domingo, 12 abril, 2026

Cataluña muestra la enfermedad infantil del izquierdismo

Lenin escribió, con toda la mala leche con la que pudo, una crítica terrible contra el izquierdismo que había en muchos de los partidos comunistas que se iban constituyendo al abur de la revolución rusa. La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo era su título. En la actualidad el izquierdismo hace su aparición como consecuencia de la experiencia de la independencia catalana y vuelve a mostrar que, como en su momento criticaba Lenin, hay mucho infantilismo izquierdista en las propuestas de esa izquierda obnubilada ante lo que allí acontece.

Frente a un PP y su calco naranja, Ciudadanos, que defienden una idea de España, atrasada, reaccionaria y totalitaria, gran parte de la izquierda, olvidando su seña internacionalista, se ha lanzado a defender el derecho de autodeterminación (utilizando el eufemismo del derecho a decidir) y a pasar por encima de las leyes en su lucha contra un Gobierno corrupto, austericida, vendido a la facción dominante del bloque en el poder (la clase financiera). Esas mismas leyes, que mal que bien protegen los pocos derechos que les quedan a las clases populares, no son nada si se piensa que hay que derribar al gobierno por todas las vías.

Derecho de autodeterminación.

Desde finales de los años 1960s, la izquierda ha utilizado el derecho de autodeterminación como lanza contra el franquismo, contra la idea de España imperial, contra la idea de España como destino común, en una actitud que realmente no sentían como propia, sino como estrategia mutilante de un relato que se había inoculado en el inconsciente colectivo español. Las izquierdas en España, salvo excepciones, siempre han defendido el federalismo y la disolución de lo nacional en otros parámetros diferentes (clase, progreso, etc.). Cuando todo el mundo sabía que el derecho de autodeterminación fue utilizado tanto desde la derecha, los EEUU de Wilson para disolver los Imperios europeos y constituirse ellos como el Imperio, como desde el comunismo para disolver esos mismos imperios europeos y construir estados prosoviéticos. Se avivaron los nacionalismos en esos países oprimidos para derribar Imperios y construir otros Imperios.

Actualmente, el izquierdismo ha vuelto a retomar el derecho de autodeterminación como lanza de batalla contra la ola neoliberal, globalizadora y conservadora (sí, todo a la vez), pero no porque apoye una clara defensa de esos “derechos identitarios” en sí, sino como estrategia para otros fines. En el caso catalán, se prefiere utilizar el eufemismo derecho a decidir, lo que conlleva una enorme contradicción. Decidir casi nadie puede, desde un individuo a una clase social, por sí por las numerosas constricciones sistémicas. Sólo con ver la salida de empresas de Cataluña se ve que el derecho a decidir quedaría en muchos aspectos condicionado.

Pero es que, además, no se explica correctamente lo que significa en cada caso. En Podemos defienden ese derecho claramente como una posibilidad de independencia de Cataluña. Aunque ellos desearían, como ha declarado en numerosas ocasiones Ada Colau, una república independiente coaligada a España. Vamos una especie de Estado libre asociado. Desde el PSOE, el derecho a decidir lo defiende con fiereza José Antonio Pérez Tapias, pero no significa derecho a independizarse, sino algo mucho más irrisorio. Los catalanes tienen el derecho a decidir si se quedan o si se van. Si decidiesen irse tendrían que volver a votar en un referéndum de autodeterminación. Así se puede entrar en un bucle de decidir sí y no a la vez. La característica, que expone en sus escritos, es que en el primer caso se les daría una alternativa a quedarse y en la segunda sería sí o no. Y ¿por qué no se expone el dilema en un primer paso y así se ahorran decisiones sobre decisiones? Ya que podría darse el caso de rechazar la alternativa y rechazar irse con lo que el conflicto no se resolvería.

Pero ¿es el derecho de autodeterminación de los pueblos/naciones de izquierdas? No. Hay millones de liberales en el Mundo que lo apoyan. Como millones de buenistas. Como millones de nacionalistas. Pero ninguno de esos casos suponen hacerlo en el sentido progresista de la historia. Lo hacen por cuestiones ética o estratégicas. A la izquierda qué más le da que existan más o menos naciones. La izquierda desea que no haya explotación en sus diversas manifestaciones. Pero queda muy bien defender ese derecho como algo izquierdista y no como algo racional y justo, que sería otra cosa.

Naciones oprimidas

Todo este dilema viene determinado porque se considera que las naciones que componen el Estado español están oprimidas, especialmente por otra nación. Hasta el momento no habrán podido leer ninguna definición de nación por parte de todos los izquierdistas. Igual ni se lo han planteado y no hace falta para defender, bajo el izquierdismo, la nación catalana (o la gallega). Si se consideran oprimidas hay que defenderlas, sin importar cómo son esas naciones que se defienden. Sí, porque la forma de la nación importa.

