lunes, 27 abril, 2026

La CARM contará con el expediente único para beneficiar a 70.000 usuarios de servicios sociales

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, firmó hoy convenios de colaboración con nueve ayuntamientos de la Región para impulsar el intercambio de datos en materia de servicios sociales y la puesta en marcha de un expediente único.

Así, los técnicos municipales de Águilas, Archena, Cieza, Fuente Álamo, Los Alcázares, Murcia, Puerto Lumbreras, Totana y Yecla ya pueden compartir con los técnicos del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) los trámites de dependencia, valoración de discapacidad y renta básica de inserción, entre otros.

Violante Tomás señaló que este sistema se ampliará al resto de municipios de la Región y beneficiará a unos 70.000 usuarios de los servicios sociales que tramitan sus expedientes con el IMAS. “Según las primeras estimaciones que se han hecho, el intercambio de datos permitirá que los plazos de tramitación con la Administración se aligeren considerablemente y acorten una media de unos tres meses”, concretó.

El intercambio electrónico de datos en servicios sociales permitirá que todos los datos e informes preceptivos que tienen que realizar los profesionales de los ayuntamientos, tanto en la instrucción como tramitación de procedimientos que tienen relación con el IMAS, puedan realizarlos utilizando el sistema unificado del Sistema de información de usuarios de servicios sociales (SUSI) de la Comunidad, que se convertirá en una herramienta electrónica indispensable en su labor diaria.

El sistema de información es una ventana electrónica entre las unidades de trabajadores sociales de las entidades locales (municipios y mancomunidades) y el IMAS para la gestión de procedimientos en materia social. El programa permite consultar el estado y los detalles más importantes de todos los expedientes que gestiona el IMAS. Asimismo, gestiona información en relación con los centros de servicios sociales de titularidad pública o concertada.

Mayor agilidad para la Dependencia

Igualmente, el sistema permite consultar los expedientes de dependencia tramitados, su estado, valores de grado, prestaciones concedidas, entre otros. Además, el sistema incluye información sobre las pensiones no contributivas, así como de la renta básica u otras prestaciones económicas.

SUSI gestiona la autorización del ciudadano para la cesión de sus datos a la entidad local en el caso de que no lo hubiese manifestado con anterioridad en alguna de las solicitudes del IMAS. Con tal fin existe un registro electrónico de cesiones de datos del ciudadano, al cual el ciudadano puede solicitar su baja o alta en el momento que lo desee.

El PSOE denuncia la inacción del Gobierno para dar respuesta a los afectados por las inundaciones de Los Alcázares

El senador socialista Juan Luis Soto y el portavoz del PSOE de Los Alcázares, Mario Cervera, han denunciado la inacción y el desinterés por parte del Gobierno regional en dar respuesta a los afectados por las inundaciones ocurridas en diciembre de 2016 en este municipio.
Según Cervera, el PP no tiene como prioridad la plena recuperación de los daños, ni de la actividad económica y turística del municipio. “Queremos que Los Alcázares sea un referente turístico los 365 días del año, pero ni el equipo de Gobierno municipal, ni la Comunidad Autónoma, ni el Gobierno de España están cumpliendo sus promesas”.
Ante esta situación, tanto el senador, como el portavoz socialista, se han comprometido a seguir trabajando por la mejora de Los Alcázares y a estudiar diferentes iniciativas parlamentarias, como la posibilidad de bonificar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), siempre y cuando esa reducción sea compensada vía Presupuestos Generales del Estado y no afecte a las arcas municipales.
Soto ha asegurado que esta medida es viable, porque ya se ha puesto en marcha en otros municipios que han sufrido catástrofes naturales, como terremotos o inundaciones.
Otra de las iniciativas que se han comprometido estudiar está relacionada con la recuperación del paseo marítimo del municipio, así como la limpieza y mantenimiento de las playas.
Además, Soto y Cervera, acompañados del resto de concejales socialistas de Los Alcázares, han analizado las iniciativas parlamentarias que se han presentado hasta la fecha en el Senado.

