las convocantes de las manifestaciones del 8 de Marzo en Andalucía, un mes después de su celebración, porque «la lucha por la igualdad tiene que ser permanente y continua; todos los días días tienen que ser de lucha por la igualdad».

Este 8 de marzo, ha añadido la presidenta, fue una «jornada de éxito» y un día «histórico, pero los miles de mujeres y hombres que salieron a la calle tienen que ver que sus representantes vamos adoptando compromisos, con resultados que mejoran la igualdad y que trabajan por una sociedad moderna, inclusiva, igualitaria y solidaria». «La sociedad nos acompaña, el feminismo forma parte de la agenda política de este país y los ciudadanos dijeron el 8 de Marzo que queremos vivir en igualdad», ha señalado Díaz.

La socialdemócrata ha señalado que el Gobierno andaluz va a dar ejemplo poniendo en marcha un Plan de igualdad en la Administración, una tarea que ha calificado de «urgente y necesaria». La Junta, que ya cuenta con Presupuestos con perspectiva de género, se ha comprometido con sindicatos y plataformas por la igualdad a analizar el grado de cumplimiento y ejecución de las políticas de igualdad de género en las diferentes consejerías y «si hay que aumentar alguna en concreto, lo vamos a hacer».

Ley contra la trata y la explotación sexual

Por otro lado, la presidenta de la Junta ha avanzado que Andalucía tendrá una Ley de lucha contra la trata y contra la explotación sexual, a la altura de una «sociedad digna», tras haberse convertido ya en la primera comunidad autónoma española libre de anuncios de prostitución, una iniciativa que ha esperado que se imite en el resto de España. Susana Díaz ha confiado en que los cinco grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo para la aprobación de esta futura Ley, que está en consonancia con el Convenio de Estambul y con la defensa de los derechos humanos.

La presidenta de la Junta ha indicado además que el Gobierno andaluz va a llevar a cabo, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), medidas preventivas y campañas contra el acoso sexual en el trabajo. Díaz ha exigido iniciativas para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y ha pedido específicamente a la Inspección de Trabajo que actúe para detectarla y denunciarla. Por parte del Gobierno andaluz, la presidenta ha reafirmado su compromiso con las políticas que propician la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, desde las cláusulas sociales en la contratación, los servicios de la dependencia, como la ayuda a domicilio, o las aulas matinales y comedores en los centros escolares.

Asimismo, la presidenta ha indicado ante el pleno de la CAPM que el Ejecutivo andaluz va a «recuperar la colaboración con sindicatos en información y asesoramiento a las trabajadoras y a las empresas de menos de 250 trabajadores, a través del IAM, ampliando incluso, con un Registro de Buenas Prácticas». Susana Díaz ha reiterado su apuesta por la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, articulando los mecanismos para que esa igualdad sea efectiva y desde el convencimiento de que «muchos hombres quieren que ese derecho sea compartido».

Díaz se ha comprometido también a continuar «impulsando la coeducación», a través de las consejerías de Educación y de Igualdad, porque «si educamos en igualdad, muchos de los sucesos que ocupan los noticiarios en este país pasarán a ser parte de la historia», y a reforzar los Centros de Información a la Mujer y a sus profesionales, «para que no se vean acosadas y puedan hacer su trabajo con todas las garantías, en el marco de la ley, protegiendo a las víctimas». En materia judicial, la presidenta ha indicado que el Gobierno andaluz trasladará al CGPJ la «voluntad» del Gobierno andaluz de formar en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género a los profesionales de la Administración de justicia en Andalucía, para que redunde en la mejora de la «seguridad jurídica y personal» de las víctimas.

IU-Verdes denuncia la ralentización de las inspecciones para que los afectados por los terremotos puedan justificar las ayudas

La concejala  de Izquierda Unida Verdes de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado la ralentización de las visitas de los técnicos municipales a las viviendas de los afectados por la devolución de las ayudas a los terremotos. Tal y como se aprobó en una moción de Pleno impulsada por IU-Verdes el pasado mes de julio, el Ayuntamiento se comprometió a que técnicos de la Administración local procedieran a la comprobación de las obras de rehabilitación de aquellos vecinos que ya no tenían en su poder las facturas y justificantes de pago al haber transcurrido más de seis años desde el siniestro. La justificación del empleo de las ayudas a través de esta vía, la de las inspecciones, está contemplada en el Artículo 10. 1. b) del Decreto 68/2011 por el que se regulan las subvenciones. Tras meses de insistencia por parte de IU, en febrero comenzaron las visitas. Sin embargo, aunque el ritmo inicial fue “óptimo”, Martín ha denunciado un “parón” que ha llevado a los afectados a tener que solicitar por segunda vez dicha inspección. “Hay afectados esperando desde octubre de 2017 para poder respirar tranquilos”.