Se critica que la nación española es aberrante, reaccionaria, imperial y todas las cosas que se desean como malas. La nación española es conservadora y ya. No se valora que el sentimiento nacional es diverso entre los y las que se califican como españoles y españolas. La “nación España” es totalizante, en el sentido de que intenta ocupar todas las esferas de la vida. Algo que en España es completamente falso. En cambio, la “nación catalana” supone un aire de libertad al luchar contra la opresión de las hordas conservadoras del PP. Por eso los izquierdistas intentan vaciar de contenido la “nación España” para dotar de todo contenido la “nación Cataluña”. Sin embargo, no se percatan que esa nación “oprimida” es tan totalitaria o más que la nación que están vaciando. La nación Cataluña es reaccionaria, etnicista y totalitaria, porque esta sí pretende ocupar todos los espacios sociales con su nación. Sin permitir a las personas optar.

Es más, como expone Pérez Tapias en su libro Invitación al federalismo, España como nación debe ser entendida de manera laxa y sin una territorialización clara, sino como algo difuso e incluyente. Eso sí, las “otras naciones” pueden ser tan fuertes e implantadas territorialmente como se niega a la primera. De tal forma, como comparten desde Podemos, que España como nación deja de existir incluso para los españoles. Las españolas y españoles deben renunciar a su identidad como nación para acomodar a las demás naciones. O eso dan a entender.

Y no se quedan en eso. Al establecer la “nación Cataluña” en un territorio concreto, se niega que pueda haber otras formas identitarias en ese territorio. Quiebran el Estado-nación general, pero establecen Estados-nación menores. Por tanto no resuelven lo que podría ser aceptable desde una perspectiva de izquierdas. Acabar con los Estados-nación burgueses y del capital y conformar otro tipo de Estados sobre bases fraternales. Y el federalismo es esa solución, siempre y cuando no se permita la creación de esos Estados-nación burgueses menores. Y, desde ese izquierdismo, eso es lo que se alienta. Porque como bien describió Ernest Gellner, las naciones son producto del desarrollo capitalista, bien como afirmación burguesa, bien como reacción.

Más contradicciones

Artículo 155. Los izquierdistas se han negado a su aplicación porque suponía quitar el autogobierno como Comunidad Autónoma a Cataluña. Es más defienden al Govern legítimo como único con capacidad de convocar elecciones. Eso sí, todos se presentan a ellas. Primera contradicción. Incluso dentro del PSC la aplicación del 155, en algunos casos, se ha visto como el gran mal del centralismo del PP. Que el PP sea centralista, y mucho más Ciudadanos que siempre queda obviado en los análisis, no es nuevo. Pero tampoco se puede sostener que el Govern haga lo que quiera, incluso proclamar la independencia, saltándose las leyes y obviando al 65% de la población. No es que se quite el autogobierno, sino que se cesa a unos cafres políticos. Lo cual es bien distinto. En el momento en que hay elecciones, ya hay vuelta al autogobierno.

La defensa del “Govern legítimo”, como han hecho todos los izquierdistas, supone no respetar a la gran mayoría de la ciudadanía catalana. Toda esa, así sea fascistoide, que está quedando fuera de la decisión de unos y otros. Parece que, para los izquierdistas, todos los catalanes son nacionalistas, en mayor o menor grado, y que no existen españoles, regionalistas o gente sin identidad nacional definida. El izquierdismo, con su infantilismo ideológico y teórico, sólo ve un gobierno y un pueblo, cuando la ciudadanía catalana ni se ve reflejada en ese Govern, ni es mono-identitaria. Es plural y desea que esa pluralidad se respete. Y eso el izquierdismo, volcándose en un solo lado, no lo percibe ni defiende.

Políticos presos/presos políticos. La última estupidez del izquierdismo es proclamar que los ex-consellers presos lo son por sus ideas políticas y no por las barrabasadas que vienen cometiendo. Parece que para el izquierdismo saltarse la constitución y el propio Estatut es lo normal y no debe tener consecuencias. Seguramente no dirían lo mismo si unos fascistas declarasen la independencia de Asturias, por ejemplo. Ahí pedirían mano dura con los insurgentes. Pero no hay nada como tener una lucha, como la que tuvieron al final del franquismo, para sentir que se está disolviendo, o desconstituyendo, el “régimen del 78”, una dictadura escondida dominada por los hijos del franquismo. Por tanto, negar la realidad de la vulneración de las leyes no importa. Es mejor esa negación que perder la oportunidad de una lucha contra el régimen.

Pero esta lucha tiene una contradicción enorme para la izquierda, se acaba apoyando a la burguesía catalana. Porque eso es lo que hacen, apoyar una ilusión burguesa y una nación burguesa, ya que la clase trabajadora, las clases subalternas o las clases populares no son independentistas. Es más, pensar lo catalán como vía de la revolución es estúpido e infantil. La clase trabajadora seguirá siendo explotada, seguirá siendo una clase extractiva, seguirá siendo parte de los parias de la Tierra. No nos engañemos, tanto el PDeCAT como ERC, y en parte las CUP, no dejan de ser los hijos e hijas de la burguesía y las clases directivas de la Cataluña empresarial. Claro que no hay nada más contradictorio que las CUP que se dicen anarquistas y son nacionalistas que apoyan a burgueses, a la casta del 3%.