Continúan las formas crueles e indecentes del Santander en el ERE del Popular

Los trabajadores de los Servicios Centrales y de la Red NITA del Banco Popular están sufriendo la crueldad del Santander en su empeño de que el ERE se ejecute de manera «limpia y rápida». La entidad cántabra, al no cubrir los 1.100 despidos con empleados que se acogen de manera voluntaria el ERE, continúa con su táctica de contactar de manera insistente con los trabajadores que no se han inscrito para que se acojan «voluntariamente» al Expediente de Regulación de Empleo.

La versión que da el banco a los representantes legales de los trabajadores es que su pretensión es «informar, que no coaccionar» al trabajador sobre los beneficios que tendrá si decide salir del banco de manera «voluntaria». Sin embargo, esa aparente buena voluntad queda nublada por la actitud que está teniendo el Santander a la hora de esas entrevistas en las que «informan» de esas prebendas que obtendrán los trabajadores si cambian su decisión de continuar en la entidad y no acogerse al ERE. El Santander se está negando sistemáticamente a celebrar dichos encuentros si el empleado del Popular va a acompañado por un representante del Comité de Empresa porque, según la versión de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, esas entrevistas se conciertan de «manera voluntaria» por parte del trabajador y que tienen un carácter meramente informativo, algo que, según fuentes de los empleados del Popular, es absolutamente falso. Dentro de la larga lista de presuntos incumplimientos de la Ley que está cometiendo el Santander en todo el proceso del Caso Popular, habría que añadir, además, el de obstrucción a la labor sindical.

Da la sensación de que esa ingente labor de «información» sobre los beneficios de la «voluntariedad» parte de la base de que los trabajadores del Popular no tienen la capacidad de entender las condiciones en que se firmó el ERE y sus consecuencias. Impedir que los empleados vayan acompañados de un representante sindical a dichas entrevistas es una clara muestra de que todo el proceso se está llevando con la más absoluta opacidad. Lo que no se ve, no se cuenta, deben pensar.

El proceso del Expediente de Regulación de Empleo de los Servicios Centrales y la Red NITA del Popular se pretendía que fuese un absoluto éxito como preámbulo a la escabechina que van a provocar a lo largo del año 2.018 con la reestructuración de la red comercial. Para el Santander es mejor presentar el resultado de estos 1.100 despidos «voluntarios» como una forma de dar a entender a los trabajadores de su «buena voluntad» ante el nuevo ERE que está previsto que afectará a más de 5.500 personas. También es un modo de presentar cierta «humanidad» de cara a la opinión pública. Sin embargo, eso no es así porque, en todo el proceso, están aplicando todo el proceso con crueldad, algo que, desde el año 2.014 se está convirtiendo en uno de los modus operandi de la entidad cántabra.

Duro Felguera: tras la salida de Nieto, ¿Manuel Martínez-Fidalgo?

La salida de Juan José Nieto del Gabinete de Reestructuración Financiera de Duro Felguera fue un golpe para los trabajadores de la epecista asturiana que veían en el presidente de NK5 una esperanza para resolver la difícil situación en la que se encuentran, sobre todo por la incertidumbre que genera el escenario creado por quienes no tienen ningún tipo de interés en que se genere un mayor número de cartera de negocio. Tal y como informamos en Diario16, Nieto tenía un plan basado, precisamente, en reflotar Duro Felguera a través de un incremento de actividad, del cobro de las deudas que tienen distintos países, como Venezuela, con la empresa asturiana, lo que supondría que los más de 2.000 empleos estarían asegurados. Esto, según fuentes consultadas, no fue aceptado y Nieto abandonó.

A partir de este momento ha comenzado a sonar en los ambientes empresariales y financieros un nombre: Houlihan Lokey, que ya fue contratado en su momento para monitorizar el rescate de Abengoa y para gestionar la deuda impagada de las autopistas radiales quebradas, Isolux, o en la quiebra de la concesión de ACS del AVE entre España y Francia. Houlihan Lokey, además, ya estuvo implicado en la reestructuración de grandes empresas en dificultades como Itevelsa, Codere, Eroski, Martinsa Fadesa y Panrico. En algunos de estos casos, el modus operandi fue el mismo: ejecutar a los accionistas mayoritarios y dejar la empresa bajo el control de fondos buitre.

