martes, 6 mayo, 2025

A María Carrasco… ¡Gracias!

Los hechos ocurridos en el bar Júpiter de Canara de Cehegín en los que un hombre de 35 años intentó asesinar a una mujer de 32 tienen a otra protagonista, a la propietaria del establecimiento: María Carrasco. Esta mujer tuvo el valor de hacer lo que hay que hacer cuando se es testigo de un caso de maltrato machista o de un intento de asesinato, como fue el caso.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, al programa La Ventana, María cuenta cómo, viendo cómo el hombre le asestaba ocho puñaladas a la mujer, le partía una silla y la seguía golpeando con una pata que le quedó en la mano, cogió una fregona y se enfrentó al agresor. «Veía que la mataba», afirmaba María en la entrevista. También ha explicado que el hombre estaba cegado y que ni siquiera la intentó hacer daño a ella. María Carrasco le salvó la vida a esa mujer por hacer lo que hay que hacer, por actuar correctamente.

Uno de los mayores problemas que tenemos en este país en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo machista es la falta de implicación de la sociedad cuando se tiene conocimiento de un hecho que, aún, se sigue viendo como algo «de puertas para adentro». Incluso se dan casos de reprobación a quienes arriesgan su vida por proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.

Todos, repito, todos nos tenemos que quitar la venda de los ojos ante estos casos. María Carrasco es un ejemplo más de personas anónimas que, con los medios que tengan a mano, han evitado un asesinato machista. Todos tenemos medios. Si no queremos implicarnos directamente o dar la cara, todos tenemos un teléfono móvil para llamar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, todos tenemos la posibilidad de enfrentarnos a los maltratadores. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué cuando escuchamos a una mujer gritar porque un salvaje la está machacando a golpes no llamamos por teléfono? ¿Por qué cuando somos conocedores de que una mujer está sufriendo malos tratos físicos o psicológicos no nos implicamos lo suficiente como para acompañarla o ampararla para que no se sienta sola? ¿Por qué no…? Hay tantas cosas que podemos hacer y no hacemos que, en la parte que nos toca, tenemos cierta responsabilidad con la no erradicación del terrorismo machista, responsabilidad in vigilando, por supuesto, pero responsabilidad al fin y al cabo.

Los niveles de violencia machista se están incrementando en nuestro país mientras desde las Administraciones Públicas no se hace prácticamente nada. Buenas palabras, sí. Minutos de silencio cuando hay un asesinato, sí. Golpes de pecho, sí. Partidas presupuestarias adecuadas, no. Protocolos de protección válidos, no. Ahora tenemos a la Subcomisión del Pacto de Estado. ¿Saldrá algo positivo de ahí? Cada día se hace más dudoso que dicho acuerdo político sea efectivo porque, mientras se debate y se trabaja en el Congreso, las mujeres siguen siendo asesinadas, los protocolos siguen fallando, los jueces siguen absolviendo a los maltratadores, los hijos continúan siendo rehenes de quienes quieren ver a sus mujeres muertas.

María Carrasco ha dado un ejemplo de lo que hay que hacer: actuar. No es una heroína, ha hecho lo que tenía que hacer ante los hechos que estaba presenciando y ha salvado una vida. Por eso, por actuar, muchas gracias María.

