miércoles, 1 abril, 2026

Málaga no cumple con su parte en las obras del Metro

D16 Mediterráneo
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Málaga no cumple con su parte en las obras del Metro

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha realizado un nuevo llamamiento al Ayuntamiento de Málaga para cumplir con la solución consensuada y formalizada en el protocolo de intenciones firmado en noviembre de 2013 y así culminar la Red del Metro de Málaga. López ha explicado ante el Pleno del Parlamento que, una vez licitada las obras de terminación del tramo Renfe-Guadalmedina, que conectará con el tramo que discurre por el centro histórico, en avanzada fase de ejecución, «sólo nos resta licitar e iniciar las obras de la prolongación de la Línea 2 hasta el Hospital Civil,  al objeto de completar la red, que dará cobertura a los cuatro distritos más poblados de la capital, así como a Teatinos, donde se localizan los principales equipamientos, arrojando una estimación de demanda total de 20,7 millones de usuarios al año».

López, que ha informado sobre la licitación el 12 de junio de las obras para finalizar el tramo Renfe-Guadalmedina, ha confiado en que el Ayuntamiento de Málaga «cambie de actitud y colabore» en la materialización de la prolongación de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil, ramal que recibió la declaración de interés metropolitano en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 9 de mayo.

La licitación del tramo Renfe-Guadalmedina, que discurre entre El Perchel -donde concluye las líneas 1 y 2 en servicio comercial desde el 30 de julio de 2014- y la Avenida de Andalucía para concluir antes del Puente de Tetuán,  incluye tanto las unidades pendientes de ejecutar del anterior contrato, como el proyecto modificado aprobado en 2016 para dar cobertura a varias circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las obras, además de la terminación de las intervenciones arqueológicas asociadas a la obra civil. Incluyendo el proyecto modificado, el nivel de ejecución del tramo era del 65% antes de la suspensión de los trabajos, en septiembre de 2015.

Felipe López ha añadido que el importe base de licitación asciende a 24,75 millones de euros, para unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de 22 meses desde la formalización del contrato. Las empresas interesadas en concurrir a este concurso público tienen de plazo límite para presentar las ofertas hasta el próximo 24 de julio. A este respecto el consejero también ha puesto en valor el empleo asociado a su construcción, «que se estima en 372 puestos de trabajo, de los que 200 son directos».

El tramo Renfe-Guadalmedina consta de 713 metros de longitud lineal y se desarrolla íntegramente en subterráneo. Su principal complejidad, al margen de la intervención por los hallazgos arqueológicos de la muralla Nazarí, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), reside en que en su trazado confluyen las dos líneas del Metro de Málaga.

López Miras defiende la Región de Murcia como un espacio de libertad económica

Kerman Barcáiztegui
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López Miras defiende la Región de Murcia como un espacio de libertad económica

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, expresó el compromiso del Gobierno autonómico para conseguir que “la Región sea un espacio de libertad económica” para crear riqueza “a través de los que saben generar empleo que son las pequeñas, medianas y grandes empresas”.

López Miras hizo estas declaraciones tras la visita que realizó en Lorca a las instalaciones del nuevo Centro de Negocios de Andamur, una empresa “que se ha convertido en una gran empresa internacional y que incluso en los años más difíciles ha creado empleo”.

El presidente murciano recordó que en enero de 2018 el Gobierno regional eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones y que, durante este año, “se aprobará la segunda ley de simplificación administrativa para que las empresas tengan menos trabas para invertir y asentarse en la Región». El objetivo es que «Murcia sea atractiva para que los verdaderos generadores de empleo puedan venir aquí».

Defensa del CETA

Fernando López Miras también mostró la preocupación del Gobierno regional “tras el anuncio del Partido Socialista de retirar su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá”, conocido como CETA. En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional recordó que Murcia es “una región exportadora” ya que el año pasado el volumen de exportaciones superó los 9.000 millones de euros. En el caso concreto de Canadá, desde el año 2011, las exportaciones de la Región han aumentado un 88 por ciento.

