jueves, 30 abril, 2026

La Región de Murcia expone en Europa su protocolo de inserción a mujeres maltratadas en paro

La Consejería de Empleo ha expuesto en Trento (Italia) el protocolo coordinado de la Comunidad para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género en desempleo, a petición del Fondo Social Europeo. El objetivo era detallar esta iniciativa a otros servicios de empleo europeos, como ejemplo de buenas prácticas en beneficio de la mujer.

La presentación tuvo lugar durante la conferencia denominada ‘Empleo femenino y equilibrio de la vida laboral’, que abordó aspectos como la desigualdad de sexos en el trabajo, la brecha de género, la necesidad de armonizar el trabajo y la vida familiar o la importancia de que la creación de empleo en Europa repercuta de una manera más intensa en la mujer. Junto con el programa de la Comunidad, también fueron expuestos otros dos de Bélgica y Lituania, centrados igualmente en dinamizar el empleo femenino.

Fueron las responsables de coordinar este protocolo desde el SEF quienes llevaron a cabo la exposición, que hizo hincapié en una medida específica para conseguir un equilibrio entre la vida personal y laboral de estas mujeres víctimas de maltratos: las becas de conciliación mientras participan en cursos de formación que les ayudan a acercarse al mercado de trabajo.

El director general del SEF, Alejandro Zamora, destacó que “esta iniciativa ya fue distinguida el año pasado por la Comisión Europea con el premio Regiostars a la mejor medida destinada a la mujer, y los responsables europeos siguen interesados en que pormenoricemos su funcionamiento al resto de países, de cara a que pueda ser reproducida”.

Durante la intervención se recordaron las principales cifras que arroja este protocolo coordinado con la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades. Así, un total de 454 mujeres víctimas de violencia de género que se encontraban en paro lograron ser contratadas en 2017 tras su paso por el protocolo, y la cifra total de mujeres contratadas desde que en 2011 éste se puso en marcha asciende a 2.453.

Dado que el número acumulado de mujeres orientadas en esos siete años asciende a 3.959, el porcentaje de contrataciones totales se ha incrementado para situarse ahora en el 62 por ciento, frente al 57 por ciento que se registraba a la conclusión del año 2016.

Derivación al protocolo desde los CAVI

La red de Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) ofrece atención de forma integral y continuada a las mujeres víctimas de violencia de género en la Región, y es ya en esa fase donde se propone a aquellas mujeres que estén desempleadas la posibilidad de ser atendidas por un orientador del SEF para el diseño de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral.

La atención en una oficina de Empleo proporciona a estas mujeres una información útil y actualizada de las convocatorias de ayudas, becas, subvenciones, ofertas formativas y otras acciones de su interés. Además, el orientador examina la situación profesional de cada mujer, para conocer su cualificación y sus necesidades formativas. Con esta información se planifica su itinerario de inserción y, si es necesario, un programa formativo específico que permita cualificarla para desarrollar una profesión.

Conesa: Tenemos un gobierno que no se ha tomado en serio los pactos de país sobre las pensiones

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha lamentado que “desgraciadamente”, el Gobierno de España no se haya tomado en serio los acuerdos de país sobre pensiones, ya que rompió de forma unilateral el pacto de Toledo. “Un país serio debe tomarse las pensiones en serio”.
“Si seguimos en esa dinámica, vamos a romper el pacto entre generaciones, y eso no se puede permitir”, ha asegurado Conesa en la manifestación por unas pensiones dignas, a la que ha asistido acompañado de otros miembros de la Ejecutiva Regional, alcaldes y alcaldesas socialistas, y portavoces municipales.
El líder socialista ha recordado que son miles y miles de hombres y mujeres de la Región de Murcia que han cotizado, “especialmente del régimen especial agrario”, que apenas cobran poco más de 600 euros, que han sostenido familias, y que lo que piden a sus dirigentes, a sus políticos y a su país es dignidad. “Y por dignidad, estamos hoy aquí acompañando a todos los pensionistas”.
En su opinión, lo primero que hay que hacer es poner las pensiones en su justa medida. “Recuerdo cuando, en el peor momento de la crisis, Zapatero congeló las pensiones más altas, pero nunca se le ocurrió congelar las más bajas. Y los pensionistas siempre ganaron poder adquisitivo”.
“No se puede, por dignidad, mandar una carta a los pensionistas de este país diciendo que se va a subir la pensión 1 euro, porque piensan que se han gastado más dinero en la carta, que en la subida”, ha comentado.
Según Diego Conesa, es necesario y urgente subir las pensiones mínimas y adecuarlas, como mínimo, a la subida de la cesta de la compra, “pero no solo para un año, que es lo que quiere Rajoy”.
“Este país debe hacer el esfuerzo generacional para llegar ahí. Y para ello, indudablemente, lo que tiene que subir hoy es la cotización a la Seguridad Social, y eso se hace con unos sueldos más dignos”, ha concluido.

