jueves, 9 abril, 2026

El Colegio de Abogados de Lorca reclama la implantación de un Juzgado de lo Social

El Colegio de Abogados de Lorca y con él su Decano al frente, Ángel García Aragón, reclama a la Administración de Justicia la instauración urgente de un Juzgado de lo Social en Lorca para atender las demandas del extenso Partido Judicial. Mientras tanto, los asuntos se solucionan mediante la adscripción temporal de un juez de refuerzo aparte del  juez titular, con objeto de resolver de manera rápida los asuntos pendientes, “medidas insuficientes”, según expone el Colegio de Abogados en un documento al que ha tenido acceso Diario 16.

En estos momentos, los abogados se encuentran que hasta los juicios más rápidos en los Juzgados de Lorca, en ocasiones tardan meses en salir, superando incluso los plazos legales, y dicen tener constancia que algunos años se han tramitado más de 300 expedientes jurídicos de trabajadores de esta Comarca, por lo que consideran “esencial” un Juzgado de lo Social que tramite esta gran cantidad de expedientes “sin necesidad de que nadie se tuviese que desplazar hasta al capital murciana”.

A juicio de los letrados lorquinos, “supone un fuerte agravio comparativo” que, mientras que en Cartagena hay tres Juzgados de lo Social y en la de Murcia ocho, Lorca y el conjunto de la Comarca del Guadalentín, que abarca una población superior a los 175.000 habitantes, “estén huérfanos” de un juzgado que atienda los litigios que afectan a los trabajadores frente a sus empresas y viceversa, así como frente a otros Organismos Públicos como puedan ser Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutuas de AT y EP, Tesorería General de la Seguridad Social, etc.

Esta situación, agregan los abogados, “no solo afecta a los trabajadores y a las empresas”, sino que igualmente “supone un perjuicio” para los profesionales que trabajan con estos colectivos: Asesorías y Gestorías Laborales, Graduados Sociales y Abogados, que tienen que desplazarse en el caso de esta Comarca a la ciudad de Murcia, para la celebración de juicios en el ámbito laboral.

Agregan desde el Colegio de Abogados de Lorca que “la lentitud de los tribunales murcianos responde, en parte, a las elevadas tasas de litigiosidad que soportan”. Así, en los últimos años, según indica la estadística del CGPJ, la entrada de asuntos en los juzgados de la Región volvió a aumentar, siendo Murcia una de las comunidades con mayor tasa de litigiosidad.

Frente a esta elevada litigiosidad, los juzgados de la Región van resolviendo más asuntos de los que ingresaron. De este modo, el atasco es bastante inferior al que los tribunales murcianos sufrían, años anteriores, cuando muchos más asuntos aguardaban respuesta.

Un ejemplo puede ser el de las conciliaciones. Muchos trabajadores, para evitar que se le pasen los plazos, tienen que presentar la demanda ante el Juzgado antes de saber de si se va a poder llegar a algún acuerdo, demandas que luego son retiradas por haber llegado a un acuerdo, pero que saturan a los Juzgados de lo Social.

Como ejemplo, recuerdan que cualquier letrado que haya tenido que demandar a una empresa conoce los retrasos que generalmente hay en los Juzgados de lo Social. Dependiendo de los Juzgados este retraso puede ser mayor o menor, pero en algunos casos ya están citando para muchos meses después de haber presentado la demanda.

Retrasos y falta de medios

Los peores retrasos suelen ser en los procedimientos en reclamaciones de Seguridad Social, sanciones o reclamaciones de cantidad, con un retraso de media de unos dos años, dependiendo del Juzgado. Otros procedimientos prioritarios, como los de despido, tardan entre tres y 12 meses. Llama la atención que, a pesar de que los jueces en los últimos años han atendido menos asuntos, han dictado más sentencias. Este hecho puede ser debido a que las normas actuales animan poco a la conciliación entre trabajador y empresa.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, por lo general existen grandes deficiencias en los medios de los que disponen los juzgados, y sobre todo “por una gran falta de personal”. Obviamente, indican que “el más perjudicado de estos retrasos es siempre el justiciable”, que ha acudido a la Justicia para que se solucione su situación y ve como el procedimiento se demora meses y meses.

Pero a estos perjuicios se suma la posibilidad de que en todos los meses durante los que se demora el juicio la empresa que ya iba mal cuando no pagó los salarios o despidió objetivamente se quede sin bienes, desaparezca, o acabe en concurso de acreedores. De esta forma los trabajadores que han visto reconocidos sus derechos muchos meses más tarde ven peligrar cobrar las cantidades que les han sido reconocidas.