PSOE, Podemos y C’s piden Pedro Antonio Sánchez que entregue su acta de diputado

Los tres partidos en la oposición en la Asamblea Regional coinciden en pedir al expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que entregue su acta de diputado tras la decisión de la Fiscalía de Murcia de abrirle juicio oral.
El secretario de Comunicación del PSOE en la Región, Emilio Ivars, ha
señalado que el expresidente “no puede esperar ni un minuto más y debe
entregar su acta de diputado esta misma tarde”.
“Si tuviera un mínimo de respeto a las instituciones –añade Ivars-
renunciaría a su escaño en la Asamblea Regional, pero ni respeta a la
Cámara autonómica ni a la ciudadanía de la región de Murcia, por lo que
usará algún mensaje manido para seguir justificando su comportamiento
chulesco”, ha añadido el dirigente socialista.
Según Ivars, el diputado Sánchez López sólo usa la Asamblea Regional
para cobrar y protegerse con su aforamiento, a la vez que incumple el
artículo 54 de la Ley de Transparencia que se aprobó con los votos del
Partido Popular. “Tiene que dejar el acta, lo tenía que haber hecho hace
muchos meses”.
El secretario de Comunicación de los socialistas murcianos ha recordado
que el martes “volveremos a ver desfilar por la puerta de los juzgados a
Pedro Antonio Sánchez, esta vez por el caso Púnica. Aunque, como hasta
ahora, solo nos sonrojaremos las personas honradas”.
Urralburu: “El final político de Pedro Antonio Sánchez está cerca”
El portavoz parlamentario de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu, ha
señalado que el expresidente regional “pocos planes puede hacer respecto
a su vida política puesto que es más que probable que se siente en el
banquillo como acusado de varios delitos”.
“Sánchez –continúa Urralburu- tendrá que ir a juicio. Aunque nos tememos
que, por mucho que la pidamos, va a seguir aferrado a su acta de
diputado, porque sabe que con cualquier otro tribunal, ya estaría
acusado formalmente de los delitos que le atribuyen”.
Sin embargo, el líder de Podemos considera que Sánchez está “a tan sólo
un escalón de sentarse en el banquillo para declarar como acusado de
prevaricación continuada, fraude en la contratación y fraude de
subvenciones”.
Además, ha añadido que “el Fiscal no elimina los delitos de malversación
y falsedad, sino que remite su investigación a la pieza separada que se
encuentra aún en el Juzgado de Instrucción de Lorca”.
Urralburu ha incidido en que en el Partido Popular tienen una “capacidad
tremenda para amparar y proteger a sus presuntos corruptos, pero que la
línea roja del juicio oral será el final de la vida política de Pedro
Antonio Sánchez. Si bien nos tememos que seguirá controlando y
dirigiendo a López Miras, e incluso no descartamos que, una vez más,
vuelvan a mover sus líneas rojas, y digan ahora que hasta que no haya
sentencia firme no tiene por qué entregar su acta”.
Por otro lado, Urralburu ha manifestado que “por si fuera poco, el
extensísimo y detallado escrito del Ministerio Fiscal en el ‘Caso
Auditorio’ llega tan sólo cuatro días antes de que el ex presidente
Pedro Antonio Sánchez tenga que declarar también ante el TSJ en el marco
del caso Púnica. En este es investigado por delitos de fraude, cohecho y
revelación de información reservada, interrogatorio al que acudirá una
de las fiscales que ha llevado la operación Púnica desde el inicio en la
Audiencia Nacional, y que ya se mostró partidaria de acusar a Sánchez,
hasta que el Fiscal General del Estado le impuso no hacerlo en uno de
los episodios de injerencia política en la Justicia más vergonzoso que
se recuerdan”.
Con este contexto ha concluido Óscar Urralburu “entendemos que el
expresidente no puede continuar ni un minuto más sentado en su escaño de
la Asamblea Regional”.
Ciudadanos: “Que deje el acta de diputado”
La formación que mantiene con sus votos en el poder al Partido Popular
en Murcia, Ciudadanos, también se ha alineado con el resto de partidos
en la oposición para solicitar que Pedro Antonio Sánchez “deje el acta
de diputado regional si le queda una mínima responsabilidad política y
una pizca de ética».
«Debe completar –señala- el paso atrás que ya amagó para dejar de
perjudicar el buen nombre de la Región y el prestigio de la institución
que todavía le acoge, que no es otra que la Asamblea Regional. Los
murcianos, que somos los que al fin y al cabo pagamos su salario, no nos
merecemos esto después de que el fiscal haya calificado los delitos por
los que pide que se le abra juicio oral y que el martes que viene
tengamos otra vez que disfrutar de un expresidente acudiendo a declarar
en sede judicial».
Ciudadanos ha hecho un llamamiento al Partido Popular, y especialmente a
su grupo parlamentario, para que»reconsidere la posición de Pedro
Antonio Sánchez tanto en la Diputación Permanente como en la Comisión
Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Asamblea
Regional».

