sábado, 11 abril, 2026

Conesa reducirá “sensiblemente” la nueva Ejecutiva del PSRM para mejorar la operatividad a la gestión

El inminente nuevo Secretario General del PSRM-PSOE, el Alcalde de Alhama, Diego Conesa  afronta la confección de su futura Ejecutiva Regional con el dilema de combinar la territorialidad con la dirección, pues la intención de Conesa es reducir la composición de miembros del nuevo órgano directivo sin que se resientan los territorios.

En concreto, el deseo de Conesa es pasar del medio centenar de dirigentes actuales a la treintena, con objeto de dar más operatividad a la gestión pero sin que pueda resentirse a la hora de obtener los apoyos necesarios en el próximo Congreso que tendrá lugar el próximo fin de semana en Cartagena. Para ello, el regidor alhameño ha acuñado una frase en la que no le falta razón: “No me gusta el ‘café para todos’, porque luego no hay azúcar suficiente y hay que tomárselo amargo”. Verde y en botella.

Para lograr su objetivo, Conesa se ha reunido con sus adversarios en las elecciones primarias, María González Veracruz y Francisco Lucas, respectivamente, para llegar a acuerdos de integración de ambos y de paso lograr el apoyo de los partidarios de María González y Lucas, a la hora de apoyar el nuevo proyecto emanado de las urnas internas.

En este sentido, Francisco Lucas ha decidido integrarse en la Ejecutiva para coordinar y participar en “la toma de decisiones orgánicas” sobre el municipio de Murcia. Cabe recordar que la segunda vuelta de las primarias propició que los seguidores de Lucas determinaran finalmente la victoria de Diego Conesa.  Según Conesa, “ambos coincidimos en generar un proyecto de partido para medio y largo plazo proponiendo e implantando los cambios necesarios”.

Por su parte, María González ha rechazado la oferta de formar parte de la Ejecutiva. No obstante, asumirá la coordinación parlamentaria y despachará semanalmente con el Secretario General regional y otros dirigentes para coordinar el trabajo de la Ejecutiva, municipios, Asamblea, Congreso y Senado. Ello quiere decir que ambos tendrán interlocución directa para abordar asuntos de interés general, con el añadido de que González Veracruz participará en las reuniones a celebrar para configurar los cambios orgánicos en el municipio de Murcia, y de Cartagena, si los hubiera.

 Otro compromiso contraído de “motu propio” por Conesa, en relación con González Veracruz, pasa por “contar y proponer” su condición de diputada en caso de una inminente e hipotética  disolución de las Cortes Generales por la situación acaecida en Cataluña. “Su compromiso”- el de la diputada- es el de ayudar a salir fortalecidos del Congreso con un amplio respaldo y también de cara a 2019 donde “no se plantea para nada” presentarse a unas primarias a la Presidencia del Gobierno murciano a 19 meses vista de las elecciones, dice Conesa.

Candidatos locales

En el mismo tono de compromiso con sus compañeros de partido, Diego Conesa ratifica “nuevamente su decisión de estar detrás y junto a todos los alcaldes-alcaldesas que lo sean para 2019, así como de actuales candidatos-as consolidados para aspirar a la Alcaldía en 2019”, como es el caso de Diego José Mateos Molina, en Lorca.  Igualmente y a petición del candidato  lorquino, Diego Conesa se compromete a incorporar a su Ejecutiva, parte de municipios donde el apoyo en las pasadas primarias “fue mayoritario” para María González Veracruz, “aunque matiza Conesa  “que será sensiblemente inferior en número a la actual Ejecutiva”.

Puigdemont y la serenidad

Carles Puigdemont, es el 130 President de la Generalitat de Catalunya, ha pasado en un tiempo record, del casi el anonimato a ser uno de los personajes  más nombrados en el mundo.  En este último periodo ha recibido toda clase de improperios e insultos, pero curiosamente nadie entra a descalificar su coherencia.

El President no forma parte de lo que se denominó “el oasis catalán” que durante muchos años movió los hilos socioeconómicos de Catalunya y su relación con el gobierno Español, Carles Puigdemont, es hijo y nieto de  pasteleros de Amer,  un pueblo de la provincia de Girona. Creció aprendiendo la importancia de los ingredientes y el tiempo para moldear los “capricis”,  la especialidad de la Pastelería  Puigdemont  y curiosamente el manejo de estas habilidades del obrador  son las que tanto ha utilizado en la política y  a través de ellas se ha hecho su propia marca política.

“El Puigdi” como cariñosamente se le conoce es el resultado de la nueva Catalunya, en la que el esfuerzo y el trabajo son valores esenciales para sobrevivir  y más allá de discrepancias partidarias su figura se ha convertido en el garante para defender y mantener esa identidad tan preciada y valorada por el pueblo catalán  para dibujar su presente y futuro.  Afines y contrarios reconocen en el a  una persona «con la que se puede hablar», honesta y  firme en sus convicciones

En la persona de Carles Puigdemont,  una parte importante de Catalunya ha depositado mucha confianza, por esas cualidades que se aprecian en él y que son tan escasas en la clase política como son la transparencia y la proximidad. Es un gran reto para el Govern no defraudar en la respuesta que se va a dar ante el requerimiento de Mariano Rajoy esta próxima semana.  La situación de shock en la que vive la sociedad catalana desde este mes de agosto ha ido “in crescendo “pasando por el momento álgido del 1 de octubre cuyas consecuencias duraran muchos años.

