martes, 13 enero, 2026

Amancio Ortega, donaciones para tapar el trabajo esclavo en sus fábricas

La conciencia de cada persona funciona bajo parámetros condicionados por el entorno en el que vive y por las pesadillas y/o realizaciones personales de cada individuo a lo largo de su vida. Ahora debe ser que Amancio Ortega quiere tener su conciencia tranquila y se dedica a la beneficencia por cuitas pasadas y/o presentes. Él sabe, es consciente de lo que ha hecho a lo largo de su vida, que no sólo ha sido lanzar Zara y hacerse multimillonario, y sabrá lo que hace actualmente en países como Brasil o la India, además de la elusión de impuestos en su país de origen. Si así cree que su conciencia dormirá tranquila en el más allá perfecto, pero no se puede olvidar que sus pecados, tanto los de ayer como los de hoy, no sólo le han afectado a su ser, sino a muchos seres humanos a lo largo y ancho del orbe.

Desde que se conocieron los primeros casos de trabajo esclavo en fábricas de Inditex la Fundación Amancio Ortega se ha lanzado a una desaforada campaña de donaciones de máquinas de radioterapia menos invasivas para tratar algunos cánceres. Los biempensantes del establishment han salido en tromba a alabar al virtuoso empresario, no porque les parezca bien en sí a la donación, sino porque es una forma más de inducir en las mentes de las personas que conforman la sociedad ese pensamiento empresarial que se quiere para que se pase de la explotación exterior a la autoexplotación. Se alaba la filantropía de un emprendedor para que las personas le tomen como modelo de vida. Nada como ser millonario y donar parte de ese dinero, una especie de retorno benéfico hacia la sociedad. Ya lo hicieron en su momento Rockefeller o Carnegie, después de asesinar a los trabajadores que hacían huelgas o pedían mejores condiciones salariales eso sí. Lo mismo ocurre con Ortega.

En 2015 un estudio del Center for Research on Multinational Corporations, Flawed fabrics (Telas defectuosas) señaló que Inditex era una de esas grandes corporaciones globales que practicaban el trabajo esclavo. Niñas menores de edad (sobre los 15 años) cosiendo y cosiendo en jornadas semanales de 68 horas a 1,38 euros al día de jornal. Con el añadido de que no se para de trabajar ninguno de los 365 días del año. Imaginen la cantidad de vestidos que se pueden fabricar en esas condiciones y el coste real del producto que ustedes acaban comprando por unas decenas o centenas de euros en las tiendas del señor Ortega. Niñas indias en régimen de semiesclavitud cosiendo para que en occidente los consumidores, presos de la fiebre pequeño burguesa del consumismo, devoren los vestidos. Salarios de apenas 40 euros al mes que luego los neoliberales te cuentan que es parte de la ley de oferta y demanda. Claro de oferta y demanda de un producto que es el trabajo de las personas que carecen de libertad para optar por otra situación.

No sólo en la India ha esclavizado Ortega, en Brasil también ha tenido sus cuitas, tantas como para tener que abonar una multa de 1,36 millones de euros por el trabajo en condiciones de esclavitud que se estaba produciendo en sus fábricas en aquel país. O lo que ocurre en Marruecos donde se trabajan 68 horas semanales (parece que es una norma esa cantidad de horas), aunque en esta ocasión la “esclavitud es menor” pues se abonan 178 euros al mes de salario. Así hace mantiene el imperio de la moda el señor Ortega en cualquier lugar del mundo donde tiene una fábrica. Deslocalización para abaratar siempre el mismo coste, el del trabajador, y que le permite seguir amasando una enorme fortuna. De ahí que igual su conciencia le pida donar equipos médicos al sistema de salud español. Una forma como otra de tener su conciencia tranquila, aunque igual si escuchase los miles de lamentos y gritos de esas esclavas y explotadas (son en su mayoría mujeres) por el mundo no dormiría por las noches.

A esto hay que añadir dos trampas sobre la donación. Por un lado, Ortega sólo abona la cantidad del equipo contra factura, esto es, la institución que ha decidido aceptar el donativo tiene que comprar primero el equipo y abonarlo para a posteriori pasar la factura a la fundación que paga el coste. No es que un servicio de salud le diga que quiere tal o cual equipo y la fundación lo compre y asuma el gasto, sino que deja todo el trabajo a ese servicio de salud, incluso conseguir esa cantidad de dinero detrayéndola momentáneamente de otros recursos, para luego aparecer con el cheque. El cual, además, le beneficia en materia de impuestos y gastos.

Por otro lado, no hay que olvidar que Inditex es muy dada a la elusión fiscal, bien vía Holanda, bien vía irlandesa, y abona 600 millones de euros menos de los que debería en condiciones óptimas hacendísticas. Y aquí es donde está el dilema moral que ha denunciado, con toda razón, Pablo Iglesias y le reprochan quienes quieren convertir a cada persona en un empresario, como si eso fuese la única forma de salvación y libertad para la persona (un romanticismo luterano y calvinista del que ya hablaremos en otro momento). ¿Es ético eludir el pago de impuesto e intentar compensar con menos cantidad de la eludida a la sociedad? No es un comportamiento que pueda ser convertido como imperativo categórico de cumplimiento universal. No hay moral cuando se sabe que ese dinero es menor al detraído a la propia sociedad.

