Mediterraneo Diario16

La carta firmada por Emilio Saracho y remitida a la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión, Daniele Nouy, está llena de contradicciones y de exposición de hechos que nada tenían que ver con lo que realmente estaba pasando en el Popular.

Ya hemos visto cómo Saracho se presenta como el Napoleón de las finanzas, como el Amadís de Gaula que estaba luchando contra los elementos para salvar el banco. Sin embargo, la realidad es que más bien fue el Capitán Ahab que llevó al Pequod a hundirse y a la muerte a toda su tripulación. Saracho explicaba a Nouy, entre otras cosas, operaciones en marcha que, en verdad, estaban paralizadas o que habían sido rechazadas; manipuló la realidad para hacer creer a su interlocutora que había ofertas para una operación corporativa de venta de la entidad cuando lo que realmente se estaba produciendo en España era el estudio por parte Santander y BBVA de la situación del Popular para adquirirlo una vez que se hubiese producido la resolución.

Sin embargo, no acabó ahí en la presentación de estrategias que no se estaban implementando. Saracho afirmaba lo siguiente en la carta: «Además, seguimos trabajando sin demora en la reevaluación de la cartera de garantías reales y de bienes raíces, en un ejercicio destinado a proporcionar al banco, al supervisor y a los mercados información clara sobre el valor de dichas carteras y cualquier ajuste de valoración relacionado con ellos que pueda ser necesario. El resultado de ese proceso solo será definitivo en el momento en que preparemos los estados financieros del primer semestre y los auditemos. Y también está sujeto a la inspección en curso del BCE, para la cual hemos recibido indicaciones verbales de un posible resultado y de algunas incertidumbres que afectan dicho resultado».

Por tanto, Saracho estaba presentando una estrategia de reevaluación del valor de activos y bienes raíces que tendría que ser evaluada por el BCE después de la presentación de resultados del primer semestre de 2017, es decir, a mediados del mes de julio. ¿Cómo es posible que hiciera tan afirmación cuando era consciente de que al día siguiente se iba a declarar la inviabilidad del Popular? El cronograma del Proyecto Hipócrates indicaba que a lo largo de la tarde se declararía el estado FOLTF de la entidad, la JUR resolvería al banco y antes de la una de la madrugada del día 7 de junio se abrirían las ofertas presentadas por Santander y BBVA. No obstante, Saracho informaba a Nouy que se estaban reevaluando los bienes raíces y los activos del Popular.

En consecuencia, en lo referente a los activos del Popular, Saracho también mintió a Daniele Nouy. La realidad es que sorprende cómo el ex presidente de la sexta entidad financiera de España pudiera escribir una carta de este calibre. Sin embargo, lo que es más sorprendente la descoordinación del supervisor europeo puesto que todo lo que se estaba ejecutando en Madrid era del conocimiento de Elke König puesto que los plazos para la resolución fueron aprobados en la reunión del día tres de junio donde estaban representados la JUR, el FROB y el Popular. ¿Desconocía Nouy que el banco iba a ser resuelto apenas veinticuatro horas después de recibir esa carta? Recordemos, por ejemplo, que a la Comisión Europea apenas se le concedieron unos minutos para que aprobara la resolución.

El Banco Santander está demasiado acostumbrado a que la Justicia española y el resto de organismos del Estado se plieguen a sus intereses. Por esta razón, en Boadilla deben estar desconcertados por las decisiones que se están adoptando en diferentes órganos judiciales en referencia al Caso Banco Popular. Diario16 ya informó de que la imputación penal abría la puerta a la adopción de medidas cautelares, ya que lo que parecía que no era más que un movimiento lógico del juez Calama Teixeira, consecuencia de la desaparición de Banco Popular una vez que se ejecutó la fusión por absorción por parte del banco presidido por Ana Patricia Botín, se puede convertir en la causa por la que el magistrado empiece a dictar las medidas cautelares que Andreu no aplicó y que, como bien afirmó el juez Elpidio Silva, deberían haberse adoptado desde el principio, medidas que se podrían concretar en la imposición de una fuerte fianza, tal y como han reclamado algunos despachos de abogados o asociaciones de afectados a través de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta posibilidad se fundamenta en el hecho de que cuando un juzgado imputa penalmente a una persona física o jurídica (o investiga, según la última reforma de Rafael Catalá) es porque hay indicios sólidos y objetivos de la comisión de un presunto delito. Por tanto, la imputación del Santander podría llevar al juez Calama a exigir una cantidad de fianza para que el banco cántabro sepa a cuánto se expone a tener que provisionar para hacer frente a los perjuicios que la comisión de ese presunto delito haya podido provocar. Por ejemplo, la Asociación Independiente de Afectados del Popular presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción solicitando una fianza de 21.631 millones de euros.

Ante esta situación, el Banco Santander ha presentado un recurso que se fundamenta en dos pilares argumentativos fundamentales: en primer lugar, que en este caso se debería aplicar la misma jurisprudencia que en el caso CaixaBank-Banco Valencia y, en segundo término, que la imputación penal del Santander tendría una consecuencia funesta para todo el sistema financiero de la Eurozona ya que, según la argumentación del recurso, podría destrozar el Mecanismo Único de Resolución.

Dentro de esa argumentación, el recurso hace hincapié en que, desde el momento de la resolución, se crea un nuevo Banco Popular que es el que el Santander compra y que las responsabilidades penales corresponden al antiguo Banco Popular. Por tanto, a través de un circunloquio argumentativo más propio de picapleitos que de reputados letrados, el Santander pretende crear la ficción de que lo que ellos compraron por un euro era una entidad totalmente renovada y diferenciada de la anterior. Es increíble cómo un despacho de la envergadura de Uría y Menéndez pasa de la jurisprudencia a intentar convencer al magistrado con argumentos banales y ridículos que resultan increíbles para cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento legal.

