miércoles, 29 abril, 2026

Menor de 15 años prostituyéndose en Murcia

La Policía Local de Murcia ha detectado a una menor de 15 años de edad ejerciendo la prostitución en la avenida Miguel de Cervantes, frente a un supermercado, según fuentes del citado Cuerpo.

El suceso tuvo lugar a la 1.40 horas de este domingo, cuando una unidad de la Policía Local detectó en la avenida Miguel de Cervantes a una joven que solo llevaba puesto un body, en compañía de otros dos jóvenes, uno de los cuales decía ser el novio de la chica y el otro, un amigo.

Los agentes preguntaron a la joven de 15 años por qué vestía de esa manera, y la menor manifestó que le gustaba ir así. Los agentes procedieron en ese momento a realizar un registro del bolso y encontraron en su interior un cuchillo de grandes dimensiones, en concreto de 18,50 centímetros de hoja, procediendo a su intervención y a denunciar los hechos por arma prohibida.

Asimismo, los agentes encontraron en el bolso dos billetes de 50 euros y un paquete con 25 preservativos. En ese momento, la joven reconoció que ejercía la prostitución, cobrando 50 euros por servicio, y que llevaba el cuchillo para defenderse de otras prostitutas.

Los policías contactaron con la madre de la menor, que manifestó que no sabía qué hacer con su hija. En concreto, admitió que el pasado día 24 de febrero tuvo que ir a Comisaría a recogerla por estar ejerciendo la prostitución.

La Policía Local dejó a la menor bajo la custodia de la madre y realizó diligencias para la Fiscalía de Menores en Comisaría, dando cuenta de los hechos.

Podemos pide reprobar a García Tejerina

Las sospechas comenzaron en cuanto se ha conocido que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que representa al Gobierno español en las negociaciones entre las instituciones comunitarias, se ha opuesto a que la CE rebaje los límites máximos de tóxicos permitidos en los fertilizantes agrícolas, defendiendo que los niveles se queden en los 75 microgramos/kilo, que es exactamente la misma postura que defiende Fertilizers Europe. Es decir, el Lobby de las empresas de fertilizantes. Algo que ya había denunciado Compromís.

La ministra, que tiene un amplio pasado relacionado con empresas vinculadas al sector, ha justificado su postura con el argumento de que fabricar fertilizantes menos tóxicos tendría impactos sobre el sector y sobre los agricultores, señalando que “el mercado español debe poder seguir disponiendo de fósforo procedente de la roca fosfórica africana” y que “límites de cadmio demasiado rigurosos nos sacarían del mercado de fertilizantes fosfatados”. Algo que, en sí, no está soportado por estudio imparcial alguno.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una Proposición para la reprobación de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para su debate y votación en Pleno. Son muchas las sospechas que recaen sobre la persona de la ministra al mantener una posición tan similar al del Lobby fertilizante. Su pasado vinculado a este tipo de empresas, que en nada perjudica a los agricultores, por mucho que diga la ministra, es una clara demostración del uso por parte de la clase dominante de los resortes del poder para imponer sus propios intereses.

Ante esto, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha destacado tras el registro de la proposición para la reprobación que “la ministra Tejerina parece que antepone los intereses del sector del fertilizante a los intereses de la ciudadanía. Más que un caso de puertas giratorias, esto es una ruleta rusa que afecta a la salud de todos los españoles y españolas”. Por su parte, el diputado de En Marea y portavoz del grupo en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Antón Gómez Reino, ha recalcado que “García Tejerina es el caballo de Troya del señor Villar Mir y creemos que debería dimitir inmediatamente” .

Andalucía negocia “su Tratado” con UK después del Brexit

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha abogado ante el Departamento para el Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales de Gran Bretaña por unas relaciones comerciales libres de aranceles tras el Brexit. Lo ha hecho en el marco del encuentro mantenido en Londres con representantes del Ministerio británico, ante los que ha apelado a la defensa mutua del mercado común a través de unas exportaciones «claras y ágiles» que no mermen unos flujos «más que consolidados, con clientes fidelizados y avalados por el alto grado de excelencia de las producciones europeas».