A nivel internacional, Houlihan Lokey también tuvo protagonismo en las quiebras de Enrom, Worldcom o Lehman Brothers. Distintos analistas de los sectores financieros internacionales consultados por Diario16 califican a este banco como «una máquina desguazadora de las empresas en las que interviene» para favorecer finalmente a los fondos buitre internacionales.

Con esos antecedentes y con las intenciones reales que tiene el Santander para Duro Felguera no es de extrañar que haya empezado a sonar el nombre de Houlihan Lokey y el de su presidente, el asturiano Manuel Fernández-Fidalgo. En las operaciones citadas anteriormente en España, el planteamiento es el mismo: destruir lo hecho, reducir costes a través de despidos masivos, colocar gestores nuevos bajo control exhaustivo de quienes se benefician del desguace de las compañías. Este modus operandi se asemeja mucho al de Francisco Javier García-Carranza y que Houlihan Lokey se encargara de Abengoa e Isolux, empresas en las que él tuvo un protagonismo fundamental para la situación en que quedaron esas multinacionales, da a entender que, tras la salida de Nieto, el siguiente paso que se dé en Duro Felguera sea la contratación de este banco de negocios, lo cual sería una mala noticia para los trabajadores quienes, a través de sus comités de empresa, deben comenzar a realizar movilizaciones serias si quieren ejercer una presión suficiente que provoque la implicación de quien hasta este momento ha estado ausente, es decir, el Gobierno del Principado. Unos políticos responsables, progresistas, no pueden dejar en manos de especuladores el futuro de más de 2.000 familias.

El documento que demuestra las mentiras de Ciudadanos en Madrid

A solicitud del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ossorio, los Letrados de la Asamblea de Madrid han emitido un informe sobre la posibilidad de la comparecencia de la presidenta Cristina Cifuentes. En el mismo concluyen que al objeto de establecer alguna comparecencia se ha de determinar el asunto y así ver en cuál de las distintas comisiones se deberá realizar. Por tanto, desmiente las excusas presentadas por Ciudadanos para no votar en la Mesa la comparecencia de Cifuentes por las actas del Canal.

Entienden los letrados (ver informe en galería) que si Ciudadanos ha solicitado que la presidenta “informe sobre el caso Lezo”, que así han solicitado la comparecencia, sólo y exclusivamente podrán desde la formación naranja preguntar por eso. De ningún modo, avisan los letrados, podrán preguntar sobre las actas del Canal al no ser tema de la petición. De esta forma desmontan la estrategia de Ciudadanos de quedar bien al plantear que gracias a ellos Cifuentes acudirá a hablar sobre las actas a la Asamblea.

Ossorio ya les acusó de mentir y de utilizar fórmulas torticeras para actuar como una verdadera Inquisición cuya única finalidad es desprestigiar a la presidenta madrileña, y ahora el informe les muestra sus propias mentiras al afirmar que preguntarían por las actas del Canal. De igual forma quedan demostradas las mentiras de César Zafra al afirmar que había un defecto de forma el día que votaron en contra de citar a Cifuentes, y por las cuales ha pedido su dimisión el PP.

En Podemos pasarán a reconsiderar sus preguntas para la posible citación de Cifuentes y advierten a Ciudadanos que “si quieren que Cifuentes responda por las actas tendrá que rectificar su voto el lunes 22 en la Mesa de la Asamblea”. Además, respecto al informe recuerdan el caso de Taboada cuando acudió a la Comisión de Corrupción por un tema de actualidad y no a la de Presidencia como recomiendan. Sin embargo, en la formación morada dejan claro que al ser una comparecencia y decisión política es la Mesa de la Asamblea la que tiene la soberanía, y actuaran en consecuencia.

Quedan en Ciudadanos una vez más retratados. Ignacio Aguado, que se ve incapaz de poner fin al mal gobierno que sostiene, por su mayor odio hacia Podemos y PSOE, tendrá que tragar con algo que no quería desde el principio. En Ciudadanos no querían preguntar a Cifuentes por las actas porque es algo burocrático y de corto vuelo. La explicación que diese la presidenta sería esa y sin más que preguntar. Prefieren que vuelva a acudir a la Comisión de la Corrupción para hablar de Lezo e intentar acabar con su imagen. Les da igual el caso Lezo en sí, la formación naranja quiere aprovechar para seguir rascando votos al PP aunque ya haya comparecido por lo mismo que le piden ahora. Quieren otra pena de pasillo en la Asamblea ad majorem sui gloriam.

