Corría el 21 de junio de 1977, hace ahora cuarenta años, cuando en París, José Maldonado, como presidente de la República y Fernando Valera, último presidente del Consejo de Ministros, declaraban solemnemente el fin de la República Española. «Las Instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto. Y quienes las han mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber». Se habían conocido los resultados de las elecciones generales celebradas el 15 de junio y con ellas comenzaba la Transición.
El principio del fin venía de lejos; pero fue con el inicio de la Transición, tras la muerte de Franco, el dictador, quien le había dado el primer tiro, cuando la República en el exilio se vio afectada decisivamente. A primeros de marzo de 1977, antes de la celebración de las primeras elecciones en «libertad», el embajador de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, comunicaba al Gobierno de la República la decisión de su Gobierno de dar por terminadas las relaciones diplomáticas que venía manteniendo.
La Segunda República Española en el exilio, mantuvo la representación del Estado español emanado de la Constitución de 1931 hasta 1977. La negativa de la ONU en 1946 al ingreso de la España franquista, no había generado el reconocimiento del gobierno republicano en el exilio como autoridad legítima y representante de España. México fue el primer Estado en reconocer como legítimo al gobierno en exilio formado en agosto de 1945. Tal decisión se mantuvo hasta 1977, cuando se restablecen relaciones diplomáticas entre México y España.
Los países de Europa Oriental, bajo influencia soviética (Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, más Yugoslavia), rehusaron establecer relaciones diplomáticas con la España franquista y reconocieron a la República Española al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pese a ello, la Unión Soviética, nunca emitió un reconocimiento oficial y cuando el PCE se apartó del gobierno republicano, los países de Europa Oriental retiraron su reconocimiento a la República, alegando que la ONU tampoco la reconocía.
Dice la declaración que ponía fin a la República: «Las Cortes de la República Española restablecieron su funcionamiento en el exilio con el asentimiento de los grupos políticos que las componían, cuyos miembros habían logrado salir del territorio nacional huyendo de la cruenta represión de la dictadura». Argumentaba que tal decisión se había adoptó al amparo de preceptos constitucionales votados y ratificados por los españoles en sucesivas y ejemplares consultas electorales en 1931, 1933 y 1936. «Ese es el legítimo origen de los gobiernos de la República que se han venido sucediendo desde entonces, con el esencial designio de devolverle al pueblo el libre ejercicio de los derechos cívicos, propiciando así el establecimiento en nuestro país de un régimen auténtico de convivencia».
Consecuentes con ese propósito declarado, las Instituciones de la República habían realizado una acción sin interrupción hasta que surgió una nueva legalidad democrática, que llegó con los resultados de las elecciones generales del 15 de junio, que aceptaron. «Numerosas son las taras de esa consulta electoral, que no ha de pasar a la historia como arquetipo de pureza, tanto por lo que se refiere al contenido de la ley que la ha regulado, como por el modo con el que se llevó a cabo la consulta». Para los representantes de la Segunda República «la numerosa participación electoral, claro exponente del elevado civismo de nuestros compatriotas –que es además un categórico mentís para quienes les tuvieron sojuzgados alegando la inexistencia de ese sentimiento–, y unido a aquella el general consenso con el que se acepta en el país el resultado de la confrontación, nos mueven, a pesar de sus anomalías, a aceptar ese resultado».
Por primera vez desde los tiempos de la Segunda República, tras cuarenta años de dictadura, se celebraron elecciones generales, para dar paso a unas Cortes, que sin ser constituyentes de hecho lo fueron. Un 78,83% de quienes formábamos el censo electoral acudimos a las urnas con una ilusión contenida, ante el futuro que se presentaba. Hoy, no todas las expectativas se han cumplido. Seguimos buscando la consolidación de la democracia que tanto nos costó conseguir y una mayor calidad en la participación política y social. Para ello, la Constitución de 1978 debe cambiarse por otra que se adapte a las nuevas realidades. La crisis económica ha puesto de manifiesto las carencias democráticas, y los altos niveles de desigualdad evidencia que el sistema bienestar se ha desmantelado.
Las Instituciones de la República en el exilio dieron por terminada la misión histórica que se habían impuesto, sintiéndose «hasta hoy satisfechos, porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber». A la República la habían asesinado lentamente entre 1936 y 1939, pero los ideales republicanos siguen vivos. 39 años después de la proclamación de la Constitución, podemos constatar que ha sido incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen en España. Paro, deterioro irrefrenable de derechos como la educación pública y la sanidad universal, mordaza a las libertades, corrupción generalizada, desconfianza ciudadana en las instituciones, desigualdad de género y terrorismo machista.
