lunes, 19 enero, 2026

Nace la Plataforma “@Comunicadoras8M”, por un periodismo digno y feminista

Amparo Panadero
-
0
Nace la Plataforma “@Comunicadoras8M”, por un periodismo digno y feminista

Esta Plataforma nace de las firmas recogidas por el movimiento #LasPeriodistasParamos, suscribiendo uno por uno todos los puntos del manifiesto que se generara el pasado año en torno al 8 de Marzo y que promovía la lucha contra la brecha salarial y techo de cristal,  la precariedad laboral, el acoso laboral y en redes, así como la corresponsabilidad.

La Plataforma Comunicadoras8M exige a los medios de comunicación que velen por la función social que han de cumplir en las sociedades democráticas y, en consecuencia, por un #Periodigno que incorpore de manera plena en su línea editorial los valores de igualdad, equidad y libertad de las personas. Esto implica un posicionamiento contundente y comprometido en las informaciones sobre cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, atendiendo especialmente a las noticias sobre violencia y mercantilización de sus cuerpos.

En este sentido, este colectivo propone que se extreme el cuidado en las noticias sobre violencia machista y poniendo el foco en el agresor, no en la víctima. Dar voz a especialistas y restar el protagonismo a las voces del entorno.

Asimismo, Comunicadoras 8M propone la creación de contenidos que luchen contra la mercantilización generalizada de los cuerpos de las mujeres, rechazando cualquier iniciativa que la promueva; asegurándose de que las imágenes de las mujeres en la publicidad o en las informaciones reflejen la diversidad del sexo femenino, la pluralidad de tallas y edades, así como otros aspectos físicos de las mujeres. Un periodismo que se rija por criterios de profesionalidad y no de estereotipos de imagen y cánones de belleza, en el caso concreto de las profesionales de TV.

El nuevo colectivo exige al Gobierno medidas encaminadas a lograr la igualdad en los medios de comunicación como Certificados de igualdad para empresas de comunicación, donde se vele por un periodismo feminista;  Delegadas de Igualdad de Género en todos los medios de comunicación para garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad dentro de cada empresa y de cada área o departamento; Un observatorio de noticias machistas dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través del cual se denuncie el enfoque sesgado y discriminatorio, con petición de rectificación a los medios que las publiquen o emitan y sanciones a aquellos que no lo cumplan en tiempo y forma.

Caso Banco Popular: aumenta la magnitud de las causas de estafa

Esteban P. Cano
-
0
Caso Banco Popular: aumenta la magnitud de las causas de estafa

Tal y como publicábamos en el día de ayer, fuentes jurídicas consultadas por Diario16 nos confirmaron que el informe de valoración 3 hecho público por Deloitte en el mes de abril de 2018 está basado en un Reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el día 9 de marzo.

En concreto, Deloitte afirmó en su valoración que había entregado el informe a la Junta Única de Resolución (JUR) el día 23 de marzo, es decir, sólo unos días después de que el Reglamento fuera publicado en el DOUE.

Sin embargo, el escándalo va aún más allá si tenemos en cuenta los procedimientos de entrada en vigor de los Reglamentos europeos. Al que nos estamos refiriendo se publicó en el DOUE el día 9 de marzo. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en España en que la entrada en vigor se corresponde con la fecha en que se publica el correspondiente texto legal en el Boletín Oficial del Estado, en Europa tiene un periodo de carencia de 20 días. Por lo tanto, dicha norma no era efectiva hasta el 29 de marzo y Deloitte entregó el informe de valoración 3 a la JUR el 23, seis días antes.

Esta es la mejor demostración de que el Reglamento fue creado ex profeso para que el informe presentado por la consultora y aceptado por la Junta Única de Resolución tuviera apariencia de legalidad cuando, en realidad, todas estas irregularidades dan nuevos motivos a los afectados para solicitar ante la Justicia la nulidad de la resolución y, por ende, de la venta por un euro al Santander.

Como hemos indicado en multitud de ocasiones, la resolución del Banco Popular y su camino judicial se están convirtiendo en la mejor muestra de cómo las instituciones que deberían supervisar al sector financiero se ponen, precisamente, al servicio de esas entidades cuando tienen necesidades o se encuentran en serio peligro de quiebra, sin importar las consecuencias que puedan surgir. La improvisación de un método de resolución, la aplicación de un sistema pensado para problemas de solvencia, la aceptación de informes de liquidación cuando el Popular no estaba quebrado, etc. forman un círculo de inseguridad a todos los ciudadanos europeos en el que nadie está a salvo cuando un gigante encuentra dificultades.

No obstante, esa improvisación, precisamente, generó tantos errores que se están convirtiendo en causas de anulación. ¿A qué espera la Justicia?

Carlos Lesmes y Díez-Picazo lo tenían todo planeado

Juez Fernando Presencia
-
0

Carlos Lesmes y Díez-Picazo lo tenían todo planeado de antemano. Sabían que la sentencia de la sección 2ª iba a ser desfavorable a la banca y decidieron no intervenir, para poder avocar al Pleno después.

El presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, sabía cuál iba a ser el sentido de la sentencia de las hipotecas porque formaba parte de la sección 2ª que la dictó, pero no quiso firmarla.

Las disculpas públicas de Lesmes reconociendo que hubo una mala gestión en el asunto de la sentencia de las hipotecas fue en realidad un paripé.

Díez-Picazo intentó justificar el escándalo organizado por él mismo cuando suspendió todos los recursos pendientes ante la sección 2ª especializada en tributos, alegando que el presidente de esa sección, Nicolás Maurandi, no le informó del sentido del fallo de la sentencia que había puesto en jaque a la banca española.

Sin embargo esa excusa era absolutamente falsa porque Díez-Picazo  sabía perfectamente cuál iba a ser el sentido de la sentencia de las hipotecas, o por lo menos tenía la obligación de saberlo, porque cuando se trata de resolver recursos de casación – como era el asunto de las hipotecas- es necesario que concurran a la vista o deliberación y fallo los 8 integrantes de la sección  además del presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (art. 15 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa –LRJCA-).

Además no se daban los requisitos para la avocación al Pleno porque no había sentencias contradictorias. Las 3 últimas sentencias de la sección 2ª, única competente en materia de tributos, eran todas idénticas sin que hubiera contradicción entre ellas.

