viernes, 21 noviembre, 2025

El Consejero de Almería

Ha sido una de las novedades del último gobierno de Susana Díaz. Quizás la que ha levantado más interrogantes que titulares de prensa. El nombramiento del “desconocido” Rodrigo Sánchez Haro (Turre, 1969) como nuevo consejero de Agricultura y Pesca no parece una elección improvisada; se trata de un movimiento de ficha de Susana Díaz en la única provincia andaluza, Almería, donde el PSOE dejó de ganar elecciones hace muchas lunas.

Ni con Martín Soler, ni con Diego Asensio, ni con el actual secretario Sánchez Teruel, el socialismo almeriense ha sido capaz de remontar electoralmente. ¿Las causas?  Muchas. Pero fundamentalmente una: la histórica omertá que mantienen en Almería PP y PSOE; sin olvidar un pacto antinatura y vergonzante – oculto porque les daba vergüenza- con la derecha extrema escindida del PP con el alcalde de El Ejido Juan Enciso  a finales de la primera década. Desde aquella aventura con el PAL como socios, los del PSOE nunca levantaron cabeza en las urnas.

Si se fijan bien, analizando las actuaciones judiciales pasadas o presentes en Almería, se observará que ha sido la sociedad civil, al margen de siglas, la que se ha plantado en la Fiscalía a denunciar graves saqueos con presunta corrupción política de por medio. En muy pocos casos, el PSOE, se ha personado en actuaciones abiertas y, cuando lo ha hecho, no han presentado un solo papel pidiendo diligencia alguna a la juez, léase la denominada Trama Amat. Siempre se tuvo la impresión de que a los dirigentes socialistas de turno les daba miedo o reparo denunciar en un juzgado al líder provincial del PP, tutelado semanalmente por el poderoso Javier Arenas como almeriense adoptado.

Desde luego resulta bastante increíble  imaginarse cómo el primer partido de la oposición en Almería, durante años, no se ha dado cuenta de lo que pasaba en el ayuntamiento de Roquetas con Amat y no haya acudido a la Justicia. Lo hicieron una vez los concejales socialistas roqueteros con el escándalo del Teatro Auditorio – un 120% de sobrecoste, con una constructora, HALSA, que parece que repartió bastante dinero al PP y a funcionarios municipales-. Años después, aquellos denunciantes socialistas pasaron a formar parte de los caídos en desgracia en el PSOE, y el partido no se empleó jurídicamente a fondo en un asunto que la fiscalía de Almería acabó ayudando a archivar a la juez, casualmente tras una visita a Almería  del ministro de Justicia Rafael Catalá. Por cierto, magistrada de Roquetas ascendida hace unos días al TSJA y van cinco jueces con el caso Amat entre las manos y ni siquiera está formalmente investigado/imputado.

Una situación, la caída electoral en picado del PSOE almeriense, que desde hace casi dos años figura entre las tareas pendientes de la presidenta y secretaria general del PSOE-A.

Entre gran parte de la militancia socialista se siguen preguntando por la pasividad adoptada por la dirección provincial del PSOE tras el “Caso facturas” de Diputación, denunciado por el PP ante la Fiscalía. Una causa que ha aniquilado políticamente a un puñado de socialistas de la vieja guardia no reconvertida, finalmente imputados o investigados por la Justicia y que un día tuvieron mando en plaza desde un gobierno provincial con el PAL de El Ejido. “Daños colaterales”, me argumentó un miembro de la ejecutiva provincial; desde fuera no faltó quien malpensara  que, de perdidos al rio, y que el PP ayudó a despejarle la era en el propio partido a Sánchez Teruel en sus ansias por abarcar mucho sin apretar nada.

El PSOE de Almería lleva años de pronóstico reservado, perdiendo elección tras elección – hasta en El Ejido, con el alcalde del PP procesado por un escandaloso pelotazo familiar-. Una situación, la caída electoral en picado del PSOE almeriense, que desde hace casi dos años figura entre las tareas pendientes de la presidenta y secretaria general del PSOE-A. Fue por aquel entonces cuando empezó a preguntar con mucho interés por un tal Rodrigo Sánchez de Almería; quería saber cómo era y, sobre todo, si tenía cadáveres en el armario de su agrupación en Turre.

No, no los tenía o al menos nadie había abierto la boca para hablar de su existencia. Lo más grave que se le podía imputar a Sánchez Haro, políticamente hablando, era el haber torpedeado años antes la candidatura del PSOE de su pueblo, Turre, cabreándose y liderando otra lista independiente que le quitó la alcaldía al PSOE. Minucias y miserias de la política local.

Por lo demás Rodrigo pasaba por ser un hombre de aparato, siempre en segundo o tercer plano de la política provincial, pero brazo ejecutor de decisiones supremas, volcado formalmente en supervisar todos los aspectos jurídicos en los que el PSOE tuviese intervención en los pocos ayuntamientos que controlan.