Apoyo a la huelga general. Pero si hay una circunstancia que es repugnante para la izquierda es el apoyo, soterrado en algunos casos, y directamente en otros de la Huelga General convocada para pedir la libertad del ex-Govern. Toda huelga es política en sí como parte de la lucha de clases. Como lo son los convenios colectivos y otras tantas cuestiones laborales. Pero una huelga política para cuestiones identitarias y sobre presos que han vulnerado la ley, guste más o menos esa ley, no es una huelga. Utilizar a la clase trabajadora para fines ajenos a esa clase supone otra de las muestras de ese izquierdismo que atenaza a parte de la izquierda. Es diluir lo que es un instrumento de clase en una lucha de la burguesía y la casta del 3%. Alguien de izquierdas puede apoyar un paro pero jamás una huelga de carácter identitario. Porque se pide la libertad, no por haber sido encarcelados por sus ideas, sino porque han hecho de su capa un sayo y haberse saltado todas las reglas del juego.

Porque esa es otra contradicción que no entienden los izquierdistas, la Constitución con todas sus fallas y mejoras, marca las reglas del juego que todos y todas hemos aceptado. Sólo cabe el camino de la reforma o, tener la valentía suficiente, de tomar el camino revolucionario. Pero afirmar que lo que es constitucional no es justo según me convenga o no, es izquierdismo barato. Si alguien se las salta paga por ello. Y si el PP es un partido corrupto habrá que echarle del poder por la vía judicial o electoral.

La pena es que un momento histórico para poder reclamar, no sólo derechos identitarios desde la razón, sino derechos sociales y una transformación social profunda, esté desperdiciándose por culpa del izquierdismo de unos cuantos. Síndrome de no haber luchado contra el franquismo, procesos identitarios mal entendidos, federalismo falso, derecho de autodeterminación sin sentido histórico, todo ello y más cosas acaban con una oportunidad de reformar socialmente la Constitución. Porque el bloque histórico que se podía haber logrado, de no insistir en los errores izquierdistas, hubiese permitido un cambio general de España. Ahora, todo quedará en lo que pasa en Cataluña. Porque los austericidas y los que han cambiado identidad por Sanidad son los mismos que han montado todo este jaleo, a uno y otro lado.

La imposición de la unidad de España

En el último mes estamos siendo testigos de cómo la derecha española está, con la necesaria colaboración de un partido presuntamente de izquierdas que ha perdido el rumbo ideológico, aplicando una estrategia ejemplarizante utilizando como brazo armado a la Justicia. Todo ello, además, con el impulso de un Jefe del Estado que antepone los intereses de un gobierno a los valores democráticos de diálogo y consenso aunque no se puede esperar mucho más de alguien que ocupa un cargo que no ha sido elegido por el pueblo a través de uno de los pilares sobre los que se asienta cualquier sistema democrático: el sufragio, sino que representa a la institución que Francisco Franco decidió que le sucediera tras su muerte. Un Jefe del Estado que, por cierto, lo único que ha hecho en toda la crisis catalana es lanzar un discurso incendiario que alentaba más a la extrema derecha que a que se retomaran los canales democráticos de diálogo.

En España, los partidos de la derecha siempre han desconfiado de la descentralización del Estado y, por supuesto, de los partidos nacionalistas. De ahí que durante la creación del actual sistema territorial se implementara un sistema intermedio entre el centralismo y el federalismo que no ha traído más que problemas desde su concepción. Se les ha respetado porque fueron fundamentales en la construcción de la democracia en los años 70 y, además, han mantenido gobiernos tanto conservadores como progresistas cuando los españoles no les dieron la total confianza en las urnas. Recordemos la ridícula expresión de José María Aznar cuando pactó con Jordi Pujol (el mismo al que el PP le gritaba «Pujol enano, habla castellano») en la que «reconocía» que «hablaba catalán en la intimidad», algo que aún genera chanzas e incredulidad por la naturaleza unionista del personaje.

Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en estos días, con dirigentes políticos encarcelados, perseguidos, «huidos», no es más que la consecuencia de la estrategia primera por la que había que destruir a los nacionalismos con «aspiraciones» y generar un sentimiento centralizador en el pueblo a través del aprovechamiento que siempre hace la derecha de un concepto vacío como es el de la Patria.

Del mismo modo en que el Partido Popular creo un plan de negocio para destruir el Estado del Bienestar a través de la generación de una falsa prosperidad entre las clases trabajadoras, un plan que aún está activo y que tiene como consecuencia la pobreza, el hambre y la aceptación de cualquier cosa por parte del pueblo para tener una mínima esperanza de supervivencia, la situación generada por Artur Mas tras la Diada de 2.012 ha sido aprovechada por la derecha para llevar la situación en Cataluña a un punto de no retorno en el que se quiere yugular cualquier sentimiento nacionalista y, por supuesto, independentista.