Podemos pide a Moreno Bonilla el cese de Amat

La diputada Lucía Ayala ha denuncia que el estigma de la corrupción es tan grande y afecta tanto a la provincia de Almería que hasta los medios nacionales sólo hablan de la provincia en términos de corrupción. Por ello entiende que “ha llegado el momento de que el presidente del PP andaluz, Juan Moreno Bonilla, trabaje por la salud de las instituciones cesando de todos sus cargos políticos a su homólogo almeriense, Gabriel Amat, al menos hasta que se hayan resuelto sus problemas judiciales”.

Ayala ha lamentado asimismo el silencio del PSOE de Almería en un nuevo escándalo de corrupción, «algo que puede llevar a pensar a la existencia de un pacto de silencio y de no agresión entre ambos partidos», y ha recordado que PSOE y Cs votaron contra la puesta en marcha de dos leyes destinadas a combatir la corrupción desde el Parlamento de Andalucía como fueron las leyes de Cuentas Abiertas  y la Oficina Anticorrupción, la cual establecía la creación de un órgano independiente para investigar posibles casos de corrupción y proteger a los informantes de prácticas irregulares en las instituciones andaluzas.

“Según la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, a los andaluces nos roban cada año 4.000 millones de euros por casos de corrupción, así que nos gustaría encontrar a partidos dispuestos a colaborar en la lucha contra esta lacra que provoca el cierre de camas hospitalarias y líneas educativas públicas” ha concluido Ayala.

Por su parte el coordinador provincial, Jorge León, ha denunciado que los casos de corrupción de la Diputación y del propio Amat, “evidencian un problema de fondo en la política dado que éstos no sólo no le penalizan sino que recientemente ha sido reelegido como presidente de su partido con el 90% de los votos de los militantes». Ha recordado que Podemos se ha propuesto ser el muro de contención ante la constante parasitación de las instituciones públicas por parte del PP. Es que no sólo es el caso de Olula del Río, sino los 25 nuevos casos de empresas vinculadas a Amat en Roquetas del Mar y los 4 años que piden para Francisco Góngora en El Ejido.

El PSOE de Vélez-Rubio pide dimisión alcalde

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio solicitará la reprobación y dimisión del alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, y del concejal tránsfuga, Javier Chacón, en un pleno extraordinario que se ha convocado, a petición de los socialistas, el próximo lunes, día 5 de junio, a las 12.00 de la mañana.

Los socialistas argumentan esta petición en la necesidad de que los intereses personales de Martínez-Carlón y de Chacón no prevalezcan sobre el interés general, tras conocerse que el concejal tránsfuga está contratado por la empresa que gestiona la recogida de basuras para el Consorcio Levante-Almanzora-Los Vélez.

Este Consorcio, como se recordará, está presidido el alcalde ‘popular’ de Olula del Río, Antonio Martínez, -investigado actualmente por la justicia- gracias, entre otros, al voto del representante de Vélez Rubio, que recae en el alcalde del municipio, quién ostenta dicha representación en el Consorcio como consecuencia, a su vez, del voto emitido por el concejal tránsfuga.

Los socialistas pedirán, así mismo, durante la celebración del pleno la creación de una Comisión de Investigación que dilucide los hechos “gravísimos” que se han sucedido desde que se forjó esta alianza “antinatural” contra los intereses de los vecinos y vecinas de Vélez-Rubio.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que en el mismo instante en que Javier Chacón tomó posesión de su acta de concejal por el PSOE, se inició la deslealtad hacia sus compañeros y a su partido, del que acabó siendo expulsado. En este sentido, sostienen que su primera decisión fue “aupar” a Miguel Martínez-Carlón a la Alcaldía de Vélez-Rubio y propiciar la caída del alcalde socialista.