 

Amat no abre los comedores escolares en verano

Santiago Aparicio
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Amat no abre los comedores escolares en verano

Gabriel Amat, pese a lo expuesto en la ponencia social de su partido, insiste en no abrir los comedores escolares en julio y agosto para que los menores más desfavorecidos puedan tener una alimentación digna o incluso comer una vez al día. El gobierno de la Junta de Andalucía apoya todas estas iniciativas, pero el alcalde roquetero se olvida de lo social en su propia plaza. Si no hay urbanismo egipcio parece que ya no es interesante, ni necesario. Salvo que crea que en Roquetas no hay pobres en una de sus típicas ensoñaciones municipales.

Los socialistas de Roquetas han solicitado hasta en dos ocasiones esta actuación de marcado carácter social. La última en abril, a través de una moción que no se incluyó como urgente en el orden del día del pleno de ese mes por el voto en contra del Partido Popular, que gobierna en el Ayuntamiento, y la abstención de Ciudadanos y de la concejal tránsfuga. El regidor roquetero vuelve a mostrar “su falta de sensibilidad e interés con las clases más desfavorecidas del municipio y, sobre todo, con los más vulnerables, los menores de edad”, ha reprochado el portavoz del PSOE de Roquetas, Manuel García.

Insiste Amat en que el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia, olvidando que los edificios sí son de su competencia y podría abrirlos si así lo desease. Incluso podría aprovechar las ayudas de la Junta. Bien al contrario sí asume competencias que no son suyas pero que sí están relacionadas con urbanismo. Como recuerda García: “el Ayuntamiento está asumiendo con fondos propios obras millonarias que corresponden a otras administraciones, como es el enlace con la A-7 de Aguadulce o las expropiaciones de la  carretera de circunvalación de Roquetas”. Son otros beneficios y otros beneficiados, no los menos desfavorecidos.

La necesidad de dar alimento a los menores de edad cuyas familias no se lo pueden procurar de manera habitual ha sido tomada por interés desde el gabinete del Defensor del Pueblo que, recientemente, ha dirigido una carta al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para instar al consistorio a abrir dichos comedores y facilitar que los jóvenes puedan comer, al menos una vez, en verano.

El de Roquetas es uno de los 16 municipios andaluces apercibidos por el Defensor del Pueblo en su defensa por los derechos de los menores procedentes de familias en riesgo de exclusión social. Otro Ayuntamiento insolidario es el gobernado por Francisco Góngora, también del PP, y como Amat bajo sospechas de corrupción. El Ejido tampoco se preocupa por los que menos tienen y pasan hambre.

Para los socialistas de Roquetas el Ayuntamiento tiene a su disposición los colegios de titularidad municipal y medios económicos suficientes en la partida de gastos sociales como para hacer frente a esta medida, que consideran humanitaria. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con la comunidad educativa, serían los encargados de detectar las familias en cuyo seno pueda haber menores que no tengan garantizada las necesidades mínimas alimentarias y que serán los que se beneficien de la medida que pretende impulsar el PSOE roquetero, como expuso Manuel García en la moción que fue rechazada por PP, C´s y la concejal tránsfuga.

Justo un día después de vanagloriarse de los cursos de verano de la UAL, tendría que pensar Amat que sin esos comedores escolares abiertos, algunos roqueteros no tendrán en el futuro la oportunidad de llegar a ellos por no poder comer hoy. Mucha publicidad y mucho urbanismo es lo que distingue a Amat. Lo social desaparece de su agenda con suma facilidad, salvo cuando la iglesia católica está por medio. No vaya a ser que no le absuelvan de sus pecados.

Gabriel Amat no hace nada para resolver el problema del agua

D16 Mediterráneo
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Gabriel Amat no hace nada para resolver el problema del agua

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha criticado que el Partido Popular no haya aprovechado la reunión que ha mantenido la secretaria general del PP-A, Loles López, y el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, con los regantes del Levante y Almanzora, para anunciar la fecha del inicio de las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, situada en el municipio de Cuevas del Almanzora, cuyas instalaciones quedaron inutilizadas por una riada en septiembre de 2012.

En este sentido, Sánchez Teruel ha criticado que Amat lleve cinco años “sin dar un palo al agua para aumentar los recursos hídricos de la provincia”, y considera “injustificable” que la desaladora del Almanzora lleve todo ese tiempo esperando a ser reparada por el Gobierno de Rajoy.  A pesar de las acuciantes necesidades de agua para riego de la comarca, “año tras año” el PP ha comprometido distintas partidas en los Presupuestos Generales del Estado sin que, finalmente, se haya gastado “ni un solo euro en su puesta en marcha”. De esta manera, “en los últimos cinco años a los regantes se les ha privado de  entre 75 y 100 hectómetros cúbicos de agua para sus campos y eso tiene unos responsables, que son Amat y su partido”, ha asegurado.