Es conocido que la clase dominante tiene una doble moral, la del común de los mortales dominados y la suya propia. De ahí que Ortega haga suya la fórmula de no tener ética alguna al explotar niñas en la India, Marruecos o Brasil y luego darse golpes en el pecho como buen ciudadano en España haciendo donaciones con una enfermedad como el cáncer. Ocultar la esclavitud con aflicción generosa. Una doble moral que, no podía faltar, Isabel Díaz Ayuso intenta vendernos, olvidando que los 4 millones de los equipos estarían disponibles si su partido, el PP, no hubiese esquilmado las arcas públicas madrileñas con la Gürtel, la Púnica o Lezo. No hacen falta donaciones si los impuestos son pagados y si el PP no roba el dinero de la caja pública. Una vez no ocurra eso, si quiere donar que done lo que quiera libremente y se lo agradecerán, pero hasta ese momento a pasar por caja y pagar a los trabajadores de forma digna en condiciones humanas de trabajo.

Iván González (Libres) presenta su programa electoral para Málaga

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El candidato a la alcaldía de Málaga por Libres, Iván González, ha presentado este lunes el programa electoral con el que concurrirá este domingo a las elecciones municipales. Consta de 12 medidas de choque, 42 compromisos con la ciudad y con sus vecinos, y 7 ejes para el cambio de Málaga, además de dotar a los 11 distritos de la capital de suficiente autonomía para que cada una funcione como una centralidad.

“Quiero que los malagueños abran los ojos, que se convenzan de que LIBRES les va a apoyar y a ayudar, que va a pensar en ellos más allá de ninguna ideología política. Porque Libres no es un partido ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, es un partido de las personas”, ha recalcado Iván González.

Uno de las principales preocupaciones de Libres es el empleo. “Reformaremos el IMFE porque es ineficaz. Vamos a crear una bolsa municipal de empleo donde habrá una oferta digna de trabajo para los jóvenes, incluyendo educación continua y prácticas profesionales remuneradas dentro de los cuatro meses posteriores a la finalización de sus estudios o al quedar desempleados. También reformaremos el IMFE porque ahora es ineficaz”, ha explicado Iván González, quien también ha asegurado que se volcará en ofrecer “la máxima transparencia en materia de vivienda social porque lo que vemos hoy en día no sirve más que para especular y ese no puede ser el propósito del Instituto Municipal de la Vivienda. No puede ser que haya aprobadas ayudas al alquiler y sin embargo esas personas no puedan utilizarlas porque no hay forma de acceder a las viviendas”.

Iván González también ha explicado cómo pretende revitalizar el centro de Málaga con el embovedamiento del río Guadalmedina. “Hemos hablado con ingenieros y es posible embovedarlo desde el puente de la Esperanza al puente de Arminán. Así acabaremos con esa cicatriz que supone el río, uniendo esas dos mitades de Málaga para convertir esa zona en un espacio multidisciplinar, cultural y comercial, que sirva de motor económico para la ciudad. Ahí queremos, por ejemplo, instalar al menos una vez por semana un mercadillo central para que nuestros comerciantes utilicen el entorno y compensen tantos días de baja facturación a lo largo de todo el año”.

Descomprimir la presión fiscal, potenciar la educación para evitar el absentismo escolar, impulsar una red de parques caninos, urbanizar todos los barrios, luchar contra la corrupción, incrementar la seguridad ciudadana, invertir en limpieza y apostar por el pequeño comercio son sólo algunas de las medidas más urgentes que propone LIBRES en su programa.

Pero hay más. Porque Libres, según ha reconocido Iván González, se compromete, entre otras muchas cosas, a “respetar la lealtad institucional, a priorizar el beneficio colectivo del pueblo de Málaga, a optimizar los recursos públicos, a reducir los gastos municipales, a acondicionar espacios municipales para jóvenes, a apostar por Málaga como ciudad verde, cultural y tecnológica, a apoyar a nuestros deportistas, a acercar el Ayuntamiento a la ciudad y, en definitiva, a que los malagueños tengan un alcalde a su servicio”.

“Hemos sido cautos y no prometemos aquello que luego no podremos cumplir. Tenemos la esperanza de reunir los argumentos para abrirles los ojos a los malagueños e intentar que Libres sea ese instrumento útil para cambiar el cambio que los partidos tradicionales nos prometen y nunca cumplen”, ha comentado Iván González.

Gabilondo llama cuñado a Aguado y éste no se entera

Da igual el debate o el nivel institucional en el que se presenten, Ciudadanos siempre habla de sus dos temas: Cataluña y sanchismo. Como no podía ser menos en el debate de ayer en la cadena SER Ignacio Aguado hubo de poner el cordón sanitario a Ángel Gabilondo por ser un adalid del sanchismo y por apoyar los indultos a los políticos catalanes. Dos mentiras en sí que provocaron un golpe bajo dialéctico de los que hace época por parte de alguien tan sosegado como el candidato socialdemócrata: “Usted señor Aguado tiene una relación oblicua con la verdad”. Un zasca que ha debido provocar una reunión de urgencia de la cúpula de Ciudadanos para intentar dirimir qué significado tiene la frase.

Vamos a intentar hacerles un favor a las gentes de Ciudadanos, en especial a Aguado, y explicárselo con sencillez. Lo que el profesor de Metafísica ha querido decir son dos cosas: una, que en Ciudadanos la verdad sólo tiene una cara; y dos que son unos cuñados. Gabilondo con toda su seriedad y sobriedad ha acabado de forma metafísica, como él mismo ha reconocido, por llamar cuñado al candidato de Ciudadanos. Dentro del cuñado cabe esa oblicuidad con la verdad de la que hablaba Gabilondo. No sólo miente y se inventa las cosas, sino que su relación con la verdad es dudosa porque siempre intenta deformarla. El cuñado, más el cuñado político, siempre deforma la verdad para adaptarla a su cuñadismo y cuando no puede se queja y pone cordones sanitarios.