Con la avocación al Pleno se trataba de dar un vuelco a la nueva tesis de la sección 2ª, favorable a los clientes hipotecarios, poniendo en práctica un lance propio de la “teoría de juegos”.

En el debate del Pleno, Díez-Picazo quiso saber exactamente cuántos votos existían a favor de cada una de las 2 tesis, a favor de los clientes y a favor de la Banca. Para ello dividió la postura a favor de los clientes creando una 3ª tesis (a favor de los clientes, pero sin retroactividad) a la que se alineó y sometió a votación, que se perdió. Luego sometió a votación exclusivamente las otras dos tesis, sabiendo que la tesis a favor de los clientes había quedado reducida a los partidarios de la retroactividad, al quedar fuera de la votación la tesis de la irretroactividad, que se sumaron a la tesis a favor de la banca.

El resultado a favor de la Banca se aseguró finalmente con el voto de Díez Picazo, que cambió entonces de criterio traicionando también la tesis a favor de los clientes.

Carlos Lesmes remataría después el paripé anunciando públicamente en una nueva rueda de prensa que la culpa la tenía el legislador, por la supuesta oscuridad e insuficiencia de la Ley.

La banca ya tendría cómo evitar la reforma de Sánchez

Santiago Aparicio
-
0
La banca ya tendría cómo evitar la reforma de Sánchez

Si llevan tantos años dominando el mundo, tanto como para que los Estados saliesen en su ayuda, es de suponer que fracción financiera tendría algo planeado si el Tribunal Supremo hubiese demostrado firmeza y no venderse al poder financiero como han hecho. Ya se comentaba en los entornos financieros que tenían una solución, aunque preocupaba y mucho el tener que abonar los 5.000 millones de los últimos cuatro años. Estaba todo pensado y afinado, en una decisión oligopolística de los señores del dinero. Por tanto, la decisión del presidente Pedro Sánchez no les pilla con improvisaciones, sino bien al contrario, bien pertrechados para no comerse el coste del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Pagarán al final los que venían pagando.

Mañana el consejo de Ministros y Ministras clarificará que en el AJD el sujeto pasivo es el prestamista, no el prestatario como se venía entendiendo hasta el momento. Clarificará pero lo acabarán pagando los ciudadanos por mucho que Sánchez dijese ayer que entendía que no lo harían los bancos. Pues aprovechando que el Euribor subirá, los bancos van a subir un 0,1% los intereses para asumir ese coste de 640 millones de euros al año que calcula Moody’s que será el coste para las entidades financieras. Parece nuevo en esto el presidente del Gobierno, justo él que estuvo en la Asamblea General de Cajamadrid/Bankia, como para confiar en que la banca va a asumir un coste de 640 millones sin decir ni pedir nada. La medida, en sí, le sirve a Sánchez para hacer demagogia política y quedar bien ante una izquierda que llamaba a la acción en las calles. El presidente con esta jugada, que se venía solicitando hace tiempo, y que será temporal porque hasta es posible que desparezca el impuesto en la nueva ley hipotecaria que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, se apunta a cosas de izquierdas para que no le coman el terreno.

Tampoco se han quedado atrás los partidos de derechas en el sentido de la demagogia. Pablo Casado ha afirmado que cuando gobierne quitará el impuesto, superando de esta forma a Albert Rivera que ha salido a criticar al bipartidismo de esta afrenta contra el pueblo, y por eso él también lo quitará o se lo pondrá a la banca que, por hoy, es mala. “El bipartidismo también es responsable de la sentencia del Supremo sobre las hipotecas porque durante 23 años no ha tocado una coma de una ley ambigua” ha dicho Rivera, con cierta razón sin que sirva de precedente. Ha debido pedir permiso, eso sí, al Ibex-35, consciente de que acabarán quitando el impuesto en la nueva ley hipotecaria, para hacer cuñadismo ideológico. Y de paso ha pedido que se legisle para que el poder Judicial sea realmente independiente… de los políticos, que no de la fracción financiera, o de la empresarial. De esos no que son los que le apoyan a él.

Sin embargo, a la izquierda no le vale con esta clarificación porque entienden que se han saqueado otros 5.000 millones de euros a los ciudadanos y ciudadanas. Pablo Iglesias así se lo ha querido dejar claro a Sánchez: “La propuesta del Gobierno es a partir de mañana paga la banca. Está bien pero no basta. Hay que legislar para hacer lo que dijo la sección II de la sala III del TS: devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben. Así lo propondremos en el Congreso”. Ya sabe, por tanto, Sánchez que Podemos le va a pedir que el dinero se devuelva a las personas y que se vayan devolviendo los 60.000 millones del salvamento, que ya va siendo hora. Un problema que el acto demagógico del presidente no va a salvar.

Por su parte Alberto Garzón, desde Bruselas, ha sido mucho más duro y contundente con Sánchez y el Supremo. Al presidente del Gobierno le ha señalado al decir que su propuesta es “insuficiente y un simple gesto para salir del paso”. Además entiende el dirigente de IU que “llega tarde y en ningún caso permite a las familias hipotecadas recuperar el dinero pagado por este concepto”. Insiste, como hiciera Iglesias después en esos dineros, miles de millones, que las familias españolas de toda condición van a perder. Tiene claro Garzón que la acción del Supremo “tiene como simple objetivo neutralizar la oleada de reclamaciones respecto a las hipotecas concedidas en los últimos cuatro años, lo que llevaría a los bancos a pagar el citado impuesto y sacaría, al menos, entre 6.000 y 8.000 millones de euros de sus nutridas cuentas de beneficios”. Y como sabe que los bancos aumentarán las hipotecas, tal y como hemos contado, advierte que hay que ir más allá: “Los bancos disponen de suficiente poder para incrementar el coste de las hipotecas en una proporción similar al impuesto que se pretende que paguen. La única forma de corregirlo es reduciendo su poder, algo que la propuesta de Pedro Sánchez ni se plantea”.