Como decíamos antes, el Santander está acostumbrado a que la Justicia se ponga de su parte y ejemplos hay muchos: la Doctrina Botín, el dinero oculto en Suiza o el indulto a Alfredo Sáenz son sólo algunos ejemplos. Según la argumentación presentada en el recurso, se podría pensar que el banco presidido por Ana Patricia Botín está pretendiendo la creación de una nueva doctrina legal a la carta como la que salvó a Emilio Botín de la cárcel por las cesiones de crédito, doctrina en la que fue ponente el juez Gómez Bermúdez quien, en la actualidad, defiende los intereses del Santander en un despacho de abogados.

Sin embargo, los fundamentos jurídicos banales sobre los que asienta el Santander su recurso contra su imputación penal, tienen una lectura peligrosa: la pretensión de encontrarse siempre por encima de todo el ordenamiento jurídico. La ley es la ley para todos, guste o no guste, pero es para todo. El creerse inviolable o impune y pensar que no está sometido al imperio de la Justicia es lo propio de las dictaduras. El Santander se acoge al ordenamiento jurídico cuando le favorece y, en cambio, cuando le puede perjudicar busca la creación de doctrinas legales que se ajusten a sus necesidades. Este comportamiento sólo puede definirse como un ataque al Estado de Derecho.

En el Caso Popular el Santander ya dispuso de un juez instructor «permisivo» que ha tenido que abandonar su juzgado por las fuertes presiones que estaba recibiendo para frenar esta situación que, según ha podido saber Diario16 de fuentes de extrema solvencia, le generaban vergüenza y episodios de llanto por las noches. La Ley no se puede negar ni se puede tergiversar del modo en que lo intentan tanto el Santander como Uría y Menéndez.

Ana Patricia Botín puede finalizar de un plumazo con el Caso Banco Popular sin tener que obligar a sus abogados a inventarse razonamientos jurídicos tan vacuos como los presentados en el recurso. No tiene más que abrir una mesa de diálogo con los diferentes representantes de los afectados. Nos consta que ya lo ha hecho con algunos y, de este modo, evitar que continuaran con sus querellas. Sin embargo, ese proceso debe ser extensible porque con el diálogo y el consenso la solución será beneficiosa para ambas partes. El Santander no tendrá que sufrir las consecuencias económicas de un largo proceso judicial y los afectados recibirán un justiprecio por sus títulos del Popular. Si en este país se ha logrado dialogar hasta con una banda terrorista, ¿por qué no con el Santander?

El largo proceso judicial puede ser, además, muy doloroso para el Santander puesto que la documentación que obra en poder de Diario16, que será publicada y puesta en manos de la Justicia en breve, demuestra hechos que la Justicia no podrá dejar de tener en cuenta.

Ya hemos visto en días anteriores cómo Emilio Saracho trasladó a Daniele Nouy, presidenta del Mecanismo Único de Resolución, una carta en la que intentó vender la «buena gestión» que estaba haciendo de la crisis del Popular y le exponía medidas que, en realidad, no estaba ejecutando. Le habló de la ELA del Banco de España, sin mencionar los errores de forma de la documentación presentada. De igual manera, Saracho afirmó que se estaban preparando planes de acción alternativos para una ampliación de capital el mismo día en que rechazó la oferta de Deutsche Bank. No obstante, la situación que planteaba el ex presidente del Popular en esa carta no era la real, dado que también transmitió una información manipulada respecto a las ofertas de operación corporativa de venta de la entidad (M&A).

Según Saracho «Permítame también informarle sobre el estado de nuestro proceso de doble vía (transacción corporativa y aumento de capital). En lo que respecta al proceso M&A, seguimos en contacto con cuatro posibles oferentes que inicialmente mostraron interés. Dos de ellos están realmente comprometidos y un tercero acaba de solicitar volver a ingresar al VDR. Hoy hemos enviado una carta a todos ellos en la que se sugiere una posible estructura que podría ayudar a salvar las diferencias de valoración y facilitar un acuerdo. Planeamos tener más interacción con los candidatos durante esta semana».

Recordemos que esta carta se envió el día 5 de junio a las 19.20, cuando ya hacía 24 horas que el FROB había enviado las cartas a las cinco entidades bancarias para informar de que el Popular iba a ser intervenido el día 6 de junio y que se abriría una subasta para adjudicar a la entidad. Ese mismo día 5 ya habían renunciado a entrar en el proceso CaixaBank, Sabadell y Bankia y sólo quedaban dos: BBVA, quien al día siguiente solicitó más tiempo y datos para poder estudiar la oferta a presentar en la subasta, y Santander.

Entonces, ¿cuál era la tercera entidad que había solicitado entrar en la Virtual Data Room si ya habían renunciado a entrar en el proceso los bancos antes citados? Sólo Saracho lo sabe, pero en la documentación del FROB no aparece ninguna petición de acceso más allá de las de Santander y BBVA.

Por otro lado, Saracho informa de que están en negociaciones cuando, en realidad, lo que se estaba ejecutando era el plan de resolución.

Por tanto, lo que el ex presidente estaba haciendo en esa carta era manipular lo que realmente estaba ocurriendo en España para dar una imagen de actividad constante cuando, en verdad, el Popular ya había sido sentenciado el día 3 de junio en la reunión que mantuvieron Saracho, Jaime Ponce, Elke König y otros directivos del banco, de la JUR y del FROB.