martes, 28 abril, 2026

El PSOE pide extremar las medidas de vigilancia y seguridad para frenar el deterioro de la Pasarela Alcalde Miguel Navarro

El Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, David Romera ha vuelto a pedir que se extremen las medidas de seguridad, vigilancia y mantenimiento para frenar los actos vandálicos que atentan contra el mobiliario urbano y, especialmente, en las últimas fechas hacia zonas como la pasarela Alcalde Miguel Navarro y su entorno.

Romera asegura que es una “verdadera lástima” que el Partido Popular se haya desentendido tan “descaradamente” de esta maravillosa obra de ingeniería, hasta llegar al punto en que se encuentra. El deterioro por la dejadez del PP ha sido “evidente” durante sus once años de gobierno en Lorca.

La Pasarela Manterola, el paseo volado, así como la recuperación del cauce del río Guadalentín fue una gran actuación urbanística inaugurada en 2003 con el doble objetivo de mejorar la conexión del Barrio de San Cristóbal con el centro urbano y la regeneración de toda la zona con nuevas áreas residenciales y de negocios que han ido sustituyendo a un antiguo paisaje industrial derruido.

Es la única de toda España con doble planta curva, «es un monumento vanguardista del siglo XXI, es patrimonio de Lorca y de todos los lorquinos y como tal debe lucir en todo su esplendor, de día y de noche, como también el paseo volado y el cauce del Guadalentín, concebidos como zonas recreativas para que sean disfrutadas por la población».

La falta de vigilancia, la ausencia total de la iluminación nocturna y la sensación de abandono propician que este espacio esté siendo objeto continuo de actos vandálicos, insiste, por la dejadez que ha hecho que este espacio “maravilloso” se encuentre en un estado “deplorable” y, además, “peligroso”, por la rotura de las cristaleras de los laterales.

Romera recuerda que esta situación «no es nueva». Desde el que PP llegó a la alcaldía de Lorca han sometido a la zona, tanto la Pasarela, como el paseo volado como el cauce del río, a un “descarado olvido total” que ha hecho que la situación “se ha vuelto insostenible”.

Los socialistas apuestan por la recuperación del esplendor perdido en esta zona, por los años de abandono del PP. Para ello, insisten en incrementar la presencia policial y en la puesta en marcha de una campaña de concienciación ciudadana.

Con la Vieja Comisaría, toca hacer caja y crear riqueza

Durante las últimas dos décadas en nuestro querido “pueblo”, los comerciantes del centro urbano, los vecinos y por ende también ya los lorquinos y visitantes, vienen quejándose que la ciudad parece fantasma los fines de semana.

La actividad comercial y hostelera, se ha ido deteriorando año tras año con la pérdida de multitud de negocios de distintos sectores y sus respectivos puestos de trabajo, este hecho provoca entre otros efectos el que los impuestos que pagaban esos negocios que generaban riqueza en su entorno ya no retornan a las arcas municipales y esto implica que ahora los lorquinos tengamos que pagar más impuestos y mayores tasas, coste del agua, basuras, ibi, etc., para mantener y soportar el “Estado del Bienestar”, sobre todo el de unos cuantos que ya parecen demasiados.

Precisamente en el área de influencia de la antigua comisaría todos recordamos el gran mogollón de negocios de hostelería, tiendas, peluquerias, talleres, heladería etc., que funcionaban en los 80-90, de igual manera que ocurría en la calle Corredera con el edificio en restauración de la Antigua Cámara Agraría de la Corredera, con el edificio del antiguo Miralles y en tantos otros sitios donde finalmente quedan abandonados mostrando una cara críptica de las calles.

Antíguo Bar la Cámara donde se han reunido miles de lorquinos desde los años 60 hasta 2015, año en los que tuvieron que dejar sus dueños el negocio para rehabilitar el edificio que ahora está sin uso. Que recuerdos de nuestras primeras salidas de jóvenes en los 80/90.

Casi todos estos negocios se perdieron y con ellos muchos puestos de trabajo con el consecuente deterioro de los edificios que al no estar mantenidos regularmente, cada año necesitan mayor inversión para restaurarlos, pero lo aún peor fué que conseguimos terminar con el interés de miles de visitantes que acudían a Lorca a comprar y disfrutar de nuestra “MOVIDA” diurna y nocturna.

Es por este motivo que consideramos prioritario para volver a potenciar esta zona, hacer disponibles para la inversión privada algunos de los solares y edificios municipales para poner en valor estas áreas urbanas, no poniendo tantas trabas para los negocios hosteleros diurnos y nocturnos y creando facilidades para que se implanten franquicias importantes como por ejemplo PRIMARK, BLANCO, TRUCCO, MC DONALDS, CORTE INGLES (qua ya se intentó instalar hace años en el actual parking de Menchirón), etc, marcas que garantizarían el que volvieran a Lorca muchos visitantes del Valle del Guadalentin, que ahora se marchan a Murcia, Cartagena a visitar otros centros comerciales y dejarse allí los euros.

