Una nueva noticia de tribunales convulsiona al PP, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha sido denunciado por la Fiscalía por coacciones y malversación de caudales durante la campaña electoral de 2015. Según denunció una trabajadora del Ayuntamiento de Calpe, donde Sánchez es también alcalde, se le obligó a trabajar en la campaña electoral en favor del PP. La denuncia se interpuso en marzo y la Fiscalía elevó al juzgado la misma tras verificar los hechos. Según la trabajadora, el alcalde la obligó mediante amenazas a trabajar en su favor durante la campaña de 2015, algo que ella aceptó por miedo a perder su trabajo. Toda la denuncia se encuentra respaldada, según fuentes de la Fiscalía, con correos electrónicos, testigos y documentación.
La primera reacción de Sánchez ha sido de total sorpresa pues dice desconocer la denuncia de la Fiscalía. Al menos, según su propio testimonio, no le ha llegado ninguna notificación del ministerio fiscal. Saliendo por la tangente, en el comunicado entregado a la prensa, Sánchez acusa a Compromís de ser quienes acompañaron a la trabajadora a presentar la denuncia. Por lo que le “sorprende enormemente que este partido haga un uso político de dicha denuncia”. De sus palabras se deriva, por tanto, que sí tiene conocimiento de la denuncia y de los hechos.
Todo esto según el presidente de la Diputación alicantina viene derivado de la suspensión del decreto de plurilingüismo según se puede ver en viñetas de Compromís en las redes. Claro que no explica en su comunicado no explica la diferencia temporal entre marzo (cuando se interpone la denuncia) y mayo (cuando se anula el decreto). Eso sí, se encuentra tranquilo porque la Justicia en España funciona.
El PSPV de Alicante ha salido rápidamente a exigir explicaciones, más allá del documento entregado a la prensa, de lo sucedido. José Chulvi, portavoz socialista en la Diputación, ha pedido que explique urgentemente la situación en “beneficio tanto de su propio Ayuntamiento como de la Diputación de Alicante”. Se trata de un asunto muy serio que, de continuar su vida judicial, deberá tener consecuencias según el socialista. “Esto nos situaría ante un nuevo caso de utilización por parte del PP de la instituciones públicas en beneficio partidista” ha concluido.
Desde Esquerra Unida, la portavoz en la Diputación, Raquel Pérez ha sido contundente al manifestar que Sánchez “no está legitimado” a continuar al frente de sus responsabilidades políticas. Entiende Pérez que debe dimitir de la alcaldía y de la presidencia de la Diputación alicantina. No es una simple denuncia administrativa sino penal y “la Fiscalía es muy prudente en llevar a cabo estas denuncias si no considera que existen realmente indicios firmes para continuar con el proceso” ha manifestado la diputada provincial. Lo peor, a modo de conclusión, no ha sido la utilización de recursos materiales “algo a lo que nos tiene acostumbrados el PP” sino la presión ejercida sobre los empleados públicos para trabajar en favor de un candidato obligatoriamente.
La reacción de Compromís ha venido desde el Congreso de los Diputados donde Ignasi Candela ha exigido a Mariano Rajoy que cese a César Sánchez. Recuerda Candela al presidente del gobierno que la trabajadora denunciante se ha visto obligada a redactar discursos, elaborar el programa o boicotear mediáticamente al resto de partidos. Así, el diputado por Alicante ha preguntado a Rajoy sobre la “opinión que le merece el matonismo de César Sánchez, así como qué medidas tiene previsto llevar a cabo para depurar responsabilidades”.
No es la primera vez que Sánchez ataca a Compromís pues, como se ha denunciado en Diario 16 Mediterráneo, el alcalde decidió sellar el despacho del grupo municipal en su acceso a la terraza para evitar su normal funcionamiento y trabajo. Donde se incluye colgar carteles de denuncia.
