viernes, 21 noviembre, 2025

Podemos: “El derecho a la salud y a la atención universal no puede cerrar por vacaciones”

La diputada de Podemos en la Región, Ángeles García Navarro, denunció ayer viernes la puesta en marcha del “Plan Verano”, por parte de la Consejería de Sanidad, dado que va a suponer que, como cada año, “cierren centros de salud en poblaciones periféricas y camas en los hospitales, haciendo que la ciudadanía tenga que volver a encontrarse con la ausencia de servicios sanitarios durante el verano”

Las declaraciones de García Navarro las realizó tras asistir a una concentración ciudadana realizada en Murcia contra la puesta en marcha del citado programa estival donde los integrantes se han manifestado contra el cierre de los centros de salud que se produce año tras año durante la época estival.

García Navarro ha recordado que “el ejecutivo tenía que haber asignado los recursos humanos y técnicos suficientes, para asegurar la apertura durante este verano de 2017 de todos los centros de salud, servicios de urgencias, plantas quirúrgicas etc… De modo que el funcionamiento sanitario sea exactamente el mismo que en otras épocas del año”.

Sin embargo, ha señalado la diputada, “este verano de 2017 volvemos a encontrarnos con una situación que se repite todos los veranos y es el cierre de plantas en los hospitales, reducciones de horarios en los centros de Salud, cierres de consultorios y el peligroso aumento de las demoras quirúrgicas”

Por último, ha denunciado que una vez más “el gobierno regional  ha actuado de espaldas a las recomendaciones de los profesionales y a las necesidades de la ciudadanía escudándose en el ahorro, cuando la atención sanitaria no puede cuantificarse en términos económicos ya que es un derecho”

Ciudadanos inicia una campaña para acabar con los barracones en los colegios

Ciudadanos registró ayer viernes una iniciativa en la Asamblea Regional en la que solicita la adopción de medidas de eficiencia energética y contra el calor en los centros públicos de la Región de Murcia.

Esta petición forma parte de una campaña emprendida por Ciudadanos a nivel nacional “con el fin de acabar con los barracones en los centros educativos”.

El diputado regional de la formación naranja, Juan José Molina, ha manifestado «que no es de recibo que a estas alturas en un país como España, y un contexto como es Europa existan colegios con barracones, más aún, cuando en algunos casos no están acondicionados para soportar la climatología del lugar».

Molina ha señalado que hay centros educativos que no están adaptados a las condiciones climatológicas del lugar.

«En la Región de Murcia hay colegios –señala- en los que se excede la temperatura que sería adecuada, lo cual puede tener consecuencias graves tanto para los alumnos como para los trabajadores del centro. Tenemos un ejemplo reciente en la lipotimia que sufrió la niña del colegio Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco debido a la temperatura extrema del centro».

“Es necesario acabar con esta situación a la mayor brevedad posible. Para ello es fundamental realizar una normativa que exponga claramente cuales tienen que ser las condiciones de habitabilidad arquitectónicas y climatológicas de las aulas de los colegios y, por supuesto, eliminar definitivamente los barracones», ha apuntado el diputado de Ciudadanos.

La iniciativa, que está dividida en veinte puntos, contempla en el primero de ellos la creación de una normativa detallada que recoja la necesidad de climatización y ventilación de las aulas, así como las zonas de sombra en espacios al aire libre y todas aquellas medidas constructivas y de equipamiento que permitan edificios más eficientes y sostenibles desde el punto de vista energético y que a su vez proporcionen más bienestar, más confort y habitabilidad, cumpliendo así de forma pormenorizada con la normativa de seguridad y salud en los centros de trabajo.

 

 

La izquierda del Senado no entra al juego barriobajero del PP

Había avisado Rafael Hernando por la mañana que querían ver si los demás partidos también tienen porquería dentro. Para ello ha echado mano del crowfunding de Pedro Sánchez durante las primarias y los recuerdos venezolanos de Podemos. Curiosamente no se ha referido al caso Amat de su provincia de Almería. Olvidadizo el portavoz que acusa a la prensa de ser hienas. Fernando Martínez Maíllo ha seguido esa lógica de intentar que se haga causa para buscar la corrupción, que han rechazado tribunales de los demás, como sucede en el caso de Podemos y de casos del PSOE como Cursos de Formación o Mercasevilla, en los demás. Tampoco recuerda el vicesecretario conservador la Trama eólica de su tierra Castilla y León.