Sobre las inspecciones que sí se han realizado los afectados tampoco han recibido resolución alguna a pesar de que ha quedado demostrado que los vecinos emplearon el dinero de las subvenciones en la reparación de sus casas. “Las buenas intenciones del Alcalde, de la concejala de Urbanismo y de sus compañeros de partido en Murcia de momento han quedado en nada”, dijo Martín. Tampoco se ha dado respuesta a los centenares de damnificados que alegaron hace meses caducidad o prescripción en el procedimiento.

Mientras tanto, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sigue enviando requerimientos incluso a los afectados que devolvieron la ayuda voluntariamente hace años y a los que ahora exige el pago de intereses de demora, algo que para Martín es un “disparate”.

La CARM también está exigiendo a los damnificados que justifiquen las indemnizaciones que percibieron por sus pólizas de aseguramiento privadas y que fueron abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Algo que está al margen de lo que dicta la ley, a juicio de la concejala de IU-Verdes.

Por otra parte, Martín recordó que la Plataforma de Afectados se reunió el 28 de febrero con la Secretaria General de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, y que ésta se comprometió a aclarar una serie de cuestiones técnicas, sobre todo las relacionadas con la prescripción del derecho de la CARM a exigir el reintegro de las ayudas a los afectados. Sin embargo, casi seis semanas después  “no hemos recibido ningún tipo de explicación por parte de Fomento”, dijo la edil.

En el mismo sentido, hace más de un mes IU pidió por escrito al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP), que el Ayuntamiento solicitase al Consejo Jurídico de la Región de Murcia un dictamen facultativo que aclare cuál es el cómputo para calcular dicha prescripción, sin que el primer edil haya confirmado la realización de esa gestión.

IU, a través de su diputado nacional Ricardo Sixto, también planteó esa cuestión en el Congreso a través de una pregunta escrita dirigida al Gobierno de España. Según el artículo 190 del Reglamento de la Cámara Baja, la contestación debe realizarse dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la pregunta. Sin embargo, la formulada por Sixto -publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 19 de febrero-  lleva 46 días esperando respuesta.

Gloria Martín censuró la incapacidad de las administraciones para resolver una problemática que tiene “con el alma en vilo” a cientos de familias en Lorca por culpa de la “torpe y negligente actuación” de la comunidad autónoma. “Se sienten impotentes y aplastados por el peso de una burocracia que ignora sistemáticamente el envío repetido de los documentos que justifican que los afectados emplearon las ayudas en poder volver a sus casas tras los dramáticos terremotos”, aseguró Martín.

Por ello, la Plataforma convocará una nueva asamblea para determinar las acciones de protesta que llevará a cabo en las próximas semanas, incluida una concentración frente al Palacio de San Esteban en Murcia. 

El cachalote hallado en Cabo de Palos murió por ingerir 29 kilos de plásticos

El consejero de Medio Ambiente de Murcia, Javier Celdrán, ha pedido una reflexión sobre el daño ambiental del vertido de plásticos al mar tras la muerte de un cachalote, cuyo cadáver apareció en Cabo de Palos (Cartagena), y cuya necropsia ha revelado que sufrió un shock gástrico al haber ingerido 29 kilos de residuos de plásticos que se han hallado en su estómago.

Durante una visita a un centro de tratamiento de residuos de Lorca, Celdrán ha dicho que se trata de un ejemplo del daño que puede causar la presencia de plásticos marinos para los animales, por lo que ha apelado a la concienciación ciudadana al respecto.

El cachalote es el cetáceo odontoceto más grande que existe, se alimenta casi exclusivamente de calamares y se trata de una especie catalogada como vulnerable según el Real Decreto para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El ejemplar al que Celdrán ha hecho referencia apareció muerto a finales de febrero en Cabo de Palos y ante el aviso, se activó el protocolo de varamientos de cetáceos y tortugas marinas en la Región.