Pero el informe es contundente y revela que Aguado y Zafra han mentido y lo que pretenden es una estrategia de marketing político para desgastar a la presidenta. Lo que haya pasado con las actas, las cuales tampoco es que digan mucho, es secundario. Hay que acabar con la imagen de Cifuentes para quitar votos de la forma que sea. Pero ¡si han pretendido hasta que acudiese Isabel Díaz Ayuso que en esa época era diputada y no viceconsejera! Y esto lo han entendido en los demás grupos parlamentarios que no les van a seguir el juego. Podemos sí quiere saber qué ha pasado con las actas, así se desgaste o no Cifuentes. En el PSOE, si es Gabilondo lo justo y lo ético aparecen, y si son los encargados de la Comisión también quieren explicaciones y dimisiones, hasta donde toque.

Diego Conesa: «Necesitamos una ley integral del Mar Menor y fue el PP quien puso el foco en los agricultores»

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado que la Región necesita de manera urgente una ley integral del Mar Menor y que ha sido el Gobierno regional del PP quien ha puesto el foco solo en la agricultura. “Salvar el Mar Menor es una cuestión fundamental de Región”.
Tras una reunión del PSRM-PSOE con representantes del sector agrario de la Región de Murcia, Conesa ha afirmado que los socialistas mantienen su posición ante la gestión de las enmiendas a la ley de medidas urgentes para el Mar Menor, aunque están dispuestos a dialogar antes y después del 1 de febrero.
“Le hemos transmitido al sector agrario nuestra apuesta por la agricultura, el medio rural y la industria agroalimentaria. Es una situación que nos preocupa, por eso hemos escuchado a las organizaciones y vamos a trabajar para buscar el máximo consenso posible”, ha señalado el secretario general socialista.
“Somos parte de una solución que tiene que liderar el Gobierno regional para buscar consenso entre todas las fuerzas políticas. Queremos que los cultivos de secano queden fuera de la ley de medidas urgentes para el Mar Menor”, ha añadido, al tiempo que ha comentado que el Ejecutivo murciano no tiene en su agenda la necesidad de una ley integral del Mar Menor.
“La teníamos desde 1987 y fue el Partido Popular quien la derogó. Si no lo hubieran hecho, tendríamos una ley integral del Mar Menor”, ha remarcado.
Según Consea, el PSRM-PSOE está dispuesto a ver y analizar todos los informes técnicos y científicos que se puedan aportar. “Pero el Mar Menor está en la UCI y necesita una ley integral e infraestructuras que no se han acometido, presupuestado ni planificado en todos estos años”.

Podemos pone en un aprieto a PSOE y Ciudadanos con las pensiones

Como los marxistas de antaño, en Podemos han entendido que a la teoría (que en esta época se puede asemejar a las propuestas de partido) había que unir la praxis. Por ello, no sólo defienden las pensiones públicas y una mayor subida de las mismas, sino que han decidido inscribir una Proposición de Ley de Revalorización de las Pensiones (ver aquí) para derogar el factor de sostenibilidad como índice de aumento de las cuantías. Esto es, han decidido impulsar una ley que acabe con austericidio que está llevando adelante el Gobierno de M. Rajoy, con la excusa de las imposiciones de la Troika.

Pablo Iglesias y los diputados y diputadas de Podemos, Yolanda Díaz, Alberto Rodríguez, Alberto Montero y Meri Pita fueron la imagen del registro de la propuesta de Ley. Rodríguez, que es portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, ha manifestado que esta Proposición de Ley «responde a dos objetivos centrales: la supresión del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad, que impiden en la práctica mantener el poder adquisitivo de nuestras y nuestros más de nueve millones de pensionistas». Dos puntos críticos que se introdujeron con las reformas del sistema de pensiones de PSOE, en 2011, y PP  en 2013.