Es mentira que Gabilondo votase en favor del indulto a los políticos catalanes y aún menos que aplaudiese. Cuando Ciudadanos, en una muestra más de utilización de las instituciones de nivel inferior al estatal para hacer oposición, presentó su Proposición no de Ley para pedir al gobierno que no indultase a los políticos catalanes les dijeron, por activa y por pasiva, que a) no se podía pedir al gobierno algo que no existía (por mucho que insistan en Ciudadanos no existe condena y por tanto no existe indulto); y b) la Asamblea de Madrid no tenía capacidad jurídica de interpelar a un nivel superior en cuestiones de las que carece de competencia. Como ha sucedido en otras mociones y PNLs presentadas por cuñados y peperos para cuestiones diversas como Venezuela o el terrorismo internacional. Se votó y los aplausos y risas vinieron porque PP y Ciudadanos fueron incapaces de sumar mayoría y perdieron las tres votaciones (teniendo mayoría hay que recordar).

Como les dijeron José Manuel Franco (PSOE) y Jacinto Morano (Unidas Podemos) la proposición era una locura y más cuando Aguado afirmaba que Sánchez es un “yonki del poder”. Franco le dijo que lo único que querían es conseguir un puñado de votos, ya  fuer que se los quitaron al PP aunque ahora los estén perdiendo otra vez, y que se estaban entrometiendo en poderes que no son los de la Comunidad de Madrid. Morano, con más retranca, les acusó de no querer ganar a sus adversarios políticos y sí meterlos en la cárcel, sin juicio a ser posible debería haber añadido. También les intentó hacer ver que la Asamblea no podía ser usurpada y convertida en turba contra otros poderes y personas que aún no habían sido, en aquellos momentos, ni enjuiciadas.

Todo esto le da igual a Aguado y su troupe naranja de cuñados autonómicos, para ellos la verdad es otra: toda la izquierda es mala y quiere destruir España. Sólo Ciudadanos tiene la verdad y senda o camino hacia la verdadera y única sociedad posible. Una sociedad ideal donde todo es felicidad y virtuosismo, por ello se alzan como verdaderos inquisidores de esa verdad irrefutable contra los demás partidos. Normal que Gabilondo se haya mofado, de forma elegante eso sí, de su relación con la realidad y la verdad. No son capaces de ver las aristas y la forma poliédrica de una verdad compleja que, en algunas ocasiones, supera al propio entendimiento humano, al menos al de una persona bien formada. Y en el caso de Ciudadanos se empieza a tener dudas respecto a ser algo más que cuatro eslóganes.

Esperemos que la reunión para analizar la frase de Gabilondo les lleve por el camino de cordura y el análisis ponderado de una realidad que les supera. No es normal que se califiquen de liberales y lo primero que hagan es intentar ir más allá del Estado de derecho. No es normal que se proclamen como liberales y quieran coartar la libertad de expresión de los rivales. No es normal que se ubiquen en el centro liberal y no entienda que el pluralismo es bueno para la política. No es normal que hablen de libertad (sólo de elección ojo) y la nieguen a las personas que no opinan igual. Lo que sí es normal es que al ser un mero producto de marketing, cuya ideología es el oportunismo junto al cuñadismo ideológico, no sepan si van o vienen, si suben o bajan, si son algo o la nada. Son la derecha neoliberal sin cabeza producto de una sociedad donde el espectáculo es todo para esconder el poder de la clase dominante o plutocracia. Aguado no es más que el producto de una gran empresa energética que baja al ruedo político para asentar el poder de clase utilizando el cuñadismo (despiste, mentiras, cambio de chaqueta…). Como ha dicho Gabilondo están en “una relación oblicua con la verdad”.

Mapa interactivo de Izquierda Unida y sus candidaturas madrileñas

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“El objetivo de este mapa es facilitar, encontrar y demostrar que Izquierda Unida somos la fuerza de izquierda transformadora que se encuentra en la mayoría de municipios y, por ello, en las papeletas del próximo domingo 26 de mayo”. Sol Sánchez, candidata a la Asamblea de Madrid.

Izquierda Unida lanza su campaña “Vota donde está IU”, que incluye las líneas programáticas de cara a las elecciones autonómicas, así como un mapa desarrollado en código abierto Open Street Maps.

Asimismo, la formación de izquierdas presenta sus líneas programáticas de cara a los comicios autonómicos, centrado en un modelo productivo basado en la economía de cuidados, creación de empleo y mejora de la movilidad y la lucha contra la contaminación, en base a la revitalización de los polígonos industriales; así como la creación de un banco público, auditoría de la deuda, la supresión de forma progresiva de la educación concertada y la prohibición de la incineración de residuos.

“La marca de la casa de Izquierda Unida ha sido el ‘programa, programa y programa’; y así seguirá siendo. Un programa transformador, colaborativo y, sobre todo, vinculante”. Vanessa Lillo, responsable de programa y candidata a la Asamblea de Madrid.

Emilio Saracho: el máximo responsable del derrumbe de la liquidez del Popular

Los inspectores del Banco de España fueron muy claros a la hora de exponer cómo la causa de la resolución del Popular fue la grave crisis de liquidez. No fue la solvencia, ni el estado de las cuentas ni la ampliación de capital de 2016. La sexta entidad financiera de España era absolutamente viable el día 6 de junio de 2017 y fue resuelto por un problema de liquidez que se inició en el segundo trimestre de ese año.

En el acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 18 de mayo, el consejero delegado, Ignacio Sánchez Asiaín indicó que se había producido un incumplimiento de la ratio de liquidez (LCR). Sin embargo, mostró datos de su evolución que demuestran cómo la gestión que se estaba llevando en el banco estaba provocando la salida de depósitos: «En cuanto a la evolución reciente del LCR informa que la ratio LCR reportada se ha deteriorado progresivamente desde cierre de marzo (146,7%), alcanzando el 93,5% a 28 de abril». Asiaín también informó de que había una previsión de cerrar la liquidez del mes de mayo en una horquilla que oscilaba entre el 89,7% y el 94,7%, es decir, cumpliendo con el nivel regulatorio.

