martes, 28 abril, 2026

Polémica por la construcción de una playa en el río Luchena

La protección ambiental del río Luchena «es una línea roja frente a cualquier proyecto que pretenda materializarse en ese entorno». Así de tajante se ha manifestado el Portavoz de IU-Verdes, Pedro Sosa. 

Sosa ha recordado que ya en la etapa de Leoncio Collado como Alcalde de Lorca por el PSOE, cuando pretendieron pinchar el acuífero del Luchena para incrementar su caudal, «nos opusimos radicalmente y hasta llegamos a organizar una marcha por el río Luchena a la que acudieron cientos de personas de Lorca y de las pedanías más próximas a este tesoro natural que disfrutamos en nuestro municipio. No será diferente frente a cualquier proyecto que atente contra este extraordinario patrimonio natural de los lorquinos», ha adelantado el portavoz de IU-V.

Ahora, sostiene Sosa, «desconocemos» los extremos del proyecto que ha anunciado el concejal de obras del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, consistente en la creación de una playa fluvial. «No sabemos las dimensiones, ni el lugar concreto, ni la afección ambiental a la flora ribereña, a los trazos de bosque de ribera existentes allí, a las aves, a la fauna del río, al paisaje, etc. El río ya presenta zonas de baño en muchos de sus tramos, desde los mismos Ojos de Luchena, hasta los lugares de remanso natural de las aguas en los meandros o los que se han conseguido con la colocación manual de pequeñas presas de piedra».

«Tampoco sabemos», agrega Sosa, «si ese proyecto salva la normativa de las dos figuras de protección (LIC y ZEPA) que tiene el río Luchena, ni qué piensa, si es que tiene conocimiento del mismo, la administración ambiental de la Región de Murcia».

No se trata sólo de pedirle permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura, afirma Sosa, el proyecto debe respetar el conjunto de la normativa ambiental de aplicación «y por supuesto exigiremos que se evalúe ambientalmente con carácter previo y preventivo cualquier actuación que se pretenda materializar allí».

Sosa ha concluido que cuando los gobernantes de Lorca, sean del PSOE o del PP, miran al río Luchena «nunca suele ser para proteger sus valores naturales, que es precisamente la mayor de las obligaciones que les vinculan con este río».

PSOE: pide la paralización del proyecto

El Portavoz del PSOE, Diego José Mateos «ha exigido» a Gil Jódar y al equipo de Gobierno del PP que «paralicen su intención de construir un estuario artificial en pleno ecosistema del río Luchena».

Mateos ha advertido que el entorno ambiental del río Luchena es “muy delicado”, y recuerda que se trata del único ecosistema hidráulico natural que conserva el municipio de Lorca. Ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta intención, anunciada recientemente por el PP, en lugar de conservar y poner en valor este entorno natural, acabe deteriorándolo o destruyéndolo.

Diego José Mateos pide “responsabilidad” al PP que, antes de anunciar proyectos de alto impacto medioambiental como éste, al menos, sean capaces de reunir los necesarios permisos administrativos, estudios medioambientales previos y, sobre todo, la participación, opinión y consenso real de los habitantes de las tierras altas y colectivos implicados.

Mateos ha insistido en que cualquier actuación que afecte a la conservación del río Luchena «debe ser sopesada y estudiada previamente, y llevada a opinión entre los habitantes de las tierras altas,  así como entre los colectivos del ámbito medioambiental y de desarrollo rural, para enriquecer estos proyectos e impedir que ideas, como ésta del PP, puedan perjudicar el ecosistema».

Recuerda que, antes que este tipo de proyectos, hay “otras muchas prioridades” en esta zona, como mantener “limpio y conservado” el entorno, o instalar un punto de recogida de agua destinado a que los servicios de emergencias puedan hacer uso del mismo en caso de incendio forestal.

Además, recuerda a Gil Jódar y al resto de concejales del PP que, si tan importante es para ellos construir una playa en esta zona, ya existen dos piscinas municipales, en Zarcilla de Ramos y La Parroquia, que podrían promocionar más para fomentar este tipo de ocio.

Mateos teme que, por el hecho de que esta idea del PP no cuente con la aceptación de los vecinos de la zona, con esta inversión pase igual que con la realizada, también por el PP, para la construcción de un Ecoparque en Coy que “nadie pidió”. En concreto, fueron 209.000 euros tirados a la basura, en unas instalaciones que nunca fueron utilizadas, como ya denunció el PSOE en 2016 y 2017.

Para Mateos, «esta nueva ocurrencia del PP obedece, claramente, a su agotamiento político y a la ausencia de un proyecto claro y definido para Lorca y sus pedanías». Asegura que desde hace tiempo, el actual Alcalde y su equipo se dedican a anunciar proyectos “a modo de ocurrencias, sin ser sopesadas y sin que reúna la aceptación de los vecinos».

Por lo tanto, Mateos pide a Gil Jódar que «paralicen de inmediato este proyecto y su intención de construir una playa en el río Luchena. Al menos, que no se actúe sobre el río Luchena hasta que no realicen un estudio serio, pormenorizado y participativo, que cuente con el respaldo de los agentes sociales y medioambientales implicados».

Respuesta del Equipo de Gobierno

El Concejal de Desarrollo Rural en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha querido contestar a las acusaciones vertidas desde el Grupo Municipal Socialista sobre los proyectos que se pretenden financiar a través de los fondos europeos de desarrollo rural (LEADER).

Meca recomienda a Mateos que “antes de salir a los medios de comunicación a intentar generar una polémica debería de contrastar la información y enterarse muy bien de lo que se ha dicho, porque se corre el riesgo de meter la pata, como ha sucedido. Simplemente con leer la nota de prensa emitida podría haber descubierto cuáles son los proyectos para los que se solicita la ayuda europea a través del grupo de acción local Integral Sociedad para el Desarrollo Rural, al que pertenece el Ayuntamiento como socio, y cuyo territorio de actuación se extiende a las pedanías del norte de Lorca, así como a través del grupo de acción Local Campoder, Asociación para el Desarrollo Rural. Estos proyectos son la producción, grabación y difusión de una película-documental que refleje el patrimonio cultural de las pedanías altas de Lorca; la edición de un libro para el conocimiento, promoción y difusión del patrimonio de las mismas; producción, grabación y difusión de una película-documental que refleje el patrimonio cultural de las pedanías del sur; la mejora en instalaciones deportivas en distintas pedanías y la mejora en plazas, parques y su entorno en las mismas”.