Pero los senadores de la izquierda no quieren entrar al trapo de la guerra barriobajera del PP. La habitual cuando se encuentran sitiados por problemas de corrupción o ven peligrar el poder que entienden de forma patrimonial. Así Ander Gil y Tontxu Rodríguez, del PSOE, y Óscar Guardingo y Kontxi Palencia, del Grupo del Cambio en el Senado, y Miguel Ángel Estradé de ERC han salido para decir con claridad que no piensan participar en esta comisión que es una “completa farsa”. No existe intención de investigar al PP como pone de manifiesto que, en la lista de comparecientes (más de cien) que ha presentado el partido conservador, no haya ningún cargo del propio partido.

El intento de “salvar al soldado Mariano Rajoy”, como ha dicho Gil, no es más que un intento de desviar la atención de la ciudadanía sobre el principal foco de sospechas que es el propio PP. El único partido de la democracia que ha sido encausado como organización criminal por las cajas de reptiles, desvío de fondos públicos para su financiación y un supuesto y constante tráfico de influencias con grandes empresarios para conseguir dádivas. “El objetivo es torpedear la comisión del Congreso que investiga al único partido imputado por corrupción. No vamos a colaborar a desprestigiar esta Cámara para tapar el problema de corrupción del PP” ha dicho el portavoz socialista.

Más contundente e incisivo se ha mostrado Guardingo. Para el portavoz en la comisión, y gracias al acuerdo del PP con el PDeCAT, para estas cosas sí se hablan, todo queda en “una comisión de corruptos que intenta nivelar la corrupción del PP manchando el nombre de políticos y personas”. Todo ello supone, dicen desde la formación morada, un “peligro para la democracia” porque se va a perseguir a personas que nada tienen que ver con la política por el simple hecho de que alguna vez un dirigente político participó en esa asociación o acudió a dar una charla. Sólo así se entiende que el PP haya pedido la comparecencia de alumnos de la Universidad Complutense cuyo único pecado es estar asociado a Contrapoder, por ejemplo.

Para socialistas y podemitas es completamente irresponsable que se llame a declarar a tesoreros y ex-tesoreros de los demás partidos políticos y no quieran que vaya Bárcenas. “El PP, acorralado por la corrupción, ha decidido perseguir a individuos de este país por disidencia política” ha dicho Guardingo. Actúan, ahora que se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas, como si esto no hubiera ocurrido nunca. Intentan destapar una trama inexistente en los demás partidos cuando “el PP es la Trama” como ha recordado Rodríguez.

Sólo hay que observar las primeras comparecencias que se han fijado en el calendario para ver cómo, una vez más, el PP utiliza su rodillo senatorial para poner las instituciones a su servicio particular. Se ha pedido que comparezcan el tesorero de Podemos Daniel de Frutos; el responsable de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado y dos tesoreros del PSOE, Xoan Manuel Cornide y Gregorio Martínez. Los imputados del PP no aparecen. Actitud barriobajera, propia de Hernando y Fernández Maíllo, trasladada al Senado.

Susana Díaz contra Mariano Rajoy por el recorte a Andalucía

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha señalado que el Gobierno andaluz combatirá el «injusto y demoledor» recorte de 450 millones impuesto por el Ejecutivo central a la comunidad por el objetivo de déficit del 0,3% para 2018. Díaz ha considerado una “tomadura de pelo” que desde el Ejecutivo central «”leven semanas hablando de la recuperación y a la hora de la verdad, cuando hemos cumplido con nuestra obligación, con el objetivo de déficit en los últimos años en Andalucía, vengan a darnos un hachazo de 450 millones”.

No vamos a permitir que este atropello se sienta en la sanidad, en la educación y en la dependencia, si la recuperación no la siente la gente, si hoy los ciudadanos tienen empleos donde trabajan más y cobran menos y además se pretende recortar 450 millones para nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestra educación y nuestra dependencia, ¿de qué recuperación están hablando Rajoy y Montoro?” ha dejado claro la presidenta andaluza.

Susana Díaz ha destacado que “vamos a seguir peleando, no estamos de acuerdo, nos parece injusto e inmoral», al tiempo que ha cuestionado que «en estos momentos donde hay un horizonte de esperanza  porque la economía está creciendo castiguemos a los ciudadanos en los servicios públicos”.