Han pasado más de 5 años desde que el entonces president de la Generalitat de Catalunya utilizó los sentimientos del pueblo para forzar una negociación sobre las condiciones de la autonomía, las competencias reconocidas en el Estatut «capado» por el PP con su recurso ante el Tribunal Constitucional pero que aún no han sido transferidas a los catalanes, la aplicación de un escenario fiscal similar al que tienen Euskadi o Navarra, además del reconocimiento de la singularidad del pueblo catalán. Un lustro es tiempo suficiente para haber abierto un diálogo y realizado los cambios legislativos necesarios de las conclusiones y acuerdos a los que se llegara en ese consenso democrático que todos los españoles esperamos que se hubiera iniciado.

En cambio, en 5 años no se ha hecho nada. Se podía haber realizado un ejercicio tan democrático como haber permitido al pueblo catalán que expresara su opinión en las urnas, tal y como se ha hecho en otros países como Canadá, Reino Unido o Italia, por citar algunos ejemplos cercanos. Cada cual, con unas circunstancias diferentes, que nada tienen que ver unas con otras, esos países decidieron dar voz al pueblo. Se podía haber llegado a un modelo vinculante o no vinculante de dicha consulta. ¿Había miedo a que la derecha perdiera esa votación? Un partido político de un Estado democrático jamás debe temer la voz de su pueblo ni las consecuencias que se puedan generar en sus filas por el hecho de darle la posibilidad de expresar su opinión.

No hacer nada es un modo de actuar propio de Mariano Rajoy. Sin embargo, en lo referido a Cataluña no se trata de una más, sino que tenía una intención clara: forzar la radicalización tanto de la política como del pueblo catalán para provocar que el Estado tuviera que actuar de manera coercitiva y, de este modo, intentar erradicar al nacionalismo catalán en todos sus niveles ideológicos.

El momento crucial llegó el día 1 de octubre. Las cargas policiales contra gente desarmada cuya única intención era depositar su voto en una urna fue el primer aviso de que iban a por todas. Fue la reacción internacional y las imágenes de gente ensangrentada que copaban las portadas de los principales medios de comunicación del mundo lo que frenó las cargas y los catalanes pudieron continuar votando.

Fue entonces cuando empezó a actuar el aparato judicial. Es cierto que muchas de las personas encarceladas han incumplido la ley española y que, como cualquier otro ciudadano, deben respetar. No obstante, ¿qué es lo que ha provocado que se haya llegado a esta situación? La negación del diálogo. ¿Por qué se ha negado ese diálogo? Porque había intereses políticos y, lo que es más peligroso, ideológicos.

La derecha española, junto con un partido presuntamente progresista que vaga sin rumbo por su indefinición ideológica, ha aplicado su martillo deontológico utilizando uno de sus tótems: la unidad de España, al igual que en su momento usaron de manera indiscriminada y miserable el dolor de las víctimas del terrorismo. Se está buscando claramente que el sentimiento patriótico cale en el pueblo para, en el próximo nivel, atacar la propia descentralización del Estado y la actitud ejemplarizante contra Cataluña no tiene otro objetivo que la vuelta al centralismo.

Esta actitud, por más que parezca que ha calado en el pueblo español, es un error gravísimo porque no se va a yugular el sentimiento nacionalista o independentista catalán. Los dirigentes políticos y encarcelados han pasado a ser tomados como mártires, represaliados o presos políticos, conceptos los dos últimos que no se corresponden con la realidad pero que, de cara al pueblo, sí que pueden ser catalogados como tales.

El nacionalismo y el independentismo catalán siempre quisieron meter en la cabeza de su pueblo la idea de que España les invadió en el siglo XVIII, algo que, históricamente, es muy cuestionable. Sin embargo, la aplicación del artículo 155, las detenciones, los encarcelamientos, sí que ha dado argumentos de peso para mantener esa interpretación de la conquista. Un error político de cara a Cataluña, un éxito ideológico para la derecha española, una catástrofe para la democracia.

Otro aspecto a analizar es cómo un problema político que se podría haber evitado a través del diálogo y del consenso es el papel que está jugando la Justicia y cómo la están utilizando los partidos de la derecha para dar una justificación a su actitud frentista. Un problema político no puede solucionarse en los tribunales sino a través de las herramientas democráticas que nuestro sistema nos otorga. La Justicia ha actuado en base a la ley pero el encarcelamiento de una parte del Govern es un error político que no se le puede achacar a la jueza Lamela sino a quienes han sido los verdaderos instigadores de la situación, a los verdaderos culpables que han preferido un duelo de muflones al diálogo.

La Plataforma Pro Soterramiento denuncia por prevaricación en las obras del AVE al presidente y al alcalde de Murcia

La Plataforma Pro Soterramiento presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, por posible «prevaricación» en relación con las obras del AVE.

Según el portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, tras presentar la denuncia, el colectivo vecinal considera que las administraciones públicas podrían estar incurriendo en un delito de «prevaricación por dejación» de sus funciones, al no dar cumplimiento a un acuerdo adoptado en el pleno municipal de julio de 2016 para pedir la paralización de las obras.

