Miedo. Terror. Pavor. Todo esto es lo que sienten los barones socialistas que se están aplicando aquello de «cuando las barbas de tu vecino veas pelar…». Después de lo acontecido en Andalucía han salido en tromba a postularse del lado del mismo constitucionalismo del PP y Ciudadanos, contra lo que acontece en Cataluña. No es que antes se callasen frente a las locuras de Puigdemont y Torra, pues fueron los más combativos en el PSOE junto a Susana Díaz, sino que, frente a la aparente inacción del Gobierno que está aplicando la «terapia ibuprofeno» (Borrell dixit), piensan en defender la unidad de España sin ningún género de dudas. Javier Lambán, presidente de Aragón, y Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, han defendido esta semana, entre otras cuestiones, la posible ilegalización de los partidos independentistas mediante la aplicación de la Ley de Partidos.
La deriva sin sentido de Quim Torra, apoyada por el huido Puigdemont, de acudir a una especie de vía eslovena —que parece que no saben realmente qué es en realidad— para lograr la independencia de manera violenta, ha generado en ambos dirigentes la defensa de la España constitucional; de la España de bandera a 2,50 euros; de la España imperial de Casado; de la España más próxima a Ramiro Ledesma y Javier Pradera que al patriotismo constitucional bajo la mirada atenta de Jürgen Habermas. Si bien es cierto que la izquierda no debe apoyar por más tiempo a los partidos secesionistas catalanes, no deja de serlo que la propuesta de ambos dirigentes socialdemócratas es completamente antidemocrática. ¿Piensan Lambán y Page que, por ilegalizar a los partidos, el movimiento independentista va a desaparecer? Cualquiera que analice los movimientos sociales y políticos a lo largo del tiempo sabe que no desaparecerán, más bien al contrario, se generaría un conflicto mayor. No es posible que dos personas que dicen haber mamado la socialdemocracia desde jóvenes apoyen postulados del odio, de la prohibición, de la limitación de la pluralidad de opiniones que es propia de las democracias liberales en las que se vive en Europa. Es más, la institucionalización de esas demandas, por medio de los partidos, permite al sistema la deliberación y el diálogo que de otra forma no sería posible.
Desmontar al contrario con las armas que ellos niegan a su propia población, hacerles ver que existen canalizaciones instituidas para el debate y mostrar al pueblo catalán que quienes realmente no son demócratas son ellos y sus postulados, en muchos casos racistas y elitistas, es una victoria de los valores democráticos. En Gran Bretaña, el SNP escocés está en Westminster y perdió un referéndum que logró por medios dialogantes. En Quebec sucedió lo mismo. Ahora esos partidos persisten en sus demandas pero nadie puede decir que Reino Unido o Canadá son países poco democráticos y nada pluralistas. Se derrotó al nacionalismo secesionista con las armas de la democracia y la legalidad. Ilegalizar a PdCAT, ERC y CUP provocaría el efecto contrario al deseado y la respuesta internacional podría también cambiar. De hecho, eso es lo que están buscando y las derechas están haciéndoles el caldo gordo. Por eso sorprende que dos socialdemócratas caigan en la trampa de Puigdemont y compañía.
Aunque el miedo es libre, sin duda, y pensando que en Andalucía ha pesado más el voto en términos estatales que la mala gestión de una Susana Díaz soberbia y entregada a la demagogia y el austericidio de los servicios públicos, les lleva a una estrategia errónea. Lambán y Page, mal que bien, están haciendo una gestión buena con las limitaciones propias de un país que tiene una deuda del 98% del PIB. Su gestión, al contrario que la de Díaz, se ha centrado en sostener lo social en unos niveles altos y en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, pensar que a ellos les puede pasar lo que a la sevillana es un análisis erróneo. Ellos no despiertan entre la mayoría de la población el odio que sentían en Andalucía hacia Díaz (cuestión bien distinta es dentro de su partido donde son odiados, aunque no tuvieron los contrarios la fuerza de sacarlos). El fenómeno Vox, en esas regiones que son de esa España vacía, puede que haga mucho más daño a PP y Ciudadanos en Castilla-La Mancha y Aragón que al PSOE. Además, habiendo mostrado por activa y por pasiva su defensa de la unidad constitucional durante muchos años, algo que calló Díaz en su campaña por ser la más andaluza cuando le habían robado ya la bandera, no se les puede achacar falta de compromiso. Inexplicables, por tanto, sus declaraciones.