Desde entonces y hasta ahora, todas sus votaciones en el Pleno han sido a favor del equipo de gobierno del PP, como es el caso de la aprobación, de forma irregular, de los presupuestos. De la misma manera, ha apoyado al alcalde ‘popular’ a la hora de subir las tasas e impuestos o cesar a los representantes socialistas en las instituciones locales y provinciales en favor de los conejales del PP, denuncian desde el PSOE.

El pleno se celebrará, según destaca el Grupo Municipal Socialista, “a pesar” del alcalde, “que no quiso incluir esta moción ni convocar pleno para su debate”.  “Ha tenido que hacerlo por ley el Secretario del Ayuntamiento, lo que da prueba del carácter autoritario y poco democrático de quién hoy, y gracias a un tránsfuga, dirige y representa a nuestro pueblo”, destacan desde el PSOE.

El paro baja en Murcia durante el mes de mayo

La Región de Murcia cerró el mes de mayo con 5.118 desempleados menos
inscritos en las oficinas de empleo según anunció ayer viernes el
consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández.
“Se trata –ha afirmado- de la mayor caída del paro en un mes de mayo
desde el año 2006, cuando se registró una bajada del 5,40 por ciento”.
Siempre según sus declaraciones en los últimos doce meses la Región
“acumula 13.882 personas menos en paro, por lo que su volumen de
desempleados ha disminuido en un 11,68 por ciento desde mayo de 2016. De
esta manera, el número total de desempleados queda en 105.006, una cifra
que no era tan baja desde febrero de 2009”.
En cuanto a la creación de empleo el consejero popular ha afirmado que
mayo deja “un aumento de 12.307 afiliados medios a la Seguridad Social
con respecto a abril, y el número total se sitúa en 570.701. Así, la
cifra de cotizantes creció un 2,20 por ciento el pasado mes.
Juan Hernández resaltó que “hemos creado más de 28.000 empleos en los
últimos doce meses a un ritmo que no da señales de agotamiento, y este
es el camino por el que debemos continuar. Hemos recuperado ya el 80 por
ciento del empleo perdido durante la crisis, y además el descenso del
paro se está intensificando”.
Para Hernández, que presentó los datos junto al director general del
Servicio Regional de Empleo y Formación, Alejandro Zamora, el dato más
significativo es el relacionado con los jóvenes. “1.875 menores de 30
años salieron del paro, lo que supone una caída del 8,95 por ciento con
respecto a abril”; con los parados de larga duración, “con una bajada de
1.315 personas”; y el sector servicios, “con 3.060 parados menos”.
PSOE: “Mucho empleo precario”
El diputado regional socialista Antonio Guillamón ha denunciado, sin
embargo, que “estamos asistiendo a una cierta disminución del número de
desempleados, a costa de un tipo de empleo precario, de mala calidad,
bajos salarios y con pérdida de derechos de los trabajadores, lo que
está empobreciendo el mercado de trabajo y convirtiéndolo en un entorno
inestable, que no garantiza una vida digna a las personas y que afecta
muy negativamente a las futuras pensiones”.
Guillamón manifestó que como suele suceder en el mes de mayo, los datos
del paro muestran un descenso de un 4,65%, gracias “al tirón del sector
servicios que ha contribuido con casi el 60% del total de las personas
que han firmado un contrato de trabajo”.
“Un contrato temporal que finalizará cuando termine la campaña de verano
y que, como siempre, volverá a engrosar las listas del desempleo a
partir del mes de agosto”, vaticinó.
Ciudadanos: datos agridulces
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha valorado de forma
“agridulce” las cifras de paro registrado en la Región.
Sánchez ha calificado de positivo el hecho de que más de 5.000 murcianos
hayan salido de estas listas de demandantes de empleo, pero ha advertido
de que «en su mayor parte los trabajos que se crean siguen siendo
precarios, como demuestra que solo 5 de cada 100 de estos empleos
conllevan un contrato indefinido».
El portavoz naranja ha pedido medidas urgentes para atajar esta
temporalidad, que «ha escalado en un mes del 93,9% al 94,6%», y ha
pedido también medidas destinadas a diversificar la contratación, que el
pasado mes han copado con un 91,3% tanto el sector Agrícola como el
Servicios: «La construcción y la producción industrial siguen planas y
no son capaces de generar empleos, que en su mayor parte serían
estables, cualificados y de calidad», añade Sánchez.
La formación naranja también ha querido advertir de que, a pesar de una
tendencia positiva general, se están produciendo ya algunos desajustes,
«sobre todo en el ritmo de creación de empleo entre municipios».

