jueves, 30 abril, 2026

El independentismo andaluz acude a Cataluña para apoyar la independencia

La impresión del numeroso público asistente al Acto organizado por el Movement per la Llibertá el pasado día 16 en Barcelona, fue de entusiasmo ante la colaboración y ayuda mutua entre andaluces y catalanes, como apoyo a las justas reivindicaciones de ambas comunidades, según comunican desde la Asamblea Nacional Andaluza (ANA). En el Acto los dos intervinientes andaluces recibieron el calor de los asistentes, Eduardo Reyes, por la brillantez de su exposición y Pedro Altamirano, quienes sorprendieron de forma agradable al público, al conocer cómo está cambiando la situación en Andalucía, cada vez más activa por los derechos democráticos y constitucionales. Se planteó, en primer lugar, si Cataluña se encuentra en este momento preparada para acceder a su independencia, hecho que no suscitó duda alguna. Tanto ponentes como asistentes coincidieron en la afirmación favorable.

En segundo lugar se trató si podría acceder a la independencia por sí sola, o necesitaría el concurso, la ayuda de los republicanos de otras comunidades, dónde tras alguna controversia, en la que los partidarios de continuar solos insistieron en que era una lucha de catalanes y debían insistir en hacer presión y en desobediencia civil, el público se decantó por reconocer la conveniencia de recibir apoyo, como algo innegable. “Juntos vamos mejor y llegamos antes” fue la conclusión general.

Se lamentó la escasa información ofrecida por los medios actúales, que impiden que la información de lo ocurrido llegue de unas comunidades a otras, lo que las mantiene en una desinformación muy negativa para el desarrollo democrático. En consecuencia, y sin renunciar a continuar pidiendo a los medios de comunicación su participación en una información responsable, se acordó crear un espacio de intercomunicación e intercambio, dónde puedan expresarse y comunicarse todos los grupos, de dentro y fuera de la península. Entre las acciones se incluye una página web, desde la que se puedan hacer públicas todas las acciones y comunicados de todos los grupos soberanistas europeos que se adhieran. La idea fue muy bien acogida, como así también la de establecer una línea directa de colaboración entre catalanes y andaluces y, dentro de esta, se está preparando una marcha a Murcia, en apoyo a la lucha de sus vecinos por el soterramiento de la línea del AVE, que, de no hacerse, separaría la ciudad, la rompería en dos.

Los acuerdos tomados en el Acto están abiertos a todas las organizaciones democráticas de todas las comunidades peninsulares y no peninsulares, por lo que se manifestó la confianza en que Omnium Cultural y ANC terminen por sumarse también. Altamirano pidió que ambas organizaciones “levanten la cabeza y miren a su alrededor”. Sin duda, tras los resultados obtenidos, este ha sido el viaje más fructífero de los acometidos por la ANA, hecho que confiamos vaya mejorando, en beneficio de la democracia.

Saracho era el hombre que garantizaba que el Plan de Negocio no iba a ser aplicado

Volver a los orígenes de las operaciones tiene como finalidad comprender aún mejor lo ocurrido con el Banco Popular, la presunta complicidad del Ministerio de Economía y de todos sus órganos dependientes y, sobre todo, cómo el Santander se encontró con quien les estaba realizando el trabajo sin tener que exponerse más de lo necesario, sobre todo porque Antonio del Valle estaba logrando imponer a Emilio Saracho, el hombre del Santander, sin que nadie sospechara de que detrás de toda la operación se encontraba el banco cántabro.

Los movimientos y estrategias relacionadas con el Plan de Negocio del Popular que vimos en el día de ayer fueron acompañadas de otras muchas. Hasta mediados del mes de noviembre de 2.016 la gestión de Ángel Ron y el Plan de Negocio habían sido defendidos por Luis de Guindos tanto en público como en privado. Sin embargo, el día 11 de ese mes Reyes Calderón tuvo un desayuno con el secretario del Consejo, Francisco Aparicio Valls (el hombre que fue despedido por Saracho porque hizo su trabajo) y con el propio Ron donde les comunicó que ella continuaba con las gestiones para buscar un sustituto para la Presidencia porque, aunque no tenía un mandato explícito del Consejo, se sentía apoyada por Antonio del Valle para realizar esas gestiones. La consejera navarra informó, además, de que se había reunido con José Ignacio Goirigolzarri para ofrecerle el puesto, dando a entender que se trataba de un puesto muy atractivo para él porque tendría un mayor salario que en Bankia y podría realizar una gran operación corporativa. Por otro lado, presumió de ser amiga del presidente de Bankia. Sin embargo, la presunción y la capacidad de fabular de una reconocida novelista fueron acompañadas de una amenaza ya que, según Calderón, Goirigolzarri recomendaba a Ron y a Aparicio Valls que se apartasen de su camino.

Ese desayuno mostró la deslealtad de Reyes Calderón porque se estaba saltando las más elementales normas de prudencia y buen gobierno de una entidad bancaria porque estaba exponiendo al Popular a una crisis sin precedentes puesto que iba a afectar a la reputación y a la estabilidad de la entidad. Tanto Ron como Aparicio Valls advirtieron a Calderón que iban a informar a Luis de Guindos del paso que acababa de dar.

Calderón reaccionó dejando clara la voluntad de echar a sus dos interlocutores por la vía de los hechos consumados y se escudó en que realizaba esas acciones porque se la estaba exigiendo constantemente que asuntos de este tipo debían ser tratados previamente en el Consejo para que hubiese consenso, algo que Calderón pensaba que no era necesario y, por tanto, había que presentar a los consejeros hechos consumados sobre la necesidad del nombramiento de un sustituto de Ron.