Su necropsia ha revelado que era un ejemplar macho, juvenil, de casi diez metros de longitud y 6,5 toneladas de peso y, durante el examen interno, se detectó en su aparato digestivo (estómago e intestino) 29 kilos de basura marina como bolsas de basura, sacos de rafia, cabos, trozos de redes, e incluso un bidón.

Los expertos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle creen que ese material pudo causarle la muerte por una peritonitis o por una impactación del aparato digestivo ante la imposibilidad de expulsarlo.

La Comunidad de Murcia ha activado una campaña de concienciación enfocada a reducir el consumo de plásticos y evitar al abandono de basuras en el medio natural marino de la Región de Murcia en colaboración con la Asociación Ambiente Europeo y la cofinanciación de fondos europeos Feder.

32 millones para las barriadas desfavorecidas de Cádiz

Como sucedió ayer en Granada, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha mantenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) una reunión con los alcaldes de los ocho municipios mayores de 50.000 habitantes de la provincia para abordar la próxima orden de la Consejería de Fomento y Vivienda de subvenciones destinadas a actuaciones de mejora en barriadas desfavorecidas o vulnerables. Se trata de Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y La Línea, en los que se concentra el 72% de la población de la provincia. El objetivo de esta reunión ha sido abordar con los ayuntamientos la planificación de las acciones que se llevarán a cabo, en el marco de la Iniciativa Territorial Integral (ITI).

El vicepresidente de la Junta ha explicado que la orden va a contar con 32 millones de euros, con un máximo de 7,2 millones por actuación. Según ha indicado, el sistema establecido para estas subvenciones es el de la concurrencia competitiva por lo que serán los propios ayuntamientos los que tendrán que elaborar los programas de intervención social, de recuperación, de rehabilitación o de acondicionamiento de espacios.

Jiménez Barrios ha hecho hincapié en que esta orden no está destinada «exclusivamente para ladrillo», sino que se trata de una actuación integral que «tiene como voluntad fundamental mejorar la vida de la gente y eso hay que hacerlo desde la empleabilidad, desde la integración social, desde la formación, etc.». Por este motivo, ha valorado también que los proyectos que se pongan en marcha «partan de la colaboración y cuenten con la complicidad de los ayuntamientos y de los propios vecinos que residen en esos barrios desfavorecidos o con menos recursos».

El vicepresidente ha explicado que esta orden se enmarca en la Iniciativa Territorial Integral (ITI) en Cádiz que, junto al objetivo de elevar la competitividad de la provincia, también encierra un importante componente social. «Los fondos europeos no pueden dejar pasar la oportunidad de mejorar la vida de la gente y, en ese sentido, esta es una iniciativa política de un gran calado», ha remarcado.

Así, ha indicado que esta orden se suma a otras que, en el marco de la ITI, van dirigidas a «fomentar el turismo cultural a través de nuestras señas de identidad, como el Museo del Flamenco de Jerez, el Museo Camarón en San Fernando, el Museo Paco de Lucía, el Teatro Romano de Cádiz o Los Pueblos Blancos y Sancti Petri en Chiclana. Igualmente, ha recordado otros proyectos puestos en marcha ligados a la innovación, como el Centro de Fabricación Avanzada, el Centro de Transferencia Empresarial ‘El Olivillo’ de la Universidad de Cádiz, o el Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la Provincia de Cádiz (INIBICA).

Según ha explicado, se trata de un conjunto de iniciativas que confirman «el compromiso del Gobierno de la Junta con Cádiz» y que el Ejecutivo andaluz «sigue trabajando para lograr el objetivo de sacar a la provincia de los primeros puestos ranking de desempleo que desgraciadamente ocupa».

Conesa: Los Presupuestos Generales son una pantomima mediática

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado para este 2018 (PGE) son una pantomima mediática puesto que olvidan los grandes asuntos estratégicos a los que se enfrenta la Región de Murcia.

Diego Conesa ha explicado que en materia de AVE “se han presupuestado 162 millones, cuando el pasado año se presupuestó 105 y ejecutó tan solo 29 millones de euros, lo que nos da una idea de lo que se puede ejecutar en un presupuesto que el Gobierno pretende aprobar a mitad de año”.