Cachá: «La nueva orden de conciertos no perjudica a la enseñanza pública»

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá,
reiteró ayer jueves «la defensa del Gobierno regional a la libertad de
elección por parte de las familias de los centros educativos y la
enseñanza de sus hijos».
Estas afirmaciones las ha realizado tras la aprobación de la nueva orden
de conciertos educativos de la Región asegurando que éste “no perjudica
ni supone ningún despido en la enseñanza pública, ya que es una orden
diseñada única y exclusivamente para aportar estabilidad al
funcionamiento de los centros concertados que eligen 75.000 familias en
la Región y en la que trabajan cinco mil docentes”.
En este sentido, la nueva Orden establece el procedimiento para aplicar
el régimen de conciertos educativos entre los cursos escolares 2017/2018
y 2022/2023 en la enseñanza concertada “con unos criterios de valoración
justos y racionales, garantizando en todo momento la complementariedad
con la enseñanza pública”, añadió la consejera.
«Para ello, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes establecerá
los criterios de acceso a posibles conciertos educativos de unidades de
Bachillerato y Formación Profesional, que se basan en la existencia de
necesidades de escolarización y demanda social». Queda pendiente aún de
convocar la próxima semana la Mesa Sectorial de la enseñanza concertada.
Según la consejera popular Martínez-Cachá “con las medidas de apoyo y
refuerzo del sistema educativo puestas en marcha por el Gobierno
regional beneficiamos a todo el alumnado, tanto de la enseñanza pública
como de la concertada”, y recordó que “el número de docentes en la
enseñanza pública se ha incrementado durante los últimos años”.
“Nuestro objetivo es continuar trabajando en la mejora de la calidad de
la enseñanza, garantizando el derecho constitucional de los padres a
elegir el centro educativo de sus hijos en una sociedad libre y avanzada
que respeta la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades”,
resaltó la consejera.
Podemos: «Un día negro»
El portavoz del grupo parlamentario regional de Podemos, Óscar
Urralburu, ha tachado de «día negro» para la educación pública regional
la aprobación de la Orden con el apoyo de Ciudadanos.
«Ambos partidos -afirma- han comprado tiempo. Vuelven a hacer la pinza
para que unos pocos sigan haciendo negocio y sacando beneficios con la
escuela de todos y todas. Pero que tengan claro, que esto no acaba aquí,
acaba de empezar, con la movilización de esta tarde se inaugura un ciclo
de protestas en defensa de la pública. Ciudadanos hoy ha traicionado a
toda la comunidad educativa de la escuela pública”.
Para Podemos el PP «con el apoyo de su mascota, Ciudadanos” ha hecho la
orden de conciertos “a imagen y semejanza de los intereses empresariales
del Sr. Mendoza y de ciertas empresas educativas conservadoras, como la
propia Educación y Gestión que gestiona los colegios del Opus Dei«.
«El PP -continúa- utiliza la educación para malversar fondos públicos,
contratando con empresas privadas aquello que la Administración puede
llevar a cabo con recursos propios”.
Por último, el portavoz de la formación morada no ha dudado en señalar a
Ciudadanos como culpable de esta aprobación al votar en contra de
planificar el Mapa Escolar «para conocer qué plazas tenemos y qué
demanda de alumnado existe, de limitar las etapas de concertación a las
obligatorias, sin aceptar la extensión al Bachillerato y la FP y de
acotar la duración de los conciertos, mínima de seis años en Educación
primaria, y de cuatro en el resto”.
Acusa también a Ciudadanos de haber evitado “fijar los criterios para el
establecimiento de cláusulas sociales en los baremos de adjudicación de
conciertos y garantizar que toda enseñanza básica concertada sea
gratuita. Con nuestra ley se prohibía que se cobre a los padres y madres
de los centros privados-concertados sobrecostes que no estén previamente
autorizados. Además, impiden que no se segregue al alumnado, ni por su
opción religiosa, ni por su género, ni por su orientación sexual”.