La Junta de Andalucía abona sus facturas 17 días antes que Montoro

La Junta abona sus facturas 17,2 días antes que la Administración central. Así lo ha indicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en comisión parlamentaria donde ha destacado que Andalucía ha vuelto a ser en diciembre la comunidad autónoma de régimen común que paga antes a sus proveedores.

En referencia a los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la consejera ha subrayado que el Periodo Medio de Pagos (PMP) de Andalucía se sitúa también por debajo de la media regional, casi 15 días menos (14,8). Concretamente, la Junta está pagando casi 10 días (9,47) antes que Madrid, 21 días (21,36) antes que Cataluña y 17 días (17,2) antes que la Administración central de M. Rajoy y Cristóbal Montoro.

La consejera ha destacado el «esfuerzo importantísimo» de la Junta en materia de reducción del tiempo medio de pago a proveedores, subrayando que se trata de un esfuerzo que «redunda en el conjunto de España», ya que los datos de la comunidad se recogen de forma agregada con los obtenidos por el resto de las administraciones públicas.

Montero también ha señalado que la Junta de Andalucía ha comenzado el ejercicio 2018 efectuando sus pagos antes de que transcurran 30 días desde que se recibe la factura, plazo a partir del cual empezaría a contar el Periodo Medio de Pagos (PMP). Concretamente, en el mes de enero las facturas se abonaron en un promedio de 2,04 días antes del PMP, es decir, 32 días por debajo del plazo máximo legal y 29 días antes del dato registrado por la Administración central.

En los últimos dos años, la Junta acumula una reducción de 40 días (40,58) en el PMP y se ha mantenido siempre por debajo de la media de las comunidades, cumpliendo de manera holgada la normativa de morosidad que marca como límite máximo 30 días para el pago a proveedores. Montero ha señalado que en 2017 Andalucía se ha situado durante un total de 6 meses como la comunidad de régimen común que pagó antes a sus proveedores y durante 4 meses se ha mantenido por debajo del PMP, pagando antes de que transcurran los 30 días de plazo legal.

Asimismo ha indicado que Andalucía es también la comunidad que abona antes las facturas del sector sanitario y paga 17,24 días antes incluso de que comience a contar el PMP. La media regional en este ámbito es de 13,80 días, lo que significa que la Junta paga 30 días antes (31,04) que el promedio de las comunidades. En este ámbito, el PMP de Andalucía es el más bajo de España, incluyendo a las comunidades forales.

Durante su intervención, se ha referido a la «intensa labor de reordenación y mejora» llevada a cabo por su departamento en el área de la Tesorería «para dotarnos de un modelo más moderno y ágil, que avanza en la eficacia en los pagos y en la eficiencia en la gestión de los recursos».

En el mismo sentido, ha apuntado a «novedades de calado» introducidas en los últimos meses, como la puesta en servicio de censo único de obligaciones, la generalización de la factura electrónica o la aprobación del decreto de garantía de tiempos de pago que reduce a 20 días, en lugar de los 30 previstos, el plazo para abonar las facturas vinculadas a la prestación de servicios públicos fundamentales, mecanismo que no ha sido necesario activar hasta la fecha.

