domingo, 26 abril, 2026

Ciudadanos se rinde al I+D+i de Guerra de Israel

Un artículo de Público ha sorprendido a propios y extraños, más en estos tiempos en que Palestina está sufriendo el ataque a los Derechos Humanos mínimos por parte de Israel, cuando Donald Trump ha sacado su vena sionista al considerar Jerusalén como capital israelí, cuando una niña de 16 años, Ahed Tamimi, está en prisión por abofetear a un soldado que invadía su casa, cuando están muriendo niños a balazos del ejército israelí. Ciudadanos pone como ejemplo educativo a Israel.

En el proyecto de Proposición No de Ley sobre el impulso de un programa de transferencia del conocimiento España-Israel, elevan a la categoría de referente mundial la educación israelí e incitan a que haya un intercambio escolar entre ambos países. “La consolidación oficial de las líneas estratégicas (sector farmacéutico, energías renovables, Smart Cities, nanotecnología, tratamiento de aguas, tecnología agrícola, tratamiento de residuos y Defensa) abre aún más el campo de acción sobre el que aunar esfuerzos para incrementar el número de oportunidades que representan tanto para nuestras empresas como para nuestros jóvenes” inciden. Y ahí en esa acotación es donde se encuentra el factor clave del sionismo naranja. Ponen como ejemplo educativo la educación e investigación para la guerra del país oriental.

Se nota la mano ya de José María Aznar y de los lobbies que han venido financiando el proyecto naranja. Todos ellos muy alejados del respeto a las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y del derecho del pueblo palestino. En los últimos días se ha contado en estas mismas páginas cómo Israel, utilizando su fuerza de choque militar, disparando a pescadores palestinos e internándose ilegalmente el Gaza impedía la producción de Palestina. Eso sin contar la vulneración constante de los derechos humanos, como requisar libros a los presos palestinos o disparar armamento real ante una manifestación pacífica.

Bajo este contexto Ciudadanos y su dirigente máximo, Albert Rivera, quieren que el mundo escolar aprenda de Israel. De una economía que se basa en la negación de la economía de los vecinos mediante el uso de la guerra y la violencia, o la transferencia de fondos a la tecnología para el control en las ciudades (un Smart City ciertamente dictatorial), por ejemplo. Como afirman en Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel: “La economía israelí se construye sobre la base de negar la posibilidad de una economía palestina e impacta negativamente en otras muchas economías de la región. Su modelo de innovación tecnológica está estrechamente vinculado a la experimentación armamentística para la ocupación y a la seguridad, aplicando toda esa tecnología y ese “saber” para el control y el castigo sobre una mermada población palestina”.

Sacan al fin la patita desde la formación naranja respecto a su visión de la política internacional, europeísmo de los mercaderes aparte, que es el seguidismo de la visión del Imperio estadounidense y de sus lobbies armamentísticos y sionistas. Ya se negaron a votar en favor del reconocimiento del Estado de Palestina y, aunque en público hablan del diálogo entre las dos partes, se niegan así mimos cuando hablan de respetar las resoluciones de la ONU. Esas mismas resoluciones que son ninguneadas por Israel en muchos asentamientos y colonias ilegales de esas que tanto alaban en Ciudadanos como modelo de transferencia educativo-tecnológica. Juegan al despiste y a quedar siempre bien, al populismo sistémico, pero tomar como modelo a Israel deja bien a las claras su posición final.

Es más, acusan a Palestina de poder desarrollar ese tipo de tecnología y conocimiento “por diversos factores”, pero no quieren decir que apoyen a Israel. Claro esos “diversos factores” son muy importantes. Luchar para evitar el genocidio palestino, tener que reconstruir día a día sus ciudades de los ataques con misiles por parte de Israel, tener que destinar dinero a comprar alimentos en el exterior porque quien te invade te impide la producción, y así hasta completar una larga lista de factores no achacables al pueblo palestino, sino al de los amigos de Rivera y Aznar. Al final quien te financia manda, y por eso los dineros de Fedea y amigos de allende los mares inciden en ciertos comportamientos políticos.

Moreno Bonilla se ríe de los profesionales sanitarios andaluces

Escuchando las propuestas que suelen hacer los políticos patrios, muchas veces puede acabar uno preguntándose, si realmente son así o si lo aparentan. Si de verdad lo que proponen lo han pensado antes o directamente es producto de carestías intelectuales. Así ocurre con Juan Manuel Moreno Bonilla, quien lleva unas semanas ofreciendo a los andaluces sus propuestas para mejorar la región y que conllevan una carcajada casi inmediata. Una de dos, o desconoce Andalucía y sus sistema, o es malo en sí. Porque, además, tiene el atrevimiento de difundirlo en redes sociales. La última ha sido la burla, que en su haber piensa reformar del sistema, a los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Sanidad (SAS).