Andalucía votó en contra, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el jueves 29 de junio, del objetivo de déficit para 2018 y 2019, que puede traducirse en un recorte total de 900 millones de euros (450 por cada ejercicio) en la comunidad. Según la presidenta ya que Andalucía, que crece económicamente como crece España, marca la diferencia respecto al Ejecutivo central porque “queremos que la recuperación la sienta la gente”, poniendo en marcha nuevos centros de salud, incorporando a dependientes, mejorando el sistema educativo o devolviendo derechos a los empleados públicos.

 

Amat no tiene plan de emergencias contra incendios

Debe ser porque sólo ha puesto la primera piedra del nuevo Parque de Bomberos de Roquetas, pero desde la formación de Izquierda Unida han denunciado que el Ayuntamiento de Roquetas de mar carece de un Plan local de emergencias contra incendios forestales. No hay bomberos, no hay Plan contra incendios. Lo curioso es que es algo obligatorio por ley ya que el término municipal contiene Zonas de Peligro de incendios catalogados por la Junta de Andalucía.

“Hemos pedido explicaciones a Gabriel Amat en el pleno de ayer ante el hecho que Roquetas no cuente al día de hoy con este obligatorio plan. Nuestro municipio cuenta con dos zonas calificadas como “Zonas de Peligro” como son el Paraje Natural de Punta Entinas y las faldas de la Sierra de Gádor”, explica Juan Pablo Yakubiuk, concejal de IU en el Ayuntamiento. La Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía, recuerdan desde IU, establece que los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales tienen por objeto establecer la organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los recursos propios o asignados a utilizar para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias de ellos derivadas.

La formación recuerda que en 2013 el Paraje Natural de Punta Entinas fue pasto de un incendio forestal que calcinó gran parte del cañaveral que rodea la charca del Hornilo, junto a Playa Serena y El Solanillo. Una zona de alto valor natural, por ser zona de nidificación de aves migratorias protegidas, y que requirió la intervención de medios aéreos. También la Sierra de Gádor ha sufrido incendios en los últimos años, como es el caso del reciente en marzo de 2014, que afectó a más de 3.400 hectáreas en dos días y alcanzó a los municipios de Alhama de Almería, San Fe de Mondújar, Enix, Terque y Gádor. “Lamentamos que Amat no haya dado fecha para que este necesario plan sea elaborado y llevado a aprobación. Estamos asistiendo en las últimas semanas a incendios forestales en varios puntos de Andalucía y en nuestra provincia que deberían hacer reflexionar al equipo de gobierno del PP”, declara Yakubiuk.

Si bien Roquetas cuenta con un Plan Municipal de Emergencias, carece del preceptivo de Incendios Forestales que debe integrarse en él. “Por lo que desde IU reclamamos al PP de Amat que se ponga ya manos a la obra en recuperar el tiempo perdido y dote a nuestro municipio de este plan que evite desgracias mayores para nuestro patrimonio natural y humano ante el muy presente riesgo de incendios forestales”, finaliza Yakubiuk.

Rajoy aprende: Andalucía sí recibe demandantes de asilo

Andalucía va a recibir en los próximos días a 58 personas demandantes de asilo reubicadas desde Grecia, en el marco del acuerdo del Estado español con la Unión Europea, 52 de nacionalidad siria y seis procedentes de Irak. Con ellas, la cifra total de personas acogidas en Andalucía asciende a 929, de las que 339 han llegado desde Grecia, Italia y Turquía.

La reubicación se realizará entre las cuatro entidades sociales encargadas de la acogida en Andalucía: a Almería llegarán 6 personas a cargo de CEPAIM, 23 a Huelva a cargo de Cruz Roja, 15 a Málaga (4 a cargo de CEAR y 11 de Cruz Roja) y 14 a Sevilla (10 personas en el Centro de Acogida de Refugiados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 4 en CEPAIM).

La Junta de Andalucía completa la atención a estas personas garantizando su acceso a los sistemas de salud, educación y servicios sociales, todo ello coordinado a través de la Mesa Técnica de atención a Refugiados creada por la Consejería de Justicia e Interior para garantizar que haya una acción conjunta e integral en el proceso de acogida.

