sábado, 25 abril, 2026

¿Hay salida del túnel de la incomprensión?

Recordaba una frase que me repetía, según mi opinión uno de los mejores políticos de la Transición D. Francisco Fernández Ordoñez, (qepd), en esos momentos presidente del Banco Exterior de España, donde tuve el privilegio de trabajar bajo sus órdenes y tratando, en charlas que manteníamos mientras comíamos en un restaurante pequeño que había cerca del Congreso de los Diputados, de algunos temas, que a veces eran de Política Nacional.

Escuchar su opinión para mí, neófito en la materia política, eran verdaderas clases magistrales y en directo. Puedo poner como ejemplo una pregunta que me hizo en su momento: «Andrés, tú que no eres político ni te has dedicado a ejercer esta actividad tan apasionante, dime de verdad ¿qué piensa el pueblo de mi actividad política?». En principio la pregunta me dejó perplejo y no sabía qué contestar. Ante mi silencio, insistió y no tuve más remedio que contestarle: «Mira Presidente, la gente, el pueblo, piensa y dice que eres un “chaquetero”».

Su contestación no pudo ser más elocuente: «qué listo es el pueblo”, lleva razón en su apreciación, pero yo, más que “chaquetero”, lo definiría como “camaleón” por la fácil adaptación al medio agresivo que nos rodea».

A continuación, me dio una lección que no se me olvidará jamás, me dijo el arte de hacer política era conseguir hacer posible lo que parece imposible (esta frase la he oído y leído muchas veces después), habría que tener claro los objetivos y cumplirlos y hacer posible que estos objetivos redundaran en el bien del pueblo.

Esta anécdota, me viene a la mente, después de ver los resultados Electorales para el Parlamento de Cataluña.

¿Estamos en un túnel sin salida? ¿Qué va a pasar con España y Cataluña? ¿Vamos a seguir en la misma dinámica anterior? Suponiendo, que hicieran coalición los Partidos Independentistas, ¿se quedarían ahí o volverían a insistir en desobedecer el Orden Constitucional y volveríamos a lo mismo que había, es decir, inseguridad jurídica y política, los Inversores ya ni mirarían a Cataluña como zona de inversión segura? ¿Más fugas de empresas, más paro, mayor déficit en el PÎB y un largo etcétera para no cansar al lector?

Ahora viene por qué he contado la anécdota del principio ¿Es que no va haber nadie que se dé cuenta de la situación y cómo salir de este parón maligno?

Amigos lectores, a un humilde observador como soy yo, se le ocurre que, haciendo un repaso de la política española desde la Constitución de 1978, he visto que, en diferentes gobiernos desde la UCD de Adolfo Suarez, que necesitaba ayuda en algunos casos para aprobar los Presupuestos Generales y en otros para sacar leyes importantes, necesitó apoyos de los partidos en unos casos Catalanes CDC, CIU y en otros casos del PNV y nadie hablaba de independentismos. Eso sí sacaban algunas ventajas, sobre todo económicas para los gobiernos autonómicos.

Cuando en 1982 llegó al poder el Partido Socialista con Felipe Gonzalez a la cabeza, se repitieron en algunos momentos esas peticiones, apoyos unas veces tácticos y otras estratégicos, pero ahí estaban los partidos nacionalistas apoyando y, eso sí, cobrando las tasas de rigor.

Llegó 1996 y el Partido Popular ganó las elecciones y volvió a pedir esos apoyos, lógicos para sacar adelante, bien los Presupuestos Generales o alguna Ley que consideraban vitales a los mismos partidos que habían ayudado al Partido Socialista anteriormente y nadie hablaba de independencia.

Cuando llegó nuevamente al poder el Partido Socialista en el 2004 con el Presidente Rodriguez Zapatero, empezaron los embriones independentistas adormilados a cobrar vida y durante esas 2 legislaturas se hicieron comentarios, que de alguna manera alentaron estas peticiones y nacieron partidos extremistas de la Independencia, hasta los Conservadores, antiguos de CDC y CIU, se apuntaban por motivos que no vienen al caso en estos momentos.

Este pequeño repaso histórico, sirve para situarnos en el momento actual y como salir de este atolladero que, sin lugar a dudas, tantísimo daño está haciendo a Cataluña y a España.

¿Cuál sería mi propuesta?

Si durante décadas los partidos nacionalistas han apoyado, como no podía ser de otra manera, al Gobierno Estatal para los temas importantes, ¿por qué no se puede hacer ahora igual con la mayor fuerza política que ha ganado las elecciones en Cataluña?

Para llegar a este acuerdo se podría pactar, y plasmar en un documento, las obligaciones de cada parte.  A título de ejemplo, lógicamente, la presidenta seria Inés Arrimadas y por parte del JxC la persona idónea que decidieran, para vicepresidente/a. Este documento sería la base para dar forma jurídica, estabilidad al sistema durante, por lo menos 4 años, y poder rehacer en todos los aspectos, sociales, económicos, jurídicos y, sobre todo, de convivencia.

Si durante décadas CIU han hecho pactos con el Gobierno del Estado, ¿por qué no hacerlo ahora con un Partido que mayoritariamente han elegido los catalanes?

