lunes, 13 abril, 2026

El PSOE afirma que sin saber dónde vamos es imposible establecer rutas fiables para combatir la pobreza y la exclusión social

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano afirmó que “sin saber dónde vamos es imposible establecer rutas fiables para combatir la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia”.

Esta mañana ha comparecido en la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social, el director del Observatorio de Exclusión Social-Universidad de Murcia, Manuel Hernández Pedreño.

Consuelo Cano indicó que en la Región “gastamos recursos que podrían optimizarse, pero la ausencia de una buena planificación y coordinación entre administraciones, junto a la falta de datos regionales, complica mucho establecer rutas fiables para combatir la pobreza y sobre todo la exclusión social en la Región”.

La diputada socialista apeló al Gobierno regional a ampliar las encuestas regionales y hacerlas también desagregadas para obtener los datos necesarios que permitan establecer una estrategia efectiva.

Otro aspecto importante que destacó es la paulatina cronificación de la pobreza en la Región. “Tenemos que perseguir un cambio de modelo de lo asistencial a los derechos subjetivos de los ciudadanos, porque la protección social en la Región sigue siendo inferior a la media y muchos de nuestros fondos son externos: nacionales o europeos, lo que nos crea dependencia de fuera”.

Cano se refirió también a la importante brecha de desigualdad existente en nuestra Comunidad, siendo las zonas rurales las más afectadas por la pobreza; y “nuestro mayor problema es que la pobreza avanza hasta alcanzar a los más jóvenes, también a los extranjeros”.

Apuntó que “el fracaso y el abandono escolar temprano no dibujan un panorama muy alentador de futuro si no se trabaja decididamente para cambiarlo”.

La diputada socialista recordó que en 1993 la Región disponía de ingresos mínimos de inserción con cuantías asignadas a presupuestos superiores a las que tenemos hoy en Renta Básica; “sin embargo, a pesar de la aprobación del reglamento y del ligero incremento que ha experimentado la prestación sigue siendo insuficiente para garantizar un mínimo vital”, concluyó.

María Bigeriego: “La mujer de Fearon busca otro lenguaje, otra estética”

En estas mismas páginas presentábamos La mujer de Fearon, una obra de teatro que va más allá del propio teatro para fundirse con otras artes escénicas como la danza y la música. Evoca la escenografía y la apuesta de la directora al teatro clásico de los años 1960s y 1970s, donde se jugaba tanto con el texto como con otro tipo de sensaciones. Tiene tintes de Tamayo y su Calígula, de José María Rodero en El hombre deshabitado, pero sumando otras sensaciones al consciente y al inconsciente del espectador. Una obra que se puede ver todos los jueves de noviembre y diciembre en Nave73. Y nadie mejor que María Bigeriego para explicar el qué de su criatura.

D16. ¿Cómo surge la idea de transformar Salomé de Wilde en La mujer de Fearon?

MB. Es algo en lo que llevó trabajando desde hace cinco años. Me puse a escribir la obra desde esa obra poética tan preciosa de Wilde. Luego pensaba en ser la actriz, así que busqué una directora pero no hubo suerte. Busqué un director y tampoco. Al final decidí dirigirla yo misma y buscar un elenco con gente con la que había colaborado ya. Pero no es un proyecto de hoy, sino que llevamos trabajando en él directamente un año.

D16. ¿Por qué mezclar teatro, danza y música?

MB. Llevo años con esta idea en la cabeza. Como soy profesora de movimientos y voz quería mezclar la expresión corporal, la palabra, y la música. Me preguntaba cómo lograr que convergiesen las tres formas artísticas para entender mejor el conflicto y la situación de Salomé.

D16. Todo esa puesta en escena ayuda al doppelgänger del personaje de ella ¿no?

MB. Jugamos con las dos voces del personaje. La palabra de la narración, pero además poner en la música parte de ella y con la danza lo mismo.

D16. ¿Por qué Salomé?

MB. Salomé por la relación con los hombres y la luna. Su relación, en realidad, con el amor y de él con el amor a través de ella. Porque al final es una historia de amor.

D16. Mediante un impacto de varios sentidos…

MB. Jugamos con lo onírico del personaje mediante la danza, la música y la poesía, porque cómo abstraerse de esa poesía de Wilde. La simbología de la luna con la muerte, tan lorquiano ello. Buscar impactar no sólo con la palabra.

D16 ¿Y?

MB. Con el lenguaje surge lo más real y las cosas del amor en pareja, de lo cotidiano.

D16. Tal y como está el mundo teatral en Madrid tiene que haber sido una suerte poder estrenar en Madrid.

MB. Yo quería haber estrenado en el Teatro Lope de Ayala de Badajoz, mi tierra y donde tanto he actuado con la danza y el teatro, pero la suerte nos llamó. Estábamos programados para diciembre en Nave73, pero nos llamaron para comenzar en Noviembre y aquí estamos. Con los nervios ¡ja, ja, ja! En realidad había cierto vínculo con Nave73 a través de talleres, de la relación de Mario (Rebollo, pianista de la obra)…

D16. Y una obra con fuerte presencia de la mujer.

MB. Desde luego la mujer como protagonista, no sólo en el relato, sino en lo que hay detrás. (La actriz Virginia de la Cruz, la ayudante de dirección Matilde Gimeno o el diseño gráfico de Marta González)

D16. ¿Qué esperas de tu criatura?