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha señalado que esta nueva llegada refugiados demuestra que Andalucía es una comunidad solidaria y acogedora con estas personas que vienen a esta tierra buscando un futuro mejor, como un día otros territorios fueron solidarios con los andaluces.

De esta forma, las comunidades autónomas completan el proceso de primera acogida que dispensan las ONG que recibieron una financiación extraordinaria del Gobierno central a finales de 2015 para ese fin.

Atención desde Andalucía

Según los datos aportados por el Gobierno central, Andalucía es la única que ha puesto en marcha un dispositivo específico para atender a menores refugiados no acompañados, que están actualmente tutelados por la Administración autonómica en Motril (Granada). Además, la Junta, a través de la AACID, ha financiado a ACNUR un programa para atender durante el invierno a las personas residentes en los campamentos de Grecia. Con esta intervención se beneficiaron 1.440 personas, 561 de ellas mujeres, a las que se distribuyeron kits y ropa de invierno (sacos de dormir y mantas térmicas) y facilitado alojamiento de emergencia contra el frío.

En estos momentos, el compromiso del Estado español no alcanza el 8% de lo acordado con la Unión Europea, a pesar del aumento en el número de solicitantes registrado en 2016. Por ello, la Junta considera que urge el establecimiento de un sistema de acogida más flexible y sostenible, que evite las dificultades en el acceso y ponga en marcha vías legales y seguras de llegada, como los visados humanitarios, la demanda más generalizada entre las organizaciones sociales que atienden a estas personas.

Los retrasos en las resoluciones de las solicitudes de asilo han provocado la acumulación de más de 21.000 solicitudes pendientes de resolver, lo que supone mantener en suspenso el futuro de estas personas. Por ese motivo, la Junta reclama un plan coordinado con el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil para acelerar la respuesta y alcanzar el compromiso del Estado español.

Al respecto, Rosa Aguilar ha reiterado que la Unión Europea sigue sin actuar en coherencia con sus valores fundacionales de solidaridad y de respeto por la dignidad y los derechos humanos, al hacer interpretaciones más que dudosas de los tratados internacionales y europeos, mientras que el Gobierno central, que es  el competente en política de asilo en nuestro país, tampoco ha ofrecido una respuesta adecuada a este problema.

Según la consejera, se trata de un asunto que ninguna administración, ni el Ejecutivo central ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, puede afrontar por sí sola, ya que obliga a la colaboración y coordinación de todos ellos «para hacer política con mayúscula, política de Estado», con la ayuda de las entidades sociales que trabajan en este campo.

La titular de Justicia e Interior ha reconocido el trabajo de las organizaciones sociales y la solidaridad de los ayuntamientos, entidades y ciudadanía de la comunidad andaluza que han decidido, anticipándose al Gobierno de España, declararse acogedores.

El Gobierno andaluz está trabajando de manera coordinada y permanente con las entidades sociales especializadas que trabajan en el campo de la inmigración y la atención a las personas refugiadas, y desde marzo de 2016 está constituida una Mesa Técnica de coordinación formada por todos los departamentos de la Junta competentes en esta materia.

Adriana Lastra: «Gracias al PSOE, hoy España es reconocida en todo el mundo como un país puntero en derechos civiles y libertades»

La socialista Adriana Lastra ha subrayado que “en estos 40 años de democracia, y gracias al PSOE y a los dos presidentes socialistas: Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, hoy España es un país puntero en derechos civiles, en libertades y está siendo imitado por otros países de nuestro entorno”.

“Hace 40 años esta España que hoy conocemos arcoíris era una España en blanco y negro en la que había un ánimo de ilusión, de esperanza, de lucha contra el inmovilismo y de ser una sociedad abierta, plural, diversa y tolerante. Ese es el ánimo que nos ha traído hasta aquí, liderado siempre por el PSOE y por una sociedad que ha luchado contra poderes establecidos, contra la Iglesia católica y contra la derecha reaccionaria, que hoy también tenemos en el Gobierno, para conseguir que este sea un país reconocido en todo el mundo como un país abierto, plural, diverso y tolerante”, ha dicho Lastra.