La aritmética cuadra 36 más 34 hacen 70, mayoría absoluta y, desde luego, no estarían en manos de partidos radicales que van solo a la destrucción de la Unidad de España y del Sistema Constitucional y no piensan en el daño que están haciendo a Cataluña y a España.

En ese documento, incluso se podría acordar la revisión de la Constitución, eso sí aprobada por todos los españoles, donde se revisarían todos los aspectos de las Autonomías y su gestión y gobierno.

Una Comisión donde estuvieran representados todos los grupos políticos para dedicarse a llevar a cabo la revisión de la Constitución, que, si bien ha servido durante 40 años, se ve a todas luces, que necesita una profunda actualización.

Y, de una vez por todas, el pueblo catalán, que tanto está sufriendo podría poner encima de la mesa sus necesidades actuales y serviría para durante estos 4 años dar estabilidad, jurídica, política económica y social.

No es un invento todos sabemos la coalición que hicieron los alemanes para salir del bache que estaban sufriendo y salieron airosos, ¿por qué no podemos hacerlo en España-Cataluña?

Vamos a demostrar que somos capaces de solucionar con entendimiento y dialogo nuestros problemas y no dejarse llevar por extremistas que solo piensan en hundir a España y a Cataluña.

Los trabajadores jóvenes del Popular no quieren seguir en el Santander

El diario digital El Confidencial publicaba en el día de ayer una noticia en la que se mencionaba que más de 800 empleados de los Servicios Centrales del Popular ya se habían apuntado voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo impuesto por el Santander a principios de este mes de diciembre.

Aunque el acuerdo firmado entre el Santander y los sindicatos mayoritarios incluía unas condiciones muy favorables en caso de prejubilación, fuentes de los trabajadores consultadas por Diario16 nos han confirmado la gran mayoría de esos centenares de empleados que aceptan el despido de manera voluntaria son los más jóvenes y no los más veteranos que podrían acogerse a las ventajas de la prejubilación.

Este fenómeno, que podría ser contradictorio, tiene dos razones fundamentales. La primera, la gran mayoría de los empleados del Popular que podrían prejubilarse ya lo hicieron en el ERE de 2.016. La segunda, los jóvenes no se fían del Santander porque la propia entidad cántabra no genera la confianza suficiente como para plantearse un proyecto laboral a largo plazo sobre todo teniendo en cuenta las incertidumbres que genera la situación real de sus cuentas.

Además de las más de 305.000 familias arruinadas, los que más han sufrido las consecuencias de la operación de rescate del Santander han sido los trabajadores. En Diario16 ya hemos contado testimonios en los que, en los días previos a la intervención, muchos de estos empleados se veían obligados a ir a trabajar bajo los efectos de ansiolíticos o antidepresivos; muchos de estos trabajadores se derrumbaban ante los clientes que acudían a las oficinas a preguntar sobre la situación y que tenían que ser los propios clientes del Banco Popular los que consolaran a los empleados. Tras la intervención los propios trabajadores nos contaron cómo la presión había aumentado para lograr objetivos que eran inasumibles o que algunos directores de zona notificaban por correo amenazas veladas. También hemos conocido, y publicado, cómo el Santander creó una especie de escenario del terror para evitar que los propios empleados dieran a conocer el funcionamiento del banco desde que pasó a formar parte del Grupo Santander.

Estos más de 800 trabajadores pertenecen a los Servicios Centrales y no a la red comercial. En esos SSCC es donde el Santander más presión ha ejercido de cara a evitar la fuga de información, presión que ha llegado a provocar la imposición de expedientes a directivos históricos del Popular. Esta es una de las causas fundamentales por las que los más jóvenes han decidido acogerse voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo.

Lo que no se entiende es que se hable de este hecho como un algo positivo porque jamás lo es el hecho de que, en primer lugar, se despida a ningún trabajador; en segundo lugar, que se esté utilizando algo tan traumático como es un despido para ganar dinero.

Otro aspecto que imposibilita la positividad de que un porcentaje tan alto de trabajadores del Popular se están acogiendo voluntariamente al ERE es que los propios empleados están siendo utilizados por el Santander para impedir a la Justicia que anule la operación y devuelva al Popular a sus verdaderos dueños para que sea éstos los que decidan el camino que debe seguir la entidad. Evidentemente, los trabajadores no son responsables de ello, pero está claro que la aplicación del ERE es una de las partes fundamentales del plan de la entidad presidida por Ana Patricia Botín para hacer imposible la retracción de la operación, es decir, el planteamiento a la Justicia de un escenario de tierra quemada que haga inútil cualquier medida que se adopte contra el Santander. Por eso es fundamental que se tomen medidas cautelares porque el daño que ya se ha producido y se está produciendo es superior al que podría provocar una paralización de la operación.

Todo lo anterior teniendo en cuenta que este ERE «sólo afecta» a los Servicios Centrales y ya va a tener como consecuencia el despido de 1.100 trabajadores. Cuando empiece el de la red comercial, al menos, esas cifras se quintuplicarán, llegando a las cifras que adelantamos en Diario16 en el mes de septiembre.

Por otro lado, miles de los trabajadores del Popular serán dobles víctimas porque, además de perder sus puestos de trabajo para que el Santander gane dinero por la reducción de masa salarial y por las operaciones de venta de oficinas, son también pequeños accionistas y, por lo tanto, perdieron una parte de sus ahorros en la noche del 6 al 7 de junio. No se puede ser más cruel.