Como han explicado en rueda de prensa, desde Podemos se pretende lograr con esta iniciativa parlamentaria que las pensiones se vuelvan a indexar al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que aumente su cuantía en función del coste de la vida. Además, la iniciativa legislativa introduciría la compensación de la pérdida de poder adquisitivo con carácter retroactivo a los pensionistas: “El dinero que se debe, esa pérdida del poder adquisitivo acumulada por nuestras y nuestros mayores, tanto del año de 2016 como de 2017, tendría que devolverse”, explica Rodríguez.

El debate hoy sobre el sistema público de pensiones tiene que ver con elegir entre dos cuestiones: la incertidumbre o la certeza. Entre la pretensión del establishment, a través de sus dos partidos, azul y naranja, de acabar con las pensiones públicas para negocio del poder financiero, o la pretensión de la izquierda de mantener el sistema. “Nosotras venimos con esta Proposición de Ley a generar certezas. Esta iniciativa es el freno a la incertidumbre que están generando los partidos en España desde hace años”, afirma Yolanda Díaz, diputada de En Marea.

Esta proposición, además, ayudará a que PSOE y Ciudadanos desvelen sus propias cartas. No sólo hay que ir por las ciudades de España explicando los pormenores de futuros impuestos a la banca para financiar alguna carencia momentánea, sino que hay que ver si de verdad se apuesta por el sistema público de pensiones. Eso en lo que respecta al PSOE. Pero han sido más irónicos respecto a Ciudadanos: “Los constitucionalistas tienen hoy la obligación de votar a favor de esta Ley, porque lo dice la Constitución Española. Queremos saber cuánto de constitucionalista tiene el señor Rivera, y cuán de progresista tiene el Señor Pedro Sánchez”. Ciudadanos que tanto se llena la boca hablando de la constitución en clave identitaria y para poner pegas a cualquier reforma, ahora deberá desligarse de los mandatos del establishment de acabar con la pensiones públicas y volverlas privadas. No como apoyo, sino como fundamento

IU-Verdes Lorca pedirá la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadalentín

Gloria Martín, ha anunciado que su grupo municipal llevará al Pleno Municipal de enero una moción para que el Ayuntamiento de Lorca promueva la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadalentín, a fin de resolver los problemas de comunicación que aquejan a los barrios Altos (oeste) y a los de San Cristóbal, Apolonia, Los Ángeles, así como a la diputación de Río (norte). De ese modo, se reduciría el volumen de tráfico en el conflictivo trazado existente en la plaza de la Estrella y se daría “sentido y continuidad” al Sistema General viario denominado Ronda Distribuidora Oeste (SGV-4 Y SGV-5).

Esta última vía, cuando se materialice, se iniciará en la carretera del pantano de Puentes, en el punto donde actualmente arranca la subida al castillo.  IU-Verdes propone conectarla, con la construcción del nuevo puente, con los barrios del entorno de la carretera de Caravaca y con la autovía del Mediterráneo.

 

Martín explicó que el Plan General aprobado en 2003, y a cuyas previsiones más importantes apenas se ha dado aún cumplimiento, realizaba en su Memoria de Ordenación un severo diagnóstico sobre los problemas de comunicación que aquejan a la ciudad de Lorca, cuyo carácter lineal y expansión transversal está condicionada fuertemente por el trazado ferroviario y por la rambla de Tiata.

 

Otro condicionante físico de importancia lo constituye el río Guadalentín que, con sólo dos puentes sobre el cauce vacío, deja a los barrios de esta zona “arrinconados”, dijo Martín. El propio Plan General reconoce que la Diputación de Río y los barrios de San Cristóbal, Apolonia y Los Ángeles, están totalmente aislados en sus estructuras urbanas, conectándose exclusivamente a través de la calle Mayor y avenida de las Fuerzas Armadas. Problemas cuya importante dimensión han podido comprobarse, de manera reciente, con ocasión de las obras de remodelación de la calle Ortega Melgares. La edil aludió también al episodio “lamentable”, denunciado por IU-Verdes, ocurrido con motivo de la salida en Lorca de una etapa de la Vuelta ciclista a España, cuando los vehículos se vieron obligados a transitar por el cauce del río Guadalentín, a pesar de una alerta naranja por posibles episodios de gota fría. Al respecto, Martín calificó de “negligente” querer convertir el vado natural cauce del río en una carretera, algo que contaría con la más que previsible oposición de la Confederación Hidrográfica del Segura y que constituye un peligro para la seguridad en caso de avenidas. “Desconocemos si el organismo de cuenca ha autorizado esa vía, que consideramos un mero parche y que no garantiza el acceso de los equipos de emergencia en caso de crecidas del río”, dijo la edil.