El pleno municipal aprobó, sin el apoyo del PP que gobierna en minoría, que los servicios jurídicos municipales interpusieran un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, al considerar que el proyecto para soterrar las vías del tren no cuenta con las garantías legales por carecer de la obligatoria memoria de impacto ambiental.

Contreras ha recordado que la única memoria ambiental que hay redactada se refiere al proyecto que contemplaba el protocolo firmado en 2006 para la llegada del AVE, pero ese proyecto, ha dicho, solo coincide con el que se está llevando a cabo en la actualidad en un 18 por ciento.

Por ese motivo, la plataforma considera que la memoria ambiental no es válida para las obras actuales, además de que estaría caducada, pues fue redactada hace más de cuatro años.

«A pesar de esa ilegalidad, la obra sigue adelante para la llegada del AVE en superficie con la promesa de un soterramiento posterior», ha lamentado Contreras, que ha recordado que aunque los servicios jurídicos municipales redactaron el recurso, este sigue en fase de presentación de la demanda.

Las obras deberían paralizarse

En su opinión, las obras deberían paralizarse hasta la resolución del contencioso, puesto que de lo contrario podría ocurrir que cuando el caso se analice en los tribunales, la obra esté ya ejecutada, aunque la justicia dictaminara que es ilegal, ha añadido.

La plataforma ya interpuso en 2016 una demanda en este sentido que la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia trasladó a la Audiencia Nacional, donde el juez interpretó que el fiscal no tenía legitimidad para llevar este asunto, ha indicado Contreras.

«La Audiencia no entró en el fondo de la denuncia, no la rechazó como se ha dicho desde las administraciones públicas, solo rechazó la legitimidad del fiscal de medio ambiente», ha señalado, motivo por el cual han decidido recurrir de nuevo a la vía judicial.

Respuesta del Ayuntamiento

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Gobierno municipal, la portavoz de ayuntamiento, Rebeca Pérez, ha lamentado que la plataforma, «que nació con el objetivo del soterramiento, entre ahora en una contradicción al querer parar las obras».

El acuerdo adoptado en el pleno, ha dicho, instaba a trasladar al consejo de administración de Adif la propuesta, como así se hizo, pero actualmente «el soterramiento está más cerca que nunca» y las obras comenzarán el próximo 15 de noviembre, tal y como anunció el presidente de Adif, Juan Bravo.

Por ello, ha insistido en que el ayuntamiento seguirá trabajando para sacar adelante este proyecto, cuyos plazos se están cumpliendo.

«EL Gobierno municipal sigue trabajando» y «la plataforma pro soterramiento incurre en una contradicción»

Es la respuesta de la portavoz del Gobierno Rebeca Pérez tras conocerse la denuncia de la plataforma pro-soterramiento en la fiscalía. Según el ejecutivo municipal, la plataforma está incurriendo en una contradicción porque a la vez quiere el soterramiento y sus acciones judiciales pueden paralizarlo.

El Consejero de Fomento ha hablado también de este asunto y ha dicho que «tiene la conciencia tranquila porque el objetivo del soterramiento está cumplido».

La Junta se queja ahora del AVE de una vía almeriense

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha manifestado, durante el acto de conmemoración del XX aniversario de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) en Costa de Níjar (Almería), que el AVE de una sola vía que llegará a Almería, como parte del Corredor Mediterráneo, es “del todo insuficiente”. De este modo, la Junta de Andalucía, por medio de Rodrigo Sánchez Haro, llega tarde a las protestas de la Mesa del Tren y de la oposición (PSOE, IU) almeriense, como ya se ha reflejado en estas páginas.

En la Junta de Andalucía, aún en mayo, casi se apostaba por otro tipo de corredor ferroviario. Comenzando en Algeciras, sí, pero con un destino interior y radial, no circular. Así lo expresó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en diversos foros. Fue la implicación de numerosos empresarios mediterráneos, que ha hecho cambiar en cierto modo las pretensiones del gobierno estatal, la que ha posibilitado esa apuesta por el Corredor Mediterráneo. Hay que recordad, en este sentido, que en la reunión de empresarios en Almería, la presencia de los responsables del PP fue nula, inexistente, y tampoco la Junta se implicó demasiado, enviando solamente a la delegada de la institución.

Ahora que el Corredor Mediterráneo es una realidad, mal construida según dicen los promotores del mismo, aunque maravillosa según el ministro de Fomento, la Junta reclama un AVE digno y similar al que disfrutarán el resto de destinos. Ya lo advirtieron desde la Mesa del Tren, no querían un AVE de segunda categoría. Es más, siguen exigiendo la conexión con Granada, algo que no contemplan desde el Gobierno central y no ha sido defendido con fuerza desde la Junta de Andalucía.

En otro orden de cosas, Sánchez Haro ha defendido la construcción del puerto seco de Níjar, donde la Junta de Andalucía ha puesto numerosas expectativas como nodo logístico. Por este motivo ha exigido al Gobierno del PP “un proyecto adecuado a las necesidades de la comarca” y del nuevo nodo logístico. Cabría preguntarse, entonces, si es el nodo el que provoca las quejas por el AVE y no al revés.