El ladrillazo de Amat en Las Salinas llega al Congreso de la mano de Podemos

El problema, que se viene denunciando en estas mismas páginas, que Gabriel Amat, en su mirada urbanística de Roquetas de Mar, puede generar en Las Salinas de San Rafael de Roquetas de Mar, ha topado con la acción de Podemos. La diputada de la formación morada, Isabel Franco, ha presentado tres preguntas relativas al entorno natural de las Salinas para su respuesta por parte del gobierno.

Estas preguntas surgen de la reunión mantenida en Roquetas, el pasado mes de febrero, por parte de la diputada con la Plataforma Salvemos las Salinas, donde le expusieron el macroproyecto urbanístico consistente en 8.000 viviendas, con torres de hasta 28 plantas aprobado por el ayuntamiento roquetero con los votos del partido popular y la tránsfuga del PSOE, María José López Carmona. En este sentido, a la diputada le resulta «inconcebible que Gabriel Amat vuelva a apostar por la especulación urbanística en un municipio con miles de viviendas vacías y contra el patrimonio histórico, medioambiental y cultural de Roquetas».

El movimiento asociativo roquetero ve cómo Podemos lleva al Congreso de los Diputados sus reivindicaciones. “Frente al actual proyecto de destruir las Salinas y ahogar a la Ribera de la Algaida, el conjunto de asociaciones coincidimos en la necesidad de un proyecto alternativo para esta zona, que proteja sus valores naturales e históricos” expresaron los colectivos levantados contra el alcalde. Unos vecinos y vecinas que entienden que Las Salinas deberían ser el pulmón verde de la ciudad, así como una especie de museo al aire libre, nunca un hormiguero de seres humanos en distintas formas de urbanización.

La primera de ellas interpela al gobierno si ha realizado alguna actuación para iniciar de nuevo el deslinde del tramo de costa de las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida, paralizado en 2010 por la audiencia nacional al dictarse el expediente fuera de plazo. Las otras dos cuestiones preguntan al gobierno sobre su conocimiento del mal estado de conservación del tramo de costas correspondiente a las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida, así como si tiene previsto el gobierno realizar labores de limpieza y restauración de la vía pecuaria del mismo.

En la misma línea, la diputada andaluza de Podemos, Lucía Ayala, presentó el pasado mes de febrero en la Comisión de Cultura del Parlamento Andaluz, una proposición no de ley instando a declarar las Salinas de San Rafael como BIC. Proposición que fue rechazada con los votos en contra de PSOE y PP y que, como la misma Ayala afirmó, espera que “el PSOE reflexione y apueste por la protección de las Salinas, y no por apoyar los negocios de Amat y el PP, basados en el fallido modelo del ladrillo”.

Una modificación urbanística donde el propio alcalde roquetero, Gabriel Amat, tiene intereses familiares, como se denunció en Diario 16. Familiares del alcalde, quien presuntamente controla también sociedades mediante testaferros según los informes policiales del caso Amat, poseen cerca de 700.000 metros cuadrados en la zona y, además, se encuentran vinculados empresarialmente a las empresas constructoras de la zona. Además, hay que contar con los intereses empresariales del Banco de Santander, a través de la “incautada” Aliseda Inmobiliaria del Banco Popular, de Colonial u otras empresas y bancos. Mucho dinero en juego y muchos intereses personales que proteger.

Feminicidio: el corredor de la muerte de las mujeres (3)

La violencia contra las mujeres constituye una flagrante transgresión de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; del derecho a no ser sometidas a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección ante la ley; del derecho a circular libremente; de la libertad de reunión y expresión; del derecho a la identidad por su sometimiento al hombre y a la distorsión como ser humano; del derecho al afecto, ya que la violencia es la antítesis a éste; del derecho de protección, tanto por parte de los Estados como de la propia sociedad al invisibilizar el problema; del derecho al desarrollo personal; del derecho a la salud. La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que los derechos humanos de las mujeres no se limitan sólo actos cometidos o amparados por los gobiernos sino que éstos tienen responsabilidad social y política por los cometidos por terceros si no se han tomado las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia. De acuerdo con este criterio el Estado pasaría a ser cómplice de los hechos cuando no ofrece a las mujeres la protección necesaria frente a la violación de sus derechos, así como por actuar en forma discriminatoria al no prevenir y castigar los actos de violencia de género, negando a las mujeres la protección de la ley en condiciones de igualdad. De igual manera, la incapacidad del Estado para poner fin a las condiciones sociales, económicas y culturales que hacen vulnerables a las mujeres ante la violencia de género determina que sea responsable de ésta, puesto que debe contribuir activamente a erradicar las injusticias y desigualdades que se manifiestan en las relaciones de género.

