viernes, 24 abril, 2026

Huermur avisa del peligro de expolio del histórico Molino de Alfatego

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) alerta del riesgo de expolio que puede sufrir el Molino de Alfatego en plena huerta de Murcia, y ubicado sobre la acequia que le da nombre. Especialmente vulnerables son, señalan desde Huermur, las dos piedras de molienda que se han podido observar que han sido arrancadas de sus ubicaciones originales, y predispuestas para su posible traslado.

La asociación ha tenido conocimiento de estos hechos gracias a la colaboración ciudadana, lo que ha posibilitado poder conocer el estado actual del molino, y como la puerta de acceso al interior de edificio ha sido reventada y se encuentra actualmente abierta. También se ha podido comprobar cómo se ha instalado recientemente una enorme torre eléctrica pegada al molino protegido, y dentro del ámbito de protección del mismo, por lo que desde Huermur se va a proceder a la denuncia de dicha instalación eléctrica ante la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM.

Huermur va a solicitar de forma inmediata la intervención del Ayuntamiento de Murcia y de la Consejería de Cultura para que arbitren las medidas necesarias que eviten el posible expolio y desaparición de las partes integrantes del Molino de Alfatego ubicadas en su interior, y en especial de las piedras de molienda del molino, siendo estas unas de las partes más valiosas del bien cultural.

Desde la asociación conservacionista advierten de que el Molino de Alfatego se encuentra a día de hoy incoado como bien inventariado, y forma parte del patrimonio cultural de la Región de Murcia, por resolución publicada en el BOE el pasado 28 de julio de 2017, y el expolio del mismo podría suponer un delito.

De la misma forma, se va a solicitar a la Policía Local de Murcia que aumente la vigilancia en la zona del Molino de Alfatego con el fin de evitar daños al mismo o la desaparición de alguna de sus partes, así como que se acordone la zona y por seguridad se asegure el cierre de la construcción, y además va a dirigir sendos escritos a la Delegación del Gobierno en Murcia y al SEPRONA de la Guardia Civil para que estén atentos ante estos hechos y eviten posibles expolios de este bien cultural de todos los murcianos.

El Santander cubre un 70% de sus necesidades de capital gracias al Popular

El Santander ha hecho públicos las emisiones que realizará a lo largo del año 2.018, unas emisiones que le permitirán, gracias al Banco Popular, cubrir sus necesidades de capital para el colchón anticrisis que se le exige para continuar siendo un banco sistémico global. Estas emisiones las desglosa en 4.000 millones de euros en cocos y deuda subordinada que pone a su nombre y en 1.750 millones en deuda subordinada que pone a nombre del Banco Popular. Sin embargo, las cifras demuestran todo lo que lleva afirmando Estos son los números:

Como podemos comprobar, con estas captaciones logra cubrir con esa necesidad de capital, pero lo verdaderamente importante es que esta emisión demuestra que el Santander necesitaba del Popular para, no sólo mantener su categorización como banco sistémico, sino para que sus cuentas no mostraran la verdadera situación en que se encontraba el el banco presidido por Ana Patricia Botín antes de la intervención. Hay que recordar que, tal y como manifestaron las diferentes auditorías independientes, el Santander ya se ha apuntado gracias al Popular cantidades que superan los 18.000 millones de euros y para el cierre de ejercicio se anexionarán cifras superiores a los 43.000 millones. Con los números mostrados en la tabla adjunta podemos ver cómo el Santander extrae del Popular para estos dos años 43.547 millones de euros, es decir un 70% de sus necesidades de capital.

Cada día que pasa se demuestra lo que Diario16 lleva informando desde el mes de mayo: la operación por la que el Santander adquirió al Popular por un euro, arruinando a más de 305.000 familias, tenía una única finalidad que no era otra que un rescate encubierto al banco de Ana Patricia Botín y a la propia presidenta porque su gestión y la de su equipo más cercano ha hecho saltar las alarmas en los máximos accionistas que ya se están pensando en un cambio de rumbo que pasa inevitablemente por un cambio en la presidencia. El problema con que se va a encontrar la señora Botín es que no va a tener el apoyo tradicional de los minoristas puesto que ya hay varias plataformas que están pidiendo explicaciones y que están de acuerdo con ese cambio que puede terminar con que, por primera vez, el Santander no esté presidido por un Botín.