 

FECOAM: las últimas medidas gubernamentales para contar con recursos hídricos pueden servir para no manifestarse en Madrid

El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, valoró positivamente que el Gobierno de España  aprobara una ayuda de 4,3 millones de euros más a los regantes para abaratar el precio del agua desalada, tan solo 72 horas después de que visitara la Región el Presidente Mariano Rajoy.

Martínez mostró a este respecto su «satisfacción» y trasladó su «agradecimiento» a la ministra Isabel García Tejerina y al presidente Rajoy, considerando que, en este momento, ve «más puertas abiertas y más luz para poder disponer de recursos hídrícos en la Región, y si así fuera no hará falta ir a Madrid a manifestarnos».

El dirigente cooperativista reconoció que han existido tensiones entre las Administraciones competentes aunque actualmente está convencido de que la ministra García Tejerina está ahora «por la labor», y la ha invitado a visitar la Región en el mes de enero con el fin de que vea «realmente la situación», con el fin de encontrar soluciones, que «las hay dentro de la propia Región».

Si la ministra «tiene el detalle» de traer más medidas como la de la ayuda al abaratamiento del agua desalada, Martínez considera que la movilización en Madrid «no será necesaria”, añadiendo que otra medida urgente pasa por liberar la evaluación de impacto ambiental de los 252 pozos del campo de Cartagena, con el fin de que estén «despachados» a partir del 12 o el 15 de enero.

Asimismo, Martínez Gabaldón resalta que la Confederación Hidrográfica del Segura  «baje la tensión que hay ahora mismo en la zona de la Vega alta con el corte de las acequias y deje caudal ecológico, entre otras medidas». Si se cumplen estas condiciones, Martínez cree que «no tiene sentido» movilizarse en Madrid.

Martínez hizo estas declaraciones en comparecencia informativa acompañado por otros representantes de Fecoam, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Teodoro García, y el resto de diputados murcianos del Partido Popular en el Congreso, con quienes mantuvo un encuentro previo.

«Es necesario que siga adoptando este tipo de medidas para que podamos seguir regando a un precio razonable, y si son diez o doce décimos los que van a permitir abaratar estos 4,3 millones, algo es algo», tal y como valoró Martínez.

En este sentido, el presidente de Fecoam se mostró «optimista» por las soluciones que a corto plazo se están ofreciendo a los regantes murcianos y aseguró que «con la puesta en marcha al 100% de las desaladoras y la apertura de los pozos de sequía se salvaría la campaña de 2018», aunque afirmó que «estas son soluciones a corto plazo».

Martínez dijo ser consciente de que a la desaladora de Torrevieja «le falta muy poco tiempo para su puesta en marcha y poder aumentar el abastecimiento en 60 o 70 hectómetros cúbicos más desde Molina de Segura hacia abajo». Sin embargo, lamentó que de Molina «hacia arriba», el agua «no llega», ya que no hay agua de Entrepeñas y Buendía para seguir trasvasando.

En cuanto al medio y largo plazo, y para donde no llegan las desaladoras solicitó al Ministerio de Agricultura «agilidad» a la puesta en marcha «de las cesiones de derechos de agua entre o intra cuencas», porque, remarcó, «hay soluciones para paliar la sequía». Así, espera que las cesiones no se alarguen «nueve meses» como en el último caso, sino que alcancen como máximo el trámite legal, que «siempre ha sido» menos de un mes, una vez que se han puesto de acuerdo dos comunidades de regantes.

PP: “Los regantes murcianos tendrán recursos hídricos mientras que gobierne el PP”

Por su parte, el diputado nacional popular por Murcia, Teodoro García, resaltó el impulso que desde su trabajo como parlamentarios han dado a sectores como la agricultura ya que ha precisado «nuestro enemigo común es la sequía y vamos a trabajar para que los agricultores dispongan de todos los recursos hídricos mientras el PP siga gobernando en España».

García insistió en los casi 18 millones invertidos por el Gobierno de España para abaratar el precio del agua desalada en los tres últimos años.

Preguntado por las medidas que contempla el Decreto de Sequía, que se convalidadrá en el Congreso, el diputado murciano citó la exención al pago de la Seguridad Social mientras dure la sequía y la facilidad para la cesión de derechos entre las comunidades de regantes «sea casi inmediata» por lo que ha definido este Decreto de Sequía «como la mejor herramienta en periodos de falta de agua».

El PSOE vuelve a meter la pata con la cuestión nacional

Lo malo de proponer algo que desconoces, tan sólo porque suena bien, porque entiendes que puede ser una solución viable, porque algún iluminado o grupo de iluminados la defiendan con insistencia en distintos medios, es que acabas por meter la pata. La España plurinacional es una realidad, no porque lo diga la Constitución o un papel oficial, sino porque así lo entienden de forma autónoma cientos de miles de personas. Unos vascos, otros gallegos, aquellos catalanes y una gran mayoría españoles. Esa es la realidad, ahora bien, no se pueden mezclar churras con merinas en una explicación política. Ni acordarse de regiones allende del océano Atlántico que nada tienen que ver con la propia cultura. Ni afirmar que la Constitución alemana dice algo sobre Baviera, cuando los bávaros se piensan tanto o más alemanes que los demás.