 

El perfil del maltratador

Hablemos de los criminales. No hay un perfil genérico del maltratador. No se puede generalizar sobre si todos son alcohólicos, con baja cualificación académica, con bajos ingresos económicos, perteneciente a tal o cual religión o etnia, o si son enfermos mentales. Lo que sí les une es una cosa: el machismo, el estar convencidos de la superioridad del hombre sobre la mujer. Una de las características que también es común es la baja autoestima o la falta de seguridad en sí mismos, lo que se transforma en agresividad. Esa baja autoestima también repercute en comportamientos impulsivos y en una inestabilidad emocional que deriva en violencia. De la falta de seguridad se desprenden los celos y los comportamientos posesivos asociados a su mentalidad machista: vigilancia de sus parejas/esposas, seguimiento continuado, interrogatorios tanto a ellas como a los hijos o el control constante a través de llamadas telefónicas para comprobar que la mujer está en casa o en el lugar donde el maltratador cree que tiene que estar. «Nunca me dejó tener teléfono móvil. Me seguía incluso cuando tendría que estar currando y en más de una ocasión en que estaba hablando con un vecino o con algún conocido aparecía él con esa cara de sorpresa como queriendo decir “¡Qué casualidad!” Cuando eso pasaba sabía que en cuanto llegara a casa habría discusión o algo más. Controlaba todo lo que hacía y como yo lo sabía tenía el miedo de hacer cualquier cosa o de hablar con cualquiera que se saliera de lo normal». Pero también son en exceso manipuladores tanto respecto a la mujer como al exterior. De esto nos habla una víctima: «Fuera de casa era un defensor de la libertad de la mujer y de la igualdad pero en cuanto pasaba la puerta de casa se transformaba en un ser intolerante con cualquier cosa que yo quisiera hacer sin él». Esa manipulación también la aplican al exterior porque, en multitud de ocasiones, la gente ve al maltratador como la persona más normal del mundo y es a la víctima a la que ven como una mujer nerviosa o desequilibrada. Este hecho se traduce, en ocasiones, en que en el momento en que se pone una denuncia se llegue a creer más al maltratador que a su víctima. La baja autoestima también es la causa del uso de la violencia como un modo de autoafirmación de su autoridad.

¿Hay más maltratadores ahora que hace 20 o 30 años? Posiblemente no, lo que ocurre es que a medida que el número de hombres que cree firmemente en la igualdad de género crece, se produce una reacción por parte de aquéllos como fórmula de reafirmación de unos valores que están en decadencia por mucho que nos parezca que no. Sin embargo, aunque cada vez sean menos, son todavía demasiados y esa reacción suele terminar con la violencia y el asesinato de mujeres inocentes. De ahí que intenten minar la lucha por la igualdad o contra los feminicidios con bulos como las denuncias falsas o que la violencia de género se produce también de la mujer contra el hombre. Hay que recordar que la violencia de la mujer hacia el hombre sólo supone el 1% del total del problema y que, según datos judiciales, las denuncias falsas sólo suponen un 0,01% del total.

Esta reacción machista se reafirma con los comentarios de ciertos líderes religiosos con todo el peso moral que pueden tener sus palabras. No nos referimos sólo a ciertos obispos católicos sino también a las iglesias evangélicas, a los ortodoxos judíos o a ciertos imanes. Todos ellos hacen una interpretación de sus religiones en las que la mujer no es más que un apéndice del hombre y, como tal, deben estar sometidas a él. Y esto no ayuda.