El gobierno español no esperaba la reacción generalizada, dentro y fuera de España, denunciando la salvaje represión policial ordenada por el ejecutivo para evitar un referéndum que ellos mismos decían que se había suspendido y no tenía valor. Muy al  contrario, su actuación ha dado la validez que algunos todavía dudaban que tuviera a la votación popular, además de haber dejado al descubierto el verdadero carácter de la relación que se quería establecer.

Carles Puigdemont ha pedido a Catalunya  en varias ocasiones “máxima serenidad y firmeza” para sacar adelante los resultados del 1-O , cuestión nada fácil en un escenario social donde los medios de comunicación y todos los actores se han dedicado a manipular todas las palabras y acontecimientos

El president, Carles Puigdemont, ha hablado  sobre la relación entre ley y legitimidad en la ofrenda floral en la tumba del president Lluís Companys. «Lo asesinaron en nombre del orden y la legalidad establecida», ha expuesto el president, que ha asegurado que Companys fue «víctima de un combate muy desigual entre la legitimidad democrática y la bajeza del franquismo».

Esta  próxima semana,  en la que la serenidad tiene que hacer acto de presencia en todo momento,  es clave para Catalunya y el resto estado español, puede haber desenlaces que disgusten a mayorías, pero podemos estar  seguros que no decepcionara en  impacto, interés y alcance futuro de las noticias.

Las declaraciones del President Puigdemont con su marcado tono de serenidad y los matices que pueda dar esta semana en relación a la declaración de independencia van a marcar las agendas.

Una seguridad tenemos y es que si el Govern habla y no cede a  las presiones, las esteladas ondearan por el triunfo de la legitimidad democrática.

Catalá «La carta que hemos recibido no responde a la pregunta»

El Gobierno no considera válida, por falta de claridad, la respuesta por carta que el president Carles Puigdemont ha dado a su pregunta de si declaró la independencia el pasado martes, según ha declarado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta mañana.

Catalá ha valorado la respuesta del president de la Generalitat durante la celebración de un acto de ministros iberoamericanos de Justicia. Catalá nos ha recordado los siguientes pasos después de no dar por válida la respuesta. “Un segundo plazo, hasta el jueves, para que explicase las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones”.

«La primera pregunta (sobre la declaración unilateral de independencia) era clara y parece que la respuesta no lo es tanto», ha afirmado Catalá a los medios de antes de inaugurar el acto conmemorativo del 25 aniversario del Tratado de Madrid organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

«La carta que se ha recibido parece que no va en esa dirección por tanto no responde a lo que se le ha solicitado«, ha dicho Catalá.

“Aún es un poco pronto, prematuro para tomar las decisiones que en consecuencia se pueda adoptar», ya que hay que esperar al análisis del contenido de dicha misiva. Aún así, «la respuesta oficial del Gobierno en las próximas horas» ha expresado el ministro de Justicia.

La vicepresidenta del Gobierno interviene a las 10.30 de la mañana

Puigdemont trata de ganar tiempo

Sin sorpresas. Tal y como se esperaba, la carta de Carles Puigdemont a Rajoy pide diálogo y evita definir el sí o el no a la independencia.

El proceso soberanista catalán sigue así en espera y con la intención de los independentistas de ganar tiempo. Puigdemont así no rompe con la CUP o con el Gobierno de España.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha evitado responder de forma clara y sencilla el requerimiento enviado por burofax por el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, en que le reclamaba aclarar si hubo o no declaración de independencia. En su contestación, difundida antes de finalizar el plazo otorgado que expiraba a las 10:00 de la mañana de este lunes, el presidente catalán vuelve a ofrecer diálogo a través de una mediación, buscando incluso una plática directa con el presidente Rajoy.

La carta llegó por Burofax

A pesar de la reiteración de la propuesta ya lanzada en su discurso en el Parlament, que pretende una relación de igual a igual con el Estado, Puigdemont propone una reunión urgente con Rajoy y que “las instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas” que pidieron que suspendieran los resultados del referéndum tengan la oportunidad de explorar el camino de la negociación. Y es que “la prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo”, asegura.

En la carta se pone en valor los resultados del referéndum del 1-O, de las últimas elecciones al Parlament de Cataluña, y de las encuestas que señalan que “el 80% de los ciudadanos viene manifestando reiteradamente la voluntad de decidir su futuro político en un referéndum acordado. Por eso, aconseja a Rajoy que “aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas”.

En la misiva, Puigdemont se muestra sorprendido por la carta de Rajoy porque esta venía precedida del planteamiento, justo un día antes en el Parlament, de la “oferta sincera de diálogo”, algo que no hizo “como una muestra de debilidad”, asegura, sino como “una propuesta honesta de encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Catalunya”.

Por eso, Puigdemont lanza dos “peticiones”, por un lado “que se revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña”, y la segunda, que “concretemos lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos”. El presidente catalán concluye que “reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro de que encontraremos la solución”.