MB. Que venga gente a verla. ¡ja, ja, ja! En serio, no me pongo expectativas porque luego ya se sabe… Me gustaría que esté calentito en patio de butacas.

D16. La apuesta de la obra ¿pone en valor muchas horas de teatro y de trabajo día a día?

MB. Sí. Todo ese background nos sirve para realizar una búsqueda de otro lenguaje. Buscar otra estética. Terminar de expresar lo que no se puede con la palabra. La danza y el movimiento para ir más allá de la palabra no dice. Y la música para ir más allá de lo que no expresa el movimiento.

D16. Pues, mucha mierda.

MB. Gracias.

Presunta estafa en el proceso de compra del Popular por el Santander (I)

La Real Academia de la Lengua define una estafa como un «Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro». Con todos los datos y la documentación que ha ido publicando Diario16 —y lo que está pendiente de publicar—, se puede concluir que todo lo acontecido en el «Caso Banco Popular» podría tratarse de una presunta estafa en la que las víctimas son, no sólo las más de 305.000 familias arruinadas, sino también los clientes que han visto cómo el banco de toda su vida fue comprado por un euro por otra entidad en la que, por razones obvias, no confiaban; los empleados que están viendo cómo sus puestos de trabajo está en serio peligro si Javier García-Carranza Benjumea ejecuta el plan de reestructuración que ya tiene diseñado.

Gracias a esta operación el Banco de Santander va a obtener un incremento de más del 20% de sus beneficios, tal y como señalan sendos informes de JP Morgan y de Morgan Stanley. Por tanto, en la operación de compra del Popular ha habido un perjuicio patrimonial para todos los afectados por la que el Santander está obteniendo lucro.

El fundamento de la presunta estafa está en la ejecución de este «tocomocho» de guante blanco. En primer, lugar hicieron caer la acción a través de la operación bajista en la que estuvieron implicados tanto empresas que operan en España a través de JP Morgan (banco del que era vicepresidente Emilio Saracho antes de aterrizar en el Popular) como de BlackRock quien, aunque era también uno de los máximos accionistas del Popular, es el principal accionista del Santander. Aquí se produjo el primer perjuicio patrimonial para los accionistas y el Santander aún no había entrado en el juego…, o eso se pensaba. Además, se produjo una manipulación del mercado, algo que es delito.

Una vez puesta en marcha la operación bajista, el Santander introdujo a su gente dentro del Popular para controlar los posibles movimientos que pudieran hacer mejorar la situación de la entidad o para frenar ofertas de compra, de entrada en el capital o de apoyo para una posible ampliación que hubiera solucionado la situación. De ahí que, «casualmente», se eligiera a Emilio Saracho —el «maestro» de la presidenta, según sus propias palabras— o que, cuando Francisco Aparicio Valls, secretario del Consejo, desmintió ante la CNMV la quiebra del Popular que publicó un medio de comunicación a través de las informaciones que filtraba el propio Saracho, fue despedido en apenas una semana y sustituido por Joaquín Hervada Yáñez.

Una vez que gente infiltrada que trabajaba para dos patrones ocupó los puestos claves, la operación siguió los parámetros marcados en la gestación de la misma. Sin embargo, hubo acontecimientos con los que no se contó: las ofertas de Barclays y de Deustche Bank no entraron en los cálculos, además de la oferta de Antonio del Valle de 5.000 millones de euros para la ampliación de capital. Si toda esa información llegaba al Consejo debía ser comunicada a la CNMV. Por ello no se compartió ninguna de las ofertas al Consejo, algo que incumplía con los Estatutos del Banco. Emilio Saracho lo ocultó deliberadamente.

El día 6 de junio se celebró un Consejo de Administración en el que, tras la exposición apocalíptica de Saracho, se decide comunicar —para eso sí que hubo prisa— a las autoridades que el Popular necesitaba ser intervenido por falta de liquidez. Se envió una carta a la Junta Única de Resolución, en concreto a Danielle Nouy en vez de a Helke König, que no tenía ninguna garantía porque ni se sabe quién la firma porque no va acompañada de antefirma ni está sellada por el banco. Cualquiera pudo haberla escrito y enviado. La firma podría interpretarse que es la de Saracho, pero si se compara con la del acta de la reunión del Consejo se puede comprobar que hay similitud pero que no es la misma ni está realizada por la misma mano. Este hecho es muy importante, porque no se trataba de un pedido de material de oficina o de artículos de limpieza, lo que se estaba jugando era la intervención de una entidad bancaria y de la ruina de más de 305.000 familias y que se tomara esa decisión a través de una carta presuntamente «falsa» es ya causa como para que la Justicia paralice, en principio, cautelarmente la operación.

A la izquierda, firma de Emilio Saracho en el acta del último Consejo de Administración. A la derecha, presunta firma de Emilio Saracho en la carga dirigida a la Junta Única de Resolución

Por otra parte, Saracho tampoco informó de las negociaciones paralelas que altos ejecutivos del Popular estaban haciendo con el Santander por un valor que osciló entre los 5.000 y los 3.000 millones de euros, negociaciones que fueron utilizadas por la entidad cántabra para sonsacar a estos ejecutivos los datos que necesitaban para realizar un estudio del número de puestos de trabajo, red de oficinas propiedad del Popular, el total de activos inmobiliarios, retomar la venta del TotalBank norteamericano que el propio Saracho había rechazado unos días antes, etc. De este modo, lograron hacerse una idea de que la operación sería un éxito, sobre todo si se lograba a un precio tan ventajoso como el de un euro.