El mismo día 11 de noviembre, Antonio del Valle solicitó ver a Ángel Ron para exponerle que, en primer lugar, se había reunido con Manuel Pizarro, un candidato que para el mexicano no reunía los requisitos mínimos. En segundo lugar, Del Valle pensaba que había candidatos mejores, como cierto banquero de inversión que era conocido por el propio Ron. En tercer lugar, el mexicano le comunicó que, a través de Borja Prado, había logrado que Luis de Guindos le recibiese y que le iba a comunicar al ministro que era propicio a un cambio en la presidencia y a una ampliación de capital de la que él se haría cargo, lo que le daría el control del Popular. En cuarto lugar, que había que tratar bien a Reyes Calderón porque, a pesar de ser del Opus, no era una mojigata.

Ese mismo día Reyes Calderón se reunión, según su versión, con los consejeros independientes, cosa que no fue así puesto que a ese encuentro acudieron varios consejeros que no eran partidarios de la sustitución de Ron, como, por ejemplo, José Mateu Istúriz. Esta reunión fue breve y muy acalorada porque los consejeros interpelaron a Calderón porque dar datos confidenciales a terceros era ilegal; porque se estaba extralimitando en sus funciones y que se estaban pensando adoptar medidas legales contra ella.

Antonio del Valle llamó a alguno de esos consejeros y les desveló el nombre de Emilio Saracho, un nombre que ya había comunicado al propio Luis de Guindos y que, como no podía ser de otro modo, el ministro aceptó porque, en realidad, no era el candidato de Del Valle sino el del Santander.

La operación comenzaba ese día 11 de noviembre, pero sin desgaste ni para Luis de Guindos ni para el Santander que contemplaba la rebelión de Del Valle y Calderón desde un palco de lujo porque les estaban haciendo el trabajo sin tener que utilizar recursos propios.

Que Emilio Saracho fuese el candidato que habían propuesto Antonio del Valle como Reyes Calderón garantizaba, tanto a Luis de Guindos como al Santander, que el Plan de Negocio no fuese aplicado porque sería paralizado a través de los medios que hicieran falta. De ahí que, a pesar de las reiteradas peticiones de José Heraclio Peña para que la Secretaría General del Tesoro les diera la autorización de Economía para poder llevarlo a efecto no se le diera respuesta más allá de excusas difusas que no hacían más que alargar los tiempos para que el candidato de De Guindos y del Santander fuera nombrado presidente del Popular. Pero ahí no terminaron los movimientos. Esos días de noviembre ocurrieron más cosas orientadas, principalmente, a que la sexta entidad financiera de España no pudiera recuperarse.

¿Por qué Ciudadanos no habla de la segunda investigación de la senadora Barreiro del PP?

“El Gobierno sigue priorizando la protección de sus imputados a cumplir su Pacto con Ciudadanos y tener unos Presupuestos que, con nuestras medidas, serían buenos para los españoles y darían estabilidad al país” ha dicho Juan Manuel Villegas en la habitual rueda de prensa de Ciudadanos en la callé Alcalá de Madrid. Están empeñados que mientras no dimita la imputada Pilar Barreiro, senadora del PP por Murcia, no hay acuerdo para los presupuestos. Como es conocido la ex-alcaldesa de Cartagena está imputada por el caso Púnica, en su rama murciana, y ya se ha solicitado el suplicatorio para que acuda al Supremo. Fue Albert Rivera el primero en marcar la línea roja y así persisten.

Lo que extraña es que nadie en Ciudadanos se haya hecho eco de las publicaciones de Diario 16 Mediterráneo, como sí han hecho otros grupos parlamentarios (PSOE y Podemos), respecto a la senadora Barreiro. Tienen un argumento más para pedir la dimisión y forzar al PP a que entre en razón. Algo complicado cuando se trata de corruptelas por mucho que le duela al portavoz Rafael Hernando, más conocido por el Hienas. El caso es que, como se contó en estas mismas páginas, la titular del juzgado de instrucción n° 1 de Lugo, María del Pilar de Lara, ha solicitado ya la comparecencia de los implicados en la trama de corrupción relacionada con la empresa Agbar/Suez. Para Barreiro ya ha solicitado informe al Senado para que le notifiquen el aforamiento y tramitar en el Tribunal Supremo la imputación como corresponde.

La juez De Lara lleva meses investigando los viajes de la senadora María Pilar Barreiro Álvarez, en aquellos años alcaldesa de Cartagena, y de otros altos cargos, como María Ángeles Palacios Sánchez, ex-concejala de Hacienda de Cartagena y ex-Consejera de Sanidad de la Región de Murcia. En el informe entregado por los inspectores de Vigilancia Aduanera, se detalla el viaje que tuvo lugar a Nueva York en abril de 2008 y que habría pagado la empresa Aquagest (concesionaria del agua en la ciudad de Cartagena y hoy en día llamada Hidrogea). Supuestamente, estos viajes habrían servido para conseguir la prórroga del contrato del suministro de aguas de la municipalidad.

Las sospechas sobre este viaje a Nueva York de los investigadores provienen de la prórroga realizada, pese a contar con la negativa de un Dictamen Técnico de la Región de Murcia respecto a prorrogarlo antes de la expiración del plazo contractual. Aún faltaban 15 años para la finalización del contrato. Y de llevarse a cabo se debería hacer mediante el procedimiento de modificación contractual. Siendo Barreiro alcaldesa y Palacios concejala de Hacienda, se dio el visto bueno a la prórroga hasta 2042 a cambio de un canon de 13.130.548,35 euros a pagar en tres anualidades. Todo ello en el año del viaje realizado.

Pero no sólo habría viajes a Nueva York para las personas de esta rama del caso Pokemon, sino también a Atenas, Múnich, Mallorca, Barcelona y Madrid. En un todo pagado (traslados, comidas, alojamiento, viaje) a cambio presuntamente de acceder a la prórroga de la concesión del servicio de aguas. Incluso, como se puede comprobar en la página 100 del informe, se les ofrecía la posibilidad de acudir a varios palcos de honor de equipos de fútbol (Barcelona, Espanyol, Hércules y Real Madrid).