El secretario general de los socialistas murcianos ha recordado que el presupuesto estatal destinado a la Región es de 340 millones, y, aunque aumenta, “es cierto que veníamos de la nada y además se traslada a este 2018 lo que no se ejecutó el pasado 2017”.

En materia de agua, ha señalado Diego Conesa, “se plantean 14 millones para agua, a través de Acuamed, y muy poca inversión también para la Confederación Hidrográfica del Segura la Mancomunidad de Canales del Taibilla”.
“No entendemos que no se destine nada para la regeneración del Mar Menor, algo que nos parece muy grave, como también lo es que no se presupueste a través de la SEPI para Navantia, con el valor añadido que puede aportar a la economía productiva, a la investigación y a la innovación en la Región de Murcia”.

Asimismo, Diego Conesa se ha referido a las promesas que Mariano Rajoy hizo en su visita a Murcia el pasado mes de diciembre, un día antes del Día los Inocentes. “De Rajoy no nos podemos creer nunca más del 50 por ciento de lo que dice. De todo lo que prometió, en los Presupuestos Generales del Estado, no aparece nada”.

Pedro Saura: “El Gobierno de Rajoy hace trilerismo contable”

Sobre este asunto, el diputado en el Congreso Pedro Saura ha asegurado que “se trata de una tomadura de pelo puesto que trasladan las inversiones que no se ejecutaron en 2017 -un 50 por ciento de lo presupuestado-  a las cuentas de este año”.

“En materia de agua y en AVE deslizan parte de esa inversión a 2018. En Adif la ejecución ha sido del 27 por ciento, en Acuamed se han ejecutado 4 millones, de los 8 presupuestados; en empresas públicas se destinaron 887 y se ha ejecutado el 42 por ciento; en la Confederación Hidrográfica del Segura la ejecución ha sido del 49 por ciento, y en la Mancomunidad de Canales del Taibilla fue del 52 por ciento.

 “Si atendemos a los datos del Gobierno, se ha presupuestado la mitad de lo que se presupuestaba entre los años 2008 y 2011, pero, además, la ejecución de las inversiones es el 50 por ciento. Lo que hacen es trilerismo contable, lo que no ejecutan un año, lo pasan a las cuentas del año siguiente”, ha concluido Saura.

La Junta declarará Bien de Interés Cultural el Carnaval de Cádiz

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha confirmado que la Junta de Andalucía declarará el Carnaval de Cádiz como Bien de Interés Cultural (BIC), un expediente en el que ya se está trabajando y que se incoará en los próximos meses. La Consejería de Cultura ha iniciado los trabajos para lograr esta declaración que supondrá la protección de una celebración que, según Vázquez, es «una seña de identidad del pueblo gaditano y una muestra de la creación y del inagotable talento e ingenio que cada año despliegan quienes participan en él».

Tras asistir a la firma de un convenio entre la Universidad de Cádiz y con el Aula del Carnaval para la creación de la Cátedra de Carnaval de Cádiz, Vázquez ha expresado «el pleno apoyo y total respaldo» de la Junta de Andalucía al Carnaval de Cádiz. «Creemos firmemente en el Carnaval de Cádiz como representación cultural, por su capacidad de unión del pueblo gaditano, por su reflejo de la libertad de expresión y el espíritu crítico de la ciudadanía y por las múltiples oportunidades que ofrece para el desarrollo cultural, turístico y económico», ha afirmado el consejero.

La declaración como BIC se producirá en paralelo a la candidatura del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, impulsada por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y apoyada desde sus inicios por el Gobierno andaluz. De hecho, la Junta ya lo incluyó en 2013 en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, requisito previo establecido por la Unesco para su declaración.

«Trabajaremos codo con codo con las demás instituciones y aportaremos asesoramiento técnico y nuestra experiencia en expedientes similares que han culminado en éxito, como es el caso del reconocimiento del Flamenco en 2010», ha señalado el consejero, que ha asegurado que la Junta aportará los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para conseguir la designación.

