El Caso Banco Popular por el que se ha arruinado y presuntamente estafado a más de 305.000 familias está generando ríos de tinta en los diferentes medios de comunicación y en los cientos de miles de folios presentados en las diferentes demandas presentadas ante la Justicia…, y las que quedan aún por presentarse. Sin embargo, hay una estrategia clara por parte del mundo financiero, político, gubernamental y mediático de desviar la atención hacia una supuesta responsabilidad de Europa en todo ello. La realidad sólo es una y, tal y como está demostrando Diario16, el verdadero responsable de todo lo que ha ocurrido desde el día 7 de junio no es otro que el Banco de Santander. No piensen en otro responsable porque sólo hay uno. Por mucho que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, junto a grandes fondos de inversión internacionales, deseen desviar la atención a Europa exonerando al Santander, los documentos de los que dispone Diario16, algunos ya publicados, otros por publicar, avalan que todo lo que hicieron el FROB y la JUR no es otra cosa que lo que les pidió Luis de Guindos y el Gobierno para rescatar al Santander. No se podía dejar caer a la entidad cántabra y el Popular era la entidad perfecta para ello.
Para llevar a efecto ese plan de rescate utilizaron a Antonio del Valle y Reyes Calderón para crear una rebelión interna que provocara la salida de Ángel Ron porque sabían que el ex presidente se opondría a la operación dado que disponía de un plan de viabilidad, aprobado por el Banco de España y el Ministerio de Economía, que reconduciría inevitablemente al Popular.
Para ejecutar ese plan contrataron y pagaron bien a Emilio Saracho, el Ejecutor, el hombre perfecto por su experiencia en la banca de inversión y a pesar de que no había dirigido en toda su vida laboral un banco comercial. Saracho necesitaba a un asesor externo que le prepara el plan de ejecución y por eso contrató en nombre del Popular al despacho de abogados Uría y Menéndez, el bufete de referencia del Santander, el día 17 de febrero —fue elegido presidente en la Junta de Accionistas del día 20— sin tener capacidad legal ni autorización del Consejo para ello. Saracho contrató a JP Morgan, su antiguo banco, para llevar a efecto a través de Marshall Wace el ataque al valor del Popular que provocara el pánico en los inversores y en los clientes. Esto se pudo llevar a cabo gracias a la complicidad presuntamente delictiva tanto del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al no prohibir las operaciones a corto y bajistas que llegaron a ocupar el 24% del capital bursátil del Popular.
La llegada de las ofertas de ampliación de capital de Barclays y de Deutsche Bank o de compra de activos por parte de importantes bancos norteamericanos hicieron necesario llevar al Popular una situación límite. Para ello, a pesar de que era una entidad solvente, necesitaban dar a la JUR la excusa perfecta para intervenir al sexto banco español y la encontraron en la liquidez. Por eso presuntamente se filtró información confidencial desde organismos dependientes del ministerio para que empresas e instituciones públicas hicieran una retirada masiva de depósitos que provocara una crisis de liquidez.
La presión del Santander para cerrar la operación era innegable y durante los días en que se produjo la reunión del Club Bildelberg en Chantilly (Virgina, EE.UU) —con encuentro entre Luis de Guindos y Ana Patricia Botín incluido— se aceleraron los movimientos. Durante la semana previa a la intervención se estuvieron cruzando correos de manera constante entre Elke König y Jaime Ponce, correos que en algunos casos, como ocurrió la noche del 2 al 3 de junio, iban encriptados lo que indica que había una pretensión clara de ocultación de datos. Teniendo en cuenta lo que ocurrió a partir del día 3 de junio podemos suponer que König ordenaba a Ponce que se iniciara el procedimiento de intervención del Banco Popular. Hay que recordar que, según la propia JUR, el Popular era una entidad con solvencia suficiente el día 5 de junio y, aún así, el día 3 estaba iniciando los procedimientos de la intervención. Para ello, el FROB contrata a Jefferies Arcano, empresa sita en el mismo edificio del Banco Popular (Edificio Beatriz), para comunicar a Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell que se iniciaba el «Proyecto Confidencial Hipócrates» —Hipócrates es el nombre en clave que se le da a Popular— para conocer si estas entidades están interesadas en entrar en la subasta posterior a la intervención. Finalmente sólo aceptaron Santander y BBVA. Todos estos movimientos tenían que estar en conocimiento de Luis de Guindos, igual que tuvo que ser conocido por el ministro que a BBVA no se le permitió más tiempo para analizar los datos de la Virtual Data Room y que, por esta razón, el banco vizcaíno presentó en la subasta de la madrugada del 7 de junio un sobre vacío. Según fuentes consultadas por Diario16 el Santander pudo presentarse a dicha subasta con dos sobres, uno con una oferta de 3.000 millones y otro con 1 euro y que se les transmitió la información de que BBVA no iba a pujar, por lo que entregaron el sobre de 1 euro. ¿Quién pudo filtrar esa información al Santander? Evidentemente, alguien conocedor de las intenciones del BBVA.
Para rescatar al Santander el día 2 de junio Uría y Menéndez transmitió al Popular las instrucciones para declarar la inviabilidad y el plan de actuación para el día siguiente a la intervención, con plan de comunicación incluido, es decir, la implementación del Proyecto Noya que se había contratado por Saracho sin poderes el día 17 de febrero. ¿En esta fecha la JUR era la responsable? No, evidentemente, no.