PP-PSOE-Ciudadanos rechazan crear un registro de bancos que operan en paraísos fiscales

El diputado regional de Podemos, Antonio Urbina, ha señalado que el día
que el fiscal jefe, el señor Moix, dimite por “mentir sobre sus empresas
en paraísos fiscales, el resto de partidos de la Asamblea Regional de
Murcia decide impedir que se pueda realizar un Registro de Entidades
Financieras para que se sepa cuáles operan en paraísos fiscales, o han
sido condenadas por blanqueo de dinero y así impedir que colaboren con
la Administración de la Región de Murcia
Urbina ha explicado que hay más de 65.000 millones de euros de dinero
público que se han transferido a “entidades bancarias cuyos principales
dirigentes se sientan en el banquillo de los acusados. Muchas de estas
entidades continúan con prácticas que generan un grave perjuicio a las
personas, como son cobro de intereses abusivos, aplicación de cláusulas
suelo en las hipotecas, venta engañosa de participaciones preferentes, o
hacer de intermediarios para la creación de empresas opacas en paraísos
fiscales”.
Por ello Podemos pretendía “que ese Registro de Entidades Financieras se
tuviera en cuenta a la hora de contratar con la Administración el hecho
de no haber desahuciado a personas que no tienen otra alternativa
habitacional propia en los últimos 3 años”.
Con ello, además, garantiza según Urbina «que cumplen con las sentencias
judiciales nacionales y comunitarias sobre cláusulas suelo, devolución
de todas las cantidades cobradas por su aplicación desde la firma de
cada operación de financiación, y ausencia de todas las cláusulas suelo
de sus actuales contratos de préstamo”.
Urbina también ha asegurado que tanto PP, como PSOE como Ciudadanos se
han negado a que en el Registro se tenga en cuenta el hecho de que las
entidades financieras “no estén ubicadas ni pertenezcan a ningún grupo
financiero con oficinas situadas en paraísos fiscales. Incluso, se han
negado a tener en consideración que no hayan sido condenadas en firme
por incumplir la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo en los últimos 10
años”.

Intento de asesinato machista en Murcia

Nuevamente Murcia vuelve a salir a los titulares por un caso de violencia machista. Tras el asesinato de una mujer en Molina de Segura el pasado fin de semana. Esta vez no hubo asesinato, pero sí que se produjo un intento de terminar con la vida de una mujer por parte de un hombre. Y a plena luz del día, en plena calle, sin rubor, intentando mostrar esa presunta superioridad que defienden los machistas.

Los hechos ocurrieron en un bar de Canara de Ceheguín en la tarde de ayer. Un hombre de 35 años apuñaló hasta en ocho ocasiones a su pareja de 32 en la terraza de un bar con el mismo cuchillo con que estaba comiendo. Además, la golpeó con una silla hasta romperla. El ensañamiento no terminó aquí pues continuó propinándole golpes con la pata de la silla. Fue la dueña del establecimiento quien intervino para que dejara de agredirla.