La premonición de Lamela al procesar a Trapero por sedición y no por rebelión

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado esta mañana al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por la actuación del cuerpo policial autonómico en el proceso independentista de Cataluña y especialmente en el referéndum ilegal del 1 de octubre y en los altercados de los días 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud trató de impedir una operación de la Guardia Civil contra los preparativos de la consulta soberanista prohibida por el Tribunal Constitucional y los jueces.

A estas horas de la noche, lo que más llama la atención de ese Auto de procesamiento es la premonición de la jueza Lamela al descartar el delito de rebelión y cualquier atisbo de violencia en la actuación de los Mossos d’Esquadra, que de esta forma, aunque no lo supiera la magistrada instructora de la Audiencia Nacional, encajaba mejor su calificación de los hechos con la que, hace escasas horas, adelantaba la justicia alemana que ha puesto en libertad a Puigdemont descartando el delito de rebelión.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) acaba de descartar el delito de rebelión que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la orden europea de detención petición de extradición a España del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, y lo ha dejado en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega por el otro delito por el que se le requiere, el de malversación de fondos.

Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera que la imputación del delito de rebelión es “inadmisible”, pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue su curso.

Por esa razón resulta premonitoria la resolución de esta mañana de la jueza Lamela que también ha procesado por los mismos delitos a los ex jefes políticos de los Mossos Pere Soler –exdirector del cuerpo- y César Puig, ex secretario general de la Consejería de Interior. Lamela procesa, además, por un delito de sedición a la intendente del cuerpo en el distrito barcelonés del Eixample Teresa Laplana, en este caso por su papel en los hechos del 20 y 21 de septiembre.

Lamela considera que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña”, Carles Puigdemont, que acaba de ser puesto en libertad y contra el que no se le puede juzgar en España por el delito de sedición, al no haber sido incluido en la orden europea de detención.

El problema que se va a plantear ahora en la Audiencia Nacional es como va a ser posible que los supuestos mandos de la sedición puedan ser juzgados por este delito cuando está a punto de ser puesto en libertad el que se considera que es el director de la supuesta “organización criminal”.

El resultado real del Santander fue de 880 millones no de 6.600, según sus propias cuentas

Los datos de las cuentas aprobadas en la Junta General de Accionistas del Banco de Santander vienen a confirmar, como venimos diciendo en Diario16 desde hace meses, que la entidad cántabra compró al Banco Popular porque necesitaban urgentemente cubrir sus necesidades de capital, sus enormes agujeros de liquidez, y lo hicieron, lo que es imperdonable, a costa de los 305.000 accionistas, bonistas y obligacionistas.

Se confirma la tesis de investigación periodística de Diario 16 y deja en claro la estrategia procesal del Santander: prefieren tener un pleito complejo y a largo plazo que enfrentarse a una realidad a corto plazo y que le hubiese abocado a una ampliación para cubrir los desfases que tenía, tal y como indicamos en el día ayer. En el caso del Popular cuando se enfrentó al dilema provocado por el cambio regulatorio en provisiones, hizo una ampliación y lo dijo. Santander acababa de hacer una ampliación de 7.200 millones de euros en 2015 y Ana Patricia Botín no hubiese resistido otra ampliación para arreglar los graves problemas que demuestran sus cuentas.

La presidenta del Santander buscó conservar el poder a toda costa, es lo que la distingue de la decisión de Ron, transparente; la de Botín, ocultando la realidad diciendo que amplía para comprar Popular, un regalo de 11.000 millones de euros, cuando tenía que cubrir un enorme agujero, en principio un problema de valoración provocado por sus inversiones en el exterior.

El desglose del Auditor PwC es demoledor y cualquier acción que se emprenda contra Santander y más si es de carácter de penal, tiene que estar basada en hechos irrefutables, como los documentos que maneja y custodia Diario16.

Probablemente no pudieron engañar al auditor porque el rastro que queda en la auditoría es tremendo e innegable, habla de un resultado neto real de 880 millones, y no de los más 6.600 millones netos de los que habla Santander en su comunicación externa, difundida con el silencio cómplice de algunos medios.

Si le añadimos la nota del otro día del patrimonio neto del Santander se podrá comenzar a considerar y asumir, sin ninguna duda, a ver y creer en la realidad informativa y documental que sustenta la acertada tesis de nuestro trabajo periodístico e informativo ya que a parte de los fundamentos materiales Diario16 los va a seguir demostrando los rastros que han dejado también, muy profundos, contables.