La cuestión, según han demostrado los investigadores, es que habría habido sobrecostes en las obras que solicitaba Aquagest (Hidrogea), que han sido realizadas sin licitación por empresas del mismo Grupo Agbar. Como expone el informe, este tipo de acciones de pago en especies, como los que presuntamente realizaron desde la alcaldesa hasta los concejales, era algo normal. No es el único informe del caso Pokemon donde se hace referencia a este tipo, al menos, de pagos. Esas obras con sobrecostes habrían costado, según el informe, más de 65 millones de euros que se abonaban mediante un aumento del recibo del agua. El delito cometido por la senadora popular sería presuntamente el de prevaricación.

El Santander denunciado por vía penal por el Caso Banco Popular

Las informaciones y documentos publicados por Diario16, además de la aceptación por parte del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional de la documentación presentada por este medio a instancias del Fiscal Anticorrupción, está provocando un giro en las actuaciones de muchos bufetes de abogados que ya interpusieron demandas y recursos en la Audiencia.

En el caso del bufete Sanguino Abogados ya tenían claro que el único modo de que los afectados por el Caso Banco Popular pudieran recuperar lo que perdieron cuando el Bando Santander compró a la sexta entidad de España por un euro tras ser intervenido por la JUR era ir por la vía penal, sin despreciar el resto de vías legales que pueden ser complementarias.

En un principio Sanguino ya presentó una denuncia estaba formulada contra el Banco Popular S.A., sus máximos responsables y directivos (Ángel Ron, Roberto Higuera, Pedro Larena y Emilio Saracho) y la mercantil Price Waterhouse Coopers (PwC) que actuó como empresa auditora de las cuentas del Banco Popular. Ahora, Sanguino Abogados amplía la denuncia contra el Banco Santander para que la Audiencia Nacional investigue si esta entidad pudo tener información privilegiada, frente a otros potenciales compradores, al adquirir el Banco Popular por un euro.

De todos modos, en base a la documentación que estamos publicando acerca del Plan de Negocio y los movimientos realizados para llevar a Saracho a la presidencia del Popular, la responsabilidad de Ron en la operación sería mínima.

La referida denuncia, que tiene como objetivo depurar las responsabilidades penales oportunas y resarcir los daños patrimoniales que han sufrido los accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular, ya fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre.

Sanguino Abogados representa a la Asociación de Afectados por la venta del Banco Popular que agrupa en estos momentos a más de 300 asociados. Se trata, mayoritariamente, de accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular, aunque también se han integrado todos aquellos accionistas que transmitieron sus títulos antes de la venta del Banco y que por ello también sufrieron fuertes pérdidas.

Los afectados que hasta hoy están integrados en esta Asociación suman unas inversiones en acciones, bonos o de deuda subordinada del Banco Popular que superan los 100 millones de euros.

 

La Junta pone en marcha un estudio para el uso de agua desalada en Almería

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha informado en Almería de las distintas actuaciones que lleva a cabo su departamento, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), en la provincia en materia de agua de riego y optimización del regadío. En este sentido, ha destacado que se ha puesto en marcha un proyecto de investigación, experimentación y transferencia tecnológica en torno al agua desalada en la comarca del Poniente Almeriense, con un presupuesto de unos 200.000 euros.

Esta iniciativa, con la que la Consejería cumple su compromiso con la Mesa del Agua de Almería, va dirigida a optimizar el uso para riego de hortícolas protegidos del agua procedente de la desaladora del Campo de Dalías. Entre otras actuaciones, contempla la puesta a punto de mecanismos y estrategias de mezcla de diferentes tipos de agua para riego (agua de mar desalada y aguas salobres subterráneas) para los cultivos de menor tolerancia a la salinidad (pimiento y calabacín) y actuaciones formativas de los regantes y responsables de la gestión del recurso en el manejo eficiente del agua de mar desalada y sus mezclas para riego.

Asimismo, ha resaltado otro proyecto de transferencia tecnológica en torno a la optimización del regadío y las distintas fuentes de agua (desaladas y regeneradas) destinado a mejorar la productividad y eficiencia en el uso del recurso, mejorar tecnológicamente las instalaciones de riego y buscar soluciones técnicas que permitan rentabilizar nuevas fuentes de agua.

De estas actuaciones ha informado personalmente el consejero al presidente de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández Maldonado, y al presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, Manuel García Quero, con quienes ha mantenido un encuentro previo. En dicho acto han estado también presentes la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández, el presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez Parra, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Ortiz.

Para Sánchez Haro, teniendo en cuenta la escasez de los recursos hídricos convencionales en Almería, la estrategia más óptima para garantizar agua a la agricultura es la diversificación de la procedencia del recurso, de ahí que tomen una mayor relevancia las aguas desaladas y la regeneración de aguas residuales. Y a partir de ahí, ha subrayado, para conseguir la puesta a punto del agua derivada de estos dos recursos, asegurar el desarrollo favorable de los cultivos y la rentabilidad económica de sus producciones, son necesarios tanto trabajos de investigación y experimentación en tratamientos previos, manejo del agua y mejoras de técnicas de riego, como la transferencia de los resultados de estos trabajos a los agricultores, regantes y comunidades de usuarios de estas aguas. Según el titular de Agricultura andaluz, desde este convencimiento viene trabajando la Consejería para garantizar agua suficiente para la agricultura, una «tarea que debe ser un compromiso compartido por todos, que cada parte asuma sus responsabilidades».

Entre las estrategias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para mejorar la competitividad de la agricultura andaluza, está la mejora del regadío bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad, ha asegurado Sánchez Haro, que ha informado también de tres nuevas líneas de ayuda que se irán poniendo en marcha en los próximos meses. Una dirigida a la regeneración de aguas residuales en estaciones depuradoras, otra para la conexión de las instalaciones de riego para comunidades de regantes a estaciones de tratamiento de aguas regeneradas y otra para nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas. «El presupuesto para financiar estas subvenciones se enmarca en una nueva partida de 43 millones para la convocatoria que queremos abrir este año», ha explicado.