El nuevo consejero de Agricultura, cuyo nombramiento ha sido muy celebrado por el sector agrícola almeriense, en estos años tuvo entre sus responsabilidades, como abogado, la dirección jurídica de todas aquellas actuaciones que, políticamente, avalase el PSOE en Almería. Por ejemplo la denuncia contra el ex alcalde de La Mojonera, Pepe Cara, parlamentario del PP, tras denuncias periodísticas que hablaban de negocios del edil con los dueños de Hispano Almería, (HALSA). Sánchez Haro personalmente fue quien armó la denuncia que sigue viva todavía en algún jugado; la única dentellada judicial que el PSOE de Almería ha asestado en estos años al PP, ojo, que no a Gabriel Amat.

El nuevo consejero, por tanto, ha tenido una trayectoria de perfil más técnico que político. Ha sido en estos años un fiel ejecutor de las instrucciones, ora obedeciendo a Sánchez Teruel, ora asesorando a Adela Segura, Secretaria de Política Institucional,  en sus torpes maniobras políticas en la comarca de Albox.

Su nombre habría brillado por méritos propios si finalmente se hubiese dado luz verde por los órganos del partido a la presentación de una macro denuncia de quinientos folios en la que Sánchez Haro había trabajado a fondo durante meses como jurista. Según me contaron en aquellos meses fuentes socialistas conocedoras de la operación, se trataba de llevar ante la Justicia más de una docena de casos de corrupción, todos conectados entre si, ya que el escenario donde se habrían cometido los delitos era el Ayuntamiento de Almería, presidido entonces por el hoy senador del PP Luis Rogelio R-Comendador.

Sánchez Haro hizo su trabajo y previamente  también hicieron el suyo quienes, desde el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Almería, habían investigado, recabado y aportado abundante documentación para el juzgado. Pero aquella denuncia nunca se acabó presentando. El PP volvió a ganar nuevamente las elecciones municipales en Almería, aunque perdió la mayoría y tuvo que pactar con Ciudadanos, rompiendo los de Rivera un pacto con el PSOE cerrado y anunciado horas antes. La dirección provincial del partido decidió mantener, a su manera, la histórica omertá del bipartidismo y no se llevaron a la Justicia casos dignos de ser investigados por su aparente gravedad para los intereses generales de los almerienses.

El nuevo consejero, por tanto, ha tenido una trayectoria de perfil más técnico que político. Ha sido en estos años un fiel ejecutor de las instrucciones del partido. Ora obedeciendo a Sánchez Teruel, ora asesorando a Adela Segura, Secretaria de Política Institucional,  en sus torpes y cutres maniobras políticas en la comarca del Almanzora.

La última en la que se vio envuelto Sánchez Haro fue en el llamado Pacto de Aranjuez – allí se fueron ediles socialistas a cerrar un acuerdo según el cual, los concejales que se dieron de baja del PSOE de Albox en solidaridad con un alcalde delincuente (condenado), votarían como alcalde a un señor de derechas que fue fundador de Alianza Popular en la comarca y cuyo grupo – CILUS- sacó un solo concejal en el pueblo. Ese fue uno de los últimos marrones en los que tuvo que intervenir el flamante consejero de Agricultura, dando forma escrita a otro acuerdo anti natura, condenando la recuperación del partido.

Pero cuando hace año y medio Susana preguntaba por Rodrigo Sánchez Haro, no estaba interesada en estas cuitas provinciales o en sus labores de asesoramiento juridico en Almería. Estaba pensando más bien en la sistemática pérdida de poder electoral del partido y, también, en la evidente ausencia de un liderazgo provincial, de plena confianza para Sevilla y que provoca cíclicas tensiones internas entre los intereses de los diversos clanes o tribus del partido.

Cuando tuvo claro el perfil de Sánchez Haro y las cualidades que le adornaban, Susana Díaz quiso ponerle a prueba, examinarle, seguirle muy de cerca. Muy poca gente podía intuir que la lideresa lo que en realidad pretendía con aquella elección era apostar por alguien “suyo” para que, algún día, “arreglase Almería”, al margen del aparato provincial donde solo tiene una amiga personal y con la que no suele hablar de política.

La ocasión para que Rodrigo Sánchez iniciase su master se presentó a la hora de elegir al parlamentario socialista que representase los intereses políticos y jurídicos del gobierno y del PSOE-A en la Comisión de Investigación de los cursos de Formación.

El resultado de aquella comisión, agua de borrajas para la oposición que no logró morder ni desgastar más de lo que estaba al gobierno, supuso el espaldarazo político de la Jefa a Sánchez Haro, quedando convencida Susana Díaz de que había acertado en su elección. Muchos ya vieron en aquellos días posteriores al cierre de la Comisión a un político con largo recorrido de la mano de Susana.

Casi nadie se explica el relevo de la Sra. Ortiz cuya gestión ha sido discreta, eficaz para muchos, cercana a sus paisanos, aunque no haya dado grandes titulares en los dos años de Consejera de Agricultura.