Seguiremos analizando con nuestros técnicos tanto la auditoría del Santander como la del Banco Popular, ambas realizadas por PwC.

Venezuela: Maduro NO. Esta oposición (y quien la financia) TAMPOCO

En los últimos días se han estado celebrando en Madrid diferentes reuniones entre algunos de los más importantes líderes de la oposición venezolana con algunas figuras de la política española, algunos en activo y otros ya, al parecer, retirados. En concreto, los venezolanos Julio Borges, Antonio Ledezma, Carlos Vecchio y Lester Toledo se han reunido este jueves con Albert Rivera y con Felipe González y, posteriormente, han dado sendas ruedas de prensa.

Especialmente beligerante ha estado el presidente Felipe González contra el actual gobierno de Venezuela cargando las tintas contra la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciativa de diálogo que, según González, sólo tendría sentido si hubiera libertad absoluta en el país venezolano. Además, ha incidido en una idea para forzar un cambio en Venezuela: la imposición de duras sanciones económicas. Esta propuesta es una verdadera salvajada, no tiene otro calificativo: salvajada. Un país como Venezuela en el que millones de ciudadanos están pasando hambre no puede ser sometido a sanciones o a un endurecimiento de las mismas sólo para expulsar a quien, a día de hoy, es un presidente elegido democráticamente por su pueblo. Otra cosa es lo referido a la Asamblea Nacional, pero Nicolás Maduro, nos guste o no, fue elegido en las urnas en unos comicios auditados por observadores internacionales independientes.

El problema de Venezuela no se resuelve únicamente con la salida de Nicolás Maduro y del chavismo ni, por supuesto, poniendo sanciones económicas al país. El problema de Venezuela está en que no hay ninguna alternativa real al régimen bolivariano porque la que ofrece esta oposición no es válida porque ya parten de la base del exterminio del contrario, con la eliminación de la opción política chavista.

Mientras Felipe González y el comité de la oposición venezolana de tournée por España piden unas sanciones que empobrecerían aún más al pueblo de Venezuela, los que se beneficiaron de la corrupción de importantes dirigentes chavistas, como Rafael Ramírez, ex ministro y ex presidente de PDVSA, campan a sus anchas por las más glamurosas calles europeas, sobre todo en Madrid, comprando objetos de lujo como si no hubiera un mañana, comiendo en los más caros restaurantes o comprando empresas que les sirven de tapadera para presuntamente legalizar (o blanquear) el dinero que sacaron de Venezuela, que hurtaron al pueblo venezolano al que Felipe González y la oposición quieren matar más de hambre con sus sanciones, gracias al asesoramiento e intermediación de empresas, algunas de ellas españolas.

Muchos de esos venezolanos que se enriquecieron a la sombra de, entre otros, Rafael Ramírez, ya fuera por lazos de sangre, ya fuera por ser socios del ex presidente de PDVSA, son los que están financiando a la oposición venezolana. ¿Una asociación que presume de transparencia «democrática» puede permitirse estar financiada por quienes se enriquecieron gracias a la corrupción del régimen que ahora intentan derribar? ¿Para Felipe González este tipo de financiación es lícito?

Continuando con la «transparencia» de la financiación de la oposición venezolana, hay que recordar que muchos de esos antiguos chavistas enriquecidos por la corrupción del régimen se reúnen en Madrid con importantes empresarios españoles en reuniones organizadas por una ciudadana marroquí, reuniones a las que acude sin falta el padre de Leopoldo López, con el fin de recaudar fondos para la oposición venezolana.

Felipe González pide sanciones porque es el único modo de sacar a Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela, pero se olvida de cómo los ciudadanos que se enriquecieron con dinero corrupto y que están siendo investigados por las autoridades judiciales de varios países aliados de España. Uno de ellos, Nervis Villalobos, actualmente se encuentra en prisión reclamado por la Justicia de los Estados Unidos por, entre otras cosas, un presunto delito de blanqueo de capitales y corrupción internacional. Sin embargo, Villalobos jugaba un papel en España y, precisamente, por ese papel sigue en la cárcel y no ha sido entregado a las autoridades norteamericanas. Hay mucho miedo en muchos sectores, tanto españoles como venezolanos, tanto políticos como empresariales, por el hecho de que el ex viceministro de Energía de Venezuela cuente todo lo que sabe de operaciones empresariales como, por ejemplo, la de Duro Felguera en la que Villalobos cobró un porcentaje de una operación en concepto de comisión —aunque hay un 0,5% que no aparece en las cuentas de la compañía asturiana—, los modelos de financiación de la oposición venezolana, la protección política que tienen ciertos venezolanos en España, el porqué de la misma y por quién se está ejercitando. De todos modos, tal y como informó Diario16, la situación de Villalobos en prisión le ha llevado a hacer saber a la Fiscalía que está dispuesto a hablar y contar todo lo que sabe. La situación de estos venezolanos, ¿le parece «honorable» a Felipe González?