Las movilizaciones siguen convocadas para el sábado, ahora habrá que ver si el silencio del martes del PSOE (incluso con algún tuit levantado), y la modificación aclarativa son suficientes para frenar el enfado de la ciudadanía ante una nueva barrabasada del poder judicial. Con esta acción el gobierno de Sánchez ha pretendido salvar la cara de la judicatura, esa misma que está infectada, y no hacer mucho daño a la banca. Son conscientes que ese 0,1% de van a colar de rondón les proporcionará incluso más beneficio del impuesto pagado. Todos contentos salvo la ciudadanía que está llegando a su límite de tolerancia. Igual la propuesta del gobierno no ha servido, porque tampoco ha ido acompañada de la derogación de la ley mordaza para que las personas de bien se acaben acordando de parientes de políticos y jueces en su enfado. Al final, desde el gobierno ha habido miedo a tener que soltar en primera instancia las comunidades autónomas los 5.000 millones y luego esperar para cobrarlos, y tampoco se descarta el miedo a la banca, a la fracción financiera que es la más poderosa de la clase dominante. Y si no lo creen sólo les basta con observar la subida de los bancos en bolsa: saben que no pagarán.

El desprestigio de la Justicia pone en peligro a la democracia española

José Antequera
-
9
El desprestigio de la Justicia pone en peligro a la democracia española

La postura del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas (fallando a favor de los bancos y condenando a miles de clientes a pagar los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados) no solo supone que la Justicia española se haya pegado un tiro en el pie, sino que de rebote también se lo dado a la democracia española, ciertamente devaluada tras los últimos grandes casos que han afectado a los cimientos mismos del Estado de Derecho. En los últimos cuatro años el estamento judicial de nuestro país ha ido dictando una serie de polémicas resoluciones que han supuesto un serio recorte no solo a las libertades, sino a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya se vio venir la ola judicial conservadora cuando Mariano Rajoy solo fue citado en calidad de testigo en el juicio de la Gürtel, a pesar de que resultaba harto evidente que en los papeles de Bárcenas figuraban inquietantes pagos a nombre de un tal “M. Rajoy”. Sin embargo, la Justicia pasó de puntillas por tan escabroso asunto y dejó irse de rositas al ex presidente del Gobierno.

Tampoco se abrió una investigación judicial ‒aunque solo fuera de cara a la galería, como suele decirse‒, cuando vieron la luz las polémicas grabaciones de Villarejo en las que la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la “amiga entrañable” del rey emérito, acusaba al monarca de ser poco menos que un comisionista y de tener dinero oculto en cuentas opacas en el extranjero. Esta vez era la seguridad del Estado la que estaba supuestamente en juego, y por supuesto también la inviolabilidad de Juan Carlos I. Caso cerrado. O mejor dicho: no hay caso.

Pero es que mientras todo eso sucedía en la Justicia española, corroyendo la credibilidad e independencia del sistema, el caso de las preferentes de Caja Madrid era archivado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu con el argumento de que no había quedado acreditado que las acciones se emitieran para “engañar a los inversores de forma global”, descartando lo que para muchos ha sido una de las mayores estafas de la historia reciente de nuestro país. La investigación inicial se centraba en dos emisiones de Bancaja (1999 y 2000) por valor total de 600 millones de euros y otras dos de Caja Madrid (2004 y 2009) por importe de 1.140 y 3.000 millones de euros respectivamente. Miles de españoles vieron cómo la posibilidad de reclamar su dinero se esfumaba para siempre, la misma desazonadora intuición que tienen ahora mismo más de 305.000 familias afectadas por la compra del supuestamente quebrado Banco Popular a manos del Santander por la cantidad de un euro, una broma macabra que en cualquier país avanzado del mundo se habría penado ya con durísimas penas de cárcel. Aquí todo apunta a que ese sumario seguirá el mismo camino que los anteriores, o sea el del contenedor de basuras de la Audiencia Nacional. Hay que abrigar a la banca, no vaya a ser que se constipe.

Por si fuera poco, la instrucción del sumario contra los líderes independentistas catalanes impulsores del procés ha estado plagada de “chapuzas judiciales”, unas más gruesas que otras, hasta que finalmente órganos judiciales europeos han terminado dictaminando que nunca existió la rebelión violenta e insurreccional que sí vio el juez Pablo Llarena. A pesar de todo, el procesamiento de Oriol Junqueras y los suyos ha seguido el curso que parecía trazado de antemano, como si ninguna autoridad europea se hubiese pronunciado en contra de un sumario bajo sospecha de manipulación política. ¿Con qué autoridad moral encara el Supremo, tras el tocomocho de las hipotecas, el crucial juicio al procés fijado para primeros del año próximo? ¿Cómo se puede pretender que el ciudadano no sospeche que si unos magistrados se han plegado al poder de los mercados no harán lo mismo ante el poder político de la ultraderecha revanchista ansiosa por que un grupo de indepes pudra sus huesos en la cárcel?

Podríamos seguir enumerando casos de decisiones judiciales cuanto menos controvertidas que dejan un poso amargo en el ciudadano, la extraña sensación de que las moscas más grandes casi siempre terminan atravesando (y hasta rompiendo) el filo hilo de araña que teje la Justicia. No haría falta recordar que en nuestro país hay músicos, artistas y hasta pobres titiriteros perseguidos por sus ideas (algunos incluso han tenido que salir por piernas del país tras ser acusados de enaltecimiento del terrorismo) ni que un actor, Willy Toledo, está actualmente procesado por blasfemar contra Dios, una distopía descabellada que ni el más febril guionista de Netflix hubiese imaginado. El último revés se ha producido esta misma semana, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado al Estado español porque el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, no tuvo un juicio justo.

Resulta obvio que el polémico acuerdo al que llegaron ayer los 28 magistrados de la Sala Tercera a cuenta de la sentencia de las hipotecas lleva a muchos españoles a concluir que la Justicia está sin duda teledirigida por los poderes fácticos (políticos, económicos, financieros) y razones para pensarlo no les falta. Es entonces cuando cunde la desafección, crece el descrédito de un órgano tan importante como el Tribunal Supremo y las sospechas de tongo alimentan la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Que pueda cuestionarse la imparcialidad del sistema judicial en un Estado de Derecho es algo extremadamente grave, quizá lo más grave que puede sucederle a un Estado, ya que la Justicia es un pilar básico del funcionamiento de cualquier democracia.