Almería ya había logrado “colocar” a una paisana en la consejería de Agricultura en el último gobierno de la Junta de Andalucía. Previamente fracasaron los intentos de Sánchez Teruel por ser nominado consejero, quedando Almeria sin presencia en el gobierno. Para el segundo ejecutivo de Díaz fue elegida una mujer discreta, poco brillante, pero con fama de trabajadora llamada Mari Carmen Ortiz.

Contra Teruel pesaba ya entonces la investigación del Caso Marismas en un juzgado de Sevilla en el que la Guardia Civil le acusa de haber cometido presuntamente siete delitos en su etapa como Director General de Regadíos, a las órdenes de Martín Soler. Ese procedimiento judicial sigue vivo a día de hoy y según fuentes de la investigación “no ha cambiado en nada la posición de los investigadores y Fiscalía en sus acusaciones contra Sánchez Teruel”. Sin embargo, la versión oficial que se ha hecho circular últimamente por Almería es que “José Luis (Sánchez Teruel) está tranquilo, ya le han dicho desde Sevilla que su asunto en el Caso Marismas quedará archivado por el juez en breve, así que que no hay nada de nada”.

Casi nadie se explica el relevo de la Sra. Ortiz cuya gestión ha sido discreta, eficaz para muchos, cercana a sus paisanos, aunque no haya dado grandes titulares en los dos años de Consejera de Agricultura. Eso sí, dialogar se ha hartado de dialogar con todos los sectores que de ella dependían. Ortiz, como los ex consejeros Sánchez Maldonado o Adelaida de la Calle, se rumorea que también cogerá la puerta giratoria hacía una preciada canonjía como puede ser la presidencia del Puerto de Almería, ocupada desde hace años por la socialista Trinidad Cabeo.

El nuevo consejero de Almería, en las pocas semanas que lleva en el cargo, se está dejando ver por su tierra, está dialogando con la gente del sector de la agricultura y de la pesca y empieza a transmitir una proyección pública que recuerda levemente la que tuvo Martín Soler como titular de la consejería, aunque con otro talante. Es uno de los pocos consejeros de Susana Díaz que usa su cuenta de Twitter para contar lo más importante que hace.

Dentro del complejo equilibrio de familias, intereses y tensiones que convergen en el PSOE de Almería, la potenciación de Sánchez Haro supone como se indicó al principio un movimiento de ficha con la vista puesta en el futuro. Sánchez, además, no levanta fobias entre la militancia, cansada también de una extendida mediocridad gerencial y de broncas en el partido. Su opinión y su criterio será tenido en cuenta por Díaz dada la confianza política que parece existir entre ambos, estando convencidos los dos de que en Almería hace falta un cambio. Parece existir desde luego mucha más confianza entre Susana y Rodrigo Sánchez que con el amortizado Jose Luis Sánchez Teruel, al que el entorno de la presidenta atribuyen el haber “vendido demasiadas motos averiadas” en estos años a Sevilla, como la defensa numantina del ex alcalde de Albox y ex Secretario de Ideas y Programas de la ejecutiva regional, finalmente condenado e inhabilitado por negarse a facilitar documentos de corrupción en su ayuntamiento y que actualmente investiga la Justicia.

El nuevo titular de Agricultura, el consejero de Almería Rodrigo Sánchez Haro, no llega pues por el impulso de su agrupación como ha venido sucedido en la historia reciente, ha llegado previa selección de la propia Susana Díaz,  consciente del punto negro que tiene en el PSOE de Almería y la necesidad de tener alguien en quien confiar de verdad. Eso supone por otra parte que Sánchez Haro adquiere una aureola de poder delegado contra la que difícilmente pelearán los bandos enfrentados. Hasta los aún denominados guerristas – hoy sanchistas– hablan bien de él.

El Plan de Vivienda del gobierno carece de presupuesto

Julio Gómez Pomar, a la sazón secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha acudido a la comisión de Fomento del Senado con la intención de explicar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2020 del Gobierno. Un Plan que viene avalado por graves deficiencias presupuestarias, tal y como ha denunciado Pilar Garrido de Podemos. Es un plan, que como denuncian desde la formación morada, “ha experimentado un recorte presupuestario acumulado del 36% desde que gobierna el Partido Popular y de un 70% desde 2007, cuando comenzó la crisis económica”.

No existe posibilidad de llevar a cabo un Plan de vivienda coherente y serio cuando las inversiones en esta materia “poseen treinta veces menos recursos presupuestarios que en países como Francia o Alemania”. La evidencia que muestran los Presupuestos Generales de Estado es que los recortes, que el gobierno oculta, afectan directamente a las materias más sociales. Es más, como han denunciado desde el propio grupo senatorial del Podemos, “muchas partidas quedan sin ejecutar adrede”. Una táctica para bajar el déficit y recortar el Techo de Gasto de las administraciones inferiores.