“El Partido Popular ha actuado con esta infraestructura como con tantas otras obras necesarias en la provincia, tirando de promesas que, a la vista de los resultados, se han demostrado como auténticos engaños”, sostiene el también parlamentario andaluz quien considera, de otro lado, que el diputado Rafael Hernando “ya tiene otra cosa por la que pedir perdón a todos los almerienses”.

Para Sánchez Teruel ésta es “la tónica dominante” del PP en la provincia de Almería, situando constantemente “una mentira sobre otra mentira”. En este sentido, ha reprochado a los dirigentes ‘populares’ que no pusieran en marcha hace cinco años las obras del trasvase del Ebro, realizando las modificaciones legales oportunas, “si creían firmemente en que esa era la solución para Almería”.

Lo que ha ocurrido, en realidad es que “el Gobierno de Rajoy no ha tenido ninguna consideración con Almería, una provincia a la que ha tratado con la punta del pie”. Al hilo de esto, el secretario general del PSOE ha recordado que el Ejecutivo del PP no ha realizado las obras que tenía que haber hecho en materia de desalación, como las del Bajo Almanzora o las de ampliación de la desaladora de Carboneras y, para colmo, el presidente del PP y de la Diputación de Almería “ha dejado olvidado en un cajón” el convenio para el estudio del abastecimiento y regadío en el Campo de Tabernas, por cuyo proyecto pagó la administración supramunicipal 600.000 euros.

De otro lado, Sánchez Teruel, considera “lamentable” que Amat haya callado y tragado ante la injusta decisión de Rajoy de que el agua desalada sea más cara para los agricultores almerienses si procede de desaladoras de Almería que si proviene de desaladoras de fuera de Andalucía. “Ante eso, Amat ha claudicado, ha callado y tragado sin levantar la voz para defender a los agricultores de Almería, y eso en un político que dice representar a los almerienses es muy grave”, ha reprochado.

Según ha asegurado el secretario general del PSOE de Almería, los socialistas “vamos a exigirle a diario al PP que el agua desalada en la provincia cueste lo mismo que el agua desalada en Murcia o en la Comunidad Valenciana”. “También vamos a exigir que el Gobierno de España tome las medidas necesarias, por vía de urgencia, para que a los regantes del Levante no les falte el agua”, ha añadido.

“Amat no puede señalar como culpables ni a Zapatero ni al trasvase del Ebro ni a nadie que no sea él, su partido y su gobierno, y precisamente por eso se van a reunir el lunes en Madrid con la Dirección General del Agua, porque ellos son los responsables de la situación y los únicos que pueden solucionarlo, ya que es competencia y responsabilidad del Gobierno de España”, ha indicado Sánchez Teruel.

La Junta sí acepta la donación de Amancio Ortega para Granada

Leopoldo Garcia
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La Junta sí acepta la donación de Amancio Ortega para Granada

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha informado en el Parlamento de la futura incorporación de dos nuevos aceleradores lineales en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Se trata de equipos que se adquirirán gracias a la donación realizada por la Fundación Amancio Ortega y que permitirán sustituir a los actuales de este centro hospitalario, que no pueden ser actualizados técnicamente. Las obras para uno de los aceleradores lineales ya se han iniciado.

Estos equipos se suman a los otros existentes en la provincia y que actualmente se encuentran en el Hospital Campus de la Salud y en el Hospital San Cecilio. La consejera de Salud ha recordado que en los hospitales granadinos se está trabajando para reducir los tiempos de respuesta en estos tratamientos.

La planificación de la dotación tecnológica y de la distribución de los equipos responde a un análisis riguroso que han realizado los propios profesionales y a las características de los equipos ya existentes, de forma que cada área hospitalaria pueda contar con la tecnología necesaria para abordar el cáncer en su población de referencia. Desde la Administración sanitaria, ha dicho la consejera de Salud, se trabaja siempre para garantizar la mejor atención a la población y en Granada esta planificación permitirá hacerlo en un ámbito como el cáncer.