En cuanto a la creación de una playa en el río Luchena, Meca ha señalado que “se trata de una idea surgida de los propios vecinos. Tras escuchar a los mismos, como nosotros siempre hacemos, consideramos que se trata de una iniciativa muy atractiva a través de la cual se ofrecería una lámina de agua para baño, pero que también podría ser utilizada para coger agua por helicópteros en el caso de que se produjera un incendio forestal, por lo que su valor sería doble. Todo ello se realizaría a través de una pequeña contraparada que no rompería el caudal, buscando siempre el absoluto respeto a una zona de gran valor ambiental calificada como ZEPA. Debido al interés manifestado por los vecinos y a su utilidad, desde el Ayuntamiento nos hemos comprometido a estudiar con la Confederación Hidrográfica del Segura su viabilidad e integración medioambiental y, en el caso de que cumpliera con todas las condiciones legales y naturales necesarias, tramitaríamos un proyecto para solicitar la financiación LEADER en próximas convocatorias, tal y como anunciamos”.

“Hemos escuchado las reivindicaciones de los vecinos y vamos a trabajar para garantizar que las mismas puedan hacerse realidad, como siempre hacemos. Mientras nosotros seguimos trabajando, animamos al PSOE lorquino a que, al menos, se informen bien antes de poner el grito en el cielo y realizar exigencias tan teatrales como fútiles nacidas del desconocimiento”.

Desacuerdo entre oposición y Gobierno regional para elaborar la Ley Integral del Mar Menor

Todos los grupos de la oposición quieren que sea el propio Gobierno regional el que elabore la Ley Integral del Mar Menor y para eso el presidente de la Ponencia para la redacción de la citada ley, Antonio Guillamón, ha pedido a la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional “que programe la reunión de la Comisión Especial para el Mar Menor a fin de que en el seno de la misma se decida el procedimiento a seguir para la elaboración de la citada Ley”.

El diputado de Ciudadanos, Luis Fernández, ha sido más explícito al reconocer que de esta forma se busca acortar los plazos para la puesta en marcha de las medidas de forma urgente “porque nuestra laguna no puede esperar” y porque, por cuestiones técnicas, el Gobierno regional no tiene “las limitaciones propias de la falta de medios y capacidad de gestión” que tienen los grupos de la oposición.

Fernández ha resaltado que “la realización de la ley debería ser una cuestión prioritaria y tendría que estar preparada en un plazo de entre nueve meses y un año, pero el Partido Popular sigue demorando los tiempos, pide que haya más comparecencias y, además, solicita que sea la ponencia la que se encargue del desarrollo total de la ley, sirviendo como base el decreto ley aprobado”.

“No se pueden poner parches, sino que tenemos que ofrecer soluciones. Creemos que deben ser los técnicos quienes las aporten, mientras que los políticos lo único que hemos de hacer es no interferir en su labor y apoyar estas medidas. La aprobación de la ley es urgente, pero, además, estamos obligados a hacer las cosas bien”, ha finalizado Fernández.

Por su parte la diputada regional de Podemos, María Giménez, ha señalado que el gobierno regional del Partido Popular lo que quiere es “escaquearse” de la responsabilidad que tiene como ejecutivo.

“Nos pondremos a trabajar -ha añadido- en la elaboración de un texto que tenga la calidad necesaria en un tema tan complejo. Debe servir para establecer los criterios y las directrices básicas que tiene que tener una de las leyes con más trascendencia de nuestra Región”.

Giménez ha afirmado que el Partido Popular “no tiene ninguna intención de hacer su trabajo” en lo que al Mar Menor se refiere. Es “evidente” ha dicho la diputada de Podemos, que quien tiene “toda la Administración pública a su alcance es el gobierno. Tiene los medios técnicos, jurídicos y humanos necesarios para presentar el mejor texto posible”.

PP: “Una reunión decepcionante”

El partido del Gobierno regional, sin embargo, ha tachado la reunión de ayer como de “decepcionante” ya que, según su diputado regional Jesús Cano, los partidos de la oposición han acudido a la reunión “con el fin de darle una patada hacia adelante al balón, sin asumir el compromiso adquirido de trabajar en su elaboración en la Asamblea Regional con ese fin se constituyó la Ponencia en el seno de la Comisión especial del Mar Menor”.

“La actitud de los representantes parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos revela -añade Cano- que no tienen ninguna voluntad de trabajar en esa ley integral, algo que hemos defendido desde el primer día en el Partido Popular con la propuesta de dejar aparcadas las enmiendas dañinas que votó la oposición a sabiendas del perjuicio que iban a hacer a un sector, sin beneficiar a nadie”.

El diputado conservador ha afirmado que su grupo ha sido “el único grupo que ha llegado con propuestas a la reunión”

“Queremos que la Ponencia o la Comisión se reúnan semanalmente y es escuche a quienes tienen algo que decir sobre el Mar Menor” apuntando a la necesidad de abrir las comparecencias a sectores como el turístico, urbanístico, hostelero,náutico, pesquero, empresarial, además del agrícola.

El diputado autonómico popular considera, al contrario que el resto de grupos del arco parlamentario, que “una proposición de ley es mucho más ágil y requiere menos tiempo que un proyecto de ley, que exige los informes preceptivos del Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social”.

Cano ha expresado su confianza en poder corregir y enmendar los errores cometidos en la tramitación del Decreto Ley que han hecho “un daño terrible al principal sector productivo de la Región, la agricultura”.

Lorca se convierte «en referencia mundial» en materia de recuperación de patrimonio monumental

El Alcalde de Lorca Fulgencio Gil, ha afirmado que «el excelente trabajo» de recuperación del patrimonio que se ha desarrollado en la ciudad tras los terremotos del año 2011 constituye un estímulo de carácter positivo y extrapolable a otros casos. «Los lorquinos hemos adquirido una enseñanza a raíz de los seísmos que ahora tenemos la oportunidad de exportar para que aquellas personas y pueblos que, por desagracia, tengan que atravesar una situación similar a la que nos golpeó años atrás, conozcan cuál es el camino a seguir. Tenemos que destacar, en este sentido, que el diseño de un Plan Director para la Recuperación del Patrimonio ha sido verdaderamente clave. Este Plan se ha reflejado en término prácticos como un guión eficaz para la película del proceso de reconstrucción del legado monumental lorquino».

