sábado, 25 abril, 2026

El Ejército del Aire estudia la posibilidad de jubilar los aviones de enseñanza C-101

Los cuatro primeros aviones C-101 llegaron el 17 de marzo de 1980 a la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), para servir como sistema de entrenamiento para los futuros pilotos militares. Casi 40 años después, el Ejército del Aire analiza detenidamente la posibilidad de jubilar este histórico avión como sistema de instrucción  a los futuros pilotos, según publica El Confidencial Digital.

El análisis de sustitución comenzó a plantearse hace ya algunos años, con objeto de relevar en el sistema de enseñanza de la AGA a estas históricas aeronaves que han servido durante décadas para preparar a los pilotos militares españoles en su fase de formación.

En este mismo recinto militar de la Región de Murcia también se encuentran las aeronaves incluídas en la Patrulla Águila, dedicada a acrobacias y que dibuja en el cielo con humo la bandera de España.

Tras casi cuatro décadas de servicio, en los últimos años se han producido algunos accidentes mortales de militares que pilotaban C-101. Esta contingencia llevó a la cúpula del Ejército del Aire a ordenar una revisión exhaustiva de toda la mecánica y los sistemas electrónicos de los aviones que estaban en servicio.

Pero al mismo tiempo el Ministerio de Defensa también empezó a analizar la compra de nuevos aviones para la instrucción de los pilotos del Aire. Así, barajó algunos modelos, como el Dassault Dornier Alphajet, de fabricación franco-alemana, y el polaco PZL-130.

“Sistema Integrado de Enseñanza en Vuelo”

En la última publicación del órgano oficial del Ejército del Aire, concretamente la Revista de Aeronáutica y Astronáutica que edita el Ministerio de Defensa, el  editorial destaca que el Ejército del Aire se enfrenta a un “importante reto a corto plazo”, el de buscar sustituto para el C-101, empleado en la Academia General del Aire (AGA), para la instrucción del vuelo básico y que está próximo a alcanzar el límite de su ciclo de vida”.

No sólo se plantea el problema, sino también la solución. Se explica que la opción más favorable de las estudiadas, y la que con toda seguridad se adoptará, es la implantación de un “Sistema Integrado de Enseñanza en Vuelo” (ITS, por sus siglas en inglés).

Hasta ahora el C-101 se utiliza en la Fase II o Escuela Básica de la Academia General del Aire. Antes está la Fase I o Escuela Elemental, con aviones ENAR T-35 Pillan. Estas dos fases se realizan en San Javier, y la Fase III o Escuela Avanzada ya se realizan en las bases especializadas en combate, transporte o helicópteros.

Reduce los tiempos y los costes

Ahora el Ejército del Aire, con ese “Sistema Integrado de Enseñanza en Vuelo” pretende disponer de un avión turbopropulsado de altas prestaciones, bien por adquisición directa, bien mediante un contrato de servicios.

Todavía no ha decidido el modelo elegido, pese a que ha estudiado y evaluado distintas opciones, pero la novedad es que se utilizará como sistema de instrucción único tanto para la fase de vuelo elemental como la básica.

De esta forma, el Ejército del Aire espera conseguir varias ventajas: reducir los tiempos de enseñanza, facilitar la transición a los sistemas operativos, y además ahorrar costes de operación. Al haber un solo avión, los alumnos experimentarán menores saltos tecnológicos al ir superando fases en su instrucción como pilotos.

En 2021 tendrán que estar listos

Esta opción se habrá de tomar en los próximos años, ya que como se ha dicho, el ciclo de vida de los C-101 se está agotando. Aunque se les han hecho arreglos a los aviones para extender ese plazo, el Ejército del Aire contempla 2021/2022 como el curso el que los aviones sustitutos deberán estar ya operativos en la Academia General del Aire, para realizar ahí la transición de los C-101 que se despiden a los nuevos modelos.

Además de los aviones que se compren o alquilen, el “Sistema Integrado de Enseñanza en Vuelo” incluiría “un segmento terrestre con un entrenador de salida de emergencia en tierra, simuladores de cabina para entrenamiento de procedimientos, simuladores de vuelo conectados en red y un sistema integrado de enseñanza asistido por ordenador”.

Esta opción soluciona la ausencia de los C-101 en las fases elemental y básica. Para la fase avanzada, en la que los pilotos se especializan en aviones de caza, transporte, helicópteros o drones, ya se están estudiando diferentes alternativas. La más urgente es la de la Escuela de Reactores de Talavera la Real, en Badajoz, donde se forman los pilotos de caza y ataque: los aviones F-5 de instrucción también necesitarán ser sustituidos a corto-medio plazo, como los C-101, en su caso en torno a 2025.