Debemos tener claro que por traer al centro negocios así no se genera pobreza a los demás sino todo lo contrario, generamos interés de los visitantes por venir al centro y lo que faltan son visitantes, no hay alternativa y es obligatorio para nuestros políticos el encontrar las fórmulas necesarias para que vuelvan al centro, sino mal vamos.

Os dareis cuenta si vais a estas ciudades y paseais por sus calles comerciales más tradicionales, allí vereis la gran diferencia que existe con nuestra ciudad y la agradable sensación que da ver vida en sus plazas con espectáculos ambulantes de todo tipo, calles y tiendas, calles comerciales limpias hasta el último rincón, amplias zonas verdes y arbolado en las calles en vez de bolardos, con numerosas zonas de aparcamiento en distintas localizaciones y solares abandonados como áreas de parking económico, con un servicio de transporte público ecológico, rápido y económico, con horarios nocturnos en fin de semana para la juventud.

La buena oferta atrae a la clientela y esto es la pescadilla que se muerde la cola y nos obliga a actuar y ofrecer nuevos atractivos y  facilidades a los visitantes para venir al CENTRO COMERCIAL ABIERTO a consumir y gastar, llenando de nuevo las calles de clientes desde el desayuno hasta la madrugada y siempre que se compatibilicen las actividades con el descanso vecinal claro está, ya lo hemos conseguido en periodos festivos como la fería y Semana Santa, por eso necesitamos reinventarnos.

Seguramente los lorquinos representados por nuestro Consistorio hariamos un buen negocio cediendo, alquilando o vendiendo algunos de estos solares vacios y edificios públicos como por ejemplo la CÁMARA AGRARIA para instalar algún negocio importante de hosteleria y ocio, nuestra querida PLAZA DE TOROS para adecuarla al uso comercial, hostelero y ocio a la par que taurino y museístico, porque los museos son importantes pero a los visitantes les atraen muchas cosas más aparte del arte y los vestígios.

En los bajos de San Patricio se ubicaba antiguamente el albergue municipal de transeuntes, ahora rehabilitados podría acoger un centro de ocio juvenil con hostelería adecuada a sus necesidades y a la legislación actual en un entorno inigualable donde podrían instalarse heladerias, restaurantes variados y otros negocios atractivos para los jóvenes y los no tanto.

Existen otras ubicaciones interesantes como LA CASA de los GUEVARA en Plaza San Vicente que ahora está en ruina técnica y hace años albergó la Peña Madridista y el desaparecido PUB COPI. En el entorno de Plaza España existen varias casas señoriales muy interesantes para crear nuevos negocios atractivos y en los bajos de SAN PATRICIO que hace muchos años fueran sede del albergue de transeuntes y que recientemente se han rehabilitado, puedo imaginar la vida que daría a la Plaza de España si allí se albergara un centro de ocio juvenil con música y establecimientos de comida que los más jóvenes consumen.

Volviendo a la COMISARIA DE POLICIA, porque no un nuevo centro comercial con hostelería y ocio incluidos para los más jóvenes que no tienen donde meterse, (ya me imagino un restaurante americano en los calabozos), y para asegurar el aparcamiento porque no ceder en concesión el parking de San Vicente a la firma o firmas que tuvieran interés en acometer los gastos de rehabilitación, construcción de ese lugar para que pudiera incluir una o varias de las franquicias más demandadas en grandes capitales.

De esta manera se podría corregir el error original en los accesos del parking, haciendo la entrada por los bajos del edificio, dejando solamente la salida donde está actualmente pero más amplia, y liberando el espacio que ahora ocupa la rampa de entrada, cediéndolo a la calzada, con lo que además sería más fácil de utilizar por los ciudadanos que hoy día nos pensamos mucho el entrar en “ese laberinto”.

Y ya puestos a soñar, el parking tendría un uso gratuito mínimo de 1 a 3 horas, a modo de “ZONA BLANCA” para los clientes que hubieran consumido en hostelería o el comercio de la zona centro, presentando los correspondientes tickets de los comercios, de esta forma terminariamos con el “miedo a salir en coche” por el alto coste a aparcar y por el riesgo a ser multado.

PROPUESTA CCD LORCA PARA DAR USO DE PARKING A SOLARES ABANDONADOS.

Parking Edificio robotizado Alemania.

Si técnicamente no es posible debemos plantearnos seriamente el habilitar nuevas zonas de aparcamiento en subterráneo o incluso en un edificio en altura como en las ciudades más modernas, en las ubicaciones del centro que podamos, una ubicación posible podría ser el solar detrás del hospital Santa Rosa y otro que deberiamos no perder es la zona del antiguo centro médico Lorca Centro donde ahora hay un parking ORA junto a la vía y que se tiene previsto eliminar para construir edificios y una plaza.