José Luis Ábalos cometió el pasado 28 de diciembre, salvo que fuese una inocentada que no parece, una grave error al manifestar que debían ser las Comunidades Autónomas las que determinasen si son naciones o no, quedando a resguardo la propia Constitución. Un error doble por completo desconocimiento del tema que se está tratando. Y en política cuando algo se desconoce es mejor callarse o evitar el tema. No se pide que sean intelectuales y genios, pero prudentes sí.

Primer error. No constitucionalizar la existencia de esas naciones diversas que componen España supone seguir como hasta el momento negando la propia realidad identitaria del Estado. Si la solución es la España plurinacional pero sin reconocimiento, para qué sirve proponer eso. ¿Para ganar siete votos por un lado pero perder veinte por otro por mostrarse como indefinidos? Ese juego de querer quedar bien es típico del populismo sistémico de Ciudadanos, pero ellos sí se definen cuando hace falta en los temas de apoyo al establishment o el conservadurismo social. El PSOE no es ese tipo de partido, como así demostraron sus bases al pedir un claro giro a la izquierda. Y ese giro a la izquierda se demuestra defendiendo con claridad la reforma constitucional al completo. Incluyendo las naciones en la constitución.

No es una gran lista. Realmente naciones hay cuatro. Salvo que alguien se crea la nación andaluza (más allá de cuatro o cinco), o la nación astur, o la nación murciana. Puede haber regionalismos, sentimientos de pertenencia más cercana, pero no son naciones. Salvo en la cabeza de Susana Díaz, que es otra de esas personas que demuestran tener un conocimiento bastante pobre, o los nacionalistas castellanos (que son cuatro) nadie piensa realmente que existan más naciones. Por tanto, ¿por qué no constitucionalizarlas? Parece que las palabras de Ábalos lo que quieren evitar es el cantonalismo, pero eso, por desgracia, no se evitará si el reconocimiento va acompañado de ventajas y privilegios. Que es ahí donde está el nudo gordiano.

Segundo error. Este es algo más común entre pensadores y políticos. Y consiste en determinar el territorio en sí como receptáculo único de la nación. Lo que se dice en Estado-nación. Lo que defendía Patxi López cuando dijo “Pedro ¿sabes qué es una nación?”. Más que error podría catalogarse como divergencia intelectual. Cuando Ábalos afirmó en la entrevista en RNE que debería ser cada Comunidad Autónoma la que decidiese si se cataloga como nación o no, se estaba quebrando el principio de la soberanía popular que defienden los partidos de izquierdas (o deberían defender). La soberanía reside en el pueblo, no en la nación.

Además de evitar otra serie de problemas y contingencias, esto supone que en una misma Comunidad Autónoma, o Estado federado, puede haber, como así sucede en España, una o dos naciones. No hay Estado-nación. Ni al máximo nivel como defienden los conservadores y liberales, ni hay Estados-nación a niveles menores. Hay entidades federadas que pueden o no tener una nación, dos o tres en su interior. El sujeto político es el pueblo en su diversidad identitaria, no una nación dominante o supremacista. Eso si se es un partido de izquierdas de verdad. Por ejemplo, en Cataluña existen personas que se piensan nacionalmente como catalanas, españolas o aranesas. Por tanto, el territorio Cataluña no puede definir si es nación o no. No es el territorio el que determina la existencia de una nación. Y por ende no tiene porqué ser un Estado-nación federado. Lo mismo se puede decir de Euskadi o Galicia.

El pueblo de España es diverso y por tanto debe reconocerse así, sin supremacismos, regionalismos, cantonalismos o provincialismos. Bastante estúpida fue la afirmación de José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, al decir que Madrid podría ser una nación. A nadie en Madrid le ha dado por ahí, pero si les diese serían una nación, pero la Comunidad de Madrid no sería un Estado-nación federado que es de lo que realmente se está tratando. Y les pasa por desconocimiento o por postular cuestiones que no son de izquierdas. O ambas dos. Evidentemente, Cataluña, Euskadi, Galicia, o Valencia y Baleares, deben tener la posibilidad de cuidar de sus lenguas, pero ninguna cuestión más les debe hacer diferentes como Comunidades Autónomas o Estados federados. Porque no sirve, tampoco, negar la nación-territorio España para construir las naciones-territorios regionales, ya que allí tampoco hay una nación en sí, sino dos o tres.

El Gobierno crea la sociedad concesionara titular de la gestión del Aeropuerto de la Región de Murcia

El Consejo de Ministros aprobó ayer viernes un acuerdo que autoriza a AENA para la creación de la sociedad concesionaria titular del contrato de gestión, explotación, mantenimiento y conservación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Así, según lo previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Publicas, en la Ley de Régimen del Sector Público, y demás normativa de aplicación, se ha acordado:

La creación de una sociedad mercantil estatal de nacionalidad española que, revistiendo la forma de sociedad anónima, se denominará como decida el accionista único, AENA, S.M.E, S.A.