Gabriel Amat persiste en la épica western con las carreteras almerienses

Se desconocía el cariño que siente Gabriel Amat por los Spaghetti Westerns almerienses, de otro modo no es comprensible su persistencia en tener algunas carreteras provinciales más propias para que Gianni Garko pasee a lomos de su caballo, recordándonos a Sartana, que para que transcurran vehículos actuales. Claro que si Sartana supiese que esto no es más que la mala fe del presidente de la Diputación contra los municipios donde gobierna el PSOE, igual decidiría ajustar cuentas. La realidad es que las cuentas le cuadran a Amat porque no gasta lo prometido, ni ejecuta las obras salvo que sean las que a él le interesan.

Este es el caso, por ejemplo, de la carretera provincial que une la carretera autonómica A-1101 con la barriada del Chive en Lubrín, donde las obras que comenzaron en noviembre de 2016 aún se encuentran sin terminar. Aunque lo peor, según denuncian desde el PSOE, es que “el presupuesto de 400.000 euros que, en principio, aparecía en el año 2017, ahora ha sido desglosado en otras dos fases, lo que indica que se va a alargar aún más su finalización”.

El diputado socialista y alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha explicado que esta carretera es el acceso del transporte escolar de los niños y niñas, así como de muchos vecinos, que “a diario se trasladan al pueblo de Lubrín para ir al colegio y hacer sus gestiones. Ellos son los que tienen que sufrir una carretera que, cada día que pasa, se encuentra en peor estado”. Así mismo, Ramos ha señalado que “ya sufrimos algo parecido con otro tramo de carretera que une los municipios de Lubrín y Albanchez, que estuvo cinco años en la misma situación”.

Recuerdan los socialistas que para sus cosas, para su propio pueblo, para su propio partido (PP) sí que se da prisa: “Es una vergüenza que el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, se haya otorgado a sí mismo para el municipio de Roquetas un millón de euros para una entrada a su pueblo y, sin embargo, tenga el resto de la provincia totalmente abandonada”. En este sentido, Ramos le ha recordado a Amat que “se debe a toda la provincia, no solo a los municipios en los que gobierna su partido” y le ha pedido que “acabe de una vez” con “tanta discriminación con la mitad de los municipios de Almería”.

Los socialistas han insistido en que son muchas las peticiones que los alcaldes y alcaldesas del PSOE de la provincia, hacen al presidente de la Diputación y que “quedan sin respuesta”. Por este motivo, desde el Grupo Socialista han vuelto a exigirle a Amat que “empiece a tomarse en serio los problemas de la provincia y si tiene a políticos de su partido poco eficientes en las áreas, que los cambie, puesto que no nos merecemos este desprecio continuo”.

Igualmente, desde el Grupo Socialista han pedido al PP que agilice el resto de obras, tanto de Planes Provinciales 2016 y 2017, como de carreteras provinciales que “aún están sin ejecutar, como es el caso de la que transcurre entre Albanchez  y los Molinas”. Un problema que, según el PSOE, se debe a “la despreocupación total del Partido Popular, que no es capaz de poner en marcha ningún tipo de protocolo de actuación que realice un seguimiento de los proyectos que inician”.

Montoro recorta a los valencianos 353 millones de euros

El Ministerio de Hacienda ha comunicado por carta al Consell los nuevos importes de las entregas a cuenta de los recursos del Sistema de Financiación del ejercicio 2018 y la previsión de la liquidación definitiva de dicho sistema para el año 2016, que es la que se percibirá en julio próximo. Respecto a las entregas a cuenta, el nuevo cálculo para la Comunitat Valenciana recoge una disminución de 353 millones respecto a la previsión hecha en julio por el propio ministerio, mientras que el importe de la liquidación se mantiene inalterable.

En la carta, el ministerio justifica el recorte «dada la actual situación de prórroga del presupuesto de 2017» y añade que el nuevo cálculo basado en los presupuestos del año pasado será aplicable «a los pagos mensuales de las entregas a cuenta a partir de enero de 2018 en tanto no se disponga de un nuevo presupuesto aprobado para dicho ejercicio». De este modo, la financiación de los valencianos en términos de caja para el próximo año se verá reducida en 353 millones respecto a las cifras comunicadas a finales de julio y que son las que sirvieron para elaborar los Presupuestos de la Generalitat para 2018. Asimismo, los nuevos importes suponen un minoración de los recursos de la Comunitat en términos de caja para el próximo ejercicio de 269 millones, un 2,6% menos en relación a 2017.