El modelo de Estado surgido de la Transición está superado. Si quisiéramos puntuar el estado de la democracia, ni siquiera llega a «suficiente» ni «progresa adecuadamente», sino que se queda en un «insuficiente» indeseado. La Constitución de 1978 declara derechos que ya nadie garantiza (vivienda y trabajo dignos, servicios público de calidad y de acceso universal, o redistribución de la riqueza nacional), y en tiempos difíciles como los actuales se hace recaer todo el peso sobre las familias trabajadoras, liquidando la democracia formal a favor de la dictadura de los mercados. Para Ramón Cotarelo «La Transición es una historia que va de una amnistía a otra: la primera (17 de octubre de 1977) fue para los asesinos; y la segunda ha sido para los ladrones» (marzo de 2012, que el Tribunal Constitucional ha tumbado). Por su parte para Willy Meyer: «El bipartidismo ha muerto y la Constitución del 78 la considero finiquitada».
Es hora de iniciar un Proceso Constituyente, que conduzca a la proclamación de una nueva República Federal, como único régimen legítimo, en un momento en el que la monarquía ya no da estabilidad al país, sino que se ha convertido en un serio problema para España y su credibilidad internacional, al aparecer como una institución salpicada por la corrupción y los escándalos. Así se expresa Izquierda Unida en un manifiesto con motivo del 14 de abril, aniversario de la proclamación de la República de 1931. Aspectos sustanciales instaurados con la Transición se están perdiendo: el Estado social de Derecho y su aconfesionalidad y las libertades políticas. Ha quedado en evidencia el blindaje que se estableció en torno a la monarquía, lo que evidencia su inutilidad.
Izquierda Unida defiende el cambio constitucional y de modelo de Estado, para afrontar el desprestigio de los grandes partidos y de las instituciones políticas. «Sólo es legítimo el régimen que es república, cosa pública», en cuyo cuidado y gobierno las personas se comprometen, ejerciendo la responsabilidad en su condición de ciudadanía. No habrá democracia mientras una persona, que no ha sido elegido por nadie, esté por encima de la ley. Para ampliar aún más la democracia, hay que conseguir que todos los cargos electos, incluido el jefe del Estado, sean elegidos por el pueblo. Para concluir con la descentralización territorial, es preciso establecer un Estado Federal, que en la Constitución del 78, con el Estado de las Autonomías quedó empantanado, sin rematar y que tantos conflictos ha provocado.
Adolfo Suárez, no convocó un referéndum sobre Monarquía o República por miedo a que perdiera la monarquía, como vaticinaban los sondeos confidenciales realizados por el Gobierno. «Hacía encuestas y perdíamos». Suárez reconoció las presiones internacionales que recibió para realizar un referéndum sobre la Corona. Pero se le ocurrió colar la palabra «Rey» en la Ley para la Reforma Política «y así dije que había sido sometido a referéndum ya». Posteriormente, en la Constitución, se volvió a maquillar, con la fórmula de declarar a Juan Carlos de Borbón «legítimo heredero de la dinastía histórica».
¡Claro que España ha cambiado en estos cuarenta años¡ Incluso «A España no la conoce ni la madre que la parió», que dijera Alfonso Guerra. Mucho ha ocurrido y no todo como hubiéramos deseado que fuera. Es momento de avanzar en un nuevo modelo político y social, en el que el Estado Republicano con una nueva Constitución garantice que la economía esté al servicio todas las personas y no al servicio de la economía de unos pocos. La ciudadanía tiene que reaccionar, como también los partidos políticos y unirse en torno a una ruta común, que nos lleve a una nueva alternativa hacia la izquierda.
Que buena oportunidad para su credibilidad ha perdido el PSOE en su 39 Congreso. Poco les ha durado el eslogan «somos la izquierda», podrían haberse declarado además republicanos. Pero la nueva dirección ha evitado que el Congreso votase la enmienda propuesta por Juventudes Socialistas, que pedía convocar un referéndum para instaurar la Tercera República. Finalmente la organización juvenil ha retirado la propuesta, parece que tras tensas negociaciones con el equipo de confianza de Pedro Sánchez, convencidos de que si el plenario votaba, ganaba la república. «No reivindicamos una República como la de antiguamente, sino un nuevo proyecto de país. Un proyecto de izquierdas que pueda unir a toda la gente y en donde haya una igualdad», defiende JJSS, que debería abandonar el PSOE. Si la juventud es el futuro, ha pedido República.
El último capítulo de la historia de la República española en 1977, doloroso para quienes tanto habían luchado por ella, se cerró con dignidad y honor. Se disolvió la Segunda República, pero no los republicanos ni su ideario, que seguimos defendiendo por la proclamación de la Tercera.