Sánchez Haro ha apremiado, en este sentido, a la necesidad de un acuerdo entre Gran Bretaña la Unión Europea (UE) que descarte la imposición de barreras arancelarias, administrativas y técnicas abusivas a las transacciones comerciales entre ambos lados una vez que el primero deje de ser Estado miembro. Para el consejero, en lo que concierne a Andalucía, es importante que la justificación de la protección de su mercado interior por parte del Gobierno británico no prime sobre «un largo historial de ventas que tanta riqueza y valor añadido ha aportado a ambos territorios».

De igual modo, el titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha apostado por un desarrollo legislativo que no ralentice y, en consecuencia, devalúe las exportaciones. Esto es algo, a su juicio, «totalmente innecesario» ante una trayectoria de décadas de convivencia con la normativa comunitaria y una amplia relación comercial con el continente. En esta misma línea, Rodrigo Sánchez opta por evitar el riesgo de requisitos excesivos en materia de cuarentenas, control del producto o certificaciones, en la medida en que derivarían en mayores gastos para los agricultores. «Ante esta posibilidad se han de tener en cuenta los elevados estándares de calidad que diferencian a los alimentos y bebidas de toda la UE», un punto en el que ha apostillado que, desde luego, «las exigencias a los productos europeos tienen que ser las mismas que para los de otros orígenes».

Sánchez Haro ha reivindicado, además, un reconocimiento mutuo de las denominaciones de calidad, «cuya protección y prestigio hemos construido juntos durante años y permiten generar más valor para los productores de uno y otro lado». Se trata, ha proseguido, de sortear la amenaza que la salida de Gran Bretaña de la UE implica para figuras como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), que parten de la «aplicación y asunción» de los reglamentos europeos. En el caso de Andalucía, este peligro del Brexit puede afectar, en especial, al vino de Jerez, dada la existencia de caldos de imitación que utilizan la denominación protegida Sherry como reclamo, un punto en el que el consejero ha recordado que estas menciones, además de una marca, llevan aparejada la defensa de los productos amparados por las normas comunitarias y la protección frente al intrusismo.

Rodrigo Sánchez ha manifestado durante la reunión con los representantes del Ministerio británico su preocupación por los efectos específicos del Brexit en el sector de los frutos rojos, dado que las berries representan el 21% del consumo total de fruta en el país. La salida de la UE, para una producción que ha crecido en Reino Unido un 131% en los últimos 20 años y que necesitará, según un estudio de la British Summer Fruits, 95.000 trabajadores estacionales en 2020, va a provocar un vacío en forma de falta de mano de obra que requerirá la importación de frutos rojos por valor de unos 400 millones de euros.

Desde la óptica del responsable autonómico de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, es «vital» que se defina de qué modo afrontará esa posible crisis en el sector y el papel de los productores extranjeros ante una probable situación de volatilidad de los precios. Esto es «especialmente relevante» para Andalucía, en general, y para Huelva, en particular, que en 2017 han exportado fresas, frambuesas, arándanos y grosellas a Gran Bretaña por un importe de más de 280 millones de euros, más de una cuarta de las ventas totales al exterior de frutos rojos de la región.

Como informa la Junta de Andalucía, las exportaciones de alimentos y bebidas a Gran Bretaña, a raíz del anuncio del Brexit en junio de 2016 y tras la trayectoria ascendente experimentada en los últimos años, se han estabilizado para cerrar el año 2017 con un valor de 993,4 millones de euros. Esta cifra, aunque supone un descenso del 2% con respecto al ejercicio 2016, supera en un 60% los 620,8 millones de euros dejados por los compradores británicos en la balanza agroalimentaria de la comunidad en 2012 y lo afianza como cuarto destino de las producciones de la región, por detrás de Alemania (1.639 millones de euros), Italia (1.516 millones) y Francia (1.370 millones).