Ese plan de actuación que, según publicó ayer El Confidencial, fue un chollo y, por lo tanto, uno de los motivos para ejecutar esta presunta estafa. Mientras en Boadilla del Monte o en la Avenida de Pereda se frotaban las manos, en 305.000 hogares españoles las lágrimas lo inundaban todo, lágrimas de dolor por estar arruinados pero también lágrimas de rabia por sentirse engañados.

Por otro lado, mientras está reunido el Consejo del Popular, en un despacho de abogados de Madrid los directores del departamento jurídico del Santander deciden que esas negociaciones abiertas entre la entidad cántabra y el Popular deben paralizarse. Saracho continúa ocultando las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank, además de esas negociaciones y, por supuesto, la oferta de Del Valle para la ampliación de capital. El ministro De Guindos también calla a pesar de que debiera estar informado de ello y, en consecuencia, el Banco de España y la CNMV no paralizan la cotización del Popular.

De ese despacho de abogados sale a través de una comunicación telefónica, que posteriormente es transcrita y entregada en el Popular, todo el plan de actuación de cara a la Junta Única de Resolución —recordemos que estamos aún en el día 6 de junio—, con todo lujo de detalles. Además, en ese despacho de abogados se prepara todo el plan de comunicación en el que se detallan todas las estrategias a utilizar para presentar la operación al día siguiente. «El día R» lo denominaron (¿R de resolución?). En la madrugada la JUR interviene al Popular a través de los informes provisionales, ultra secretos y opacos de Deloitte en los que se aplican criterios que los inspectores del Banco de España definieron como una «grosería técnica». ¿Cómo es posible que desde el despacho de abogados del Santander se establecieran las pautas de actuación del Popular de cara a la JUR y se diseñara al plan de comunicación para el día siguiente? La decisión estaba tomada el día 6 de junio como colofón a una operación que llevaba aplicándose desde hacía meses. Ahí está una de las claves de esta presunta estafa.

Unos días después el Santander anuncia una ampliación de capital por 7.000 millones de euros a la que acude la propia familia Botín incrementando sustancialmente su participación en el banco y en la que BlackRock se convierte en el máximo accionista de la entidad cántabra.

Antes de que Bruselas diera la autorización definitiva a la operación, el Santander ya estaba especulando con el patrimonio y los activos del Popular, colocan en la presidencia y en la vicepresidencia al primer y al segundo espada del Santander, se hacen con la cartera de clientes Pyme, recuperan gran parte de la liquidez perdida durante los días previos a la intervención (10.000 millones de euros), principalmente de entidades en las que tienen influencia tanto el ministro como la subdirectora general y consejera de empresas participadas, Francisca Ortega. Además de la venta de activos, se aprovechan de las DTA del Popular (créditos fiscales) para ahorrar costes impositivos (5.000 millones de euros). En pocas horas recuperan los 7.000 millones en activos del Popular, lo que da valor al Santander. Un chollo, está claro.

Todo el proceso de recuperación se podría haber ejecutado con el plan de viabilidad de Ángel Ron que fue aprobado por Luis de Guindos, el Banco de España y la CNMV. El propio Banco Popular lo podría haber llevado a cabo con sus 305.000 accionistas y más aún con las ofertas de Barclays y Deutsche que ocultaron los presuntos «empleados» del Santander Emilio Saracho y Joaquín Hervada.

Hay que dejar clara una cosa que el Santander pretende ocultar: la inversión realizada fue de un euro, no de 7.000 millones y un euro porque esa ampliación de capital se hizo para el propio beneficio del Santander. Así se intenta justificar la presunta estafa y se pretende engañar tanto al pueblo español como a las más de 305.000 familias arruinadas, lo cual es cruel.

La operación de la compra del Banco Popular, y más aún con los documentos del día 6 de junio que llegan a Joaquín Hervada, es una presunta estafa de Saracho, de Hervada, de Miguel Escrig. Como decíamos antes, la carta presuntamente falsa por la que se toma la decisión de intervenir el Popular ya es causa suficiente como para que la Audiencia Nacional paralice cautelarmente la operación. Los documentos están presentados por Diario16 desde el día 2 de noviembre, por tanto, no tienen más que hacer un análisis pericial de las firmas para confirmar las sospechas. Por otro lado, las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank, los testimonios por parte de los altos ejecutivos del Popular de las negociaciones que se llevaron a cabo hasta el mismo día 6, los propios documentos del Santander presentados ante la CNMV apenas 23 minutos después de que se comunicara la compra del Popular o el acta de la última reunión del Consejo son pruebas suficientes para actuar judicialmente de manera inmediata. Ante estas evidencias, ante la propia definición de «estafa» que da la RAE, la justicia debe, en primer lugar, dictar medidas cautelares para que el daño patrimonial infligido no sea aún mayor o irreversible y, en segundo lugar, devolver el Popular a sus legítimos dueños, a los que se les arrebató de madrugada, con premeditación y alevosía parte de su patrimonio para que una entidad «too big to fail» fuera rescatada.

EXCLUSIVA: Diario16 presenta en la Audiencia Nacional documentos que podrían paralizar la operación del Popular

El Congreso aprueba una verdadera Ley de Segunda Oportunidad

La diputada socialista y portavoz de consumo en el Congreso de los Diputados, Begoña Tundidor, planteó en la Cámara Baja la necesidad de aprobar una Ley de Segunda Oportunidad efectiva que «proteja a los particulares frente al sobreendeudamiento; una ley que de verdad sirva para reestructurar las deudas tanto de las familias como de los autónomos, sin poner en riesgo sus necesidades esenciales».

El Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSOE en este sentido. «Lo que el Grupo Socialista pretende con esta iniciativa es hacer justicia. Es necesario disponer de mecanismos legales que otorguen una segunda oportunidad a las personas que están sobreendeudadas». Tundidor ha reprochado que estas medidas han sido repetidamente reivindicadas por la sociedad civil, jueces, abogados, trabajadores autónomos y «propuestas, entre otros, por el Partido Socialista en los últimos años, sin que el Partido Popular diese su brazo a torcer para que la ley cumpla su imprescindible función social».

La diputada socialista ha criticado que la actual Ley de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de fuera aprobada como «Real Decreto Ley, sin consenso, deprisa y mal». Los datos demuestran que las expectativas no se han cumplido ya que, entre otras cosas, el número de concursos presentados ronda los 1.400 en toda España, frente a los más de 100.000 anuales que se tramitan en Francia o Alemania, y la realidad es que «se podría acoger a este procedimiento muchísima más gente».

En España tan sólo las empresas cuentan con la posibilidad real de liquidar deudas, pero «no las familias y autónomos. El objetivo del Gobierno al aprobar la ley de segunda oportunidad tendría que haber sido el superar esta anomalía con respecto al resto de países europeos y resarcir a las personas sobrepasadas por las deudas», afirmó la portavoz socialista.

La PNL del PSOE insta a modificar la Ley Concursal para permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y de que sea imposible acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo, es decir, eliminando el periodo de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas.

De igual modo se pretende permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica siguiendo criterios técnicos.

Además, se equipararían los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores, y, finalmente, flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos de la unidad  familiar del deudor.

Además, para el PSOE es fundamental proteger la situación de colectivos especialmente vulnerables, como los que tienen a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia y establecer un nuevo modelo de vivienda protegida de forma permanente en alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible.

Begoña Tundidor ha denunciado la «celeridad con la que el Partido Popular rescató a las entidades financieras contrasta con el procedimiento impulsado para salvar a las personas afectadas por la crisis. A los bancos, dinero rápido y sin contraprestaciones. A los ciudadanos, en cambio, largos y complejos mecanismos que difícilmente permiten empezar de nuevo».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, ha defendido que «no se trata de ayudar a quien no quiere pagar, sino a aquellos que en estos momentos y por diferentes circunstancias no pueden, pero que si les dejamos respirar en un futuro podrán pagar y salir adelante», además de explicar que «nuestros emprendedores con sus pequeños negocios no quieren subvenciones o ayudas, les basta con que no se lo pongan más difícil, que no les pongan trabas que solamente les generan problemas».

La Fiscalía tiene documentación de distintos fraudes de la empresa de Zorita

Las actividades empresariales de Miguel Zorita siempre están bajo la sombra de la sospecha o, al menos, de la opacidad. Diario16 ya ha informado acerca de las maniobras que está realizando el ejecutivo valenciano en Duro Felguera, sobre los movimientos que realizó junto a su socio Santiago Martínez Carballal en Chile a través de diferentes empresas por las que se generó un capital de 1,4 millones en sociedades sin actividad demostrable por medio de un contrato de asesoramiento con la filial chilena del Grupo San José cuando Zorita era Consejero Delegado de la empresa de Jacinto Rey. De igual modo hemos informado acerca de las actividades emprendidas junto a Martin Gruschka, el hombre que se está haciendo famoso por hundir empresas a las que prometió levantar de sus dificultades, actividades por las que se determinó por parte de la Administración de Justicia que se obtenían más beneficios por el despido de trabajadores que por la recuperación de la empresa en cuestión.

Sin embargo, los movimientos oscuros de Zorita no se pararon ahí. A través de estrategias incomprensibles teniendo en cuenta la capacidad económica del ejecutivo valenciano se hizo con la empresa asturiana Daorje. Según ha podido saber Diario16 de fuentes solventes, la Fiscalía tiene en su poder documentación de la que se puede colegir un presunto fraude a la Seguridad Social en el proceso de jubilación parcial de trabajadores de Daorje, una posible infracotización y un presunto uso fraudulento de fondos de formación provenientes de la Seguridad Social. Según diferentes expertos consultados por Diario16, el montante total de este presunto fraude oscilaría entre los 5 y los 10 millones de euros. Las mismas fuentes nos confirman que con la información que obra en poder de la Fiscalía, ésta debería hacer traslado de la misma a la Tesorería General de la Seguridad Social para que, paralelamente a la investigación fiscal, se levantara un acta de infracción por las cantidades anteriormente apuntadas lo que, evidentemente, conllevaría la acusación al presidente ejecutivo de Daorje, es decir, Miguel Zorita.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la situación patrimonial en la que se encuentra Daorje desde que Zorita se hizo con la mayoría de las acciones, dado que en la actualidad cuenta con un patrimonio neto negativo muy superior a los 30 millones de euros. Esta situación hace que muchos sigan cuestionándose el papel que está jugando en Duro Felguera cuando ni siquiera es capaz de reconducir una empresa mucho más pequeña que la epecista asturiana. Tal vez el beneficio se encuentre en, precisamente, lo que una juez acusó a su socio Martin Gruschka: hundir las empresas.

