La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha defendido hoy la necesidad de alcanzar un gran Acuerdo de Estado en materia de inmigración en el que participen Estado, comunidades, ayuntamientos y ONGs, y en el que se deje al margen la confrontación política, con el fin de «dar respuestas y aportar soluciones» al drama migratorio desde la «responsabilidad, la coordinación y la cooperación».
Rosa Aguilar, que ha comparecido en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, ha recordado que Andalucía y otras comunidades autónomas ya plantearon este Acuerdo de Estado en la última Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada el 6 de agosto. En este sentido, ha reivindicado un «esfuerzo común» para abordar el hecho migratorio, recordando que las comunidades autónomas también «somos Estado».
La consejera ha advertido que la inmigración está ligada a la historia de la humanidad, por lo que «no estamos ante un hecho coyuntural, sino ante un fenómeno estructural». Miles de personas están buscando llegar a Europa «movidas por la pobreza, la guerra y el hambre» y arriesgando su vida en el empeño. Asimismo, considera «imprescindible» una política migratoria común, «definida y clara» de la Unión Europea para que todos los países comunitarios asuman de «manera obligatoria» su responsabilidad en este ámbito y compartan el esfuerzo que requiere el «drama humanitario», haciéndose «corresponsables» con los países puerta de entrada como España.
Aguilar ha precisado que dicha política comunitaria debe contemplar la inversión en los países de origen y de tránsito de la población migrante para impulsar su desarrollo, medidas de coordinación para «combatir las mafias y el tráfico de seres humanos que se enriquecen a costa de la vida y el futuro de miles de personas» así como acuerdos con los países fronterizos.
Por otro lado, respecto al papel del Gobierno español en este tema, Rosa Aguilar ha recordado que en una reunión mantenida el pasado 12 de marzo, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comunicó a las comunidades autónomas la previsión de un incremento «muy importante» en la llegada de pateras a las costas españolas por Andalucía, sin que el Ejecutivo central llevara a cabo entonces «ningún tipo de previsión ni planificación» al respecto para afrontar el problema.
En cuanto a las medidas tomadas por la Junta en el marco de sus competencias, Rosa Aguilar ha destacado el esfuerzo que lleva a cabo la Junta, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para atender el «incremento sustancial» en la llegada de menores inmigrantes no acompañados, creando 1.151 nuevas plazas en los centros de protección de la infancia donde son acogidos. «Tenemos muy claro que antes de ser inmigrantes son menores», ha asegurado. La consejera ha recalcado que Andalucía «soporta el mayor número de acogida» de estos menores de toda España, con un 40% del total, de forma que han llegado a la comunidad hasta la fecha 4.098, un 70% de ellos varones de entre 16 y 18 años.
Aguilar ha insistido en la necesidad de que exista «una responsabilidad compartida» de todas las comunidades autónomas para acoger a los menores que llegan, «y todo con los recursos adecuados. Tanto la Junta como otras comunidades autónomas pidieron esta cooperación en la última Conferencia Sectorial de Inmigración, reactivada por el nuevo Gobierno después de tres años de inactividad. En este sentido, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo garantizará la coordinación, cuestión que se tratará el próximo 5 de septiembre en el marco de una nueva reunión.
Además, la Consejería de Justicia e Interior ha reforzado este verano, de acuerdo con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el Turno Especializado de Extranjería con un incremento de más de un millar de guardias, que hará que se superen las 3.000 en este año. «Los han recibido una formación especializada para atender a estas personas y para, mediante las entrevistas que realizan, detectar los casos en los que se pueda solicitar las medidas de asilo o protección internacional o alertas de posibles delitos de trata de personas», ha explicado Rosa Aguilar. Otra medida adoptada para hacer frente a esta situación ha sido la de reforzar el personal de los juzgados de guardia en los principales municipios costeros de la comunidad autónoma, en concreto en 15 partidos judiciales.
La Junta de Andalucía tiene fundamentalmente competencias en integración y participación de la población migrante, para lo que se está elaborando ya el cuarto plan de inmigración, ha señalado la consejera. Igualmente, Justicia e Interior ha incrementado este año las cuantías de las subvenciones destinadas a entidades sociales y ayuntamientos hasta superar los 2,19 millones de euros para financiar programas e infraestructuras que faciliten el arraigo, la inserción social de la población migrante.
Rosa Aguilar también ha recordado la actuación «de urgencia» del nuevo Gobierno de España, recordando que en el plazo de apenas unos meses ha creado infraestructuras para la recepción de inmigrantes en Granada y Cádiz, un Plan de Emergencia dotado con casi 30 millones de euros.
La consejera concluyó su intervención insistiendo en la necesidad de un acuerdo entre todas las administraciones y dejar al margen la confrontación «por el bien de una sociedad como la nuestra: plural, diversa y en la que no caben las actitudes xenófobas».
Por último, reconoció «la labor de los profesionales de los servicios de Salvamento Marítimo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las mujeres y hombres y todos y cada uno de los voluntarios de las ONGs y entidades sociales que cada día participan en las labores de rescate, asistencia y acogida de las personas que llegan a las costas españolas en Andalucía».
