Promovidos 8 contratos para la instalación de empresarios emprendedores en el Vivero de Empresas de Totana
El Ayuntamiento de Totana ha suscrito hasta la fecha ya ocho contratos firmados con empresarios que se han instalado en las dependencias del Vivero de Empresas (VIVEM) ubicado en el polígono industrial «El Saladar», más otros dos que están pendientes de tramitación inminente.
El nuevo Vivero de Empresas constituye un elemento fundamental que articula la creación de vocaciones empresariales, mediante un completo proceso de formación y tutorización de emprendedores hasta su definitiva implantación en el mercado.
El Vivero de Empresas pertenece a la Red de Vivero de Empresas del INFO y además forma parte de la Red de Viveros de la Fundación INCYDE.
El emprendedor se obliga expresamente a tener cuantas licencias, altas, autorizaciones o permisos sean necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial dentro del Vivero de Empresas.
El emprendedor está obligado a mantener su espacio y resto de instalaciones del Vivero de Empresas en perfecto estado de conservación, aseo, y limpieza, siendo responsable personal y directo de los desperfectos que se ocasionaran por causas a él imputables.
Además, serán por cuenta del emprendedor los gastos derivados del consumo de luz y teléfono; los del consumo de agua y otros suministros, uso del fax, fotocopiadora e impresora; los tributos, arbitrios, contribuciones y demás exacciones correspondientes al negocio o que se impongan por razón del mismo; y cualquier otro que se derivado de la actividad emprendida, así como todos aquellos que la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico no asuma de forma expresa.
El horario para las naves será libre pudiendo establecer cada cesionario el más idóneo para el desarrollo de su actividad dentro de la legalidad vigente; y el del centro (zonas comunes, despachos y nidos) será de lunes a viernes de 8.30 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
Excepcionalmente, se podrá autorizar la estancia en el Vivero de Empresas fuera de tal horario, previa petición por escrito a la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, encargada de la gestión del Vivero.
La clase obrera reacciona a la conculcación del derecho de huelga del Gobierno
Los derechos de clase obrera han sufrido estos días un ataque frontal por parte del Gobierno de Mariano Rajoy que sólo ha reaccionado del mismo modo en que lo hizo Carlos Arias Navarro con la huelga del Metro de Madrid de 1976, es decir, militarizando los servicios que deberían realizar los trabajadores que luchan por un salario digno y por unas condiciones laborales más propias del siglo XXI que del XIX.
El Gobierno de Mariano Rajoy quiso terminar con la huelga de los trabajadores de Eulen a través de la represión y de la militarización. Tal y como afirmó el antiguo secretario general de CCOO en un tuit “La última vez que viví la militarización de una huelga era 1977 y todavía no teníamos Constitución”. No se puede decir más con menos palabras ni se puede describir mejor la situación vivida en el aeropuerto barcelonés desde el pasado lunes. Además, utilizar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reventar una huelga y colocando a los trabajadores de la Guardia Civil en la tesitura de convertirse en esquiroles o en cómplices de la empresa que oprime a sus empleados para no perder un punto de ratio de beneficios es más propio de una dictadura que de un gobierno que se dice democrático. Sin embargo, Mariano Rajoy, su Ejecutivo y el PP siempre han echado mano de los usos propios de quienes fundaron el partido allá por el año 1976.
Un gobierno democrático no puede utilizar medios represivos para reventar una huelga, medios que van desde la imposición de unos servicios mínimos abusivos hasta la obligación de aceptar un laudo obligatorio saltándose todos los procedimientos de negociación entre empresa y trabajadores que debe regir las relaciones democráticas entre obreros y patronos.
Sin embargo, el Partido Popular no cree en los derechos fundamentales de la clase obrera. Desde que gobierna Rajoy no se ha dado la oportunidad de que un conflicto laboral que podría vencer a las condiciones impuestas por las empresas a la sombra de la Reforma Laboral porque, si los trabajadores triunfan se mostraría debilidades en el modelo de precarización impuesto en el año 2012.