Martu Garrote: “Cataluña ya estaba intervenida antes de aplicar el artículo 155”

Con la capacidad de síntesis analítica que precede a la abogada Martu Garrote, se autodefine como socialista hasta la médula, y explica que “Mariano Rajoy ha hecho un uso correcto del procedimiento para la aplicación del artículo 155 de la Constitución respecto a la crisis en Cataluña”, “un artículo que de facto ya aplica el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al intervenir las cuentas de esta comunidad autónoma”, “además del requerimiento que se ha hecho desde el Ministerio de Educación por el adoctrinamiento independentista que sufren algunos escolares”, pero no valora en positivo para el PSOE “la convocatoria de unas elecciones anticipadas, cuanto menos que volviera a ganar Rajoy, algo que como socialista no deseo”, argumenta en el programa “La ventana indiscreta” en Radio Las Palmas.

“Los socialistas estamos donde tenemos que estar con lo que está sucediendo en Cataluña. Por fin, Pedro Sánchez, ha aterrizado a la realidad política, y se ha dado cuenta de la fantasía que le había vendido Pablo Iglesias desde Podemos, para pactar durante este proceso soberanista entre el PSOE-Podemos-ERC-PDeCat y erigirle presidente del Gobierno. Sánchez se ha dado cuenta de esta irrealidad”, aclara Martu Garrote, que subraya “en el PSOE firmamos la Declaración de Granada en 2013 para propulsar un sistema federalista, y parece que aunque Sánchez se había alejado de este acuerdo, se vuelve a acercar”.

“No tiene sentido reprobar por parte del PSOE a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puesto que ella no activó la orden para que los Cuerpos de Seguridad del Estado trataran de impedir el referéndum 1-O. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que emitió un requerimiento a los policías…”, y “ante una comunidad autónoma que se salta la Constitución, el propio Estado está legitimado para protegerse de incumplimientos anticonstitucionales”, expone la abogada.

El discurso de Josep Borrell fueron unas palabras dignas de enmarcar…Es alguien que podría encabezar el liderazgo socialista en Cataluña…Algunos líderes veteranos socialistas han indicado la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña, no es nada inusual, es un proceso más en la democracia, en el que la Constitución tiene su mecanismo para autoprotegerse”, subraya Garrote, que estima el sistema federal en positivo “todas las naciones en Europa se unido como si fueran federaciones, en España se puede organizar un sistema federal sin mayor complicación, donde se adquieran mayores competencias y financiación, más y mejor para todos”.

“Me siento muy unida con Cataluña, he vivido varios años allí, mi hija nació en Cataluña…Ella me pregunta cada día si sigue siendo catalana o española…Educan a nuestros hijos para un enfrentamiento social. Desde Cataluña, Madrid tiene la culpa de lo que sucede y viceversa…”, relata la analista, con la mirada puesta en la importancia de la educación en los colegios, e incide en que “parece que la acción del Ministerio de educación ha pasado más desapercibida sobre el requerimiento sobre el acoso que sufren algunos escolares en Cataluña por la cuestión independentista, pero es muy importante este movimiento y proteger a los estudiantes que han sido convocados en las aulas a apoyar el proceso soberanista, convocados en el seno de la educación…”.

Respecto al PSOE de Canarias, Martu Garrote apunta a que “es un PSOE muy dividido en las Islas, un PSOE con diferentes bandos, cuando el PSOE nunca ha sido de organizarse en bandos…”, y matiza que el concejal de los mensajes machistas, Zebenzui González, debería haber dimitido y haber sido expulsado inmediatamente del partido cuando se conoció el contenido de los Whatsapp “yo a follar”, y “enchufar empleadas en el ayuntamiento”. Esta abogada explica que “el PSOE debería expulsar al edil, igual que hizo ERC con un miembro que publicó declaraciones desafortunadas sobre el piloto que perdió su vida”. “Expulsar al concejal socialista supone mover una pieza de un engranaje que a algunos no les interesa en Canarias”, ha apostillado.

40 años de la Ley de Amnistía, 40 años de impunidad

Hoy se cumplen 40 años desde la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley buscaba perdonar y pasar página sobre «los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976». Sin embargo, según el derecho internacional, no pueden incluirse en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura.

Diferentes organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, llevan años denunciando cómo desde los diferentes poderes del Estado se bloquea cualquier paso para que la legislación española cumpla con sus compromisos internacionales en relación con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y cómo esta Ley de Amnistía, contraria a las obligaciones internacionales que contrajo España con anterioridad a su entrada en vigor (el 17 de octubre de 1977), ha sido uno de los argumentos más utilizados por los distintos poderes para denegar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán lo deja muy claro: «En estos 40 años ningún poder, ningún Gobierno ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En todo caso, han obstaculizado su acceso a la justicia y a la reparación. En abril de 1977, España ratificaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cosas señala que nada se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional. Pero meses después entraba en vigor una ley que durante décadas ha inutilizado este principio».

Desde el año 2013, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.