Por otro lado, el presidente ha sido muy crítico con Rodríguez Zapatero por su mediación con Nicolás Maduro porque según González le hace el juego y le permite ganar tiempo al régimen chavista. ¿Por qué ataca a Zapatero y no hace mención a quienes, valiéndose del dinero que robaron al pueblo venezolano, están ahora financiando a un movimiento que creará a un nuevo Nicolás Maduro pero desde otra óptica ideológica que, teóricamente, es opuesta a la del presidente socialista? ¿Por qué Felipe González pide que se aplique un bloqueo a Venezuela como el que impuso Estados Unidos a Cuba y que supuso la ruina y la pobreza para el pueblo cubano?

Nicolás Maduro es un desastre para Venezuela. Eso es un hecho, pero no se puede pedir que se ataque aún más al pueblo venezolano, que bastante tiene con lo que está aguantando, con sanciones que no tendrán más que dos consecuencias: más hambre y pobreza y la entrada de un nuevo régimen financiado con el dinero de la corrupción. Maduro es una desdicha y un presunto corrupto, pero está en Venezuela. Sí que son corruptos —y por eso están perseguidos por la Justicia— los que financian a los que defienden Felipe González, Albert Rivera, Ignacio López del Hierro y otros muchos se encuentran en Europa, con un nivel de vida elevadísimo gracias al dinero de la corrupción, financiando a los que ellos mismos hace unos años definían como enemigos de la revolución bolivariana porque, evidentemente, esa financiación no es gratis y se espera un retorno de la misma. Por eso, Maduro NO, pero esta oposición, y quien la financia, TAMPOCO. El pueblo venezolano no merece esto.

El cuñadismo de Ciudadanos se hunde en Madrid

Suele ocurrir que ante graves contradicciones los populistas tengan numerosos recursos discursivos para salir del paso. Así ha ocurrido desde que se tiene constancia del uso de la demagogia en política. Pero ocurre, también, que en otras ocasiones cuando la situación se debate en un antagonismo donde los matices no existen que el populista, el cuñado político, se ve en la tesitura de tener que optar sí o no. Esto es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con Ciudadanos y su portavoz Ignacio Aguado. Intentando no mojarse está hundiendo al su propio partido porque se les están viendo todas las costuras. Por mucho que los medios de comunicación del establishment intenten que no se vea, no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo.

Y quien mayor responsabilidad tiene es Albert Rivera que en Madrid comienza a sufrir su segunda mella personal, junto al tirón mediático de Inés Arrimadas en Cataluña (por cierto, ¿no parece que ahora sale menos Arrimadas por no hacer excesiva sombra al todopoderoso dirigente naranja?). Y el culpable es Rivera porque en Ciudadanos, no sólo ayudaron a dios a crear el mundo, sin ellos hubiese tardado más de seis días, superan con mucho el centralismo democrático de los partidos leninistas. En Ciudadanos todo lo deciden cuatro o cinco personas nada más. El resto a obedecer que para eso aceptaron ser parte de la secta populista. Y una de esas personas no es Aguado. Quien, obediente como es él aunque le están haciendo la cama dentro, ha consultado hasta la última coma de lo que debía decir a sus jefes superiores. De hecho, esto era objeto de risa y mofa en la Asamblea de Madrid. Carece de cualquier tipo de autonomía personal para actuar en consecuencia.