 

Delegado del Gobierno y Alcalde de Lorca analizan conjuntamente los proyectos pendientes de ejecución

Seguridad, infraestructuras, reconstrucción de la ciudad y competencias e intereses del Gobierno de España en Lorca son algunos de los asuntos  que el Delegado del Gobierno han tratado  en una reunión con su alcalde, Fulgencio Gil, celebrada en la Delegación del Gobierno.  

Durante su encuentro con el alcalde lorquino, Bernabé ha destacado el compromiso del Gobierno de España con Lorca, donde, a través de diferentes actuaciones y proyectos de varios ministerios, ha invertido cerca de 1.000 millones de euros en su reconstrucción y ayudas a los vecinos desde los terremotos de mayo de 2011.

En este sentido, ambos representantes políticos han acordado mantener la habitual línea de colaboración y lealtad institucional mantenida a lo largo de estos años, traducida en una mejora evidente de la ciudad y, fundamentalmente, en el bienestar de sus ciudadanos.

Conflicto en la Cooperativa COATO de Totana

Un importante número de socios de la cooperativa “Coato” de Totana, que dicen representar el 80 por ciento de  la masa social, aproximada en algo más de 4.000 asociados, han expresado su rechazo a la actual gestión desarrollada por el Consejo Rector presidido por José Luis Hernández Costa y que califican de “grave perjuicio con alevosía y situación insostenible” tras la reciente asamblea donde “se puso de manifiesto la ausencia de transparencia, participación y honradez”. Así lo han manifestado en una comparecencia pública la presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por Coato, Juana María Sánchez, Juan Pedro López, socio cooperativista y ex miembro de la Comisión de Almendra, Pedro García Albert, socio y dirigente de Coag-Murcia, Antonio Balsalobre, Auditor de Cuentas, y el letrado Manuel Pérez Botías.

En este sentido, Juan Pedro López acusa a Hernández Costa de “estar haciendo auténticos disparates” a la hora de dirigir Coato, calificando de “inhumana” la asamblea celebrada días pasados que, entre otros pasajes, discurrió “por la ausencia de palabra” de los socios asistentes, enmarcada en la Responsabilidad Social Corporativa de la sociedad en cuanto a “transparencia y participación” en una cooperativa “que deja mucho que desear y donde solo decide Hernández Costa”, en palabras del propio Juan Pedro López.

Por su parte, Pedro García Albert, que en su día perteneció a la Comisión de la Almendra y que dimitió por no compartir los criterios de la dirección, dice que “más del 80% de socios nos hemos sentido humillados” por lo ocurrido días pasados y que propició el abandono de la asamblea en disconformidad con lo sucedido en el interno. García Albert también alude a la existencia de “cooperativas paralelas, que son las que representan a parte de los socios” manifestando que “la estructura jurídica de la empresa va contra los socios” donde “el 80% del total están en contra de la actual gestión”, según el cooperativista jumillano.

Otro socio, Antonio, procedente de Almería, asegura que “hace muchos años entré a formar parte de Coato al creer en su buena gestión y seriedad”. Sin embargo, dijo, desde hace poco tiempo “estoy sorprendido por la deriva de la misma. De ahí mi interés por ver el curso de la gestión”, que inicialmente le llevó a pensar “en un error comercial”. Antonio se muestra de acuerdo con sus predecesores al invocar “la falta de transparencia y participación al negar a los socios el uso de la palabra” y exigió “honradez y democracia frente al desprecio exhibido por los dirigentes de Coato”. Finalmente, Antonio afirma, tras relatar el sistema de voto empleado por los directivos que “la cooperativa está en manos de cinco socios”.

De otro lado, el Auditor de Cuentas Antonio Balsalobre critican el Orden del día confeccionado al que califica de “deficiente” además de mostrar su rechazo ante la negativa “de no dejar pasar a los asesores” a la asamblea. Según Balsalobre, “notamos una falta de documentación imprescindible” para el normal desarrollo de la asamblea pues “solo se presentó un informe fiscal abreviado no aceptable”.

