El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha reclamado en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo que se impulse un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años. “Se trata de facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbón y construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables”, explicó Martínez Baños. La moción fue aprobada con los votos de PSOE, Cs y Podemos; el PP se ha abstenido.
Según Martínez Baños es preciso reformar el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al mínimo coste, que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, reduciendo la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable, sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.
La argumentación del diputado socialista se cimenta en que el precio de la electricidad representa una tercera parte de la factura para los consumidores domésticos, mientras que el resto corresponde a los peajes e impuestos. La competitividad empresarial se resiente porque España sigue teniendo una de las energías eléctricas más caras de la UE.
Martínez Baños, además, denuncia que las políticas del Gobierno de Rajoy “han generado inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. Todo ello mientras otros países europeos de nuestro entorno están ya inmersos en la transformación de su modelo energético”, impulsado por el compromiso global del Acuerdo de París.
En el mercado eléctrico toda la producción se retribuye al mismo precio. La Comisión Europea en 2012 ya alertó que “una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario, al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas”.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista se considera que el sector eléctrico necesita de manera urgente modificar sus normas de funcionamiento. “La regulación del sector eléctrico ni ha protegido hasta ahora los intereses de los consumidores ni proporciona el marco adecuado para impulsar las inversiones de la transición energética en el futuro”, afirmó Martínez Baños.
Por tanto, según el diputado socialista, es necesario llevar a cabo una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética “como condición indispensable que permita conocer qué pagamos y qué recibimos a cambio. Tras las conclusiones de esta auditoría independiente de expertos podremos abordar en profundidad la reforma del sector eléctrico que defina una senda flexible de transición energética”.
Más de 36 horas después del pavoroso incendio que se mantiene completamente activo en el entorno del Parque Nacional de Doñana, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Unesco, con tres focos virulentos aún sin controlar, la indignación en la zona comienza a hacerse palpable y aumentan los especialistas y conocedores del terreno que vienen denunciando la dejadez absoluta de los bosques de la comarca y la falta de cuidado periódico de este enclave natural protegido. “Sólo se limpia lo que se ve, dentro no se hace absolutamente nada. Por eso pasa lo que pasa”, explica a Diario16 un técnico especialista que lleva trabajando en este lugar privilegiado desde hace tres décadas.
La Junta sigue sin concretar las hectáreas arrasadas por el fuego, con tres focos activos y sin controlar casi 48 horas después de iniciado
La Administración andaluza, mientras tanto, alaba la labor sin descanso que realizan los efectivos del Plan Infoca contra incendios de la Junta desde que se inició el fuego a las 21.30 horas del pasado sábado 24 de junio. Muchos de estos efectivos son contratados en precario durante los meses de verano y finalizan su trabajo al fin del verano.
Fuentes del entorno de Doñana aseguran que antes de que en 2007 la Junta asumiera las competencias en las labores contra incendios a través del Infoca existían un centenar de empleados en la zona. En la actualidad, apenas 15 personas trabajan durante el día en la estación de Cabezudos, dentro del Parque Natural de Doñana, a los que se suman cuatro operarios más con motobombas durante la noche.
La Junta andaluza sigue sin detallar el número de hectáreas arrasadas por el fuego bajo la excusa de que no harán esta estimación hasta que el incendio “esté controlado”, aseguran fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Según ha podido constatar Diario16 de especialistas de Doñana, las zonas arrasadas pueden superar las 13.000 hectáreas.
El consejero andaluz de Medio Ambiente atiende a un retén contraincendios.
El Infoca, que tiene las competencias asumidas a nivel autonómico en la lucha contra el fuego, ha informado que dos de los tres focos activos ya han sido perimetrados pero no controlados durante la mañana de este lunes y trabajan en las labores de acotamiento del tercero, que aún sigue completamente descontrolado.
Diario16 ha podido constatar de fuentes solventes de la comarca incendiada que precisamente durante estos mismos días se están haciendo públicas las notas de corte de las licitaciones para la realización de cortafuegos y tareas de mantenimiento y cuidados de los bosques de la zona afectada por el devastador incendio. Y no será hasta el próximo mes de julio cuando se comenzarán a ejecutar las labores de mantenimiento de los bosques.