Sin embargo, el consejero delegado informó de que el día 16 de mayo, como consecuencia de las fugas de liquidez provocadas por la publicación de la noticia de El Confidencial, la LCR se situaba en un 69,8%: «Al día 16 de mayo la métrica reportada se sitúa en el 69,8% (64,8% sin Wizink) como consecuencia de salidas de depósitos de 2.085 M entre los días 12 y 16 de mayo», se afirma en el acta.

Sánchez Asiaín, además, informa de que ya se estaban preparando «medidas extraordinarias con BdE por si fueran necesarias. Hasta la fecha se han presentado carteras a BdE por 21.847 M, para que sean analizadas de cara a la provisión de liquidez de emergencia, en caso de solicitud».

Por tanto, a mediados del mes de mayo, cuando aún no se habían producido las fugas masivas tras la filtración de Reuters del día 31 ni las del día 5 de junio protagonizadas por los organismos y empresas públicas, el equipo de Saracho ya estaba iniciando todos los procesos para solicitar la liquidez de emergencia (ELA), lo que podría demostrar que el camino para la resolución iba por la estrategia de provocar esa crisis que, finalmente, fue la única causa por la que se resolvió el Banco Popular.

Veamos lo que afirma el informe pericial del Banco de España al respecto: «Las salidas de depósitos de abril a junio habían sido superiores a los 16.000 M€, concentrados en aquellos depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y que son los que la normativa de resolución considera aptos para asumir pérdidas. En los 5 primeros días de junio las salidas de depósitos eran de más de 5.700 M€. Este volumen de salidas de depósitos y en tan escaso tiempo hace que, para una entidad del tamaño del Banco Popular, sea prácticamente imposible cumplir con sus obligaciones con sus propios medios y por ello solicitó un ELA al Banco de España. Para hacer frente a las retiradas de depósitos del mes de junio, el Banco Popular solicitó al Banco de España que le otorgase una línea de liquidez de emergencia de la que permitía obtener hasta 9.500 M€, siendo dispuesto en 3.800 M€ que garantizó con colaterales no válidos para el BCE por valor de 9.320M€ […] La entidad tenía un grave problema de liquidez siendo en todo momento antes de la resolución solvente, sus fondos propios eran positivos».

Entre abril y junio de 2017 el Popular perdía depósitos al mismo nivel que su valor en bolsa se depreciaba. Por tanto, a medida que la confianza en la entidad disminuía por noticias y momentos concretos de la gestión de Saracho, las salidas de clientes eran aún mayores y así lo refleja el informe pericial del Banco de España: «La pérdida de confianza en la entidad fue una de las razones que llevaron a la entidad a la resolución. Esta fue evidente con las masivas salidas de depósitos que se produjeron en los últimos días de mayo y los seis días de junio previos a la resolución. Si medimos la confianza como evolución de la cotización en bolsa, la capitalización bursátil, destacan tres momentos del segundo trimestre, en la primera quincena de abril y posteriormente el 11 de mayo y el 31 de mayo. Respecto a abril coincide con el Hecho Relevante y las manifestaciones del Presidente en la junta de accionistas. En cambio, las noticias de mayo en principio parecen coincidir con noticias en medios de comunicación. Así el 11 de mayo de 2016 un medio de comunicación publicaba el inicio del proceso de venta acelerado de la entidad para evitar su quiebra. En los días posteriores a la publicación de esta noticia se produce una salida de depósitos que rompe la tendencia de estabilidad en los depósitos con la que había comenzado mayo y en cuanto a la cotización de la acción esta cae. El segundo factor externo es la noticia del día 31 de mayo otra declaración de Reuters Bruselas donde un funcionario de la Unión Europea señala que desde la JUR se estaba trabajando en la resolución del Banco Popular. Anteriormente el 23 de mayo, la presidenta de la JUR, en una entrevista en Bloomberg Televisión nombra al Banco Popular como uno de los bancos que está siguiendo. Cabe decir que aparentemente los gestores del Banco pudieron estabilizar la situación tras las crisis de abril y del 11 de mayo, pero no así tras la fuga de depósitos a partir del 31 de mayo fue de especial virulencia por su intensidad, por afectar a los negocios minoristas, no afectados hasta ese momento y por perder el último rating que la entidad mantenía por encima del grado de inversión lo que provocaba mayores retiradas de fondos mayoristas».

Por tanto, la gran mayoría de los momentos clave que provocaron fuga de depósitos y la caída en picado del valor de la acción estuvieron protagonizados de manera directa o indirecta por Emilio Saracho y, en consecuencia, el presidente del Popular que llevó a la entidad a su resolución es el máximo responsable de todo el proceso, tal y como venimos afirmando en Diario16 desde hace más de dos años. Sin embargo, queda una pregunta en el aire que sólo Saracho puede responder: ¿para quién trabajaba realmente?, una cuestión cuya respuesta ya la intuyen nuestros lectores.

Evolución de Banco Popular tras decisión BCE 2 de mayo de resolver al banco

Vox empieza su tarea de demolición de la democracia

Tal como se esperaba, la patrulla profalangista de Vox ha entrado en el Congreso con todo su arsenal duro de malos modos, improperios, insultos y lenguaje bélico, gamberro y cuartelero que hace presagiar lo peor de una legislatura-circo. Hoy era el día de las presentaciones de rigor, las recogidas de actas y los saludos protocolarios, pero parece que los diputados de Vox tenían ganas de empezar cuanto antes las hostilidades previas a la segunda guerra civil, que para eso es para lo que han venido. La diputada electa de la formación ultra por Granada, Macarena Olona, abogada del Estado para más señas, ha anunciado que su partido presentará iniciativas legislativas para impedir que se repita la “ignominia” de contar en las Cortes Generales con parlamentarios presos, a los que se ha referido como “criminales”, pese a que ninguno ha sido condenado aún.