Como pueden ver en el tuit adjunto, Moreno Bonilla afirma que proponen que “a todos los profesionales de la sanidad pública en Andalucía se les incluya el complemento de exclusividad en su nómina. Tienen derecho a ejercer su profesión libremente sin renunciar a esa parte de su salario. A misma titulación, horario y trabajo, mismo sueldo”. Así leído parece que desde la Junta de Andalucía tienen manía algún trabajador o trabajadora y no le abonan el complemento de exclusividad. Parece que la maldad está en los socialistas, cuando bien al contrario la maldad está en Moreno Bonilla y el PP andaluz. Porque lo que pretenden es que quienes no dedican su profesión a lo público, cobren más al final.

El complemento de exclusividad es para médicos y auxiliares que se dedican sólo a la sanidad pública. No lo tienen aquellos y aquellas que compatibilizan su actividad en lo público con trabajo sanitario en lo privado. Es decir, si un cirujano se dedica sólo a lo público cobra ese complemento, pero si no lo hace y se lleva tres o cuatro mil euros en lo privado por operar no se lo lleva. Por tanto, contrariamente a lo que dice Moreno Bonilla, sí que ejercen libremente su profesión y de forma muy bien gratificada.

Esto tiene, además, otra consecuencia que Moreno Bonilla no cuenta. Quienes se dedican a trabajar también en lo privado podrían no cumplir con las horas de descanso que se estiman oportunas (esto no quiere decir que en lo público a veces tampoco se cumpla), y pudieran llegar cansados a su trabajo de funcionario. Esta falta de responsabilidad es la que quiere el PP andaluz premiar con el complemento que tienen quienes sí se comprometen realmente con su profesión y lo público.

La aceptación de la exclusividad es voluntaria de cada persona. A nadie le obligan a tener exclusividad por lo que han decidido como individuos autónomos y libres compartir su tiempo y conocimiento en otra empresa que le paga bastante bien. Por tanto esas personas no es que tengan un perjuicio respecto a sus compañeros y compañeras, sino que están ganando dos sueldos (a veces duplicándolo) y haciendo un desgaste que puede afectar a su trabajo en lo público.

Además, y esto sí que es hiriente para un partido al que se le llena la boca con los datos de empleo, la exclusividad tiene un segundo componente que es el fomento del empleo. Gracias a la exclusividad, a ese plus que Moreno Bonilla quiere regalar, los Hospitales privados se ven en la obligación de contratar personal propio y pagar salarios dignos a los profesionales. Se conoce que eso para el PP no es importante, prefiere seguir apoyando a la sanidad privada mediante el regalo que afirma el presidente de los conservadores andaluces.

Una vez más se observa que el PP no conoce la realidad que le rodea, y más en Andalucía. Igual algún familiar de Moreno Bonilla, o algún amigo de tapeo, trabaja para lo privado, entre caña y caña, le ha dicho que es injusto no cobrar ese complemento, sin contarle la verdad. Y como el presidente del PP es muy suyo, ni ha preguntado y se ha lanzado a dejar mal a los demás funcionarios del SAS. Acusa subrepticiamente a los demás trabajadores y trabajadoras del SAS de ser unos aprovechados, cuando la realidad es justo la contraria.

El PSOE de Almería pide la dimisión de Escobar por la Residencia Asistida

El PSOE de Almería en la Diputación, en boca de su portavoz Juan Antonio Lorenzo, no aguanta más las tropelías del gobierno del PP de Gabriel Amat. Esta vez han colmado la paciencia de los socialistas respecto a la Residencia Asistida y han decidido pedir la dimisión de Ángel Escobar, diputado de Bienestar Social, por haber engañado a la ciudadanía. O como dice el socialista “por llevar dos años mintiendo de manera reiterada sobre el futuro de la Residencia Asistida”. Como ya se afirmó en estas mismas páginas, Amat ha logrado la reducción de las 167 plazas a sólo 120 con la excusa de unas obras que hay que hacer en una de las alas de la residencia.