En estos momentos, hay diferentes iniciativas legislativas en relación con la Ley de Amnistía que, si bien se deben discutir y analizar, intentan avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo. Por esta razón, Amnistía Internacional entregó 205.000 firmas que piden al Ministro de Justicia, Rafael Catalá que se tomen las medidas legislativas necesarias para asegurar que la Ley de Amnistía no sea un mecanismo de impunidad para los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

En estos 40 años se han impuesto, principalmente, 9 obstáculos a la verdad, justicia y reparación sobre la base de la Ley de Amnistía

  • El Poder Ejecutivo, en su interlocución con los mecanismos de Naciones Unidas (como con el Comité de Derechos Humanos) ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la imposibilidad de investigar estos crímenes del pasado.
  • En el ámbito legislativo, el 19 de julio de 2011, se rechazó por mayoría absoluta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para modificar la Ley de Amnistía (320 votos en contra, 8 a favor y 8 abstenciones).
  • El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó, con 26 votos en contra, 10 a favor y una abstención, una Proposición No de Ley que instaba a la modificación de la Ley de Amnistía para establecer que no se aplicaría a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como dispone la normativa internacional.
  • Tampoco desde el Parlamento se ha impulsado la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
  • En el ámbito judicial, en noviembre de 2008, la Audiencia Nacional se inhibió de conocer la querella presentada en 2006 por crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1951 (una querella que recogía 114.266 casos de violaciones de derechos humanos) a favor de numerosos juzgados territoriales. 47 causas que afectaban a miles de casos se abrieron. Amnistía Internacional tuvo acceso a 38 de ellas, todas archivadas, y en al menos 11 de las resoluciones de archivo se hizo mención expresa a la Ley de Amnistía.
  • El Tribunal Supremo invocó la Ley de Amnistía para cerrar la puerta en España a investigaciones judiciales con su sentencia del 27 de febrero de 2012 en relación con el llamado “caso Garzón”.
  • En 2017, al menos tres casos de desaparición forzada en Catalañazor, Cobertelada y Barcones, documentados por Amnistía Internacional en la provincia de Soria fueron archivados y se cerraron las investigaciones, en base, entre otros argumentos, a la Ley de Amnistía.
  • La Fiscalía de la Audiencia Nacional en dos ocasiones rechazó las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derechos internacional durante la Guerra Civil y el franquismo.
  • La Fiscalía General del Estado emitió una orden interna el 30 de septiembre de 2016 instruyendo a los fiscales territoriales para que rehusaran las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina, amparándose, entre otros argumentos, en la Ley de Amnistía.

El día en que Franco fue excomulgado

Todos conocemos que el Régimen del General Franco tenía dos pilares: el Movimiento y la Iglesia Católica, hecho este que hizo que se hablara del Nacionalcatolicismo como un aspecto político del periodo que va desde 1936 a 1975. El laicismo del gobierno del Frente Popular y el arrinconamiento de la actividad religiosa a los templos, además de los actos de violencia contra las propiedades de la Iglesia con la quema de templos y conventos hizo que la institución católica apoyara el Golpe de Estado de Franco contra el gobierno legalmente establecido incluyendo, incluso, términos como Cruzada refiriéndose a la guerra o que Franco había sido enviado por Dios para liberar a la católica España de las hordas ateas.

A lo largo de ese periodo la Iglesia tenía mucho poder en España: poder en el arte, poder en la cultura, poder en la política, poder en la educación, y un largo etc. La Iglesia se encargó de la moral de los españoles casi al mismo nivel que el propio Franco. El Régimen le dio poder. Los españoles estaban acostumbrados a las fotografías de obispos levantando el brazo realizando el saludo fascista en actos oficiales, obispos y sacerdotes en programas de televisión, Franco entrando bajo palio en los templos, etc.

Sin embargo, la Iglesia dio la espalda al régimen a principios de los años 70 uniéndose al pueblo, incorporando miembros al Partido Comunista o siendo cabecillas del incipiente nacionalismo vasco. Era la época en que presidía la Conferencia Episcopal el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. El Régimen vio una amenaza con esa vuelta de timón ya que si se caía uno de los dos pilares, sus días estaban contados dado que ya no contaba con el apoyo moral de la Iglesia. La ultraderecha dejó claro su descontento con frases como Tarancón al paredón y Obispos traidores en cada acto o manifestación en que se reunían, ya fuera para exaltar a Franco, ya sea para protestar contra los «enemigos del Régimen», como ocurrió en las puertas de las Salesas en el Proceso 1001. El enfrentamiento entre miembros del Régimen y la Iglesia se hizo muy patente el día del funeral de Carrero Blanco. Ahí ocurrieron dos hechos en los que la tensión fue máxima. El primero fue en San Francisco El Grande, cuando uno de los miembros del gobierno se negó a darle la mano a Tarancón en el momento de dar la paz. El segundo fue en el traslado de los restos de Carrero a El Pardo. La gente congregada increpó con violencia al cardenal temiéndose, incluso, por su seguridad.