De esta manera Olona se ha referido a la recogida de actas por parte de los políticos presos del ‘procés’, un acto permitido y autorizado por el Tribunal Supremo. Olona no lo ha entendido así, aunque ha dejado claro que su crítica no va dirigida contra los magistrados del Alto Tribunal, sino contra los partidos políticos que “no han hecho nada” durante los últimos años por evitar esta situación que, a su juicio, era “previsible”. A la representante de Vox solo le ha faltado apelar a aquello que decía la Falange sobre la decadencia de la democracia y la necesidad de abolir los partidos políticos, esos enemigos que quieren destruir España. Todo se andará y cosas parecidas tendremos que escuchar cuando esta gente suba al estrado para promover su ideología de extrema derecha.

“Es un día muy triste para la democracia española”, ha dicho Olona, y en eso tenía razón, ya que la jornada de hoy pasará a la historia más negra del parlamentarismo patrio. Cuesta trabajo asumir cómo hemos podido llegar a esta situación, cómo hemos podido permitir que la ultraderecha profane el sagrado templo de las libertades.

La representante de Vox cree que el hecho de que Junqueras y los suyos hayan ejercido su derecho a recoger su acta supone “un fracaso” de la democracia cuando es precisamente al contrario, ya que la democracia es generosa incluso con aquellos que pretenden destruirla y la mejor prueba es ella misma. El problema es que tratar de explicar el abecé del juego democrático a quien no lo entiende y no quiere entenderlo es una tarea absurda. En realidad no sabemos muy bien qué demonios pinta en la Cortes Generales un partido que odia al Estado de Derecho e idolatra a José Antonio, y la única respuesta lógica es que los chicos de Vox pretenden dinamitar el sistema parlamentario desde dentro. En eso está el partido de Abascal, que ya ha comenzado las tareas de demolición desde los comienzos de la Legislatura.

La crítica de Olona se ha dirigido tanto a PP y Ciudadanos como a PSOE y Podemos, “que tienen como socios a filoetarras, golpistas e independentistas”. Esa ha sido la declaración que ha rozado el rizo del sarcasmo, ya que si ha habido un agente en este país al que se pueda acusar de golpista ese ha sido la extrema derecha. A los tiros del tejerazo que quedaron grabados en el techo del Congreso nos remitimos.

Que gente como los diputados de Vox (duele llamarlos diputados) vayan dando lecciones de defensa del Estado de Derecho y de antigolpismo resulta algo difícilmente digerible, pero así es la vida en esta época de la posverdad y los demócratas tendremos que acostumbrarnos a escuchar ese tipo de ruido insoportable.

Vox ha llegado a la vida pública española para provocar, para remover lo peor de este país y para hacer del cinismo y la mentira el ácido corrosivo con el que planean liquidar una democracia que con todos sus defectos ha funcionado en los últimos 40 años.

A partir de ahora ya nada será igual. Habrá que estar preparados para escuchar desde la sagrada tribuna del Parlamento estupideces como que Franco fue un gran hombre de Estado, que la igualdad entre hombres y mujeres es una patraña inventada por el comunismo feminazi y que los homosexuales son tarados que precisan de tratamiento urgente. Las provocaciones serán constantes y van a poner a prueba no solo la madurez de los políticos de los partidos clásicos sino la estabilidad y solidez de nuestra democracia. Otro reto monumental para la sociedad española.

La Justicia sigue blanqueando y protegiendo al franquismo

En estas páginas hemos insistido en infinidad de ocasiones en que el único poder del Estado que no ha pasado por el filtro de la Transición es la Justicia. Muchos cargos son los herederos de quienes ocuparon los mismos puestos durante la dictadura y diferentes resoluciones y decisiones adoptadas muestran que no se utiliza la misma vara de medir si los ataques vienen de la izquierda o de la derecha.

Los tribunales españoles han encarcelado o condenado a jóvenes por publicar en las redes sociales los mismos chistes que en los 70 se hacían sobre el atentado de Carrero Blanco: «Y voló, voló, voló…». También se ha metido en la cárcel a unos titiriteros por una obra satírica en la que finalizaban con un cartel que decía «Alka ETA» o se ha juzgado a un concejal por hacer humor negro con Irene Villa, chistes que fueron frecuentes tras el atentado. Por otro lado, a unos jóvenes se les ha acusado de terrorismo por una pelea de bar. Ninguno de estos actos es justificable, incluso podrían ser condenables algunos de ellos utilizando la cordura y no incluyendo parámetros o interpretaciones ideológicas a las decisiones judiciales.

Sin embargo, cuando esos ataques, chistes, comentarios en redes sociales, etc. se realizan desde el ámbito de la derecha todo es «libertad de expresión». Muchos políticos conservadores, por ejemplo, han llamado «asesino» en público a Santiago Carrillo utilizando los argumentos del revisionismo histórico y eso no fue condenado.