El capital social inicial máximo de esta Sociedad (el valor nominal agregado de las acciones) se fija en 8.500.000 euros, dividido en 8.500 acciones acumulables e indivisibles de 1.000 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma clase y a una misma serie, numeradas correlativamente del 1 al 8.500, ambos inclusive. El capital será suscrito en un 100 por 100 y totalmente desembolsado por AENA, S.M.E, S.A., al tiempo de constituir la sociedad.

La sociedad comenzará a ejercer de manera efectiva su actividad desde el momento de su constitución. Además, a través de esta decisión, se han fijado también los Estatutos que regirán dicha sociedad.

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, conocido hasta ahora como Corvera, es un aeropuerto propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El contrato de gestión, explotación, mantenimiento y conservación del mismo fue licitado, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la región, el 25 de marzo de 2017, en la modalidad de concesión por un plazo de veinticinco años, y adjudicado, finalmente, a AENA el pasado 20 de diciembre.

El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rige la licitación de dicho contrato prevé que «el adjudicatario se obliga a constituir una sociedad concesionaria que será la titular del Contrato». Por ello, AENA, S.M.E, S.A. al haber resultado adjudicataria del concurso, debe constituir la sociedad concesionaria requerida, que será quien formalice el contrato y será designada como Gestor Aeroportuario del Aeropuerto, tal como exige el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Para ello, el Consejo de Administración de AENA, en su reunión celebrada el pasado 30 de noviembre, acordó solicitar la autorización de constitución de la sociedad concesionaria al Consejo de Ministros, remitiendo a tal efecto la propuesta de estatutos y la documentación integrante del plan de actuación, puesto que es competencia de dicho Consejo, en virtud del artículo 114.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, «autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes».

En el mismo sentido, el artículo 114.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público prevé que «la creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos».

AENA, S.M.E, S.A. es una sociedad mercantil estatal, participada en un 51 por 100 por la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por lo que es una entidad integrante del sector público empresarial. En este sentido, al ser AENA la titular del 100 por 100 del capital social de la Sociedad Concesionaria, ésta última tendrá la condición de sociedad mercantil estatal y, por tanto, se integrará, también, en el sector público empresarial, conforme a la clasificación del artículo 3 de la Ley General Presupuestaria.

Agotadas las reservas de medicamentos contra la difteria en Bangladesh

La difteria está reapareciendo en Bangladesh, donde más de 655.000 rohingya se han refugiado desde el 25 de agosto huyendo de Myanmar. La difteria es una infección bacteriana contagiosa que a menudo causa la acumulación de una membrana pegajosa entre gris y blanca en la garganta o la nariz. Se sabe que la infección causa obstrucción de las vías respiratorias y daños al corazón y al sistema nervioso. Se han detectado más de 2.500 casos sospechosos en sus hospitales y el número sigue aumentando cada día. La mayoría de los pacientes tienen entre 5 y 14 años.

La coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bangladesh, Crystal Van Leeuwen, explicó: «Cuando trabajas en un entorno de refugiados, siempre tienes los ojos abiertos ante posibles brotes de enfermedades infecciosas y prevenibles por vacunación. Siempre puede haber casos de tétanos, sarampión, poliomielitis, etc., pero la difteria no era algo que estuviera en mi radar».

La tasa de mortalidad aumenta sin la anti-toxina para la difteria (DAT). Dada la escasez global de DAT y la cantidad tan limitada que llegó a Bangladesh hace algo más de una semana, la probabilidad de que se produzca una emergencia de salud pública se cierne de nuevo sobre una población que no cesa de sufrir amenazas; primero en forma de violencia y ahora en forma de enfermedades infecciosas.

Si un enfermo no recibe DAT en el inicio de la enfermedad, la toxina sigue circulando en el cuerpo, lo que puede afectar al sistema nervioso y provocar daños cardíacos y renales semanas después del período de recuperación inicial. «El primer caso sospechoso que identificamos fue el de una mujer de unos 30 años. Vino a nuestro centro de salud a principios de noviembre y la tratamos con antibióticos. Dejó la clínica y solo regresó cuando ya habían pasado más de cinco semanas desde su primera visita. Presentaba entumecimiento en los brazos, apenas podía ponerse de pie o caminar y tenía dificultad para tragar. Cuando la enfermedad alcanza esa etapa ya es demasiado tarde para administrarle la DAT al paciente», explicó Van Leeuwen.

Según MSF, apenas quedan 5.000 ampollas de DAT a nivel mundial. «No hay suficientes medicamentos para tratar a todas las personas que lo necesitan y nos estamos viendo obligados a tomar decisiones extremadamente difíciles. Al final, esto se convierte en una cuestión ética y de equidad», ha denunciado la coordinadora de MSF en Bangladesh.

El surgimiento y la rápida propagación de la difteria muestra la situación tan vulnerable en la que se encuentran los rohingya porque la gran mayoría de ellos no están vacunados contra ninguna enfermedad, ya que en Myanmar tenían un acceso muy limitado a la atención médica de rutina, incluidas las vacunas. La difteria se transmite por pequeñas gotas y se propaga fácilmente en condiciones de hacinamiento como las que soportan los refugiados rohingya, que comparten espacios muy pequeños con hasta 10 personas de la misma familia y que viven en cabañas que se encuentran apiñadas las unas contra las otras en lugares insalubres.