En las previsiones del ministerio trasladadas a finales de julio, la cantidad prevista de entregas a cuenta a la Comunitat Valenciana correspondientes a 2018 fue de 8.699 millones, lo que, unido a una liquidación de 2016 de 1.568 millones, daba una financiación total en términos de caja el próximo año de 10.267 millones. Este importe ya supuso un hachazo del Gobierno central a los valencianos por cuanto suponía un incremento de solo el 0,83% respecto a 2017 (únicamente 84 millones más), frente a la media del conjunto de las autonomías del 3,98%, a pesar del crecimiento económico de la Comunitat previsto para 2018, superior además al promedio estatal.

La revisión, con el pretexto de la prórroga de los PGE, reduce el importe de las entregas a cuenta hasta los 8.346 millones, 353 millones menos de los que el Consell tenía previsto ingresar y que constan en el presupuesto de la Generalitat para 2018. De este modo, la cifra total entre entregas a cuenta y liquidación de 2016 se queda en 9.914 millones, lo que comportará un descenso en los recursos de la Comunitat en términos de caja del 2,6% respecto a 2017, cuando se ingresaron 10.183 millones por estos conceptos (8.503 millones en entregas a cuenta y 1.680 millones por la liquidación de 2015).

El ministerio advierte que estas serán las cuantías «en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo presupuesto para 2018» y señala que, como consecuencia de la prórroga, los importes referidos «se basan en las previsiones presupuestarias de ingresos aprobadas en los presupuestos del año 2017 y los últimos datos disponibles de los índices de distribución territorial de los impuestos cedidos y de las variables poblacionales establecidas para el cálculo de la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales».

Concluye señalando que estos son los importes, «sin perjuicio de que a medida que avance la tramitación del Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 se remita la información que corresponda sobre las entregas a cuenta de los recursos del Sistema de Financiación del ejercicio 2018 adecuadas a las estimaciones de ingresos que se contengan en el mismo».

Ahogar financieramente para intervenir la Comunitat

Para Clara Ferrando, la maniobra del ministerio «supone una nueva vuelta de tuerca para castigar las arcas públicas valencianas. Es una irresponsabilidad y una deslealtad por parte del Ministerio y supone un auténtico chantaje. Su falta de diálogo para confeccionar los presupuestos del Estado lo vamos a tener que pagar las comunidades autónomas, especialmente la valenciana, que espera desde 2014 un nuevo sistema de financiación que acabe con la discriminación que padecemos».

«Rajoy se comprometió a tener aprobado en 2017 el nuevo modelo de financiación. Estamos en 2018 y aún no tenemos noticias del nuevo sistema de financiación, pero ya nos ha llegado la primera carta de Madrid anunciando recortes. Ahora, con la excusa de la prórroga de los presupuestos generales del Estado, nos envían el mensaje de que si no se aprueban, vamos a sufrir. Y encima han hecho caso omiso a la exigencia de un fondo extraordinario de 1.325 millones para compensar a los valencianos por la infrafinanciación» ha señalado Ferrando.

En las entregas a cuenta del sistema de financiación se reparte el 98% de la recaudación prevista de los impuestos compartidos, esto es el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales. Las previsiones anteriores contemplaban un incremento de la liquidación para la Comunitat Valenciana del 0,83% respecto al presupuesto de 2017 mientras que para el conjunto de las CC AA el aumento era del 3,98%. Ahora, con el presupuesto prorrogado, no solo no hay incremento, sino que se produce un descenso de los fondos.

De mantenerse estas cifras, la insuficiencia se corregirá dos años después, cuando en 2020 se abone la liquidación de 2018, pero, de momento, el próximo año la Comunitat verá agravados los problemas de liquidez derivados de sufrir la peor financiación de todas las comunidades, a pesar de que el actual modelo está caducado desde el 1 de enero de 2014.

Ferrando ha lamentado la «insensibilidad» del ministerio ya que todo esto se traducirá en «un castigo añadido a los proveedores valencianos, toda vez que, como consecuencia de esta decisión unilateral del Ministerio, habrá menos liquidez para pagar las facturas, con lo que el Periodo Medio de Pago se verá afectado. Es inadmisible que se juegue con los derechos de los ciudadanos».

«El anterior cálculo ya era miserable con los valencianos. Por la naturaleza de la recaudación, la liquidación está estrechamente ligada a la actividad económica y las previsiones de crecimiento tiran al alza también las previsiones de ingresos por impuestos. Ya era indignante que el cálculo del Ministerio prevea un crecimiento de ingresos de sólo un 0,83% para la Comunitat, cuando nuestro territorio es uno de los que tienen una previsión de crecimiento más alto del Estado (por encima del 3%). Ahora resulta que no nos llegará ni siquiera ese incremento, a menos que se aprueben los presupuestos. El Ministerio lo está dejando bien claro: Nos quieren repartir miseria, de rodillas y además agradecidos».