El último ejemplo de esta doble vara de medir o de la «ley del embudo» de la Justicia española lo hemos encontrado con la multa de 5.000 euros impuesta a la diputada, y líder de Unidas Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez por un tuit en el que responsabilizaba del asesinato de Salvador Puig Antich al ex ministro franquista José Utrera Molina. ¿Conocen esos jueces la historia? ¿Acaso no saben que el ministro del Movimiento y de la Vivienda en el año 1974 era Utrera Molina? ¿Desconocen que el «enterado» a la sentencia a muerte por la que se ejecutó con garrote vil al joven anarquista fue dado por el Consejo de Ministros del que formaba parte Utrera Molina? ¿Ignoran que las ejecuciones de Salvador Puig Antich y de Heinz Ches fueron la respuesta del franquismo al atentado en el que fue asesinado Carrero Blanco? Cuando se firma o se da el «enterado» a una pena de muerte se contrae una responsabilidad para con el pueblo y se tienen que asumir las consecuencias de los actos refrendados. ¿Asesinó Utrera Molina a Salvador Puig Antich? No, pero sí tuvo su parte de responsabilidad o culpa.

Pongamos un ejemplo. Adolf Hitler jamás utilizó en su vida el Ziklon 8 en ninguna cámara de gas, pero fue el responsable del asesinato de decenas de millones de seres humanos porque la decisión de iniciar la «Solución Final» fue suya. Otros fueron los autores materiales, es cierto, pero tanto Hitler como otros jerarcas nazis tuvieron su responsabilidad, tal y como se demostró en las sentencias de los primeros juicios de Nuremberg.

La Justicia española, además, blanquea y sigue permitiendo que el franquismo se mantenga impune. En la sentencia, la jueza apela a la honorabilidad de la familia de Utrera Molina, pero se olvida de dos conceptos fundamentales que no se aplican cuando el franquismo o los ex ministros franquistas están de por medio: el honor de las víctimas de la dictadura y la libertad de expresión, sobre todo si lo afirmado está justificado por la historia y por los documentos oficiales.

La magistrada que ha dictado la sentencia, María del Rosario Campesino Temprano, ha justificado la condena en que la legislación vigente en 1974 permitía la pena de muerte y, en consecuencia y según la versión de la jueza, a Utrera Molina no se le puede considerar responsable del asesinato de Puig Antich. Sin embargo, cuando el gobernador de Texas firma una sentencia de muerte, ¿es o no responsable de una muerte violenta por más que la ley prevea la pena capital? En concreto, la magistrada justifica esa decisión del siguiente modo: «Sin que pueda tildársele de asesino por el hecho de que no se aplicara la medida de gracia del indulto por el gobierno al que pertenecía el fallecido y por tanto, no es admisible la utilización de dicho término, a tenor de una responsabilidad que, en su caso, podría considerarse política, atendiendo a la ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica».

Este razonamiento es jurídicamente aberrante porque es blanquear lo que en realidad sucedió amparándose en la legislación franquista. No se trata de una responsabilidad política, sino humana, ya que ese Consejo de Ministros no aplicó el indulto porque era necesaria una condena dura, ejemplarizante, que generara temor entre el pueblo, sobre todo después de que el atentado contra Carrero Blanco mostrara la verdadera vulnerabilidad del Régimen.

Finalmente, y es un hecho que muestra el talante «democrático» de esta magistrada, la sentencia lanza una advertencia a los medios de comunicación: «El hecho de que en diversas medios de comunicación se hiciera referencia a que don José Utrera Molina había firmado la sentencia de muerte de Puig Antich, no conlleva que no fuera deseable que se utilizaran con mayor precisión los términos adecuados para la difusión de cualquier noticia y de cualquier opinión, como la que nos ocupa».

Pues muy bien, señora Campesino Temprano, esta sentencia firmada por usted no es más que un atentado más contra el Estado de Derecho porque cada vez que se quitan responsabilidades al franquismo, se lanza un dardo que debilita a la democracia.

Moreno Bonilla quiere secar el Tajo para su amigo Amat

Juan Manuel Moreno Bonilla es un presidente desahogado, un presidente con más cara que espalda. No sólo se apunta todos los tantos de la gestión de su antecesora, porque hacer no ha hecho nada en el tiempo que lleva en el gobierno, sino que además quiere dejar secos los ríos de las demás comunidades autónomas por no gastar un euro él mismo. Ayer se reunió con Fernando López Miras para solicitar un Pacto por el Agua que no es más que seguir tirando del Tajo, hasta secarlo si hace falta, pero no invertir en desaladoras.

No es extraño que esta reunión se produzca justo de estar con el verdadero capo del PP andaluz, Gabriel Amat, a quien fue rendir pleitesías en Roquetas de Mar junto a Rafael Hernando o Fátima Báñez. A la llamada del verdadero factótum, aunque en puertas de ser imputado por haberse llevado cerca de 2.000 millones de euros de las arca públicas según la investigación judicial, allí acudió el presidente de la Junta. Quien, haciendo gala del estilo Ayuso que está triunfando en el PP a nivel estatal, afirmó que el verdadero cambio era el actual alcalde roquetero. Cambio, cambio no parece que sea porque lleva desde 1996 como primer munícipe y ha sido el gran destructor de esa parte de la costa almeriense en la época de bonanza del ladrillo.

Estando en como presidente de la Diputación provincial Amat jamás pidió que se arreglasen las desaladoras o que funcionasen a pleno rendimiento para todo el cultivo del mar de plástico de la zona. Jamás pidió que se pudiese hacer un trasvase de otros ríos andaluces. Jamás le interesó el problema del agua hasta la fecha, que ya no están sus ahijados en el gobierno central. Lo mismo le ocurre a Moreno Bonilla o Hernando, que jamás dijeron nada sobre el agua y las desaladoras tan necesarias en la zona. Y todos callaban porque sus amigos empresarios hortofrutícolas no quieren agua de desaladoras porque es más cara y no podrían ganar tanto dinero como el que ganan. No sólo explotan a los trabajadores, sino que juegan con un recurso hídrico de todos y todas para beneficio empresarial propio.