Como respuesta a esta situación Médicos Sin Fronteras ha transformando un centro médico en el asentamiento improvisado de Balukhali, en el que se prestaba atención materno-infantil, así como el hospital que tenían intención de abrir dentro de unos días cerca de Moynarghona, ahora convertido en un centro para el tratamiento de la difteria. Por otro lado, la ONG ha establecido un centro de tratamiento en Rubber Garden, que antes era un centro de tránsito para los recién llegados. La capacidad total de camas de las que se disponen en los campos y asentamientos rohingyas asciende a 415, lo que claramente los esfuerzos ímprobos que se están realizando para atajar el problema y de la gravedad de la situación.

 

Amat termina el año haciendo una de las suyas

El último pleno del año en la Diputación de Almería ha traído una nueva sorpresa de su presidente Gabriel Amat y su grupo del Partido Popular. Ha decidido expulsar de Galasa (la empresa de aguas) a cinco municipios almerienses: Armuña de Almanzora, Lúcar, Serón, Tíjola y Urrácal. La ciudadanía de esos municipios no podrá disfrutar de convenio alguno que les permita integrarse en el ciclo integral del agua urbana. Pero no sólo los expulsa, sino que los reclama como indemnización cinco millones de euros.

“Me parece aberrante que la Diputación discrimine a la hora de pedir indemnizaciones a unos pueblos o a otros, eso tiene un nombre que no voy a decir aquí, pero que probablemente nos traiga algún disgusto que otro” ha expresado Juan Antonio Lorenzo. Todo ello porque esos pueblos no se pliegan a la voluntad del partido conservador y su mandamás Amat. Es conocida la mano dictatorial que emplea el presidente de la Diputación y cuando alguien se le opone, saca los malos modos que son de sobra conocidos. “Usted quiere dar un escarmiento a los pueblos que no quieren aceptar sus condiciones”, ha espetado el portavoz del PSOE al presidente de la Diputación.

Nuevamente el Amat style puesto en funcionamiento durante los 365 días del año. Nada para el pueblo pero con el pueblo como demuestran las recalificaciones de Las Salinas para beneficiar a ciertas empresas, las expropiaciones por encima de justiprecio que benefician a sus hijas, mercados que se quedan sin aire acondicionado en pleno mes de julio, inversiones en ladrillo pero no en cuestiones sociales, el intento soterrado de privatizar la Residencia de Almería, y así día tras día.

En otro orden de cosas, los diputados del PSOE también han votado en contra de los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno, por considerarlos “irreales y opacos”. Una de las principales críticas realizadas por el Grupo Socialista se basa en la inclusión, un año más, de una partida de subvenciones nominativas, que se repartirán con unos criterios que “siguen sin conocerse”. Y que es de suponer no se conocerán como viene siendo norma con Amat.

“¿Cuál es la manera por la que ustedes fijan las subvenciones directas, el importe, a quién se las dan y a quién no se las dan? En un ejercicio de transparencia y cuando estamos hablando de dinero público, eso deberíamos conocerlo todos los ciudadanos y, como ustedes en este presupuesto no lo aclaran, este presupuesto es opaco”, ha inquirido Lorenzo.

El Grupo Socialista tampoco ha avalado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la institución provincial, por no contar la propuesta del equipo de Gobierno con el apoyo de las secciones sindicales.

Donde sí ha habido acuerdo ha sido en la aprobación del Plan Normativo Provincial para 2018, al haber aceptado el equipo de Gobierno la petición del PSOE para que se incluyan en él una ordenanza de transparencia y unas normas que regulen la asistencia material que se presta a los municipios.

Compromís pide la aplicación del art. 156 en la Comunitat

Compromís rechaza enérgicamente la amenaza de intervención de las cuentas de la Generalitat después de que el Ministerio de Hacienda haya enviado una carta advirtiendo del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que podría derivar en una intervención económica de la autonomía por parte el gobierno central.

Para Clara Ferrando, Secretaria Autonómica de Hacienda, “se trata de utilizar las leyes según les conviene. Nos amenazan con intervenir nuestra autonomía si no cumplimos con la regla de gasto, si no cumplimos con los objetivos de déficit y de deuda o si no reducimos nuestro periodo medio de pago a proveedores. Le recordamos al gobierno central que con los valencianos y las valencianas no se cumple la Constitución. Para exigir el cumplimiento de la normativa hay que empezar cumpliéndola uno mismo. El artículo 156 dice que las comunidades autónomas deben gozar de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias y asegura la solidaridad entre todos los españoles, pero Montoro parece que desconoce la redacción de ese artículo. La Generalitat es la primera que quiere cumplir con la Ley de Estabilidad, pero sin los recursos necesarios para hacerlo no podemos cumplir. Esos recursos tiene que proporcionárnoslos el Estado y no lo hace. El Estado es quien nos exige cumplir con la ley y al mismo tiempo quien nos lo impide. Es un círculo vicioso y perverso”

Según Ferrando, “todos los estudios avalados con datos del propio Ministerio de Hacienda demuestran que el País Valenciano está infrafinanciado, que gastamos por debajo de la media de las comunidades autónomas y aun así seguimos generando déficit. La falta de recursos que padecemos afecta directamente a la calidad de los servicios públicos que presta la Generalitat y aun así nos exigen más recortes, más ajustes. Nuestro problema no es un problema de gasto, gastamos poco y bien. Nuestro problema es un problema de ingresos. No ingresamos lo que nos corresponde con el actual sistema de financiación y eso castiga especialmente nuestra autonomía”