A estos retrasos judiciales hay que sumar los retrasos que acumula el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a la hora de realizar sus pagos, ya que, aunque haya aprobado la solicitud, en ocasiones, retrasa el pago por falta de fondos. Cabe recordar que el Fogasa fue condenado a pagar intereses por estos retrasos. Sumando todos ellos puede darse el caso de que un trabajador que ha sido despedido o que la empresa no le ha pagado el salario, tarde cuatro o cinco años n recibir por fin esas cantidades.

División de jurisdicciones en los juzgados mixtos de Lorca

En Lorca, los siete Juzgados de Primera Instancia e Instrucción existentes tienen cometidos en materia civil y penal, pero a nadie se le escapa que la división de los referidos juzgados supondría una agilización en la tramitación de los asuntos, al margen de los múltiples beneficios que la especialización conlleva

 

Andalucía sí quiere turistas

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, sí quiere que los turistas lleguen a Andalucía. Pero no sólo quiere que lleguen sino que aprovechen para disfrutar de la variedad gastronómica que tiene la región. Por ello ha valorado la capacidad de la gastronomía andaluza para atraer a la comunidad autónoma a alrededor de 650.000 turistas al año.

Partiendo de este dato, el consejero ha comenzado la acción promocional promovida por el Gobierno andaluz en las playas de Vera (Almería), donde ha destacado la calidad y la excelencia de los productos agroalimentarios y pesqueros y de la cultura culinaria como una “parte trascendental” de la oferta turística de la región. No en vano, como ha apuntado, el 40% del gasto de los visitantes tiene como destino la restauración.

Sánchez Haro ha subrayado, en este sentido, la importancia del enoturismo y el turismo gastronómico, que, desde su óptica, no solo “ensalzan las bondades de los alimentos y bebidas del campo y el mar andaluces, sino también su contexto histórico y un marco geográfico “inmejorable”. Las personas que llegan a Andalucía “busca y encuentra las particularidades locales y disfruta de ellas”, ha apostillado el consejero. También ha incidido en la importancia del desafío que “tenemos por delante a través de las denominaciones de origen protegidas (DOP) o las indicaciones geográficas protegidas (IGP)”.

El turista, en palabras del titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, “quiere degustar nuestros productos, conocer el proceso de producción y contemplar el patrimonio cultural y culinario de los lugares que visita”, algo que, ha concluido, emerge como una “gran oportunidad que hemos de aprovechar desde nuestras figuras de calidad, con proyectos e innovación”. Para Sánchez Haro, la posibilidad de ver, por ejemplo, una vendimia o una subasta de pescado, comprobar cómo se marisquea o adentrarse en la elaboración del aceite de oliva aporta valor añadido al turismo de Andalucía.

¿Cuántas Empresas están en el limbo?

El pasado 31 de Julio se publicó la estructura y dinamismo del tejido empresarial en España. Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2017,  como dato importante nos indica que el censo de empresas en España a 1 de enero de 2017 es de 3.282.346 sociedades.

El estudio nos demuestra que la tendencia desde el año 2014 es un crecimiento sostenido en estos último tres años se han creado una cifra neta de 163.036 sociedades más y desde el punto de vista del tamaño, medido en número de asalariados, las empresas españolas volvieron a caracterizarse por su reducida dimensión.

A 1 de enero de 2017 más de 1,82 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,5% del total. Además, otras 894.179 (el 27,2% del total) tenían uno o dos empleados.

 Si se suman estos dos grupos, resulta que el 82,8% tenían dos o menos asalariados.

Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más trabajadores representaron el 4,6% del total.

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encontraron en los sectores Construcción (el 85,9% tenía dos o menos asalariados) y Resto de Servicios (84,3%).

Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentró en el sector industrial, donde un 8,1% del total empleó a 20 o más asalariados.

Deberíamos reflexionar sobre la cifra de 1,82 millones de empresas que no tienen asalariados. Es curioso que un autónomo decida continuar una actividad cuando siendo Autónomo Societario paga aproximadamente 70,00€ más mensualmente, cuando la responsabilidad como Administrador la tiene toda (en principio la misma que un autónomo normal) y  fiscalmente no salga tan beneficiado.

Según el DIRCE a 1 de Enero de 2015 existían 3.186.878 empresas de la cuales 1.453.514 presentaron impuestos de Sociedades año 2014.

Si nos centramos en la Comunidad de Madrid dispone de 526.156 a fecha 01 de Enero de 2017 y a esa fecha dispone de 199.591 son sociedades con asalariados, con lo que nos encontramos con una diferencia de 327.607 sociedades que no tienen empleados, dato que debemos considerar partiendo de la base que la legislación española permite que se genere un cementerio de elefantes para empresas, que sus socios en vez de decidir liquidar proceden a cese de actividad en la Agencia Tributaria, y las dejan morir erróneamente.