De momento, debido a la capacidad de la propia residencia, los residentes de Poniente serán traslados a una habilitación que han hecho en Levante. Un ala que, curiosamente, en 2011 y posteriormente parecía que se iba a caer a trozos y donde no se han hecho obras de rehabilitación completas, sino unas mejoras a fin de acomodar a los residentes que salen de Poniente. Pero, como ya se explicó en Diario 16, esas plazas no reúnen las comodidades mínimas como aseos propios y otras insuficiencias que los familiares ya habían avisado. Esto demuestra, en palabras de Lorenzo, que “el PP no quiere mejorar la atención que presta en la Residencia, sino, por el contrario, echarle el cierre”.

Además de la dimisión de Escobar, los socialistas van a pedir también que la Diputación Provincial celebre un pleno extraordinario para que el equipo de Gobierno aclare qué está sucediendo en la Residencia y cuál es el futuro que le espera. “Vamos a darle una última oportunidad al PP para que diga la verdad, para que explique con pelos y señales los motivos por los que ha decidido reducir las 47 plazas y nos cuente también qué planes tiene para la Residencia Asistida”, ha explicado Lorenzo.

Observan desde el PSOE, y como se ha manifestado en estas mismas páginas, que las verdaderas intenciones de Amat y su equipo del PP son cerrar la residencia en un tiempo breve, cuando cumplan los conciertos. “El tema de las obras ha sido la excusa que han dado cada vez que se les veían las intenciones de cerrar la residencia, pero nunca nos han enseñado un proyecto ni un cronograma de esos supuestos trabajos”, ha dicho. “¿Qué obras son esas que no tienen ningún documento que las respalde?”, se ha preguntado Lorenzo.

A la vista de lo sucedido, los socialistas consideran “probado” que el PP lleva dos años “tomándoles el pelo a los residentes, a los familiares y a los trabajadores” de la Residencia Asistida. “Durante meses, se han dedicado a intentar confrontar con la Junta de Andalucía, en busca de una excusa con la que poder rescindir ese convenio del concierto de plazas que ahora han roto sin justificación”, ha subrayado Juan Antonio Lorenzo.

“Lo que ha ocurrido es una vergüenza y, si el diputado Escobar la tuviera, tendría que presentar su dimisión”, ha apuntado el portavoz socialista, “dado que la actuación que ha tenido en este asunto es la antítesis del trabajo que debe realizar un servidor público, al que se le presupone que debe velar por los intereses generales de los ciudadanos y, en particular, de las personas más vulnerables”.

A la vista de lo sucedido y a la espera de que “la verdad salga a la luz” en el Pleno monográfico, los socialistas creen que el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, “ha cumplido por fin su planes”. “El presidente siempre ha considerado que lo que cuesta la Residencia no es una inversión, sino un gasto, y por lo visto, está a un paso de conseguir lo que estaba buscando, que es quitarse de en medio casi un centenar de plazas, con las que, por lo visto, no le salían las cuentas”, ha insistido.

El PSOE exige a la CARM que cumpla y pague las cuotas del Consorcio de Extinción de Incendios