Para la Secretaria Autonómica de Hacienda “la señora Bonig aplaude la amenaza de Montoro en lugar se situarse al lado de los valencianos y exigir lo que nos corresponde en justicia. Sabe que somos la comunidad autónoma peor financiada de España, que el actual sistema de financiación autonómico caducó el 1 de enero de 2014 y que el presidente Rajoy se comprometió a tener un nuevo sistema antes de acabar este año. El año acaba y ni hay sistema de financiación nueva ni propuesta firme por parte del Estado. Aún estoy esperando oír a algún dirigente del PP valenciano una queja al respecto. No vinieron a la manifestación del 18 de noviembre que fue un clamor unánime de la sociedad civil valenciana contra un sistema injusto y no le exigen a Rajoy que cumpla sus promesas, pero sí se suman a a la petición de Montoro de hacer más recortes. Es incomprensible. Los valencianos y las valencianas deben saber dónde está el PP. Decididamente no está con los intereses valencianos”

“El partido que ahora apoya más recortes en los servicios públicos valencianos es el mismo partido que gobernó la comunidad hasta 2015 y dejó en ruina las arcas públicas valencianas. Cuando gobernaban manipularon los datos del cumplimiento del déficit para mejorar la imagen de su gestión, lo que nos ha costado a los valencianos tener que pagar, ahora, 19 millones de multa a la Unión Europea. Ese mismo partido, el Partido Popular, es el que quiere que ahora nos controlen las cuentas desde Madrid. Es indignante y vergonzoso” ha clamado Ferrando.

“El Ministerio de Hacienda acaba de desbloquear el convenio económico con la Comunidad Foral de Navarra semanas después de la aprobación en el Congreso del nuevo cupo vasco y del desbloqueo de la reforma del Estatuto canario. El gobierno está vinculando la reforma del sistema de financiación a las negociaciones de los presupuestos generales del estado para 2018 lo cual nos parece un auténtico chantaje. Pactar un sistema de financiación que haga justicia al País Valenciano no puede ser fruto de un mercadeo entre partidos y del intercambio de votos. Estamos hablando del dinero de todos, con el que se pagan los colegios y los hospitales. Tener mejores colegios o mejores hospitales según vivas en un territorio u otro del territorio español no pude depender de intereses políticos del gobierno de turno” ha concluido Ferrando.

Totana exigirá a Interior la equiparación salarial de los cuerpos policiales de España

El Ayuntamiento de Totana acordó por unanimidad exigir al Gobierno de España que se plantee, en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con otros cuerpos policiales de tal forma que, en el 2020, se alcance la equiparación total.

Con este acuerdo, a propuesta de una moción del Grupo Socialista, se pretendía así dar respuesta a la unánime demanda que todas las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, que están planteando en unidad de acción.

En la misma propuesta, se acordó instar al Ministerio del Interior a que informe, tanto a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional como a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y a la asociación Jusapol de los plazos y cuantías para lograr la igualdad salarial con el resto de policías autonómicas.

Durante la sesión se dio cuenta de los informes emitidos en relación al seguimiento en los distintos Planes de Ajuste a los que se ha acogido en Ayuntamiento en los últimos meses, y que aparecen  en la Plataforma del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a fecha de 15 de diciembre del 2017.

Los corporativos aprobaron, por unanimidad, la propuesta del concejal de Caminos sobre la documentación descriptiva y gráfica elaborada por los técnicos municipales, relativa a los principales caminos o tramos de caminos rurales municipales que completan y complementan la información contenida en el inventario anexo de la  Ordenanza Municipal Reguladora de las Vías de Comunicación del término municipal de Totana, para acogerse al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para remitirlo a la Comunidad Autónoma.

También se aprobó, por unanimidad, la moción del PP para que la Concejalía de Urbanismo establezca una vía de urgencia para el trámite de la licencia urbanística de las obras que estén sujetas a  subvención dentro del programa de Regeneración y Renovación urbana (ARRU) del Plan de Vivienda 2017

En la iniciativa, se sugería que las licencias urbanísticas  entren en este trámite de urgencia siempre que el propietario o promotor de las obras justifique que ha solicitado dicha subvención mediante la copia de la solicitud de la misma; y que la licencia urbanística en su caso, se tramite en un periodo no superior a dos meses desde su presentación en el Ayuntamiento de Totana.
Además, se dio luz verde, por unanimidad, a la moción del Grupo Popular para que el Ayuntamiento de Totana inicie los trámites oportunos para la puesta en marcha y gestión de una residencia para personas con Discapacidad Intelectual en Totana; y que este trabajo se lleve a cabo conjuntamente con la Asociación PADISITO, dada su experiencia en el sector; iniciando los  trámites  junto a la Comunidad Autónoma para  la ubicación de la misma en alguna de las infraestructuras existentes en el municipio y que actualmente no tiene uso específico.