Muchos no saben que estos socios tienen la obligación de presentar cuentas en el Registro Mercantil, en el caso de no realizarlo pueden ser sancionados con multas de hasta 300.000 €, pero la realidad no es esa, ya que no se sancionan porque éstas sociedades quedan despatrimonializadas y con socios a la fuga, sin valorar las consecuencias que pueden llegar a tener, a parte de la sanciones que pueden recibir de la Agencia Tributaria por la no presentación de la declaración informativa de operaciones con Terceros y el Impuestos de Sociedades.

Pero siguiendo con el informe de DIRCE nos dice que en este último año se han creado 419.504 empresas durante el ejercicio 2016 y se han causado baja 385.165 sociedades, pero dato más importante es que a fecha 1 de Enero de 2017 el 78,1% de las unidades ya estaban registradas, eso demostraría que la salud del tejido empresarial de este país sería muy buena, pero todos sabemos que no es así.

Por esto considero que aun existiendo la posibilidad que existan empresas sin asalariados que estén activas, creo que la cifra que anteriormente hemos mencionado de 3.282.346 no corresponde con el censo real de la Sociedades activas en el territorio Nacional. Esta situación demanda una solución legislativa que vendrá de mano de permitir un tiempo concreto en situación de cese de actividad, abaratar los costes de cerrar una Sociedad y por último buscar soluciones viables a la liquidación de empresas con problemas económicos.

Por último indicar que he intentado que el Instituto de Estadística me indique si se han eliminado las sociedades sin actividad, su contestación no ha sido afirmativa y me remite a las fuentes sin concretar nada.

Desgarradora carta de Juana Rivas pidiendo justicia

Juana Rivas pide ayuda. Justicia para sus hijos que, según la ley, ya deberían estar con su ex pareja, a quien esta mujer acusa de maltratarla a ella y a su hijo de once años. El tiempo Judicial se acaba para Juana Rivas.

Desde Diario16 pedimos Justicia a todas las instituciones del Estado.

«Hola a todos y todas,

Soy esa Juana Rivas Gómez a la que tanta gente está juzgando. Sin saber prácticamente nada de la auténtica pesadilla de terror a la cual nos estamos enfrentando mis dos hijos y yo.

No tendríamos que estar así.

Ante todo muchísimas gracias, a todos aquellos que conocéis la empatía y desde lejos y cerca nos estáis apoyando. No tengo suficientes palabras de agradecimiento, pero sí un corazón que se expande sin límites hacia las personas con humanidad.

Como dije ayer estoy huída, pero no siento que esté haciendo nada malo, pues la ley es la primera que se la han saltado a la torera desde el principio.

Si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí.

Si la primera jueza a la que acudí en España denunciando nuestra grave situación en Italia me hubiera escuchado y hubiera enviado la denuncia inmediatamente como pone la ley, el Convenio de la Haya no estaría amenazando a mis hijos sino protegiéndolos. Pero es que ni siquiera lo admitió a trámite por error. Y resulta que la denuncia de malos tratos, que tenía que haber llegado a Italia hace más de un año todavía no ha salido de España. Por favor, comprueben que lo que digo es cierto.

Para proteger a mi hijo pequeño también pedí su custodia hace más de un año en un juzgado de familia español (la del grande ya la tengo desde 2009). Ese juzgado citó a Francesco varias veces durante meses, protegiendo su derecho a ser escuchado. Él nunca compareció. Como tampoco nunca vino a ver a sus hijos ni aportó nada para mantenerlos. ¿Cómo se explica si es tan buen padre que durante un año haga esto? Todo se puede comprobar.

Desde que vine a España, siempre, por el bien de mis hijos, he estado dispuesta a llegar a un acuerdo (por favor, pregunten a mi abogada María Castillo y al Centro de la Mujer de Maracena), pero siempre su respuesta fue que por encima de todo yo tenía que volver a Italia. ¿Cómo volver a esta vida de pesadilla para mí y para mis hijos? A ellos nunca les he hablado mal de su padre. Siempre he intentado que tuvieran buena relación. Hasta él mismo dice que siempre pudo hablar con ellos cuando quiso. ¿y saben ustedes cuándo dejo de hablar? No fue porque yo se lo negara, sino porque mi hijo de 11 años, a partir de diciembre, le dijo que no quería hablar con él porque no podía entender que su padre nos hiciera sufrir tanto.

A las citaciones a las que no vino, a las llamadas de mi abogada a las que no contestó, a los meses de pesadilla intentando formalizar la custodia de mi hijo, su respuesta fue presentar una demanda internacional como si yo hubiera raptado a los niños.

Un rapto no puede ser una mujer que huye del horror para proteger a sus hijos (sí, con la excusa de las vacaciones) ¿Cómo si no? Para poder salir del terror en el que estábamos sumergidos, y donde literalmente la vida se me estaba agotando y cerrando un camino de libertad y bienestar para mis hijos. Un maltratador nunca te va a dar el consentimiento de irte.

Y entonces empieza un nuevo calvario.