Mateos «advierte» a Gil Jódar que si acepta los planes de Rajoy de soterrar menos de 4,3 km de AVE «estará cayendo en un error histórico para Lorca»

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha advertido al actual Alcalde, Gil Jódar que si acepta los planes de ADIF y del Gobierno de Rajoy de firmar un soterramiento del AVE por Lorca en una distancia inferior a 4,3 kilómetros «estará cayendo en un error histórico para Lorca” que hipotecará el desarrollo urbanístico futuro de la ciudad.

Mateos ha recordado que el PSOE lorquino “nunca ha abandonado, ni lo hará” la exigencia de que el ferrocarril pase “soterrado 4,3 kilómetros” para no partir en dos la ciudad de Lorca. Así se lo ha recordado el Portavoz socialista al Pleno del Ayuntamiento, donde ha vuelto a demostrar su compromiso “absolutamente firme e inquebrantable” de que el AVE “no pase sin soterrar una distancia inferior a la de 4,3 kilómetros”.

Tanto es así, ha recordado Mateos, que nunca importó en el PSOE lorquino los planes de los gobiernos, de uno u otro signo o color, pues siempre se mostraron “firmes y combativos” para no aceptar un soterramiento inferior a 4,3 kilómetros.

Esta exigencia la mantiene, como no puede ser de otra manera, el PSOE lorquino en su etapa actual. De hecho, así lo ha demostrado Mateos en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, recordando cuando, recientemente, Mateos y su equipo no temblaron a la hora de dar un “toque de atención” a su partido, como así recogieron los medios locales en su momento, cuando el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso rechazó una enmienda favorable al soterramiento del AVE en Lorca.

Esta reacción del PSOE local, recuerda, obligó a una “rectificación inmediata” y al reconocimiento de este “error contrario a los intereses de Lorca” por parte del PSOE en el Congreso.

Mateos insiste en que Lorca no puede abandonar la exigencia de los 4,3 kilómetros soterrado, por lo que “no podemos permitirnos comportamientos cortoplacistas ni complacientes con las Administraciones superiores, gobierne quien gobierne”.

Mateos ha exigido a Gil Jódar que ponga a Lorca por delante de su partido, y pide que por defender al Gobierno de Rajoy no caiga en una decisión que sería “fatal” para los intereses de Lorca y los lorquinos.

En el Pleno, Mateos ha recordado las declaraciones del anterior Alcalde, Francisco Jódar, donde reconocía que “el paso del AVE por Lorca tiene que ir totalmente soterrado” y que era “absolutamente irrenunciable”. De hecho, aseguraba que no contemplaba otra opción que esa”. En este sentido, reprocha el cambio de opinión por el mero hecho de que ahora, no gobierne el PSOE en Madrid, sino que sea Rajoy y el Partido Popular los responsables de decidir cómo pasará el AVE por Lorca.

El exceso de cocina del “CIS andaluz”

Todos los medios de comunicación se han hecho eco de los resultados que ha mostrado el informe EGOPA, más conocido por el “CIS andaluz”, que realiza el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral (CAPDEA) de la Universidad de Granada. Natalio Blanco en las páginas de Diario 16 ya dio a conocer los resultados y un análisis dando a conocer cómo el PSOE vencería en las elecciones autonómicas, aun perdiendo porcentaje de voto. Aunque para Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A, todo va miel sobre hojuelas.

Juan Manuel Moreno Bonilla, sin lugar a dudas, debe estar llamando a su amiga Soraya Sáenz de Santamaría para que le saque cuanto antes de Andalucía porque se huele catástrofe. Pero la amiga tampoco está en disposición de hacer favores. Y menos frente a la posibilidad de hasta perder las Diputaciones provinciales que se controlan, el mínimo reducto de poder que tenían en la región andaluza, junto a alguna capital de provincia. El maremoto naranja parece que se los llevará por delante (ya son más de 40 municipios conservadores los que se han pasado con todos los enseres a Ciudadanos). Teresa Rodríguez tampoco está para tirar cohetes y parece que quedará como resquicio populista y anticapitalista. Es más, Antonio Maíllo y Alberto Garzón, que el centralismo democrático es lo que es, deben estar echando cuentas sobre si no sería mejor concurrir en solitario y ya se verá más adelante, en vez de confluir con Podemos. Y Juan Marín sonriendo, aunque el reparto de escaños igual le deja fuera del Gobierno andaluz. ¡Ojo!