El Consejo de Ministros ha impuesto un plazo de 24 horas para que Eulen y sus trabajadores decidan quién será el árbitro que determine las condiciones que habrán de ser impuestas para que los empleados de Eulen abandonen la huelga, condiciones que serán muy inferiores a las justas reivindicaciones de los representantes de los trabajadores. En caso de que pasara el plazo impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, será éste quien determine a ese intermediario que, evidentemente, favorecerá los intereses de la empresa. Siempre que ha habido un laudo obligatorio, así ha ocurrido. Con un gobierno conservador de ideología económica liberal no se espera que la estadística cambie su tendencia.
La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. CCOO en un comunicado “considera que el nombramiento de un árbitro para resolver mediante laudo obligatorio el conflicto surgido en el aeropuerto de El Prat es una respuesta autoritaria del Gobierno, que ataca al ejercicio efectivo de derechos como el de Huelga y la propia Negociación Colectiva”. El sindicato hace un análisis certero de las causas de este conflicto: “el problema de fondo en este conflicto es la utilización de la subcontratación de actividades como fórmula de precarización de las condiciones de trabajo. Las Administraciones Públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica. Esta forma de externalizar actividades para disminuir costes, y por tanto salarios, es especialmente perversa cuando nos referimos a servicios especialmente delicados, como son los que tienen que ver con la seguridad aérea. A esto se añaden las consecuencias de la reforma laboral. Recordemos que, desde la misma, se permite suscribir convenios de empresa que empeoren las condiciones salariales de los convenios del sector. Esto es lo que ha ocurrido en el servicio de seguridad de las líneas de El Prat: un convenio de la empresa de seguridad en Barcelona fija unos salarios bajos que acaban provocando la reacción de trabajadores/as. Para CCOO, este modelo laboral “low cost” va a seguir provocando caídas de los salarios y crecientes movilizaciones que podrán afectar a este o a otros sectores”.
El Gobierno se ha dado mucha prisa en cercenar el derecho de huelga de los trabajadores de Eulen en El Prat. No se puede mostrar a los ciudadanos que se puede derribar el sistema de opresión laboral del PP. Sin embargo, no se esperaba la reacción de la clase trabajadora. No han tenido en cuenta una de las leyes de Newton por la que Actioni contrariam semper & æqualem esse reactionem (con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria). El Gobierno se pensaba que con la dureza represiva de la militarización iban a lograr la rendición de la clase obrera. Ha ocurrido todo lo contrario. Por un lado, los trabajadores de la seguridad de diferentes aeropuertos ya han convocado huelgas a finales de este mes de agosto. Por otro lado, los sindicatos de Aena han convocado paros totales a partir del día 15 de septiembre durante 25 días.
Es el momento de que la clase obrera se una en un movimiento huelguístico general que termine con la opresión gubernamental y empresarial impuesta por Rajoy desde que llegó a la Moncloa.
Los independentistas juegan al gato y al ratón con el Gobierno de Rajoy
Mariano Rajoy tenía todo previsto para el día de hoy. Reunión del Consejo de Ministros, Tribunal Constitucional avisado de que tendrían que trabajar en plena canícula de agosto y ataque masivo desde las redes sociales a los independentistas. Pues va a tener que esperar porque el parlamento catalán no ha tratado hoy la tramitación de la primera parte de la desconexión, La ley de Referéndum. Sabedores de las intenciones del Gobierno, han decidido esperar una semana más.
Así lo ha expresado Carme Forcadell, tras salir de la reunión de la Mesa del Parlamento catalán: “No es una Ley fácil, por la judicialización de la política y por la situación de cinco miembros de la Mesa”. No hay duda que, se retrasa porque hay temor a las represalias contra los miembros de la Mesa por parte del Gobierno de Rajoy.
Desde el PSC y Cs se han quejado de que no se haya debatido, en la Mesa, la propuesta de la Ley. Ante esto les ha replicado Forcadell que la Mesa no tiene ninguna obligación de debatir la Ley y que ya se sabe que “aquí no hay nadie inocente” en referencia a los partidos quejosos. Por tanto, queda postergado del debate en Pleno hasta el 6 y 7 de septiembre y la posterior impugnación del Gobierno. Juegan de esta forma al gato y al ratón con Rajoy y, especialmente Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno, que lleva desde hace mucho tiempo esperando coronarse como sustituta del presidente del Gobierno, ha dejado hacer, en vista que no ha sido capaz de demostrar ninguna capacidad de diálogo con Cataluña, y tiene a todo su equipo jurídico preparado para atacar y poder “ponerse la medalla”. Aunque ya le han recordado desde el PSOE que el problema catalán no es jurídico sino político.