El 24 de febrero de 1974 se produjo un hecho que llevó las relaciones entre España y el Vaticano hasta el casus belli. El obispo de Bilbao, monseñor Antonio Añoveros publicó una pastoral que fue leída en todos los templos de su diócesis en la que hacía un llamamiento para que se reconociese la singularidad y la identidad cultural del pueblo vasco. Desde el gobierno se acusó a Añoveros de lanzar ataques contra la unidad nacional. Arias Navarro, presidente del gobierno recién nombrado por Franco, recibió presiones por parte de la extrema derecha y recluyó al obispo y a su vicario general, monseñor Ubieta, y les impuso arresto domiciliario. Ahí se produjo un tira y afloja entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno. Arias no cedía e intentó expulsar a Añoveros del país. Éste se negó y alegó que él sólo reconocía la autoridad de Pablo VI y que sólo abandonaría España por orden del Papa. En ese momento, el gobierno lanzó un órdago: amenazó a Tarancón, no sólo con la expulsión del obispo de Bilbao, sino también con la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano y la expulsión del Nuncio. Fue en ese momento en el que Tarancón, alegando artículos del Derecho Canónico, amenazó al gobierno con la excomunión tanto de presidente y ministros como de Franco. Arias no cedía y, por ello, Tarancón redactó y firmó el decreto de excomunión.

Al final, Añoveros viajó a Madrid en coche y se reunió con la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Ahí se redactó un texto en el que el obispo se «retractaba». Ese documento se envió al Palacio de El Pardo, lugar donde estaba el gobierno en pleno por estar en Consejo de Ministros. El documento se leyó y Franco montó en cólera porque no se le había informado de las medidas del gobierno. Al final Arias se vio obligado a retirar la orden de expulsión.

Sin embargo, lo que estuvo claro es que, durante unas horas, el gobierno y el Jefe del Estado de un Régimen confesional estuvieron excomulgados.

Las encuestas dan mecheros a los pirómanos de Ciudadanos

Las últimas encuestas o sondeos electorales de los diferentes medios de comunicación ofrecen un aumento considerable de los apoyos a la formación Ciudadanos. Aumentos considerables dentro de un contexto de irracionalidad, de angustia vital y pensamiento con las entrañas. A la par, Podemos sigue cayendo con su populismo que ha perdido la patria o el pueblo como apoyo fundamental. Pero hoy toca hablar de la formación dirigida por Albert Rivera.

¿Tiene lógica esta subida electoral? ¿Puede subir tanto una formación que sólo pide 155 y elecciones? Sí, sin duda se puede contestar de forma afirmativa a ambas preguntas. Mensajes simples para momentos de simplicidad mental suelen ser suficiente para hacer subir como la espuma a un partido político. Cuando subió Podemos con su apoyo en el cabreo social también era lógico. Ahora con la confrontación catalana lo lógico es que los partidos de derechas tiendan a subir porque son los mayores agitadores de los sentimientos nacionales. La izquierda es más de pueblo, plebe y clase antes que de banderas nacionales o internacionales, al menos en teoría. Salvo que te llames José Bono, Susana Díaz o Juan Carlos Ibarra que, entonces, llevas el españolismo casposo dentro y te dices de izquierdas. Son nacionalistas, no patriotas. Quieren a la nación, no al pueblo. Diferencias fundamentales para el análisis psicológico.

El conflicto catalán como conflicto político y social mueve la razón y la pasión. La rebeldía, que en este caso no ofrece sino la nada al otro lado, genera una contra que tiene los mismos rasgos racionales y pasionales. Racional ha sido la respuesta de PSOE y Podemos. Comprendiendo el “ser” del secesionismo aunque, uno, no compartiéndolo y, otro, haciendo campaña en favor de un camino negociado. Han intentado jugar por ese camino de la comprensión y superación del conflicto mediante posicionamientos deliberativos. El PP, como partido en el gobierno, ha tenido una posición racional-jurídica para solucionar el problema, aunque no han dejado de atizar el sentimiento en su favor como defensores de unas “esencias históricas” ligadas a la nación española. Pero quienes no se han acercado en ningún lugar a la razón han sido los dirigentes de Ciudadanos. Todo ha sido pasión y alimentar las entrañas como fórmula política.

España y elecciones

La verdad es que Inés Arrimadas no posee otro discurso, desde hace más de un año, que “Puigdemont es malo” y debe convocar elecciones ya. Esa matraca ha sido elevada a discurso oficial de la formación naranja en todo lo referente a Cataluña… y el resto del país. “Que no nos enfrente con el resto de españoles” decía el 12 de octubre Arrimadas. ¿En qué momento Puigdemont se ha enfrentado con Aragón, Asturias o Galicia? En ninguno. De hecho este proceso de secesión es unilateral. Pero desde Ciudadanos lo que es un problema de Estado, más bien de parte del Estado, se traslada al plano del enfrentamiento, de lo agonal, de lo antagónico. Cataluña contra España como si fuese una contienda bélica. Y es un problema pero no existe ese antagonismo en los demás partidos. Salvo cuando habla Pablo Casado que, recurriendo a la tradición punitiva y prohibicionista de su partido, pide que se ilegalicen los partidos independentistas. Algo que también han apoyado más de uno y más de dos dirigentes de Ciudadanos.

Miren lo que afirmó el 14 de octubre Fernando de Páramo: “Puigdemont tiene dos adversarios: uno es la mayoría de los catalanes que queremos seguir siendo catalanes españoles y europeos; el otro es la Europa que quiere abrirse y no cerrarse”. El elemento adversarial como fundamento de la solución de conflictos no parece la mejor ruta. Pero eso a Ciudadanos le importa poco, ellos y ellas quieren alentar los instintos más bajos de la sociedad para ganar rédito electoral. España contra Cataluña, o aún más grande Europa contra Cataluña. Porque el discurso europeísta, que está asimilado en todos los partidos, lo utilizan como referencia racional para que no les vean como demasiado casposos, e ideológica de la Europa de los mercaderes.