Así no extraña que las asociaciones de juristas hayan alertado del delicado momento en el que nos encontramos, con una Justicia que parece haber caído en manos del sector más reaccionario y neoliberal de la sociedad. Algo está pasando con nuestros jueces y nada bueno. Según fuentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el Gobierno debería controlar las supuestas vinculaciones de miembros de la carrera judicial con el poder financiero de nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a las puertas giratorias y a la organización de cursos para juristas organizados por la banca. “El patrocinio privado a las asociaciones de jueces y de fiscales puede dar una imagen distorsionada de la Justicia española y de nuestras profesiones”, ha alertado la asociación. Para evitarlo, UPF insiste en la necesidad de mandar un “mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de la justicia”, y añade: “Nos parece interesante reabrir el debate sobre la conveniencia de recibir fondos de entidades con las que posteriormente es posible que existan intereses en conflicto”. Precisamente Diario16 publicaba el pasado 28 de octubre un artículo firmado por José Antonio Gómez bajo el título Las elites controlan la independencia judicial en el que se aseguraba que diferentes asociaciones profesionales, tanto de jueces como de fiscales, mantienen “contratos de patrocino con el Banco de Santander, un hecho que, en medio de la polémica por el comportamiento errático del Tribunal Supremo respecto a la sentencia del pago del impuesto de actos documentados de las hipotecas, cobra una relevancia mayor”.

Según la Unión Progresista de Fiscales, dichos patrocinios, “más aún cuando se trata de entidades bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad que las carreras judicial y fiscal deben proyectar a la ciudadanía, fundamento del riguroso régimen de incompatibilidades al que estamos sometidos”. Para tratar de limpiar la imagen de adocenamiento de cierto sector de la judicatura respecto a las entidades bancarias, en el año 2010 la UPF asumió el compromiso ético de rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada, y lo ha venido manteniendo de manera estricta. Además, la asociación añadió que “no ha recibido nunca patrocinio alguno. De la misma manera defendemos que estamos ante una cuestión deontológica que merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal”. Y concluye: “Por todo ello, con el fin de preservar la imagen de la Justicia, creemos que este compromiso ético ha de ser compartido por todas las asociaciones judiciales y fiscales, e invitamos a todas ellas a integrarlo. Para que ninguna sombra pueda oscurecer este servicio público para el que, día a día, jueces y fiscales trabajamos con vocación e implicación”.

Por su parte, desde Jueces para la Democracia, el magistrado Joaquim Bosch asegura que “cuando el diseño del Tribunal Supremo permite potencialmente las presiones partidistas o de las entidades bancarias, nuestro sistema de justicia pierde toda credibilidad ante la sociedad. Necesitamos un poder judicial al servicio de las personas y no de los grupos privilegiados”.

Ante tal avalancha de críticas, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, ha tenido que salir al paso durante un acto oficial para asegurar que todos los magistrados que tomaron parte en la sentencia de las hipotecas han actuado, “y que no tenga dudas la sociedad, con absoluta libertad e independencia de criterio”. Unas palabras que demuestran lo alejados que están sus señorías del Supremo de la opinión pública y de la calle.

Cospedal, la última víctima del sorayismo

Santiago Aparicio
-
0
Cospedal, la última víctima del sorayismo

Pura lógica en este tiro de gracia que han querido dar a María Dolores Cospedal, y de paso a los “rajoyistas” como veremos: es fuego amigo. No se sorprendan y sigamos con la lógica de las grabaciones del ex-comisario Villarejo. ¿Quiénes pueden haber accedido a las grabaciones del infausto policía? Por un lado Asuntos Internos, por otro lado el CNI y más allá, en la lejanía, la judicatura. Estas grabaciones no se confiscaron hace tres días como aquel que dice, sino que llevan años a buen recaudo, tanto en tribunales, como en la Policía Nacional, como en el CNI. ¿Quiénes dirigían esos gabinetes y pueden tener intereses futuros? Descartando a Rafael Catalá, que estaba con Cospedal y se ha colocado bien con Casado, y por tanto el ministerio de Justicia, quedan los otros dos organismo. Si Asuntos Internos, Interior por tanto, era de Juan Ignacio Zoido, amigo de Cospedal, sólo queda el CNI como organismo de filtración. Y ¿de quién dependía el CNI? ¡Exacto! De Soraya Sáenz de Santamaría. Un cuerpo sorayista que tendría ganas de acabar con la dirigente albaceteña, como quiso acabar con Cristina Cifuentes (buena amiga de esta última).

Sí todos los ojos apuntan al sorayismo que quiere dejar, ahora que el PP está en proceso de renovación parcial, yermo cualquier recorrido futuro de la perdedora de las primarias. Pablo Casado entienden que va a acabar pegándose él solo un tiro en el pie, por eso nada mejor que eliminar a quienes podrían competir o, mejor dicho, a quienes tienen un control mayor del aparato interno que los propios. Una parte de estrategia política, ahora que el daño es menor, y una parte de venganza por las cuestiones del pasado. No han asimilado en el sorayismo la derrota y trabajan poco a poco en la vuelta de la “niña” mimada del establishment. ¿No ven extraño que de todas las conversaciones que habrán tenido Cospedal, su marido y Villarejo sólo haya salido lo de espiar a Javier Arenas? El dirigente andaluz es sorayista, como lo es Juanma Moreno. Y, además, se difunde que Mariano Rajoy, que aún podría mover alguna ficha en favor de Feijóo o Casado, sabía todo. Como lo debía saber Soraya, no seamos incrédulos.

En la carta de despedida de Cospedal, que pueden ver en la galería adjunta, hay párrafos que dicen mucho de forma velada. “Creo humildemente que mi actitud frente a los casos de corrupción que dañaron innegablemente el buen nombre del Partido Popular, me hizo merecedora de la autoridad para defender el honor de tantos compañeros que fueron objeto de injusticias, sospechas y vapuleos por el hecho de formar parte de mi formación” lanza Cospedal contra quien sabe que ha movido los hilos de la filtración, porque otras callaban mientras la secretaria general daba la cara. Es más, explica que, puesto que era legal la empresa de Villarejo, no hizo nada mal al escuchar. “Procuré por todos los medios a mi alcance, por supuesto dentro de los límites de la ley, conocer la problemática que vivía mi partido” explica también, dando a entender que con toda la porquería que salía por todos lados, quería conocer hasta donde llegaba lo podrido.