Todo esto es lo que se ha comentado y discutido en tertulias, ruedas de prensa y columnas periodísticas. Pero el EGOPA deja algunos datos sumamente curiosos, los cuales podrían indicar un exceso de cocina. No dudamos de la profesionalidad y el buen hacer de los expertos que han trabajado en el informe. Igual la muestra es un tanto pequeña para una población tan amplia, pero los recortes afectan a todo el mundo y con las encuestas realizadas se puede obtener una estimación cercana a la realidad de algo tan volátil como una encuesta electoral. Tan sólo se plantea una serie de dudas razonables a la luz de las tabulaciones que presentan. Cada maestrillo tiene su librillo, obviamente, y ellos tienen esa experiencia, pero…

¿Podría Ciudadanos ganar las elecciones andaluzas?

Los datos que ofrece el muestreo del CAPDEA inducen a pensar que Ciudadanos podría ganar las elecciones. Por estrecho margen tal vez, pero sí ganárselas a Susana Díaz. Hay que partir del hecho de que para un 52,4% de los andaluces ningún partido les lleva a una identificación con él. Esto es, más de la mitad de los andaluces no se identifica con ningún partido político, ni del bipartidismo, ni de la izquierda, ni de la derecha. Eso en una sociedad que se considera (4,8 en la escala izquierda-derecha) de centro mínimamente, pero mínimamente, escorada a la izquierda. Justo el espectro que pelean PSOE y Ciudadanos. Justo el espectro que, algunos expertos, dicen que hace ganar las elecciones.

A esto habría que añadir que un 30,3% de los andaluces consultados tienen a Cs como partido más cercano a su posición, frente a 28,8% del PSOE o un 12,6% del PP. Si se pregunta por el partido que despierta más simpatías, Ciudadanos gana con un 29,6%, luego vendría el PSOE-A con un 22,4% y PP con un 14%. Además, para añadir más canela al postre, hay un 40% más o menos de andaluces que jamás votarían al PSOE, mientras que los que nunca votarían a la formación naranja es un 35% aproximadamente. Son datos que verifican el giro a lo naranja de parte del posible votante del PSOE y, con total seguridad, del votante del PP y de Podemos. Más o menos como sucede a nivel estatal.

Esto es una tendencia sin duda, pero hay que añadir que una vez que se solicita la opinión sobre el voto, Ciudadanos vuelve a resultar vencedor. En voto directo Cs obtiene un 23,7%, PSOE-A un 18,3% y PP un 11,4%. Algo que no cambia demasiado cuando se les pide el voto para unas supuestas elecciones generales: Ciudadanos sube hasta el 29,1% del voto directo. Sin embargo, la cocina del CIS andaluz rebaja la estimación, saltándose el voto directo y pone a Ciudadanos en un 19,8% y al PSOE en un 34,1%. Una reducción de 4 puntos desde el voto directo a la formación naranja y un aumento de 16 para el PSOE. Cierto que con temas como los ERE, Spiriman, o los problemas en las aulas (de calor), el voto oculto socialista debe ser amplio, pero no tanto como para bajar el voto directo de Ciudadanos. Porque además un 26,8% de los andaluces preferirían que ganase la formación naranja antes que el PSOE (21,7%).

Es muy extraño que se baje tanto, al hacer la cocina, el voto directo manifestado tanto para elecciones autonómicas como estatales. Desde luego en CAPDEA tienen más datos de los que publican y más tabulaciones, pero cuando menos es extraño. Aunque la identificación con los partidos políticos da una pequeña muestra. El PSOE es el partido con el que se identifica un 8,16% de los andaluces (no el 27,5% que dicen en el informe, pues ese es el porcentaje de los apoyos sobre el 29,7% de los que se identifican con algún partido); Ciudadanos tiene una identificación del 7%, el PP del 7,6%, IU del 2,25% y Podemos del 2%. Y como anécdota, hay un 50,4% de andaluces para los que la religión es poco o nada importante.