El Primer Edil ha presentado el Congreso Internacional “Patrimonio cultural y catástrofes: Lorca como referencia”, que tendrá como sede el Teatro Guerra durante los días 3, 4 y 5 de octubre, junto al Consejero de Cultura de la CARM, Javier Celdrán, el Director de Fundación AON España y Presidente del Observatorio de Catástrofes, Pedro Tomey, así como la Coordinadora General de Hispania Nostra, Bárbara Cordero.

Fulgencio Gil ha manifestado que «el modelo de ciudad que se está levantado entre todos los lorquinos habla de una Lorca nueva, más fuerte, cohesionada y eficazmente recuperada, en cuyo marco se encuadra un tesoro histórico monumental en mejor estado que nunca, reconstruyendo lo que el terremoto tiró y mejorando todo lo dañado. El Congreso que se va a celebrar  nos va a permitir proyectar a todo el mundo cómo está ahora Lorca. La mejoría en este aspecto es muy evidente, y eso es algo que debemos a la fuerza del orgullo lorquino. Todos los ciudadanos somos protagonistas de este histórico capítulo de Lorca».

El Primer Edil ha subrayado que la recuperación del patrimonio histórico «ha contribuido en gran medida a la restitución del sentimiento derribado de toda una sociedad. El estruendo del terremoto trajo consigo un profundo daño a las emociones colectivas de todos y cada uno de nosotros, que estamos consiguiendo curar al ver cómo lo que se cayó se va levantando».

El patrimonio cultural siempre ha estado y se encuentra cada vez más amenazado por catástrofes y desastres, tanto de origen natural como causadas por el hombre. Terremotos, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, huracanes y guerras o ataques terroristas que en los últimos años amenazan los bienes culturales y naturales con una frecuencia y un poder de destrucción no conocido anteriormente.

La prevención, la planificación y la preparación técnica para actuar rápidamente tras sufrir un desastre, así como la coordinación de las instituciones y de la sociedad civil, son elementos fundamentales para evitar pérdidas irreversibles y hacer posible la recuperación del patrimonio. La recuperación del patrimonio cultural tras una catástrofe no sólo permite mantener una riqueza cultural y una posible fuente de recursos económicos sino que, sobre todo, se ha revelado como un factor importante en la resiliencia de las comunidades, al reforzar su identidad de las sociedades y potenciar las actuaciones encaminadas a su recuperación material, económica y social.

El terremoto sucedido en la ciudad de Lorca el día 11 de mayo de 2011 destruyó gran parte del patrimonio cultural de esta ciudad. Muchos edificios declarados bienes de interés cultural o catalogados se vieron afectados, así como gran parte de la edificación del conjunto histórico y muchos bienes muebles.

La rápida actuación de la población y las instituciones y la planificación y coordinación de intervenciones, ha permitido que en el plazo de siete años desde aquella catástrofe el patrimonio cultural de la ciudad de Lorca haya sido recuperado en su práctica totalidad. Esta experiencia es ya un referente internacional  y  puede servir de modelo sobre cómo actuar ante una situación de emergencia.

Para conmemorar el año europeo del patrimonio cultural, la asociación Hispania Nostra, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Ayuntamiento de Lorca, con el patrocinio de la Fundación AON, han convocado el congreso internacional “Patrimonio Cultural y catástrofes: Lorca como referencia”.

En el congreso podrán conocerse experiencias de catástrofes en el patrimonio cultural vividas en distintos países, podrán compararse los diversos sistemas de protección y actuación en emergencias, se analizará el proceso de recuperación realizado en Lorca y  será una oportunidad para visitar las actuaciones concretas realizadas.

El Congreso incluye sesiones para el intercambio de experiencias internacionales ante desastres patrimoniales, ejemplos concretos de reacción ante catástrofes, así como la presentación del observatorio de catástrofes de la Fundación AON, además de una jornada íntegramente dedicada a conocer de primera mano el caso de Lorca, con visitas a pie de obra. Se van a dar conocer, entre otras cuestiones, los trabajos efectuados en materia de patrimonio subacuático, inundaciones, la recuperación de la biblioteca de Sarajevo, la misión de la UE en México 2017, e intervenciones en incendios. El contenidos de las comunicaciones remitidas hasta la fecha versa sobre gestión de riegos y patrimonio ante catástrofes como las registradas en Ecuador, México, patrimonio mesopotámico (zona de los ríos Tigris y Éufrates), así como gestión preventiva de pinturas rupestres ante episodios de incendios.

Se contará para ello con la participación de responsables de la UNESCO, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), Guardia Civil, Ministerio de Cultura, representantes de la Biblioteca Nacional, Universidad de Granada, Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), especialistas universitarios de la Politécnica de Madrid, así como miembros del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia y arquitectos de prestigio.

 

Ximo Puig a vender naranjas y transportes en Berlín

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha viajado hasta Berlín para apoyar la labor de internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana con presencia en la feria internacional Fruit Logistica, uno de los certámenes del sector hortofrutícola más importantes a nivel mundial. Allí permanecerá hasta el jueves como embajador de los productos valencianos.

El president visitará hoy miércoles la feria, que reúne en su vigésimo sexta edición a alrededor de 3.000 expositores de más de 84 países y tiene una previsión de 80.000 visitantes. Allí está previsto que realice recorrido por los stands propios de empresas valencianas y también visitará el expositor de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Este año participan en Fruit Logistica 90 empresas de la Comunitat Valenciana, 30 de ellas agrupadas dentro del stand de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Ayer por la noche asistió a una cena con la agrupación de cooperativas Anecoop y el jueves se verá con la embajadora de España en Alemania, Victoria Morera, en una reunión de la que aún no han trascendido los detalles de la misma.

¿Qué es Fruit Logistica?

Fruit Logistica es punto de encuentro de empresas productoras, importadoras y comercializadoras del sector de productos frescos e incluye tanto a compañías internacionales como a pequeños y medianos proveedores de todo el mundo. Engloba tanto a firmas hortofrutícolas como a empresas destinadas al embalaje y etiquetado, gestión de almacenamiento y transportes y sistemas logísticos, entre otras.