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha exigido al Gobierno regional que pague las cuotas que debe del Consorcio de Extinción de Incendios, que da servicio a los municipios de la Región de Murcia de entre 5.000 y 20.000 habitantes.
Tras una reunión con los alcaldes y alcaldesas socialistas de municipios de la Región de Murcia de entre 5,000 y 20.000 habitantes, Conesa ha destacado que la extinción de incendios en estos municipios es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, “como así han reflejado reiteradamente los mismos servicios jurídicos de la Comunidad”.
“Denunciamos nuevamente un incumplimiento del Gobierno regional en relación al 50 por ciento restante que les queda por pagar. Asumieron el compromiso de pagar a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018 y no lo han contemplado”, ha señalado.
“Estamos hablando de una cantidad superior a 1 millón de euros y que no se ha visto reflejada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y ese compromiso fue asumido en la Asamblea Regional por parte del Gobierno, asumido en el primer Consejo de alcaldes siendo presidente López Miras, y asumido a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) en la Asamblea de Caravaca”, ha añadido.
A la reunión han asistido la diputada regional Yolanda Fernández; el secretario de Política Municipal del PSRM-PSOE y diputado regional, Alfonso Martínez; el alcalde de Lorquí y presidente de la FMRM, Joaquín Hernández; la alcaldesa de Santomera, Inma Sánchez; el alcalde de Alguazas, Blas Ángel Ruipérez; el alcalde de Moratalla, Jesús Amo; el de Mula, Juan Jesús Moreno; el primer teniente de alcalde de Beniel, José Antonio Franco; el alcalde de Fuente Álamo, Antonio Jesús García; el de Fortuna, José Enrique Gil; el de Abanilla, Ezequiel Alonso, y el concejal de Seguridad de Librilla, Jorge García Belchí.
Según Conesa, el PSOE, como partido responsable con 28 gobiernos municipales, ha decidido dar un plazo al Gobierno regional para cumplir estos pagos, “y hacerlo mandatando esa negociación a la Federación de Municipios, en la que están representados todos los ayuntamientos entre 5.000 y 20.000 habitantes, independientemente del color político”.
“Si no hay un cumplimiento firme, claro y rápido después de dar ese mandato, se tomarán otras medidas más drásticas”, ha remarcado.
El secretario general socialista ha requerido al Gobierno regional más seriedad. “Más cumplir su palabra y sus obligaciones, y menos hacer promesas de bajar el IRPF, sabiendo la situación económica que hay.
 “Me gustaría tener un presidente de la Comunidad Autónoma que supiera lo que es la gestión de una administración con recursos escasos y que no estuviéramos en permanente campaña de Reyes Magos”, ha dicho.
¿Con qué seriedad te van a tomar en Madrid si estás pidiendo más financiación y por otro lado estás anunciando rebajas fiscales?”, se ha preguntado Conesa.
En su opinión, la Región de Murcia está en una fase importantísima de negociación de la financiación autonómica y en una fase fundamental a nivel nacional de un pacto del agua, “y para ello hace falta más rigor y más seriedad”.
“Lo mínimo que se merece esta comunidad es un gobierno y un presidente serio, que sepan que para negociar estas cuestiones tan importantes para la Región de Murcia, no pueden estar anunciando medidas que van a debilitar totalmente esa negociación”, ha concluido.

IU exige la reapertura de los centros de salud en Lorca por la tarde

La Concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha exigido la reapertura de los centros de Atención Primaria de Lorca en horario de tarde de manera permanente. Un “recorte sanitario” que se ceba fundamentalmente con los trabajadores, que no pueden ir a su médico de familia si no es a costa de perder horas de su jornada laboral, y también con el colectivo de estudiantes. Algo que contribuye, además, a congestionar los servicios de urgencias.

Martín dijo que el cierre de los centros de salud en horario vespertino, que decretó el PP hace cinco años, es la causa fundamental de que la presión asistencial por el alcance del umbral epidémico de la gripe esté produciendo la saturación de los servicios de urgencias del hospital Rafael Méndez y del único Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con el que cuenta el municipio. Por ello, “es  necesario replantear el modelo sanitario impuesto por el PP en el Área III de Salud”, manifestó. La edil de IU-Verdes aseguró que la situación se vuelve “insostenible” en Navidades o en el periodo estival por la falta de sustitución de los profesionales sanitarios que disfrutan de vacaciones o de días de libre disposición, lo que está obligando a doblar o incluso triplicar cupos –como sucede en el centro de Salud de San Diego- lo que conlleva una sobrecarga de trabajo “brutal” para médicos y personal de enfermería, y una merma importante de la calidad asistencial. Además, impide a los usuarios de la sanidad pública acceder con normalidad a la Atención Primaria. Como ejemplo, Martín explicó que ella misma ha solicitado cita para acudir a su médico de familia y que la primera disponible es “dentro de una semana”. “No es el peor de los casos, nos consta que en otros centros de salud las citas se demoran hasta doce días”, aseguró. Por ello, para Martín, “no es la gripe la que está colapsando las urgencias de los hospitales sino la política de recortes en derechos esenciales del PP”. La recomendación del Servicio Murciano de Salud es que, ante los síntomas de la gripe, los usuarios acudan “de manera prioritaria” a centros de salud y servicios de Urgencias de Atención Primaria, lo que Martín consideró “una broma de mal gusto” teniendo en cuenta que algunos lorquinos tienen que esperar casi dos semanas para obtener cita. “Es algo indecente e impropio de una región que se dice parte del Primer Mundo”, manifestó al respecto. “¿Qué pretenden que hagan los vecino? ¿Qué se  automediquen? ¿Qué se vayan a Urgencias a propagar el virus y a permanecer horas y horas sentados en una sala de espera con fiebre y dolores?”, criticó.