Garrido también ha reprochado al secretario de Estado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda vuelve a pivotar sobre la idea de fomentar la compra de vivienda y no el alquiler. De esta forma se deja de ofrecer soluciones a la mayoría de jóvenes precarios de nuestro país, los cuales tienen un acuciante problema de vivienda. Asimismo, según la secretaria de Políticas Sociales de Podemos, la ayuda al alquiler que figura en el Plan no supone una solución, por los requisitos que se piden a quienes pueden solicitar esta ayuda y “por las consecuencias inflacionistas que puede acarrear sobre el precio de los alquileres”. El nuevo Plan de Vivienda, tal y como Garrido ha planteado a Gómez-Pomar, tampoco aborda “el fenómeno de la turistización, que está elevando el precio del alquiler en numerosas ciudades, complicando el derecho a una vivienda digna de la ciudadanía y que, además, deja en manos de fondos buitres bloques enteros de viviendas con las que se sigue especulando”.

La senadora por Guipúzcoa ha realizado una propuesta al secretario de Estado, que seguramente rechazará o habrá ya olvidado, según la cual se tendría que cuantificar el número de pisos vacíos existen en España y la situación en la que se encuentran. De esta forma se podría “poner en marcha un Fondo Social de Vivienda, nutrido de las casas vacías que pertenecen a la Banca y a la SAREB (el denominado ‘Banco Malo’ que absorbió los activos tóxicos de la Banca con dinero público), para garantizar así el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de una vivienda digna”.

Respecto a los desahucios, la senadora del Grupo del Cambio ha exigido al secretario de Estado que se comprometa a que no haya ningún desahucio mientras no exista una alternativa habitacional para esas personas que pierden su vivienda. En este sentido, ha reiterado Garrido, el “Fondo Social de Viviendas que reclamamos sería un instrumento útil para garantizar los derechos de nuestra población”.

La parroquia de San Fernando, un bien social

La práctica totalidad de los barrios lorquinos llevan el nombre de distintos santos, a excepción de la futura barriada de San Fernando, actualmente en fase de reconstrucción tal como adelantaba ayer D16 y cuya finalización de las obras y entrega de llaves podría llevarse a cabo el próximo mes de noviembre, siempre y cuando se cumplan los plazos de ejecución del proyecto constructivo.

Los vecinos de este núcleo de población aseguran que la implantación de una iglesia daría cobertura religiosa y social a más de 7.000 personas distribuidas entre la zona próxima al santuario patronal de la Virgen de las Huertas, diputaciones de Cazalla y Sutullena, zona urbana de la barriada de La Isla y los propios ciudadanos que habitarán en el barrio de San Fernando, que ocuparán 232 viviendas repartidas en 15 edificios.

La propuesta surgida del actual equipo directivo vecinal señala como lugar ideal los terrenos municipales donde se ubican las casas prefabricadas levantadas a resultas del fatídico terremoto del 11 de mayo de 2011, concretamente en la Avenida de Sutullena.

Para la consecución de esta iniciativa cabe esperar la conformidad de las dos partes implicadas, es decir, el Ayuntamiento de Lorca, como propietaria de la superficie a ocupar, y de otra, el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, que no olvida fácilmente sus años de permanencia en Lorca como párroco de San Mateo hasta su traslado a la capital de la región. Y en todo este entramado, no hay que olvidar que los habitantes de San Fernando están adscritos a la parroquia del Carmen, que en caso de llevarse a cabo la petición vecinal tendría mucho que decir por aquello de perder todo lo que conlleva la celebración de bodas, bautizos y comuniones, que redundarían en beneficio de San Fernando para perjuicio del Carmen.

Por una Secretaría General bien puede perderse una misa

¿Alguien se imagina que se anuncie una carrera de 100 metros lisos, y cuando el comité organizador ve que se inscribe un corredor especialista en esa categoría decide cambiar la carrera por una maratón?  Y como el corredor en cuestión insiste en competir en la nueva modalidad, se cambian las fechas previstas para la carrera y se buscan en la agenda del corredor unas fechas que ya tuviese ocupadas para hacerle desistir de participar en la prueba diseñada para subir al pódium a un determinado corredor. Pues mas o menos eso es lo que hizo el Comité Regional del PSRM-PSOE el pasado viernes, día 30 de junio.

Se anuncian unas primarias para elegir al nuevo Secretario General del de la federación murciana del PSOE, y contra todo pronóstico aparece Diego Conesa, y anuncia su intención de concurrir a esa elección, a partir de ahí se trastoca todo, no sólo  el calendario sino la además la modalidad de la carrera. Así pasamos de una elección casi contrarreloj antes de que acabe el mes de julio, a una maratón a doble vuelta con una primera elección el 24 de septiembre, y una segunda vuelta en caso de que haya mas de dos candidatos y ninguno obtuviese mas del cincuenta por ciento de los votos emitidos por los afiliados murcianos.  Y para colmo se convoca el congreso, donde habrá de ser ratificado el nuevo secretario general, para los días 6, 7 y 8 de octubre. Que por si alguien no lo sabe son las fiestas de Alhama de Murcia, pueblo de donde es alcalde Diego Conesa.