Así se expresa Wilfried Wollbold, Global Brand Manager de la Fruit Logistica: “Además del trío unificado compuesto por inspiraciones frescas, las mejores informaciones y nuevas oportunidades de negocios, Fruit Logistica permite lanzar una mirada hacia el futuro. ¿Cómo se desarrollará el comercio hortofrutícola a largo y medio plazo? Las respuestas a esa pregunta las proporcionamos a los visitantes profesionales y a los expositores en el European Statistics Handbook, el nuevo Informe de tendencias y en el amplio programa de congresos en la feria».

Europa quizás no sea el mercado más dinámico de productos frescos, pero, con toda certeza, seguirá siendo a largo plazo el mercado más importante. El porcentaje de las exportaciones de frutas en el mundo todo hacia Europa es de entre 45 y 70 por ciento. Acaparando cerca de doce por ciento de la producción mundial, Europa misma es además un productor importante de frutas y verduras frescas. Europa se ha transformado de un importador a un exportador de alcance mundial de varios productos como las manzanas o las cebollas.

El mercado de frutas y verduras frescas se hace cada vez más globalizado y más unido que nunca. Eso causa una mudanza en el trayecto de los productos frescos, desde el origen hasta el destino. La cadena de suministro de frutas y verduras está sujeta a variaciones constantes, determinados tanto por los mercados emergentes como por los cambios en la demanda de los consumidores. Los actuadores a lo largo de la cadena de producción, desde los productores hasta el comercio minorista, por un lado, expanden sus actividades y por otro se consolidan. Este desarrollo va acompañado de una notable búsqueda de una mayor eficiencia, una tendencia que parece estar inevitablemente respaldada por los avances tecnológicos. El Informe de tendencia analiza los desarrollos en el mundo de los negocios y muestra cómo impactarán en el sector hortofrutícola. Se centra en las tres áreas de la logística y la tecnología de la cadena de frío, la mejora en el consumo minorista online y fuera de casa.

La Justicia ya tiene argumentos para paralizar la operación del Popular

Nadie esperaba gran cosa de los documentos que iba a publicar la Junta Única de Resolución (JUR) porque ya avisó que los haría públicos en su versión No Confidencial, es decir, censurados para proteger los intereses del Banco de Santander, tal y como reconoció en diferentes ocasiones cuando se negaba a sacarlos a la luz. Para darle más dramatismo a las consecuencias que podría tener la publicación de esos documentos posteriormente se añadió la coletilla «para proteger al sistema financiero europeo» que no es otra cosa que un burdo eufemismo para ocultar que la verdad se encontraba en la primera excusa. En ocasiones la sinceridad espontánea lleva a sacar las conclusiones correctas.

Sin embargo, tanto la documentación publicada por la JUR, entre la que se encontraba el informe provisional de Deloitte sobre el que se apoyó la intervención del Banco Popular, como los resultados anuales del propio Banco Santander han dado argumentos suficientes para que la Administración de Justicia, tanto la española como la europea, adopten medidas cautelares que paralicen la operación para evitar que el banco presidido por Ana Patricia Botín genere un escenario de tierra quemada sobre el que será imposible que las más de 305.000 familias arruinadas recuperen lo que se les hurtó la noche del 6 al 7 de junio. Además, los propios documentos publicados por la JUR ofrecen argumentos para que la Justicia envíe comisiones judiciales a las sedes del Santander, del Popular y de las propias instituciones de la Unión Europea para incautar la documentación relacionada con esta cada vez menos presunta estafa, al igual que hizo el juez Pablo Ruz con los documentos que se negó a entregar el Partido Popular a la Audiencia y que sólo fueron obtenidos a través de un registro de más de 14 horas en la sede central del PP.

En primer lugar, tal y como afirmamos en Diario16 el pasado viernes, los resultados anuales del Santander demuestran que el Popular no era un banco quebrado sino que era un banco solvente y necesitaba aportaciones extraordinarias de liquidez, aportaciones a las que no pudo acceder porque Saracho no ofreció la totalidad de las garantías que poseía el banco, tal y como reconoció el subgobernador del Banco de España.

Atendiendo a los criterios de Basilea III, se requiere que tanto la institución como el supervisor pongan todos los medios posibles para resolver el problema temporal de liquidez en el plazo de un mes desde que aparece el incumplimiento del coeficiente LCR que era del 80 % este año pasado, por parte del Banco Popular se intentó, aunque no se pusieron todos los medios y colaterales para poder acceder a la máxima liquidez que podrían pedir al supervisor. Tampoco está claro que el supervisor, realizara una quita justa para atender las necesidades de liquidez del Banco Popular, tras el reconocimiento por parte del subgobernador del Banco de España de que Emilio Saracho no presentó todas las garantías que el Popular tenía a su disposición para acceder a la totalidad de la ELA. ¿Por qué no intervino de oficio si tuvieron esas sospechas?

El Popular no tuvo que ser intervenido ni vendido por un euro al Santander. Las cifras de las cuentas presentadas ayer por el propio banco presidido por Ana Patricia Botín lo demuestran. Si el problema que tuvo el Popular era de liquidez, hubo ofertas que fueron obviadas para incrementarla que sumaban más de 3.000 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar los 5.500 millones de la ELA a la que el Popular no pudo acceder por no aportar todas las garantías de las que disponía. En total, 8.500 millones.

Respecto a los papeles de la JUR referidas al Caso Banco Popular, el hecho de que las principales cifras de liquidez y de capital estén tachadas porque «afectarían al Santander», ya es un reconocimiento implícito de que se sigue queriendo ocultar cifras que, precisamente, demostrarían que la intervención no era necesaria. La propia Junta de Resolución reconoció que el día 5 de junio el banco era solvente. Si lo era el lunes, también lo era el martes, a pesar de la retirada masiva de depósitos de instituciones, organismos y empresas públicas, unas salidas que, por mucho que afirmen que se hicieron por las bajadas de rating que se produjeron en el mes de mayo, sólo pudieron ser posibles si hubo una transmisión de información privilegiada por parte del ministerio de Economía del señor De Guindos o de los organismos reguladores que ya estaban trabajando en la intervención del Popular. Hagamos un pequeño repaso cronológico de lo que ocurrió en esos primeros días del mes de junio y entenderemos cómo la documentación de la JUR es la pistola humeante que da argumentos a la Justicia para actuar y paralizar, aunque sea de manera preventiva, la operación.