El 24 de noviembre pasado, tres días después de recibir su demanda me encuentro sentada en el banquillo de un juicio, donde se me hacen tres preguntas. “¿El padre de los niños los llevaba al colegio? ¿El padre sostenía económicamente a la familia? ¿Por qué no denuncio los hechos allí?”. Sí, el padre de los niños los llevabas muchas veces al colegio mientras yo trabajaba en el negocio familiar y era lo único que él estaba dispuesto a hacer a lo largo del día en relación a los niños. El negocio familiar estaba efectivamente a su nombre, pero pueden preguntar a cualquiera de los clientes quién hacía la limpieza, la lavandería, la comida, quién atendía a los niños, cargaba la leña, daba la cal…

A la tercera pregunta de por qué no denuncié los malos tratos en Italia, yo les digo: cualquiera con mi historia, viviendo en una casa aislada en el campo a 8 kilómetros del único pueblo de una isla pequeña en un país que no es el mío, sin ningún familiar, trabajando con mi maltratador, viviendo en casa de mi maltratador, que controla todas mis entradas y salidas, con vecinos que me dicen que los trapos sucios se lavan en casa… ¿Qué persona en esa situación va y pone una denuncia para comenzar una lucha legal contra el hombre que la maltrata psicológica y físicamente frente a sus hijos durante años? ¿Quién comenzaría una lucha legal sin apoyo ni recurso alguno?

No creo que un ser humano con todas sus capacidades humanas me diga que sí. Es muy fácil y rápido juzgar, pero pónganse por unos segundos en esa realidad. ¿Tan difícil es de entender?

Esas son las únicas preguntas que me hacen a mí. ¿y a mis hijos? ¿Qué preguntan a mis hijos?

Mi hijo mayor es “valorado” por la psicóloga del juzgado y las dos veces que sale de su despacho sale llorando. Es a partir de entonces cuando se niega a ponerse al teléfono cuando lo llama su padre. Mi hijo no quiere vivir con él. A lo sumo, dice en el Juzgado, está dispuesto a pasar vacaciones en Italia.

Los malos tratos, de los que mi hijo ha sido testigo, se acreditan. Sale en la sentencia de este proceso, lo dice la misma jueza. Por favor, compruébenlo.

A pesar de todo esto dicen que mis hijos se tienen que ir.

¿Cómo puede ser que a mis hijos, españoles, en España, cuya ley entiende que son víctimas del maltrato y que por eso hay que protegerlos especialmente, se les condene a ser enviados sin demora con el maltratador a otro país? ¿Cómo puede ser, sin embargo, que la denuncia de maltrato de julio del año pasado, cuya resolución les habría protegido, todavía no se haya mandado en agosto de este año? ¿Cómo puede ser que el sistema que debería protegernos se use para dañarnos?

¿cómo es posible que mi hijo haya sido valorado por una psicóloga, que ni siquera está colegiada, cuando en la ley española se dice que en estos casos deben intervenir varios profesionales especializados en violencia de género? Mi hijo relató a la psicóloga cosas de terror y no aparecen en el informe. Y sin embargo él salía llorando de impotencia. ¿Por qué le están haciendo pasar por este calvario? ¿Por qué no protegen a mis hijos?

Cada situación violenta que desencadenaba este hombre era de puertas para dentro, pero nunca se privaba de que los niños no estuviesen delante, incluso mi hijo recibió algún golpe intentando defenderme. El seguía a su padre cuando me encerraba para ver donde escondía las llaves tanto de casa como del coche, y pobrecito mío en muchas ocasiones me las traía y decía -mamá, ¡escapa!.

También un día lo dejo encerrado fuera en el campo sin luz y con mucho frio durante dos horas que yo conseguí bajar al pueblo y eso lo hacía para hacerme daño a mí, para que no saliera.

Él siempre me decía que era una desgraciada y que el tenía dinero para enterrarme judicialmente, que allí lo tenía todo perdido con sus contactos.

Os puedo asegurar que esto no es ser un buen padre, este hombre me decía los peores insultos e incluso me escupía en la cara delante de mis hijos.

Son infinitas las veces que en mi mente se reproducen las imágenes de mis hijos aterrorizados abrazándome en llantos inconsolables, no comprendían que pasaba y sentían mucho miedo.

¡Podría contar tantas cosas!

He escrito diez folios, pero es demasiado largo. Ojalá me los pidiera un juez. Yo no pido que los jueces cambien sin más de opinión, solo pido que se valore adecuadamente mi situación y la de mis hijos. Que hasta ahora no se ha hecho.

¿De verdad piensan que yo puedo entregarlos?

Quiero darle este mensaje a la jueza de la instancia n 3 de Granada, por favor si en su mano aun queda algo en lo que nos pueda ayudar. Que lo haga por favor. Que está todo documentado. Y que tanto mis hijos como yo merecemos un respeto.