Lo mejor viene ahora como verán. “Y la verdad es que nunca ordené ni encargué espiar a nadie. Pedí más información para confirmar si eran ciertas cuestiones concretas que me habían hecho llegar y que podían afectar a determinadas personas” afirma en relación, evidentemente, a Arenas. Da a entender que algo le habrían dicho de Arenas, por ejemplo, vinculaciones con el caso Amat que tan mal huele, y que pidió corroborar. La duda es si esas noticias tuvieron algo que ver con la caída del dirigente andaluz. Nunca se sabrá posiblemente, pero algo pasó y el sorayismo ahora se la ha devuelto. Luchas internas que se dilucidaban según la implicación de cada cual en distintos casos de corrupción en esa podredumbre en que quedó convertido el PP. Por eso no es de extrañar que Cospedal se despida de los militantes solamente, los demás cargos que han estado no merecen la pena para ella, porque sabe que todo esto es fuego amigo contra ella y su marido.

Como hacen las mafias, el sorayismo ha ido eliminando a gentes con tonterías que sus medios de comunicación exageran día y noche. Cayó Cifuentes. Ha caído Cospedal. Ahora sólo queda saber quién será la próxima víctima del sindicato mafioso que parece haberse instalado en las cuevas del PP y del sistema político. Porque les guía no una especie de deseo de regeneración y de mejora del PP, sino el resentimiento, como demuestra que ataquen hasta a un Rajoy que pasa ya de todas estas cosas. Pero ahora ya le han avisado, cometiendo un error, para actuar contra ellos y ellas, contra el sorayismo mafioso. La guerra continua…

El Tribunal de Justicia de la UE insta a cobrar el impuesto de inmuebles a la Iglesia

José Antequera
-
0
El Tribunal de Justicia de la UE insta a cobrar el impuesto de inmuebles a la Iglesia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la orden por la que Bruselas renunciaba a recuperar las “ayudas ilegales” concedidas por Italia en forma de exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles a instituciones eclesiásticas y religiosas. De esta manera, las empresas y competidores que se sientan directamente afectados por las ventajas que el Estado italiano otorga a la Iglesia católica tendrán derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales de la Unión para solicitar la anulación de medidas de este tipo.

Mediante una decisión de 19 de diciembre de 2012, la Comisión Europea declaró que la exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (ICI) concedida por Italia a entidades no comerciales (como instituciones eclesiásticas o religiosas) que ejercieran en sus edificios determinadas actividades sociales (colegios, alojamiento, internados, etc), constituía una “ayuda de Estado ilegal”. Sin embargo, la Comisión nunca llegó a ordenar la recuperación efectiva del dinero, por estimar que poner en marcha ese complejo proceso recaudatorio sería “absolutamente imposible”. Además, contrariamente consideró que la exención fiscal prevista en el nuevo régimen italiano del impuesto municipal único (IMU) ‒aplicable en Italia a partir del 1 de enero de 2012‒, “no constituía una ayuda de Estado”.

Fueron dos denunciantes, el centro de enseñanza privada Scuola Elementare Maria Montessori y un particular, Pietro Ferracci, propietario de un hotel bed & breakfast, quienes llevaron la cuestión a los juzgados europeos al sentirse agraviados y solicitar al Tribunal General de la UE que anulase dicha decisión de la Comisión. Los denunciantes alegaban que esa resolución les había colocado en una posición “competitiva desventajosa respecto de las instituciones eclesiásticas o religiosas instaladas en las inmediaciones que ejercían actividades similares a las suyas y podían beneficiarse de las exenciones fiscales en cuestión”.

Ahora cabe preguntarse si el amparo que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido durante años a la Iglesia católica, mediante acuerdos, ayudas y subvenciones por la vía de impuestos ha supuesto también un manejo de fondos públicos al margen de las directivas europeas. Cuando a Rajoy algún diputado le pidió un listado del patrimonio inmobiliario de la Iglesia española la respuesta, tan laxa como surrealista, fue que se había requerido la información al Colegio de Registradores de la Propiedad, pero que no hubo respuesta. Diario16 ha podido saber que la consigna entre los ministros del PP era meter en un cajón buena parte de las nuevas normativas que como esta llegaban de Bruselas. ¿Ha gozado la Iglesia católica, por tanto, de privilegios como el exención del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)? El Tribunal Supremo, en una sentencia de 4 de abril de 2014, estableció la exención total del pago de este impuesto por todos sus inmuebles, salvo los afectados por explotaciones económicas. El fallo concluyó que se trataba de un caso de interés general, “siendo evidente que la titularidad de bienes inmuebles de la iglesia Católica en España alcanza un volumen muy extenso”. En aquella sentencia los magistrados se acogieron al artículo 15.1 de la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, que establece que “estarán exentos del IBI los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”. De esta manera, tuvo que ser el alto tribunal el que zanjara la cuestión (a favor de la curia), poniendo orden de paso a las múltiples sentencias dispares dictadas por los juzgados de lo contencioso administrativo en primera instancia.

Según cifras oficiales, se calcula que la Iglesia católica posee unos 100.000 inmuebles en España. Ello supondría que tendría que tributar unos cinco millones de euros de aplicarse sentencias como la que acaba de dictar el Tribunal Europeo. No parece que los obispos estén temblando ante esta resolución que llega de lejos, tanto como Luxemburgo, ya que la curia siempre ha gozado de bonificaciones de este tipo acogiéndose a los concordatos del Estado español con la Santa Sede. Así que pobre de aquel Gobierno que ose meterle mano a la fiera, ya que tendrá que lamentar, una vez más, aquel viejo dicho castellano de “con la Iglesia hemos topado”.

Obligar a pagar tributos a la Iglesia católica española siempre ha sido motivo de conflicto, cisma y ruptura entre el poder espiritual y el poder terrenal. El pasado mes de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que está elaborando un listado exhaustivo de bienes inmatriculados por la Iglesia católica –es decir, aquellos que la institución ha ido inscribiendo a su nombre en el Registro de la Propiedad con el paso de los tiempos–. De esa manera, el Ejecutivo socialista abrió un nuevo camino para que el Estado pueda reclamar la titularidad de estos inmuebles, o al menos, en su caso, pueda cobrar por ellos algún tipo de impuestos, siempre que no estén destinados al culto religioso. Fue entonces cuando estalló la polvareda mediática a cuenta de la Mezquita de Córdoba, que el Gobierno socialista de Susana Díaz pretendía convertir en un bien de titularidad pública. Hasta tal punto la idea molestó a la diócesis que el Cabildo Catedralicio recordó, a través de un comunicado, que “toda la legislación internacional y nacional avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236”.