Ya en el mes de abril, antes incluso de que se despidiera al señor Aparicio Valls por hacer su trabajo y negar la quiebra del Popular, Miguel Escrig cruzó correos con Morgan Stanley para verificar una serie de movimientos de provisionamiento que afectarían claramente a la liquidez del banco, conversación que está en poder de Diario16.

El día 2 de junio desde el despacho de Uría y Menéndez, el bufete de referencia del Santander o, como se le llama en el sector de la abogacía, «el perejil de todas las salsas», dicta las instrucciones para la declaración de inviabilidad en el que se reconoce que el Popular aún no ha tenido incumplimientos de ratios. Estas instrucciones fueron seguidas al pie de la letra por Emilio Saracho en la reunión del Consejo de Administración del día 6 de junio. El mismo día 2 de junio el propio despacho de referencia del Santander envía al secretario del Consejo las instrucciones y el plan de actuación para el «Día R», es decir, el día de la resolución.

En las últimas horas del día 2 y las primeras del 3 de junio se produce un cruce de correos entre Emilio Saracho, Jaime Ponce y Elke König de cara a una call conference que se celebraría a primera hora de la mañana de ese sábado, correos que están en posesión de Diario16 y que publicaremos en breve. En esa reunión se decide iniciar todo el proceso de resolución del Banco Popular. Comienza el proyecto confidencial Hippocrates. Sin embargo, ese mismo día 3 de junio ocurre un hecho inesperado que hace saltar las alarmas: uno de los hombres más cercanos a Saracho, Miguel Escrig, recibe una oferta de Barclays para ampliar capital por un valor total de 4.000 millones de euros. Esa oferta no podía hacerse pública y, por lo tanto, se ocultó.

Al día siguiente, se envían cartas a los cinco principales bancos españoles comunicándoles que el Popular iba a ser intervenido y que esperaban ofertas de cara a la subasta que tendría lugar una vez se resolviera a la entidad. No obstante, ese día 4 de junio llega al Popular la oferta de Värde, dirigida a Saracho, para comprar WiZink, por más de 2.500 millones de euros, oferta que no fue comunicada tampoco al Consejo de Administración y que hubiera incrementado la liquidez. A continuación se muestran dos extractos de dicha oferta que publicaremos íntegramente en los próximos días:

El día 5 de junio todo el aparato financiero español y europeo trabajaba a toda máquina para intervenir al Popular. Se inician las grandes retiradas de depósitos de las instituciones, organismos y empresas públicas con la presunta intención de provocar una crisis de liquidez. La oferta de Barclays había hecho tambalearse la operación y había prisa. Ese día sólo Santander y BBVA aceptan entrar en la subasta y se les da acceso a una virtual data room (VDR) para conocer los datos del Popular y, de este modo, ajustar sus propuestas de cara a la subasta que estaba previsto realizarse el fin de semana. Saracho, además, solicita liquidez de urgencia por valor de 9.000 millones, pero como no ofrece todas las garantías del banco sólo recibe 3.500.

El día 6 de junio comienza con otro sobresalto para la operación: Deutsche Bank realiza otra oferta de ampliación de capital, también por valor total de 4.000 millones. El Popular tenía que ser intervenido antes de que esas ofertas salieran a la luz. El Santander se juega mucho. Por su parte, el BBVA reclama más tiempo para analizar los datos de la VDR, tiempo que se le deniega. El Santander no necesitaba más tiempo ya que presuntamente ya tenía todos los datos. Por la tarde, Saracho declara el banco inviable y se envía una carta cuya firma fue realizada por otra persona, es decir, con una presunta falsificación de documento público.

Una vez que el Popular fue intervenido en la madrugada del 7 de junio, se produjo otro hecho por el cual se demuestra que había connivencia entre el Santander (a través del despacho de Uría y Menéndez) y la operación. Ese mismo día 7 se produce un cruce de correos entre Emilio Saracho, Joaquín Hervada y uno de los abogados de Uría y Menéndez, el señor Francisco San Miguel, en los que se trató sobre el run off del seguro de responsabilidad de Saracho, que tenía una prima de más de un millón de euros pagados por el Popular, y en el que se afirma que no hay problema porque los aseguradores son los mismos del Santander. Esta conversación también obra en poder de este medio y será publicada en los próximos días.

Ocurrieron más cosas en esos cinco días de junio, pero los documentos censurados de la JUR, junto con toda la información de la pequeña cronología, son suficientes para que la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos Económicos y el TJUE actúen de inmediato porque más de 305.000 familias fueron presuntamente estafadas para salvar a otro banco que, precisamente, era el que presumiblemente se ajustaba más a la definición de Luis de Guindos de un banco zombi.

Los afectados del IRPH esperan la Justicia de Europa al no recibirla en España

Hace un año Diario16 ya se hizo eco de la presunta estafa del IRPH, un nuevo caso de cláusulas abusivas de la banca en el que se encuentran atrapados más de un millón trescientos mil ciudadanos y que no está teniendo, ni de lejos, la repercusión que tuvieron casos como el de las preferentes, las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa. El IRPH es un índice de referencia, como el Euribor, es decir, un valor que nos informa de un determinado mercado, en este caso el de los préstamos hipotecarios y se calcula, teóricamente del siguiente modo:

Fuente: Banco de España

Sin embargo, mientras el Euribor bajaba, el IRPH se incrementaba, lo que provocaba que las hipotecas se fueran encareciendo. Es sabido que este índice, al ser resultante de la media de datos aportados por las propias entidades, podría haber sido manipulado a través de diferentes mecanismos:

  • No inclusión de hipotecas de bajo interés en el conjunto de hipotecas con las que la entidad calcula la media;
  • Inclusión de hipotecas con cláusula suelo en el conjunto de hipotecas con las que la entidad calcula la media;
  • Acuerdos confidenciales entre las entidades para aumentar la aportación de las más pequeñas y hacer subir el IRPH global;
  • Alteración de uno solo de los promedios aportados por una entidad, debido a que todas son influyentes en la media general.

En este asunto hay que tener en cuenta un punto importantísimo: el principal requisito que debe cumplir un índice de referencia es que refleje la realidad del mercado, y el IRPH no lo hace, algo que va en contra de la propia normativa europea.