Después de comentar estas circunstancias con un amigo, este me decía que es posible que yo sea muy mal pensado y todo este baile de fechas sea sólo fruto de una concatenación de casualidades, algo que podría haber llegado a creer de no ser porque estuve en ese Comité y pude ver las caras de satisfacción de algunos de los conspiradores, perdón de los amigos de uno que es posible que sea candidato, pero que como ya lo fue en la anterior elección y no le salió bien ahora intenta apañar un poco el juego para ver si en esta ocasión tiene mas suerte.

Y hablando de casualidades, es muy posible que los conspiradores profesionales, que lograron convencer a la ejecutiva saliente para modificar el proceso y el calendario con la excusa de hacerlo mas democrático, no supieran que la fecha elegida para la primera vuelta de la elección del nuevo Secretario General del PSRM-PSOE, el 24 de septiembre, coincide con la inauguración hace 207 años en Cádiz  de las Cortes Generales Extraordinarias, de las cuales saldría dos años mas tarde la Pepa, la primera Constitución Española. Así que, aunque fruto de una conspiración, ese no es mal día para elegir a un secretario General que en dos años podría ser presidente de lo que queda del antiguo reino de Tudmir, es decir, de la Comunidad Autónoma de Murcia.

La siguiente “casualidad” es que la fecha del Congreso se ha hecho coincidir con las fiestas de Alhama de Murcia, y de algún que otro municipio de la Región de Murcia. Así que Diego Conesa, sea Secretario General de PSRM o no lo sea, tendrá que elegir entre estar esos días en Alhama velando por que todo transcurra sin incidentes dignos de mencionar y asistiendo a los actos protocolarios que como alcalde le toca presidir, o estar en Murcia debatiendo enmiendas y negociando nombres para la ejecutiva.

Difícil se lo han intentado poner las fuerzas inmovilistas al alhameño, pero dicen los que le conocen que una vez pasado el pequeño enfado del momento, parece ser que ha tomado la tarea con mas fuerzas que antes, y cree que la Virgen del Rosario sabrá perdonarle que no asista a una misa y que no presida una procesión.  No obstante la Virgen del Rosario que es desde 2009  patrona de la Unidad Militar de Emergencias  (UME), cuerpo creado el 7 de octubre de 2005 por el entonces presidente Rodríguez Zapatero. Y como tal tiene que saber que en este caso para el alcalde de Alhama se trata de acudir a una emergencia.

Conesa está decidido a participar y a ganar en una competición que en principio se anunciaba como una carrera de 100 metros y ahora se ha convertido en una maratón que le llevará a recorrer todos y cada uno de los municipios de la región con la esperanza de conseguir los apoyos necesarios para convertirse en Secretario General del PSRM-PSOE. De esa manera la patrona de Alhama, que además durante mas de trescientos años fue patrona de la Armada Española, aunque Conesa se pierda una misa y una procesión, podría, al igual que 1571 ayudo a los marinos españoles a hacerse con la victoria en Lepanto, darle un empujoncito para que dentro de tres años Diego Conesa pueda cortar la cinta de la inauguración del futuro balneario de aguas termales de Alhama en el que tanto empeño esta poniendo desde la alcaldía, aunque para entonces, si no lo impiden los conspiradores de su propio partido, no lo haga como alcalde de Alhama, sino como presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

El PSOE de Almería critica a Rajoy y su recorte

El PSOE de Almería ha criticado la negativa del gobierno de permitir que los ayuntamientos puedan invertir el superávit –fruto de un buen trabajo administrativo y económico-  en las necesidades del propio municipio. Al contrario, como denuncian los socialistas, el Estado es el que se beneficia de la buena gestión que realizan los consistorios a los que llegan a “asfixiar”, ha expuesto esta mañana la secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura.

Segura, que ha estado acompañada de alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas de la provincia, ha arrojado luz sobre el actual sistema de financiación municipal y ha defendido el papel y el valor de las entidades locales. Los ayuntamientos “no son sujetos menores, tienen autonomía política e institucional, y son competentes y capaces para desempeñar competencias públicas diferenciadas”, ha argumentado.

En su opinión, el Gobierno del PP “pretende vaciar de contenido a los ayuntamientos” y asegura que el Ejecutivo de Rajoy “tiene alergia al ámbito rural” ya que, ha trasladado, “impone más restricciones y discrimina económicamente” a los municipios con menos de 20.000 habitantes. La negativa del PP a dejar que los ayuntamientos inviertan su superávit mantiene a los consistorios “secuestrados” y, en definitiva, “se ceba con ellos”.