Podemos pide ordenar las prioridades en las balsas mineras de Mazarrón

El diputado regional de Podemos Andrés Pedreño ha explicado que realizar un orden jerárquico en las medidas debe tener como base los riesgos sobre la salud pública. Esta jerarquización debe estar dentro de un plan urgente de intervención en la zona de los suelos contaminados del Cerro de San Cristóbal que también incluya la restauración medioambiental y de integración paisajística en esta zona.

Según Pedreño, el gobierno del PP vuelve a mostrar “ausencia de planificación y la improvisación, puesto que se ha empezado por una balsa minera, la San Cristóbal, en Mazarrón, que no es de las más urgentes. Y además se está haciendo sin que haya un proyecto técnico solvente y consensuado con la población”.

Podemos demanda establecer una jerarquía de prioridades de acción para descontaminar aquellos emplazamientos mineros más cercanos al núcleo urbano de Mazarrón, “que se está viendo afectado por la inmisión de estos residuos tóxicos y peligrosos provistos de una altísima concentración de metales pesados”.

Este Plan debe definir todas las acciones y medidas necesarias para alcanzar la correcta restauración ambiental, así como valoración económica, calendario de implantación y definición de los ámbitos competenciales de todos los agentes u organismos afectados.

Cristina Navarro, del Círculo Podemos en Mazarrón, ha querido dejar claro que, ante el conflicto vecinal que se ha dado en el pueblo, Podemos pide medidas de integración en el paisaje por lo que habrá que tener en cuenta “que no se podrá descontextualizar de los elementos que conforman el patrimonio histórico minero en el ámbito del Bien de Interés Cultural del Cerro San Cristóbal y Los Perules tratando de recrear los espacios intervenidos”.

Andrés Pedreño ha recordado que las balsas mineras en el cerro de Mazarrón podrían estar “envenenando a la población y de ahí que sea prioritario aplicar medidas para garantizar la salud pública. La Consejería de Salud, a Medio Ambiente y A Educación que extienda las medidas protectoras a la población por contaminación por metales pesados a Mazarrón”.

El diputado regional de Podemos, además, ha hecho hincapié en que es prioritario que se adopten medidas cautelares en los centros escolares como el de La Cañadica y el IES Felipe II así como en las zonas de recreo y juego infantil situadas a escasos metros de las inmediaciones de los antiguos depósitos de residuos tóxicos y peligrosos provenientes de la minería metálica de sulfuros y de los suelos potencialmente contaminados por éstos.

Por último, Podemos exige abrir espacios a la participación social en la salud comunitaria de las poblaciones de Mazarrón, incluyendo el funcionamiento de los consejos de salud de área y de zona, para el diseño de medidas de prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria.

Nuevas fórmulas para el manejo del paciente con trastorno mental grave

El trastorno mental grave engloba varias patologías psiquiátricas que afectan seriamente a la integración social y personal del paciente, en algunos casos con problemas de exclusión social. El departamento Valencia-Hospital General creó 2016 un grupo de trabajo con representación de todos los recursos que forman la red para este tipo de paciente con el objetivo de diseñar un circuito de atención coordinada y prioritaria.

Según Juan Pretel, jefe del servicio de Psiquiatría, «la red es una herramienta dentro del programa de trastorno mental grave de nuestro departamento de salud. Sirve para, mediante la coordinación de los recursos socio-sanitarios existentes, encontrar el recurso disponible más adecuado para este tipo de paciente y agilizar su derivación al mismo».

En esta red se coordinan los recursos que tienen un componente sanitario o social y, al mismo tiempo, los propios pacientes también están representados a través de las asociaciones. De este modo, se han estado manteniendo reuniones periódicas para atender en las mejores condiciones y con la mayor coordinación a estos pacientes y se ha potenciado la participación y colaboración con las asociaciones de enfermos mentales establecidas en el departamento.

Esto ha permitido conocer mejor los recursos existentes y las formas de acceder a estos dispositivos con mayor fluidez. «Por ejemplo, si un paciente está en un centro residencial, pero vemos que es más autónomo, podríamos buscarle un piso tutelado, de forma que pudiera salir de uno y entrar en otro, minimizando el tiempo», añade Pretel.