La lucha de los afectados del IRPH está siendo dura porque, mientras en primera instancia se les da la razón, las entidades bancarias logran llevar los recursos a las más altas instancias judiciales donde, inexplicablemente, se posicionan del lado de los bancos. Por esta razón es importante la Providencia del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona en el que se abre pieza separada para la tramitación de la cuestión prejudicial ante el TJUE. Elevar una cuestión prejudicial desde un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro al TJUE es seguir una serie de pasos, que llevan más tiempo que el que los afectados quisieran, pero que resultan imprescindibles por una cuestión de cumplir los protocolos y formalismos. Es decir, se ha puesto en marcha un reloj que irá más despacio de lo que los afectados quisieran pero que de manera inexorable ya se ha puesto a correr, aunque están en puertas de que el TJUE se pronuncie respecto de si una cláusula que se refiere a un tipo de interés oficial es susceptible, o no, de un control de transparencia en relación con la información que recibió el consumidor contratante, y de que se pronuncie si cabe presuponer que los consumidores a quienes impusieron el tipo IRPH son todos ellos atentos y perspicaces al punto de que por sus propios medios eran capaces de comprender la especial naturaleza de este índice y las consecuencias económicas derivadas de su aplicación.

Esto es una gran noticia para los afectados porque, al fin podrán defender sus intereses de igual a igual con las entidades bancarias porque la presión que pudieran ejercer en Europa es muy inferior a la que ejercen en España, sobre todo teniendo en cuenta que el Santander, a través de su filial Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), es la entidad que más casos recoge.

Recordemos la situación de Loli Herrero, una afectada por el IRPH: En cifras, la situación de Loli con su hipoteca es la siguiente: firmó en el año 2006 un préstamo hipotecario de 58.000 euros a 20 años. Lleva diez años pagando religiosamente su cuota mensual y ha liquidado 25.000 euros en concepto de intereses y aún le quedan por pagar 51.000 euros. Es decir, que en una década sólo ha liquidado un 12% del total de su deuda. Como la misma Loli se preguntaba: «¿cómo se puede amortizar toda la deuda en los diez años que me quedan si en los diez primeros sólo he pagado 7.000 euros?». Ella y su familia tuvieron que decidir entre seguir pagando la hipoteca o invertir ese dinero en pagar los honorarios de un abogado para interponer una demanda en el juzgado contra UCI para reclamar la anulación del IRPH, ajustar su hipoteca con el Euribor y que le devuelvan el dinero cobrado de más.

Por otro lado, el pasado mes de enero Asufin presentó ante los Juzgados la primera demanda colectiva de los afectados del IRPH.

Que haya traslado a Europa de este nuevo presunto abuso de la banca es una buena noticia para los afectados, principalmente porque ante el TJUE la banca no siempre gana, sobre todo si por medio está el Banco de Santander.

Podemos solicita un Pacto de Estado por el Patrimonio Cultural

Desde Podemos plantean, mediante la presentación de una Proposición No de Ley (PNL), establecer un Pacto de Estado que tenga como objeto el Patrimonio Cultural. Así lo ha destacado Eduardo Maura, portavoz de la formación morada en la comisión de Cultura, al realizar el registro de la misma. Dos son los ejes principales que atraviesan esta iniciativa impulsada por el Podemos. Por una parte ratificar la Convención de Faro de 2005 y así abrir la gestión del patrimonio cultural a la participación ciudadana; e incluir en esta modificación legal medidas para homologación, regulación y mejora de las condiciones de las profesiones relacionadas con el sector patrimonial.

Respecto al primer eje, cabe recordar que el artículo número 2 del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Histórico, el cual se firmó en Faro en el año 2005, establece que “el Patrimonio Cultural es el grupo de recursos heredados del pasado que la gente identifica, independientemente de su propiedad, como un reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en continua evolución. Incluye todos los elementos del medio ambiente que resultan de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo”. No es pues solamente cuestión de monumentos, cuadros o vasijas, sino que se extiende más allá. En esta Convención de Faro quedó también establecida la búsqueda de “de formas innovadoras de valorar el patrimonio sustentadas en la conceptualización y el provecho que la sociedad le asigna, a través de la identificación de estrategias que pueden ayudar a aproximarlo a los intereses de la sociedad actual y buscando su aportación al avance social, su enlace con la actividad creativa y la cultura contemporáneas”.

Por todo ello, en Podemos pretenden, mediante su PNL, y siguiendo el espíritu de Faro, que en el Pacto de Estado sobre Patrimonio Histórico recoja la socialización de su uso en el ámbito educativo y el impulso de las nuevas tecnologías como herramientas óptimas para su identificación, conservación preventiva, investigación, gestión, y difusión, partiendo así del “elemento participativo como indispensable para la gestión cooperativa a nivel europeo”.

Con la formación de las Comunidades Patrimoniales (compuestas por personas unidas por su sentimiento de pertenencia a concretos bienes culturales, al margen de su nacionalidad, origen social, lugar de residencia, vinculación directa o indirecta con el lugar en que se ubica el elemento patrimonial) se socializan y subjetivan los bienes históricos. Esto es, no sólo depende el valor de una reunión de expertos, sino que el sentimiento de las personas respecto a esos bienes también debe tenerse presente en su protección. Otra materia a incluir en el Pacto sería la participación de la ciudadanía. Una ciudadanía que, mediante sus impuestos, donativos y/o acciones actúa en favor de la propia conservación. “Por eso se debe reconocer que la participación social en la gestión y difusión del Patrimonio Cultural no sólo es necesaria para mejorar una y otra sino que genera una espiral positiva de actuaciones, tanto mayor cuanto mayor sea su intervención”, tal y como recoge el Manifiesto de Madrid.

España es el tercer país del mundo en número de bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y, al margen de titulaciones, su valor patrimonial se incrementa a medida que analizamos las distintas expresiones culturales a lo largo de la línea de tiempo desde el Paleolítico hasta la actualidad en todo el territorio. “Este valor cultural forma parte de nuestro potencial para generar oportunidades de crecimiento y desarrollar capacidades de aspiración por medio de su conocimiento, sobre el que tenemos la responsabilidad de conservar y transmitir de forma transgeneracional, ya que es el caldo de cultivo de un desarrollo colectivo, que debe crecer dentro de los parámetros del respeto y la tolerancia multicultural e intercultural” afirman en Podemos.