Finalmente, el abogado y experto en Cooperativas, Manuel Pérez Botías pide “honradez en la gestión” para seguidamente aseverar que “se ha producido un perjuicio con alevosía” a la masa social al presentar “liquidaciones por debajo del mercado” en lo que no duda en calificar de “situación insostenible y un gran desprecio a muchos socios antiguos”.

Pérez Botías expresa también que la junta de Coato “estuvo mal convocada y que por ello será anulada por el Juez. Otra presunta ilegalidad denunciada por el mismo letrado pasa por la ausencia del censo de socios en la puerta de las dependencias donde tuvo lugar la asamblea, “es la primera vez en 25 años que me encuentro con esta situación”, manifestó el abogado cooperativista, que igualmente rechazó la decisión empresarial de “no aceptar los poderes notariales exhibidos” por los socios que querían acceder a la asamblea y que no fueron admitidos. Por todo ello, Pérez Botías anuncia la presentación de diversas iniciativas judiciales tendentes a la anulación de la asamblea.

Análisis Programas: Catalunya en Comú-Podem, lo social antes que la bandera

Catalunya en Comú- Podem (CeCP) ha decidido apostar por las personas antes que por las banderas. Lo social, antes que lo identitario. La revolución del pueblo antes de la nación. Y lo hacen desde un planteamiento abierto, sin esconder que sus verdaderas preferencias serían establecer un referéndum de autodeterminación con garantías y establecer un Estado libre asociado, o confederado, con España. Xavier Domènech siempre ha postulado esta opción confederal en sus escritos y sus discursos (véase su capítulo en el libro Repensar la España plurinacional de Icaria/Instituto 25M). Pero no piensa dar esa batalla antes de solucionar cuestiones que entiende primordiales. La agenda social y la soberanía popular están antes que la conformación de un Estado catalán. La solución no pasa por priorizar el Estado frente al pueblo, sino construir desde el pueblo mediante un proceso constituyente.

La elección de Domènech ya resultó acertada, como se dijo en estas mismas páginas. Frente a la ambigüedad de Colau, el candidato de los comunes aporta firmeza intelectual, moderación gesticular y contundencia en los planteamientos. Dialogante, pero firme en sus convicciones, algo que no suele verse en el panorama político. La llamada de atención a Arrimadas por sus constantes interrupciones y falta de educación en el debate de La Sexta quedarán para la posteridad. Algo gana la política cuando el político, en este caso, rompe las normas del espectáculo en que está constituida actualmente.

Y más en una situación que no es precisamente favorable en las encuestas. Admiten en Podemos que el golpe va a ser terrible en Cataluña. Unos lo achacan a no haber sabido explicar el mensaje (sector pablista) y otros al error que ha supuesto entrar en un conflicto identitario que no era parte del proceso constituyente de Podemos. Y no miren a Bescansa o Errejón, que siempre han defendido la vía populista (de pueblo) y republicanista, sino entre los propios antisistema que apoyaron a Iglesias en Vistalegre II. Entiende, con buen acierto, que el proceso constituyente que necesita España no derivará de las movilizaciones identitarias que se generan en Cataluña. Porque las personas se echen a la calle no se deriva una posibilidad de proceso constituyente.

Propuestas programáticas

Ese proceso constituyente, por cierto, es lo que quieren emprender desde CeCP como medida política. Así lo explican: “Un proceso constituyente para ganar autogobierno y establecer una relación bilateral entre Cataluña y España en el marco de un Estado plurinacional”. Más claro agua. Bien mediante la figura del Estado libre asociado, bien mediante la posibilidad de la confederación (que es más del gusto de Domènech). Eso sí, un proceso que debería tener un paso previo, una Ley de Claridad para un referéndum pactado y con garantías donde se exprese soberanamente el pueblo, que no la nación. Por eso entienden que la soberanía deberá ser compartida con España y la Unión Europea. Una soberanía multinivel que dicen los expertos.