La Armada entrega al Ayuntamiento de Cartagena 700 juguetes como contribución a la campaña navideña “Juguetea”

La Armada ha entregado a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, 700 juguetes como contribución a la campaña navideña de recogida de juguetes “Juguetea”, que organiza el Consistorio municipal, con la colaboración de numerosas entidades y empresas. Para ello, este año se habilitaron tres zonas de recogida, la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster”, el Arsenal Militar y el Tercio de Levante, para que el personal civil y militar destinado en Cartagena realizara sus aportaciones. Al acto asistió la Alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

Varios vehículos cargados con los juguetes partieron del Arsenal Militar escoltados por la Policía Local, para llegar a la puerta del edificio administrativo del Ayuntamiento en la calle San Miguel.

Recibido por la Concejala de Servicios Sociales y Mediación Social, María del Carmen Martín del Amor, el Comandante de Infantería de Marina, Ginés Rodríguez García, en representación de la Armada, ha destacado el esfuerzo del personal civil y militar de todos los buques y dependencias de la Armada en Cartagena, que han contribuido a la campaña por medio de aportaciones económicas para adquirir juguetes o directamente con la entrega de los mismos.

El Ayuntamiento de Cartagena distribuirá los juguetes entre las asociaciones que trabajan en los barrios de Cartagena, que los repartirán a los niños antes de la noche del día 5 de enero.

La Armada participa por sexta vez en esta iniciativa, que busca que ningún niño menor de 12 años sin recursos se quede sin recibir un regalo el día de Reyes.

Cheste tendrá doce fines de semana de competición

El Circuito Ricardo Tormo celebrará doce fines de semana de carreras la próxima temporada según el calendario provisional que se ha anunciado este martes. Motociclismo y automovilismo, pero también acontecimientos de participación popular, nutren el programa de 2018 en el trazado de Cheste. Como cada año, el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana será la cita sobre la que gira todo el calendario. Los días 16, 17 y 18 de noviembre los aficionados al motociclismo celebrarán una vez más el final de la temporada de carreras de Moto3, de Moto2 y de MotoGP.

Las principales novedades se centran en el automovilismo con la celebración por primera vez de los 1.000 kilómetros de València de GT el 21 de octubre y de una de las citas de las TCR Series en septiembre. «Los eventos de producción propia que llevamos años proponiendo en el Circuito Ricardo Tormo siguen cogiendo cada año un poco más de solera y esta temporada podremos añadir novedades muy interesantes con los GT o los turismos que completan una oferta ideal para acompañar a nuestra gran cita, el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana», ha indicado el director general del Circuit, Gonzalo Gobert.

La primera cita del año será el próximo domingo 14 de enero, con el tradicional Duatlón. Las carreras se iniciarán con el Racing Legends, la concentración de vehículos clásicos del Circuito Ricardo Tormo, que celebrará los días 3 y 4 de marzo su cuarta edición con la mirada puesta los años 80 y 90 y en las motos de época. En abril llegará por quinto año consecutivo el Valencia Nascar Fest. Un conglomerado de actividades con marcado carácter americano. Además, en el mes de abril se celebrará el RFME Campeonato de España de Velocidad y el FIM CEV Repsol.

En junio repite en el Circuito el evento familiar de Renault. El Racing Experience en el que miles de familias acuden a la llamada de la marca del rombo para probar sus vehículos y disfrutar de un sinfín de actividades en el paddock. El mundial junior de Moto3 y el europeo de Moto2 pasarán dos veces por València. El FIM CEV Repsol repite por segundo año consecutivo su apuesta por el Circuit Ricardo Tormo, pero en esta ocasión cambia las fechas para celebrar las dos pruebas el 29 de abril y el 25 de noviembre, justo después del Gran Premio.

Además del duatlón de enero, para el que ya hay más de 150 inscritos, el deporte de participación llegará el 30 de junio con las 24 Horas Cyclo Circuit. Una prueba ciclista de resistencia que el pasado año congregó a más de cien equipos y que tratará de mejorar su propia marca en el primer fin de semana de julio. La Spartan Race repetirá su aventura a principios de diciembre con miles de espartanos dispuestos a protagonizar una aventura épica en las instalaciones del Circuit.