Asimismo, el consejero ha informado de que la semana pasada remitió una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, solicitándole que, una vez que está aprobada la Ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, ponga en marcha con la mayor brevedad posible las demandas andaluzas y que su gobierno viene obviando continuamente. Entre otras, ha enumerado el procedimiento para subvencionar el coste del agua desalada en las cuencas andaluzas para que no exceda de los 0,3 euros por metro cúbico y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas «pendientes y aun no concluidas», comprometidas por el Estado. Se trata de infraestructuras de desalación, depuradoras y conducciones, que se podrían financiar, según el consejero, a partir del fondo extraordinario de lucha contra la sequía establecido en dicha Ley, dotado con 1.000 millones de euros.

Pymes tecnológicas y empresas agrícolas unidas para avanzar hacia la «agricultura 4.0»

La Comunidad de la Región de Murcia, a través del Instituto de Fomento (Info), puso en contacto a cinco pymes de tecnología avanzada con una treintena de empresas del sector agrícola de la comarca de Lorca para avanzar hacia un modelo de ‘agricultura 4.0’. El ‘Foro de Innovación Agro’, celebrado con el apoyo de la Sociedad de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (Saprelorca), es el primer encuentro de este tipo orientado de manera específica al sector agrario y se integra dentro de la estrategia de transformación digital del Gobierno regional ‘Murcia Industria 4.0’.

El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que este tipo de iniciativas “generan un doble beneficio, ya que contribuyen a mejorar la competitividad de sectores clave para la Región, al tiempo que refuerzan el ecosistema de la alta tecnología regional”. Además, señaló que “uno de los valores añadidos de estos encuentros es que aúnan la oferta y la demanda, ya que con ellos conseguimos que los representantes de un sector concreto, el agroalimentario en este caso, tengan acceso directo a las soluciones tecnológicas que están desarrollando las pymes regionales, mientras que estas pueden conocer de primera mano las necesidades de los empresarios y diseñar aplicaciones y tecnologías más eficientes”.

En la jornada participaron cinco empresas integradas dentro del catálogo de ‘Habilitadores 4.0’ del Info (Grupo Tecnológico Mantis, Byprox Development, Syscomed, Aserti y Drónica), que mostraron a los empresarios agrícolas de la comarca de Lorca las aplicaciones a este sector de tecnologías 4.0 como el ‘big data’, la automatización y la sensorización, la ciberseguridad o los drones.

El encuentro contó también con un representante de la Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Audiovisual (Timur). Igualmente, se expusieron las características del polígono industrial Saprelorca para convertirse en polo de atracción de nuevas empresas agroalimentarias vinculadas con la innovación y la tecnología.

“En los últimos cinco años la industria agroalimentaria regional ha crecido a un ritmo dos veces mayor que la media nacional, un dinamismo que se debe en gran parte al esfuerzo innovador realizado por los empresarios y que ha permitido desarrollar nuevos cultivos sostenibles, optimizar un recurso tan escaso como el agua o maximizar el rendimiento de los suelos”, destacó el director del Info.

Así, 11 de las 24 empresas que se convirtieron en ‘inteligentes’ gracias al programa de ayudas para la Transformación Digital del Info pertenecían a este sector. En concreto, estas empresas recibieron subvenciones por valor de 421.335 euros y movilizaron una inversión de 1.342.836 euros, lo que significa que cada euro de ayudas invertido en tecnologías 4.0 en el ámbito agroalimentario se multiplicó por tres.

Un sector clave para la Región de Murcia

La industria agroalimentaria, considerada clave dentro de la estrategia de especialización inteligente que impulsa la Unión Europea (RIS3Mur), mantiene también una importante participación en otros programas y líneas de ayudas como el de fomento de la I+D, en el que 20 de las 57 empresas que recibieron ayudas el pasado año desarrollaban su actividad dentro de la industria agroalimentaria; así como en otros programas de apoyo a la innovación de organismos nacionales con los que colabora el Info, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

En concreto, 115 de los 240 proyectos financiados en el periodo 2014-2017 por esta entidad dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad pertenecen al ámbito agroalimentario, con una inversión movilizada de más de 64 millones de euros.

“Nuestro objetivo es implantar un modelo económico basado en el conocimiento que mejore la competitividad en todos los sectores productivos, y eso pasa por potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico, la colaboración entre grandes empresas y pymes tecnológicas y los procesos de transferencia de conocimientos y tecnologías entre el mundo de la investigación y el de la empresa”, explicó Joaquín Gómez.

La Región de Murcia alcanza el número de ocupados de 2.008

La Región de Murcia cuenta actualmente con su cifra más alta de trabajadores ocupados desde el cuarto trimestre de 2008, según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística. Así, actualmente son 586.400 las personas con empleo, una cifra que sólo es superada en el histórico de datos por los 607.900 que se contabilizaban hace casi diez años.

Durante el periodo inmediatamente anterior a la crisis, concretamente el segundo trimestre de 2007, la Región alcanzó su máximo de trabajadores, al sobrepasar los 644.000. Sin embargo, la cifra de trabajadores llegó a descender hasta un ‘suelo’ de 504.700, a comienzos del año 2013. Por tanto, desde ese punto la Región ha creado 81.700 nuevos puestos de trabajo.

El número de trabajadores ocupados es ahora un 2,59 por ciento mayor que doce meses atrás, lo que se ha traducido en 14.800 nuevos empleados en ese periodo. Dentro de esta subida, destaca específicamente la registrada en un colectivo con especiales dificultades de acceso al empleo, como son los mayores de 45 años.

Así, la última Encuesta de Población Activa concluye que la Región cuenta ahora con 18.300 ocupados más que hace un año en dicho tramo de edad, lo que significa que son el colectivo más beneficiado por esa creación de empleo. En concreto, la Región ha pasado de los 234.100 ocupados mayores de 45 años que tenía doce meses atrás, a los actuales 252.400. Esta subida es del 7,82 por ciento, superior al aumento medio del conjunto del país (4,54 por ciento).