En ese sentido, la concejala de IU-Verdes lamentó que para el ejecutivo autonómico el ciudadano no sea el centro del sistema de salud público murciano. Más bien, al contrario, “el PP está convirtiendo la sanidad en un nicho de mercado para aseguradoras y empresas propietarias de hospitales privados-concertados, a costa de la salud de quienes no podemos permitirnos pagar un seguro médico privado o asistir a una consulta particular”, denunció.

Para la edil de IU-Verdes, esta situación, agravada en determinadas épocas del año, es una constante, como demuestra el hecho de que el personal sanitario se vea obligado a atender a cada paciente de Primaria en un tiempo previsto de sólo cinco minutos, lo que calificó de “infame”. Profesionales que, además, tienen que repartir la jornada de trabajo entre la atención en consulta, las visitas domiciliarias y las labores burocráticas. “Médicos y enfermeros necesitan tiempo para poder hablar con sus pacientes, lo que mejoraría la eficiencia, la optimización de recursos, e incluso permitiría reducir listas de espera en especialidades”, explicó. Reabrir las consultas en horario vespertino y apostar por la atención de proximidad es, también, una medida inteligente para reducir el gasto sanitario, ya que la atención en urgencias resulta más cara que la que se dispensa en Atención Primaria.

Por último, Martín recordó que, ya en el año 2016, la gerencia del Servicio Murciano de Salud se planteó “mejorar la accesibilidad horaria para los pacientes” en el Plan para el Impulso y la Mejora de la Atención Primaria en la Región de Murcia (Paimap) 2017-2020, sin que, finalmente, esta medida se haya materializado.

Alcanzado el consenso en la mayoría de medidas propuestas para salvar el Mar Menor

Durante la última sesión de la ponencia para el debate de las enmiendas formuladas al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, celebrada ayer, el diputado socialista y presidente de la Comisión, Antonio Guillamón, mostró su satisfacción al haberse logrado el consenso de todos los grupos parlamentarios “en la mayoría de propuestas formuladas”.

El propio diputado socialista explicó que han quedado eliminadas las propuestas relacionadas con “el sistema de drenaje del circuito cerrado de invernaderos y las relacionadas con la anchura de las barreras vegetales”.

Igualmente, se aprueba la aplicación de estiércol en la Zona 1, durante los meses de verano; el sistema de reducción de nitratos en la desalobración; la que hace referencia a los fertilizantes, que sugiere emplear en el futuro abonos de liberación controlada como recomienda la UE modificándose, además, “la repercusión en el capítulo de sanciones”.

“Asimismo -añade Guillamón- se ha incorporado un nuevo apartado que añade que la comisión de una infracción sancionada como grave o muy grave conllevará la pérdida de derecho de obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma durante dos años”.

Ciudadanos: “Una actitud positiva”

El grupo Ciudadanos ha querido destacar la “actitud positiva” de todos los grupos políticos para lograr el mayor consenso posible “en una cuestión tan importante como conjugar la protección del Mar Menor y el desarrollo de la actividad agrícola que tradicionalmente ha sido el motor de la economía del campo de Cartagena”.

Si diputado regional, Luis Fernández, ha mostrado su satisfacción “porque más del 60% de las enmiendas de los grupos de la oposición se han aprobado por unanimidad, lo que demuestra que han sido trabajadas y que son muy positivas”.

“A pesar de ello, consideramos imprescindible la realización de una ley integral del Mar Menor que incluya a todos los sectores implicados, tales como agricultura, pesca, hostelería y el sector de las actividades naúticas para poder lograr el objetivo de regenerar la laguna con el mayor consenso y a la mayor brevedad posible”, ha añadido Fernández.

Podemos: “Nos quedamos cortos”

Por su parte la diputada de Podemos, María Giménez, ha señalado que no tienen intención de dar “ni un paso atrás en las medidas que hemos propuesto para salvar la laguna”.

“No vamos a permitir -añade- que el PP modifique la zonificación que hemos hecho y las medidas que afectan a cada una de esas áreas. El Mar Menor no puede esperar. Ya llevamos mucho retraso por culpa del Partido Popular y, por ello, somos inflexibles. Hemos trabajado en estas medidas meses con los mejores expertos y con las organizaciones agrarias y consideramos que este es el punto de partida para rescatar y blindar la laguna y en su defensa nos vamos a mantener firmes”.