 

Por otra parte, los barrios altos, situados en las faldas del Castillo tienen también problemas estructurales de escasa o nula conexión viaria con el resto de la ciudad, especialmente con aquellos situados al otro lado del río. Circunstancias que han originado que estén aquejados por una profunda degradación de su parque edificado y adolezcan de los equipamientos y servicios necesarios para el adecuado desarrollo de la población.  

 

Para Martín, la construcción de dicho puente debería ser el comienzo de actuaciones, que considera urgentes, para la ejecución de los sistemas generales viarios que deberían articular y dar continuidad a la trama urbana de los barrios altos y los situados al norte de la ciudad, necesitados de fuertes inversiones públicas y, la mayoría, grandes olvidados en las obras de regeneración urbana financiadas con cargo al préstamo del Banco Europeo de Inversión.

 

Por todo ello, IU-Verdes considera que la mejor solución “técnica y urbanística”, y también la más aceptada desde el punto de vista social, sería dar cumplimiento al contenido del Plan General y construir un nuevo puente sobre el cauce del río. Gloria Martín aseguró que dicha actuación  podría contar con la financiación necesaria si a dicho proyecto se incorporasen las bajas de los contratos adjudicados en las obras de regeneración.

 

“Lorca está perdiendo la oportunidad de dar una solución integral a los problemas de comunicación y de falta de conexión de sus barrios”, aseguró la concejala de IU-Verdes. Por ello, animó al equipo de Gobierno municipal del PP a “priorizar inversiones” mediante una planificación urbanística racional e infraestructuras que realmente permitan aumentar la calidad de vida de los vecinos.

La Junta se preocupa de los trabajadores del Peñón que Rajoy olvida

Según informa la Junta de Andalucía, Susana Díaz ha acordado la puesta en marcha de mesas sectoriales de trabajo entre el Ejecutivo andaluz y el Gobierno de Gibraltar en las materias de sus competencias con el fin de minimizar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que ésta sea una oportunidad para la dinamización social y económica de la comarca. La decisión se adopta tras la reunión que ha mantenido Díaz con el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo.

Tras el encuentro, el vicepresidente andaluz y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado que el objetivo primero es convertir la actual preocupación por el Brexit en oportunidad y que los trabajadores de la comarca que diariamente entran en el Peñón no sean «los que paguen» el impacto de la salida comunitaria.

En este sentido, ha apuntado, el interés del Gobierno de Andalucía es que los 13.251 trabajadores transfronterizos, de los que 8.157 son españoles, puedan seguir atravesando la verja a diario «sin dificultades». Jiménez Barrios ha defendido «la permeabilidad» de paso, así como la necesidad de «abrir una zona de diálogo en el tema sanitario» y en asuntos económicos, como la puesta en marcha de planes especiales de empleo y de dinamización económico y social del entorno así como la apertura de incentivos empresariales para la «inmediata recuperación del tejido industrial» de la comarca. Para esto último, ha añadido, cobrará especial relevancia la resolución de la conexión ferroviaria Bobadilla-Algeciras, «vital y fundamental para darle un impulso al conjunto de la red logística andaluza y, sobre todo, del Campo de Gibraltar».

Tras la reunión, calificada desde la Junta como «absolutamente cordial, larga e intensa», Jiménez Barrios ha hecho alusión a la necesidad de que se pongan sobre la mesa todas las «herramientas» necesarias para convertir el Brexit en «una oportunidad para la dinámica socioeconómica de la zona». No en vano, ha dicho, el 24% del empleo de la comarca tiene una relación directa con Gibraltar. El Peñón importa anualmente 430 millones de euros en bienes y servicios de España y sus residentes realizan compras por valor de 80 millones, 52 de ellos gastados en el propio Campo.