Mientras tanto, los únicos que realizan trabajos contra incendios durante todo el año son los trabajadores del Plan Infoca. Un empleado forestal de la zona asegura a este diario que “la falta de mantenimiento de Doñana es de vergüenza”. Pese a que reconoce que se ha avanzado mucho contra la precarización en la lucha contra incendios a nivel de medios y materiales, la falta de dotaciones presupuestarias adecuadas de la Administración andaluza para el cuidado y mantenimiento permanente de los bosques de este enclave ecológico exclusivo y único a nivel mundial “es una realidad”. “Cada año se dedica menos dinero a la limpieza de los montes, se hacen menos cortafuegos”, asegura resignado. Y subraya que “el campo no está en condiciones”.
La Junta deberá costear íntegramente la retirada de la madera calcinada, que pagan empresas privadas sólo como prevención
Este especialista forestal con tres décadas de experiencia en la zona de Doñana asegura a Diario16 que “sólo se hace lo que se ve, dentro no se hace absolutamente nada”. “El problema no es apagar el fuego, sino mantener el cuidado de los montes durante todo el año”, argumenta el especialista.
La realidad de estos especialistas forestales de la comarca del entorno de Doñana es desoladora, según explica este trabajador. “Reclamamos mayores medios y personal para poder tener bien cuidados los montes y campos, pero la Administración guarda silencio y sigue recortando. Aquí debería dimitir mucha gente”, explica.
La presidenta andaluza ha vuelto a visitar el puesto de mando de Mazagón con el fuego aún descontrolado.
Los cortafuegos se hacen en Doñana “deprisa, deprisa”, justo antes de la romería del Rocío, “pero cada vez con menos presupuesto”, añade. “No hay que ser un lince para ver que muchos pinos que ahora han ardido no dejaban entrar la luz, lo que denota la falta de adecentamiento de los árboles y matorrales. Se ven copas de pinos pegadas unas con otras, y esto para el fuego es ideal”. El especialista consultado por este diario reconoce resignado que “si tienes el monte limpio es más fácil apagarlo”. Por eso sigue descontrolado casi dos días después de iniciado, con una extensión enorme arrasada por el fuego.
A esta situación se suma otra paradoja, ya que las empresas madereras suelen costear íntegramente la tala, el apilado y la retirada de la madera como tarea de corta selectiva para las labores de prevención, lo que supone coste cero para la Administración andaluza. Ahora, tras el fuego, será el Gobierno de Susana Díaz el que debe asumir íntegramente el coste de la retirada de los árboles calcinados, porque el estado de esta madera no le resulta rentable a las empresas madereras.
“Si tienes el monte limpio es más fácil apagarlo”, dice un especialista de la zona
Mientras tanto, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, ha asegurado este lunes que “aunque la ley pudiera permitirlo, en Andalucía no se va a recalificar ni un solo metro cuadrado que haya ardido”. De este modo quiere salir al paso de las especulaciones que aseguran que existen proyectos urbanísticos esperando su momento, después de que la nueva Ley de Montes permita urbanizar en zonas arrasadas por el fuego.
Desde la Consejería de Medio Ambiente se informa que 225 retenes del Infoca trabajan este lunes en las labores de extinción, que cuentan con la ayuda de 15 vehículos autobombas, maquinaria pesada y siete medios aéreos. A estos efectivos de la Junta se suman otros 200 efectivos militares de la UME.
El centro de referencia de cría en cautividad del lince ibérico El Acebuche, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, activó el domingo por la noche su protocolo de evacuación ante el fuego, que se ha saldado con la muerte de una cría por el estrés producido por el traslado, así como la puesta en libertad de 13 linces adultos tras abrirse las verjas para que pudieran escapar en caso de que el fuego hiciera acto de presencia en este centro de recuperación de esta especie en extinción. Los expertos capturaron a otros 14 linces, cinco de ellos crías, para salvarlos del fuego en prevención.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía informa que hasta 450 personas permanecen albergadas este lunes por el operativo aunque la mayoría de los desalojados volvió ya a sus lugares de origen. De ellos, 150 realojados han pernoctado en un polideportivo de Moguer, otros 270 en otro de Almonte y 30 en la pedanía costera de Matalascañas.