Para estar en el programa de trastorno mental grave no solo hay que padecer esta enfermedad, sino también otros requisitos de cronicidad y riesgo de exclusión social. «En el programa están incluidos más de 400 pacientes. De ellos, 230 son atendidos por nuestros centros de salud mental porque pertenecen a nuestro departamento de salud y los otros 200 porque están en centros de enfermos mentales ubicados en nuestra área. Así pues, durante el periodo en el que viven en esos centros, aunque pertenezcan a otros departamentos de salud, también los atendemos», ha explicado Pretel.

En el último año y medio unos 100 pacientes de estos 230 han utilizado algún recurso de los que están incluidos en la red, beneficiándose de esta mejora asistencial y de la mejor coordinación y comunicación que proporciona. Los pacientes, además de ir a esos recursos, son atendidos coordinadamente por los centros de salud mental y se trabaja con las familias, de forma que sirven de descarga al cuidador y mejoran la situación global del paciente y de su entorno. Este programa incluye un Plan de Atención Integral (PAI) y el seguimiento y gestión de casos por el equipo multidisciplinar de los centros de salud mental.

Y ahora quién restituye el honor a la ex-alcaldesa del PSOE de Gérgal

Se espera que el actual alcalde de Gérgal, Miguel Guijarro Parra, tenga la valentía de pedir disculpas a la anterior regidora del PSOE por haberla dicho de todo y haber puesto en duda su honor con acusaciones de corrupción. No lo hará porque es de la escuela de Gabriel Amat donde todos los demás son culpables de todos los males posibles, menos las personas del PP, pero sí que estaría bien que dejara de gastar el dinero público para sus batallas políticas personales.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha absuelto definitivamente a la representante socialista tras el recurso de apelación presentado por el alcalde del PP frente a la sentencia de primera instancia en la que ya se absolvió a Leonor Membrive de los mismos delitos en sentencia in voce. Por este motivo, el PSOE ha mostrado su satisfacción tras conocer la sentencia de la que confirma el fallo absolutorio del juzgado de lo Penal número 4 de Almería, de septiembre de 2017, de la ex-alcaldesa socialista y secretaria general del PSOE de esta localidad por la compra de un solar para construir un centro social municipal.

Para los socialistas de Gérgal queda, pues, probado que Membrive cumplió escrupulosamente con la legalidad vigente en la operación de compra de un solar situado en la pedanía de las Aneas para la posterior construcción de un centro social para esta pedanía. La acusación, el Partido Popular, sostenía que en la compra de dicho solar se había favorecido al sobrino del difunto esposo de la ex-alcaldesa, pero la sentencia ratificada ahora por la Audiencia Provincial deja claro que nunca hubo trato de favor y que la socialista actuó en todo momento dentro del ámbito legal y respetando todos los procedimientos administrativos para llevar a cabo las obras.

La sentencia supone “un segundo varapalo para el actual alcalde de Gérgal en su empeño de inhabilitar y llevar a prisión a la entonces alcaldesa” por lo que el PSOE de Gérgal le insta a “excusarse públicamente” por haber tratado de “ensuciar el buen nombre y buen hacer de la dirigente socialista”. “La actitud oscura que ha mantenido Manuel Guijarro frente a la persona de la socialista y su empeño en derribar su honor no ha encontrado respaldo judicial, por lo que debe pedir perdón a Leonor Membrive, en particular y a los socialistas en general”, argumentan desde el PSOE de Gérgal.

La sentencia, por tanto, viene a “restituir el honor” de la que fuera alcaldesa de Gérgal y “apuntala su gestión al frente del Consistorio gergaleño” han destacado los socialistas y recuerdan que la marcha atrás de las obras tras la denuncia interpuesta por el PP supuso que el Ayuntamiento tuviera que devolver en torno a 40.000 euros por no ejecutarla -intereses incluidos- por lo que hacen “único responsable” de esto al actual alcalde. Los socialistas preguntan a Manuel Guijarro si ha pensado “cómo va a reparar el daño a los vecinos y vecinas de las Aneas por impedir la construcción de su salón social” y si, al mismo tiempo, el alcalde o su partido “piensan restituir todos los euros pagados en concepto de intereses y que se han tenido que devolver por su capricho personal y por la no ejecución de las obras”.