IU: el nuevo colegio privado perjudicará a los centros públicos de Lorca

Adoración Peñas, Concejala de IU-Verdes de Lorca ha criticado que el Ayuntamiento «haya dado luz verde» a promotores para construir un centro educativo privado frente al barrio de San Fernando con una inversión de 1,8 millones de euros, «promotores que no tienen nada que ver con la educación, ya que sus negocios proceden de estaciones de servicios o actividad hotelera».

El centro en cuestión para Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (con la intención además de ofrecer másteres universitarios y otros módulos de formación) prevé contar con una superficie construida de 4.039 m² y pretende instalarse en una zona que está recibiendo un impulso urbanístico en el entorno de Sutullena, junto al punto de inicio de la antigua Carretera de Águilas y frente a la rotonda del Barrio de San Fernando.

Peñas ha manifestado que, si bien las declaraciones municipales afirman que se trata de la primera actuación localen tendente a dotar a Lorca de un Centro Educativo totalmente privado sin recurrir al concierto educativo, «la experiencia demuestra que al final se acaba concertando el centro por la vía de urgencia, con el perjuicio que ocasionaría a los centros públicos».

De hecho, la edil, asegura que las actuales ratios y las bajas tasas de natalidad, no demuestran que se precise de la construcción de un nuevo centro privado, máxime cuando en las cercanías existen cuatro centros públicos como son San Fernando, José Robles, San José y Campillo (además del Ana Caicedo que está cerca) y afirma que dichos centros «se verán perjudicados con el nuevo proyecto».

Para IU-Verdes «es fundamental defender la escuela pública, la que es para todos, con independencia del nivel económico de las familias y lamentan que los gobiernos del PP únicamente velen por los intereses de la escuela privada en detrimento de la pública».

El PSOE consigue el respaldo de la Asamblea para pedir la Declaración de Interés Turístico Nacional del Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón ha conseguido el respaldo de la Asamblea Regional para apoyar al Ayuntamiento de Torre Pacheco y a la Peña Flamenca ‘Melón de Oro’ en la tramitación para conseguir la declaración de Interés Turístico Nacional del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro.
En la actualidad, está declarado de Interés Turístico Regional, “pero su repercusión en el ámbito flamenco, que le ha hecho convertirse en el tercer Festival de Concurso de Cante Flamenco más importante de España, al que acuden cantaores y cantaoras de todo el territorio nacional para optar al Premio Melón de Oro, le hace merecedor de la distinción de Interés Turístico Nacional”.
Guillamón reclamó al Gobierno regional que realice, con la máxima celeridad posible, los trámites que correspondan para la consecución de este reconocimiento.
El diputado socialista argumentó que el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro “es un evento que ha ido madurando y creciendo desde que en 1980 se celebró por primera vez, cuando se organizó un concurso de cante para aficionados incluido en las fiestas ferreñas”. Desde entonces, numerosos artistas de reconocido prestigio han participado, dejando constancia de la importancia del Festival, en el ámbito nacional e internacional.
El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro se ha transformado en un gran acontecimiento de las artes flamencas, “con una importante repercusión, que sirve para otorgar un mayor conocimiento público y una auténtica consagración de los artistas que logran la distinción del Premio Melón de Oro”.
Antonio Guillamón defendió que la implantación del Festival en el panorama nacional, incluso internacional, está fuera de toda duda. “El esfuerzo y la afición de sus precursores han conseguido que sea un referente del flamenco y cita obligada de los amantes de esta disciplina artística”.
El diputado socialista añadió que el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro contribuye a la promoción y difusión del flamenco, como muestra de su compromiso con un arte que ha sido considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y facilita puntos de encuentro para disfrutar de este arte universal.
“Esperamos que el Gobierno regional agilice los trámites, para que el festival pueda contar con el reconocimiento de Interés Turístico Nacional el próximo año, coincidiendo con su 40 aniversario”, concluyó.

