Mediterraneo Diario16

La banca española tiene miedo de la Justicia Europea en el caso del IRPH. El varapalo que las entidades financieras se llevaron con el informe de la Comisión Europea en el que se indicaba que se había aplicado una cláusula abusiva conectó todas las alarmas. Ya son demasiados golpes los que la Justicia europea ha dado a la banca española como para recibir otro que puede suponer que algunas entidades tengan crisis de liquidez o de capital para hacer frente a las indemnizaciones.

Por esta razón, Goldman Sachs hizo público la estimación del coste que tendría para los bancos españoles una resolución negativa por parte del TJUE: 44.000 millones de euros, diez veces más que las cláusulas suelo. Hay que recordar que el rescate a la banca de Europa fue de 45.000 millones, cantidad que el pueblo español no va a recuperar jamás, tal y como han indicado los supervisores. Ese informe del banco de inversión era un modo de poner sobre la mesa las consecuencias que para el sistema financiero europeo tendría una sentencia favorable a las víctimas del IRPH. Una amenaza velada.

Por esta razón, por no tenerlas todas consigo, por no contar con la impunidad de la banca con la Justicia española, las entidades han iniciado una estrategia que pasa por ofrecer a las víctimas una solución que sólo han puesto sobre la mesa cuando Europa ha entrado en juego y puede anular el índice y, por lo tanto, los bancos tendrían que devolver todo el dinero cobrado de más.

Según han confirmado a Diario16 varios afectados, los bancos con quienes tienen contratada su hipoteca referenciada al IRPH les están llamando por teléfono ofreciéndoles una modificación de su préstamo a un interés fijo que oscila, dependiendo de la entidad, entre el 1,7 y el 2% pero, en ningún caso, se les ha ofrecido la devolución del dinero cobrado de más en estos años o una cantidad concreta. Sólo el cambio de índice de referencia. ¿Por qué ahora y no hace 5 años? El miedo a lo que Europa pueda determinar tiene que ver con ello.

Esta estrategia de intentar llegar a acuerdos con los afectados, al igual que ocurre con otras presuntas estafas bancarias, no es más que un reconocimiento implícito de la responsabilidad porque si se hubiese hecho todo bien, si no existiera una cláusula abusiva, la banca no ofrece motu proprio un acuerdo extrajudicial con los afectados.

España envejece. En el primer semestre del año nacieron 179.794 bebés, casi un 6 por ciento menos que el pasado año y la cifra más baja desde 1941. Cada vez nacen menos niños y de proseguir el declive de la curva demográfica en pocos años no se podrá mantener el Estado de Bienestar. Según todos los expertos la solución pasa necesariamente por abrir la puerta a más personas inmigrantes y por conceder incentivos y subvenciones estatales para que las familias con menos recursos puedan plantearse traer niños al mundo. Sin embargo, la Iglesia española tiene otra receta muy distinta: el viejo proverbio bíblico de “creced y multiplicaos”.

Al menos ese es el mensaje que suele propagarse a través de los medios de comunicación que controlan los obispos, como la Cadena Cope, donde el pasado martes uno de sus articulistas, por cierto una mujer, hacía este análisis sobre el grave problema demográfico que padece nuestro país desde hace años: “O nos concienciamos todos en la necesidad de aumentar la natalidad o España se muere”. Una vez más, lo que es un problema social se acaba convirtiendo en una cuestión política y de simple patriotismo.

Según la emisora de la Iglesia, “hay analistas” que le echan la culpa de la baja natalidad “a la ausencia de recursos económicos, otros a la emancipación de la mujer o a la falta de medidas de conciliación”. La editorialista no aporta ni un solo nombre sobre esos supuestos expertos que atribuyen el envejecimiento de nuestro país al hecho de que la mujer haya accedido al mercado laboral, igualándose con el varón. Y probablemente no aporte esa información porque ningún economista serio en su sano juicio se atrevería a vincular la baja natalidad con la incorporación de la mujer al trabajo. Sin embargo, ese es el mensaje subliminal que se propaga y que luego es recogido por grupos extremistas como Vox, que ya ha anunciado la abolición de la ideología de género en el caso de que lleguen a gobernar algún día. De ahí a que la mujer se quede en casa pariendo hijos y criándolos para el Estado, en un retorno a la pesadilla franquista, hay un solo paso.

También suele pasar por alto la Iglesia que solo la inmigración podrá salvarnos del colapso a causa del envejecimiento demográfico. Los extranjeros aportan no solo hijos, sino también productividad e impuestos con los que podremos hacer frente a las pensiones en los próximos años. Vox, en una de sus grandes mentiras, oculta a los españoles que sin inmigración no habrá prosperidad ni crecimiento económico, sino más bien ruina y miseria. “Por encima de todo, y aunque no sea políticamente correcto decirlo, se trata de valores y de cultura. Nuestros padres y nuestros abuelos tenían más hijos y no vivían mejor que nosotros, como tampoco tienen mejores condiciones de vida los inmigrantes, que también tienen más vástagos que los nacionales”, concluye el texto de la articulista de Cope.