Siguiendo esas instrucciones, Saracho expuso en la reunión del Consejo del día 6 exactamente lo que le dijeron desde Uría y, por extensión, desde el Santander, pero el entonces presidente del Popular terminó su intervención y se marchó sin firmar la declaración de «likely to fail», una declaración que fue firmada por Joaquín Hervada intentando imitar la de Saracho, es decir, con una presunta falsificación. Ese documento ponía en manos de la JUR lo necesario para intervenir al Popular, pero, sobre todo, iniciaba el rescate del Santander.
Para llegar a esta situación Saracho tuvo que ocultar información sobre las ofertas recibidas para ampliar capital; para rescatar al Santander Saracho tuvo que rechazar todas las ofertas de venta de activos como el TotalBank o WiZink que hubieran supuesto más de 3.500 millones de liquidez extra; para rescatar al Santander, Saracho no aportó todas las garantías para acceder a la línea de liquidez de urgencia (ELA) de 9.500 millones; para rescatar al Santander se estableció una estrategia por parte de medios de comunicación afines a la entidad cántabra para generar un ambiente de pánico entre clientes e inversores, estrategia que se basaba en información filtrada desde la propia planta noble del Edificio Beatriz, tal y como han reconocido los periodistas que publicaron esas informaciones falsas; para rescatar al Santander hizo falta despedir a directivos como Francisco Aparicio Valls por el mero hecho de hacer su trabajo al desmentir esas fake news.
Además de todo lo anterior, hay otros hechos que demuestran que el Santander es el principal responsable y, por lo tanto, a quien tienen que ir dirigidas todas las querellas, demandas y denuncias por parte de los afectados. El primero de ellos es que el banco cántabro presentó un Hecho Relevante ante la CNMV tan sólo 22 minutos después de que anunciara la compra por un euro del Popular en el que se incluían todos los datos de la operación y las previsiones de rentabilidad, precisamente los datos para los que el BBVA necesitaba más tiempo para analizar, tiempo que no le dieron.
También es importante el hecho de que se aprobara el pago de la factura por los servicios de Uría y Menéndez por un valor mínimo aproximado de 1,5 millones de euros —en una de las facturas podría haber una irregularidad fiscal— presentada el día 8 de junio, cuando ya controlaba al banco el Santander, aprobado el pago el día 12 de junio y abonada el día 13. Casualmente, uno de los socios de ese despacho es el hijo del actual presidente del Popular: Rodrigo Echenique. Que el Santander estaba implicado en toda la operación lo tenemos en el hecho de que se permitiera ampliar el seguro de responsabilidad de Saracho (D&O) una vez que había sido cesado de la presidencia sin ningún problema porque era la misma aseguradora del Santander, tal y como se reconoció en el cruce de correos publicado en este medio. Esto demuestra que el Santander y Saracho eran lo mismo, porque ya es la entidad cántabra la que se hace responsable del pago de esta ampliación de la prima del seguro para que Saracho cubra su defensa jurídica.
Ahora parece que los medios de comunicación, muchos de ellos que han permanecido callados ante toda la operación, están lanzando las responsabilidades hacia Europa. Sin embargo, esto no es más que una estrategia de distracción y un intento de llevar a los afectados hacia un campo legal complicado en el que pasarán muchos años para que se haga Justicia, los años necesarios para que el Santander afiance la operación y que se presente un escenario de tierra quemada en el que, finalmente, no van a recuperar nada de lo que perdieron en aquella madrugada del mes de junio.
No obstante, ¿quién ordenó, pidió, solicitó e indujo a la JUR a tomar la decisión y con qué datos y argumentos? ¿Quién apoyó e, incluso, pareció defender a Elke König en su comparecencia en el Congreso de los Diputados? El Partido Popular a través de Carlos Floriano. ¿Quién justificó la operación en la comparecencia de Luis de Guindos? El PP y Ciudadanos. Sólo el Gobierno de Mariano Rajoy, con el cómplice silencio de C’s y PSOE y, en menor grado, de Podemos, pudieron permitir esta operación porque, al parecer, los intereses del Santander se corresponden con los intereses del Estado. El ministro De Guindos fue quien, presuntamente, dirigió la operación desde el principio, una operación que ha terminado con un enriquecimiento ilícito del Santander a costa del dinero y del patrimonio de las 305.000 familias afectadas, además de arreglar sus cuentas con los recursos del Banco Popular.
Quien tiene que devolver todo el dinero a los afectados y quien tiene que sufrir el peso de la Justicia es el Santander. Los documentos de los que dispone Diario16, que serán depositados en la Audiencia Nacional en una segunda entrega tras haber sido admitidos los depositados el día 2 de noviembre por petición de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran que el verdadero culpable de esta cada vez menos presunta estafa es el Santander. Mirar a Europa o incitar a que los afectados a que lleven sus acciones legales a los tribunales europeos no es otra cosa que una nueva estrategia de distracción que, casualmente, coincide con la argumentación jurídica de los abogados de la entidad presidida por Ana Patricia Botín.