Ahora quiere Moreno Bonilla secar, como pasó el año pasado, el Tajo. Quiere que también le llegue agua de ese y otros ríos de la comunidad castellano-manchega para seguir nutriendo a sus empresarios amigos y evitar que los neofascistas les sigan ganando terreno en las poblaciones almerienses. Hay que salvar a Amat, antes mediante la intervención del ex-ministro de Justicia Catalá quitándole la imputación y retrasando los procedimientos judiciales, ahora llenando de agua sus huertos. De López Miras es normal y comprensible pues no quieren desaladoras para ahorrarse 10 céntimos por hectómetro cúbico, pero de Moreno Bonilla sólo tiene explicación por el caso Amat.

Y que ahora quieren una guerra del agua al estar Sánchez en el gobierno madrileño y es una forma de hacer oposición sabiendo que no se tiene razón. Pero no conocen al presidente y es capaz de cerrar el trasvase y obligarles a utilizar desaladoras o dejar un modelo de producción que no tiene sentido sin agua propia. En el otro lado Emiliano García Page ya ha dicho que está preparado para la guerra y utilizará todo lo que esté en su mano para defender los intereses hídricos de la ciudadanía castellano-manchega. No puede ser que Murcia esté regando huertos y en Castilla-La Mancha restrinja el uso. Y si ahora se quiere sumar Andalucía, en su vertiente occidental, pues habrá guerra sin duda.

No saben cómo salvar a Amat porque le necesitan aunque estén en el gobierno de la Junta. Sabe demasiado de todos y todas como para dejarle que caiga. De ahí que Hernando, pese a haber sido apartado de todo por el casadismo, siga al lado del capo del PP andaluz. Sabe que sólo Amat le puede proteger ante el sinsorgo Casado, aunque éste igual no se haya percatado realmente del poder que tiene el roquetero. Moreno Bonilla lo sabe y en cuanto el alcalde roquetero silba deja todo lo que está haciendo y acude en su ayuda. Sea para saludarle, sea para comer una paella en la plaza de toros de Roquetas. Un lugar donde pudo ver que ya no llenan como antes de la llegada de los neofascistas. Da igual, Moreno Bonilla necesita a Amat de alcalde aunque esté destrozando Roquetas de Mar porque ya es incapaz de hacer algo, incluso levantar ladrillo.

Iglesias: “Una democracia digna no acepta limosnas de los millonarios”

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El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado en la tarde de este domingo en un encuentro de campaña en Palma de Mallorca junto a Juan Pedro Yllanes, candidato de Unidas Podemos al Govern balear; Mae de la Concha, secretaria general de Podemos Illes Balears; Antònia Martín, candidata número dos al Parlament; Pablo Jiménez, número uno por Menorca al Parlament; Viviana de Sans, candidata al Consell d’Eivissa; Alberto Jarabo, candidato a la alcaldía de Palma; y Sonia Vivas, número dos en las listas del Ayuntamiento de Palma.

Pablo Iglesias ha llamado al voto el próximo 26 de mayo en Baleares y ha aprovechado parte de su intervención para valorar la polémica en redes sociales surgida después de que la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, haya afirmado este domingo en Twitter que «la sanidad pública no puede aceptar donaciones ni limosnas de Amancio Ortega», ya que se debe financiar con impuestos todos los días.

«Resulta que algunos que se autoproclaman liberales han reaccionado muy mal a las palabras de Serra y yo he sentido rabia porque mis hijos están vivos y sanos gracias a un hospital público, y porque mi padre está vivo porque le hicieron un transplante en un hospital público. No se puede consentir que la salud de nuestros padres e hijos dependa de las limosnas de un millonario», ha criticado Iglesias.

«Que se entere el señor Amancio Ortega: una democracia digna no acepta limosnas de los millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores», ha reivindicado el secretario general de Podemos.

«Vamos a negociar un gobierno de coalición que ponga de moda el artículo más patriota de la Constitución Española, el 128, que dice que toda la riqueza del país estará sometida al interés general y que en su aplicación hay que hacer una empresa pública de energía que apueste de una vez por las renovables y compita con los oligopolios para que la ciudadanía pueda ver cómo baja la factura de la luz», ha asegurado Iglesias.

«Para eso hace falta un estilo de gobernar diferente, y en estas islas soy ejemplo de eso. Necesitamos un estilo de política que escuche voces diferentes, transija, con un poco más de empatía, porque en España se acabaron las épocas de las mayorías políticas, de los gobiernos monocolor, se acabaron las épocas de yo durante cuatro años hago lo que me da la gana porque me han dado un cheque en blanco: ya no hay cheques en blanco. Hace falta un Gobierno que negocie y que no se venda, y en este país nadie podrá decir que nosotros nos hemos vendido a nadie», ha reclamado Iglesias.

Por su parte, Juan Pedro Yllanes, ha pedido el voto para Unidas Podemos dentro de una semana en Baleares y ha defendido la necesidad de cuidar y trabajar por que el archipiélago siga siendo un tesoro de la naturaleza. «Aunque algunos se lo crean, no somos propietarios de esta tierra, somos usufructuarios; eso significa proteger y cuidar de las islas para que los que vendrán después las puedan habitar y disfrutar. Todo nuestro patrimonio natural hay que defenderlo el día 26 llenando las urnas de votos».

«Yo recuerdo perfectamente cuando el PP se dedicaba a saquear, y mientras nos saqueaban hacían trampas en las elecciones porque parte de lo que robaban lo empleaban en las campañas electorales», ha rememorado Yllanes, «pero hace unos años todo cambió…». «La llegada de Podemos a la Comunidad Autónoma ha significado que, por primera vez, un gobierno de izquierdas ha hecho políticas de izquierdas porque no han tenido más remedio que ser un poco valientes. Pero ahora ya no queremos apoyar el gobierno desde fuera, ahora lo que queremos es gobernar y presidir el gobierno de esta Comunidad Autónoma y vamos a demostrar que la única garantía para que se hagan políticas sociales de izquierdas en esta tierra somos nosotras y nosotros».