En este sentido Adriana Lastra ha denunciado el inmovilismo del Gobierno en Cataluña para “dejar pudrir los temas hasta que ya prácticamente no tienen solución”. Así ha declarado que el PSOE como principal partido de la oposición debe “aportar soluciones, y hacerlo ahora, porque serán mucho más eficaces y eficientes que el día 2 de octubre”. La vicesecretaria ha declarado que le dieron todo el apoyo institucional al Gobierna a cambio de que dialogasen “constitucionalmente”, pero, como ya se ha puesto de manifiesto, “un mes después no solamente no ha hecho nada, sino que nos tememos que siga sin hacer nada porque no ha habido ningún anuncio, avance o gesto”.
“Nos parece muy bien recurrir la ley del referéndum, porque no hay otro camino que cumplir la legalidad, pero también es cierto que en La Moncloa necesitamos una mayor energía en el desmontaje del independentismo”, ha afirmado Lastra. Quién también tuvo tiempo para atacar a los independentistas, a los que criticó por “situar a Cataluña fuera de la legalidad”, lo que supone “una grave irresponsabilidad”.
Al final el Gobierno se ha quedado compuesto y sin recurso que presentar, pero con una querella contra Rajoy y Sáenz de Santamaría por no haber acudido a la Comisión del Parlamento catalán. Aunque, juristas consultados, afirman que no tiene mucha viabilidad para prosperar.
Águilas presenta al programa «1,5% Cultural» el proyecto de recuperación de la isla del Fraile
La recuperación histórica de la bahía del Hornillo y los elementos que hacen de ella un enclave singular es uno de los objetivos del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Águilas, convencido de la excelencia de este enclave como atractivo turístico de la localidad.
En este sentido, la alcaldesa del municipio, Mari Carmen Moreno, ha anunciado que el Ayuntamiento ha presentado el proyecto Recuperación Histórica de la isla del Fraile al programa del 1,5% Cultural, puesto en marcha por el Ministerio de Fomento a fin de subvencionar actuaciones de recuperación de patrimonio histórico.
La alcaldesa ha asegurado que, pese a que el número de proyectos que concurren a este programa es muy elevado, la singularidad del presentado por el Ayuntamiento de Águilas nos hace tener buenas perspectivas. Además- proseguía diciendo la primera edil- creemos que es el momento oportuno para actuar sobre la isla del Fraile porque, aunque las condiciones actuales que presenta no son malas, la erosión y los acarcavamientos producidos por la evacuación de aguas pluviales están deteriorando progresivamente el lugar”.
Cabe señalar que la importancia y singularidad de este enclave, potencialmente una de las mayores factorías de salazones romanas de la Tarraconense, lo hizo merecedor de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de sitio histórico.
Concretamente, las actuaciones propuestas en el proyecto, presupuestadas en algo más de 650.000 euros, incluyen la instalación de un pantalán retráctil de uso restringido para acceder a la isla embarcaciones destinadas a realizar trabajos, así como visitas guiadas; el acondicionamiento de un sendero que permita realizar los trabajos de excavación y una ruta turística por la zona; y la excavación arqueológica de un área de la isla del Fraile, concretamente en la se presentan restos de piletas de salazón de pescado.
Podemos denuncia el deterioro de la educación pública por el fomento de la concertada
Podemos, a través de su Secretaría de Políticas Públicas ha alertado del deterioro de la educación pública al entrar en vigor la medida que abre la posibilidad de concertación a los centros de Bachillerato y FP que además se amplíen de cuatro a seis años. Este nuevo paso hacia la privatización de la educación pública para Juan Ángel Sánchez Naharro, Secretario de Políticas Públicas de Podemos Región de Murcia, implica “una nueva agresión a la educación pública, que el gobierno oficializa”.