¿Por qué no piden la ilegalización de los neofascistas de Vox?
Tendría mucho más sentido que hubiesen pedido la ilegalización del neofascismo de Vox, por lo que pudiera afectarles en sus propias regiones, que la de los secesionistas catalanes. En los medios rurales Vox, mediante la técnica que ya describimos de segmentación del mensaje por vía del Big Data y la unidad de España, está penetrando de forma muy rápida. El aldabonazo de Andalucía y la presencia constante en los programas de televisión —lo que supone un blanqueamiento del movimiento neofascista— genera un mayor apoyo a sus posiciones, pero en detrimento del PP y Ciudadanos. Las propuestas de Vox son claramente anticonstitucionales, como las de los secesionistas. Entonces, ¿por qué no pedir su ilegalización?
Debe ser porque defienden al españolista. Esa bandera rojigualda que Page y Lambán tanto adoran es como un velo de la ignorancia para no observar que por mucho que Vox y Santiago Abascal defiendan la unidad de España, realmente lo que quieren es otra cosa: acabar con los valores democráticos. Está bien que ambos barones se sientan más españoles que nadie aunque el patriotismo constitucional no puede defenderse mediante una vuelta a tradiciones inventadas durante el franquismo y con tintes realmente fascistoides más cercanos a Gonzalo Fernández de la Mora que a los constitucionalistas de 1978. La defensa de la unidad de España les nubla y no observan que Vox es tan amenaza como Puigdemont. Algo insospechable para dos personas que se dicen socialdemócratas y, en el caso de Lambán, se le suma que es historiador y algo de esto debería saber.
Todas sus palabras, las de Lambán y Page, están encaminadas a separarse del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ven incapaz de hacer una defensa de España desde algún postulado que sirva para unir. No obstante, han de analizar también si jugar en el terreno que quieren las derechas españolas para no perder la hegemonía del discurso sobre España. Esa división de las derechas puede beneficiarles, sin necesidad de ser más españolistas que nadie porque habrá una división del voto que les podría permitir seguir gobernando. De hecho, esta misma semana, García-Page le ha parado los pies a la ministra Teresa Ribera que se había lanzado a lanzar soflamas contra la caza (algo muy legislado en Castilla-La Mancha, como ha explicado el manchego) sin conocer realmente lo que sucede a pie de obra. Este tipo de acciones, que le ha costado a la ministra envainarse sus palabras por desconocimiento, son mucho más útiles en términos electorales que hacer de corifeos de Vox. Esto genera que no se pierdan votos, como le ha pasado a Díaz, aunque tampoco los gane. Por eso la división de las derechas les puede resultar beneficiosa, pero parecen no verlo.
Ser de los más tradicionalistas del PSOE les ha servido para gobernar durante estos años. Se han adaptado a su entorno perfectamente y gestionan sus comunidades desde parámetros diferentes a los que se gestionan un gobierno estatal o las grandes urbes metropolitanas. Si quieren ganar las próximas elecciones deberán alentar la participación de aquellas personas que se sienten cercanas a lo que representa el PSOE, incluso podrían captar voto del miedo de Podemos e IU. No obstante, para eso no hay que envolverse en una bandera de 2,50 euros, sino señalar claramente al peligro que supone Vox para la democracia y para una ciudadanía que perdería de golpe los servicios sociales que forman parte de la igualdad de oportunidades que ellos defienden vivamente. Una sociedad que perdería la libertad, bastante restringida por lo económico, para pasar a ser tratados como esclavos productores de riquezas para los poderosos. Unas mujeres que perderían todo por lo que han luchado durante tantos años. Puigdemont y Torra, como máximo, pueden romper una parte de España, Vox puede acabar con la democracia.