España multiplica por cuatro su inversión en paraísos fiscales

La inversión internacional hacia paraísos fiscales crece año tras año a un ritmo mucho mayor al que lo hace la economía productiva. El dinero que viajó a estos territorios ha aumentado un 45 por ciento entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo período. Desde 2001 se ha multiplicado por cuatro.

Según denuncia Oxfam Intermón en su informe El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad, estos territorios son un claro aliado a la actual crisis de desigualdad, porque son una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo.

A pesar de que en los últimos años los beneficios de las empresas internacionales se han triplicado, este incremento no se ha visto reflejado en su contribución tributaria. Según datos de la OCDE, entre 2007 y 2014 los ingresos fiscales sobre los beneficios empresariales cayeron del 3,6% del PIB al 2,8%.  En ello juegan un papel fundamental los paraísos fiscales. El director general de Oxfam Intermón, José Manuel Vera, lo deja muy claro: “Esta caída en la recaudación se debe en gran medida a su juego perverso, que les permite reducir al mínimo su contribución a las arcas públicas, lo que supone inmensas pérdidas de recursos fiscales esenciales para poner en marcha políticas públicas que permitan el desarrollo de millones de personas y aviva así la actual crisis de desigualdad”.

Oxfam calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar 6 millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niños y niñas.

“Las consecuencias que tienen estas dinámicas en los países en desarrollo son todavía más graves, ya que cuestan vidas y cercenan oportunidades de desarrollo, impidiendo luchar de forma efectiva contra la desigualdad”, señala José Manuel Vera. Solamente en América Latina, si se gravaran los dividendos de capital de las grandes fortunas latinoamericanas, se podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas, equivalente a la población pobre de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

España, líder en desigualdad

La inversión española hacia paraísos fiscales entre 2015 y 2016 se ha multiplicado por cuatro. En la actualidad, uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal. Eso supone que la contribución de las empresas multinacionales al total de recaudación es cada vez menor, por lo que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, las rentas del trabajo y el consumo.

Según el informe de Oxfam, paraísos fiscales, fraude fiscal y reforma del Impuesto de Sociedades son tres de las causas que lastran la recaudación y trasladan el peso desde las grandes empresas hacia los trabajadores y las trabajadoras. La bajada del Impuesto de Sociedades ha supuesto la pérdida de 23.000 millones de euros desde 2007. Harían falta tan sólo 12.000 millones de euros para pagar la renta mínima a todas las familias que en la actualidad no tienen ingresos.

“En España —explica el José Manuel Vera— tenemos una brecha de recaudación de 6 puntos frente a los países de la zona euro. No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas, porque eso supone dejar en la cuneta la lucha contra la desigualdad y, con ello, a millones de personas. Hay que recordar que España es el país de la UE en el que más ha crecido la desigualdad, después de Chipre”.

Oxfam Intermón califica como necesaria en España una ley de evasión fiscal que ponga fin a la evasión y elusión fiscal de grandes empresas y grandes fortunas. Por ello, pide al Gobierno, al Parlamento y a las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales que definan y aprueben de forma urgente esta norma.

Los objetivos de esa ley deben de ser, entre otros, adoptar una definición sobre paraísos fiscales vinculante y elaborar una lista en la que se establezca claramente cuáles son, reducir la evasión y elusión fiscales a la mitad en el plazo de 5 años. Asimismo, lograr que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal en vigor y supere la presión fiscal que soportan las Pymes.

Además, promover que la contratación pública penalice a grandes empresas que operan en paraísos fiscales, uniéndose a la propuesta de la organización sobre zonas libres de paraísos fiscales.

La paja del arroz sirve para recuperar los suelos quemados

El Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la Comunitat Valenciana entiende que la paja del arroz debe ser incluida dentro de las actuaciones para restaurar el suelo de los montes quemados. De esta forma dicen desde el CEAM se evitaría la degeneración de ese suelo quemado y evitaría los procesos de erosión que suelen generarse después de esas desgracias ecológicas.

Así se ha expuesto en el encuentro celebrado en Gátova, durante una jornada de voluntariado experimental para realizar un tratamiento de restauración con este residuo de una serie de zonas seleccionadas del incendio en la misma localidad este verano. A tal evento ha acudido directora general de Prevención de Incendios Forestales, Delia Álvarez, quien ha puesto en valor este tipo de práctica.

Estas zonas manifiestan un elevado riesgo de degradación, de modo que se está experimentando acolchar con paja de arroz para evitar que se incremente la erosión. El proceso consiste en fijar la paja y extender restos de podas o desbroces para acumular ramaje encima y evitar, así, pérdidas por el efecto del viento.

En zonas quemadas, la distribución de acolchados de residuos vegetales en superficie (paja u otros restos triturados de poda o de madera quemada) como cubierta protectora del suelo es una aplicación útil en aquellas zonas donde se combinan una mayor dificultad de regeneración después del incendio y un elevado riesgo erosivo. En estas condiciones es importante que la restauración proporcione al suelo una rápida cubierta que pueda controlar los procesos de degradación.