Giménez ha afirmado que no se puede actuar con “tibieza y medidas cortoplacistas” a la hora de proteger y salvar el Mar Menor. Por eso, la diputada de Podemos ha explicado que el PP pretende “rebajar la consistencia de las medidas en la zona dos y tres que abarca toda la cuenca del Mar Menor, que son las zonas más alejadas de la laguna” a pesar de ser zonas desde donde también llega agua con nitratos y contaminantes con lo que también hay que ser “igual de rigurosos y contundentes en ellas”.

“El procedimiento -finaliza Giménez- para aprobar estas medidas debe acabar de una vez por todas y deben salir adelante. Van a suponer una mejoría considerable aunque, desde Podemos, pensamos que es tan sólo un punto de partida, que nos quedamos cortos y tras la implementación de dichas enmiendas, nuestro trabajo será estar vigilantes en su aplicación y avanzar, junto a técnicos, expertos y las propias organizaciones agrarias, en mantener y dar vida a un Mar Menor al que el PP ha maltratado durante dos décadas”.

PP: “Hay que aplicar buenas prácticas agrícolas”

Finalmente, el grupo parlamentario Popular propuso en la ponencia limitar “el cultivo intensivo al establecer como máximo dos ciclos en una misma parcela agrícola”.

“Con esta medida -añade su diputado Jesús Cano- dejamos descansar el suelo, reducimos el consumo de agua y el uso de productos fertilizantes” insistiendo en que la voluntad del Partido Popular es “aplicar buenas prácticas agrícolas para hacer compatible la recuperación de la laguna y la actividad agrícola”.

El diputado regional popular ha adelantado otra de las propuestas presentadas en la ponencia para ampliar un 80% el área de máxima protección del entorno del Mar Menor, con una superficie de más de 16.000 hectáreas que abarca la sierra minera “con el objetivo de evitar el depósito de residuos mineros procedentes de las escorrentías”.

Cano ha afirmado que se ha alcanzando un “alto grado de consenso” en el seno de la ponencia con la aprobación de veintidós enmiendas por unanimidad.

El diputado del PP en la Asamblea Regional, sin embargo,q ha criticado ue los grupos parlamentarios de oposición mantienen tres enmiendas “que tienen el rechazo absoluto del sector agrícola porque carecen de lógica ya que amplían las medidas restrictivas aplicadas en el entorno del Mar Menor hasta Fuente Álamo” dañando gratuitamente, afirma, a los agricultores sin beneficiar al Mar Menor.

Murcia: tercera Comunidad con mayor crecimiento de donantes

La Región de Murcia, con un incremento del 27,6% respecto al año anterior, es la tercera Comunidad Autónoma en la que más creció el número de donantes en 2017, situando la tasa regional en 66 donantes por cada millón de personas. Sólo La Rioja, con un 37,5%, y la Comunidad Valenciana, con un 31,9%, presentan mayores incrementos, si bien la región de Murcia, tras Valencia, que aporta el 30% del aumento global en número de donantes, se sitúa en segunda posición en términos absolutos.  Además, el Hospital de la Arrixaca fue el centro que mayor actividad tuvo en 2017 y que aportó el máximo de donantes.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha anunciado que “España se mantiene como líder mundial en donación y trasplantes gracias a la generosidad de los donantes y a sus familias a los profesionales, a la ONT, a nuestro gran Sistema Nacional de Salud y al compromiso firme y decidido de este gobierno por dar vida a quien más lo necesita”. Así, nuestro país mantiene el liderazgo mundial durante 26 años consecutivos, pues ha vuelto a batir su propio récord al alcanzar en 2017 los 46,9 donantes por millón de población, con un total de 2.183 donantes.

Esto ha permito realizar 5.259 trasplantes de órganos, superándose por primera vez en 2017 la cifra de 5.000 trasplantes. Esta cifra eleva la tasa de trasplantes a 113 por millón de población y consolida a España internacionalmente como ‘el país de los trasplantes’.

En los últimos 3 años la tasa de donación por millón de población ha aumentado en un 30%. Estos datos suponen que en el 2017 cada día 6 personas han donado sus órganos y se han realizado 14 trasplantes diarios.

La directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil ha detallado los datos de actividad en donación y trasplante, registrados en nuestro país en 2017.  Según estos datos, España ha alcanzado nuevos máximos históricos tanto en el número total de donantes (+8,1%), con un total de 2.183, como en el de trasplantes de órganos sólidos (+9.1%), que se sitúan en 5.261. También se registran máximos de actividad en toda la historia de la ONT en trasplante renal, hepático y  pulmonar e incrementos en todos los tipos de trasplante, excepto en el de páncreas.