Que aquí lo importante son mis hijos que están en peligro por errores judiciales.

Quiero pedir a esta juez y a todo aquel que nos pueda juzgar que encamine este proceso hacia la cordura, hacia la coherencia. Mis hijos están en peligro si dejamos caminar esta injusticia que nos está martirizando.

Señores jueces, lo que estoy haciendo no es un desafío, es supervivencia. Legalmente lo he intentado todo y no me han dejado otro camino. Esconderme es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Pero no puede ser para siempre. Por favor, paren esta locura.

Por favor, pónganse en mi lugar.

Juana Rivas Gómez

Granada, 14 de agosto de 2017»

La presión de los sindicatos obliga al gobierno a prorrogar el plan Prepara

El gobierno decide finalmente aceptar las exigencias de UGT, de UGT en la Mesa del diálogo social del plan de choque por el empleo que se ha celebrado este lunes, y decide proponer a las Comunidades Autónomas la prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo (Plan Prepara). El próximo Consejo de Ministros del día 25 aprobará un Real Decreto que contendrá una autorización expresa de las Comunidades Autónomas, por encomienda de gestión en el Ejecutivo, la prórroga del programa con carácter retroactivo al 15 de Agosto.

El Tribunal Constitucional declaró ilegal la gestión y la forma centralizada en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del pago a parados del plan Prepara, tras una demanda del País Vasco. Para UGT y CCOO está sentencia no puede servir de excusa al Gobierno para acabar con ese programa.

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, de UGT, ha afirmado que el sindicato ha exigido en la reunión de la Mesa del diálogo social del plan de choque por el empleo, “que la prórroga sea inmediata y con carácter retroactivo a 15 de agosto, para que ningún desempleado se quede sin protección”, y que esta solución “de continuar con el programa cuente con el consenso expreso de las comunidades autónomas”.

Mari Carmen Barrera cree que debería convocar “de manera urgente, diálogo social para reformar toda la protección por desempleo de este país”. Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, de UGT, esta reforma servirá para que “se protejan más y mejor, se suba la tasa de protección por desempleo actualmente en el 54,6%”, y se incluya esta revisión integral de la protección por desempleo una mayor coordinación en la gestión, conforme a sus competencias con las comunidades autónomas.

La prórroga del plan Prepara, va dirigida a los desempleados que han agotado todas sus prestacionespor un periodo de seis meses máximo, plazo para revisar y poner en marcha nuevos programas de protección más eficaces, tal y como ha exigido UGT desde que se inició la mesa del diálogo social por el plan de choque por el empleo.

En la reunión de la Mesa del diálogo social del plan de choque por el empleo, se ha puesto fecha a esta reforma de la protección por desempleo, acordando reunirse el próximo 4 de septiembre e iniciar los trabajos para reformar el PAE, Prepara y PRODI.

Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO es necesaria “una reforma sistema de protección para los desempleados de larga duración que simplifique los programas existentes (PAE, Prepara y RAI)”.

Estas modificaciones consistirían en que pudieran ser beneficiarias las personas sin cargas familiares y que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores al 75% del SMI. También que las personas que ya hubieran percibido las ayudas puedan volver a percibirlo por segunda vez”, explicó Lola Santillana.

El objetivo de esta prórroga para ambos sindicatos es no dejar sin protección a aquellas personas que han perdido su empleo y que ya han agotado las prestaciones o no han cotizado el tiempo suficiente para acceder a la protección por desempleo.

CCOO propuso que Empleo relajara los requisitos de acceso a la ayuda para desempleados de larga duración sin ingresos, “Programa de Activación para el Empleo (PAE)”, como forma de evitar que algún potencial beneficiario del Prepara se quede sin subsidio. el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, rechazó esta propuesta, al afirmar que cuenta con el PAE, con la Renta Activa de Inserción y con los salarios sociales autonómicos para evitar la desprotección.

El Gobierno terminará con la huelga de El Prat imponiendo un Laudo

El día 16 de agosto de 2017 será una nueva fecha negra para la democracia española. En esa fecha se reunirá de manera extraordinaria un Consejo de Ministros que va a imponer a los trabajadores una solución que no cerrará de ningún modo la situación de los vigilantes de Eulen ni de miles de trabajadores que son víctimas de las condiciones precarias necesarias para que las empresas aumenten sus beneficios a costa de las condiciones laborales y salariales de sus empleados.

Uno de los pilares de cualquier democracia que se precie de serlo es el respeto a los derechos de la clase trabajadora, entre ellos, el de huelga, la única arma con la que poder reivindicar y conseguir mejoras, sobre todo en un momento histórico que cada vez más se parece a los primeros años de la Revolución Industrial o a la semiesclavitud de los Estados del Sur de los Estados Unidos tras la Guerra de Sucesión.

