La mayoría del Partido Popular en el Senado ha bloqueado en la Comisión de Empleo del Senado la moción presentada por Unidos Podemos que instaba al Gobierno a ratificar el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar condiciones dignas de trabajo para las personas que prestan servicio en el ámbito doméstico. “El PP ha votado hoy en contra de un convenio internacional de mínimos que está siendo suscrito por la mayoría de los países europeos e incluso por otros países como Argentina, Bolivia, Colombia o Filipinas”, ha alertado el senador Óscar Guardingo.
La OIT entiende que es necesario fijar unos derechos laborales y unas condiciones dignas y decentes para los trabajadores y trabajadoras domésticas, tales como la libertad de asociación, la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso y abolición del trabajo infantil. No obstante, el texto ha sido rechazado con los votos en contra del PP que, según el senador Guardingo, “es partidario de mantener a las trabajadores domésticas con unas condiciones laborales más propias del siglo XIX que del siglo XX”.
Tanto la Ley 27/2011 sobre actualización, modernización y modernización del sistema de Seguridad Social como el RD 1620/2011 sobre sobre relación laboral especial del servicio del hogar familiar supusieron, tal y como reconocía la moción de Unidos Podemos, “un avance indudable”, por cuanto permitió equiparar con el resto de trabajadores por cuenta ajena algunas condiciones laborales, quedando excluidas de la regulación el despido y la protección por desempleo. No obstante, el RD 29/2012 supuso un paso atrás en las mejoras establecidas apenas un año antes, ya que desprotegió a los trabajadores y trabajadoras que trabajaran menos de 60 horas al mes. En la actualidad son casi 200.000 personas las que no declaran su trabajo, pudiendo ser víctimas de todo tipo de abusos, incluidos los de carácter sexual.
El empleo en el sector de los servicios del hogar se ha caracterizado en nuestro país por la precariedad, la irregularidad y la desprotección social. Se estima que como mínimo 614.000 personas trabajan en nuestro país en este ámbito laboral. Más del 90% son mujeres, el 30% trabajan sin afiliación a la Seguridad Social y, según las cifras oficiales, el 54% de quienes trabajan en el sector son personas extranjeras. Este colectivo padece las condiciones laborales más paupérrimas de nuestro país: sin derecho a subsidio de desempleo, sin mecanismos para asociarse y defender sus derechos, sin posibilidad de jubilación anticipada y con una desprotección que permite toda clase de abusos por parte de sus empleadores.
El Grupo de Unidos Podemos entiende que es absolutamente inconcebible que un país europeo y avanzado como España se niegue a firmar un convenio internacional de mínimos que pretende garantizar a los trabajadores y trabajadoras unos derechos laborales. Por otra parte, es sorprendente que el Partido Popular se niegue a apoyar una iniciativa que contribuiría significativamente no solo a mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas que trabajan en el sector doméstico, sino que permitiría al Estado recaudar más fondos gracias a la cotización del 30% de quienes trabajan en el ámbito doméstico y que aún no están dadas de alta en la Seguridad Social.