Por último, Marina Álvarez ha querido poner en valor la importante renovación tecnológica en Radioterapia que, al igual que en Granada, se está llevando a cabo en el resto de provincias andaluzas, y que permitirá en los próximos años dotar a Andalucía de la red más avanzada de Europa.

El PSOE considera insuficiente y tardío el Decreto de Sequía aprobado por el Congreso

Kerman Barcáiztegui
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El PSOE considera insuficiente y tardío el Decreto de Sequía aprobado por el Congreso
La diputada María González Veracruz  ha asegurado que el Decreto de Sequía debatido en el Congreso de los Diputados es insuficiente y llega tarde, con lo que no resuelve el problema de sequía que sufre la Región de Murcia.
González Veracruz, que ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista apoya esta convalidación del Decreto del 9 de junio, ha exigido un nuevo texto que “sea una batería estratégica del Segura, como hicieron los gobiernos socialistas, que aportó hasta 100 hm3, y que consigamos que las desaladoras funcionen al 100 por 100”.
“Esto es lo que necesita la Región y lo que demandan los agricultores, que se sienten engañados por el Gobierno de Rajoy y con aquellas pancartas que solo buscaban los votos y que no han traído ni una gota de agua”, ha añadido la diputada socialista.
Asimismo, ha aseverado que las actuaciones que prevé este decreto llegan tarde, puesto que el sinclinal de Calasparra debería haber estado abierto hace meses. “Ha sido vergonzoso ver a diputados murcianos del PP aplaudir y defender un texto que es una humillación y que llega tarde. No nos podemos conformar con parches”.

La Justicia volvió a ser independiente en el caso Mercasevilla

José Antonio Gómez
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La Justicia volvió a ser independiente en el caso Mercasevilla

En el día de ayer se conoció que Yolanda Sánchez, la juez del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, absolvió a todos los acusados por la venta de suelos de Mercasevilla, lo que supone un verdadero golpe a la juez que instruyó el caso, la mediática Mercedes Alaya quien consideró que toda la operación estaba fuera de la legalidad. Los diez acusados fueron absueltos de los delitos de fraude, prevaricación y delito societario porque, según la magistrada Sánchez no hay delito en el concurso por el que Mercasevilla vendió la parcela objeto de investigación, hecho en el que Alaya sí que vio indicios delictivos. La sentencia no sólo es un varapalo para la instructora, sino también a la propia Fiscalía ya que el Ministerio Público solicitaba penas de dos años de cárcel para los acusados.

No es el primer juzgado que absuelve a personas acusadas por Mercedes Alaya. Ya ha ocurrido con algunos imputados en el caso ERE o en los cursos de formación. En este caso, la magistrada Yolanda Sánchez desmonta en su escrito una a una las acusaciones de Alaya.

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, uno de los acusados, Manuel Marchena, ex gerente de Urbanismo, ha afirmado que se trató de un juicio político porque la propia instrucción «fue un despropósito» porque él, como imputado, se iba enterando de cómo avanzaban las investigaciones de Alaya por las filtraciones de la prensa que Marchena califica de «extrema derecha».

En dicha entrevista, Manuel Marchena citó en múltiples ocasiones al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre todo cuando se personó como acusación particular.

Todas las instrucciones de la jueza Mercedes Alaya han estado marcadas por la sospecha de que había un interés político detrás. En medio de los múltiples casos de corrupción en los que están imputados altos cargos del PP o el propio partido, el Partido Popular necesitaba de una trama que compensara mediáticamente y que desviara el foco desde Génova 13 al Partido Socialista para que los españoles tuvieran la impresión de que la corrupción era algo sistémico y que estaba instalada en todos los partidos. Se encontró a la instructora adecuada en el territorio correcto.

Hay que recordar que todos sus autos tenían una coincidencia sospechosa con autos del juez Ruz o con momentos políticos importantes para el PSOE andaluz. Siempre que Ruz sacaba un auto o enviaba a la Guardia Civil a registrar la sede central del PP, aparecía Alaya al rescate sin importar un ápice el daño que estaba haciendo a las personas a las que imputaba.