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, afirmó sobre estos datos que “son muy positivos, nos refuerzan en nuestras medidas y nos dicen que la recuperación del empleo no sólo está produciéndose, sino que además está llegando a colectivos que precisamente venían teniendo más dificultades para disfrutar de una oportunidad en el mercado laboral”.

En la actualidad, la Región cuenta con 319.900 trabajadores con contrato indefinido, lo que hace que su proporción sobre el total de 494.500 asalariados (no se tiene en cuenta a los autónomos) sea hoy superior en cuatro puntos a la que se registraba antes de la crisis económica y de empleo. Si ahora esa proporción es del 65 por ciento, en el cuarto trimestre del año 2007 era del 61 por ciento.

Para Juan Hernández, este dato “pone de manifiesto que los puestos de trabajo que ha traído la recuperación son de mayor calidad y más sólidos que los que se fueron con la crisis. Para continuar por este camino es crucial apoyar la competitividad empresarial, y que no se llegue a la productividad a través de la bajada de salarios, sino manteniendo unos empleos dignos y adecuados”.

De cara a promover la contratación estable, la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a través del SEF, ha presentado recientemente una batería de ayudas a las empresas de la Región con una dotación de 4,6 millones de euros. Se trata de subvenciones disponibles hasta el 1 de octubre para empresas que hagan contratos indefinidos a parados (entre 3.000 y 9.000 euros por contrato), que ofrezcan prácticas a jóvenes desempleados (entre 1.500 y 5.100 euros) o que conviertan contratos formativos en indefinidos (entre 3.000 y 6.000 euros).

Toda la información se encuentra disponible en la sección ‘Ayudas y subvenciones’ de la web sefcarm.es, donde se indican los pasos para completar ‘on line’ las solicitudes mediante la plataforma electrónica de la Comunidad, sede.carm.es. La previsión del Gobierno regional es que se alcance al menos la cifra de mil ayudas.

La Junta aporta una renta indirecta de 9.716 euros a cada andaluz

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido el «efecto redistributivo» de los servicios públicos, ya que permiten reducir la desigualdad en los ingresos de los ciudadanos mediante un ahorro en forma de renta indirecta que, en el caso de Andalucía, ha cifrado en 9.716 euros para una familia media. Así lo ha expresado durante su participación en un desayuno de Europa Press Andalucía en Córdoba para abordar la financiación autonómica, donde ha aludido a estudios de BBVA o del Instituto de Estudios Fiscales que avalan a Andalucía como la comunidad que mejor redistribuye la riqueza, «ya que durante la crisis se ha gobernado para que repercutiera lo menos posible» en la ciudadanía.

No obstante, ha lamentado que sin ingresos Andalucía no puede ejercer sus competencias «o las ejercemos en condiciones tan desiguales que asustan», ya que la aplicación del modelo de financiación han llevado a que, desde su puesta en marcha, la comunidad haya perdido 5.522 millones de euros. «Incluso para las comunidades mejor financiadas, el modelo no llega, no es suficiente», ha denunciado. «Nos faltan 16.000 millones de euros; ésta es la cifra de partida que llevamos al debate nacional», en referencia a los recursos adicionales que han tenido que aportar las comunidades durante 2014.

La consejera ha defendido que «la política y las personas deben ir de la mano» en el debate de la financiación autonómica, para definir «el modelo de sociedad que queremos». Por ello ha apuntado a la necesidad de apostar por una «reformulación a largo plazo y con altura de miras» encaminada a «asentar las bases de una sociedad solidaria, equitativa y justa, que dé cobijo, cabida y sustento a nuestras generaciones y a las venideras».

Montero ha reiterado que el debate es «urgente e inapelable», porque «nos jugamos demasiado en el mantenimiento de los servicios públicos y del Estado de bienestar». En su intervención, la consejera ha lamentado que la crisis no solo ha aumentado la brecha social, que ha derivado en el descontento y las movilizaciones de las últimas semanas en defensa de la igualdad de mujeres y hombres o el futuro de las pensiones, sino que también se han desprestigiado los servicios públicos al dejarlos sin recursos, deslegitimando el Estado de bienestar y la propia democracia.

«Cuando se rompe el acuerdo social, lo primero que se pierde es el concepto de equidad, y se entra en una suerte de supervivencia personal y territorial», ha alertado. Por ello, ha reclamado «responsabilidad y altura de miras» de los partidos políticos, porque «solo acompañando a la ciudadanía en estos debates y devolviéndoles lo que es de justicia y lo que se les ha usurpado con la coartada de la crisis, conseguiremos la reconciliación de las personas y las instituciones, la legitimación de los sistemas democráticos que tanto nos han servido hasta ahora y, sobre todo, una sociedad más justa».

En este sentido, ha criticado la «inacción y abulia» del Gobierno central que todavía no ha presentado una propuesta de modelo de financiación. Frente a ello, ha destacado que Andalucía llegará al debate «con los deberes hechos, con un documento que emana del Parlamento», respaldado por la mayoría de los partidos político. Esta propuesta será la aportación andaluza en la discusión del modelo y en el camino para alcanzar «ese consenso que necesitamos a nivel nacional; un consenso que es posible y deseado». Asimismo, ha insistido en que el debate de la financiación autonómica «no es una pugna de territorios, sino un debate sobre las personas, sus derechos, expectativas y necesidades, porque son las personas las que contribuyen, no los territorios».

La consejera ha denunciado que sin financiación, «sin fondos públicos», las comunidades autónomas no pueden ejercer las competencias que tienen atribuidas, porque «se cae el modelo de bienestar de una sociedad solidaria y equitativa» y también «se desmantela el modelo constitucional del estado de las autonomías». «Las comunidades somos Estado; tan Estado como el Gobierno central o los ayuntamientos; no somos meras prestadoras de servicios», ha enfatizado.