¿NUEVO PARKING EN ZONA LORCA CENTRO?

Solar del antiguo centro médico Lorca Centro, parking ORA junto a la vía.

Esta ubicación no se puede perder como parking público y se debería negociar con los promotores la construcción de un gran parking comunitario para viviendas y público aprovechando los sótanos de edificios y del nuevo parque, si lo dejamos perder, sera una verdadera lástima para el comercio del centro porque no hay muchos más sitios como ese.

LINK A PROPUESTA PARKING LORCA CENTRO.

Si esta función inmobiliaria no es labor propia de los concejales, para eso están los gestores en emprendimiento, por lo que se puede contratar a un equipo de expertos en la materia que con mucho gusto y seguramente a cambio de una comisión podrían realizar la gestión inmobiliaria oportuna y encargarse de atraer al mejor postor para nuestros intereses.

Posiblemente conseguiríamos de esta forma:

1º. Generar cash ahora y garantizar mayores ingresos futuros por IAE y otros, para invertir en otras zonas del casco antiguo.

2º. No gastariamos nada en derribar y construir la comisaría o bien en rehabilitarla y ganariamos comodidad al adecuar los accesos al parking, mejora de calzada, aceras etc.

3º. Ahorraríamos un dineral en el mantenimiento del nada rentable parking público de San Vicente, además se crearían nuevos puestos de trabajo y esas personas con mayor poder adquisitivo también podrían gastar más en otros negocios.

El resultado sería que la zona comercial centro se revitalizaría porque de nuevo miles de personas pasarían por esos comercios a diario y los fines de semana.

Otros grupos proponen darle un uso ciudadano y seguir expidiendo DNIs, pero pienso que esa solución en ese lugar, solo sería un gasto municipal más y para esas funciones ya tenemos muchos locales municipales desperdigados por toda la ciudad que seguramente están vacios.

Las conexiones del PP, De Guindos y el Santander con BlackStone

El primer movimiento que realizó el Banco de Santander tras hacerse con el Popular fue la venta del 51% del patrimonio inmobiliario de la entidad intervenida para, de este modo, poder tener una rentabilidad rápida. La operación se cerró incluso antes de que la Comisión Europea autorizara la resolución del Popular y su venta por un euro al Santander. Tan seguros estaban de que no se iba a producir una respuesta diferente a la afirmativa que el banco cántabro inició las negociaciones con diferentes fondos para ir capitalizando el patrimonio del Popular. Se barajaron varios nombres y, en principio, parecía que la mejor oferta procedía del fondo buitre Lone Star. Sin embargo, quien cerró la operación fue BlackStone.

Este hecho ha convertido a este fondo buitre estadounidense en la mayor inmobiliaria privada de España y, principalmente, en el mayor inversor extranjero del sector del ladrillo.

Sin embargo, la operación se cerró a través de uno de los fondos de BlackStone que están radicados en las Islas Caimán, un territorio en el que estas grandes corporaciones utilizan de manera habitual para grandes movimientos económicos y, sobre todo, para canalizar sus inversiones. En concreto, la operación se cerró con Blackstone Real Estate Partners Europe V, que, aunque tiene sus oficinas en Nueva York, tiene su domicilio social en George Town, capital de uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Según el GLEIF, un organismo internacional que controla y hace recomendaciones sobre el sistema financiero mundial, BlackStone Real Estate Partners Europe V tiene su sede en un inmueble de cinco plantas que fue definido por Barack Obama del siguiente modo: «O es el edificio más grande del mundo, o es la mayor estructura de evasión fiscal existente».

En el mismo edificio se encuentra radicado The Children’s Investment Fund (TCI). Este fondo fue el elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy para ser el socio de Aena antes de salir a bolsa. A día de hoy es el accionista mayoritario de la empresa que fue semiprivatizada hace dos años a un precio muy inferior al que esa participación tenía en el mercado, algo que se corrobora día a día con su valor actual.

Volvamos a la operación que cerró el Santander con BlackStone Real Estate Partners Europe V para vender el patrimonio inmobiliario del Banco Popular. Esta venta incluye viviendas, locales, suelos y créditos por un valor contable bruto de unos 30.000 millones de euros que, tras diversos ajustes realizados primero por Popular y luego por el Santander, cayó a 10.000 millones, lo que supone un descuento del 66%. En el acuerdo también está incluida Aliseda y un ahorro fiscal de 300 millones de euros.

La operación, cerrada en tiempo récord (40 días después de que esos activos salieran a la venta) se hizo pública una hora después de que la Comisión Europea aprobase la compra de Popular por parte de Santander por un euro tras la intervención de la entidad. Por tanto, el banco cántabro estuvo negociando con activos del Popular aún sin tener la aprobación definitiva de Europa de la operación por la que se hizo por un euro con la entonces sexta entidad financiera de España. Tan seguros estaban de que no iba a haber ningún problema.