Cabe plantearse ahora si tras la reciente reunión que la vicepresidenta Carmen Calvo ha mantenido con el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano el Estado español se pondrá en su sitio y de una vez por toda aplicará el principio de igualdad a la hora de cobrar los debidos impuestos a la Iglesia, tal como sugiere la sentencia del Tribunal Europeo. Lamentablemente, y pese a que la intención del Gobierno es suprimir beneficios fiscales a la curia, se ha cruzado por el camino el espinoso asunto de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. En ese contexto, las bonificaciones tributarias podrían ser la moneda de cambio en las difíciles negociaciones. El Estado tendría que transigir para que todo siga igual y Roma no pondría objeciones al traslado de los huesos del dictador. De ser así, una vez más la Iglesia católica habría mantenido sus viejos privilegios económicos tan injustos como medievales. Y es que en España los curas y los banqueros –ya lo hemos visto con la sentencia de las hipotecas‒, siempre ganan.

Aumenta el apoyo al referéndum republicano de la UAM

Diario16
-
0
Aumenta el apoyo al referéndum republicano de la UAM

Hace dos semanas, un grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid decidieron impulsar un referéndum sobre la monarquía “para visibilizar cuál es la opinión de la juventud acerca de ser súbditos de una institución anacrónica, corrupta y vinculada al régimen franquista”.

Recogiendo el cuestionamiento cada vez mayor a la monarquía, patente en las pitadas con que se recibe a la familia real en sus apariciones públicas, las reprobaciones desde los ayuntamientos y los diferentes referendos populares sobre la continuidad de la institución monárquica o la instauración de una república, constituyeron la plataforma Referéndum UAM para organizar un referéndum en la universidad, a la que está llamada a participar toda la comunidad universitaria.

Desde entonces, la repercusión mediática y el apoyo a través de las redes sociales se han transformado en cada vez más estudiantes dispuestos a llevar adelante el referéndum en la UAM, pero también en la extensión del proyecto a otras universidades como la de Zaragoza, así como una campaña para echar al Borbón de las Universidades catalanas.

El debate acerca de la monarquía y sobre el carácter antidemocrático del régimen de conjunto se ha instalado en las universidades, y un grupo de docentes, investigadores y personal administrativo de universidades de todo el Estado han firmado un comunicado de apoyo a los referendos universitarios. Frente al silencio o apoyo explícito a la corona de las autoridades universitarias, los y las firmantes del texto de apoyo expresan la voluntad de que la universidad sea un espacio crítico y democrático.

A continuación reproducimos el comunicado y las firmas de apoyo:

Comunicado de apoyo a la consulta del 29-N

Casi dos terceras partes de la población que hoy tiene derecho a voto no pudo participar en el referéndum de 1978 que aprobó la Constitución española y que ampara la monarquía. Nos parece oportuna la iniciativa de estudiantes que en la Universidad Autónoma de Madrid han convocado una consulta (un referéndum simbólico) sobre la monarquía, el próximo 29 de noviembre de 2018, así como en la Universidad de Zaragoza y otros campus en fechas posteriores. Y, como profesoras/es (incluyendo PDIF y PIF) y PAS comprometidos con una universidad democrática, animamos a participar en la misma a toda la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y PAS).

Firmantes:

 

Juan Albarrán Diego, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

José Albelda, profesor (Universidad Politécnica de Valencia)

Adrián Almazán Gómez, PDIF (Universidad Autónoma de Madrid)

Enrique Alonso, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Raquel Arias Careaga, profesora (Universidad Autónoma de Madrid)

Jordi Bartolomé Filella, profesor (Universitat Autònoma de Barcelona)

Macià Blázquez, profesor (Universitat de les Illes Balears)

Encarna Bodelón González, profesora (Universidad Autónoma de Barcelona)

Eva Botella Ordinas, profesora (Universidad Autónoma de Madrid)

Jordi Calvo, profesor (Universitat Ramon Llull)

Óscar Carpintero, profesor (Universidad de Valladolid)

Luis Carretié Arangüena, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Antonio Casado da Rocha, investigador permanente (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea)

Jesús M. Castillo, profesor (Universidad de Sevilla)

Eduard José Cunilleras, profesor (Universitat Autònoma de Barcelona)

Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor (Universidad de León)

Félix Duque, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Javier Escalera Reyes, profesor (Universidad Pablo de Olavide)

Jesús Esteban Hernández, profesor (Universidad Rey Juan Carlos)

Olga Fernández López, profesora (Universidad Autónoma de Madrid)

Carlos Ferrera Cuesta, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Sabela Fondevila Estévez, profesora (Universidad Complutense de Madrid)

Pedro A. García Bilbao, profesor (Universidad Rey Juan Carlos)

Nagore García Medina, investigadora posdoctoral (doctorada en la UAM; ahora en Universidad de Bohemia del Sur, República Checa)

Pilar García Navarro, PDIF (Universidad Autónoma de Madrid)

Francisco F. García Pérez, profesor (Universidad de Sevilla)

Francisco Garrido Peña, profesor (Universidad de Jaén)

Alicia García Ruiz, profesora (Universidad Carlos III de Madrid)

Tamara Giménez Fernández, PDIF (Universidad Autónoma de Madrid)

Juan Carlos Gimeno Martín, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

David Ginard, profesor (Universitat de les Illes Balears)

Luz Gómez García, profesora (Universidad Autónoma de Madrid)

Héctor Grad Fuchsel, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Carmen Gregorio Gil, profesora (Universidad de Granada)

Inés Gutiérrez Cueli, PDIF (Universidad Autónoma de Madrid)

Lucía Hellín Nistal, PDIF (Universidad Autónoma de Madrid)

José Jiménez, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Alba M. Jiménez Rodríguez, profesora (Universidad Complutense de Madrid)