Montero también ha abogado por que el criterio para el reparto de los fondos se adecue a las necesidades reales, de modo que la población ajustada se acerque lo más posible a la población de derecho, mediante la modulación de variables vinculadas a la educación o la protección social, «porque el modelo actual penaliza a Andalucía y deja fuera a 220.000 andaluces que no existen». Asimismo, la propuesta defiende la «nivelación total» para el resto de las competencias no consideradas servicios públicos fundamentales. «Las personas tienen que situarse en el centro de las políticas y deben recibir los mismos servicios residan donde residan», ha subrayado.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que la propuesta andaluza no conlleva incremento de la carga fiscal «y mucho menos con mayores potestades normativas sobre tributos cedidos», lo que llevaría a las comunidades de menos renta a subir los impuestos. Frente a esta «tentación», el modelo que defiende Andalucía es la redistribución de los recursos entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, es decir, «una reasignación teniendo en cuenta las competencias asumidas», incluyendo también el reparto del déficit. En este punto, la consejera también ha defendido una armonización fiscal, que evite desequilibrios entre territorios.

Feminicidio: el corredor de la muerte de las mujeres (4)

Uno de los puntos en los que más dinero se ha invertido desde las Administraciones Públicas y desde las asociaciones de mujeres ha sido el de las campañas mediáticas. Las hemos visto de todos los tipos incidiendo, sobre todo, en el maltrato físico y en la necesidad de que las mujeres denuncien a sus agresores. Sin embargo, no están teniendo un impacto tan grande como el que se pretende dado que las mujeres siguen siendo asesinadas. Es cierto que gracias a estas campañas publicitarias, ya sean en medios de comunicación, ya sean a través de soportes físicos en ciudades o edificios públicos, las mujeres están denunciando más. En 2016 el teléfono contra la violencia machista 016 recibió en el mes de noviembre más llamadas que en todo el 2.015 y eso, en parte, es una buena noticia. Por otro lado, este incremento de denuncias demuestra que el problema está muy lejos de solucionarse.

¿Qué está fallando o qué hace que las campañas tengan una efectividad limitada? En el año 2.000, cuando el problema de las muertes en accidente de tráfico era tan apremiante porque morían en la carretera una media de 111 personas a la semana, la DGT comenzó una serie de campañas publicitarias en las que nos mostraba sin ningún tipo de tamiz la crudeza de un accidente. Esas campañas, junto con otras medidas legales adoptadas por el Gobierno (sobre todo el carnet por puntos), tuvieron un efecto real y produjeron una bajada sostenida de la mortalidad en accidentes de tráfico hasta los 32 muertos de media en 2.015. Tal vez la solución pudiera ser esa: mostrar en televisión la crudeza de un maltrato para que se conciencien tanto mujeres como hombres. Sin embargo, la complejidad de la violencia contra la mujer en el ámbito del hogar es tan grande que eso sólo podría hacer sentirse identificadas a un número concreto de mujeres que aún no han denunciado: las que están sufriendo maltrato físico.

mostrar en televisión la crudeza de un maltrato para que se conciencien tanto mujeres como hombres

No obstante, hay muchos tipos de maltrato, tal y como explicamos anteriormente y realizar una campaña cruda, cruel, casi «gore» no haría que se identificaran como la misma aquellas mujeres que son víctimas de otro tipo de violencia como, por ejemplo, la psicológica. En este caso vemos cómo se están orientando las campañas hacia los más jóvenes y, por tanto, mujeres de otras edades no se identifican con el mensaje.

Por otro lado, se está queriendo enviar un mensaje positivo: «Del maltrato se sale. Denuncia». ¿Cómo se puede intentar positivizar una de las mayores aberraciones del ser humano actual? ¿Cómo se puede querer paliar un problema con un mensaje positivo? ¿Acaso es positivo que se estén violando derechos humanos? Es como la frase que se escucha en muchos entierros: «Ahora está en un lugar mejor».

Clara Serra, de Podemos lo ve así: «Tiene que haber otra manera de hablar en las campañas. Esto de hacer campañas dirigidas solo a las mujeres en que les dices a las mujeres que salir de la violencia está en su mano yo creo que es malo, irresponsable e ineficaz. Es necesario hacer campañas dirigidas a los hombres y al resto de la sociedad. Me parece muy importante hacer campañas en las que se identifiquen todas las mujeres porque si haces una campaña con una mujer llena de moratones hay otras que no se identifican con el mensaje y no llamas la atención, por ejemplo, de una adolescente a la que su novio le controla el móvil que jamás se identificará con una mujer con un ojo morado. Se trata de identificar todas esas situaciones, todas esas condiciones en que se pueden ver muchas mujeres que no se identifican con eso: a mí no me pega, a mí eso no me pasa. Sin embargo, es donde hay que abrir los ojos y mostrar lo que les está pasando. Unas campañas bien orientadas sí que pueden dar resultados a corto plazo. También tiene que haber una campaña orientada a hombres porque el mensaje tiene que ser de hombres dirigiéndose a hombres porque es hacer ver que se trata de una lucha contra el machismo no contra los hombres».

Por su parte, Patricia Reyes, de Ciudadanos, nos dice que «habría que hacer muchas más campañas y muchas específicas hacia los jóvenes. La violencia de género no conoce de edad, está en todos lados. Quizá no se estén haciendo las campañas bien porque deberían centrarse más en el tema de la igualdad».

Las campañas deben orientarse a concienciar y a que un mayor número de mujeres se sientan identificadas con lo que están viendo, oyendo o leyendo. Por ello es necesario que se cuente para realizarlas no sólo con profesionales de la comunicación sino que se debe aportar la mirada de las propias víctimas, de las asociaciones de mujeres y de los profesionales que tratan con las mujeres maltratadas. «Yo veía los anuncios de la televisión y no me decían nada. Yo no era una de esas mujeres que veía llenas de moratones o sangrando por las narices. Cuando comenzaron los golpes fue cuando comencé a sentirme una de ellas pero antes había pasado varios años sufriendo la tortura que me estaba metiendo en la cabeza. En la televisión decían que denunciara, que no pasaba nada, que la llamada no se reflejaba en la factura del teléfono. Pero yo tenía miedo a denunciar y ese miedo sólo se me quitó después de haberlo hecho, después de haber ido al cuartel de la Guardia Civil y de que puse la denuncia. La decisión la tomé yo, no me influyeron los anuncios», nos comenta una víctima.