“Los socialistas mantenemos que la visión de Rajoy donde la estabilidad presupuestaria anula la atención a la ciudadanía bajo la finalidad de un pretendido ahorro es la forma más nociva de entender el municipalismo”, ha criticado la socialista y ha añadido que el Plan de Estabilidad Presupuestaria del PP “ha obligado a los ayuntamientos a utilizar su remanente a amortizar deuda y no han podido destinar ni un solo euro ni a contratar personal, ni ejecutar obras y servicios”.

Discriminación a los más pequeños

Por su parte, el diputado provincial del PSOE y alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha criticado el criterio con el que el Estado financia a los municipios a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Según ha expuesto, establece tres criterios siendo el más importante, a su juicio, el poblacional. Sin embargo, en él se discrimina a los pueblos menos poblados a los que se les destina una menor cuota de ingresos. Ramos ha destacado el hecho de que el 95% de los municipios de la provincia cuenta con menos de 5.000 habitantes que son, precisamente, los más perjudicados del actual sistema que mantiene Mariano Rajoy.

En definitiva, “dependiendo de dónde se vida el Estado ingresa más por habitante o menos” y eso es algo que “no podemos permitir los alcaldes y alcaldesas de la provincia”, ha considerado. Otro mecanismo del sistema discriminatorio que emplea el Gobierno del PP para financiar a los entes locales es que el Estado da a los ayuntamientos en base a una previsión de lo que va a ingresar. “Si los cálculos del Estado son erróneos el ayuntamiento debe reintegrar parte de lo que ha recibido, lo que es un disparate”, ha valorado.

Al contrario de los criterios que emplea el Estado, el Gobierno andaluz realiza una financiación “más justa”, en opinión del diputado provincial del PSOE, como es que aumenta la cuantía a transferir al ayuntamiento en función de la superficie del término municipal, de su dispersión geográfica y núcleos poblacionales.

“Los representantes políticos de esta provincia tendríamos que poner pie en pared para defender a nuestros vecinos y vecinas y tendríamos que pedir justicia social e igualdad a la hora del reparto de los fondos del Estado”, ha defendido Ramos.

La Junta rechaza la propuesta de Podemos para limitar el poder del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos.

A juicio del Ejecutivo, la iniciativa pretende alterar la estructura institucional que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, obviando sus previsiones sobre el papel y funciones que corresponden al Parlamento andaluz y al Gobierno, lo que propicia una disfunción del sistema democrático. La proposición de Podemos defiende, entre otros puntos, que la Cámara autonómica sustituya al Ejecutivo mientras éste se encuentre en funciones y pueda así tramitar proposiciones de ley, incluso en contra de las limitaciones presupuestarias vigentes.

El Gobierno andaluz considera, asimismo, que el instrumento normativo empleado por Podemos no es el adecuado, dado que lo que realmente pretende modificar es el Reglamento del Parlamento. En este sentido, recuerda que Cámara y Ejecutivo son instituciones con funciones estatutarias nítidamente diferenciadas, con una clara separación de poderes y una compleja relación. El Consejo rechaza la confusión institucional que conlleva la propuesta y señala que trastocar el esquema porque el segundo esté en funciones supone una “aberración en términos democráticos al querer ningunear una de las instituciones clave de cualquier sistema democrático”.

De igual modo, el Ejecutivo andaluz subraya que, aunque es deseable que la situación de interinidad dure lo menos posible, esto no puede significar la subversión del orden constitucional y estatutario. Ni el Gobierno puede sustituir a la Cámara cuando ésta queda vacante ni al contrario. De igual modo que el primero no puede pretender aprobar leyes con un Parlamento disuelto, tampoco el poder legislativo puede ejercer un control político sobre el ejecutivo ya cesado.

Almería tendrá conexión A-92 y A-7 si De la Serna quiere

La Consejería de Fomento y Vivienda ha sacado a licitación por 150.000 euros la redacción del proyecto de la carretera que conectará el núcleo urbano de Almería con el enlace a las dos vías de alta capacidad, la A-92, de titularidad autonómica, y la A-7, de competencia estatal. Las empresas interesadas en optar a este concurso público tienen de plazo hasta el próximo 18 de julio para presentar sus propuestas, de entre las que la Junta deberá seleccionar la oferta que reúna mejores características técnicas y económicas para adjudicar este verano el diseño de esta infraestructura, un trabajo que requerirá de un plazo de doce meses a partir de la firma del contrato.

La Junta ya cuenta con Fondos FEDER, porque los PGE de Rajoy siguen sin preocuparse por Andalucía, para este proyecto. Esta búsqueda de dinero para infraestructuras ha permitido imprimir la agilidad necesaria para que en 2018 se pueda contar con la intervención ya redactada. No obstante, la ejecución de esta carretera está condicionada a la infraestructura que debe construir, a su vez, el Gobierno central y aprobar su ministro de Fomento De la Serna, para conectar con la A-92 y la A-7, de manera que se dé respuesta a las necesidades de movilidad que se generan en esta zona.