Ximo Puig: “Las Fallas sirven para la convivencia”

Algunas personas aún siguen torciendo el gesto por la excusa de Ximo Puig para no acudir a la Escuela de Buen Gobierno, que está resultando un fracaso, al decir que está de Fallas. Para quien no conozca el significado de estas fiestas, desde luego no acudir a rendir pleitesía al sumo hacedor del socialismo actual es una excusa, pero para las valencianas y valencianos es un deber y un honor participar en unas fiestas que, como ha manifestado Puig, “sirven para la convivencia”.

El president de la Generalitat ha destacado el valor de las Fallas como elemento que une la Comunitat Valenciana con su presencia «de norte a sur». Durante su visita a las Fallas de Utiel, ha destacado que «tienen unas raíces muy profundas, de las fallas más antiguas de la Comunitat, y también una gran voluntad de seguir adelante». También ha querido dejar constancia de la importancia de las fallas de Utiel como punto de encuentro de personas que vienen de fuera de la Comunitat Valenciana y que, a través de la puerta de Utiel, conocen la realidad fallera valenciana.

Premios President y Generalitat a las mejores fallas y artistas falleros.

La Generalitat reconoce de nuevo este año con galardones propios las mejores fallas de la Comunitat Valenciana, así como el trabajo del artista de la falla ganadora de la Sección Especial de las fallas de la ciudad de Valencia. El objetivo de estos premios, que se otorgarán este sábado en el Palau de la Generalitat, es recompensar la tarea que las comisiones y asociaciones falleras realizan año tras año, así como potenciar una de las fiestas que mejor representan la cultura y las tradiciones del pueblo valenciano y, a la vez, su apuesta por la modernidad.

Como recientemente ha señalado la Unesco al declarar las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, las Fallas son una expresión de creatividad colectiva que salvaguardan las artes y los oficios tradicionales y propician la comunicación y el diálogo entre la ciudadanía, y la Generalitat así lo quiere reconocer con los nuevos premios. El año pasado se crearon diferentes tipos de galardones. Por un lado, el premio President se concede a la falla ganadora de la Sección Especial de la ciudad de València o, si es el caso, de alguno de los municipios adheridos a la Junta Central Fallera. La decisión se basa en el acuerdo que adopte este organismo fallero.

Por su parte, los premios Generalitat constan de cuatro categorías diferentes. La primera de ellas premiará al artista responsable del monumento ganador de la Sección Especial de Valencia o de municipios adheridos, también según el acuerdo que adopte la Junta Central Fallera. La segunda se ha concebido para recompensar a la falla ganadora de cada sección de la ciudad de València y municipios adheridos (excepto Sección Especial), según acuerdo de la Junta Central Fallera. Y las otras dos reconocen a las fallas ganadoras de los municipios de la Comunitat (no adheridos a la Junta Central Fallera) con más de 20.000 habitantes y con menos de 20.000 habitantes, respectivamente. Para este año, se ha previsto una dotación máxima por importe de 120.000 euros.

Tal y como establece el decreto de creación de los premios, se prevé que la comisión ganadora de la Mejor Falla Sección Especial, galardonada con el premio President, reciba 5.000 euros. Por su parte, los premios Generalitat destinarán otros 5.000 euros al artista fallero responsable de ese mismo monumento, mientras que las comisiones y asociaciones falleras reconocidas en la categoría Mejor Falla por Secciones serán premiadas con 1.000 euros cada una.

Los Premios Generalitat a las fallas ganadoras o fallas únicas en municipios de la Comunitat Valenciana de más de 20.000 habitantes están dotados individualmente con 1.000 euros, mientras que los Premios Generalitat a las mejores fallas o fallas únicas en municipios de la Comunitat de menos de 20.000 habitantes tienen una dotación individual de 500 euros.