La mujer fue llevada de urgencia al Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz donde fue intervenida quirúrgicamente para, tras la operación, ser trasladada al Hospital Virgen de la Arraixaca en Murcia. Su estado es grave, aunque no se teme por su vida.

El hombre que intentó asesinar a su mujer ha sido puesto a disposición judicial en Caravaca de la Cruz.

Diputación y Junta: 450.000 euros para las necesidades de vivienda en 114 municipios

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, han acordado actualizar los Planes Municipales de Vivienda y Suelo de la provincia de Granada. Para ello, han firmado un convenio que prevé para la redacción y desarrollo de los planes municipales de vivienda, considerados fundamentales para la planificación territorial.

La redacción de estos planes tiene una alta demanda por parte de los ayuntamientos de la provincia, según ha explicado el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena. En concreto, 114 ayuntamientos y una Entidad Local Autónoma se han dirigido a la Diputación para solicitar el desarrollo de este plan, que analiza los recursos existentes en cada municipio, las necesidades de suelo de cara al futuro y la demanda y tipología de vivienda que requieren los vecinos.

Se trata de una colaboración económica importante. La inversión en estos trabajos técnicos ronda los 450.000 euros, que cofinancian Diputación, con 250.000 y Junta de Andalucía, con 160.000 euros. “Es fundamental para tener claras las necesidades de vivienda de la provincia y cálculo económico financiero necesario para darle respuesta a las necesidades de la provincia”, ha afirmado el presidente de la Diputación.

El convenio, firmado en la sede de la institución provincial, prevé que la Diputación desarrolle su papel en materia de asistencia, apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos, incluida la coordinación de los recursos humanos y materiales y la formación de los técnicos de los municipios que lo soliciten, a través de jornadas y cursos prácticos.

Por su parte, la Consejería estudiará los planes municipales antes de su aprobación para garantizar que se adecuan a la normativa (Ley de 8 de marzo reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía), informará sobre las actuaciones de la Consejería en materia de vivienda en relación a proyectos e informes sectoriales, y realizará también labores de formación.

El consejero de Fomento y Vivienda ha señalado que se trata de realizar un análisis sociodemográfico por parte de cada ayuntamiento, saber cuáles son los grupos de riesgo, determinar con qué recursos se cuenta, analizar el estado del parque público de vivienda y cuál es el plan económico financiero.

La doble incompatibilidad de Manuel Moix

Manuel Moix, ex Fiscal Jefe Anticorrupción tras presentar su dimisión, incurrió en una incompatibilidad grave recogida en el régimen de incompatibilidades. En España ese régimen se aplica de igual manera a los jueces y a los fiscales. En el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 57.7 se señala como causa de incompatibilidad lo siguiente: «el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil». Esto ya se ha apuntado en distintos medios de comunicación a lo largo de estos días. Sin embargo, existe otro punto de incompatibilidad referido a las sociedades patrimoniales.

Según nos confirman fuentes de la Administración de Justicia a Diario16, desde el punto de vista de la compatibilidad, la actividad extra profesional de los jueces y fiscales se divide en tres grupos:

  • Compatibles: que no necesitan ser comunicadas, porque no es necesaria la concesión de compatibilidad.
  • Compatibilizables: que sí necesitan ser comunicadas, porque es necesaria la previa concesión de compatibilidad.
  • Absolutamente incompatibles: aunque sean comunicadas, porque no se les puede conceder la compatibilidad.