Pero cualquier soberanía debe comenzar por el pueblo, no entes abstractos, por ello apuestan por introducir mecanismos de democracia participativa y de democracia directa según el nivel y la cuestión a tratar. Intentan implicar al pueblo en la toma de decisiones y, previo a eso, en la consideración de lo que es más importante. De ahí que soliciten la recuperación de la soberanía (popular) en cuestiones estratégicas. Pero no por tener más autogobierno y soberanía compartida se separan del resto, sino que apuestan por mantener la solidaridad interterritorial dentro del Estado plurinacional. Piden, por último en el espacio más político, la libertad de los presos políticos, la renuncia a la vía unilateral (DUI) y la derogación del RD 944/2017 para recuperar el autogobierno (la derogación del 155). Porque todo ha sido culpa de Puigdemont y M. Rajoy.

Siendo lo anterior lo más mediático, sin embargo, poco espacio ocupa en su programa electoral de 168 páginas. Un esfuerzo que se agradece, como también han hecho la CUP y el PSC, de cara a la ciudadanía. Los demás, para que se vea lo poco o nada que les importan las cosas de las personas, tienen programas reducidos y mínimos. La sanidad, que tan deteriorada han dejado los gobiernos independentistas y de la derecha, debe ser recuperada para lo público. Más inversiones y priorizar en los aspectos cuantitativos (financiación) y cualitativos (estabilidad, investigación, listas de espera, etc.). Para esto, contar con una Hacienda propia es fundamental. No se pueden financiar los servicios públicos de manera eficiente y social, si lo recaudado queda al albur del gobierno de turno, especialmente si está Montoro al frente, y el PP o Ciudadanos en general.

Y no sólo la Hacienda catalana es fundamental para unos buenos servicios públicos de calidad, sino la creación de una Banca Pública que ayude a esa reconstrucción del sector público, incluso mediante empresas en sectores fundamentales y estratégicos como la energía. Para ello, para devolver al pueblo lo que es de suyo, por tanto de todos y todas, se deberá reconocer al agua como un bien público, no privatizable. Y, obviamente, la desaparición de la corrupción política, o al menos una contundente lucha contra ella, es clave para un gobierno decente. La gente del 3% quiere formar una nación, pero nada dicen de dejar de seguir robando y de seguir en connivencia con las empresas para quitar al pueblo lo que es público.

La Escuela, la educación en términos generales, debe volver a ser pública. Una escuela catalana que, afirman los comunes, deberá ser gratuita, laica, científica, humanista, pluralista, democrática, intercultural y coeducativa. Justo lo contrario de lo que quieren las derechas (catalana y española). La inmersión lingüística es clave para la integración de los migrantes, y en ello habrá que destinar recursos. Porque una forma de exclusión social es la lengua. Y, como no podía ser de otra manera, acabar con los barracones y devolver la dignidad al profesorado es de lo primero que harían si llegasen al gobierno. Solos o en compañía de otros.

Proponen ampliar el parque de vivienda pública, mediante la apropiación de los excedentes del Frob, por ejemplo, ya que han sido abastecidos por el dinero público los bancos. O mediante otros mecanismos como la creación de agendas de vivienda y similares. También, frente a los abusos que se vienen cometiendo, proponen una ley para el control de los precios de los alquileres.

Respecto a las personas y sus relaciones en el entorno laboral. Proponen recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, situando el Salario Mínimo Interprofesional en 1.000 euros. Además, de una fuerte inversión para garantizar las rentas para una vida digna. Y esto se consigue con un sistema fiscal más justo y solidario. Un sistema donde aumentarían los impuestos de las rentas más altas, (50% de retenciones por encima de los cien mil euros), de patrimonio, de sucesiones y de donaciones.

El avance hacia una producción energética 100% renovable y procurar una movilidad sostenible son pilares fundamentales para luchar contra el cambio climático, y la depredación que está haciendo el ser humano con la naturaleza. Luchar contra la violencia machista y apostar por la igualdad real entre mujer y hombre son otros dos puntales claves de la apuesta programática de CeCP. Acabar con la brecha salarial, con las discriminaciones (esto ampliable al colectivo LGTBi y los migrantes), con el machismo latente de la sociedad es una batalla del día a día que no se puede dejar de dar.