Con la venta, Santander logrará ahorrarse pérdidas adicionales y sacar esos activos de su balance con el consiguiente efecto positivo sobre sus ratios de capital y su morosidad, tras llevar a cabo en julio una ampliación de capital de 7.000 millones para digerir la integración del Popular y sanear parte de su ladrillo tóxico. Todo ello, sin renunciar del todo a esos activos, ya que conservará un 49%, aunque la gestión queda en manos de Blackstone, experto en este tipo de operaciones.

BlackStone se ha consolidado como el principal fondo del sector inmobiliario español, un mercado en el que ya contaba con más de 100.000 inmuebles y en el que irrumpió en 2.014 con la compra de 1.860 viviendas sociales, trasteros y plazas de garaje del Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella, esposa de José María Aznar, con la polémica que generó con el desahucio continuado de los inquilinos de esas viviendas al cambiarles las condiciones del alquiler social al que habían accedido porque tenían derecho a causa de las condiciones económicas en que se hallaban. Esta operación fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas de Madrid pero que ha sido un negocio tan redondo para BlackStone como el de los activos inmobiliarios del Popular y que Manuela Carmena ha intentando revertirla sin, de momento, éxito.

Tanto la operación de Aena como la de las viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid muestran las buenas relaciones entre BlackStone y el Partido Popular ya que, en el caso de la primera, se vendió una participación por los que se obtuvo un beneficio del 300% respecto del capital invertido inicialmente. Con las viviendas sociales vendidas por el gobierno de Ana Botella no tardó en rentabilizar la inversión gracias a unas estrategias especulativas muy agresivas.

Tras la operación en Madrid, BlackStone adquirió 40.000 hipotecas morosas de Catalunya Banc por 3.600 millones de euros a pesar de que estaban valoradas en 6.400 millones. Posteriormente, se hizo con otros activos inmobiliarios procedentes de CaixaBank y del Sabadell. Todo ello, sumado a la operación cerrada con el Santander, lleva a que BlackStone ha dado un paso cualitativo que coloca al fondo buitre en un punto de privilegio en el sector inmobiliario española precisamente en un momento en que está cambiando el ciclo. La entidad es una de las mayores firmas de inversión del mundo y está especializada en comprar activos en «situaciones especiales». Dicho de otra forma, es un fondo buitre con 370.000 millones en activos gestionados en todo el mundo, de los que casi un tercio son inmobiliarios, lo que le convierte en el mayor propietario de ladrillo del planeta.

Precisamente penetró con fuerza en el mercado español, además de porque era uno de los mercados inmobiliarios más atractivos para la especulación, porque hubo un partido político que tenía prácticamente el poder absoluto, gobernando casi todas las Comunidades Autónomas, con un gobierno con mayoría absoluta, con un ministro de Economía, el señor Luis de Guindos, muy proclive a permitir operaciones de las grandes corporaciones financieras internacionales y un sector bancario que aún se estaba recuperando de la burbuja inmobiliaria.

Impresentable respuesta del Gobierno a un senador por la Memoria Histórica

En estos tiempos en que todo el hastío de la ciudadanía por la corrupción del PP y las ocurrencias catalanas es palpable, se pueden escapar, a veces, barbaridades del gobierno de M. Rajoy. El senador de En Comú Podem, Joan Comorera, con cierto sarcasmo y retranca, esa misma que le alaban al presidente del gobierno los medios conservadores, quiso saber si ya sabía el porqué de quitar el nombre de la calle Salvador Moreno. Esa misma en que estuvo viviendo Rajoy y que desconocía por qué la habían quitado, mientras estaba en plan informal durante una visita en Costa de Marfil.

No sólo eso, el senador catalán también cuestionó al Gobierno por si entendían que con manifestaciones como esas se apoyaba el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y, además, “¿No cree el gobierno que defender el nombre de la calle de un sublevado contra un gobierno democrático y ex ministro de Franco, que encabezó matanzas a uno y otro lado de España es una burla a las miles de víctimas que siguen en las cunetas?”. Sin duda un golpe en la línea de flotación de quienes se jactan cumplir la ley, pero sólo cuando les interesa y las que les son favorables.

Quizá en el Gobierno del señor Rajoy tampoco recuerden que en estos días se conmemora La Desbandá, la matanza sangrienta de 5.000 personas que huían de Málaga hacia Almería por parte de las fuerzas fascistas y nazis. Personas que huían de la guerra y de las represalias salvajes que estaba ejecutando el ejército sublevado en Andalucía con Queipo de Llano al frente. Pues uno de los buques que bombardeó desde la costa a esas personas indefensas, era el Canarias, a cuyo mando estaba el tristemente famoso Salvador Moreno de la calle donde vivía el presidente del Gobierno. 5.000 personas que de haberse quedado en Málaga hubiese sufrido el mismo destino bajo los pelotones de fusilamiento cuya represión en las primeras horas se llevaron por delante a 8.000 víctimas. Mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas perecieron bajo el fuego de artillería y aviación de los fascistas.