Estos son los eventos a celebrar:

  • 14 de enero Duatlón Circuit
  • 6, 7 y 8 de febrero Entrenamientos Moto2 y Moto3
  • 3 y 4 de marzo Racing Legends
  • 7 y 8 de abril RFME Campeonato de España de Velocidad
  • 14 y 15 de abril Valencia NASCAR Fest
  • 22 de abril Tandas Populares
  • 27 al 29 de abril FIM CEV Repsol
  • 27 de mayo Tandas Populares
  • 9 y 19 de junio Copa Interterritorial
  • 17 de junio Tandas Populares
  • 23 y 24 de junio Renault Passion Experience
  • 30 de junio 1 de julio 24h Cyclo Circuit
  • 21 al 23 de septiembre Copa de España
  • 20 y 21 de octubre Valencia GT 1.000
  • 16 al 18 noviembre Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana
  • 23 al 25 noviembre FIM CEV Repsol
  • 1 de diciembre Reebook Spartan Race
  • 2 de diciembre Resistencia Turismos

Así creó la JUR la doctrina de la opacidad respecto al Popular

La Junta Única de Resolución parecía que no se esperaba el aluvión de demandas y recursos que los afectados por la intervención del Banco Popular tenían preparados una vez que se entregó a la sexta entidad española al Santander por un euro y se arruinó a más de 305.000 familias. Tal vez pensaron que la decisión de Europa sería acatada por los afectados con la misma sumisión con que el gobierno de Mariano Rajoy aceptó todas y cada una de las medidas que desde las distintas instituciones de la UE se le impusieron, aunque fueran en contra de los intereses de los ciudadanos españoles. Fuese lo que fuese, se encontraron con que los afectados se iban organizando en plataformas representadas por algunos de los mejores bufetes de España. Los grandes accionistas contrataban a los más prestigiosos despachos.

Por otro lado, después de ser una de las instituciones que presuntamente apoyó la operación para rescatar al Santander se encontró con que la estrategia legal de la entidad presidida por Ana Patricia Botín se centraba en que todos los bufetes españoles con los que generó conflicto de interés derivaran todas las responsabilidades hacia las propias instituciones europeas. Ante esta situación la JUR decidió hacer confidencial todos los expedientes sobre los que se apoyó la decisión de intervenir a una entidad que le ha generado al Santander unos ingresos superiores a los 43.000 millones de euros desde el día 7 de junio, tal y como confirman las auditorías independientes que han analizado las cuentas de los últimos seis meses y cuyas conclusiones ya publicamos en Diario16.

Sin embargo, impedir el acceso a esos documentos iba en contra de las propias normas por las que se rige la propia JUR, además de atentar contra los principios de transparencia sobre las que se fundamenta la propia Unión Europea. Por esta razón, era necesario realizar un análisis exhaustivo de la normativa para encontrar resquicios legales sobre los que sustentar la negativa al acceso tanto a los expedientes de la propia JUR como a los de expertos independientes sobre los que se asentó la decisión de intervenir el Popular. Para ello, la Junta Única de Resolución contrató los servicios del prestigioso bufete Linklaters para que les realizara un memorando que fuera la base que justificara la opacidad. Diario16 ha tenido acceso a ese documento.

Antes de iniciar el análisis del memorando de Linklaters resulta curioso cómo todos los implicados en la operación de rescate del Santander hicieron uso de terceros para llevarla a efecto. Sabían que lo que estaban haciendo no era ni ético ni legal y, por lo tanto, precisaban de apoyar sus decisiones y movimientos en terceras empresas sobre las que cargar la responsabilidad. Saracho lo hizo con Uría y Menéndez, el despacho de referencia del Santander. Lo hizo el FROB al contratar a Arcano, una empresa que se encontraba en la misma sede del Popular. Lo hizo la JUR al contratar a Linklaters y a Deloitte.

Volvamos al documento de la JUR respecto a la opacidad. Linklaters indica que antes de que la JUR «pueda dar cumplimiento a cualquier solicitud de acceso a los documentos, resulta obligatorio examinar cuáles son las limitaciones que serían aplicables a una divulgación del dispositivo de resolución del Banco Popular». Este punto viene porque los tribunales de la Unión Europea han reconocido «el derecho de acceso a los documentos de la Comisión se establece en términos muy amplios, puesto que beneficia a todo ciudadano de la Unión, así como a toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, sin que se impongan otros requisitos». A raíz de esta decisión del TJUE el bufete buscó dentro de las normas del Mecanismo Único de Resolución (MUR) resquicios sobre los que la JUR pudiese justificar la negativa a que los afectados, sus defensas e, incluso, el propio Congreso de los Diputados pudiesen acceder a los documentos.

De ahí que incluyan una serie de motivos para justificar las restricciones:

Como se puede comprobar estos han sido los argumentos que la JUR ha dado a todos aquellos a los que ha negado el acceso a los documentos, unos argumentos que no se sostienen pero que Linklaters intentó que lo hicieran con este documento. Sin embargo, el prestigioso bufete lo justica del siguiente modo:

Como se puede comprobar, las argumentaciones que ha dado la JUR fueron diseñadas por una empresa externa a la propia institución europea. Pero, ¿qué resquicios se encontraron en los reglamentos y en la legislación europeas para esquivar las leyes de transparencia de la UE? Lo veremos en los próximos días.