Y por último, por ese carácter soberanista popular, hacen una defensa de las capacidades de autogobierno de los municipios. Como entidades más cercanas a las personas, al pueblo, deben tener una ley donde se recojan sus competencias y su sistema de financiación. De esta forma la democracia participativa y directa se podrá desarrollar mediante la activación de la soberanía real del pueblo. También, por qué no decirlo, se evitarán intromisiones de otros poderes en la gestión del día a día de las personas, como ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid, o sucede en algunas comunidades autónomas con el FLA.

Conclusiones.

Para un partido que se sabe no va a conseguir un buen resultado, según las encuestas y el sentir público, es complicado hacer alarde de programa. Pero desde CeCP lo han hecho y en defensa de los valores propios de la izquierda. Son, junto tal vez a PSC y CUP, los únicos que en todo este conflicto minusvaloran lo identitario para poner en primer lugar lo social, lo público, lo que interesa realmente a las personas. Y no lo hacen por carecer de intelecto suficiente, al contrario, ni por no querer mojarse respecto a lo político, lo hacen, sino porque son conscientes de que la nación no da de comer, ni provee luz o agua a las personas que están sufriendo el austericidio del PP y del PDeCAT/CDC/JpC/Pujolismo. Vamos las derechas de siempre. El establishment del capital, al que ahora se unen ufanos y raudos, los componentes de Ciudadanos.

Querrían un Estado plurinacional confederado y no lo ocultan, pero eso siempre vendrá después de poner devolver la soberanía al pueblo. No que siga en manos de entes subjetivos que no logran tomar conciencia de sí y para sí mediante procesos de objetivación suficientes. El signo de los tiempos no es identitario, el espíritu no lleva a la construcción de la nación en sí, sino que la revolución será social y popular o no será. Puede tomar un camino u otro, pero no el de un proceso de identificación excluyente de parte de esas clases populares que sufren en sus propias carnes el yugo opresor del capitalismo.

Por todo ello apuestan por la concordia entre los de abajo. Apuestan por solventar las escisiones existentes mediante un diálogo entre los perdedores de la crisis financiera y la globalización del capital, que no de las personas (como se atestigua en los grandes movimientos migratorios). Un diálogo que, tras resolver los problemas reales, se planteará en su momento aquella posibilidad de obtener la propia soberanía, mediante un referéndum claro y limpio, donde no pesen los deseos de los menos sino de los más. Porque para construir un Estado (confederado o independiente) hay que tener pueblo, y hoy en Cataluña, los comunes son conscientes de que no existe ese pueblo. Se podría añadir que hoy en Cataluña no existe pueblo, ni pueblos, sino sólo masas arrastradas por el sentimentalismo y los falsos ídolos de las tribus. Y en CeCP desean soberanía de la razón, no irracional.

Eso sí. Tendrán la posibilidad de ser claves en el futuro de Cataluña al quedar en esa posición entre las hordas secesionistas y las hordas unionistas. Su entendimiento con el PSC podría resultar clave para superar las escisiones sociales e identitarias. Ambos han apostado por la concordia. Cuestión bien distinta es que logren entenderse entre ellos y con los demás. Pero al menos supone un programa social, de izquierdas y democrático a poner en valor dadas las circunstancias. Y como sucede en el PSC, no sólo se la juega Domènech (sería el gran contravalor a Colau), sino que también en este cesto están los huevos de Podemos en el resto de España. Pablo Iglesias, por querer implicarse en demasía (es su carácter), ha puesto en juego lo que significa Podemos. Veremos que tal sale.

PS. Por algo les apoyan Vicenç Navarro y Owen Jones.

La Mesa del Agua de Almería participa este martes en la concentración organizada por el Círculo por el Agua frente a la desaladora de Torrevieja

Con el lema «Defendamos tod@s la huerta de Europa. Ampliar al máximo la producción de las desaladoras», los regantes de las provincias de Almería, Alicante y Murcia salen a la calle para exigir al Gobierno de España las medidas necesarias para paliar con urgencia la falta de agua para riego que pone en serio peligro la supervivencia del sector agroalimentario del sureste español.