El Santander no valida la cualificación de los trabajadores del Popular

El Santander no da un respiro a los trabajadores del Banco Popular. Después de las presiones que recibieron los empleados de los Servicios Centrales para adherirse «voluntariamente» al Expediente de Regulación de Empleo; después de que quienes se negaron fueran los que se incluyeran en la lista de despidos forzosos; después de la imposición de un nuevo sistema de valoración cuantitativo y cualitativo en base a unos objetivos inalcanzables incluso en un ciclo bancario positivo; después de todo esto, el Santander nuevamente ha forzado el maltrato a los trabajadores. En este caso, la entidad presidida por Ana Patricia Botín no valida la cualificación MIFID II que los empleados tuvieron que conseguir tras superar las consiguientes pruebas. Esta cualificación entró en vigor el 1 de enero y que es obligatoria para el asesoramiento y la venta de productos financieros.

Sin embargo, el Santander ha comunicado a los trabajadores que que obtuvieron la certificación CIF o CAF que esa cualificación no es válida porque los empleados del Popular la obtuvieron a través de cursos on-line y la entidad cántabra afirma que, según las exigencias de la CNMV, tenían que haberse realizado de manera presencial.

No obstante, en la documentación y guías de la CNMV, no se indica que el carácter presencial sea obligatorio salvo en el caso de que la formación la hubiese impartido la propia entidad y, en el caso del Popular se realizó a través de una empresa externa, además de que han sido varias las entidades financieras españolas que han utilizado la metodología on line para que sus empleados obtengan las certificaciones exigidas por la ley y no se les ha exigido el haber realizado las pruebas de manera presencial.

Este movimiento del Santander, ¿qué pretende?, y, ¿en qué situación quedan los trabajadores del Popular de cara al asesoramiento y la venta de los productos financieros? El comunicado de la entidad cántabra deja a los empleados en una situación de indefensión que sólo puede explicarse desde un punto de vista preventivo, es decir, preparando el gran ERE que está previsto para el último trimestre de este año 2.018.

Trabajadores y trabajadoras del Banco Popular han declarado a Diario16 que no entienden esta situación que ha creado el Santander.

Las consecuencias de esta decisión son terribles porque, aceptando lo que afirma en Santander, los trabajadores del Popular no estarían cualificados para vender productos financieros, lo que, evidentemente, provocaría un parón comercial porque, según la normativa MIDIF II, la responsabilidad de la venta de ciertos productos es de los trabajadores salvo que el banco se pronunciara en sentido contrario.

Ya se han interpuesto las consiguientes quejas en la CNMV, tanto a nivel de la representación de los trabajadores, como a nivel individual de los propios empleados.

Lo más grave de todo ello es la incongruencia de las notificaciones que los trabajadores reciben porque, a pesar de que el Santander les niega la cualificación, por otro lado, les comunica que son aptos para la venta de los productos financieros. ¿En qué quedamos? Esto es muy grave porque, tal y como hemos indicado anteriormente, la responsabilidad de la venta es del trabajador y, por tanto, ahora mismo los empleados del Popular se encuentran en un limbo legal que les deja totalmente expuestos.

Una trabajadora ha declarado a Diario16 que «renovar la formación significa más horas de estudio que, sumadas a la cantidad de horas extraordinarias ilegales, suman un montante totalmente desorbitado».

Tal y como hemos informado en este medio, las últimas decisiones de la Justicia, entre las que destaca la incorporación de los documentos de Diario16 a todas las causas relacionadas con el Banco Popular a requerimiento del Fiscal Anticorrupción, y la documentación que estamos haciendo pública —además de la que publicaremos la próxima semana— está obligando a la entidad presidida por Ana Patricia Botín a acelerar todos los procesos de absorción y, entre ellos, se encuentra el despido del 70% de la plantilla del Popular. El Santander, y la propia Ana Patricia Botín, se están jugando demasiado en esta operación y utilizarán todo su poder para que nada ni nadie provoque el fracaso de ésta. El instinto de supervivencia se ha puesto en sus más altos niveles y cuando un trágico final se vislumbra cercano se utilizan las estratagemas que sean necesarias para continuar respirando.