Las reacciones de los grupos políticos ante la catástrofe ecológica provocada por el incendio declarado en el término municipal de Moguer (Huelva) no se han hecho esperar.
El grupo parlamentario IULV-CA ha registrado en el Parlamento de Andalucía una solicitud de comparecencia para que el Gobierno de Susana Díaz informe en Pleno sobre el incendio. Además, la coalición de izquierdas ha presentado otras iniciativas por las que reclama que José Fiscal, Consejero de Medio Ambiente de la Junta y a la consejera de Interior, Rosa Aguilar que comparezcan en comisión para informar sobre el incendio. La coalición que lidera Antonio Maíllo ha pedido la comparecencia de Joaquín Durán, subdirector de RTVA para explicar el tratamiento informativo sobre el incendio.
Por su parte, el Partido Popular, a través de su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, ha destacado algo que ya hizo Rosa Aguilar en la mañana de hoy, la importancia de la coordinación entre las diferentes administraciones públicas para que el fuego quede controlado a lo largo del día de hoy. Bonilla ha puesto en valor el trabajo eficiente de los componentes del Plan INFOCA y de la UME.
Podemos, a través de su coordinadora general, Teresa Rodríguez, ha anunciado que el grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado van a reclamar que se modifique la Ley de Montes para que los terrenos incendiados no puedan ser recalificados. En rueda de prensa ha explicado que Podemos va a pedir que se recupere el artículo 50 de la Ley de Montes para que se prohíba de manera «taxativa» que los terrenos quemados puedan ser utilizados para otros fines. A nivel andaluz, Rodríguez ha anunciado que van a presentar una batería de iniciativas relacionadas con el incendio de Moguer: han solicitado la comparecencia de José Fiscal, han pedido información al Ministerio de Agricultura sobre la evacuación de El Acebuche que permitió sacar sólo a 14 de los 25 linces que allí se encontraban y sobre la muerte de una hembra. También se ha puesto en valor el trabajo de las administraciones para intentar que no se destruya el entorno que es «la joya más preciada de Andalucía».
Juan Ignacio Zoido ha confirmado que el SEPRONA ha iniciado una investigación sobre el terreno para poder determinar las causas del incendio declarado este fin de semana en el término municipal de Moguer (Huelva) y que ha afectado al entorno natural de Doñana.
En la investigación están participando agentes especializados tanto del SEPRONA de Andalucía como de Madrid.
El ministro ha confirmado que el cambio de las condiciones meteorológicas respecto a las de ayer —fuerte viento cambiante, elevadas temperaturas y poca humedad— va a favorecer el trabajo del operativo de extinción desplegado.
Foto: MAPAMA
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha dado autorización para que regresen al centro de cría en cautividad El Acebuche los linces evacuados a causa del incendio y que sean devueltos a las instalaciones. Hubo algunos animales que quedaron allí y tendrán que evaluar lo que ha ocurrido con ellos para poder capturarlos lo antes posible en el caso de que hayan huido. También se ha informado de que una de las hembras de lince reproductoras murió el domingo a causa del estrés causado por el desalojo.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha trasladado esta mañana al lugar del incendio declarado en el término municipal de Moguer (Huelva) y que está afectando al Parque Nacional de Doñana.
Díaz ha asegurado que «ni un solo metro» de terreno quemado que afecte al entorno natural de Doñana «va a ser recalificado ni utilizado para otro fin».
En declaraciones a los medios de comunicación Susana Díaz ha dicho que «nadie piense que ni un metro que haya ardido se va a aprovechar y va a tener otra calificación urbanística porque la Junta no solo se va a oponer sino que va a poner todos los mecanismos legales para que un solo metro del entorno natural de Doñana sea recalificado para ningún otro uso».
Según informan los efectivos del Plan INFOCA, dos de los tres focos del incendio que se inició este fin de semana en el término onubense de Moguer se encuentran ya perimetrados y se está trabajando para hacer lo propio con el tercero.