2600 niños mueren al día en sus primeras horas de vida

Ayer fueron portada de todos los telediarios los niños nacidos en la nochevieja. Durante el día de Año Nuevo habrán nacido 1.085 bebés en España, según estima Unicef, y 386.000 a nivel mundial, aunque muchos de estos bebés no sobrevivirán a su primer día de vida, su primera semana, su primer mes…

  • Se calcula que 2.600 niños murieron cada día de 2016 durante sus primeras 24 horas de vida.
  • Casi 2 millones de recién nacidos murieron en su primera semana de vida.
  • Y 2,6 millones de niños murieron antes de cumplir su primer mes.

Más del 80% de estas muertes se debieron a causas prevenibles y tratables, como el nacimiento prematuro, las complicaciones durante el parto o infecciones como la sepsis y la neumonía.

El próximo mes de febrero UNICEF presentará una campaña mundial para exigir y ofrecer soluciones de atención médica asequibles y de calidad para todas las madres y sus recién nacidos.

Entre estas medidas destacan el abastecimiento de agua potable y electricidad en las instalaciones sanitarias, la presencia de un asistente de salud capacitado durante el parto, la desinfección del cordón umbilical, la lactancia durante la primera hora después del nacimiento y el contacto piel con piel entre la madre y el niño.

En países como España estas medidas son generalizadas, pero en otros lugares no lo son. Según los datos del Estado Mundial de la Infancia, España ocupa el puesto 179 (de 192) en el ranking de mortalidad infantil de menores de 5 años. La tasa de mortalidad infantil de nuestro país es de 3 niños por cada 1.000 nacidos vivos, una cifra que en Somalia asciende a 133. La mortalidad neonatal aquí (probabilidad de morir durante los primeros 28 días de vida) es de 2 niños por cada 1.000 nacidos vivos, y la esperanza de vida para los niños que nazcan este 1 de enero en España es de 84 años.

Año Nuevo, ¿dónde han nacido los primeros bebés?

Más de la mitad de los 386.000 nacimientos mundiales han tenido lugar en tan solo nueve países:

  • India: 69.070
  • China: 44.760
  • Nigeria: 20.210
  • Pakistán: 14.910
  • Indonesia: 13.370
  • Estados Unidos: 11.280
  • República Democrática del Congo: 9.400
  • Etiopía: 9.020
  • Bangladesh: 8.370

El director ejecutivo de Unicef España, Javier Martos, ha afirmado que «estamos entrando en una era en la que todos los recién nacidos del mundo deberían tener la oportunidad de llegar hasta el siglo XXII. Desafortunadamente, casi la mitad de los niños nacidos este año probablemente no lo consigan. Es probable que un niño nacido en Suecia en enero de 2018 viva hasta 2100, mientras que un niño de Somalia seguramente no viva más allá de 2075».

En los últimos veinte años se ha producido un progreso sin precedentes en la supervivencia infantil: se ha reducido a la mitad el número de muertes anuales de niños menores de cinco años, que el año pasado se situó en 5,6 millones. En el caso de los recién nacidos los avances han sido más lentos, ya que los bebés que mueren durante su primer mes constituyen el 46% de todas las muertes de niños menores de cinco años.

¿Por qué tenemos que aguantar los discursos de las presidencias de comunidades autónomas?

Da igual el género, el color de su partido o su ideología, aquellos y aquellas que ocupan las presidencias de las comunidades autónomas dañan los últimos minutos del año que se va cada final de año. Bastante incomprensible es, salvo por una reminiscencia franquista, el discurso de Felipe de Borbón en Nochebuena, una persona que nada aporta a España como sociedad, como para justificar los discursos de dirigentes políticos regionales. Todos saben que el discurso del Borbón, al fin y al cabo, está controlado por el Gobierno de turno y sirve para justificar una monarquía caduca y corrompida hasta las entrañas por su ineficacia política, social e histórica, cuyos miembros tratan a la ciudadanía española como súbditos. Pero ¿qué justificación tienen las presidencias regionales?

Evidentemente no son más que canales de propaganda, además, utilizando los medios a su disposición y control. Una propaganda que, ni en días de asueto, dejan de transmitir por las ondas. Es el momento estelar de personas cuya función en la vida política no es aparecer en la televisión para magullar el yantar sino para ejercer el poder cumpliendo su programa electoral. No hace falta que no cuenten qué van a hacer. Eso ya lo sabía la ciudadanía al votarles. Cumplan con lo prometido y representen la soberanía popular en el poder y en las respectivas cámaras, no se permitan la frivolidad de molestar desde las pantallas a la ciudadanía, una vez más se podría añadir.

Pero no pueden. Sus propios egos les pueden. Se han creído el personaje. Y ¿Cuál es ese personaje? El de barón o baronesa de una región. Acaban tratando como súbditos a los ciudadanos y ciudadanos de sus respectivas regiones. Creen que por ocupar una presidencia ya tienen la auctoritas necesaria para aparecer en la televisión y martirizar a las buenas personas que habitan España.