Actualmente, la A-92 culmina en Viator, en un tramo de titularidad estatal que discurre entre Tabernas y este municipio, en un punto de interconexión con la A-7. El trayecto desde ese enlace hasta la capital lo cubre una carretera autonómica, la A-1000, que ante el nuevo desarrollo urbanístico que ha experimentado la zona noreste de la ciudad es insuficiente para canalizar la circulación.

El proyecto deberá contemplar una vía de doble calzada y dos carriles en ambos sentidos, con una longitud aproximada de unos cuatro kilómetros que comunique la capital por la zona de Torrecárdenas hasta el enlace con las autovías A-92 y A-7, en el término municipal de Viator. A lo largo de su recorrido contará con estructuras singulares, como un puente sobre el río Andarax y un paso elevado sobre las vías del ferrocarril. La nueva carretera, que beneficiará especialmente a los habitantes de la zona noreste de expansión de la capital y al área hospitalaria de Torrecárdenas, conectará además con distintas carreteras provinciales y municipales hasta alcanzar el futuro enlace.

Torres Miras sigue la senda de Amat con gastos sin presupuesto

La revelación de los datos facilitados por el ministerio de Hacienda sobre los gastos de las entidades administrativas en Almería, supone un verdadero descubrimiento sobre las formas de actuar del PP en la región. El estilo Amat, esto es hacer las cosas como bien le parece al dirigente de turno sin pedir explicaciones, parece que se extiende a los demás políticos conservadores. Si en estas páginas se denunciaba que había 6 millones de euros en facturas sin dotación presupuestaria en la Diputación de Almería, en la famosa cuenta 413, ahora resulta que Ismael Torres Miras hace lo mismo en el municipio de Huércal.

María Jesús Amate, portavoz de Izquierda Unida, ha denunciado la situación en el municipio almeriense, y se ha mostrado sorprendida al ver que Huércal es el quinto municipio con más facturas sin dotación presupuestaria. “Nos hemos quedado muy sorprendidos ya que el Ayuntamiento de Huércal es uno de los pocos ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la provincia de Almería que no tiene deudas con los bancos” ha dicho Amate.

Para la formación de izquierdas la existencia de esas facturas “en el cajón”, y sin haber deuda bancaria, viene a demostrar un estilo de gestión, mala gestión que “el PP está llevando en el municipio de Huércal, una gestión que constantemente defienden desde el equipo de Gobierno como buena pero que estos datos demuestran que no es así. Cómo puede ser que un ayuntamiento que no debe nada los bancos tenga más de 200.000 euros en facturas que no tienen partida presupuestaria, por lo cual ha sido gastos no previstos”.

Al igual que sucede con la diputación almeriense, los presupuestos del municipio dirigido por Torres Miras son ficticios, pues existen numerosos gastos que no tiene dotación presupuestaria y, por tanto, no se han previsto, o no se han querido prever. Según los datos del Ministerio, se demuestra que el ayuntamiento huercalense, en el cuarto trimestre de 2016 tenía más de 400. 000 euros en facturas sin partida presupuestaria que, finalmente tras la liquidación, se ha quedado más de 200.000 euros.

“No sabemos entonces porqué el alcalde, cuando se le dice que los presupuestos  que realiza no se corresponden con la realidad y que hace gastos sin tener partida presupuestaria adecuada y que las cuentas municipales que presenta cada año no se corresponde con las realidades del municipio y que no van adecuados a la necesidades de los vecinos y vecinas se ofenden tanto, cuando los datos que hemos conocido hoy nos demuestran que es cierto”, ha concluido Amate.

Amat gasta dinero sin presupuestar en municipios del PP

La cuenta 413, que podría parecer el nombre de una película, es, sin embargo, el totum revolutum de la Diputación de Almería. Allí se guardan las facturas de todos los gastos que se realizan sin partida presupuestaria. Gabriel Amat, según las cuentas que se van conociendo, parece tener afición a gastar sin presupuestar. La diputación almeriense es la segunda del país con “más facturas en los cajones” como denuncian desde Izquierda Unida. El equipo de gobierno presenta presupuestos falseados porque saben que se van a gastar el dinero recurriendo a la cuenta 413.

María Jesús Amate denuncia que “siempre hemos criticado el reconocimiento extrajudicial de créditos por falta de presupuesto en las partidas y a la vista está que tenemos razón: los presupuestos que presentan son ficticios porque luego se tienen que hacer gastos que realmente no estaban presupuestados y el PP va gestionando a fuerza de cambios y cambios”. Una vez más queda demostrado el estilo de Amat en sus gobiernos, tanto en diputación como en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Hace y deshace como un aristócrata medieval que sólo debe obediencia a su rey, en este caso Mariano Rajoy.