La puesta en valor del patrimonio implica además el cuidado de las y los profesionales así como un freno decidido a la precarización del sector que se dedica a la gestión patrimonial en todas sus vertientes. La PNL que defenderá en el Pleno el diputado Eduardo Maura propone además una estrategia integral de mejora, desde la actualización legislativa, pasando por la revisión de las penalizaciones por expolio, daños o tráfico ilícito de obras de arte, hasta el incremento en la aportación presupuestaria. Un Pacto de Estado para elaborar un protocolo que pueda evitar cualquier acción u omisión que facilite la pérdida o empobrecimiento de “nuestra herencia más común”.

Porque, aunque existan normas para el cuidado de los Bienes de Interés Cultural (BIC), los resultados de estas normas españolas se han visto en ocasiones empañados por la temporalidad o parcialidad de las iniciativas, por la escasez de los recursos destinados o por la falta de coordinación entre Estado, autonomías, municipios, comunidades locales o la Iglesia (en manos de quien se concentra gran parte del Patrimonio y donde la limitación de las acciones concertadas se hace aún más patente, aun constituyendo el 51% del volumen total de los BICs en todo el Estado).

Así la PNL presentada solicita:

  1. Ratificación y entrada en vigor a la mayor brevedad por parte del Estado español de la Convención de Faro (2005), que equipare nuestro compromiso hacia los derechos culturales, la diversidad cultural, la vida democrática, la participación social y la responsabilidad compartida, con el de otros países miembro de la UE.
  2. Revisión y actualización de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, (incorporando entre otras la ley 10/2015 y las convenciones suscritas posteriormente por el Reino de España: sobre patrimonio arqueológico (Valletta); UNIDROIT (expolio); convención europea sobre el Paisaje y sobre el patrimonio subacuático (UNESCO)), con una metodología participativa, que involucre a todos los ámbitos de la sociedad con el apoyo de técnicos profesionales de los sectores culturales afectados por dicha ley.
  3. Implementación de las medidas recogidas en la Declaración de Lisboa (ICOM, 2013) sobre “políticas públicas para los museos en tiempos de crisis”, atendiendo a la importancia reconocida que tienen las colecciones conservadas y gestionadas por entidades públicas y privadas en museos, bibliotecas y archivos como parte integrante del patrimonio cultural.
  4. Elaboración de un catálogo completo, actualizado y accesible del patrimonio cultural español (incluido el de la Iglesia), que coordine tanto catálogos autonómicos como municipales e impulse su finalización estableciendo mecanismos participativos.
  5. Consideración de la relevancia del patrimonio documental fílmico, su investigación, catalogación completa y conservación, estableciendo a Filmoteca Española y a las filmotecas autonómicas y locales como centros de referencia para este tipo de actuaciones.
  6. Incremento de la dotación de recursos destinados a la conservación, restauración e investigación del Patrimonio, para diseñar nuevas medidas de estímulo a la inversión en la preservación, conservación y rehabilitación del Patrimonio.
  7. Creación de medidas de implementación de datos para que la gestión comunicativa interterritorial sea fluida y actualizada de forma eficaz, creando mecanismos ágiles de coordinación y colaboración entre las administraciones y los gremios profesionales. Implementación en todo el ámbito nacional del programa HEREIN System del Consejo de Europa.
  8. Promover el turismo cultural sostenible potenciando la incorporación del patrimonio cultural a la economía. En la actualidad sólo el 10% del patrimonio cultural de España está en condiciones de ser considerado un verdadero producto cultural. El turismo cultural debe ser responsable, sostenible e informado. Buscar a través de los expertos un diálogo efectivo que pondere oportunidades, beneficios y amenazas a los bienes culturales en términos tanto materiales como inmateriales.
  9. Considerando el daño que han supuesto las bajas temerarias, regular con precisión la estrategia de precios y bajas contenida en la Ley de contratos del Estado para las obras en patrimonio cultural que aseguren los estándares de calidad en las intervenciones en entornos y sitios históricos.
  10. Profesionalizar y regular la elección de los altos cargos estatales vinculados a la gestión del patrimonio cultural, evitando las dinámicas de discontinuidad y eventualidad por cambios políticos que dificultan la continuidad de los proyectos a largo plazo.
  11. Lucha contra el tráfico ilícito y expolio de bienes culturales (aumento de recursos, endurecimiento de las sanciones, políticas de mayor publicidad). Control más riguroso de ferias y mercados de antigüedades. Creación de servicios de vigilancia activa y control del tráfico de Bienes Inmuebles. Creación de una fiscalía específica para delitos relacionados con el patrimonio cultural.
  12. Incorporación de la arqueología, con entidad propia, a los servicios de la administración pública. Creación de un Instituto de arqueología preventiva.
  13. Regulación del ejercicio profesional (competencias en materia de patrimonio según la UE) de las actividades vinculadas al patrimonio cultural: excavaciones arqueológicas, protección, restauración (en su caso) y conservación del Patrimonio Cultural, tanto material como inmaterial, regidos por criterios estrictos de competencia y calidad reforzando la formación en profesiones tradicionales y nuevas, reforzando su reconocimiento social y la mejora de sus derechos laborales y fomentando con carácter vinculante los códigos deontológicos y de buenas prácticas.
  14. Ordenación, fomento y estímulo de la formación e investigación en esos campos profesionales, incorporando la ciencia y la tecnología.
  15. Ampliar la participación de la ciudadanía en la defensa del Patrimonio, para coeducar y sensibilizar a la ciudadanía en su dimensión social e histórica. Instar a todos los poderes públicos a incorporar a los currículos escolares programas que permitan adquirir capacidades para el conocimiento del patrimonio cultural, insistiendo en el valor formativo por su transversalidad que supone para la infancia y la juventud y que garanticen en el futuro la valoración individual y la protección colectiva del patrimonio cultural.

Los vecinos de Murcia claman otra vez por el soterramiento del AVE y piden la dimisión de Bernabé

Miles de personas se concentraron en Alfonso X para volver a clamar por el soterramiento de las obras del AVE a su paso por Murcia y para pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Bernabé.

La concentración fue convocada oficialmente por la Plataforma Pro Soterramiento para “pedir la dimisión de Bernabé por el uso partidista de las instituciones”, y reunió a una multitud de personas frente a las puertas de la Delegación de Gobierno.

