El debate sin duda está en el aire por la cuestión catalana. Dentro del PSOE es un tema de disputa política, aunque solamente sobre puntos y comas y no sobre los principios constituyentes de una España moderna y avanzada en todos los planos. No puede ser que se haga un esfuerzo en materia económica tan importante como el realizado por Manuel Escudero y, sin embargo, el tema de la constitución del Estado sea tan pobre, desdibujado y falto de sentido de Estado. No sirve poner parches, sino que hay que ir a una transformación real del sistema… si realmente se es socialista. En Podemos el tema es menos espinoso porque tienen claros los principios constitutivos, aunque haya disputas entre Podem y Podemos por cuestiones estratégicas.
Que España necesita una profunda reforma constitucional es claro y evidente. Una Constitución salida de las fauces del Leviathán franquista sólo podía servir para hacer un tránsito desde una dictadura a una democracia vigilada. Ha servido para que los españoles no nos matásemos otra vez, como venía siendo costumbre desde el siglo XIX. Pero hasta ahí ha tenido sentido pues hay derechos nuevos, propios de una sociedad en constante avance, que no se recogen. En especial los derechos sociales, ecológicos y de la mujer. Y también se protege un sistema heredado del franquismo que ya no tiene sentido si se quiere considerar a España una democracia.
El sistema político es producto de la acomodación de los procuradores “traidores” al franquismo y de la sospecha constante a los movimientos sociales y nacionalistas. Es conocido que, cuando se discutía el sistema electoral de la Ley para la Reforma política, Adolfo Suárez comentó con los líderes socialistas que le concediesen ese mecanismo, especialmente en el Senado, para poder dar cancha a los procuradores de la dictadura de las distintas provincias. Por eso tenemos senadores provincialmente elegidos, algo que es contradictorio con la existencia de las Comunidades Autónomas. Como lo son las Diputaciones Provinciales, donde se colocó lo más granado del sistema dictatorial y sus familiares.
El sistema de Comunidades Autónomas, como recuerdo de los procesos autonómicos de la II República, fue la forma de acomodar las tensiones regionales. Parecía que se les concedía autonomía, pero al final dependen del poder central para su propia financiación. Por tanto, se les conceden derechos sin partida presupuestaria, algo muy típico de la derecha española y del liberalismo cañí. Y está tan mal diseñado el sistema que al final se generan desigualdades territoriales en aspectos sociales, los cuales no son corregidos por el centro, sino que se juega con dineros y competencias en un mercadeo en el templo según conviene a quien detenta el poder político. Porque el económico sigue en manos de los franquistas o el imperio de la globalización.
Territorialmente se acudió casi a las divisiones regionalistas del siglo XIX para que el poder de los terratenientes persistiese. Cuestión bien distinta es que no les saliese del todo bien porque el pueblo ha ido avanzando y se ha liberado de algunos yugos opresores. Pero sólo la existencia de la Comunidad Autónoma de Madrid supone una paradoja del desbarajuste que supuso el café para todos. Un café amargo como se ha visto con el tiempo. Madrid que fue del Reino de Toledo, y por tanto manchega, o Castellana, quedó en mitad de la nada porque nadie quería soportar el peso político del centro. Enrique Tierno Galván propuso que se constituyese en Distrito Federal, pero los constituyentes conservadores como Fraga y Herrero de Miñón tenían en mente conservar los poderes regionales.
Por tanto, la solución es constituir España en una federación de Repúblicas en base a la igualdad en el pacto y la solidaridad entre todas las repúblicas o Estados constituyentes. Para ello deberá crearse una Asamblea de las Regiones donde, realmente, se definan las formas del Pacto federal. Esas propuestas se incorporarían posteriormente a la Constitución que se desarrollaría en unas Cortes constituyentes. De ahí saldría una nueva Constitución realmente debatida por todas las sensibilidades que conforman la sociedad política y civil. Con un sistema electoral que fuese igualitario y democrático, y no para servir a los intereses de las fuerzas conservadoras como ocurrió en 1976-1978.
Y sí debería ser una República. En 1978 se hurtó a los españoles el poder de decisión de la jefatura del Estado y, ese déficit, lastra en aspectos políticos y económicos a la sociedad española. Al ex-jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, se le calcula, como dijo el New York Times, una fortuna cercana a los 2.000 millones de euros. ¿Alguien podría explicar cómo una persona con un sueldo tan bajo, como dice tener, puede llegar a reunir esa fortuna? ¿Ha habido algún mecanismo en la concesión de comisiones o favores empresariales? Porque como han narrado los monárquicos, el padre del Rey, Juan de Borbón, se gastó lo suyo y lo de sus hijos con su vida en Estoril y posteriormente. La herencia que recibieron sus descendientes apenas ascendía a los 100 millones de pesetas (600.000 euros). De ahí hasta miles de millones existe algo extraño.
Ahora el hijo parece desentenderse públicamente, salvo alguna mención, del problema que existe en España. Aunque insista a Rajoy que debe solucionar el tema, como hace con los demás dirigentes políticos, se desentiende y juega a los movimientos en la oscuridad como le gustaba hacer a su padre. Un padre que tiene un pasado político oscuro en el 23-F o en el GAL, o con el gasto generado a toda la ciudadanía española con sus escapaditas, sus regalos a vedettes o la protección de sus amantes. Los cortesanos, que se cuentan a millares entre la clase política, afirman que Felipe de Borbón es distinto, pero este verano ya ha empezado a coger las mañas del padre compitiendo en las regatas.
Pero es que la propia existencia de una monarquía es algo totalmente anacrónico con la existencia de una democracia plena y social. Se distingue, rompiendo cualquier principio de igualdad, una relación consanguínea entre las demás que componen el Estado. Los hijos e hijas de los españoles y españolas podrán hacer y ser, en teoría, todo lo que deseen, menos acceder a la jefatura del Estado que queda reservada a una familia. Una familia a la que además pagamos todos los gastos desde que nacen hasta que mueren. Los cortesanos vienen a decir que entre elecciones y gastos de un presidente de la República sale más barato un rey. Mentira. Nadie ha dicho que España se constituya en una República presidencialista, o que se elija a parte del Parlamento al Presidente.
Ni tampoco es cierto que sirva para dar buena imagen en el Mundo. Sirve, como pasó con su padre, para conseguir beneficios internos y externos a los poderosos, a los que dominan de verdad, a los señores del dinero. La monarquía actual es producto de la facción dominante del bloque en el poder. De los ricos y los poderosos. Y así seguiría siendo, por mucho que haga visitas a hospitales y residencias. No son pueblo, ni lo quieren ser. Y además está su unión con la Iglesia Católica, que tampoco se puede olvidar, en un país que se dice laico. Felipe de Borbón, como sus antepasados, tiene claro que es un rey católico y defensor de la fe.
Pero hay que ser realistas, esto tiene más de utopía y de deseos racionales que de tener una salida real. PP y Cs son monárquicos hasta arrastrarse para besar los pies del rey. En Podemos e IU lo tienen claro en favor de una República Federal. Todos los partidos regionalistas son republicanos. Ahora bien, la carga de la prueba queda en el techo del PSOE. Sólo la facción de Izquierda Socialista se declara republicana. El resto del partido se divide entre republicanos de boquilla y bandera, y cortesanos adoradores de la distinción de la sangre. No se ve a Pedro Sánchez defender la República por mucho que levante el puño, salvo que fuese su persona la que fuese presidente de la misma. Están demasiado apegados al Sistema como para dar ese paso o convocar un referéndum. Al menos hasta la fecha.