Es más el portavoz de Ciudadanos hace una distinción entre buenos y malos: “En este momento España necesita que los partidos constitucionalistas estemos juntos, porque para irresponsables ya están los golpistas de Puigdemont y Junqueras”. Y ¿quiénes son los buenos? De momento PP y Cs y un poco el PSOE. Los malos son los demás evidentemente. No considera en ningún momento a Podemos como constitucionalista, ni patriota. Por eso se permite aconsejar a Pedro Sánchez que “deje de pensar cinco minutos en Podemos y piense en el conjunto de los españoles”. Justo días después de haber encauzado el dilema jurídico junto al PP y habiendo dejado fuera a Cs. A verlas venir. Pero ellos y ellas no se dan por enterados, siguen con su raca-raca.

Y con unos medios de comunicación presentando el conflicto catalán como casi una guerra civil, no es de extrañar que quienes más mueven banderas y más gritan a las entrañas vayan subiendo en las encuestas. Pero eso es darle mecheros a los pirómanos. Porque en ningún momento existen dentro de la formación naranja propuestas conducente a la solución del conflicto. Su reforma constitucional va encaminada a fruslerías como la limitación de mandatos o quitar los aforamientos. Excepto el del jefe del Estado, ese debe seguir estando protegido al máximo.

Yo, mí, me, conmigo: sin sentido de Estado

Está el pueblo español acostumbrado a que en Ciudadanos quieran ser la niña en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Lo que se ha llamado “cuñadismo ideológico”, es decir, siempre todas las iniciativas serán gracias a ellos y ellas. Así las hayan ideado otros partidos. Pero ahora hay que añadir la carencia de patriotismo y sentido de Estado. Paradójicamente quienes más han estado atizando con el mazo durante el conflicto catalán, nada tenían que perder porque no gobernando en algún sitio en política te puedes permitir casi todo, son los que carecen de sentido de Estado. El PP, el PSOE o Podemos, cada uno dentro de sus variables ideológicas y programáticas, han intento dar solución al conflicto que afecta a toda España. En Ciudadanos sólo quieren elecciones.

Toda su defensa de las banderas, de colarse en manifestaciones de la sociedad civil (lo que indica cierto sentido totalitario) y llorar la pena de Cataluña va encaminada a elecciones. Que haya una fractura social tremenda allí les da igual. Ellos y ellas quieren elecciones y nada más. Las elecciones como bálsamo de Fierabrás de todo. Mentira. Sólo piensan en elecciones para situarse ellos en el poder y mangonear en favor de los señores del dinero que se están yendo. No hay nada más detrás. Harán limpia independentista pero al final del camino está cumplir las órdenes de quienes les financian.

Casi todos los medios de comunicación nos han atolondrado con uno, dos o tres dirigentes de Ciudadanos al día en las últimas fechas. Más en cierto grupo empresarial con los dineros en Cataluña. También potencian a su némesis personal para dar más relieve y fuerza al discurso de sus protegidos. Porque Ciudadanos no es más que una construcción empresarial al ver todos los casos de corrupción del PP y tener una alternativa de derecha nacional en Cataluña. Por eso quieren elecciones.

De Páramo: “Le pedimos al Gobierno de España que convoque elecciones para echar a Puigdemont democráticamente y restablecer la normalidad en Cataluña, recuperar la autonomía y la convivencia”. Albert Rivera, en Espejo Público: “Hay que creer en la victoria y que los partidos dejen de pensar en sus siglas. Hasta que en Cataluña no gobernemos aquellos que creemos en las leyes, no vamos a solventar este problema”. Y esos que creen en las leyes, como si Podemos se las saltase todos los días, son los demás partidos. Por ello es necesario, dice Rivera, un “compromiso con los partidos constitucionalistas para crear un gobierno de coalición en Cataluña”. Vamos que quieren meter en el berenjenal al PSC que ya ha dicho que diálogo y elecciones.

Y ese gobierno lo presidiría Arrimadas evidentemente. Claro, siempre y cuando no volviesen a ganar los secesionistas. O cuando se pudiese formar una alternativa transversal de catalanismo sin secesión, que es mucho más probable. Ante unas elecciones muy cercanas y dado el nivel de polarización social, cualquier resultado sería plausible. Incluso más diputados y diputadas para los secesionistas. Con lo que la fórmula de Ciudadanos habría servido para… nada. Bueno sí, encender más los ánimos. Y que pudiese haber un crecimiento del conflicto social hasta alcanzar el momento violento, que es lo que parece que buscan.

Ahora es momento de atemperar los ánimos, haya o no elecciones, haya o no 155, de rebajar la tensión y volver a la senda de lo racional. Es obvio que lo racional perjudica a Ciudadanos y al PP, por su enfermedad reaccionaria, pero no es lo que gusta lo que hay que hacer sino lo que se debe hacer. Si quieren que España sea todo eso que dicen hay que tomar el camino de la deliberación, no para que se beneficie Cataluña, no sino para beneficio del pueblo. ¡Ah! Pero en Ciudadanos eso de acercarse al pueblo como que no, sólo en manifestaciones. Para lo demás prefieren estar dentro de su secta de elegidos… por el poder del capital.