Los datos curiosos del CIS… que nunca se cuentan

Normalmente los medios de comunicación, por mor de la “actualidad” y la digestión sencilla, en cuanto sale el CIS ponen los datos de voto, de preocupaciones del electorado y valoración de dirigentes políticos (porque llamar líderes a quienes no llegan ni al cuatro es cuando menos excesivo). Sin embargo, sociólogos y politólogos, así como los aparatos de los distintos partidos, se estudian con detenimiento las demás preguntas en todas sus modalidades (sexo, edad, tamaño de municipio, clase, etc.). Porque es ahí donde pueden ver si van bien o van mal, o por dónde pueden ir para conseguir ese voto más. Porque, por desgracia, esto de las encuestas es más de votos que de democracia o soberanía popular por mucho que digan.

Teniendo Cataluña en la mirada, porque parece que no hay otra cosa en la piel de toro, es curioso que el 52,9% de los votantes del PSOE no quieren cambiar el actual sistema de Comunidades Autónomas, un 12,25 vería bien un poco más de autonomía, un 14,9 sacaría su vena jacobina y querría un Estado centralizado y sólo 2% querría que las distintas nacionalidades pudiesen tener un derecho a decidir. Interesantes datos dado que en el PSOE hay muchas voces que piden referéndum apoyándose en otros sondeos. Pues el CIS dice que a los socialistas eso como que no les gusta. Que prefieren algo federal sí, pero que al final sea como lo que hay ahora.

En el mismo sentido en Podemos tienen un dilema porque los jacobinos del Estado centralizado suman un 21%, un 31,5% dejarían todo como está, un 22,5% algo más de autonomía y un 18,3% el derecho a decidir. Todo muy transversal, tan transversal que es fácil deducir que los votos se les pueden estar yendo por ese 21% o ese 31%. Los electores de sus socios de En Comú (o Catalunya en Comú) piensan que más autonomía en un 49,2% y derecho de autodeterminación 35,4%. Puede encajar con la idea que defiende Iglesias, pero no concuerda con los deseos de sus votantes de “verdad”. Los que le votan en otros lugares, como han destacado Bescansa o Errejón. La primera una gran analista de encuestas y el segundo sí debió cursar la asignatura de procesos electorales.

A esto hay que sumar que los votantes de Podemos ponen como principal preocupación (Pregunta 8. ¿Y  cuál  es  el  problema  que  a  Ud.,  personalmente,  le  afecta  más?) el paro (27,7%), la corrupción y el fraude (11,3%) antes que la independencia de Cataluña (1,9%). Incluso en el PSOE hay un 4% de personas preocupadas por la independencia de Cataluña. Pero es que para el electorado de En Comú la principal preocupación personal son los problemas de índole económica (16,9%), el paro (13,8%) antes que la independencia (12,3%). Para hacérselo mirar.

Poca confianza en la oposición

Por el lado del PSOE, ya que la confianza en el Gobierno ya lo cuentan los demás medios, hay que destacar que sus propios votantes no están muy contentos con la actuación como oposición. Entienden que lo está haciendo de forma regular un 58,2%. Mal un 15,1%. Y bien un 19,8%. Esto da a entender que las semanas de espera en la Ejecutiva Federal para moverse le han pasado factura (recuérdese que las muestras se han llevado a cabo durante la primera semana de octubre). También que se esperaba más contundencia contra el PP es aspectos relacionados con lo social, lo laboral o lo económico mucho más que con el 155. Porque lo territorial, como muestra la encuesta, preocupa relativamente al votante del PSOE.

En el resto de partidos los votantes afirman que el PSOE lo hace mal o muy mal, como era de esperar, salvo un 31% de votantes de Podemos que afirman que lo hace regular. Un dato que permite vislumbrar una posible salida de votantes o un caladero para el PSOE, en especial, en zonas urbanas medias y pequeñas, y en el mundo más rural. Como se ve en otro de los informes del CIS. Porque Podemos, haciendo la comparación con encuestas anteriores, pierde votos en ciudades de menos de 200.000 habitantes y en aquellas que tienen entre 2.000 y 50.000. De momento la transferencia al PSOE ha sido de un 7% de los votantes (claro que un 4,2 ha sido, de forma mucho más significativa a Ciudadanos).

Mantenimiento, cambios y tipos de votantes.

El PSOE tiene un apoyo asegurado del 69,6% que lo volverían a votar sin dudar. La mayoría de lo que pierde, en ese voto directo confirmado, se va al grupo de indecisos con un 17,3%. No hay cambios hacia otros partidos significativos o mayores del 2%. Por tanto, se reafirma con un electorado fiel. Mucho más que sus competidores por la izquierda que sólo consiguen fidelizar a un 60,1% de sus votantes. Y con una transferencia, como se dijo, del 7% al PSOE.

A esto habría que añadir que el 58,2% de los votantes del PSOE jamás lo haría por el Podemos. Lo que en el caso catalán aumenta, pues los votantes del PSC no votarían a En Comú Podem jamás en un porcentaje del 79,5%. Deberían leer esta parte Nuria Parlón y los alcaldes que abandonan el barco. Igual no está equivocado el PSC al defender lo que defiende. Que en las redes sociales hay mucho ruido, y más aún en los grupos de whatsapp.