Y no es poco el dinero gastado de esa forma. IU expone que “la Diputación Provincial de Almería ha llegado a tener casi seis millones de euros en facturas que no están reflejadas en las partidas presupuestarias y tienen que meterse en la cuenta 413 porque no tienen presupuesto adjudicado para llevar a cabo estos gastos. Estos millones son los que el Partido Popular se gasta de dinero público en cuestiones varias que no están contempladas en el presupuesto y se meten después en esa cuenta, dinero del que disponen libremente mientras que se niegan otro tipo de cuestiones necesarias para la provincia y que desde IU venimos demandando desde hace tiempo por el bien de los municipios, para lo que se trabaja desde Diputación”.

Este dinero extrapresupuestario es utilizado para, como vienen denunciado desde la izquierda, hacer publicidad encubierta de los gobiernos del PP en la provincia. Una especie de Gürtel o Púnica hecha desde las instituciones. Son los municipios de más de 20.000 habitantes, muchos de ellos autosuficientes pero gobernados en su mayoría por el partido conservador, los que se llevan las adjudicaciones a dedo de esos millones. Se deja fuera, como denuncia Amate, a los pequeños pueblos que son los que más necesitan del apoyo de la Diputación.

 

El Ministerio de Hacienda reconoce que «no consta inversión alguna» sobre el Castillo de Monteagudo

El Ministerio de Hacienda ha reconocido en un informe enviado, tras petición, a la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur) en el que asegura que respecto al Castillo de Monteagudo «no consta inversión alguna sobre el citado inmueble, ni se tiene conocimiento de que algún órgano del Estado tenga previsión de ello»

Y es que Huermur ha denunciado el «abandono» al que, en su opinión, está sometido el Castillo,»a pesar de los anuncios que distintas autoridades han realizado en 2015, 2016 y 2017, la realidad es la que queda sobre el papel en esta notificación».

Además, según ha explicado la asociación en el informe del ministerio no consta tampoco «requerimiento o comunicación alguna de parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia» sobre la puesta en marcha de actuaciones de vigilancia y control del patrimonio cultural.

En relación a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, el documento señala que en 2007 el Consistorio «se interesó por la cesión gratuita del inmueble», y esta se materializó en mayo de 2008 para dar al castillo un destino de «turismo cultural».

Sin embargo, según Hacienda, dicha cesión «no ha sido formalizada en escritura pública o documento administrativo por parte del Ayuntamiento, pese a varios requerimientos efectuados desde la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia, por lo que no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad y en consecuencia (…) no surtirá efecto hasta que se cumpla este requisito».

Huermur ha exigido a las tres administraciones que «cumplan con sus responsabilidades respectivas, que la Consejería de Cultura vigile e inspeccione el estado del Castillo para requerir al Ministerio de Hacienda que lo adecúe a las leyes de protección del patrimonio, y que el Ayuntamiento de Murcia lleve a cabo las acciones necesarias para recuperar este bien cultural para todos los murcianos».

Once años de incumplimiento

Por otra parte, Ahora Murcia ha criticado que el Ayuntamiento de Murcia “lleva nada menos que 11 años de incumplimiento con el Plan Especial del sitio histórico de Monteagudo y con el Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres”.

La concejala Angeles Micol ha preguntado por escrito a Ballesta “en qué situación se encuentra el Plan Especial que debe desarrollar el sitio histórico, que el Plan General obliga a que esté realizado desde antes de finales de 2006”. Asimismo, la formación también ha pedido explicaciones al alcalde sobre «por qué el Ayuntamiento no ha recepcionado el Castillo de manos del Ministerio de Hacienda, cosa que podía haber hecho desde el año 2008, así como toda la información acerca de dónde están esos 800.000 euros que se han volatilizado sin dejar ni rastro y sin que este Gobierno municipal tan inoperante se dé ni siquiera cuenta de ello, o que dándose cuenta le ha importado un bledo”.

Asimismo, Micol ha señalado que «en las ‘Normas urbanísticas del Plan General de Murcia’ se establece que el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del conjunto histórico arqueológico de Monteagudo estaría redactado desde la fecha de aprobación definitiva de la Adaptación del Plan General a la Ley del Suelo Regional”, que es de 26 de diciembre de 2005, por lo que el plazo de un año concluía el 26 de diciembre de 2006, “fecha en la que por tanto debería existir el Plan Especial”.

En dichas normas urbanísticas también se determina que “en el caso del sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, el correspondiente Plan Especial de Protección se elaborará de forma coordinada con el Plan Especial de protección paisajística de la huerta en torno al Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres”. En este texto se cita que “el propio Plan Especial es necesario para la ordenación del Parque Cultural delimitado por el Plan General”.

Por último, Micol ha criticado “la absoluta desidia del PP con el patrimonio cultural del municipio, dejando que se degrade, a menudo sin que haya marcha atrás, y desperdiciando recursos que tendrían un importante potencial económico de creación de riqueza y puestos de trabajo si se trabajara de una forma responsable con ellos”.