Se trata de saber si la conducta de Moix, que posee desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá, bajo la que se camufla la propiedad de un chalé en Collado-Villalba, que tanto él como sus tres hermanos recibieron como herencia de sus padres, es regular o irregular desde el punto de vista del régimen de incompatibilidades de la carrera judicial y fiscal. Sobre este particular, el reglamento de la Carrera Judicial, que también es de aplicación a la Carrera Fiscal en cuanto a su régimen de incompatibilidades, dice en su art. 326.1.h que:

La administración del patrimonio personal o familiar a que se refiere la letra a) del artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, bajo forma de sociedad o cualquier otro tipo de persona jurídica, así como de comunidades de bienes, estará sujeta a la previa concesión de compatibilidad. (Luego se trata de una actividad compatibilizable).

En este sentido, en la medida que la constitución de la sociedad offshore se hizo para administrar un patrimonio familiar, Moix debió de pedir la concesión de compatibilidad al Ministerio de Justicia (art. 6 del Reglamento de la Carrera Fiscal) por tratarse en principio de una actividad compatibilizable.

Moix no lo hizo. ¿Por qué si todo es legal, si todo es totalmente transparente?, ¿por qué Moix no pidió la declaración de compatibilidad? Porque sabía que no se la iban a dar. Es evidente que el Ministerio de Justicia no iba a conceder la compatibilidad para administrar fiscalmente el patrimonio familiar desde un paraíso fiscal. A partir de este punto podemos ya entender que la actuación de Moix era absolutamente incompatible con el ejercicio de su profesión de fiscal, porque de ningún modo se le podía conceder la compatibilidad.

Cuando una persona tiene patrimonio, del tipo que sea, en un paraíso fiscal sólo hay dos causas para ello: o se pretende evadir impuestos o se pretende blanquear dinero. No hay más razones. No estamos diciendo que Manuel Moix quisiera hacer una de las dos cosas dado que, según su versión, él está declarando a la Hacienda española ese 25% de la sociedad off shore. Pero su difunto padre sí. Y él heredó la cuarta parte de la propiedad de esa sociedad en Panamá, con todas las responsabilidades que conlleva una herencia. Manuel Moix sabía que si solicitaba la concesión de la compatibilidad de esa participación en una sociedad en un paraíso fiscal el Consejo se le iba a rechazar y se vería obligado a desprenderse del 25% del que actualmente es propietario. El ejercicio de actividades absolutamente incompatibles supone la comisión de una FALTA MUY GRAVE que puede llevar aparejada la separación de la carrera. El ejercicio de actividades compatibilizables sin la previa concesión de compatibilidad es FALTA GRAVE. Además, debería deducirse testimonio por si los hechos pudieran ser constitutivos de un DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Lo más preocupante de todo esto no es sólo que Moix no comunicara esa participación de una sociedad patrimonial en un paraíso fiscal, lo realmente grave es la dejación de funciones de su inmediato superior, el Fiscal General del Estado quien debió haber cesado a Moix y exigirle la responsabilidad disciplinaria y penal correspondiente. Al no haberlo hecho incurre también él en responsabilidad disciplinaria y penal. «He podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad o ilegalidad», ha afirmado José Manuel Maza. ¿Cómo puede decir esto cuando, tal y como hemos indicado antes, una de las causas de incompatibilidad es, precisamente, el ser propietario o tener intereses en sociedades mercantiles o patrimoniales? Por otro lado, Maza ha dicho que «Ni siquiera, como algunos han dicho, el hecho de que pudiera existir algún tipo de incompatibilidad por ser titular de unas acciones de una sociedad meramente patrimonial». Señor Fiscal General del Estado, precisamente por ser titular de acciones de una sociedad patrimonial ya es incompatible con el cargo, tal y como dice la Ley. El desconocimiento del régimen de incompatibilidades que ha demostrado José Manuel Maza es causa de dimisión inmediata porque si el «jefe» de los fiscales no conoce siquiera su régimen interno, ¿cómo va a llevar el control del funcionamiento de la Fiscalía? Por otro lado, Maza incurre en una dejación de funciones al no perseguir actividades que, tal y como hemos visto anteriormente, son sancionables.