Sánchez Naharro ha explicado que el Gobierno Regional del Partido Popular hace una “utilización de la libertad de elección de centros como pantalla para favorecer un determinado modelo educativo frente al interés por la educación pública”. Además, ha denunciado que “la Consejera de Educación sigue empeñada en utilizar conceptos como estabilidad, demanda social y libertad de elección de las familias para enmascarar unas decisiones que no solo son perjudiciales para el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo, sino que además ponen en riesgo el concepto de servicio público en beneficio de determinados intereses económicos y empresariales”.
Podemos considera que prolongar en seis años la duración de los Conciertos Educativos “supondrá una carga económica a los presupuestos regionales difícilmente justificables desde el punto de vista educativo y que tendrá repercusiones en la educación pública regional”.
El partido morado lamenta y denuncia que el Gobierno del Partido Popular use la educación como un modo de apoyar un concepto de la educación como negocio y no como de servicio público, algo que “como administración debería esforzarse en mantener”, ha concluido Juan Ángel Sánchez Naharro.
Juana Rivas pedirá amparo en Estrasburgo
La abogada María Castillo junto con la asesora de Juana Rivas, Francisca Granados, han lamentado la inadmisión del recurso de amparo decidido está tarde por el constitucional y han anunciado que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.
La abogada María Castillo ha apreciado que la resolución del Tribunal Constitucional es «incongruente» y ha recordado que la inadmisión por el mismo Tribunal, el pasado 31 de julio, cuando también negó el amparo a Juana Rivas, “dijo hacerlo porque había aún abierta una vía ordinaria, la de la Audiencia de Granada, según sentencia dictada el pasado 21 de abril, que le obligaba a devolver a los niños, aún no era firme”.
Para la abogada “si esa sentencia no era firme, por lo que se pudo presentar el también desestimado incidente excepcional de nulidad en el tribunal provincial, no puede decir ahora el Tribunal Constitucional que no estudia el fondo de la causa y argumentar que es extemporánea«. Castillo ha insistido en que “la sentencia es firme desde el 9 de agosto y que no han transcurrido por tanto los treinta días de plazo que contempla el Tribunal Constitucional para el recurso de amparo.”
Para Castillo, el Constitucional ha dado «dos causas para no aceptar la petición de amparo, para la abogada ambas resoluciones son incompatibles y dicho razonamiento de hoy se podía haber esgrimido en julio”.
«Se nos han dado esperanzas y ahora dictan de nuevo la inadmisión por un requisito formal, no han entrado en el fondo«, lamentando que el Tribunal Constitucional “haya declinado valorar las vulneraciones que entienden se han producido en primera y segunda instancia» en este procedimiento de sustracción de menores. Ha conlcuido la abogada María Castillo.
Para Francisca Granados, la asesora jurídica de Juana Rivas, el fallo del Tribunal Constitucional, ha sido un mazazo, que ha hecho ampliable al conjunto de la sociedad.
“Una cosa es la legalidad y otra la justicia”, Para Granados, “si tengo que elegir entre legalidad y justicia, hoy elijo justicia”
Granados, directora del área de Igualdad de Maracena y asesora jurídica del Centro de la Mujer, «Hemos echado en falta el papel de la Fiscalía», que debería haber girado en torno a la defensa de los menores: «Y la verdad es que ha sido muy descafeinada su posición».
La fiscalía tiene tres días para recurrir el fallo del Constitucional. Una vez agotado, Juana Rivas, acudirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la última esperanza de la madre.
Francisca Granados ha criticado la demora en la tramitación de la denuncia que Rivas interpuso contra Francesco Arcuri en 2016. Dicha denuncia ha tardado más de un año en ser traducida al italiano, y fue enviada hasta hace unos días.
Granados ha criticado con dureza a la jueza que ha asumido el caso de Juana Rivas: “Dice que sabe que el padre ha maltratado a la madre, pero a la jueza no le consta que eso le afecte a los menores, y yo digo aquí: señora jueza, usted no se sabe el ordenamiento en España, que eso no es cuestionable. Los hijos de víctimas de violencia de género son víctimas de violencia de género. Ese desconocimiento pone en marcha unos mecanismos que no son los adecuados, y hablamos de desconocimiento porque no vamos a pensar que hay otros intereses”












