La actual polémica del presunto máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la utilización que ha hecho el Partido Popular de una universidad pública ha destapado, además del escándalo en sí, cómo el partido conservador ha utilizado desde un punto de vista ideológico los puntales más importantes de una democracia sana.

España no tiene una democracia con salud plena. Más bien está en cuidados intensivos precisamente por esta razón, por la utilización sistemática de quienes ocupan el poder —ahora azules, antes colorados— de todos y cada uno de los pilares que deben sustentar el sistema político que, teóricamente, entrega el poder al pueblo. No obstante, el pueblo español tiene de todo menos lo que se le reconoce en la propia Constitución que ahora blanden como arma de ruptura en vez de como herramienta para la unidad.

Utilizar una universidad pública, financiada con el dinero de todos los españoles, para que los altos cargos de un partido engorden su currículum es más propio de regímenes totalitarios que de un país moderno, libre, ético y democrático. Nadie olvida cómo durante el franquismo si eras «hijo de tal o de cual» el camino estaba más allanado que el resto de los ciudadanos. El máster de Cristina Cifuentes ha demostrado cómo eso sólo ha cambiado por los matices pero no en las esencias.

No obstante, esto no ocurre sólo con la educación sino que también sucede en otros ámbitos como tristemente estamos siendo testigos en los últimos meses. La imposición ideológica de una Justicia manejada desde el poder está provocando que España esté siendo avergonzada desde las más altas instancias internacionales, empezando por Naciones Unidas. Esto es algo que no se puede permitir porque por defender la ideología del partido que gobierne no se puede aplicar la ley o permitir que haya personas en la cárcel por presuntos delitos que en otros países no conllevan la prisión preventiva incondicional.

Esta es la realidad por más que les duela a quienes quieren hacer de la Justicia un elemento ejemplarizante. Sin entrar a defender los postulados secesionistas de los políticos catalanes encarcelados en nombre de una Constitución que reconoce la legitimidad del pueblo para decidir su futuro, la pregunta más evidente es ¿a quién está defendiendo la Justicia, a una ideología o al Estado de Derecho? La respuesta es obvia. Aquellos que están al frente de nuestro sistema judicial defenderán siempre la ideología de quien les ha puesto en el cargo. Esta sumisión al poder de uno de los poderes fundamentales de cualquier democracia sana es el mayor atentado a nuestro sistema de libertados que se puede cometer puesto que, precisamente, la Justicia debe ser independiente y, por desgracia, ahora no es así.

Insisto en lo mismo: defender la independencia judicial, defender la idea de que los políticos catalanes están encarcelados injustamente y sólo para cubrir los deseos ideológicos de quienes ocupan el poder en la actualidad, no es sinónimo de defender al secesionismo. Sin embargo, sí que defiendo el derecho del pueblo a decidir libre y democráticamente su futuro. Si hace unos años se hubiese permitido hablar al pueblo catalán todo este dolor se habría evitado.

Incluso hay algunos que no están en el poder, pero que si lo ostentaron durante varias décadas, que se han posicionado en una interpretación equivocada de la defensa de la Constitución cuando en su programa máximo tienen admitido el derecho de autodeterminación de los pueblos. Me refiero, evidentemente, al Partido Socialista. Felipe González, incluso, fue un fiero defensor de estos términos hasta que el poder lo engulló y lo convirtió en lo que es ahora.

La Justicia y la Educación son dos de los aspectos a través de los que los partidos que ocupan el poder en España intentan hacerse con la voluntad del pueblo. No obstante, hay más como, por ejemplo, la sistémica manipulación informativa a través de los canales públicos que, incluso, llegan a tapar graves casos de corrupción o se someten a los argumentarios del partido en el poder. No se informa sino que se adoctrina al pueblo. Exactamente igual que en los regímenes totalitarios.

El máster de Cristina Cifuentes ha destapado toda una trama curricular en la universidad pública pero, además, ha demostrado cómo los principales organismos democráticos están siendo manipulados y utilizados como ariete ideológico frente a la independencia que se les presume. Hans Frank, en los juicios de Nuremberg, afirmó que sabía que lo que estaba haciendo con los judíos polacos estaba mal pero que cuando tenía esas dudas éticas una voz en su interior le decía «mantén tu cargo». No es una cuestión de hacer analogías, porque no las hay, pero esa frase resonará mucho en quienes saben que si están al servicio de una ideología su cargo siempre estará asegurado, lo cual, desde los valores democráticos, no es otra cosa que actuar de espaldas al interés del pueblo que, al fin y al cabo, es quien realmente debería tener el poder en un Estado de Derecho.

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