Esta actuación ha perjudicado a la dignidad, a la reputación y al honor de muchas personas, como es el caso de Mercasevilla. Como el propio Manuel Marchena reconoció en la entrevista citada, a todos los acusados en este caso se les ha causado un gran quebranto en su imagen y en su honor y «quiero pensar que habrá alguna salida para materializar esta crítica que estoy haciendo dentro del Estado de derecho y sin ningún perjuicio para mi persona».

Alaya es un caso más de cómo el Partido Popular interfiere en la independencia de la justicia. Lo vemos día a día en cómo el partido conservador español quiere tener en sus manos al tercer poder del Estado colocando piezas clave en los puestos clave. Recordemos que se han colocado a militantes en la presidencia del Tribunal Constitucional o que el presidente de los jueces es un hombre de FAES. Por no hablar del caso de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel que fueron reprobados por sus propios compañeros para hacerse cargo del juicio de la Gürtel.

La corrupción es sistémica en España, pero, sobre todo, en el Partido Popular y actuaciones como el caso Mercasevilla son un ejemplo de cómo intentan esparcir su implicación hacia otros partidos sin importar el daño que se hace a personas dignas.

Los jueces independientes seguirán exculpando o absolviendo a acusados por Alaya pero nadie podrá reparar el daño que a esas personas se les ha infligido por intereses políticos o ideológicos.

 

Susana Díaz reclama una financiación justa

Amalia Yebra
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reivindicado la «igualdad de todos los españoles», que ya fue un «símbolo» del 28 de febrero y que Andalucía «consiguió» para el conjunto del país, así como una financiación autonómica «justa y adecuada, que nos permita mantener unos servicios públicos de calidad».

La presidenta ha hecho balance del 35° aniversario del Parlamento de Andalucía, que se ha conmemorado con un Pleno Institucional celebrado en el mismo lugar que acogió la sesión constitutiva del 21 de junio de 1982, el Salón de los Tapices del Real Alcázar de Sevilla.

Díaz ha señalado que «hace 35 años, un día como hoy, la constitución del Parlamento de Andalucía marcó un antes y un después en nuestra tierra», porque el autogobierno de esta comunidad «abrió la ventana a las oportunidades y la igualdad entre todos los españoles».

Hoy, según la presidenta, podemos «mirar al futuro con esperanza», porque Andalucía es, con sus dificultades, «una tierra moderna, inclusiva y que crece», y desde las instituciones «vamos a trabajar por un futuro de una Andalucía próspera, moderna, rica y que dé oportunidades a los andaluces». Todo ello, ha incidido, «reivindicando la igualdad entre todos los españoles, que fue un símbolo del 28F y que Andalucía consiguió para todos los españoles».

Susana Díaz ha hecho hincapié en que «Andalucía siempre es equilibrio, armonía y una garantía» de cohesión territorial, para que «no haya ciudadanos de primera y de segunda».

La presidenta de la Junta ha insistido en la necesidad de un acuerdo sobre financiación autonómica en el que «todos los partidos defiendan a Andalucía por delante de sus propios intereses» y ha ofrecido a los grupos parlamentarios «diálogo» y «mano tendida» para buscar «una financiación justa que nos permita mantener unos servicios públicos de calidad, como merecen los andaluces».

Podemos propone que se obligue a bancos y SAREB a ceder viviendas al FSV

José Antonio Gómez
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Podemos propone que se obligue a bancos y SAREB a ceder viviendas al FSV

Pilar Garrido, senadora de Unidos Podemos ha registrado una moción en la Comisión de Fomento del Senado instando al Gobierno a que convierta el Fondo Social de Viviendas en un instrumento eficaz, obligando tanto a la SAREB y a las entidades financieras de nuestro país a ceder su parque inmobiliario disponible. Tal y como se razona en la moción, a pesar de que el artículo 47 de la Constitución recoge el derecho a una vivienda digna, la realidad es que existe  “una grave situación de vulneración de derechos y de injusticia social”.

El texto registrado por Unidos Podemos afirma que “ha llegado la hora de realizar otra lectura de la Constitución Española y avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna”. Se trata de escuchar las voces que se han alzado dentro de la sociedad española, cuyo altavoz más importante ha sido la PAH, del Defensor del Pueblo o la Relatora Especial Sobre el Derecho a una Vivienda Digna de la ONU, Raquel Rolnik, que reclaman “un cambio de política y la urgente necesidad de aportar soluciones efectivas a la situación de emergencia habitacional que se vive en nuestro país”.