Carmen Madorrán Ayerra, profesora ((Universidad Autónoma de Madrid)

Vicente Manzano Arrondo, profesor (Universidad de Sevilla)

Luisa Martín Rojo, profesora (Universidad Autónoma de Madrid)

Jorge Martínez Crespo, profesor (Universidad Rey Juan Carlos)

Alberto Matarán, profesor (Universidad de Granada)

Ricardo Morón Prieto, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

José Manuel Naredo, profesor ad honorem (Universidad Politécnica de Madrid)

José Antolín Nieto Sánchez, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Jaime Pastor Verdú, profesor (UNED)

Álvaro Pazos Garciandía profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Ángeles Ramírez Fernández, profesora (Universidad Autónoma de Madrid)

César Rendueles, profesor (Universidad Complutense de Madrid)

Jorge Riechmann, profesor (Universidad Autónoma de Madrid)

Mª Eugenia Rodríguez Palop, profesora (Universidad Carlos III de Madrid)

Tomás Rodríguez Villasante, profesor (Universidad Complutense de Madrid)

Itziar Ruiz-Gimenez Arrieta, profesora (Universidad Autónoma de Madrid)

Tomeu Sales Gelabert, profesor (Universidad de las Islas Baleares)

Mª José Sánchez Leyva, profesora (Universidad Rey Juan Carlos)

Catalina Maria Torres Figuerola, profesora (Universitat de les Illes Balears)

Joaquín Valdivielso Navarro, profesor (Universitat de les Illes Balears)

Carmen Velayos Castelo, profesora (Universidad de Salamanca)

Pau de Vílchez Moragues, profesor (Universitat de les Illes Balears)

 

Estudiantes de la UB y la UPF apoyan el Referéndum sobre la monarquía de la UAM (Independiente de la anterior comunicación)

A raíz de la convocatoria de una consulta popular en la Universidad Autónoma de Madrid sobre la monarquía por parte de la plataforma ReferendumUAM, en el marco de la extensión de estas consultas por pueblos y barrios de todo el Estado, un grupo de estudiantes de la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) hemos decidido conformar la plataforma Fora el Borbó De Les Universitats Catalanes, con los siguientes objetivos:

  • Manifestar y realizar acciones de apoyo y solidaridad con el referéndum convocado por los estudiantes de la UAM y otras consultas similares que se están organizando o puedan organizarse en otras partes del Estado.

El pueblo catalán ya decidió sobre esta cuestión en el referéndum del 1 de octubre y ha dado sobradas muestras de rechazo a la monarquía en manifestaciones y encuestas publicadas. Rechaza a una institución medieval y heredera del Franquismo, que fue la jefa del golpe del 155 y la represión contra el movimiento democrático catalán y que mantiene demostrados vínculos con sangrientas dictaduras como la de Arabia Saudí.

Consideramos que es nuestra obligación apoyar a que todos los pueblos del Estado español puedan decidir libremente sobre esta institución mediante la realización de un referéndum sobre monarquía o república.

  • Exigimos a los equipos de gobierno de las universidades catalanas que se ajusten a la voluntad mayoritaria del pueblo catalán tomando las siguientes medidas para romper con la Corona:
    • Retirada de retratos y símbolos monárquicos de las universidades.
    • Que los Claustros y Juntas de Facultad declaren persona non grata a Felipe VI.
    • Que las autoridades universitarias no participen en ningún acto oficial que cuente con la presencia de Felipe VI u otro miembro de la Familia Real.

Para ello realizaremos las siguientes acciones:

  • Iniciar una recogida de firmas entre estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios de las universidades en apoyo a las tres exigencias planteadas, que serán presentadas ante los equipos de gobierno de cada universidad.
  • Proponer a las candidaturas con representación en los órganos de gobierno de la universidad la presentación de mociones en los mismos que recojan las tres reivindicaciones arriba señaladas.
  • Editar y distribuir materiales en las diferentes facultades para dar a conocer la campaña.

Convocar una primera asamblea abierta de la plataforma Fora El Borbó De Les Universitats Catalanes para el miércoles 7 de noviembre a las 18h en el porche de la UB Raval para organizar el cronograma de acciones de las siguientes semanas.

Nuevo motivo de estafa en el Caso Popular-Santander

Esteban P. Cano
-
0
Nuevo motivo de estafa en el Caso Popular-Santander

El escándalo legal en que se está convirtiendo el Caso Banco Popular parece no poder superarse a medida que va aflorando documentación. Sin embargo, no es así. Distintas fuentes jurídicas consultadas por Diario16 nos confirman que el informe de valoración 3 hecho público por Deloitte en el mes de abril de 2018 está basado en un Reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el día 9 de marzo.

En concreto, Deloitte afirmó en su valoración que había entregado el informe a la Junta Única de Resolución (JUR) el día 23 de marzo, es decir, sólo unos días después de que el Reglamento fuera publicado en el DOUE.

¿Cómo es posible que para realizar un informe de valoración definitivo sobre una resolución ejecutada en 2017 se utilicen leyes aprobadas un año después? Este hecho es causa de nulidad absoluta de la resolución y la Justicia no puede esperar ni un segundo más. Hay que recordar que ese informe de valoración 3 de Deloitte fue el que determinó que la decisión de la JUR fue más correcta que el concurso. No obstante, el primer informe de la consultora era un documento de liquidación. ¿En qué quedamos entonces? Si, además, nos encontramos con el hecho de que se redacta un Reglamento a la carta, con sólo siete artículos, para darle apariencia de legalidad a la decisión adoptada y al informe definitivo, estaríamos ante el mayor escándalo legal de la historia de la Unión Europea.

En todo el proceso de la operación del Caso Banco Popular ya ocurrió que se redactaran leyes ad hoc. Tal y como informamos en Diario16, la resolución del Popular se decidió en una reunión convocada por el BCE el día 2 de mayo de 2.017. El día 23 de mayo de 2.017, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) finalizó el diseño y publicó un borrador para normalizar las valoraciones de los bancos antes y después de que se produjera una resolución de una entidad de crédito, en concreto, los documentos EBA/RTS/2017/05 y EBA/RTS/2017/06. Ese mismo día se realiza de modo urgente la primera valoración del Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR). ¿Por qué ese día y no otro? La respuesta es sencilla: no se podía realizar dicha valoración sin que hubiera un documento normativo sobre el que apoyar las conclusiones de tal informe. La normativa sobre la que se apoya la Valoración 1 de la JUR es la de los dos documentos de la AEB publicados ese mismo día.