Íñigo de la Serna, incapaz de llegar a una solución, ha tirado por el camino más fácil: utilizar la legislación predemocrática para imponer una solución ajena a la negociación colectiva entre trabajadores y empresa. Imponer, exactamente lo mismo que se hacía en el franquismo.

La decisión que adopte el arbitraje es de obligado cumplimiento tanto para la empresa como para los trabajadores. En principio, esa elección tiene que venir de parte del acuerdo entre Eulen y sus empleados. Sin embargo, ya se cierra cualquier vía para que se retomen las negociaciones propias de una democracia seria. En caso de que la elección entre trabajadores y empresa se demorarara el Gobierno tiene la potestad de ir más allá en su comportamiento predemocrático e imponer a uno.

El Gobierno de Mariano Rajoy, junto a sus cómplices de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, ya recurrieron a la militarización del servicio de control de seguridad de El Prat, utilizando a la Guardia Civil como esquiroles, hecho éste que ha sido denunciado por la AUGC.

Las reacciones ante este comportamiento más propio de los años del Sindicato Vertical no se han hecho esperar. Diego Barragán, secretario de Acción Sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, ha denunciado que “El uso de las fuerzas de seguridad del estado para sustituir a los trabajadores y trabajadoras en Huelga nos hace ver, una vez más, que el actual Gobierno no tiene ningún respeto por las más básicas normas de relaciones laborales”. Por su parte, UGT, en un comunicado, “sitúa como actuaciones de un bajo perfil político las acontecidas en el conflicto del Prat donde el Ministro de Fomento ha camuflado en garantías de seguridad elementos como introducir a la Guardia Civil y el sometimiento a un laudo, con la única intención de desacreditar la imagen de los vigilantes en conflicto y forzar un acuerdo ante una crisis que en ningún momento el ejecutivo ha sido capaz de gestionar”.

El conflicto de los taxistas se extiende a la provincia de Málaga

Los taxistas intentaron colapsar Málaga para que sus reivindicaciones fueran visibles y se sintieran en la Capital de la Costa del Sol. Más de 400 taxis de la capital y de la Costa del Sol se congregaron en la zona de parada del aeropuerto junto con compañeros de profesión de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Córdoba o Barcelona que se sumaron a la protesta para que tuviese una repercusión nacional porque el conflicto del taxi contra los VTC no es sólo de una ciudad o de una zona sino que afecta a todo el sector. Finalmente, las licencias impares se dirigieron a Málaga por la avenida de Andalucía y las pares por la carretera de Cádiz. Esto ha provocado graves problemas de tráfico.

La marcha la han hecho a un ritmo muy lento y con la idea de cortar los accesos a la ciudad. En la Avenida de Velázquez este ritmo lento ha provocado una cola de más de veinticinco autobuses porque los taxistas ocuparon su zona. Ahí se ha producido un momento de tensión cuando algunos ciudadanos han increpado a los manifestantes, reproches a los que los taxistas han respondido. Otro incidente se ha producido cuando la Policía Local les ha conminado a que abandonaran el carril destinado al tráfico de los autobuses, cosa que hicieron para, unos metros más adelante, volver a invadir.

Los taxistas que utilizaron la ruta de la Avenida de Andalucía circularon también a paso lento por un único carril hasta el Puente de las Américas donde les esperaba un furgón de la Policía Nacional junto a varias patrullas de la Policía Municipal que se colocaron en cruces estratégicos para evitar incidentes.

Málaga se encuentra en estos días en plena Feria y la presencia de los taxistas colapsando el centro de la capital ha sorprendido tanto a turistas como a los malagueños, muchos de ellos que ya se dirigían hacia la feria del Centro.

En el servicio de taxis en el aeropuerto no ha habido durante la mañana apenas incidentes. Había grandes retrasos, pero ningún incidente. Varios taxistas recorrían la cola de pasajeros para comprobar si entre quienes esperaban se encontraban personas en silla de ruedas, o que necesitaban ir al hospital o familias con bebés para darles prioridad respecto al resto. Uno de los pocos incidentes surgidos se ha producido con una conductora de Cabify a la que increparon los taxistas en huelga instándola a arrancar el coche e irse de allí.

La Policía ha controlado el acceso de la cola de usuarios de taxi para que ningún pirata ni ningún VTC entrara.

Por su parte, el Ayuntamiento está planteándose incrementar el número de autobuses de la Empresa Municipal de Transporte durante la madrugada. El propio Francisco de la Torre ha indicado que “Habrá que buscar medidas alternativas, y que nadie lo entienda como una forma de romper la huelga sino de atender las necesidades de la gente, que viene a Málaga y que no puede encontrarse que tiene que andar varios kilómetros para llegar”. Esta reacción del Ayuntamiento viene provocada por la situación que se generó la pasada madrugada en la que cientos de personas se encontraron en el aeropuerto de Málaga sin ninguna alternativa de transporte para ir a sus lugares de destino, tanto en la capital como en la Costa del Sol. Sin embargo, cualquier ampliación del servicio de autobuses puede ser tomado como un modo de reventar la huelga de los taxistas.