Y para todo lo demás Juan Carlos Girauta y su “¿Qué pasa?¿Algún problema?”.

Nuevo caso de mujer violada por miembros de fuerzas de la paz en la República Centroafricana

Una investigación realizada por Amnistía Internacional sobre el terreno revela que, al menos, un miembro mauritano de la operación de mantenimiento de la paz violó, presuntamente, a una mujer de 19 años en la localidad de Bambari.

Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, ha afirmado que “Hemos encontrado datos convincentes que indican que al menos un miembro mauritano de la operación de mantenimiento de la paz y posiblemente más violaron a una joven”. Las autoridades públicas de la localidad de Bambari han confirmado la violación, y la ONU la está investigando.

“Si se demuestran, estas graves denuncias de violación deben comportar la repatriación, suspensión y procesamiento de todo soldado que pueda ser penalmente responsable. LA ONU debe también garantizar que la víctima recibe apoyo e indemnización por daños y perjuicios. Los miembros de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU están en la República Centroafricana para proteger a la población civil de la violencia, no para cometerla.

La joven, de 19 años, contó a Amnistía Internacional que la violación se produjo en un lugar adyacente a un puesto de control guarnecido por miembros mauritanos de la MINUSCA, la fuerza de estabilización de la ONU en la República Centroafricana. Dijo que, como se encontraba mal, aceptó un té que le ofrecieron los soldados cuando regresaba a pie a casa de un funeral sobre las nueve la noche. Poco después de tomar el té, se desmayó, y que se despertó en el suelo, casi desnuda, varias horas después.

En mitad de la noche, la encontraron un guardia y un trabajador médico de un centro de salud adyacente, a quienes les pareció que estaba bastante mal y sedada. La pusieron en una cama y la administraron líquidos por vía intravenosa. Esa misma noche un soldado mauritano del puesto de control fue dos veces al centro médico a preguntar dónde estaba la mujer. Por la mañana, cuando se había recuperado lo suficiente como para hablar, la mujer dijo al trabajador médico que creía que la habían violado.

El personal médico de un hospital local hizo unas pruebas a la víctima, y encontró indicios de uso de drogas y de violencia sexual, incluido semen.

Las autoridades de Bambari abrieron formalmente una investigación penal sobre el caso que, según el fiscal local, era la primera de este tipo abierta sobre soldados de la ONU. Aunque ha habido denuncias continuas y bien documentadas de violación en Bambari en que estaban implicados soldados de la ONU, en particular de fuerzas de la República Democrática del Congo, en ningún otro caso se han abierto investigaciones criminales.

Estando Amnistía Internacional presente en Bambari a comienzos de octubre, la víctima y los testigos se presentaron a la policía para prestar declaración. El trabajador médico identificó también al soldado mauritano que había ido al centro de salud en plena noche en busca de la mujer de 19 años.

Trabajadores locales que habían estado en el lugar del incidente por la mañana temprano dijeron que habían visto preservativos y envoltorios de preservativos en el sitio exacto de la presunta violación. Esa misma mañana, la policía fotografió luego al menos un envoltorio de preservativo allí, así como restos de un material procedente, se cree, de las botas de los soldados mauritanos.

El fiscal local de Bambari ha presentado el caso al fiscal general de la República Centroafricana para que se tomen medidas diplomáticas. Aunque las tropas de la ONU gozan de inmunidad procesal ante los tribunales nacionales, los países que aportan tropas tienen el deber de investigar y enjuiciar los delitos cometidos por sus soldados.

Además, las autoridades locales denunciaron el problema en general de los abusos sexuales cometidos por miembros de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU.

“Este caso es una prueba de fuego decisiva para la operación de mantenimiento de la paz de la ONU. Dadas su política declarada de tolerancia cero, esperamos que la ONU se tome este caso sumamente en serio y adopte medidas para garantizar que las autoridades mauritanas hacen lo mismo. Su respuesta a este caso se analizará atentamente”, ha afirmado Joanne Mariner

En una reunión mantenida con Amnistía Internacional la semana pasada, Parfait Onanga-Anyanga, jefe de la MINUSCA, insistió en que la ONU se estaba tomando las denuncias muy en serio y había enviado de inmediato un equipo de investigadores a Bambari. Prometió que la ONU adoptaría medidas decisivas si las denuncias resultaban fundadas.

Por su parte, la mujer de 19 años víctima de la violación dijo a Amnistía que quiere que la ONU investigue el delito y que los autores vayan a prisión. Afirmó que sólo cuando estuvo dispuesta a hacer oficialmente una declaración ante la policía local se sintió preparada para contar todo lo sucedido a los investigadores de la ONU y mauritanos.

La Comunitat Valenciana pone el dinero en Educación que Montoro no da

La infrafinanciación obliga a la Comunitat Valenciana a realizar el cuarto mayor esfuerzo económico y presupuestario de todas las autonomías en educación, con el fin de mantener un gasto por alumno cercano a la media autonómica. En concreto, el gasto por alumno en la Comunitat es de 4.494 euros, un nivel próximo, aunque por debajo, a la media del conjunto de las comunidades, que es de 4.691 euros.