Y es que los votantes del PSOE ven a Podemos como un partido de ultraizquierda en un 58%. Aviso a los podemitas internos del PSOE. Claro que los votantes de Podemos se ven a sí mismos con de ultraizquierda en un 45%. Lo que se contradice, según el manual clásico de sociología, con el 49,8% de los votantes de Podemos que son de clase alta/media alta/nuevas clases medias. Casi el 50% de los votantes de Podemos son ricos y se dicen de ultraizquierda. Algo se había avanzado en estas páginas sobre el izquierdismo, pero no es tan paradójico como se piensa. Algo similar le pasaba al PSOE en los años 1980s, y a finales de los 1990s esa gente fue girando hacia el PP de Aznar. Digamos que es un efecto de “primavera revolucionaria”.

Es curioso cómo se reclaman algunos de la clase trabajadora (la clase para sí, debe ser) pero quienes les votan son otra cosa. También es curioso que, con todo lo que se le llama al PSOE en las redes sociales, sea el partido que más votos recoge de la clase trabajadora, 53,6% de sus votantes por un 40,1% de Podemos. Los cuales en su mayoría, como pone al descubierto la encuesta, provienen de IU. Las clases medias en el PSOE suponen un 34,7% de los que les votan. Por tanto sigue siendo “obrerista” e indica que podría crecer un poco más en la clase media urbana de las ciudades de entre 100.000 y 400.000 habitantes. Incluso en las de más de 1 millón.

Otro dato curioso es que los que votan al PSOE son más pobres que los que votan a otros partidos, mejor dicho, ganan menos. Lo cual es indicativo. El grueso de los votantes del PSOE gana entre 301 a 1.200 euros netos. Los de Podemos de 901 a 2.400 euros netos. Paradójico que los votantes de En Comú Podem ganen en su mayoría entre 1.201 euros hasta 2.400 euros netos, similar al votante medio de Ciudadanos. Cuando Francisco Frutos les llama hijos de la burguesía no se equivoca demasiado.

Los electores que se definen como socialistas, que en su mayoría apoyan al PSOE, viven en municipios de entre 2.000 a 100.000 habitantes mayoritariamente. Aunque mantiene buenos porcentajes en las urbes más grandes. Podemos, sin embargo, concentra a sus votantes en municipios de más de 400.000 habitantes, sin dejar de tener buenos porcentajes de apoyo en municipios de 50.000 en adelante.

Existe un último dato que los medios no han ofrecido, cual es el voto directo más simpatía directa. En voto directo PP y PSOE estaban empatados, pero en ese segundo escalón de análisis el PSOE adelanta al PP. Los socialistas obtienen el apoyo del 19,7% y el PP del 18,5%. Podemos y confluencias sumaría el 12,9% y Ciudadanos el 12,6. Por tanto, la proyección otorgando más voto oculto al PP, por gobernar, podría estar encubriendo otro tipo de movimientos o tendencias a futuro. Ahora bien ¿tendencias a subir el PSOE?, ¿Ciudadanos? De momento lo que queda claro es que el PSOE tiene una tendencia al mantenimiento de su electorado por lo que el crecimiento es factible (depende de Ferraz). El aumento de Ciudadanos habría que tomarlo con más cautela y revisar bien los editoriales de los periódicos (salvo ABC), porque ahí es donde se expresa el deseo de la clase dominante que los apoya y financia.

Podemos exige al Gobierno que actúe para que Israel no vulnere los derechos de los niños palestinos

Ramón Espinar, portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos, ha recibido al presidente de Israel, Reuven Rivlin, que ha realizado esta mañana una visita oficial al Senado, con una camiseta con el lema «No es forma de tratar a un niño», en referencia al caso de Nour Kayed Faiq Issa, de 16 años de edad, detenido «por razones de seguridad». Israel es un país que mantiene, en la actualidad, a 300 niñas y niños en cárceles y centros de detención. Algunos, incluso, como Kayed, son detenidos sin cargos ni juicio.

Foto: David Corral

Israel juzga a los niños y niñas palestinas en una Corte Militar con un sistema discriminatorio y con apartheid, en el que cuentan con derechos diferentes, según la zona donde viven y frente a los niños y niñas israelíes.  Según constatan los informes de UNICEF, Addameer, ONGs israelíes como B’Tselem y HaMoked, los niños y niñas palestinas sufren malos tratos generalizados, violencia psicológica, abusos y torturas.

También sufren, como toda la población palestina, las consecuencias de la ocupación israelí:  500 muertos, 3.374 herido y 1.314 en situación de orfandad en Gaza en 2014, por acciones del Ejército en controles y manifestaciones o son atacados por los colonos, 10 sólo de enero a julio de 2017, según Defence for Children International Palestine; no tienen el mismo acceso al agua que los niños y niñas israelíes, sus hogares y escuelas son destrozados en Gaza y Cisjordania, como sucedió hace apenas un mes en Jub Al-Dib, cerca de Belén.

La “tortura y otros tratos o castigos inhumanos, crueles o degradantes” están prohibidos expresamente por el artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño. En 2013, Israel fue conminado a acabar con la construcción del Muro y el bloqueo a Gaza, erradicar la tortura y aplicar justicia juvenil sin discriminación en las conclusiones del examén periódico del Comité de los Derechos del Niño.

El Grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha registrado una batería de acciones parlamentarias para que el Gobierno del PP le haga llegar al presidente de Israel sus obligaciones en derecho internacional y se interese por la liberación del niño Nour Kayed Faiq Issa.