La concentración comenzará a las 10,30 de la mañana.

La Mesa del Agua de Almería participa en estas movilizaciones para defender los intereses de las más de 24.000 hectáreas del Almanzora que atraviesan las peores consecuencias de la sequía a causa de las escasas lluvias, la suspensión de los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora y la ausencia de desaladoras capaces de atender la demanda de riego en la comarca.

Cabe recordar que la Mesa del Agua participó también la pasada semana en Murcia en la concentración y posterior manifestación organizada por el Círculo del Agua que agrupa a regantes almerienses, murcianos y alicantinos, y que contó con la presencia de unos 20.000 regantes procedentes de las citadas zonas geográficas de influencia del Trasvase Tajo-Segura, que a su vez riega cultivos de la Comarca del Levante Almeriense a través de la estación receptora situada en El Saltador de Huércal Overa, en terrenos de la sociedad Aguas del Almanzora.

La Junta le hace la «trece-catorce» al ministro Montoro

La cara que se ha debido poner el ministro de la Función Pública, Cristóbal Montoro, ha debido ser de aúpa. En madrileño diríase que cara de gilipollas. El gobierno de M. Rajoy está destacándose por judicializar, mediante los recursos al Tribunal Constitucional, cualquier tipo de avance social que hagan los gobiernos de izquierdas. A esto hay que sumar todas las tretas financieras de Montoro para no permitir gasto social a las comunidades autónomas que el PP no controla. Un completo desmán de un gobierno que está mostrando su cara menos democrática y más vendida al establishment del capital.

Un gobierno que ha utilizado los dineros de las pensiones para comprar deuda pública española, porque debía ser que nadie la compraba, vaciando la hucha de las pensiones y, de este modo, poner en cuestión el sistema español. Las pensiones son el último gran botín que el capitalismo financiero quiere apropiarse en España. Pero también un gobierno al que se las cuelan, no sólo en el extranjero, por todos lados. Primero fue Puigdemont y ahora es Susana Díaz y su equipo.

Durante el día de ayer, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero ser reunió con los agentes sociales (sindicatos de trabajadores de la función pública) para lograr un acuerdo legal, que permita la consolidación de un derecho de los trabajadores y trabajadoras andaluzas. La jornada laboral en la Junta de Andalucía será de 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán presenciales que se completarán con media hora diaria de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo. “De este modo, el Gobierno andaluz ejerce su competencia, legalmente reconocida, para la organización de la jornada de los empleados públicos y da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada de 35 horas en la comunidad” dicen desde la Junta. Aunque bien podrían haber dicho “te la hemos colado Montoro”.

Casi en analogía a lo que dijo en su momento el Conde de Romanones “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, la Junta defendiendo los derechos, que deberían ser inalienables, de sus empleados ha hecho una lectura del reglamento propia, digna y social. Son muchos años los que los partidos de izquierdas vienen pidiendo el reparto del trabajo, y esta es una medida encaminada en ese sentido. También se solicita la conciliación laboral y familiar y con esta medida se da un paso más en la liberación de las personas de la explotación del trabajo.

Montero ha señalado que el acuerdo constata una realidad de los profesionales públicos que vienen dedicando un tiempo semanal a la realización de actividades y tareas complementarias relacionadas con su puesto de trabajo fuera del horario laboral. «Creo que habría que defender ese ejercicio de responsabilidad de nuestros profesionales, un reconocimiento de la apuesta de nuestros empleados públicos por el conocimiento y el desarrollo profesional», ha manifestado para rechazar lo que ha calificado de «subterfugios» utilizados por otras comunidades como conceder «márgenes de cortesía» de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas.

Esta es la defensa política, porque otra no puede dar. Sin duda es un subterfugio lo utilizado por la Junta, pero un subterfugio que entraña un beneficio, algo que es de justicia. Y más frente a un gobierno que está mostrando su cara más dictatorial al abur de la inestabilidad económica y territorial. Se habían crecido, en vista de que la oposición está muy fragmentada, y desde la Junta los han sabido parar los pies. Porque hoy son las horas de trabajo de los empleados públicos, pero mañana serán las viviendas sociales, los hospitales o cualquier cuestión social.