La moción plantea la puesta en marcha de un paquete de medidas para acabar con el acaparamiento de viviendas que protagonizan las entidades bancarias españolas. Hay que  recordar que el propio TJUE “ha declarado la ilegalidad de la normativa hipotecaria” española. “Es hora de que los bancos asuman obligaciones y responsabilidades” y “ello se debe traducir en la obligación de contribución de viviendas idóneas al Fondo Social de Vivienda”.

La moción apunta hacia tres líneas de actuación urgente para garantizar que el Fondo Social de Vivienda sea un instrumento útil para las necesidades de la sociedad. Por un lado, la iniciativa pretende facilitar los criterios para acceder a la vivienda para aquellos colectivos más vulnerables, incorporando las situaciones de desahucio por imposibilidad de pago del alquiler. En segundo lugar, Unidos Podemos insta a que la SAREB ceda la totalidad de su patrimonio inmobiliario, que ha sido costeado por la propia ciudadanía, al Estado para su gestión. En tercer lugar, establecer la obligación de ceder parte de su parque de viviendas a los “grandes tenedores”, es decir, a las entidades bancarias de nuestro país, para que se den soluciones a las situaciones de exclusión y de emergencia habitacional que padece nuestra sociedad.

Se estima que en España hay aproximadamente 3 millones y medio de viviendas vacías, lo que supone un tercio del total de todas las que hay en Europa. En el tercer trimestre de 2016 los datos oficiales apuntan a que se producían cada mes más de 1.000 ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, mientras que los desahucios por la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler aumentan dramáticamente. “Hacen falta soluciones urgentes y el actual Gobierno mira hacia otra parte mientras grandes sectores de nuestro país se quedan literalmente en la cuneta”, ha manifestado Pilar Garrido.

 

CCOO considera la Garantía Juvenil una medida propagandística

Roberta Biancarelli
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En la reunión de la mesa de diálogo social del Plan de Choque por el Empleo el Secretario de Estado de Empleo explicó los contenidos de la medida anunciada por la Ministra de Empleo de crear una ayuda de 430 euros para los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil, con estudios inferiores a bachillerato o formación equivalente, que fueran contratados como aprendices durante un año como mínimo.

El sindicato CCOO valora positivamente que lo anunciado como complemento salarial por la Ministra de Empleo se revelara como una ayuda, y negativamente que el Ministerio se dedique a una política de anuncios y propaganda en lugar de una negociación seria. Además ha expresado una serie de dudas sobre la efectividad de la propuesta y sobre la oportunidad de pensar en otras más eficaces que caben dentro del paraguas de la Garantía Juvenil Europea y que han tenido éxito en otros países.

El presupuesto de 500 millones para la ayuda puede terminar no gastándose. Se hacen muy pocos contratos de aprendizaje al año y cuando se han hecho más ha sido debido al aumento de la rotación y a la disminución de su duración por debajo del año. En 2016 sólo se registraron 46.384 contratos de aprendizaje.

Tampoco se ha presentado ninguna evaluación del impacto de las medidas de implantación de la Garantía Juvenil, hasta la fecha, y esta nueva iniciativa carece también de una mínima previsión de impacto sobre el empleo de los jóvenes o en las relaciones laborales dentro de las empresas.

El problema del paro juvenil es tan grave que no se puede resolver con medidas aisladas, sujetas a la existencia de unos fondos europeos. Es necesario abordar este problema con seriedad y con unos objetivos claros y bien definidos. Por ello el gobierno debería tener en cuenta las experiencias llevadas a cabo por otros países europeos en el entorno de la Garantía juvenil, que están consiguiendo importantes resultados en la reducción del paro de los jóvenes y en su mejor preparación para el empleo.

CCOO requirió ayer al Gobierno sobre la posibilidad de modificar la propuesta, ampliando sus objetivos hacia una labor de asesoramiento y acompañamiento individualizado de los jóvenes que pudieran beneficiarse de un programa como este, definiendo las medidas formativas y de incentivo a la contratación a las personas que, dentro de este colectivo, tienen más dificultades para acceder a un empleo.

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