Sólo vean el ejemplo de lo afirmado por Emiliano García Page en su discurso: “Por eso, desde Castilla-La Mancha, una región que es consecuencia del 78, que es consecuencia del Estado autonómico, quiero decir con mucha tranquilidad, pero también con mucha firmeza que aquí, como presidente de esta tierra y como representante del Rey en Castilla-La Mancha, no voy a estar de brazos cruzados”. No son representantes de la ciudadanía que los ha elegido. Parecen no creer en la democracia representativa sino en el vasallaje medieval. ¿Cómo se puede decir tremenda estupidez en el siglo XXI y más siendo socialista?

El juego simbólico del poder.

Lo manifestado por el presidente de Castilla La Mancha no deja de ser parte de ese juego simbólico que recubre la política desde que el primer hombre (porque fue hombre) se hizo con el poder de una tribu en base a supuestos mitológicos. Y a esto juegan los señores y señoras de las distintas regiones, incluidos Puigdemont o Urkullu. Franco, Juan Carlos de Borbón y su hijo el “bien preparado” al fin y al cabo, junto al simbolismo de tener el poder por mandato divino (aunque lo oculten bajo supuestos constitucionales), están adoctrinando a las masas, mientras catan un vino que les puede haber supuesto un sacrificio económico enorme, para seguir la perpetuación del poder por la sangre. Pero los barones y baronesas regionales juegan a otra cosa.

Por ejemplo, la elección simbólica de Susana Díaz, muy cercana a su intención de ser el Califa en lugar del Califa, de uno de los centros antiguos del poder en Al-Andalus (que eso de la Baetica romana no les cuadra tanto y menos el reino de Tartessos),  no es más que la demostración de esos juegos simbólicos. O el traje rojo sobe blanco de Cristina Cifuentes para simbolizar la bandera (inventada) de la Comunidad de Madrid. Todo ello incita a activar ciertas partes del inconsciente colectivo que, por medio de mensajes subliminales anteriores, generan la imagen de personas que están por encima del común de los mortales. Las máscaras del poder para marcar claramente, aunque de manera sibilina, quién manda y a quién hay que obedecer.

Por eso continúan los presidentes y presidentas autonómicas amargando las fiestas navideñas a la pobre ciudadanía, para simbolizar quienes mandan. Y también para dejar ver que son ellos y ellas algo más que simples representantes de las partes regionales de España. Si Urkullu y Puigdemont se ven a sí mismos como presidentes de repúblicas deseadas, los demás se ven como los “verdaderos” representantes de la soberanía nacional (sí nacional y no popular). Las personas que están en el Congreso de los diputados y diputadas son políticos menores en este juego simbólico. Baronesas y barones, sin embargo, encarnan los verdaderos valores de la nación por estar más cerca del terruño.

Así siguen dando esos discursos “sobrantes” a imitación del jefe del Estado. Está el monarca (impuesto) y luego ellos. Ni Rajoy, Sánchez o Iglesias. Ellos y ellas son más y mediante esos discursos lo demuestran. Es más, se permiten el lujo de hablar sobre la actualidad estatal, a veces de manera más enfática que de sus regiones. Eso sí, su tierra, sus gentes son lo primero para ellas y ellos. Regionalismo barato y negación de la soberanía popular que reside en diputadas y diputados, senadores y senadoras. Esos, según muestran simbólicamente, no son más que delegados. Ellos y ellas sí tienen poder (que lo tienen, eso sí) y por ello son mejores.

No deja de ser una visión medievalista de la vida política. Un regionalismo barato. Y una negación de los principios básicos de la democracia liberal representativa. Y no precisamente para avanzar hacia una democracia más verdadera, más democrática, sino para fortalecer un poder regionalista y arcaico. No entienden que a ellos y ellas les han elegido para gobernar una parte y sólo una parte de España. Ni un milímetro más allá de la linde. Y que su soberanía reside en sus ciudadanos, no en una especie de subyugación cívica de la ciudadanía para generar un vasallaje democrático. Y por tanto, las cosas de nivel estatal son de la soberanía popular de las españolas y españoles todos. Así, ellos y ellas, barones y baronesas, están por debajo de esa soberanía. Son un sumatorio más de esa voluntad popular. Nada más.