Montero ha defendido, como se ha comentado más arriba, los beneficios de la «flexibilidad horaria» para la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores, ya que favorece la igualdad y la corresponsabilidad, reduce el absentismo, aumenta de la productividad y contribuye a la mejora del clima laboral. Asimismo ha aludido a su relación directa con la calidad en la prestación de los servicios públicos, «uno de los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz». Pero es que, además, las 35 horas (al igual que ha pasado en ayuntamientos y otras administraciones públicas) fueron derogadas a golpe de decretazo por el gobierno conservador subvirtiendo los derechos adquiridos y fundamentales de los trabajadores.

Concentración de alcaldes andaluces frente al ministerio de Energía para tener una red eléctrica digna

El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, junto a la portavoz de Energía, Pilar Lucio; los diputados por Granada, Elvira Ramón y Gregorio Cámara, además de los diputados por Almería, Sonia Ferrer y Juan Jiménez, mantuvieron ayer una reunión en el Congreso con alcaldes, portavoces y diputados nacionales y provinciales de Granada, Almería y Jaén, así como con el presidente de la diputación de Granada, para reclamar la inclusión del eje energético Caparacena-Baza-La Ribina en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. Igualmente, se ha convocado a esta reunión a todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Comisión de Energía del Congreso.

Con anterioridad, a las 12.00 h, estos alcaldes y parlamentarios se han concentrado en el Ministerio de Energía para reivindicar esta inclusión, sin embargo, “el Ministerio no ha accedido a comprometerse a convocar una reunión para solucionar el problema con los actores implicados”, tal como ha explicado una delegación de este colectivo tras ser recibidos por el jefe de gabinete del Secretario de Estado de Energía. Una delegación representada por el presidente de la Diputación de Granada, alcaldes y diputados nacionales y provinciales.

Por su parte, l secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel ha valorado que la nueva negativa del Gobierno del PP a desarrollar la línea eléctrica Carapacena-Baza-La Ribina supone “un atraco al futuro de los almerienses, granadinos y jiennenses” al estar “comprometido” el devenir de 500.000 habitantes de cien municipios de estas provincias de Andalucía Oriental, además de tirar a la basura alrededor de 1.000 empleos para Almería si el proyecto no viera la luz.

El líder de los socialistas almerienses se ha querido sumar a la concentración y ha recordado que en Gobierno del PSOE había “priorizado” esta infraestructura en los Presupuestos de 2011 y que contaba con los proyectos y las autorizaciones ambientales necesarias para llevarlo a cabo. Sin embargo, ha ahondado Sánchez Teruel, el Gobierno de M. Rajoy “lo borró de la planificación” nada más poner pie en Moncloa, en 2012.

Después de cinco años de intenso trabajo, el Gobierno andaluz consiguió en mayo que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, volviera a incluir en la planificación energética nacional la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina aunque, por sorpresa, no figura en los Presupuestos Generales para 2018. “Nos ha mentido, nos ha engañado y ha estafado a los almerienses, granadinos y jiennenses”.

La puesta en marcha de esta línea, ha asegurado Sánchez Teruel, “daría calidad al servicio que reciben actualmente los habitantes y las industrias de estas provincias” siendo, además, un “atractivo para la instalación de nuevas industrias o para el desarrollo de las energías renovables”. “Actualmente, se han tramitado muchos proyectos de empresas de energías renovables que han comprometido la inversión de 600 millones de euros en Andalucía Oriental y que invertirán en otras regiones españolas si no tienen esta red de infraestructura eléctrica”, ha lamentado.

Los afectados de las inundaciones de 2.016 no han recibido aún las ayudas municipales

El 18 de diciembre de 2016 el agua inundó calles, bajos comerciales, viviendas, garajes, destruyó infraestructuras y acabó con recuerdos de toda una vida de numerosos vecinos de Los Alcázares. Ante este desastre numerosas organizaciones, colectivos y anónimos respondieron a base de donaciones a diversas cuentas bancarias habilitadas por el Ayuntamiento de Los Alcázares para ayudar a los cientos de afectados por la tromba de agua. Hasta un total de 60.000 euros se recaudaron procedentes de pequeños ingresos e, incluso, de la celebración de grandes actos entre los que destacan el derbi UCAM-Real Murcia, paella solidaria organizada por la Parroquia De Nuestra Señora Asunción de Los Alcázares en la que asistieron más de 800 personas, entre otros.