Asimismo, se acordó, por unanimidad, la moción del PSOE para instar al Gobierno regional a que, junto con los ayuntamientos de los 45 municipios de la Región, elabore un plan de divulgación sobre las tecnologías fotovoltaicas en el que incluya información sobre financiación, subvenciones y deducciones fiscales, empresas fabricantes, comercializadoras e instaladoras, así como ONG´s y organismos públicos donde se pueda obtener información detallada sobre proyectos concretos.

En la misma propuesta se exige al Gobierno regional a que elabore una hoja de ruta con objetivos cuantificados y evaluables que contenga herramientas normativas que permitan avanzar en las diferentes modalidades de auto consumo con balance neto.

En la misma propuesta, se recogía instar al Gobierno regional a incrementar las deducciones fiscales a pequeños productores de energía fotovoltaica para el autoconsumo de electricidad.

De igual modo, se aprobó que el Ayuntamiento estudie si, en sus ordenanzas fiscales, es viable que los pequeños productores de energía fotovoltaica (hasta 10 KW) para autoconsumo en sus domicilios y PYMES, puedan obtener una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles; así como estudiar, por parte del Ayuntamiento de Totana, la bonificación parcial del ICIO de la instalación de estos sistemas de producción energética.

La sesión plenaria se tuvo que suspender cuando se debatía el punto número doce del orden del día debido a problemas técnicos en el sistema operativo de sonido del salón de plenos, por lo que el alcalde, de forma consensuada con los portavoces de los diferentes grupos municipales, acordaron finalizar el debate y emplazar las mociones pendientes al pleno ordinario de enero (dos que restaban del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ganar Totana-IU).

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo bate récord en 2017 y supera las 200.000 visitas

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha superado por primera vez la barrera de los 200.000 visitantes en el año 2017, en concreto, y a falta de conocer los últimos datos, el museo ha recibido 217.252 visitas, lo supone un incremento de casi 40.000 personas más que en 2016 (178.133) y, por tanto, una subida de un 22%.

El aumento de visitantes es debido en gran medida a la repercusión de la exposición retrospectiva sobre Luis Gordillo y la muestra «Arte y cultura en torno a 1992», aunque también ha habido un aumento de visitantes generalizado a lo largo de todo el año, así como un incremento en la asistencia a programas educativos y culturales.

En concreto, durante 2017 se han podido ver 10 exposiciones temporales. Hay que señalar que este aumento no es un hecho puntual, sino que año tras año se consolida la propuesta del CAAC con un sostenido crecimiento del público que visita el centro y participa en sus actividades. En cifras, se ha pasado de los 121.530 personas en 2010 a los 217.252 de 2017, lo que supone un 79% más en diez años.

Al aumento de los visitantes hay que sumar también el crecimiento de la colección permanente, que un año más incorpora al patrimonio andaluz numerosas adquisiciones, donaciones y depósitos de importantes artistas contemporáneos, nacionales e internacionales. Entre estas incorporaciones, piezas de las nuevas generaciones de artistas, una de las prioridades desde la creación del CAAC.

En concreto, 154 nuevas obras pasan a formar parte de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. De ellas, 17 piezas de 10 artistas son nuevas adquisiciones por un valor 102.875 euros.

Entre las adquisiciones, convendría señalar la instalación que se exhibió en la documenta de Kassel de 2012 con 7 obras audiovisuales de la artista chipriota, residente en Berlín, Haris Epaminoda o la instalación de tres canales del austriaco Oliver Ressler titulada «Take the Square» (2012), una obra también adquirida por el Centre Pompidou de París y que ahonda en la línea de investigación sobre la constitución política del presente.

Se han adquirido también obras de artistas andaluces como Nacho Criado, Rogelio López Cuenca y Elo Vega, Gloria Martín, Leonor Serrano y Javier Artero. Por último, una obra aprobada para su adquisición por la Comisión Técnica del CAAC hace años ha podido ser ahora comprada, dada la buena voluntad de la galería Estrany de la Mota y de los aristas Marc Vives y David Bestué. Para continuar en esta línea, está previsto que el año que viene se destine una cantidad similar para la adquisición de obras, tal y como viene recogido en los presupuestos de la Junta de Andalucía aprobados recientemente.

En lo que respecta a las donaciones, una de las líneas de actuación más exitosas del centro, 65 nuevas obras pasan a formar parte de la colección. Entre ellas podemos destacar 2 obras de Luis Gordillo (una de la década de los años 70 y otra de los 2000, por lo que se completan algunos de los huecos del importante conjunto que sobre este autor tiene esta institución); 3 obras del colectivo ruso Chto Delat y 2 nuevas obras de Guillermo Pérez Villalta que se unen al legado del artista que ya custodiaba el CAAC y del que está previsto se muestre una amplia selección el próximo año en Tarifa, su ciudad natal.

Sin embargo, el conjunto más destacado de 2017 y equiparable por su número e importancia al legado de Guillermo Pérez Villalta es el del pintor sevillano Gerardo Delgado, que ha donado un total de 42 obras de diferentes etapas creativas. Por último, por lo que respecta a los depósitos, 72 nuevas obras se incorporan a la colección divididas en dos amplios conjuntos: por un lado 45 obras del colectivo malagueño Agustín Parejo School y 27 del colectivo ruso Chto Delat.

En definitiva, el CAAC despide 2017 con un balance positivo al que hay que añadir, de forma relevante, la adscripción del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, más conocido como C3A.