En total, se han realizado 3.269 trasplantes renales (+9%), 1.247 hepáticos (+8%), 304 cardíacos (+8%), 363 pulmonares (+18%), 70 de páncreas (-4%) y 8 intestinales (+100%).  La lista de espera se reduce para todos los órganos, excepto para el páncreas, pasando de un total de 5.480 pacientes al finalizar 2016 a 4.896 a 31 de diciembre de 2017. De ellos, 74 son niños.

 

Todas las Comunidades superan la tasa de 35 donantes por millón de personas, 9 sobrepasan la media nacional (46,9) y de ellas, 4 presentan tasas por encima de los 70 donantes por millón (las de la cornisa cantábrica.)

Cantabria lidera el ranking con una tasa de 74,1 donante por millón de personas. Le siguen, por este orden, La Rioja (71,0) País Vasco (70,3)  Navarra (70,3) y Murcia (66,0).

  Donantes 2016 Donantes 2017
Población (millones h.) 46,55 46, 57
Comunidades Autónomas Total         pmp Total          pmp
Andalucía 395           47,1 413           49,3
Aragón 53             40,8 59             45,4
Asturias 48             46,2 51             49,5
Baleares 44             40,0 55             49,5
Canarias 98             46,7 92             43,8
Cantabria 38             65,5 43             74,1
Castilla- La Mancha 82             40,2 72             35,5
Castilla y León 103           42,2 101           41,7
Cataluña 315           41,9 333           44,1
Com. Valenciana 191           38,6 252           51,0
Extremadura 45             41,7  50            46,7
Galicia 106           39,1 113           41,9
La Rioja 16             51,6  22            71,0
Madrid 226           35,0 231           35,5
Murcia 76             52,1  97            66,0
Navarra 39             60,9  45            70,3
País Vasco 143           65,6 154           70,3
C. Autónoma de Ceuta
C. Autónoma de Melilla 1               11,6   0
Total Estado 2.019          43,4 2.183       46,9

 

 

Ferrovial pide otros 277.000 euros al Ayuntamiento de Lorca

Ferrovial (Ferconsa y Ceres) se adjudicó las obras de Juan Carlos I por un importe de 4.979.150 euros y fue rechazada la oferta de Pavimentos Asfálticos Lario S.L. por valor 4.406.849,04 euros, 572.301 euros menos.

Desde el Grupo Municipal no pueden entender que a mitad de la obra ya  estén pidiendo 277.138,61 euros más por “imprevistos”.

Antonio Meca  no tenía previsto  que “el Equipo de Gobierno se plegara y aceptara la chapuza que se está haciendo por la baja calidad de los materiales, la deficiente ejecución de los acabados y la utilización de elementos viejos como son las tapas de suministros y servicios”, confirmado este hecho por el informe técnico correspondiente.

El Concejal cree que el Equipo de Gobierno tiene que “exigir a la empresa que cumpla con su compromiso en la cantidad acordada y que los imprevistos los debía de haber estudiado previamente”.

Meca exige como siempre al Equipo de Gobierno que “defienda los intereses de los lorquinos y no se ponga al lado de estas macroempresas que prácticamente subcontrata la totalidad de las obras y lo único que aportan es especulación”.

Ciudadanos piensa que las razones por las que falta dinero es por la cantidad de empresas que se subcontratas unas a otras y no hay dinero para todos y finalmente afecta a la inversión prevista.

Finalmente Antonio Meca supone que “puede que todo esto tenga encaje legal y el papel lo aguanta todo pero lo que es evidente es que la gestión económica y  de ejecución de estas obras es muy deficiente”.

 

IU-V denuncia irregularidades en la política de subvenciones del gobierno municipal del PP

Pedro Sosa, Portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar las dificultades que está teniendo una asociación cultural lorquina -el grupo poético Espartaria- para cobrar el importe de una subvención de 2.000 euros con los que sufragar un recital poético musical realizado en junio del pasado año en la Plaza de Calderón y en el que intervino un nutrido grupo de poetas procedentes de diversos lugares de España.

Sosa sostiene que la dilación en este pago está comprometiendo ante ese conjunto de artistas el buen nombre de Lorca, de su Ayuntamiento y del grupo promotor de la actividad -Espartaria- por una actuación impagada que se enmarca en el programa “Tendencias Summer Fest Lorca 17”, desarrollado el pasado verano en nuestra ciudad con más de una veintena de actuaciones culturales y musicales.