Pese a que la Comunitat Valenciana hace en Educación un esfuerzo financiero superior al de la mayoría de las comunidades (destina el 28,2% de sus ingresos no financieros a servicios educativos), la infrafinanciación que padece determina que los recursos con que cuentan los alumnos valencianos no alcancen la media por alumno de las comunidades.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del primer número de Papers de Finançament, una serie de documentos técnicos y de análisis, fruto de la colaboración de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), cuyo objetivo es promover el conocimiento de las repercusiones para la Comunitat Valenciana de la distribución de recursos derivada del actual sistema de financiación.

Cuestiona la igualdad de oportunidades y la solidaridad

Este primer estudio revela cómo el sistema de financiación resulta fundamental para la sostenibilidad del estado del bienestar porque los servicios públicos fundamentales, como es el caso de la Educación, se ven gravemente afectados en el caso de la Comunitat Valenciana por la insuficiencia de recursos del modelo. Además, el estudio deja en evidencia las grandes diferencias entre las regiones en cuanto al nivel de gasto educativo por alumno, lo que «cuestiona la igualdad de oportunidades en el acceso de los jóvenes residentes en cada comunidad a los servicios educativos y arroja dudas sobre la solidaridad interterritorial existente en España».

El documento recuerda que, tal como recoge el Informe del Comité de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, el actual modelo de financiación no proporciona recursos suficientes a las comunidades autónomas para cubrir el gasto en servicios públicos fundamentales. De hecho, según el citado informe, la suma de todos los recursos que el sistema actual aporta para servicios públicos fundamentales no cubre el gasto efectivo, y se estima que la brecha es de 13.343 millones de euros (tomando como base el ejercicio 2015, último ejercicio con datos comparables).

El análisis de la conselleria y el IVIE certifica cómo las comunidades que cuentan con recursos del sistema de financiación autonómica por habitante ajustado superiores a la media realizan un gasto en educación también superior a la media. Sin embargo, hay autonomías infrafinanciadas que se acercan o alcanzan la media de gasto por alumno «mediante un mayor esfuerzo», subraya el documento, como es el caso de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.

De este modo, no es el esfuerzo financiero que realizan las comunidades sino la financiación de la que disponen la que, en términos generales, determina la inversión por alumno. «Las comunidades que gastan más por alumno no sobresalen en esfuerzo financiero», constata el análisis. De hecho, la Comunitat Valenciana solo está superada en esfuerzo inversor en Educación por Murcia, Andalucía y País Vasco. Eso le permite situarse en valores cercanos a la media con el fin de minimizar las consecuencias de la infrafinanciación en la formación de los jóvenes valencianos en condiciones similares a las del conjunto del país. De este modo, la Comunitat se encuentra 4,2 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, si bien está a más de 15 puntos de algunas de las mejor dotadas por el sistema de financiación de régimen común (Asturias, Galicia y Cantabria) y a una distancia muy superior (34 puntos porcentuales) del País Vasco.

Según el documento, el esfuerzo en Educación de la Comunitat Valenciana «resulta mayor, no por gastar más», sino porque se ve obligada a destinar más recursos propios a este ámbito, dado que «sus ingresos no financieros son menores, como consecuencia del maltrato que recibe del sistema de financiación», señala el análisis.

1.800 euros menos de media por alumno que el País Vasco

El documento también repasa la evolución del gasto educativo en la Comunitat Valenciana en centros públicos y concertados entre 2003 y 2015, que incluye una fase de crecimiento hasta 2009 y otra de ajuste, para recalcar que «en 2015 el gasto en Educación de la Comunitat Valenciana, en euros constantes, fue el mismo que en 2003». De este modo, el nivel de gasto por alumno matriculado de la Comunitat «se ha mantenido próximo a la media de las comunidades autónomas de régimen común, pero ha perdido la ligera ventaja que poseía al principio del periodo. Su distancia con las forales era y es sustancial: unos 1.800 euros menos por alumno de media en el periodo considerado».

«Gracias al mayor esfuerzo financiero realizado por la Generalitat, destinando un porcentaje más elevado de sus recursos a la educación, el acceso de los jóvenes valencianos a los servicios educativos está próximo a la media. Pese a ello, está alejado de las oportunidades que disfrutan los ciudadanos que residen en las comunidades que cuentan con más recursos de los sistemas de financiación, común o foral», concluye de forma demoledora el informe de la conselleria y del IVIE.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha destacado que «si a pesar del esfuerzo que llevamos a cabo siendo una de las comunidades que más recursos propios aporta al sistema educativo, estamos por debajo de la media en gasto en educación por alumno, algo falla. Y lo que falla una vez más, a favor del Estado y en contra de los cinco millones de españoles que vivimos en la Comunitat Valenciana, es el sistema de financiación autonómico».

«Me niego a aceptar que nuestros hijos e hijas tengan menos oportunidades educativas que los hijos e hijas de otros españoles por el simple hecho de haber nacido en otra comunidad. Que la calidad de nuestro sistema educativo sea referente y que el Gobierno no nos permita ser más competitivos por culpa de un sistema de financiación injusto no es de recibo. Tienen que darnos lo que nos corresponde, ni más ni menos», ha concluido.