«Yo veía los anuncios de la televisión y no me decían nada»

Ángeles Álvarez, del PSOE, lo ve así: «Lo que no puede ser es que estemos haciendo campañas de publicidad con el mismo mensaje que hace 15 años porque hace 15 años teníamos que sensibilizar sobre la idea general de lo que era la violencia y después hemos tenido que decir que el Estado tiene recursos. En aquellos años ya se hacían campañas pidiendo a las mujeres que denuncien, pero entonces le decíamos que no se podía pedir a una víctima que haga una denuncia si no hay recursos para protegerla y se pedía desde las asociaciones que ese tipo de campaña no se hiciera. Ahora deberíamos hacer campañas para que las mujeres sean capaces de identificar señales de peligro, sobre todo las dirigidas a los adolescentes. Las campañas tienen que dar un vuelco total. A mí lo que me inquieta y me cabrea es que… si nos lo sabemos todo en materia de violencia, sabemos cómo funcionan, sabemos cómo funciona un violento desde que inicia la relación, cómo va metiendo a la víctima en la relación violenta, cómo es el proceso, cómo inutiliza su capacidad de reacción, entonces, si lo sabemos todo, ¿por qué no somos capaces de hacer campañas que les den las señales de alerta a las víctimas o a los adolescentes que aún no son víctimas?».

Marta González, del Partido Popular, hace mucho hincapié en las campañas orientadas a los jóvenes por el preocupante repunte que hay en personas que ya han crecido en una sociedad que ha ido ganando, muy poco a poco, parcelas de igualdad: «Hubo un tiempo en que pensábamos que la violencia de género era un tema de la sociedad tan machista en la que hemos vivido, una sociedad en que las mujeres estaban destinadas a trabajar en casa, a cuidar a los hijos y a las personas mayores y poco más y sorprendentemente vemos que las generaciones más jóvenes, los menores que están criados y educados en libertad, en una sociedad democrática, en que sus padres y madres trabajan, ocupan todo tipo de puestos, reproducen comportamientos que tendrían que estar completamente erradicados, entonces preocupa muchísimo la violencia de género entre los jóvenes y por eso se están poniendo en marcha iniciativas nuevas, campañas nuevas, apps de teléfono móvil con el objetivo de mandar mensajes de advertencia».

Además es fundamental que las Administraciones Públicas se coordinen para que no deje de haber campañas y para que eso se produzca es prioritario que se destinen recursos económicos para ello porque no se trata de un gasto ni de un coste para el Estado sino que es el cumplimiento del deber de protección que cualquier país tiene hacia su ciudadanía.

 

La dependencia de la víctima hacia su maltratador

Una de las características más comunes de los maltratadores es la de que querer aislar totalmente a la mujer para tener un control absoluto sobre ella y para que ésta dependa en exclusiva de él. Lo que se pretende es que esa dependencia sea de tal calibre que se transforme en un sometimiento total.

Por un lado tenemos la dependencia económica, un modo muy directo por el que el maltratador asume el control y somete a la mujer. En muchas ocasiones el hombre no ha asumido el papel de la mujer en el mercado de trabajo y, por tanto, intenta por todos los medios controlar la economía de la familia. «No me dejaba tener tarjeta de crédito y no tenía acceso a la cuenta del banco. Todas las mañanas me dejaba dinero antes de irse a trabajar para los gastos diarios de la casa. Me obligaba a presentarle los tickets. Yo no trabajaba, no me dejaba. Dependía de él para todo y tenía que pelearle hasta la última peseta si surgía algún gasto extraordinario», afirma una víctima. En otros casos es al revés, el maltratador no le permite tener efectivo y controla todos y cada uno de los gastos que hace la mujer a través de los movimientos de las cuentas bancarias. «Por eso me costaba tanto denunciar. Yo tenía un trabajo en una empresa pero el dinero de la nómina iba a una cuenta que él controlaba. Cada vez que veía en los extractos del banco algún movimiento que no le cuadraba o que había sacado dinero del cajero su respuesta era pegarme o atormentarme con sus sospechas de que ese dinero lo había utilizado para tal o cual cosa cuando, en realidad, lo había utilizado para gastos corrientes. Por mucho que le dijera en lo que me había gastado el dinero, él se inventaba una excusa para pegarme. Una noche me dio un golpe en la cabeza que me dejó inconsciente y cuando desperté me di cuenta de tantas cosas que me escapé de casa con los niños, saqué 600 euros del cajero y le denuncié. Y ahora estoy aquí». Esta víctima tenía suerte porque disponía de un trabajo y tenía acceso a su cuenta del banco a pesar de que fuera el maltratador quien la controlara pero muchas tienen tal dependencia económica que no ven un futuro más allá de la puerta de su casa, no se fían de la protección que el Estado les pueda dar y por eso aguantan o, por el contrario, cuando dan el paso de denunciar se arrepienten y vuelven con él.

«Cuando me pegaba me decía que la culpa era mía porque era una puta asquerosa»

Pero, quizá, la dependencia más peligrosa es la emocional, la psicológica. El maltratador va haciendo un trabajo lento de sometimiento que en muchas ocasiones provoca que la víctima se sienta culpable o que justifique las agresiones. «Cuando me pegaba me decía que la culpa era mía porque era una puta asquerosa. Luego siempre se disculpaba y me decía que había sido un pronto y que no volvería pasar, que él me quería mucho, que no sabía lo que podría hacer sin mí. Yo le creía y pensaba que tenía razón, que era culpa mía. Cuando pasaban unos días sin que me pegara yo pensaba que ya no volvería a pasar, que él me quería mucho y que lo que había hecho era accidental. Pero las palizas volvían y yo me creía otra vez lo que él me decía. Así hasta que me harté». El maltratador intenta minar la autoestima de la víctima con una mezcla de cariño y de humillación, de negación de su propia existencia, dejando claro que ella dependía en exclusiva de él. Si quería cariño, se lo tenía que dar a él. Se han dado casos, incluso, de celos respecto de los hijos.