5.000 víctimas, sólo en este caso, que daban para poner el nombre de una calle que el presidente del Gobierno no entendía por qué lo quitaban. No se sabe si por verdadera ignorancia supina o por aún tener inoculado el franquismo en las venas y no reconocer los hechos. El caso es que Salvador Moreno fue un criminal de guerra, un sanguinario sin corazón, que bombardeó sin miramientos a inocentes que sólo huían en busca de salvar las vidas, pero que fue impedido por el fuego fascista.

Y ¿cuál es la respuesta del Gobierno a las preguntas del senador y que suponen una ofensa a las víctimas? “En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Gobierno conoce y respeta la legislación vigente”. Salirse por la tangente es la mejor calificación a esa respuesta. Bien es cierto que Comorera tiraba con bala, pero esa respuesta demuestra la escasa preocupación del Gobierno conservador por las víctimas y por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Podían haber contestado que sentían el pesar, o que comprendían la situación, o cualquier salida que no mostrase el apoyo al fascismo.

Para el senador Comorera “es inadmisible una respuesta de este tipo por parte del Gobierno. Sólo faltaría que el Gobierno no conociera, ni respetara la legislación vigente. Lo que está claro es que no tienen forma de justificar un nuevo desprecio a la Ley de Memoria Histórica y a las víctimas del franquismo por parte de Mariano Rajoy”.

No piensen que es sólo producto del Gobierno. Hace unas fechas en el Pleno del Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP, saltó la polémica cuando el concejal Miguel Ángel Castellón pidió que también se quitase la calle de Dolores Ibárruri. Comparaba a la dirigente comunista con el Crucero Canarias que bombardeó indiscriminadamente a personas desarmadas e indefensas. Una demostración más de que la preocupación por respetar la Ley de Memoria Histórica es débil, casi inapreciable en las filas conservadoras. Eso sí, al menos, se aprobó nombrar una calle de El Tagarete como La Desbandá.

El Gobierno autoriza a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a contratar los trabajos de explotación de la planta desaladora de San Pedro del Pinatar II hasta 2020

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), ha autorizado a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) la contratación de los servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar II (Murcia), por un presupuesto de 17,2 millones de euros para los próximos dos años 2018-2020.

La desaladora, promovida por el entonces Ministerio de Medio Ambiente a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, cuenta con una capacidad de 65.000 m3/día para abastecer con agua de mar tratada al Canal de Cartagena.

La infraestructura se encuentra en explotación desde mayo de 2007 y, desde entonces, la MCT ha ido contratando los servicios de explotación a empresas del sector por el alto grado de especialización que exige la manipulación y conservación de las instalaciones. El vigente contrato finaliza en junio de 2018.

Garantizar el correcto funcionamiento y explotación de la planta desalinizadora se ha convertido en un asunto de primordial importancia en la actual situación de sequía que está afectando a la demarcación del Segura, para poder asegurar la necesaria producción de agua que satisfaga la demanda en el abastecimiento en el ámbito de actuación de la MCT.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla abastece de agua potable a 80 ayuntamientos de las provincias de Albacete (2) Alicante (35) y Murcia (43), con una población total de 2,5 millones de habitantes que, en época estival, supera los tres millones de personas.

Los valencianos pagarán a Florentino Pérez 14,6 millones por culpa de Camps

Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la Generalitat valenciana deberá abonar 14,6 millones de euros a la UTE Dragados (Florentino Pérez-ACS) y Rover Alcisa (Alfredo Rodríguez Verdugo) por los sobrecostes en las obras de acceso a Alicante por la avenida Denia. Con esta sentencia se revoca la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Un proyecto ejecutado bajo mandato de Francisco Camps y Sonia Castedo que supondrá un nuevo daño para las sufridas arcas valencianas. El cual se viene a sumar a los sobrecostes de la Formula 1 y demás barbaridades que se cometieron bajo gobiernos del PP valenciano.

No es la primera vez que una instancia superior perjudica las arcas de la Generalitat valenciana. La propia Unión Europea multó a la Comunitat con 19 millones de euros por ocultar el déficit, o falsear las cuentas, como prefieran. En esta ocasión son sobrecostes por culpa de la mala praxis de la administración según explica la sentencia: “Tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la Administración, pues desde el primer momento, como consta en el acta de replanteo de 10 de noviembre de 2006, incumplió con sus obligaciones contractuales”.

A diferencia de otras obras públicas que ya se estiman tendrán sobrecostes, en esta ocasión el propio juzgado ha verificado que todo se debió a cambios de las administraciones. Por ello indica que hubo una modificación por el “cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento”, a lo que habría que añadir la inclusión de “una gran fuente ornamental” y diversos vallados y cerramientos no contemplados en el proyecto original. Además, constata el Tribunal que las obras no pudieron comenzar en tiempo por culpa de las administraciones pues ni los terrenos estaban disponibles y había “consistentes” discrepancias entre planos de obra y presupuesto en unidades de obra. Una chapuza completa por parte de Camps y Luis Díaz Alperi.