Además, Espinar le entregó a Rivlin una carta condenando la detención de Kayed e instando a Israel a cumplir con las convenciones internacionales de derechos de la infancia.

Susana Díaz y sus consejerías llevan ya 10.000 funcionarios nuevos

El Consejo de Gobierno ha aprobado una oferta de empleo público de 2.101 plazas para la Administración General de la Junta de Andalucía, que incluye 961 puestos de acceso libre (verdadera oposición) y 1.140 de promoción interna. Esta cifra supone llevar al 100% la tasa de reposición de efectivos establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 para las especialidades y cuerpos considerados esenciales en el funcionamiento de los servicios públicos, mientras que para el resto de los sectores el límite máximo es del 50%. Los procedimientos selectivos comenzarán a desarrollarse a partir del último cuatrimestre del próximo año.

Está aprovechando la Junta para convocar todas las plazas que le permiten los Presupuestos Generales del Estado. En Sanidad y Educación la dotación ha sido de 8.122 plazas totales en 2017. Que junto a las 2.101, sitúan el crecimiento en 10.223 plazas de funcionario nuevas.

La oferta aprobada para la Administración General, que ha sido negociada con las organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial y en la comisión del convenio laboral, se concentra en áreas prioritarias como el control y la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social; el asesoramiento jurídico, y la gestión y control de los recursos públicos. Destacan también los puestos vinculados a la prevención y extinción de incendios forestales; seguridad y emergencias; investigación y desarrollo científico y tecnológico; asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, y gestión de políticas activas de empleo. En cuanto al personal laboral, la oferta prevé la incorporación de efectivos a sectores esenciales vinculados a la salud, la educación o la asistencial-social.

De las 961 plazas de acceso libre aprobadas para este año, 538 serán para funcionarios y 423 para personal laboral. Dentro de las primeras, la distribución es la siguiente: 40 para el Cuerpo Superior de Administradores Generales; 40 para Administradores de Gestión Financiera; 95 para Cuerpos Superiores Facultativos (Ingenieros agrónomos e industriales, Veterinarios, Medicina del Trabajo, Estadística, Geografía, Letrados de la Administración Sanitaria, Medio Natural, Inspección Sanitaria e Investigación Agraria y Pesquera); 5 para Letrados de la Junta); 60 para el Cuerpo de Gestión Administrativa; 30 para Cuerpos de Técnicos de Grado Medio; 76 para el Cuerpo General de Administrativos; 40 para Agentes de Medio Ambiente, y 152 para Auxiliares Administrativos (41 reservadas a personas con discapacidad intelectual).

Por su parte, los 423 puestos de acceso libre para personal laboral se distribuyen entre los siguientes grupos: 23 serán para el Grupo II (educadores, educadores de Centros Sociales y educador Infantil); 111 para el Grupo III (dirección de cocina, monitores escolares, oficiales primera de Oficios y Técnico Superior de Educación Infantil); 59 para el IV (auxiliares de cocina, enfermería y de instituciones culturales y oficiales de segunda de oficios), y 230 para el V (auxiliares sanitarios, personal asistente en restauración, limpieza y alojamiento, servicios generales y de oficios).

Finalmente, de los 1.140 puestos previstos de promoción interna, 600 se destinan a favorecer la carrera profesional de los funcionarios a través del acceso a cuerpos superiores, mientras que 540 son para el personal laboral. Por tanto sólo estas 540 personas consolidarán plaza.

Nueva polémica Ciudadanos – PP en Lorca

El Concejal-Portavoz de Ciudadanos en Lorca, Antonio Meca ha exigido al Gobierno Regional que “cumpla la palabra dada por su presidente Fernando López Miras en septiembre pasado y firme el convenio con el Ayuntamiento de Lorca de los 7 millones de euros que faltan para la finalización total de las obras de Santa Quiteria”.

Meca advierte al  equipo de Gobierno del “alto riesgo que existe de que a 31 de marzo de 2019 no esté acabada la segunda fase del Auditorio, porque no cumplir con este plazo tendría como consecuencia que la obra se quedara a medias y que tuviéramos que devolver los 5,6 millones de euros de los fondos FEDER destinados a la construcción de la primera fase, que junto con los 1,4 millones procedentes de la lotería de los terremotos de 2011, suman los 7 millones de lo realizado hasta ahora”.

Añade Meca que “es urgente” la firma del convenio de la segunda fase para poner en marcha los procesos de licitación y adjudicación de las obras que podría llevarse unos seis meses. Esto –agrega el representante de Ciudadanos- supondría que se llegaría al verano de 2018 sin empezar las obras y se dispondría de escasamente nueve meses para la total finalización de las mismas”.

“El retraso en la firma del convenio, la licitación y adjudicación de las obras y por tanto la conclusión del proyecto, puede originar un quebranto económico para el Ayuntamiento si tuviéramos que devolver los 5,6 millones de euros de los fondos FEDER”

Actualmente se está trabajando en la terminación de la nave de la zona expositiva y la urbanización del entorno. Y a este respecto Ciudadanos ha solicitado el poder visitar las obras del Auditorio junto con los técnicos correspondientes” indica el Concejal.

Desde el Grupo Parlamentario de la Asamblea Regional preguntarán al Gobierno Regional sobre este compromiso.