El gobierno palestino afirma que imponer impuestos a las iglesias es una nueva agresión de Israel

El gobierno palestino ha criticado las intenciones de Israel de imponer impuestos municipales sobre las iglesias como una nueva agresión contra Jerusalén, contra el pueblo palestino y sus lugares sagrados.

Las autoridades israelíes han impuesto recientemente un impuesto a la propiedad (Anona) sobre las iglesias, que se estima en varios millones de shekels.

Con respecto a la ley de apropiación de tierras propuesta por Israel, el gobierno advirtió sobre las graves consecuencias de dicha ley, y subrayó que, de aprobarse, conduciría a la incautación de tierras pertenecientes a iglesias.

Yousef Al-Mahmoud, portavoz del gobierno, pidió una pronta intervención internacional para detener estas medidas israelíes que son un ataque descarado a todos los acuerdos y convenciones y normas internacionales que garantizan la libertad de culto y respetan la santidad de los sitios religiosos bajo cualquier circunstancia.

Los líderes cristianos de Jerusalén decidieron el domingo cerrar la iglesia del Santo Sepulcro en la antigua ciudad de Jerusalén en protesta por la política tributaria de Israel y una propuesta de ley de apropiación de tierras.

El Comité Presidencial para Asuntos de la Iglesia en Palestina confirmó su pleno apoyo a la postura de los Patriarcas y jefes de iglesias en Jerusalén para cerrar la Iglesia del Santo Sepulcro en la antigua ciudad de Jerusalén en protesta por la política tributaria de Israel y una propuesta de ley de apropiación de tierras.

Protesta del Santo Sepulcro

El patriarca Teófilo III de Jerusalén, en nombre de todos los líderes y patriarcas de las iglesias de Jerusalén, anunció que la Iglesia del Santo Sepulcro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, diciendo que el cierre fue en protesta por las políticas de Israel contra las iglesias.

Los patriarcas y jefes de iglesias en Jerusalén dijeron en una declaración conjunta que imponer impuestos a las iglesias es una violación de todos los acuerdos y compromisos internacionales que garantizan los derechos de las iglesias en Palestina.

La declaración enfatizó que tal medida es un intento de debilitar la presencia cristiana en la ciudad de Jerusalén, advirtiendo contra el proyecto de ley del comité ministerial israelí, que de aprobarse, podría usarse para confiscar tierras pertenecientes a iglesias.

APC culpa a Zoido de la ruptura en las negociaciones por la equiparación salarial

La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC) ha roto el silencio acerca de los aspectos claves de las negociaciones para llegar a acuerdos sobre la equiparación salarial,- entre los guardias civiles y policías con las policías autonómicas-, en un pulso mantenido durante meses ante el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el Secretario de Estado, José Antonio Nieto, por parte de los Cuerpos de Seguridad ante esta reivindicación histórica. El colectivo APC ha desgranado los entresijos, hasta ahora sin revelar, de la mesa técnica con Zoido y Nieto a la que acudieron asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía, y  en declaraciones en exclusiva desde los miembros de este colectivo, José Manuel Rodríguez Tovar y Roberto García, en los micrófonos de Radio Las Palmas, han señalado que «no ha habido acuerdos con el Gobierno para lograr esta equiparación salarial porque lo que nos proponen es inviable. y por ello, nos levantamos de la mesa». «Las cuestiones planteadas por Zoido y Nieto en la mesa técnica han consistido en marear la perdiz todo el tiempo, no hubo voluntad política real para llegar a la equiparación, y nos duele especialmente la falta de cariño y empatía hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de este Gobierno», señalan desde APC.