En materia sanitaria, ha explicado Jiménez Barrios, resulta «crucial» que los trabajadores «mantengan una situación de plenas garantías en su Seguridad Social y poder explorar la posibilidad de que la Junta, con sus instalaciones sanitarias, puedan ponerse al servicio conjunto para que se utilicen adecuadamente». En cuanto al turismo, el vicepresidente ha hecho alusión a la necesidad «real» de relanzar la comarca «mediante planificación y estrategia» así como llevar a cabo la dinamización empresarial con planes que «incentiven la instalación de mayores empresas y que tengan fluidez en el comercio».

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha destacado que la cita se ha celebrado desde «una perspectiva positiva, para estrechar lazos y trabajar por el interés de los trabajadores de ambos territorios». Al término del encuentro, ha indicado que «se trata de asegurarnos de que el Brexit presente más oportunidades que peligros para la economía y los trabajadores», anticipándonos a cómo va a cambiar el contexto de las relaciones transfronterizas una vez que Reino Unido abandone la UE. «El trabajo comienza hoy», concluyó.

La reunión entre Díaz y Picardo, de la que se dará traslado al Gobierno central, para que M. Rajoy tenga información por si le interesa, se ha celebrado para aportar soluciones a las incertidumbres que plantea el Brexit, especialmente sobre la comarca del Campo de Gibraltar y su economía, dada la singularidad de Andalucía, al ser el único territorio con frontera continental con el Reino Unido.

Una pérdida del 1% del PIB por el brexit

El impacto negativo del Brexit sobre la economía andaluza a corto y medio plazo se calcula que podrá llegar a hasta el 1% del PIB de la comunidad autónoma en los próximos años. Esta incidencia se daría considerando un escenario medio o severo, en función de la relación que se cierre finalmente entre el Reino Unido y la Unión Europea, y tendría efectos sostenidos en toda la década próxima.

El Gobierno de Andalucía constituyó en 2016 un grupo de trabajo con las consejería de Economía y Conocimiento; Empleo, Empresa y Comercio; Turismo y Deporte, y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con el fin de realizar la valoración de las consecuencias del Brexit y proponer las acciones correspondientes para minimizarlas en lo posible, dentro del ámbito de las competencias de la comunidad autónoma.

Se trata de un asunto capital para Andalucía dado que el Reino Unido es el primer inversor en la comunidad, el quinto destino de las exportaciones regionales y el que más turistas extranjeros aporta.

Y el Brexit va a afectar al menos a cinco asuntos de gran relevancia como son la configuración de los fondos europeos, la Política Agraria Común, las previsibles tensiones financieras, el encarecimiento de las exportaciones por la depreciación de la libra esterlina y la alteración de las relaciones jurídicas entre ciudadanos, asunto éste que afecta a la numerosa colonia británica residente en la comunidad (unos 80.000, el 12,9% de la población extranjera) y a los más de 8.800 andaluces en Reino Unido.

Andalucía recibe cada año, además, más de dos millones de turistas británicos (la cuarta parte del total de visitantes extranjeros) y las exportaciones de productos agrícolas representan más del 36% del total de las ventas a Reino Unido.

Ciudadanos exige al Ayuntamiento de Lorca soluciones inmediatas en los procedimientos de compra de vehículos

Antonio Meca ha  llegado a un acuerdo con el equipo de Gobierno para que se abra una investigación y  se elaboren los oportunos informes jurídicos y administrativos sobre «las irregularidades detectadas en los expedientes de la adquisición de vehículos municipales».

En el debate de esta moción incluida en el próximo Pleno, el Edil de Ciudadanos  pedirá  que “toda adquisición de vehículos para el Ayuntamiento se gestione por los funcionarios del servicio de contratación y la función de los responsables del parque móvil se limite a las propias de sus competencias”, el mantenimiento del parque móvil y la comunicación de las necesidades que se observen.

“En ningún caso no aceptamos que la decisión del vehículo a comprar la tome ningún funcionario de ese departamento y mucho menos a la luz de las innumerables irregularidades que se vendrían produciendo durante años”, anuncia Meca.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos “acudiremos a todas las instancias necesarias” para defender los intereses de los lorquinos, una vez estudiados todos esos informes.