En general, siempre será preferible utilizar materiales del propio monte quemado, particularmente el triturado de restos quemados, pero en determinadas condiciones el uso de la paja de cereal puede constituir una alternativa viable. Y esta alternativa quiere defenderla Álvarez como parte del trabajo de reforestación de la Comunitat Valenciana.

La gestión de los residuos derivados del cultivo del arroz en la Albufera presenta unas complejas implicaciones económicas, ambientales y sanitarias, con gran repercusión en la sociedad valenciana. Es por ello que, con el objetivo de reducir los impactos derivados de las miles de toneladas de paja que cada año se producen, investigadores de la conselleria están desarrollando un marco de diversificación de usos para intentar reconvertir este residuo en un recurso.

La figura del Interlocutor Policial Territorial frenará las agresiones a los sanitarios murcianos

La Región de Murcia contará con la figura del Interlocutor Policial Territorial contra las agresiones a sanitarios. Y es que este grave problema ha visto como en los últimos tiempos el número de casos ha ido creciendo en casos como el de un paciente pegando un puñetazo al médico que le atiende en urgencias o amenazando a la trabajadora social con una pistola, e incluso como familiares de pacientes cerrando la puerta de la habitación golpeando al enfermero.

La decisión de poner en marcha esta figura nació tras la reunión mantenida entre la Organización Médica Colegial, OMC, el Observatorio Nacional de Agresiones, representantes del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios con el Ministerio del Interior del Gobierno de España, quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de trabajar conjuntamente para erradicar la violencia en el ámbito sanitario e implicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta problemática.

Los Interlocutores serán expertos designados por las diferentes Unidades de las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil y asumirán la responsabilidad de la coordinación, cooperación, desarrollo y ejecución de las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial correspondiente.

Igualmente, dependerán de un Interlocutor Policial Nacional Sanitario, punto nacional de contacto central que tendrán como misión coordinar, dirigir, canalizar e impulsar la actuación de los distintos interlocutores autonómicos, ya que esta figura ya se ha presentado en varias comunidades.

Asimismo, el protocolo medidas policiales a adoptar frente a este tipo de agresiones incluye la realización de acciones formativas al personal sanitario sobre prevención y autoprotección, haciendo hincapié en las agresiones cometidas en redes sociales tales como injurias, usurpación de identidad, calumnias,etc, además de fomentar la interposición de denuncias por parte de las víctimas.

Desde el Colegio de Médicos de la Región de Murcia pretenden concienciar a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud y sensibilizar a las administraciones públicas y a la sociedad en general ante este grave problema que exige la unidad de todos y, por ello, cuenta con el número deteléfono de asistencia jurídica ‘616-660995’ al servicio de los médicos agredidos y que ofrece asesoramiento gratuito 24 horas.

Del mismo modo, los médicos aseguran que «es responsabilidad del empresario o empleador la protección de su personal en materia de riesgos laborales».

Por último, el Colegio anima a todos aquellos profesionales que detecten deficiencias en la prevención de riesgos o agresiones,informen rápidamente a la autoridad competente y que, en caso de agresión, denuncien en el Colegio.

IU denuncia que el Ayuntamiento de Lorca “suspende” en implantación de la administración electrónica

  La concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, ha criticado que la aplicación de la administración electrónica al servicio de los ciudadanos en los servicios municipales sea “prácticamente anecdótica” en Lorca. Martín ha asegurado que, en plena era digital, hay muchos vecinos que demandan poder realizar trámites con su Ayuntamiento de manera telemática. Sin embargo, en el municipio, “los procedimientos administrativos electrónicos son la excepción, en lugar de la norma”, aseguró.

 

Simplemente con el DNI electrónico o, en su defecto, con la certificación digital que expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que se puede obtener también por Internet, cualquier vecino podría realizar gestiones telemáticas con el Ayuntamiento en su propio domicilio, lo que significaría, además de una gran comodidad para el usuario, “una reducción considerable de tiempo, costes de desplazamiento e incluso de papel”, aseguró Martín.

 

Sin embargo, la edil de IU-Verdes ha explicado que, en Lorca, la “carpeta ciudadana”, el servicio mediante el que los ciudadanos pueden consultar on-line los datos de información personal que el Ayuntamiento dispone sobre ellos, sólo permite imprimir volantes de convivencia y empadronamiento y los recibos de los padrones fiscales que estén en período de cobro,  aunque no ofrece la posibilidad de abonarlos mediante tarjeta, traspaso, transferencia o Paypal. 

 

A diferencia de otros ayuntamientos, como Murcia, Cartagena o Molina de Segura, la carpeta ciudadana de Lorca tampoco permite realizar gestiones relacionadas con los tributos, pagar las multas de circulación expedidas por el Ayuntamiento, ni consultar información sobre el censo electoral, el estado de expedientes que se tramitan electrónicamente o sobre recibos ya pagados o pendientes de hacerlo. Otros permiten tramitar on line la domiciliación de tributos, la rectificación de datos personales, la modificación del domicilio fiscal, e incluso el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas. También ofrecen al ciudadano la posibilidad de canalizar sus sugerencias a través de un portal de participación vecinal o de realizar autoliquidaciones del Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obra Menor, de licencias de Obras o de inscripciones en escuelas deportivas.

