El Consell ha acordado personarse en la parte civil de la pieza separada número 5 del caso Gürtel, que afecta al periodo 2005-2009. Así lo ha asegurado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Gobierno valenciano.
Oltra ha explicado que el Consell ha acordado revocar la autorización para el ejercicio de acciones judiciales en el procedimiento abreviado 1/2014, mediante acuerdo del Consell de 10 de octubre de 2014, por el que «el Gobierno de Alberto Fabra decidió no ejercer acciones, ni penales ni de responsabilidad civil, en el procedimiento para defender los intereses de los valencianos, a pesar de que el informe de la Abogacía de la Generalitat era favorable a hacerlo».
Sin embargo, según ha insistido la vicepresidenta, el actual Consell «no va a dejar de hacer todo lo necesario para recuperar el dinero de los valencianos y las valencianas que se empleó de manera ilegal». En este caso concreto, se estima que se pueden recuperar un total de 250.000 euros. De este modo, el Consell ha autorizado el ejercicio de acciones legales mediante la contratación externa con profesionales de la acción de responsabilidad civil derivada del delito.
La pieza separada número 5 del caso Gürtel se refiere a una serie de de contratos menores suscritos por la Generalitat y con nueve proveedores diferentes pertenecientes a un mismo grupo empresarial, entre las que destaca, por la cuantía de las operaciones realizadas, la mercantil Orange Market. Comprende un total de 71 operaciones, entre las que se encuentra un acto para la ampliación del Hospital Clínico de València en 2008.
Según ha explicado la vicepresidenta, el Gobierno del Partido Popular «pagó un acto para la ampliación del Hospital Clínico cuando ha sido este Consell, hace tres semanas, el que aprobó un convenio con la Universidad Politécnica para que esta le venda el edificio contiguo al hospital a la Generalitat para poder hacer esa ampliación».
«Es decir, los valencianos y valencianas pagaron hace diez años un sarao vinculado a una ampliación de un hospital que nunca se hizo y que se encuentra dentro de una pieza del caso Gürtel, que ahora está investigando a empresas vinculadas a la trama presuntamente de financiación ilegal del Partido Popular», ha incidido Oltra.
Garantizar una muerte digna
En otro orden de cosas, el Consell ha aprobado el Proyecto de Ley de la Generalitat de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, que se remitirá a Les Corts para continuar con su tramitación definitiva.
Compromiso del Seminario de Gobierno de Morella, la futura ley regulará el ejercicio de los derechos de la persona para evitar el dolor y el sufrimiento, respetando su última voluntad, «asegurando así el respecto a su dignidad y autonomía y velando por la calidad de su vida durante este proceso», ha indicado Oltra.
En la ley se establecen también los deberes que han de cumplir el personal de las instituciones y centros, sanitarios y sociales, tanto de titularidad pública, como privada, que atiendan a las personas en este proceso.
La Generalitat ejercerá la acción popular por la muerte de Maricica en Guadassuar
Por otra parte, el Consell también ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a ejercer la acción popular por la muerte de Maricica, de 53 años, presuntamente asesinada en Guadassuar como consecuencia de los hechos violentos producidos en el ámbito de la violencia de género.
La vicepresidenta ha insistido, una vez más, en que la responsabilidad de las administraciones públicas para «interpelar a toda la sociedad y socializar el conflicto como una cuestión estructural de todas y todos y no una cuestión solo del ámbito doméstico».