Lo que a estas alturas parece más que comprobado es que la situación económica de un país juega un papel fundamental en el crecimiento demográfico. La natalidad en España registró un máximo en el año 2008, con 519.779 nacimientos. Desde entonces, justo cuando estalló la recesión, el número de alumbramientos se reduce a un ritmo de entre el 3 y el 5 por ciento anual. Según estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la crisis económica redujo drásticamente la fecundidad de los trabajadores temporales y parados, aunque no tanto la de trabajadores con contratos fijos. La Iglesia quiere hijos con los que poblar España pero no dice nada sobre las injusticias sociales que trajeron las políticas de recortes puestas en marcha por los gobiernos de Mariano Rajoy. Y es que está demostrado que para que aumente la fecundidad tienen que darse unas condiciones mínimas que permitan a las parejas contar con una cierta seguridad y una estabilidad económica. Una buena parte de los españoles cree que traer niños al mundo alegremente, sin previsión de poder mantenerlos, es una irresponsabilidad. Así lo hace constar un tuitero en las redes sociales: “Tengo 33 años, una carrera, un máster, estoy acabando el doctorado. En mi vida laboral hay menos de 4 años cotizados. Cobro menos de 1.000 euros al mes. 400 se van al alquiler. Mi contrato termina en 11 meses. ¿Cómo cojones esperan que tenga hijos si casi no puedo mantenerme yo?”.

La Iglesia debería reflexionar si la escasa natalidad en España no tendrá algo que ver con las políticas neoliberales, con ese mercado salvaje que ha impuesto el PP y sus elites financieras y con ese abandono contumaz que sufren 10,2 millones de españoles cuya renta se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (un 22,3% de la población). En Suecia, por ejemplo, el Gobierno ofrece a cada familia una media de 110 euros al mes por hijo hasta que este cumple los 16 años. Todas las etapas educativas son gratuitas y hay una amplia red asistencial. En nuestro país se habla poco de planes sociales pero mucho de la unidad de la nación, de la bandera y del patriotismo. Los medios afines a la derecha no hacen otra cosa que enaltecer esos conceptos anacrónicos con los que lamentablemente crecerá el fervor patriótico pero no aumentará la curva de natalidad. Porque, por mucho que se empeñe la Iglesia católica, aquello de llamar a las mujeres a engendrar una prole por el bien de España, como se hacía en los años oscuros del nacionalcatolicismo, ya no cuela.

El pasado 18 de mayo el soldado Antonio Carrero Jiménez, de 27 años, murió en un accidente de tráfico cuando viajaba en un vehículo blindado del Ejército español durante una misión militar en Malí. Hoy se ha sabido que su carro de combate, del modelo Lince, no había pasado la ITV, según un informe que la Guardia Civil ha remitido a la juez togado que investiga las causas del siniestro y que publica hoy el diario El País.

El fatal accidente que sufrió el infante Carrero no es un caso puntual sino la punta del iceberg de una cadena de fatales siniestros que apuntan al mal estado de los blindados utilizados por el Ejército en sus misiones internacionales, según ha podido saber Diario16 por fuentes militares. Al menos 40 soldados han fallecido en similares circunstancias en los últimos años y todos con un denominador común: las víctimas viajaban en dos modelos de blindados bajo sospecha, el BMR y el citado Lince. Solo entre el pasado 18 de mayo y el 2 de junio perdieron la vida 4 soldados en estos vehículos cuya operatividad y seguridad están bajo sospecha.

Ambos vehículos están considerados como “muy peligrosos”, ya que no van adaptados de torretas móviles y el soldado de vigilancia que se sitúa en la parte superior con su ametralladora está literalmente “vendido” en el caso de que el carro sufra un accidente y termine volcando. En ese tipo de siniestros el militar suele morir aplastado por el vehículo blindado o sale del percance con graves heridas, incluso sufriendo una paraplejia de por vida.

Entre los destacamentos españoles en misiones internaciones estos vehículos son conocidos como los “carros de la muerte” y pese a que la situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, el Gobierno español no ha hecho nada por remediar el problema, que pasa necesariamente por la sustitución de los blindados obsoletos. Los técnicos del Ejército saben perfectamente que los BMR y Linces no deberían seguir operativos, pero el plan de renovación de la flota de vehículos no termina de llegar y las vidas de los soldados se siguen poniendo en grave riesgo.

Fue el Gobierno del Partido Popular el que se encontró con el problema y por lo visto durante años lo ocultó a la opinión pública. La cuestión es por qué el Ministerio de Defensa decidió no trabajar solo con el RG31, un modelo mucho más moderno y mejor adaptado, más fiable y que dispone de torreta móvil. De hecho, no existen precedentes de soldados fallecidos con este tipo de carro de combate. Es decir, cuando el RG31 sufre un accidente, el vuelco posterior no aplasta al soldado gracias a la torreta móvil. Sin embargo, alguien en el Gobierno de Mariano Rajoy dio la orden de seguir utilizando los BMR y Linces pese al riesgo que se corría en una reedición de la nefasta gestión que se hizo en el caso Yak-42.

“Están dejando morir a nuestros soldados. Cuando empecé a escribir mi libro llegué a pedir datos al Ministerio de Defensa porque quería saber cuántos de estos carros blindados siguen circulando en la actualidad. Nunca recibí respuesta”, explica el ex teniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, autor de El libro negro del Ejército.