La consejera de Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, en declaraciones a Canal Sur Radio, se ha mostrado confiada de que a lo largo del día de hoy el incendio pueda quedar estabilizado. Aguilar ha resaltado, además, la colaboración, la coordinación y la cooperación con la que hubiera sido muy difícil una reacción tan rápida, recordando, además, que la ayuda en medios aéreos ha sido prestada por el Gobierno Central. También ha puesto en valor la colaboración de la ciudadanía que se prestó a ello desde el primer momento con todos los medios que tenían a su alcance y ha puesto el ejemplo de los agricultores que pusieron sus tractores a disposición de los efectivos del INFOCA.
450 personas continúan realojadas en instalaciones proporcionadas por el operativo de emergencia. Según fuentes del 112 Andalucía, 150 personas han pernoctado en el polideportivo de Moguer, 30 en instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en Matalascañas y 270 en la localidad almonteña.
Se ha autorizado el regreso a sus viviendas a las personas evacuadas de la zona de Bonares en Mazagón.
El operativo de extinción continúa trabajando desde esta mañana con la incorporación de los medios aéreos y 250 efectivos del Plan Infoca de la Junta de Andalucía, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), maquinaria pesada y 15 autobombas.
Un total de siete medios aéreos (aviones y helicópteros), 250 efectivos del Plan Infoca de la Junta de Andalucía, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), maquinaria pesada y 15 autobombas están trabajando desde primera hora de la mañana para controlar el incendio declarado en la provincia de Huelva y que ya ha alcanzado a Doñana.
Durante toda la noche 80 efectivos del Infoca han trabajado durante toda la noche, junto a agentes forestales y de medio ambiente, con 7 vehículos autobomba y unidades de medición meteorológica.
Como ya informamos en Diario16, la Unidad Militar de Emergencias desplegó en el día de ayer al II Batallón de Intervención de Emergencias, batallón que fue reforzado con otra compañía, por lo que ya son más de 240 los militares desplegados para luchar contra el fuego. Este dispositivo, junto al del Plan Infoca, permite que los trabajos de extinción puedan mantenerse durante las 24 horas del día.
Cada compañía desplegada dispone de dos secciones que para actuar en dos puntos diferentes. Una de las secciones trabaja en el Parque Dunar, al noroeste de Matalascañas, realizando una línea de defensa junto con efectivos del INFOCA. La segunda sección de la UME realiza labores de ataque directo al fuego con autobombas al norte de Mazagón. Los efectivos de la UME están trabajando bajo la dirección de los responsables de la Junta de Andalucía, coordinados a través del Delegado del Gobierno en Andalucía.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha activado el protocolo de evacuación del centro de cría en cautividad del lince ibérico, desalojando a todo el personal y a los animales.
Por otro lado, han sido reabiertas definitivamente las carreteras de Matalascañas con el Rocío que estuvieron cortadas a consecuencia del incendio. A lo largo de la noche se fueron abriendo para evacuar a las personas que en el día de ayer se encontraban en Matalascañas, tal y como informamos en Diario16.
El Partido Socialista Obrero Español ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la cotización de las víctimas de violencia machista que reciben rentas activas de inserción (RAI), es decir, la ayuda que se percibe cuando se extingue la prestación por desempleo.
El PSOE, a través de la diputada Ángeles Álvarez, reclama que esta cotización se haga con cargo a la imposición general y recomienda que se adopten medidas que ayuden a las mujeres víctimas de violencia machista a complementar sus aportaciones con ventajas fiscales o con asimilaciones al alta.
La Ley Integral contra la Violencia de Género reconocía un estatuto integral de protección a las víctimas en el que se incluyen derechos laborales que se plasmaban en la Seguridad Social posibilitando que esos supuestos fueran declarados como situación de desempleo y, de este modo, facilitar el acceso a la prestación por desempleo. Era un modo de proteger a la mujer del criminal machista.