Compromís pide la asunción de responsabilidades políticas.

Compromís ha mostrado su indignación ante lo que califican como “una nueva prueba de mala gestión del anterior Consell gobernado por el Partido Popular después que el Tribunal Supremo haya condenado a la Generalitat a pagar 14’6 millones de euros a las constructoras que ejecutaron el acceso norte a Alicante”.

Clara Ferrando, Secretaria Autonómica de Hacienda, ha señalado que “las valencianas y los valencianos tendremos que volver a pagar de nuestros bolsillos la mala gestión del gobierno del PP. Con los 14’6 millones de euros que tendremos que pagar después de ser condenados se podría pagar la construcción de 3 colegios o 3 centros de salud. Ese dinero no irá destinado a políticas sociales ni a inversión en infraestructuras, sino a pagar a una condena por daños y perjuicios a unas constructoras. La señora Bonig o alguien de su partido debería dar explicaciones. Los contribuyentes tienen derecho a saber quién ha hecho las cosas mal y por qué. Se trata de su dinero”.

Para Compromís, esta nueva condena de la Justicia es otra muestra de la nefasta gestión del PP durante los años que gobernó la Generalitat. “El PP y su aparato de propaganda siempre alardean de buena gestión, pero en la Generalitat la huella que han dejado es nefasta. Aquí conocemos muy bien cómo ha sido su gestión. A los escándalos por corrupción de su partido y a la presunta financiación irregular, no dejamos de sumar ejemplos de su mala gestión, que nos está costando mucho dinero. Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, la Fórmula 1… A estos agujeros contables que aún estamos pagando, hay que sumarle sorpresas como esta. Pagar el mal trabajo de los exdirigentes del PP es un lujo que no nos podemos permitir” ha asegurado la dirigente política valenciana.

“Francisco Camps y Sonia Castedo inauguraron una de las rotondas de ese acceso norte a Alicante. Todos sabemos dónde están ahora, pero quizás no todos saben que los valencianos y las valencianas seguimos pagando a día de hoy su mala gestión. Hacer las cosas mal tiene consecuencias. Lo malo es que muchas veces las consecuencias las pagan los contribuyentes” ha concluido Ferrando.

Urralburu (Podemos): “El aeropuerto de San Javier es rentable, productivo, beneficioso y positivo para la Región”

El diputado regional y portavoz de Podemos en el Parlamento regional, Óscar Urralburu, se desplazó ayer a las dependencias del Aeropuerto de San Javier para declarar que éste es “rentable, productivo, beneficioso y muy positivo para la Región de Murcia” por lo que afirma no entender “porqué los murcianos y murcianas tenemos que sufrir el peligroso experimento del Partido Popular en Corvera. Ya hay compañías aéreas, que traen muchos turistas británicos, que han confirmado que si San Javier se cierra no se van a ir a Corvera, prefieren Alicante”.

Urralburu ha puesto de relieve que el gobierno de López Miras (PP) “es capaz de hacer una apertura de Corvera por todo lo alto a costa de poner en riesgo todo el turismo de nuestro litoral. Las medallas del PP en Corvera nos pueden salir muy caras. Perdemos los beneficios de cuatro o cinco millones de euros que da San Javier por año y asumimos las pérdidas que va a generar Corvera, que están entre unos tres millones que el PP va a cargar a nuestras espaldas”.

Asimismo, Óscar Urralburu ha expresado la preocupación que existe entre los cuatrocientos cincuenta trabajadores directos de San Javier.

Por eso ha anunciado que va a preguntar al Gobierno “cuál es la planificación que hay detrás de la apertura de Corvera y cuál va a ser su rentabilidad”.

Urralburu ha recordado que San Javier es muy parecido en tamaño y prestación de servicios al de Corvera y que San Javier ya cuenta con “1.200.000 pasajeros y está entre los diez aeropuertos de España que son rentables para AENA”.

Economía municipal afectada

Por su parte, el concejal de Ganar San Javier, Matías Cantabella, considera que el Aeropuerto de San Javier “es fundamental para el municipio”.

“Aparte de los trabajadores ´ha señalado- el turismo de toda la zona se va a ver afectado, porque como nos han comentado desde la Plataforma, ya hay muchos turistas extranjeros que han manifestado su preferencia a volar a Alicante antes que a Corvera. Por tanto, va a afectar a toda la economía de San Javier”.

Los agricultores lorquinos tendrán que pagar 900.000 euros de “tasazo” por el agua del trasvase Tajo-Segura «por culpa del acuerdo entre PP y Podemos»

El Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro denuncia que, de nuevo, PP y Podemos se alíen en el Senado en contra de los intereses de los regantes lorquinos, votando en contra de una enmienda que pretendía rechazar el tasazo al Trasvase, un impuesto al agua del Tajo.