Los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer ‘no queremos muros’ y ‘soterramiento ya’, y corearon sus consignas habituales, como ‘que no, que no queremos muro’, así como “que no, que no tenemos miedo”, acompañados de gritos de “Resistiré” o “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste”.

Entre los presentes, Joaquín Sánchez, el cura comprometido con esta causa, el abogado Manuel Chacón y, por supuesto, el portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras.

‘Stop montaje policial’, se podía leer en una pancarta. ‘Carlos, absolución. Delegado, dimisión’, ponía en otra. En referencia al caso de Carlos ‘El Profe’, que fue detenido por ser presuntamente el cabecilla del sabotaje a las vías. Este hombre pasó dos noches en el calabozo y luego fue llevado a la juez de guardia. Ahora está libre con cargos.

Contreras habló, por su parte, de las promesas incumplidas de los políticos. «La última vez que se reunión la comisión de seguimiento y control de las obras fue el 16 de noviembre. No hemos vuelto a ser citados para darnos información. Hemos sido maltratados», remarcó.

El videojuego un sector económico estratégico para el PSOE

En su estrategia de reunirse con los principales representantes de la Sociedad Civil y de la Economía para conocer de primera mano qué sucede en los diferentes sectores, el PSOE ha llevado a cabo una reunión con la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. En la misma se han abordado los datos recogidos en el Libro Blanco del Videojuego 2017, sobre el potencial y las necesidades que tiene este sector en España.

El secretario ejecutivo de Cultura y Deportes, Iban García del Blanco, y el secretario ejecutivo de Industria, Comercio y Turismo, Carles Ruiz, han expresado de esta manera expresar el apoyo del Partido Socialista al sector de la creación y producción de videojuego en España. Pues entienden que es suya la contribución al desarrollo de “un modelo de crecimiento económico de alto valor añadido, sustentado en la digitalización y en la creatividad”.

Los responsables socialistas han compartido con los portavoces de la asociación la necesidad de impulsar “el desarrollo, el aumento y densificación de las empresas y entidades comprometidas con el desarrollo del sector de la creación y producción del videojuego, y el apoyo para su reconocimiento como sector estratégico, altamente tecnológico, motor de nuevos modelos de negocio, generador de empleo y exponente internacional de nuestra cultura”. Un sector que en 2016 facturó 1.163 millones de euros, para 450 empresas y más de cien estudios que están legalmente constituidos en nuestro país.

Blanco, Ruiz y los representantes de esta asociación han coincidido en que la industria española de desarrollo de videojuegos “necesita la colaboración pública–privada” y “el diálogo permanente de las Administraciones con el sector para que permita el desarrollo de un ecosistema en España para el Videojuego de empresas más grandes, con proyectos cada vez de mayor tamaño y perdurabilidad”. Así el tamaño medio de las empresas aumentará si existe ese respaldo desde lo público y la precariedad, que comienza a ser usual, quedará reducida a la mínima expresión.

Por último, tanto Iban García del Blanco como Carles Ruiz han subrayado la importancia “de acelerar y continuar en el esfuerzo ya realizado para incluir el videojuego en el agenda política como un sector estratégico y que iniciativas como la mesa del videojuego deben dar sus frutos en el menor tiempo posible”. Algo en lo que coinciden con Podemos y Ciudadanos que también han tenido reuniones que este sector que, ahora, se entiende estratégico.

Ciudadanos: «El equipo de Gobierno oculta las cuentas del Mercado del Sol»

El Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Lorca, Antonio Meca, ha presentado un escrito solicitando “el desglose  y documentación suficiente y fehaciente de la justificación del uso de esa subvención, facturas, documentos de pago, etc. como marca la Ley”, en relación a una subvención de 418.075,75 euros destinada al proyecto denominado “Mercado del Sol”.

En su escrito, Meca recuerda la respuesta del Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, de 23 de enero de 2018, sobre el proyecto “Mercado del Sol”, que pone en conocimiento un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Lorca y la Unión de Comerciantes de Lorca,  “por virtud del cual el Ayuntamiento otorgaba una subvención por importe de 418.075,75 € con destino al proyecto del denominado Mercado de San Clemente procedentes del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio”.

Esta subvención, sigue diciendo Meca, estaba destinada exclusivamente para “dotación de mobiliario y equipamiento comercial” y debía estar justificada a  los tres meses como máximo

En este sentido, Antonio Meca afirma sorprenderle la respuesta del Alcalde sobre otras posibles subvenciones estatales o regionales, diciendo que “no le consta”, porque “pensamos que debe conocer si las ha obtenido o no. Y por otro lado nos gustaría conocer la cuantía de la inversión total y la procedencia de los fondos”.

Por otra parte, la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, y su reglamento posterior Real Decreto 887/2006 de 21 de julio,  rige las subvenciones que otorgan las Administraciones Públicas ajustándose a los preceptos contenidos en dicha Ley.                

Sector Porcino

Por otra parte y en relación a la situación del sector porcino y al tratamiento recibido en una cadena nacional de televisión, Antonio Meca afirma que dicho sector “no merece un trato informativo como el recibido en ‘Salvados’” centrando también sus críticas en “los responsables políticos que se esconden y no dan la cara para defender al sector”.

Meca, en nombre de su formación política, “rechaza y condena enérgicamente los contenidos del programa “Salvados” de la Sexta, por el trato injusto que tuvo sobre el sector porcino de la Región de Murcia y por tanto de la Comarca del Guadalentín”.

Según Meca, el caso aislado de una granja que “incumple la normativa no representa en ningún caso a un sector modélico a nivel internacional  cuyos profesionales se han ganado el prestigio y el reconocimiento por su buen hacer consiguiendo ser el motor económico de nuestro sector primario” al tiempo que lamenta “la actitud irresponsable del Consejero de Ganadería Francisco Jódar por no defender a un  sector tan importante y que tan injustamente fue tratado en este programa. Fue el momento oportuno para que el Consejero interviniera en ese programa de ámbito nacional y pusiera en valor las miles de granjas porcinas que cumplen impecablemente la Ley y la profesionalidad de sus responsables”, señala Meca, quien también dice “no entender que Jódar se escondiera detrás de un Director General que dejó en ridículo a la Región de Murcia, por lo que exigimos responsabilidades políticas”.

Por todo ello, “Ciudadanos  mostramos nuestro apoyo al sector porcino y a los profesionales que lo representan”, concluye Meca.