Por su parte, Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, ha informado que el Ayuntamiento y la CARM están trabajando en la redacción del convenio que permitirá destinar 7 millones de euros de inversión para el equipamiento integral del Centro de Ferias y Congresos de Santa Quiteria, un avance que permitirá culminar la construcción de esta infraestructura y ponerla a disposición de todos los lorquinos en el segundo semestre del próximo año, si no surgen imprevistos de relevancia.

El Primer Edil ha manifestado que el pasado mes de septiembre «conseguimos el permiso de Bruselas» para que estos 7 millones se puedan emplear en estas instalaciones. Desde ese momento los técnicos de ambas administraciones comenzaron a trabajar en la redacción del convenio, cuyo texto se está ultimando. «Hemos otorgado máxima celeridad y urgencia a esta cuestión para que la apertura del nuevo Centro de Ferias y Congresos sea posible cuanto antes».

Fulgencio Gil ha anticipado que el trabajo conjunto de Ayuntamiento y CARM, ha contado con la implicación directa del Presidente de la Región, el lorquino Fernando López Miras, que ha impulsado esta actuación de forma especial. «Esta labor ha permitido despejar cualquier duda respecto a la financiación, otorgándonos total y absoluta tranquilidad. Quiero señalar, además, que la contratación del equipamiento conlleva un proceso más sencillo y rápido que el que habitualmente exige las obras, un factor que también juega a nuestro favor. Nuestro objetivo es iniciar el equipamiento a la mayor brevedad posible para que el Centro de Ferias y Congresos, que ha levantado mucha expectativa y atracción tanto en nuestra comarca como en la Región de Murcia y provincias cercanas, pueda celebrar, entre otras, las próximas ediciones de Feramur, Fericab y Sepor».

El Alcalde ha agradecido el interés mostrado al respecto por el partido C´s, y ha destacado que «ahora estamos más cerca que nunca de contar con el Centro de Ferias que los lorquinos nos merecemos. Se trata de una obra emblemática  demandada por parte de los diferentes colectivos sociales. Además, dotar a Lorca de esta infraestructura de servicio hace que la ciudad remarque su carácter de capital subregional y fortalezca su perfil como ciudad de ferias y congresos».

Gil ha destacado que desde el Ayuntamiento de Lorca «vamos a seguir  los proyectos que los lorquinos merecen. Este es el momento de Lorca y por ello vamos a seguir impulsando nuevas actuaciones que beneficien a nuestro municipio y contribuyan a subrayar nuestra capitalidad comarcal. Hay que seguir apoyando la implantación en nuestro término municipal de este tipo de iniciativas, que se están generalizando como ejemplos más concretos y destacados de innovación y desarrollo dentro del principal motor económico y laboral”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya está invirtiendo 11 millones de euros para hacer realidad una obra profundamente beneficiosa para todos los lorquinos. De hecho hasta el momento se ha completado la primera fase, que supuso una inversión de 7 millones de euros, financiados con fondos europeos y parte del importe obtenido por el Ayuntamiento gracias al sorteo extraordinario de lotería nacional celebrado a beneficio de Lorca. En los últimos meses se están ejecutando los trabajos incluidos en la fase de urbanización (4 millones €), que se dividen en dos apartados: la construcción de la nave de muestras y la urbanización del recinto, así como la urbanización de las calles colindantes (Horno, Santa Quiteria y Pintor Salvador Zamora) y la instalación de un nuevo colector para la Alameda Virgen de las Huertas).

Una vez concluidas todas las fases de obras para levantar este nuevo equipamiento, se habrá aumentado la capacidad expositiva del Centro de Ferias, que pasará de los 5.010 m2 que tenía el anteriormente a 8.600 m2 (incluyendo una zona que podría subdividirse para realizar encuentros o instalar ferias y otra específica para exposición ganadera).

El alcalde de Murcia rompe el diálogo con la Plataforma Pro Soterramiento por llevarle ante los tribunales

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dado por roto el diálogo con la Plataforma Pro Soterramiento de la ciudad por denunciarle ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) por posible «prevaricación» en relación con las obras del AVE. El alcalde asegura buscará «otros interlocutores porque la otra parte ha dinamitado el diálogo».

El colectivo vecinal considera que las administraciones públicas podrían estar incurriendo en un delito de «prevaricación por dejación» de sus funciones, al no dar cumplimiento a un acuerdo adoptado en el pleno municipal de julio de 2016 para pedir la paralización de las obras.

José Ballesta afirma que ha dedicado muchas horas en reuniones, viajes y en intentar alcanzar ese diálogo, pero la denuncia, por la vía penal, impide que siga por ese camino. La denuncia es por delitos tan graves como la prevaricación «y por lo tanto, cualquier cosa que digas puede ser utilizada posteriormente en tú contra».

El pleno municipal aprobó, sin el apoyo del PP que gobierna en minoría, que los servicios jurídicos municipales interpusieran un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, al considerar que el proyecto para soterrar las vías del tren no cuenta con las garantías legales por carecer de la obligatoria memoria de impacto ambiental.

Por otra parte, Ballesta ha lamentado los nuevos actos vandálicos este fin de semana y afirma estar preocupado por el peligro que pueden correr los vecinos de la zona ante estos incidentes, la posibilidad de que afecte a los trenes que circulan y, también «que colapsen las obras del soterramiento».

La plataforma Pro Soterramiento afirmó que ya no consideraba «interlocutores válidos» a la Comunidad Autónoma y al ayuntamiento de Murcia y que solo mantendría contactos con el Ministerio de Fomento.