Finalmente, Alberto Jarabo, ha centrado buena parte de su intervención en el problema de la vivienda en Palma. «En los últimos años, hemos visto cómo los Ayuntamientos del cambio se han convertido en el baluarte para la defensa de los derechos de todas las personas que viven en esas ciudades. Todas estamos ahora reclamando un tope a la especulación tal y como ha hecho Ada Colau en Barcelona, para poner un límite a los precios de la vivienda y para que la gente pueda acceder con dignidad al alquiler. Hay que frenar a los especuladores que están comprando barrios enteros, porque lo que necesitamos es que esas viviendas vacías pasen a ser viviendas sociales y públicas. Pero no podrá haber cambios en materia de vivienda si no se cambian las leyes a nivel estatal, por eso es tan importante ahora que Unidas Podemos entre en el Gobierno».

Afectados del Popular: «En España existe una Justicia sólo para el Santander»

Como en otras ocasiones, hoy abriremos este espacio para dar voz a los afectados del Banco Popular quienes, cada vez con más frecuencia, se ponen en contacto con las diferentes redacciones de Diario16 por distintos medios para hacernos partícipes de lo que están viviendo. Por eso creemos importante abrir este espacio, de vez en cuando, para que los lectores que no están afectados por el Caso Popular conozcan lo que están sufriendo las más de 305.000 familias arruinadas, personas que, por más que haya gente que lo pueda pensar, no son especuladores de los mercados sino ahorradores, trabajadores, pensionistas, pequeños empresarios, autónomos y empleados de la entidad.

En estas últimas semanas hemos visto distintos movimientos en el ámbito de la Justicia y esto ha provocado que los afectados exijan Justicia a todos los tribunales que están instruyendo las causas abiertas. En algunos casos, encontramos cierto pesimismo teniendo en cuenta que el Santander está en medio de todo y eso, en España, es casi sinónimo de que el tercer poder se podría poner de parte de la entidad cántabra.

Las alarmas saltaron con la desimputación del Santander y la aplicación de una nueva «Doctrina Botín». «Si te llamas Santander no tienes responsabilidad penal por tus actos. Este banco tiene carta blanca», afirmaba un lector. Otro de los afectados se preguntaba que «¿para qué sirve estudiar derecho si después las leyes no se aplican? El artículo 130.2 no da lugar a interpretaciones, es claro como el agua. Y no es una persona la afectada son 305.000 familias, lo que suponen más de 1,5 millones de españoles». «En España existe una Justicia sólo para el Santander. Siempre está a su favor, le beneficia y hunde a todos los que intentan enfrentarse a ella. ¿Cuántos cursos o cuántas ayudas da el Santander a distintos jueces?», afirmaba otro de los afectados.

En relación con esto, también han hecho referencia a la capacidad de influencia que tiene Ana Patricia Botín: «El Santander y el desgobierno en España están en contacto permanente. ¿Alguien cree que el presidente de otro banco puede llamar al presidente de España en funciones para darle consejos de con quién tiene que pactar?».

En referencia al argumento presentado por los abogados de Uría y Menéndez para que la Audiencia Nacional desimputara al Santander respecto a que, tras la resolución, se creó un «banco nuevo», los afectados dan un argumento enmarcado en una pregunta que es palmario y que la Sala de lo Penal, en la que trabaja el juez Fernando Andreu, no tuvo en cuenta: «Si puede beneficiarse de los créditos fiscales del Popular, ¿es un banco nuevo o es otra más de las muchas chapuzas judiciales?».

Los afectados del Banco Popular, por tanto, están exigiendo justicia a los tribunales, no reclaman nada que no les corresponda, tal y como afirmaba una lectora: «yo no pido más que nos devuelvan lo nuestro. Nuestra vida se ha convertido en un infierno. Me hago una pregunta: si nosotros no hemos tenido culpa de nada y al Santander le quitan toda la culpa, ¿a nosotros quién nos va pagar lo que estamos pasando que cada día es peor sin haber hecho nada? ¿Quién piensa en nosotros?».

Los afectados del Popular están demostrando que son ciudadanos que creen en la democracia, pero que ya hayan pasado casi dos años desde la resolución y que se hayan producido aún siquiera interrogatorios a todos los imputados hace que se estén desesperando y que piensen que nuevamente las víctimas sean los que nada tuvieron que ver con la operación: «Señor juez, no es que tenga poca fe en la Justicia, creo en ella, pero en lo que no creo, como muchos de mis compatriotas, es en los jueces de este país, totalmente acomodados con conductas inmorales», afirmaba con resignación uno de nuestros lectores.

Sin embargo, los afectados no sólo piden Justicia a los jueces, sino que apuntan sus exigencias al propio presidente del Gobierno: «Señor Sánchez, ahora que va a seguir siendo presidente, tiene el deber y la obligación de restaurar el daño que hizo el anterior gobierno de Rajoy a más de 305000 familias de este país, haciendo que nos devuelvan lo robado. El PP corrupto y ladrón ya fue y seguirá siendo castigado en las urnas para siempre».

Lo que queda claro es que el tiempo va pasando y nadie da ninguna solución a estas 305.000 familias, tiempo que va aumentando la desesperación: «Ayer estaba contenta porque leí que nuestras acciones podían tener un precio. Hoy estoy hundida porque pienso que no vamos a recibir nada. Que la Justicia diga algo, ¡por la tranquilidad de todos!».