 

Para Gloria Martín, el Ayuntamiento de Lorca “suspende” en implantación de la administración electrónica, por lo que ha exigido un “plan de acción” en este sentido para que “se ponga al día” y haga posible una “administración abierta a los ciudadanos 24 horas al día, 365 días al año”, evitando colas y pérdida de tiempo en realizar trámites burocráticos.

Conesa: «El PSOE estará siempre al lado de la Economía Social»

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado en la gala del Día Mundial del Cooperativismo, que se ha celebrado en Cartagena, que “los socialistas estaremos siempre al lado de la Economía Social ya que es un pilar fundamental para el crecimiento económico de la Región de Murcia”.

Conesa ha explicado durante su intervención que: “Dentro de la Economía Social, las cooperativas de manera especial y dentro de ellas las de trabajo asociado relacionadas con la enseñanza juegan un papel fundamental en la estructura económica y social”.

“Por ello, quiero invitar a participar en la respuesta social y de defensa de la diversidad, de la heterogeneidad social, de la igualdad de oportunidades y de condiciones que desde el PSRM-PSOE queremos ofrecer a toda nuestra Región el próximo mes de febrero, cuando escucharemos, debatiremos y consensuaremos una posición común sobre Educación pública”.

El secretario general de los socialistas murcianos ha añadido que en esta conferencia “plantearemos una alternativa al modelo actual, donde prima una libertad de elección que consideramos incompatible en el contexto socioeconómico de nuestra Región, con la necesaria igualdad de oportunidades”.

Diego Conesa ha felicitado por “el merecidísimo galardón que recibe el cura Joaquín. Y el reconocimiento a esa conciencia de modelo económico distinto al dominante, en el que prima la amistad y el trabajo asalariado previo de los socios de la juguetería ‘Dinos’ o de Lázaro Pérez con sus compañeros de ‘Electrónica 3’.

Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (II)

En el artículo anterior publicamos las causas principales que están provocando que los máximos accionistas del Santander estén planteándose provocar un cambio en la presidencia de la entidad cántabra. No se trata sólo de una reacción por los resultados cuantitativos, que también lo es, sino que los métodos de actuación aplicados desde que Ana Patricia Botín es su presidenta, unos métodos que van en contra de cualquier ética profesional y que no son las que se esperan de una entidad con el prestigio internacional del Santander.

Los métodos utilizados por parte del Santander para hacerse con el Popular también están muy cuestionados por estos grandes bancos y empresas estadounidenses. El volumen de demandas que ya se están dirigiendo contra la entidad presidida, de momento, por Ana Patricia Botín ha hecho plantearse a estos gigantes del mundo financiero a cuestionarse si lo que, en principio, fue una gran operación, se va a transformar en un verdadero fiasco económico y, sobre todo, de imagen para el propio Santander como para ellos mismos como principales accionistas de la entidad. Hay que recordar que la familia Botín -una familia ¿unida o desunida?- apenas controla un 1,7% tras la última ampliación, mientras que algunos de estos bancos custodios o gestores de cartera tienen en su poder más del 7%. Por más que algunos tuvieran una participación activa en la operación bajista, los errores cometidos por precipitar la intervención pueden llevar a que esa «gran operación» se convierta en el punto de inflexión para la caída de uno de los principales bancos del mundo. La Justicia está a un paso de determinar medidas cautelares si realmente se sigue con rigor el contenido de nuestro sistema legal, medidas que paralizarían cualquier nuevo movimiento de rentabilidad rápida como, por ejemplo, la operación de venta a BlackStone de un 51% de la cartera inmobiliaria del Popular, los bonos de fidelización cuyo coste será asumido por el capital del Popular pero los beneficios recogidos por el Santander, la eliminación de la marca y de la personalidad jurídica del Popular, el pelotazo urbanístico de la actual sede de los servicios comerciales de Santander España tras su traslado a la nueva sede corporativa del Popular o el plan de reestructuración que supondrá la destrucción de más de 7.000 puestos de trabajo.

Todos estos movimientos están en peligro por la actuación de una Justicia que está en la obligación de dictaminar una paralización cautelar de la operación para evitar que los perjudicados lo sean aún más ante el planteamiento de tierra quemada que el Santander pretende plantear ante la Audiencia Nacional para demostrar que la compra del Popular es una operación que no puede paralizarse, por más que con ello se mantenga la ruina para más de 300.000 familias.

En resumen, los máximos accionistas del Santander no están contentos con la gestión que está haciendo Ana Patricia Botín y están dispuestos, según las informaciones recogidas por nuestro corresponsal en Norteamérica, a realizar los movimientos necesarios para que ella misma pruebe de su propia medicina. La protección se ha terminado. Hay demasiado en juego.