En su cuñadismo Albert Rivera ahora roba el discurso de Podemos

Desde luego en España, salvo el presidente del gobierno, no hay político que tenga más desfachatez que Albert Rivera. Al cuñadismo ideológico, que es marca de la casa desde su acceso al Parlamento, ahora se le añade el populismo sistémico y la demagogia más descarada. No sólo intentan estar a todas las tajadas, como les pasó con las manifestaciones de las mujeres (de las que salieron escaldados) o con la prisión permanente revisable (que la querían derogar también hace dos meses escasos), sino que en su afán de servir a su verdadero amo, el establishment, intentan quitarle el discurso a Podemos. Sí, como lo leen, ya se atreven hasta con el discurso de Podemos, ese mismo que decían que era populismo, que era bolivarismo, que era comunismo, que era el mal en sí mismo. Pues ahora, Rivera, en un juego de travestismo político, utiliza el concepto de patria de Podemos.

Ha sido durante su visita a las Fallas, como no podía ser de otro modo, Rivera tiene que estar en todas las fiestas populares que le pueda dar un voto más, cuando el dirigente naranja ha manifestado que “la verdadera España es la de los médicos, los profesores, los policías, y no la de Puigdemont, el 3 per por ciento o la Caja B”. Lo mismo que viene diciendo Pablo Iglesias desde que se constituyó Podemos. Tan sólo hace unos días, durante la presentación del libro España. Un proyecto de liberación hablaba Iglesias de la patria constituida por esas personas que van todos los días a trabajar, por los obreros, las teleoperadoras, los camareros, las administrativas, los pensionistas, etcétera. Pues bien, ahora Rivera también dice que la patria, España, es de las personas que ejercen profesiones. Y si Iglesias hablaba de no dejar la patria en manos de los sinvergüenzas, Rivera habla de Puigdemont, el PP o Pujol. Es más fino el chico, y más ahora que las encuestas le dicen que igual hasta sería presidente, pero sus sinvergüenzas también están.

Pura demagogia y populismo sistémico el utilizado por Rivera. Ha visto que lo que dice Iglesias sirve como significante para muchas personas y él se lanza también a utilizarlo, pero a su manera y bajo la máxima de no atacar a la coalición dominante que es la que le ha puesto donde está y la que le marca el rumbo. Por eso, se nota en su estilo y discurso el componente de clase. Aunque quiera ser transversal, le puede la clase social a la que representa y la demagogia electoral. Por eso habla de médicos y profesores (estrato ilustrado) y no de personas con profesiones sudorosas o de menos estudios. Es transversal pero no tanto como para mezclarse con los de abajo. Y no piensen que hay exageración en el análisis, el discurso suele transmitir esos condicionamientos de clase y de diferenciación social porque hay una transmisión inconsciente al final. Es un lenguaje clasista. Eso sí, mete a la policía porque ahora están con el tema de la equiparación salarial. Además, si llega a presidente igual necesita de las fuerzas de seguridad.

Una vez más Ciudadanos ejerce de campeón de la demagogia acusando de demagógicos a los demás, lo que no deja de ser paradójico. Mentira tras mentira, farsa tras farsa, robo tras robo, se construye un discurso transversal que oculta las verdaderas intenciones del partido naranja, sacar todo el jugo que se pueda al Estado en beneficio del establishment. Y no sólo del español, sino del internacional. ¿Les han escuchado hablar alguna vez contra EEUU? ¿O contra Israel? ¿O contra Merkel? Son europeístas del Imperio capitalista. Son españoles de bandera en la muñeca pero saqueo de los bienes públicos en favor de quienes les han puesto donde están. Son la nueva arma ejecutora de la ciudadanía española y por eso no dudan en robar ideas a unos y otros con tal de concentrar el mayor consenso posible en su partido (algo lógico en dinámica electoral), pero escondiendo su verdadera agenda oculta: gobernar en favor del establishment. Eso sí, transversalidad, cuñadismo y populismo sistémico pero con títulitis y no acercándose mucho a las personas que sudan.