A Coruña no tiene Juzgado de Violencia de Género en verano

El Partido Socialista de Galicia llevará al Parlamento gallego el hecho de que hasta el día 13 de septiembre el Juzgado de Violencia de Género d’A Coruña porque no hay un juez sustituto del titular.

La portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Parlamento Galego, Patricia Vilán, ha criticado la decisión de los gobiernos del PP de Rajoy y Feijóo de no reemplazar al juez de guardia de verano de uno de los dos tribunales especializados en violencia machista en Galicia o a Coruña. Vilán ha recordado que el propio juez ha solicitado por escrito la sustitución, que le fue denegada. «La política del PP contra la violencia machista es poner un cartel de volvemos el 13 de septiembre«, censuró la socialista, quien ha agradecido la labor del Observatorio de igualdad de A Coruña que trasladó la queja a su grupo en el Parlamento.

Por una irregularidad tan grave ha trasladado no sólo la responsabilidad al presidente de la Xunta sino al propio Mariano Rajoy porque éste “se dedica a ir al baile de La Peregrina con no sé cuántas debutantes, presentadas en sociedad, con 18 años. Esa parece ser la lucha contra la desigualdad que tiene en mente el PP”.

Este cierre del Juzgado se produce a pesar de que en Galicia se presentan al día una media de 15 denuncias por violencia machista y sólo con dos juzgados específicos en la materia que gestionan al año más de 1200 expedientes penales y 130 civiles.

Al no haber juez de guardia, los asuntos se derivarán al de guardia. Esto supondrá que sólo se traten los casos más graves quedando pendientes temas como la custodia de los hijos de las víctimas de la violencia machista que denuncien y que se tiene que decidir en un máximo de 30 días. Según Vilán, la única justificación del departamento de Rafael Catalá para destinar un sustituto es la superación del presupuesto anual para la contratación de jueces sustitutos. Nuevamente se demuestra que el gobierno del Partido Popular no se toma en serio la violencia machista. Cerrar por vacaciones un juzgado como el de A Coruña es un escándalo. Según la portavoz socialista “es escandaloso que la apuesta del PP contra la violencia de género sea cerrar juzgados”, sobre todo en el verano, una época en la que se incrementan las denuncias y las agresiones machistas.

 

Nuevas pruebas contra Gabriel Amat por el caso Las Salinas

Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Almería nueva documentación sobre la “Trama Amat” o el “caso Las Salinas” por el que se está investigando al presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. En la documentación incorporada por la formación de izquierdas se añaden nuevos pagos y pruebas contra el entramado empresarial familiar de Amat. Ese que le ha llevado de ser un pobre hombre con el piso bajo embargo a consolidar una fortuna que, algunos, calculan en más de 2.000 millones de euros, en apenas 20 años. Desde que accedió a la alcaldía prácticamente.

Según denuncia IU, en esta ocasión se trata de la expropiación de unas parcelas por la construcción de la balsa de tormentas de Las Marinas, ejecutada hace ya más de diez años, cuya ubicación fue decidida por el mismo Gabriel Amat, y una de las fincas objeto de expropiación figura como propiedad de la mercantil “Complejos de Las Lomas Roquetas S.L.”, con CIF B04793766, que en consultas realizadas por IU figuran como administradoras solidarias María del Mar Amat Pintor y María Encarnación Amat Pintor, hijas del alcalde de Roquetas de Mar.

Según descubren desde Izquierda Unida, el equipo de Gobierno ha aprobado el pago de 140.659,26 euros de las arcas municipales por una parcela de 646 m2, lo que da un precio de 218 euros el metro cuadrado, afectados por una obra como es la balsa de tormentas de Las Marinas ejecutada ya hace una década. Un justiprecio muy por encima incluso de valor de mercado. Este tipo de negocio con las empresas familiares ya fue denunciado en estas mismas páginas y ponía el dedo en la llaga del entramado y las maniobras del alcalde roquetero para beneficiar a determinadas empresas que, casualmente, están dentro del entramado familiar. Como afirman desde IU, “no hay una mega obra en esta localidad de la que no salga beneficiado algún familiar del alcalde”.

“Hemos solicitado que se investigue y que este acuerdo y sociedad se sumen a los de la causa con Diligencias Previas 34/2012 por la que se investiga la denominada “Trama Amat”, ya que es un nuevo caso de una decisión municipal que beneficia a un familiar directo del alcalde. Además, queremos se indaguen los derechos efectivos que tenían los familiares de Amat sobre esa parcela ya que se ubica en el paso de la Cañada Real de la Costa. La parcela en cuestión figura registrada en el año 2014, treinta años después de realizado el deslinde de la misma”, explica Belén Pérez, coordinadora local de IU Roquetas.