Esta dependencia, ya sea económica o psicológica, haya o no haya violencia física, suele degenerar en lo que se ha denominado «Síndrome de la Mujer Maltratada», un trastorno psicológico que surge como consecuencia de esa violencia por el cual la mujer se siente totalmente indefensa y paralizada para salir de esa situación. La depresión consiguiente llega a tal punto que la mujer se siente incapaz de actuar de manera independiente y de tomar una decisión tan importante como la de escapar de su maltratador.

Feminicidio: el corredor de la muerte de las mujeres (1)

Feminicidio: el corredor de la muerte de las mujeres (2)

Feminicidio: el corredor de la muerte de las mujeres (3)

De Guindos cambió su criterio respecto del Plan del Popular dos días antes de que Saracho fuera anunciado como presidente

A finales del mes de noviembre de 2.016 las aguas en el Consejo de Administración del Banco Popular bajaban muy revueltas por la rebelión orquestada por Antonio del Valle y Reyes Calderón contra Ángel Ron, unos movimientos que iban acompañados de una cruenta campaña mediática. Los movimientos de deslealtad eran constantes y en esas fechas Ron ya estaba sopesando abandonar el cargo si con su renuncia lograba que la presión sobre la entidad se redujera y se pudiera aplicar sin ningún tipo de incidencia el Plan de Negocio que, en teoría, había recibido todas las bendiciones de los organismos dependientes del Ministerio de Economía, del Banco Central Europeo y del propio ministro Luis de Guindos.

En Diario16 ya expusimos la semana pasada las principales características de dicho Plan y cómo Antonio del Valle y Emilio Saracho lo paralizaron porque su aplicación hubiera sido un obstáculo insalvable para que sus objetivos se cumplieran, cada cual el suyo: el del mexicano hacerse con el control de la entidad para realizar una gran operación corporativa que le permitiera, tanto a él como a los inversores del Club Financiero de Monterrey a los que representaba, entrar en el mercado financiero de la Unión Europea.

Del Valle pensaba que Saracho era su hombre, sin embargo, tal y como ya conocen nuestros lectores, el presidente del Banco Popular era el hombre de Ana Patricia Botín y del Santander y, una vez que fue proclamado presidente del Popular por la Junta de Accionistas, se vio que no trabajaba para Del Valle y su grupo de consejeros sino para el Santander. De ahí el contrato que firmó con Uría y Menéndez cuando aún no tenía poderes para hacerlo y poner en marcha el Proyecto Noya que finalizaría con el «Día R», es decir, el día en que el Popular fuera intervenido y comprado por el Santander sin ningún coste y, de este modo, aprovecharse de todos los recursos que tenía la sexta entidad de España para arreglar sus maltrechas cuentas y poder cumplir, entre otras cosas, con los TLAC que mantuviese al banco cántabro como Banco Sistémico Global.

Sin embargo, volvamos a esos meses finales de 2.016, cuando se acababa de implementar con éxito la ampliación de capital, cuando se estaba aplicando un ERE de 3.500 empleos sin ningún tipo de problema con los trabajadores, al contrario que el aplicado por el Santander en el Popular. Los siguientes pasos del Plan de Negocio había que ponerlos en marcha cuanto antes y, a pesar de la presión que ya estaban ejerciendo Antonio del Valle y Antonio Calderón, el Director de Asesoría Institucional y Vicesecretario del Consejo de Administración, don José Heraclio Peña Pérez, escribió un correo electrónico a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el día 19 de octubre que decía lo siguiente:

La operación a la que se refería Peña Pérez eran los proyectos Sunrise y Tauro que hubieran permitido captar tanto capital como liquidez, además de reducir el peso de las provisiones de los activos inmobiliarios del Popular.

El día 21 de noviembre, un mes después, el mismo José Heraclio Peña Pérez envió un correo electrónico a Miguel Ángel Moral, secretario general técnico y a Francisco Aparicio Valls, secretario del Consejo, en el que afirmaba que:

Mientras se estaba ejecutando la operación de Antonio del Valle para hacerse con el control del Popular, sus directivos y ejecutivos estaban haciendo su trabajo en espera de la autorización para ejecutar Sunrise y Tauro.  Esta respuesta de Peña Pérez determina que en el Banco de España y en el Ministerio de Economía a través de la oficina de Alberto Martín del Campo, subdirector general de Legislación y Política Financiera en la Secretaría General del Tesoro, se estaba estudiando muy seriamente la operación del Popular, un hecho que se demostró una semana después, tal y como se pudo comprobar en el siguiente correo:

Sin embargo, algo cambió una semana después, ya que, lo que en principio no necesitaba autorización por parte del Ministerio de Economía, del Tesoro o del Banco de España, el día 5 de diciembre sí que era necesaria, ya que José Heraclio recibió un correo por parte de la Secretaria General del Tesoro en la que se indicaba que sí que debía ser autorizada por Economía, tal y como el propio director de Asesoría Institucional transmitió en el siguiente correo electrónico:

¿Qué hizo cambiar de opinión al Ministerio de Economía? Después de haber estudiado la solicitud del Popular durante un mes y medio y llegar a la conclusión de que no necesitaba una autorización concreta, ¿por qué cambiaron de criterio? En esos días hubo un acontecimiento que lo explicaría: el anuncio del nombramiento de Emilio Saracho como presidente del Banco Popular tras la renuncia de Ángel Ron. Una vez que el Santander había logrado colocar a su hombre en el puesto clave la operación real, no la de Antonio del Valle, comenzaba a funcionar y no se podía permitir que el Popular tomara aire. Ya se habían iniciado los ataques bajistas a través de los movimientos propiciados por el mexicano y a partir del día 1 de diciembre se comenzó a atacar al Popular desde fuera —los mercados— y desde dentro —la liquidez y la solvencia.