Pero según denuncian los socialistas de Los Alcázares “ese dinero no ha llegado aún a los afectados”. Mario Cervera, portavoz del PSOE ha explicado que “ha pasado un año de las inundaciones y esas donaciones no llegan a los vecinos que se vieron afectados por el agua. De nada ha servido la rapidez con la que organizaron los actos y actividades solidarias para ayudar”.

Cervera continuó afirmando que “estamos preocupados por lo que pasará con el dinero sobrante de las ayudas aprobadas por el Ayuntamiento de Los Alcázares, hasta el momento tan solo doce de los cientos de afectados. Nos preocupa que una vez cerrado el Presupuesto Municipal ese dinero se pierda y no llegue al resto de vecinos. Y adelanta que der así “denunciaremos al Ayuntamiento de Los Alcázares por apropiación indebida.

Podemos analiza en unas jornadas la “preocupante degradación de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas”

Podemos Región de Murcia ha celebrado las I Jornadas sobre el trabajo de los trabajadores del campo de la Región de Murcia, donde se han analizado las condiciones de “precariedad y explotación laboral por las que atraviesan estos trabajadores, así como sus vinculaciones con el modelo de agricultura extensiva”.

Entre los participantes en las diferentes mesas de análisis y debate han asistido Jesús Romero, presidente del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía; Lola Sánchez, Eurodiputada; María Giménez, diputada regional, y María del Carmen García Bueno, del Sindicato Andaluz de trabajadores.

Desde Podemos Región de Murcia, la Secretaria de Mundo Rural y Marino y diputada regional, María Giménez, ha manifestado que en estos momentos el trabajo en el campo en la Región pasa por una  “preocupante degradación de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, muchos de ellos inmigrantes a los cuales con la expansión del salario a destajo, la proliferación de las ETTs, y el aumento de la eventualidad en el trabajo los convierte en trabajadores sin derechos”.

María Giménez ha apuntado que esta situación está íntimamente relacionada con “un modelo de agricultura extensiva, pensada para el beneficio de las empresas exportadoras y los mercados internacionales, que deja fuera al pequeño y mediano agricultor local y profesional”, a la vez que “pasa por encima de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras y trabajadores del sector agrícola”.

Consecuencias de una agricultura voraz

En este mismo sentido, la Eurodiputada de Podemos Lola Sánchez ha señalado la importancia de estas jornadas para “hacer una evaluación de cómo se ha desarrollado el modelo de agroindustria” y cómo una de las consecuencias de una agricultura voraz, con la concentración y acaparamiento de tierras, y la conversión de terrenos de regadío en una de las zonas más secas de España ha provocado la situación actual por la que atraviesa la laguna salada”.

Por lo que ha apuntado que desde Europa “trabajamos para frenar estos abusos, pese al poder de los grandes lobbies agroalimentarios, y un ejemplo es que ellos han sido los que se ha convertido en los legisladores de los grandes tratados de libre comercio internacionales como el del TTIP, el cual ahora se mantiene congelado, pero tarde o temprano se acabará troceando y aprobando en diferentes partes”.

En estas Jornadas, donde se ha hablado de la situación del trabajo en el campo en la Región de Murcia , también ha habido un espacio  para analizar el modelo de agricultura actual, por lo que también se ha contado con la presencia de agricultores y agricultoras que actualmente son propietarios de terrenos dedicados a la agricultura sostenible y no invasiva, como es el caso de Ramón Navia, quien ha expuesto su experiencia como productor de agricultura intensiva libre de nitratos,  y ha mostrado como este tipo de prácticas agrícolas son posibles, rentables y presentan una solución para acabar con los vertidos perjudiciales, al terreno, en este caso para el Mar Menor.