Por tanto, el proceso se volvió a repetir pero utilizando una reglamentación creada ad hoc para que el informe de Deloitte tuviera una base legal que antes no tenía.

Sentencia de las hipotecas: la injusticia de la Justicia

Claudia Moreno
-
0

Escandaloso. Ese es el único término que puede definir la rectificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia por la que se obligaba a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en vez de al cliente. En una ajustada votación y tras dos días de deliberación, el alto tribunal ha decidido retomar la jurisprudencia anterior, es decir, que es el contratante de un crédito hipotecario el que debe asumir el pago del impuesto. No se trata de prejuzgar la decisión adoptada, sino que es la constatación de que el tercer poder de nuestra democracia está siempre predispuesto a favorecer los intereses de los poderosos antes que los del pueblo.

Imagínense que el Supremo tuviera que analizar un asesinato, una estafa o un delito cualquiera. Habiendo disparidad de opiniones, como ha sido el caso de las hipotecas, si una parte estaría dispuesta a condenar al acusado a muerte y la otra lo dejaría en libertad, la persona que busca justicia debe enconmendarse a la divinidad o a la suerte porque su sentencia va a depender, no de la Ley, sino de quién le juzgue. Esto es intolerable. Por esta razón en el caso que nos ocupa, no pierde solamente el ciudadano o ciudadana que contrató una la hipoteca, sino toda la sociedad.

Sólo la banca podría provocar el escándalo judicial que se ha vivido en España desde que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia por la que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados no le correspondía al cliente sino a la entidad bancaria. En principio, si se hubiese mantenido la sentencia inicial, los afectados tendrían que reclamar a la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma en la que se firmara el contrato, lo que supondría un grave descalabro a la hora de cumplir los objetivos de déficit. No obstante, posteriormente las administraciones públicas tendrían que reclamar esa cantidad a los bancos. Según la ministra de Hacienda, la cifra habría rondado los 5.000 millones de euros.

El Supremo tenía cinco opciones a la hora de decidir qué hacer con la sentencia: ratificar la nueva línea jurisprudencial, revocarla para volver a la situación anterior por la que es el cliente quien debe hacer efectivo el pago, trasladar el problema al Gobierno o al Parlamento, establecer nuevas reglas de aplicación del impuesto y determinar la fecha a partir de la cual los ciudadanos pueden reclamar el importe pagado. Finalmente, se han decidido por la segunda que, precisamente, es la que favorecía a la banca.

Sin embargo, subyace en todo lo que está ocurriendo —que está dejando nuevamente en ridículo a nuestra Justicia— un hecho muy grave para nuestro sistema democrático: el poder de la banca o la influencia que tienen el tercer poder de la democracia. En Diario16 ya hemos publicado cómo el Banco Santander ejerce ese lobby a través de los grandes despachos de abogados —principalmente desde Uría y Menéndez— o de, incluso, jueces a los que se financian cursos en el extranjero o que abandonan la carrera judicial para pasar al sector privado para defender los intereses, precisamente, de la entidad cántabra. Por no hablar de cómo se infiltra a personas afines en los organismos de Justicia como, por ejemplo, la esposa de Juan Manuel Cendoya, director de comunicación y vicepresidente de Santander España, quien ejerce actualmente como jefa de gabinete de Carlos Lesmes, es decir, del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. ¿Alguien puede imaginar que no haya podido existir, como afirman diferentes fuentes de extremada solvencia consultadas por Diario16, una influencia para que se produjera la revisión de la sentencia de las hipotecas? No está confirmado, pero la reflexión en base a la lógica genera conclusiones que son contrarias a la independencia que se le presume a la Justicia.

Todo lo anterior sin contar cómo desde la banca se financia a organizaciones profesionales de jueces y de fiscales, ya sea a través de patrocinios directos o indirectos para convenciones, congresos o jornadas.

La banca presionó y continúa presionando a los magistrados del Supremo. Si no, sería impensable la celebración de la reunión de hoy. No hay más que comprobar la reacción del mercado el día en que se hizo pública la sentencia, con importantes pérdidas, y la subida de los valores en el momento en que el Supremo anunció la revisión de la misma.

En las diferentes presentaciones de resultados del tercer trimestre los bancos hicieron una valoración clara basada en que ellos cumplieron con la ley y que, esto es importante, estaban muy confiados en que no se iba a aplicar la retroactividad tras la revisión de la sentencia. ¿Por qué esta seguridad? Hay que tener en cuenta que, de haberse aplicado dicha retroactividad, no tendrían que ser las entidades bancarias la que devolvieran el dinero a los afectados, sino las diferentes Agencias Tributarias de las Comunidades Autónomas que, al fin y al cabo, son las que cobraron el impuesto de actos jurídicos documentados. La realidad es que la retroactividad no supone un peligro para la banca, sino que es el hecho de tener que afrontar el pago del tributo lo que les preocupa, puesto que, a pesar de que se trate sólo de un 1% del total del préstamo, eso tiene como consecuencia que generará una guerra comercial que terminará imponiendo la asunción del impuesto sin imputárselo al cliente y, tal y como se encuentran realmente los bancos españoles, un 1% del total de créditos hipotecarios es mucho dinero.

En consecuencia, la sentencia de las hipotecas ha demostrado que cuando se enfrenta a las élites nuestra Justicia no es justa. Da igual que sea la banca o las empresas del IBEX35. Da la sensación de que se piensan que el pueblo es idiota y que traga con todo, cuando lo que está ocurriendo con la Justicia de nuestro país no es lo propio de una democracia en la que el tercer poder debe ser libre e independiente, sino, más bien, lo que ocurría en nuestro país durante la dictadura en la que los juzgados estaban al servicio de los gerifaltes del Régimen. Ahora la opresión no es de tipo político sino financiero y empresarial. Las dictaduras privadas del capital son las que mandan y las que disponen el futuro del pueblo.

1...464465466...1.083Página 465 de 1.083
Contáctanos: info@diario16.com
© Copyright 2023 - Diario16plus