Por esta alianza PP-Podemos, los regantes lorquinos tendrán que pagar casi 900.000 euros al año, por un “tasazo” al Trasvase, que “perjudica a los regantes y agricultores, pues les obliga a pagar esa cantidad de dinero “por un agua que no perciben”.

Navarro recuerda que el importe de este “tasazo” irá a parar a las Comunidades Autónomas que no han permitido que se trasvase “ni una gota de agua trasvasada” a nuestra Región.

El Concejal del PSOE lamenta que, conociendo la sequía que soportan los regantes y agricultores de Lorca y la Región, los senadores de PP y Podemos se alíen para votar en contra de una enmienda que perseguía eliminar ese “tasazo” cuando no se produzcan trasvases.

Los argumentos que se aportan para votar en contra de la enmienda para eliminar este “injusto y abusivo” tasazo son:

(Textual) Se rechaza de pleno esta petición porque la recaudación obtenida por la parte de la tarifa de conducción de agua correspondiente al concepto de aportación por el coste de las obras, es la medida de compensación a la cuenca cedente, es decir a las CCAA afectadas por el Trasvase Tajo-Segura. Aprobar esa medida tendría importantes consecuencias de carácter económico para esas comunidades Autónomas que sufrirían un significativo descenso de ingresos.

Navarro asegura que si ya es grave el atropello de hacer pagar a los agricultores una tasa por un agua que no perciben, más grave nos parece aún que se argumente que el destino de ese dinero irá a parar a las Comunidades Autónomas que no han permitido que venga a nuestra región ni una gota de agua trasvasada.

Desde el Partido Socialista, exigen especialmente al lorquino Consejero de Agricultura Francisco Jódar y al presidente de la CARM, el también lorquino Fernando López Miras, que comparezcan ante los agricultores, y expliquen por qué tienen que pagar casi un millón de euros a las Comunidades Autónomas que no han permitido y no permiten que venga agua trasvasada a nuestra Región.

“Los socialistas vamos a seguir trabajando de manera coordinada entre el Congreso, Senado, Asamblea Regional de Murcia para encontrar soluciones al problema de la sequía, ha concluido Navarro

IU pide explicaciones a Cospedal por el vuelo de aviones militares sobre la ciudad de Lorca

La Concejala de IU-V, Adoración Peñas, ha afirmado que «ni el territorio de Lorca, ni sus pedanías, y ni mucho menos sus zonas pobladas, son el lugar adecuado para que el Ejército de Aire, o la OTAN, se dediquen a hacer prácticas y piruetas aéreas” volando a escasos metros de las viviendas y «asustando» a la población.

El pasado viernes 2 de febrero, a primera hora de la tarde, miles de lorquinos «se llevaron un gran susto» a primeras horas de la tarde cuando un avión militar que sobrevolaba la ciudad rompía la barrera del sonido produciendo lo que se denomina una “explosión sónica”.

No es la primera vez que IU-Verdes denuncia esta cuestión. De hecho, en octubre de 2016 ya le exigió al alcalde que denunciara ante el Ministerio de Defensa estas prácticas, que son habituales desde hace tiempo, y siguen produciéndose tanto en la ciudad de Lorca como en pedanías. Vecinos de Aguaderas, Purias, Hinojar o La Hoya, «en más de una ocasión han salido de sus casas aterrados por el vuelo casi en rasante de los aviones militares y por el ruido ensordecedor que generaba».

Peñas ha recordado que ya en primavera de 2013, ante la realización de prácticas similares por el cielo de Lorca, IU hizo  las quejas oportunas y el propio Alcalde de la ciudad se comprometió a instar a la Delegación del Gobierno en Murcia y al propio Ministerio de Defensa a suprimir esos vuelos. «Y, o no se hizo, o si se hizo desde luego al alcalde de entonces no le hicieron demasiado caso. El mismo efecto tuvo la petición de 2016 de IU-V».

«Ante esa falta de atención por parte de las autoridades del PP en Lorca», Peñas informa que van a exigir directamente explicaciones al Ministro de Defensa a través del diputado de Unidos Podemos, Javier Sánchez Serna, «para que se nos ofrezcan a los lorquinos las explicaciones pertinentes y para que Lorca y sus zonas pobladas dejen de ser sobrevoladas por esos aviones».

Peñas asegura que estas prácticas no deben realizarse en zonas residenciales y demuestran muy poca sensibilidad al hacerlo en una población como Lorca que aún arrastra efectos psicológicos derivados del terremoto.

Respuesta municipal

Desde el Consistorio se ha recordado que ha trasladado a las administraciones competentes este hecho que se viene sucediendo desde hace tiempo en Lorca habida cuenta de la ubicación geográfica del municipio.