Pero eso difícil que lo puedan entender ellos y ellas. Como también les pasa a numerosos alcaldes y alcaldesas. Ellos y ellas no son parte de la soberanía por ser cargos, sino por ciudadanos, ni tienen más fuerza que defender los derechos propios. En España, país que tuvo poco medievalismo a consecuencia de la reconquista, que ahora quieran repetirse los ducados, baronías o marquesados a nivel político es cuando menos paradójico. No estaría mal que la población de cada región pidiese mediante una Iniciativa Legislativa Popular el cese de estos discursos. No sólo por el mal gusto político, sino también para que dejen de creerse lo que no son. Y que dejen de tratar a la ciudadanía como súbditos. Sin menos simbolismos igual se dedican a lo que deben dedicarse.

Los murcianos con receta electrónica pueden sacar ya sus medicamentos en otras 13 comunidades

Los 200.000 ciudadanos de la Región con dolencias crónicas pueden conseguir su medicación en las farmacias de 13 comunidades y las dos ciudades autónomas sin necesidad de solicitarla en las consultas de desplazados de los centros de salud, gracias a la receta electrónica.

Así lo ha anunciado en el Consejo de Gobierno el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien detalló que este acuerdo se enmarca dentro de la Plataforma de Interoperabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que está integrada el Ejecutivo murciano.

De esta forma, los pacientes que estén, por motivos laborales o por vacaciones en otras comunidades o ciudades autónomas, a excepción de Madrid, Cataluña y Andalucía, «no tendrán que preocuparse por su tratamiento», según declaró la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo.

En este sentido, la consejera resaltó que esta medida beneficia a todos los usuarios de la receta electrónica, pero «especialmente» a los pacientes crónicos, que no tendrán que llevarse sus medicamentos cuando salgan fuera de la Región ni acudir a una consulta de desplazados.

Arroyo destacó que este acuerdo es posible gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos y permite que la «casi totalidad» de las farmacias españolas «puedan interoperar con los distintos servicios de salud de la Región».

López Miras: «Menos impuestos es más empleo»

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, dijo que “hemos eliminado el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y seguiremos bajando otros porque menos impuestos significa más empleo”. La norma que recoge la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99 por ciento ya ha entrado en vigor y está recogida en los Presupuestos de la Comunidad para este año.

“Gracias a esta medida, casi 15.000 murcianos se van a poder ahorrar hasta 75 millones de euros. La Región de Murcia es una de las pocas comunidades autónomas que ha acabado con este impuesto. Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Eliminamos Sucesiones y Donaciones porque nadie entiende que haya pagar dos veces por lo mismo”. López Miras afirmó que “aquellos que llevan toda la vida trabajando y ahorrando para dar una vida mejor a sus hijos, y que hasta ahora tenían que pagar para dejar sus bienes a los suyos”.

De esta forma, la Región de Murcia se sitúa, junto a Canarias y Madrid, a la cabeza nacional en cuanto a reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Una persona que herede de su progenitor por valor de 350.000 euros, pagará en la Región 641,48 euros, mientras que en otras comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana o Aragón, la cuantía será de 21.261,54 euros, 21.564,13 euros o 31.640,85 euros, respectivamente.

El ahorro previsto para los ciudadanos de la Región de Murcia es de 53 millones de euros en 2018 y 75 millones de euros en 2019. Esta diferencia se debe al plazo que existe actualmente para abonar el impuesto. Así, en la primera mitad de 2018, la mayor parte de los abonos serán de herencias correspondientes a la segunda mitad del 2017 y, por tanto, con la bonificación al 60 por ciento vigente en ese ejercicio. En 2019, todos los ciudadanos se beneficiarán por igual de la bonificación del impuesto al 99 por ciento y el ahorro será mayor. Esa diferencia no afecta las donaciones, que estarán bonificadas al 99 por ciento desde el 1 de enero de 2018.

Más bajadas de impuestos

López Miras resaltó que “seguiremos trabajando para las personas, con más bajadas de impuestos, con más compromisos cumplidos, y más y mejores oportunidades para todos los murcianos”. Así, el Gobierno regional aumenta la deducción autonómica por gastos de adquisición de material escolar y libros de texto. La deducción pasa de 100 a 120 euros por niño, y se amplían los límites de renta hasta los 20.000 euros para que más personas puedan acceder a estas exenciones. Se estima que supondrá un ahorro de 6 millones de euros para las familias.

Además, se suprimen tasas a los colectivos más desfavorecidos y las destinadas a impulsar la actividad económica, apoyando a los emprendedores. También se mantienen otras rebajas fiscales como la deducción del 30 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a quienes destinen fondos a la investigación biomédica.

A pesar de las rebajas fiscales, la Comunidad contempla un incremento de los ingresos propios sin necesidad de elevar la presión fiscal sobre los ciudadanos gracias a una mayor recaudación debido al crecimiento económico experimentado por la Región de Murcia en los últimos años. “2018 que va a ser un año apasionante para la Región y, desde el Gobierno autonómico, vamos a trabajar para que así sea”, concluyó Fernando López Miras.