Durante la apertura de la jornada “Una perspectiva global sobre los derechos LGTBI, nuestros logros y los retos del mañana”, organizada por el PES y Rainbow Rose, Lastra ha asegurado que “hoy España es reconocida en todo el mundo como un país abierto, plural, diverso y tolerante”, pero los socialistas “queremos seguir avanzando en el reconocimiento de derechos, no solo en España, sino también en el resto de países de nuestro entorno”, como África o Latinoamérica.

A su juicio, el Orgullo mundial LGTBI no solo debe servir para “celebrar los logros que hemos alcanzado en Europa y en otros lugares del mundo, sino para reivindicar también los logros que queremos alcanzar en aquellos lugares donde hombres y mujeres están siendo torturados, perseguidos, encarcelados, incluso asesinados por su orientación sexual o por su identidad”. En este sentido, abogó por plantearse incluso “medidas drásticas” a través de la propia UE contra esos países.

Lastra tuvo palabras de recuerdo para Pedro Zerolo, que fue “uno de los constructores de los derechos y libertades en este país en los últimos años de los gobiernos socialistas y que hoy por desgracia no está con nosotros”.

Murcia recibe más fondos de la UE para tratar de salvar el Mar Menor

Cúmulo de despropósitos en busca de un culpable del fuego en Doñana

Los máximos responsables en la extinción del pavoroso incendio del Parque de Doñana, que aún sigue activo aunque controlado casi una semana después de iniciado, adelantaron desde un primer momento que “la mano del hombre” estaba detrás de la autoría de las llamas que han calcinado 8.486 hectáreas de esta zona especialmente protegida por su valor ecológico. Pese a ello, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha desautorizado este viernes al máximo responsable del Plan Infoca en Huelva, José Antonio Martínez, que este jueves adelantó que la mayor carbonera vegetal del país, ubicada en Moguer, era probablemente la responsable del fuego, aunque desde un primer momento esta empresa ha desmentido esta acusación y añade que ha mostrado su colaboración en todo momento con la brigada de investigación de incendios forestales, dependiente de la Junta.

Pero el propio titular andaluz de Medio Ambiente, que ahora reclama “prudencia y tiempo”, ha sido el que también confirmó que una “negligencia en una carbonería” era la hipótesis con más peso en la investigación sobre el origen del incendio. En cambio, este viernes Fiscal ha asegurado que en cuanto se  tenga información contrastada se dará a conocer, aunque desde el Infoca, dependiente directo de la propia Consejería de Medio Ambiente, ya se ha adelantado que es la carbonera de Moguer, con 25 empleados, la que ha causado el origen del fuego.

El consejero de Medio Ambiente escucha a un operario del Infoca en Doñana.

El consejero pide ahora “prudencia y tiempo para dejar trabajar a la brigada con rigor y sin presiones”. Fiscal admite que, pese a lo adelantado por los cargos a su mando, “aún no se tienen datos oficiales comunicados formalmente y ha destacado que estos agentes de medio ambiente siempre realizan una labor excelente”, extremo este que nadie ha puesto en cuestión después de varios días trabajando a destajo en unas condiciones extremas de peligrosidad y dificultad.

La Consejería de Medio Ambiente, ante la polémica desatada, ha emitido este viernes un comunicado en el que informa que agentes de medio ambiente de la brigada de investigación de incendios forestales (BIIF) de Huelva, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, “continúan con su labor para indagar sobre las causas del incendio” y añade que el trabajo de esta brigada, sobre la que recae el peso de la investigación, “es especialmente laborioso, por lo que priman los principios de discreción y hermetismo hasta que no se aclaren cómo se produjeron los hechos”.

Esta discreción y hermetismo que se reclaman ahora por la Consejería de Medio Ambiente han sido vulnerados por el propio consejero y también por los máximos responsables del Infoca, desde donde han salido precipitadamente los dedos acusadores de la investigación, una filtración que se ha producido con la investigación aún completamente abierta por parte de los agentes del Seprona de la Guardia Civil.

La carbonera Fergón emplea en sus instalaciones de Moguer a 25 trabajadores y produce unas 5.000 toneladas. Tiene sede central en Madrid. Sus responsables han explicado a los investigadores que precisamente sus instalaciones hicieron de cortafuegos, que provenía de una zona más al sur, según su versión.