El concejal de IU-V afirma que tras las infructuosas gestiones realizadas por Espartaria ante la Concejalía de Cultura, los promotores de este evento se pusieron en contacto con IU-V pidiendo su mediación para desbloquear el pago, y que tras varias conversaciones con el concejal responsable ahora nos comunican que el pago de esa actividad recae en una empresa privada lorquina que patrocinaba el evento. Sosa afirma que si el gobierno local no tiene autoridad suficiente para obligar a la empresa patrocinadora a asumir el coste de sus compromisos, cuando además se ha hecho publicidad gratuita en folletos municipales como empresa preocupada por la cultura local, lo mejor es que prescinda de ella en el futuro, pero que solvente de inmediato este problema.

Más allá de este ejemplo, y aprovechado el caso relatado, el concejal de IU-V pretende una revisión en profundidad de la política de subvenciones que se practica en el Ayuntamiento de Lorca. Sosa afirma que Lorca debería contar con un reglamento de subvenciones propio, pero, con reglamento o sin él, el gobierno del PP está obligado a sujetar su actuación en este ámbito a la Ley General de Subvenciones y al Reglamento que la desarrolla. En tal sentido apunta que la ley establece como norma común que las subvenciones deberían estar sometidas a procedimientos y convocatorias de “concurrencia competitiva”, y sólo excepcionalmente son aceptables las subvenciones directas, pero este Ayuntamiento, sostiene Sosa, ha hecho que la excepción sea la regla y que la regla sea la excepción, de modo tal que las subvenciones que se dan en Lorca suelen ser “concesiones graciosas” del concejal de turno guiadas por sus gustos, amistades y aficiones.

Hay que dar un giro de ciento ochenta grados en esta política, y a tal fin el concejal de IU-V anuncia la intención de su grupo de plantear en el próximo Pleno una moción para aprobar un reglamento de subvenciones del Ayuntamiento de Lorca que ofrezca garantías para todas las asociaciones de Lorca, que esté presidido por la igualdad y la  imparcialidad, y que mejore la gestión y tramitación de estas ayudas.

El PSOE exige a la CARM que pague con intereses las indemnizaciones que seis años después deben a los afectados por los terremotos

El Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha exigido a la Comunidad Autónoma que paguen las ayudas que, seis años después, todavía deben a los afectados por los terremotos de 2011. Navarro ha pedido que estas ayudas sean pagadas con intereses, de la misma manera que el Gobierno Regional sí se acuerda de reclamar a los afectados la devolución de sus ayudas con intereses de demora.

Navarro asegura que se está dando la circunstancia de que el Gobierno Regional está reclamando la devolución de ayudas a familias afectadas a las que, todavía, seis años después, el mismo Gobierno Regional les debe ayudas para el pago de sus alquileres. Asegura que esta situación es “bochornosa”, por lo que pide a la Comunidad Autónoma que, antes de exigir la devolución de las ayudas, pague lo que, seis años después, debe a quienes lo perdieron todo en 2011.

Antonio Navarro ha anunciado que pedirán explicaciones en la Asamblea Regional para que den cuenta de los expedientes de los afectados por los terremotos que aún quedan pendientes de resolución y de pago.

Navarro asegura que es “vergonzoso” que para la devolución de las ayudas que el Gobierno Regional está reclamando a los damnificados por los seísmos, se esté pidiendo “el principal más los intereses”, y en cambio, la misma Administración esté pagando las ayudas en concepto de alquiler “tarde” y, en este caso, “no se acuerden de pagarlas con intereses”.

El edil socialista ha puesto de manifiesto que son decenas las personas que, cada semana, acuden a las oficinas del PSOE para recibir ayuda en forma de asesoramiento, de cara a la reclamación que, seis años después, ha iniciado la Comunidad Autónoma para que los afectados justifiquen las ayudas destinada a la reparación y/o reconstrucción de sus viviendas.

Navarro asegura que esta situación que “tanta confusión” está generando entre la población afectada “tiene unos responsables, con nombres y apellidos”. Navarro insta al Alcalde de Lorca y al Presidente de la Comunidad Autónoma a «no seguir mirando para otro lado y a dar una solución política a este problema que “han generado ellos mismos”.

Desde el PSOE insisten en su propuesta de que sean técnicos responsables los encargados de comprobar que las viviendas están reparadas en aquellos casos en los que, seis años después, los afectados no puedan justificar documentalmente la reparación de sus viviendas. Los socialistas piden que lo “razonable” sea que esa inspección favorable sirva para cerrar los expedientes.