Con un ejecutante así es normal que las costuras se noten aún más cuando la ética está en juego. Porque, igual, hay muchas personas que hasta que no hay un juicio siguen confiando en los que roban, pero a los que hacen trampas y les pillan les ajustician en el momento. Como bien dice Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la región, los votantes de Ciudadanos al depositar su voto en la urna lo hacían pensando que iban a regenerar el espacio político. Desde una derecha vendida al establishment sí, pero con algo de decencia. Y parece que no es así, que sólo viven para el puro cálculo electoralista como ha denunciado Ángel Gabilondo. El esconderse detrás de un posibilismo jurídico o de comisiones de investigación, no hace sino retratarles como lo que son, populistas del sistema. O como se dice en España, “cuñados”.

Por la mañana estaba muy lanzado Aguado al pedir que todo el mundo se uniese a la comisión de investigación que iban a pedir, incluso su jefe le remarcaba que para mañana mismo si hacía falta y así escuchar a todos. Lo que no sabían es que esa comisión no se puede celebrar, ni ya, ni nunca sin vulnerar la ley. Como ya se apuntó ayer, en primer lugar, el caso no está relacionado con actos de gobierno (Cifuentes no era ni diputada cuando sucedieron los hechos), por lo que es una cuestión personal en sí, aunque tenga su impacto político; en segundo lugar, si se pudiese celebrar, no podría hacerse hasta dentro de dos meses, salvo que el caso del amianto asesino de los edificios públicos o el metro les preocupe menos (¿Quieren que muera gente en Ciudadanos?); en tercer lugar, técnicamente en una comisión se solicita documentación al gobierno (que no la tiene) y se le podría solicitar a la Universidad, la cual no podría por estar bajo acción judicial y no está obligada al tener autonomía de acción, por tanto, ¿sobre qué materias preguntarían los diputados y diputadas sin documentación?

Lo dicho, intentan engañar a las personas con artificios que parecen muy democráticos pero que esconden una verdad, prefieren que siga Cifuentes para rascarle todos los votos que puedan y así intentar gobernar ellos desgastando al gobierno. Les da igual lo que le pase a la ciudadanía, sólo piensan en sus votos y en servir al establishment, al poder, a los que realmente les mandan. Y claro, por mucho que digan, no quieren ver ni en pintura a la izquierda gobernando. Apoyaron a Pedro Sánchez porque sabían que no iba a salir elegido presidente, pero ellos quedaban dignos. Pero ahora no apoyarán a nadie del PSOE. De hecho ya han roto con Susana Díaz para rascar votos. Para Aguado lo mejor es que Cifuentes siga presidiendo la Comunidad de Madrid, pero en esta ocasión o con las trampas, o con la ética. No hay salida intermedia.

El último intento de engaño se produjo al finalizar el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras recibir las pertinentes órdenes de la calle Alcalá, Aguado expresó que habría que esperar a ver si el retracto de la profesora del examen del Máster de Cifuentes se reafirma o no. ¿Piensa Aguado de verdad que mañana va a salir a decir que no le han falsificado la firma? En el mundo de fantasías del cuñadismo naranja puede ser, pero es que esa profesora se está jugando su puesto de trabajo y su honra, no está haciendo el lila en un Parlamento, como hace la derecha naranja. Al no saber qué hacer, ni decir, buscan la escapatoria más cercana para dilatar todo y esperar que una dimisión de Cifuentes les permita quitarse el marrón de encima. Lo cual es mucho esperar y no saber que Cristina Cifuentes tiene más arrestos políticos que en Ciudadanos juntando a toda la cúpula.

Al fin, y tras clamar en el desierto, las personas decentes de España están viendo que sin banderas, sin pulseritas, sin puigdemontes en el horizonte político, Ciudadanos se disuelve en sus propias patrañas como un azucarillo. Aquí no ha patrias que reclamar, ni idiomas que prohibir, y hasta Telemadrid es conocida en el gobierno como TeleEspinar, por tanto es política pura y dura, sin disfraces. Y cuando se juega a campo abierto, se salta sin redes y se tiene que jugar con los niños mayores en el patio, Ciudadanos demuestra que su populismo barato, racial, fascistoide y en favor de los poderosos es un peligro para España. Ni regeneración ética, ni estética. Han llegado para servir a los señores del dinero, y para ello harán uso de todas las armas que tengan a su alcance, como el cuñadismo. Pero en Madrid han pinchado en hueso y se hunden en sus propias miserias éticas e ideológicas.