El Ejecutivo Municipal agradece la colaboración de IU en el Ayuntamiento, aunque pone en duda que el “Ministro” les pueda ofrecer explicaciones puesto que parecen haber olvidado que la titular de Defensa, y por tanto Ministra, es Doña María Dolores de Cospedal desde noviembre de 2016, recordando que a diferencia de otros sustantivos como “portavoz”, “ministro/a” tiene dos flexiones para aludir al género masculino o femenino.

 

Susana Díaz asume la cartera de Exteriores por el Brexit

La presidenta de la Junta de Andalucía ha vuelto su mirada hacia Cádiz, en concreto, hacia la zona fronteriza con el peñón de Gibraltar, a causa de todas las repercusiones económicas y sociales que tendrá el Brexit en esa zona. Susana Díaz, haciendo de ministra de Exteriores in pectore, se ha reunido ya con el primer ministro gibraltareño y, en esta ocasión, ha visitado La Línea de la Concepción para tratar sobre este asunto tan particular y principal de su agenda política.

Durante su visita a la localidad gaditana, Díaz ha propuesto la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial para minimizar el impacto del Brexit en la zona. Al igual de las que existen en Huelva y el sur de Portugal, la cual podría tener personalidad jurídica propia. Por este motivo, la Junta registrará esta iniciativa en los próximos días en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La presidenta ha asegurado que “el Campo de Gibraltar es una zona de gente muy trabajadora, que tienen que tener todas las oportunidades”, por lo que abogó “convertir en una oportunidad lo que a día de hoy es una amenaza”. También se mostró confiada en poder contar “con el apoyo del Gobierno de España, competente en materia de política exterior”.

Susana Díaz ha recordado la importancia de la reunión con el Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, «para ir valorando cuál va a ser el impacto al que nos enfrentamos según el tipo de Brexit», dentro de la lealtad al Gobierno de España, así como el interés mostrado por este asunto de algunos comisarios de la UE en las dos últimas visitas de la presidenta a Bruselas. En este sentido, Díaz remarcó que «no podemos olvidar que uno de cada cuatro empleos de esta zona tiene relación con el Peñón» y pidió garantías de seguridad para los entre 8.000 y 10.000 trabajadores que pasan a diario a Gibraltar.

Asimismo, detalló que «el impacto directo del Peñón en la zona del Campo de Gibraltar ronda los 50 millones de euros, y el tráfico de exportaciones comercial con Reino Unido está en torno a los 450 millones de euros». Atendiendo a estos datos se pone de manifiesto que «tiene que haber un espacio de regulación del espacio que compartimos». La presidenta ha mantenido también una reunión con la Asociación Sociocultural de Trabajados Españoles en Gibraltar (Ascteg) y del Grupo Transfronterizo, donde ha reafirmado el compromiso de la Junta en este asunto.

Solicita más agentes para el Campo de Gibraltar.

Tras la polémica entre Susana Díaz y el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido sobre la mayor o menor presencia policial en la zona, cuando dijo que: “Ya no sé cómo se lo voy a decir a Rajoy y al ministro Zoido; en numerosas ocasiones ya le hemos dicho que la situación de inseguridad que se vive en el Campo de Gibraltar no es de recibo”. Y el ministro respondió, por carta, que a él no le había dicho nada nunca y que ha visitado la zona muchas veces, como también lo hace en otras partes con el mismo resultado. La presidenta ha reiterado la urgencia y lo necesario de que, a la mayor brevedad posible, el Gobierno central restituya el número de efectivos policiales y de Guardia Civil en Andalucía.

«Tenemos una necesidad real de que los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han perdido sean restituidos», ha señalado. La presidenta ha evidenciado que desde 2011 el menoscabo de agentes en el conjunto de la comunidad supera los 2.000 entre Policía Nacional y Guardia Civil, «que no se han repuesto porque no se han cubierto las bajas».

Para Díaz, el incremento de profesionales de seguridad es una condición indispensable para «restablecer» el derecho de la ciudadanía del Campo de Gibraltar «a sentirse protegida, vivir con tranquilidad, con seguridad, con sus familias, y hacerlo en un entorno de convivencia y habitable», frente a «los grupos que quieren echarle un pulso al Estado».

Si bien es cierto que «la inmensa mayoría de los ciudadanos que vive y trabaja aquí todos los días» son honestos, Díaz ha reconocido la incertidumbre por las noticias que se están sucediendo en los últimos días. «La ley hay que hacerla cumplir y hay que restituirla cuando antes», ha defendido.

Para la presidenta andaluza, «el problema de seguridad de estos días es que hay menos policías y guardia civil que hace cinco años, y en enero menos que en octubre», según los datos que el Ministerio del Interior ha trasladado en pregunta parlamentaria al Congreso de los Diputados. Díaz ha sido además tajante: «yo lo que pido lo hago, he pedido más seguridad en la zona y ayer hemos duplicado la seguridad privada que se hace cargo del Hospital, hay el doble de vigilantes, además se está construyendo un dispositivo de detección de metales similar al de los juzgados», ha avanzado.