La Junta solicitará fondos europeos para la recuperación y al mismo tiempo potenciará el voluntariado

Ante este tipo de incendios “grandes”, la brigada de investigación de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente (BIIF) es la responsable de elaborar el informe técnico, “un proceso complejo y que exige un gran nivel de minuciosidad”, según la Junta, debido a que se dedica a examinar “hasta el último detalle de campo para establecer el origen del fuego”.

El protocolo de actuación de la instrucción del fiscal jefe de Medio Ambiente de Andalucía recoge que la BIIF realiza esta tarea en colaboración con el Seprona, encargándose de lo material (causa y motivación), mientras el Seprona se dedica prioritariamente a lo personal (investigados, detenidos, etc.). Es por todo ello que el informe técnico de la BIIF constituye una parte central del atestado policial, que posteriormente se presentará ante el juez.

Mientras, el titular de Medio Ambiente ha presidido este viernes en Moguer la constitución del grupo científico-técnico para la restauración de la zona del incendio de Doñana. Fiscal ha confirmado que, al mismo tiempo que la Junta ha iniciado una campaña de captación de voluntarios para repoblar las zonas arrasadas por el fuego, solicitará fondos de ayuda a la Unión Europea. Este anuncio de la Junta coincide con la visita este jueves a la zona afectada de técnicos de la Comisión Europea.

El grupo de trabajo conformado este viernes estará compuesto por los ayuntamientos afectados por el siniestro, la Diputación Provincial de Huelva y la Junta de Andalucía. Del total de hectáreas calcinadas, 4.450 pertenecen al término municipal de Moguer, 3.054 hectáreas a la localidad de Almonte y 982 hectáreas a Lucena del Puerto. El fuego ha afectado a dos espacios protegidos: el Parque Natural de Doñana (6.761 hectáreas) y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres (17 hectáreas).

 

El Hospital de Roquetas un nuevo ardid de Amat

Gabriel Amat, acorralado por la corrupción, sigue intentando sacar conejos de la chistera para “tapar su mala gestión de estos años” como ha manifestado la oposición. La última muestra es la pretensión de construir un Hospital que se lleva anunciando desde hace 20 años. Es el eterno retorno del alcalde roquetero. Frente a los problemas acaba sacando la bandera del Hospital. Una infraestructura que no cuenta, a día de hoy, ni con diseño sanitario, ni con una estructura formal.

Desde el PSOE han recordado que esto no es más que una jugada de Amat para seguir culpando a la Junta de Andalucía: “[Se trata de] Seguir echando la culpa a la Junta de Andalucía por el retraso, tal y como esta misma mañana ha quedado de manifiesto con las obras del polideportivo de Las Marinas y de la balsa de tormentas de la Avenida Sabina”.

Desde IU y PSOE apoyan esa construcción pero por el procedimiento que debe realizarse. “[Apoyamos] un centro sanitario de estas características, que dé servicio además a poblaciones cercanas como La Mojonera o Vícar, “por lo que no es algo que deban pagar los roqueteros como pretende hacer Amat y el PP. Se trata de un servicio sanitario cuyas competencias las tiene la Junta de Andalucía, que es quien debe asumirlo” han manifestado desde la formación de izquierdas.

Pero no creen en IU que el verdadero afán de Amat sea la construcción del Hospital en sí: “Amat ha demostrado que lo único que le interesa es construir, quiere construir un gran edificio, le da igual su viabilidad, para usarlo como moneda de cambio y blindar cuestiones urbanísticas como Las Salinas. A diferencia de lo que quiere Amat y el PP, nosotros sí apostamos por un hospital, y lo importante no es construirlo, sino dotarlo de medios, pero a Amat no le importa que el centro se abra y funcione, no se puede jugar con la salud de los vecinos como pretende hacer ni con el dinero público”.

Como se ha demostrado en el pleno de hoy, “lo que quiere hacer Amat es construir un edificio, pero no será un hospital, sino un Centro de alta resolución, un CHARE, un servicio que no evitará que los roqueteros y roqueteras tengamos que seguir desplazándonos al Hospital del Poniente”, según argumenta el concejal Juan Pablo Yakubiuk.

Desde el PSOE Manuel García le ha exigido al alcalde que “deje de echar culpas a la Junta de Andalucía y que gestione mejor los asuntos municipales, que ya ha perdido más de 20 años para que Roquetas de Mar cuente con el hospital que ahora tanto demanda”.