Como se viene denunciando en estas mismas páginas, casi a diario, y recuerdan en la formación de la izquierda roquetera, “no es un caso aislado, se suma al caso de Jarquil Verde (Palmeras GPS), el de los suelos de la Variante de Roquetas o de las cientos de licencias de viviendas concedidas en estos últimos veinte años, por lo que desde Izquierda Unida seguiremos fiscalizando y denunciando toda actuación del equipo de gobierno para desterrar de una vez toda sombra de corrupción”.

Desde las demás fuerzas políticas de Roquetas aún no ha habido una respuesta a esta denuncia y las pruebas que se aportan. Desde el PSOE, sin embargo, el portavoz municipal se siente muy molesto porque en la entrega de los trofeos de las 100 horas de Roquetas la concejal tránsfuga socialista entregó un trofeo. “Que los representantes de cada grupo político, entre los que no se incluye la concejal tránsfuga entregaran los trofeos o bien, visto el interés del Sr. Amat de concederle una representatividad a dicha concejal que no le corresponde, hubiesen participado todos los concejales que en ese momento estaban presentes” ha manifestado Manuel García. Sobre Las Salinas aún no hay respuesta.

La salud de escolares de la sierra minera de Cartagena corre peligro por los metales pesados en sus cuerpos

La salud de escolares de la sierra minera de Cartagena, concretamente del Llano del Beal, corre peligro por los elevados niveles de metales pesados encontrados en sus cuerpos. Los más afectados son los alumnos del colegio San Ginés de la Jara, que se encuentra en el epicentro de la Sierra Minera, zona de actividad minera durante varias décadas y conocida por sus minas de plomo, arsénico, zinc, cadmio y manganeso.

Un estudio realizado por el doctorando de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) José Matías ha detectado que 92 de los 117 escolares analizados, de entre 2 y 12 años y que viven en la diputación de El Beal y Cartagena, presentan niveles anómalos de metales pesados.

Se trata de los resultados de la investigación llevada a cabo por Peñas, quien ha coordinado sendos grupos de la UPCT y de la Universidad de Murcia que han detectado niveles de metales pesados 300 veces superior a los valores normales en espacios públicos del Llano del Beal, El Beal y El Estrecho.

Estos trabajos están encaminados a determinar si estas concentraciones podrían haberse transferido a la población infantil de la zona, lo cual se ha constatado con los análisis de orina, pelo y uñas realizados a 92 niños de esta diputación, que han dado valores superiores a los normales, mientras que los 25 de la ciudad de Cartagena no han registrados esas anomalías.

En concreto, todos los estudiantes de El Beal, que estudian en el colegio público San Ginés de la Jara, han rebasado los límites máximos de plomo, mientras que la mayoría han superado el umbral recomendado en arsénico.

Asimismo, otra de las conclusiones del estudio, que también ha analizado el agua del grifo y el polvo existente en el interior del colegio, es que en los alrededores del centro la concentración de plomo en partículas PM 10 es de 8.000 miligramos por cada kilo, una cifra que supera los indicativos normales.

El estudio fue presentado en marzo al entonces alcalde de Cartagena, José López, al cual Peñas alertó de que había detectado un nivel de exposición 300 veces superior a lo normal en metales pesados y elementos traza como el arsénico, el cadmio, el Zinc o el plomo, lo que motivó el inicio de la siguiente fase, consistente en unos ‘test in vitro’ que simulan los fluidos corporales de cualquier ser humano (intestino, estómago, pulmón y piel).

Los experimentos revelaron que los niveles son muy por encima en estómago e intestino y ha sido esto lo que, finalmente, les ha llevado a investigar el efecto en los seres vivos, concretamente en humanos, y en especial en los niños, ya que son los más vulnerables a la exposición a metales y metaloides.

“No han prestado interés a mis advertencias”

El científico lamentó que las administraciones central y regional, que tienen competencias supramunicipales, «no me han escuchado o no han prestado interés a mis advertencias».

La publicación de los resultados ha coincidido con sendos anuncios de la Consejería de Educación de que tomarán medidas en el colegio público San Ginés de la Jara para minimizar los efectos de la contaminación por metales pesados y de la consejería de Medio Ambiente, que ha contratado a una empresa para que lleve a cabo un estudio.

Asimismo, por su parte, la asociación de padres del colegio de El Llano ya ha afirmado que presentará una denuncia en la Fiscalía apoyada en los resultados de la tesis del doctorando de la UPCT. Asimismo, el colectivo ha reiterado su intención de convocar una concentración e incluso una huelga si al comenzar el curso escolar aún no se ha actuado contra el suelo contaminante que existe en el colegio. “Hay que descontaminar el suelo y es fundamental desviar las escorrentías que pasan por el colegio”, han señalado.