Las negociaciones están rotas entre las asociaciones de policías y guardias civiles con el Ministerio del Interior por la falta de cumplimiento del Gobierno al descartar, -por el momento-,  la aprobación de 1.500 millones de euros en los Presupuestos Generales en el Capítulo de Gasto para ejercer la equiparación entre 2018-2020 y equilibrar los salarios entre policías. Respecto a la cuestión de los tiempos en estas largas sentadas de la mesa técnica entre Interior y las diferentes asociaciones, los miembros de APC han realizado un ejercicio de transparencia ante todos sus compañeros para disipar cualquier discrepancia «al aguantar hasta nueve horas en estas reuniones sin levantarse», como se preguntan algunos policías. «Las asociaciones de policías y guardias civiles mantuvimos unidad de criterio ante Zoido y Nieto en la negociación, y sinceramente, no nos levantamos de la mesa en los primeros minutos y permanecimos durante horas escuchando, porque no dábamos crédito al discurso político del Secretario de Estado, Nieto, ni podíamos creer que nos tratara con esa actitud», explica el Cabo Tovar, y aclara en Radio Las Palmas «ni siquiera nos dieron un dossier con las cifras para debatir la equiparación con papeles, tuve que anotar los datos económicos escribiendo a mano, mientras después de la mesa convocaron a algunos medios de comunicación, -parecía que nos estaban todos-, y a los periodistas si les entregaron la documentación completa».

«Falta voluntad política para lograr la equiparación por parte del Gobierno. Debería de modificarse el Real Decreto de 2005 en un Consejo de Ministros para adaptar esta situación de reivindicación real al ámbito legislativo y zanjar la desigualdad salarial, pero Zoido no da pasos ante Rajoy, y Nieto nos dijo que no tiene competencia para ello. Sin embargo, el planteamiento del Gobierno sigue anclado en un reparto de la equiparación por productividad, lo que representa un reconocimiento de salario arbitrario para los agentes, en lugar de incluir la equiparación como complemento general que asegura que la igualdad salarial sea efectiva para todos los policías», sostiene Roberto García (APC) en Radio Las Palmas.

El cabo García explica que «los Mossos aún percibirán una subida más de 200 euros al ser funcionarios, mientras que la propuesta del Gobierno es inasumible para la Guardia Civil y la Policía. Damos por rotas las negociaciones, y desconocemos que tipo de margen para negociar puede tener Zoido a estas alturas, cuando más bien parece que nos les ha importado nunca la equiparación, y las negociaciones han supuesto una pérdida de tiempo», y añade «si los Mossos quieren ir a la Reserva que lo hagan en las condiciones de la Guardia Civil, o cobren la pensión de jubilación que cobramos los otros cuerpos. Ellos están bien pagados y reconocidos, pero la Policía y la Guardia Civil no han obtenido esta valoración en los últimos 30 años, a pesar de cumplir con nuestra función en momentos tan delicados como los acontecimientos en Cataluña».

«Se han sucedido varias legislaturas entre gobiernos del PP y PSOE pero no han resuelto la equiparación», aclara Tovar (APC), que recuerda «la diputada Zaida Cantero (PSOE), aludió a respaldar esta equiparación si hubiese fondos para ello». La asociación Jusapol, -de reciente creación en 2017-,  insta al Congreso con una iniciativa legislativa para que la equiparación sea reconocida en las Cortes, para lo que han logrado reunir más de 500.000 firmas de  ciudadanos que apoyan esta propuesta, expone Tovar y afirma que «desde APC no aceptan los 200 millones de euros en 2018 para el complemento específico, -no destinado para el complemento general-, ni el reparto de 100 millones en 2019 y 200 millones en 2020 para repartir entre ambos cuerpos de policías y guardias civiles, cuando el ministro Zoido se había comprometido con un documento de 1.500 millones en la primera reunión para ser repartidos equitativamente entre 2018-2020 en función de la proporcionalidad adecuada entre los dos cuerpos».

«Lo que no tiene sentido, -afirman Tovar y García-, es que siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad valoradas como una de las mejores policías de Europa y del mundo en materias como el antiterrorismo, no se nos reconozca el mismo salario que a las policía autonómicas», «además del riesgo que corren nuestras vidas en algunos de los servicios que realizamos». En este ámbito, la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC) rinden un homenaje al compañero de la Ertzaintza, Inocencio Alonso García, recientemente fallecido en acto de servicio durante los enfrentamientos en Bilbao entre ultras del Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú, y manifiestan su apoyo a estos policías y sus familias sumándose a este duelo, «los policías nos respaldamos y somos solidarios entre nosotros», concluyen los Cabos Tovar y García (APC).