Sin embargo, en la Renta Activa de Inserción, a pesar de dar derecho a la cobertura sanitaria y a la protección familiar, no existe cotización a la Seguridad Social. La PNL indica que «Es esta falta de cotización la que hace a las mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de esta ayuda de peor derecho que aquellas mujeres en idéntica situación de violencia que sí tienen derecho a las prestaciones de desempleo».
Según datos oficiales, se ha detectado en 14 meses a 746 personas condenadas por delitos sexuales que solicitaron el certificado para trabajar con niños.
Con la modificación del sistema de Protección a la infancia el Gobierno puso en marcha el Registro Central de delincuentes sexuales para que quienes realizan actividades con menores tengan la obligación de certificar que no tienen antecedentes de agresión y abuso sexual, acoso, exhibicionismo y provocación, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores.
Desde que se activó este sistema en el Registro de delincuentes sexuales hay inscritas 42.227 personas.
La Fundación ANAR propuso a la Comisión de Infancia del Congreso que en la ley se establezca la caducidad de los certificados negativos, para que tengan que renovarse de forma periódica y así evitar que se comentan delitos de esta naturaleza una vez obtenida dicha acreditación.
«El legislador tendría que haber dado un paso más, en el sentido de exigir dicha certificación con una periodicidad determinada, y no sólo en el momento del acceso al trabajo que implique contacto habitual con menores», afirmó Benjamín Ballesteros, director de Programas de ANAR.
Sin embargo, según el Ministerio de Justicia, «no resulta necesario que los trabajadores tengan que acreditar cada cierto tiempo el cumplimiento de tal requisito, y por tanto, solicitar reiterada y periódicamente dicho certificado».
Ahora sólo tienen que renovarlo los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa u organización, si se producen cambios sustanciales en su relación laboral (si cambia la empresa o el empleador), o si dentro de su relación laboral cambian las circunstancias, de modo que comienza a trabajar habitualmente con menores cuando antes prestaba sus servicios para el público en general.
Pero el Ministerio de Justicia añade que deja «a criterio del empleador exigir nuevamente el certificado», si se tienen sospechas «fundadas» o existan indicios de que el trabajador hubiera podido ser condenado en sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual con posterioridad a la presentación inicial del certificado.
El Pleno del Congreso debatirá el martes una proposición de ley registrada por el Partido Popular para facilitar la donación de alimentos por parte de empresas que ahora se ve limitada por los riesgos de responsabilidad civil ante los alimentos donados por cuestiones de higiene alimentaria, de fecha de duración mínima o de fiscalidad.
En la proposición se eliminan estas trabas y permite a entidades sin fines lucrativos, cuyos estatutos reflejen fines y actividades sociales, asistenciales o benéficos, que tengan la consideración de consumidores finales respecto a los donantes de alimentos y que mantengan las obligaciones como operadores alimentarios respecto a sus beneficiarios.
«Esta iniciativa generará seguridad jurídica para facilitar la iniciativa tanto pública como privada, mejorando la eficiencia del suministro y consumo de alimentos y reduciendo los niveles de despilfarro de los mismos», afirmó la diputada popular María Jesús Bonilla.
El Partido Popular señala que hay un gran consenso social sobre la necesidad de reducir el desperdicio de alimentos y por ello hay que «incentivar la donación de alimentos frente al descarte de los mismos y canalizar el mayor porcentaje posible de los 7,7 millones de toneladas de alimentos que cada año se tiran en España».
El problema de los alimentos frescos
En el PP destacan las inseguridades que hay actualmente para quienes intentan donar alimentos frescos especialmente en los aspectos de responsabilidad civil. En lo referente a la higiene alimentaria, la legislación europea desarrolla el ‘paquete de higiene’ que establece normas para los operadores de empresas alimentarias, incluidos los bancos de alimentos, sobre las condiciones de higiene de los alimentos.
«Para incentivar la distribución es necesario reducir los riesgos asociados a la responsabilidad civil de las empresas donantes por los alimentos donados y con esta iniciativa se adopta la solución conocida como ‘ley del buen samaritano’, y que se ha mostrado realmente eficaz, multiplicando las donaciones de alimentos por doce en tan solo diez años», afirmó María Jesús Bonilla.
