lunes, 19 enero, 2026

El desprestigio de la Justicia española es ya insoportable

José Antonio Gómez
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El desprestigio de la Justicia española es ya insoportable

La sentencia de las hipotecas es una gota más que colma un vaso que lleva rebosando desde hace mucho tiempo. La Justicia española, a causa de que no ha pasado por un proceso de transición democrática como a la que se han sometido otras instituciones fundamentales para el Estado, está protagonizando ya demasiados escándalos como para poder sostener el pilar que se le supone a uno de los tres poderes fundamentales de cualquier país sometido al imperio de la ley.

Ejemplos son muchos como para creer que se trata de una casualidad o de la decisión subjetiva de tal o cual juez. Por ello desde los otros poderes del Estado o desde las instituciones, Casa Real incluida, se deben poner los cimientos para organizar una revolución en la administración de Justicia porque el desprestigio es de tal calibre que una reforma se quedaría corta.

No hay más que recordar cómo la Justicia Europea ya ha puesto en evidencia la neutralidad de nuestros tribunales en casos relacionados con el terrorismo como, por ejemplo, la anulación de la doctrina Parot o la más reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se ha determinado que Arnaldo Otegui no tuvo un juicio justo. Independientemente de quién sea el personaje, al fin y al cabo es un ciudadano que tiene los mismos derechos que cualquiera, la acusación de parcialidad es un golpe duro a nuestra Justicia.

En materia económica también han tenido que ser los tribunales europeos los que demuestren objetividad frente a la subjetividad judicial española cuando los intereses de la banca se ven comprometidos por una sentencia. Ocurrió con las cláusulas suelo y es más que probable que la revocación de la sentencia de las hipotecas del día de ayer también sea anulada.

El poder de la banca en España está por encima del de la Justicia y eso lo vemos, por ejemplo, en cómo los tribunales españoles están presuntamente defendiendo los intereses del Banco Santander. La doctrina Botín, el archivo de multitud de causas en las que los presuntos delitos eran muy evidentes —evasión fiscal de 2.000 millones de euros o Banesto—, la existencia de Juzgados que no admiten a trámite el 100% de las demandas presentadas contra la entidad cántabra, indultos, etc., por no contar con jueces que pasan al sector privado para defender los intereses del banco presidido por Ana Patricia Botín. Todo lo anterior sin tener en cuenta lo que está ocurriendo con la instrucción del Caso Banco Popular en el que, a pesar de las claras evidencias de la comisión de graves irregularidades legales, todo parece parado por la aparente pasividad del juez Andreu a la hora de adoptar medidas cautelares.

El Procés catalán es otro de los asuntos que está denostando el prestigio de la Justicia española y que está mostrando un nuevo caso de posible parcialidad, sobre todo, por quienes están al frente de la instrucción. El encarcelamiento preventivo de los políticos catalanes, la emisión de Euroórdenes que son retiradas porque las justicias de otros países de la Unión Europea no aceptan los argumentos presentados por el juez Llarena, la imputación de delitos que no están en nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX, la insistencia en acusaciones que las instituciones europeas van a tumbar de manera irremediable, etc. no hacen más que incrementar las sospechas de que la Justicia española es parcial o de que las decisiones que se adopten dependerán de la magistrada o del magistrado asignado en el reparto. ¿Un juez o una jueza progresista habrían adoptado las mismas decisiones que Llarena? El mero hecho de que se plantee esa pregunta ya da una muestra de la situación de nuestra Justicia.

Por no hablar de la sentencia de La Manada que tanta alarma social ha generado por dejar en la calle a cinco presuntos violadores, la protección a Juan Carlos de Borbón al no permitir que se realizaran las pruebas de paternidad o no iniciar una investigaciones en base a las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein reconocía que había sido utilizada como testaferro por el antiguo Jefe del Estado, la vergonzosa actuación de toda la administración de Justicia en defensa de Cristina de Borbón en el Caso Noos, la absolución de personas o el constante cambio de jueces en macrocausas de corrupción cuando se trata de políticos o empresarios con mucho poder, etc.

Esa recapitulación de casos es sólo una pequeña muestra de cómo el pueblo está indefenso con una Justicia que sigue actuando de manera arbitraria y en base a cánones decimonónicos. La revolución pendiente más importante de nuestra democracia ha de darse en los tribunales porque quien ostenta la soberanía del Estado no puede estar indefenso ante los abusos del poder, sea cual sea éste. La sentencia de las hipotecas ha sido la última gota y España no puede permitirse que caiga ninguna más.

“Nos parece grave que el TS haya sucumbido a las presiones de los banqueros”

Santiago Aparicio
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“Nos parece grave que el TS haya sucumbido a las presiones de los banqueros”

Ante una sentencia que podía haber sido histórica, nada mejor que conversar con el diputado Marco Candela de Podemos. La lucha contra los privilegios de la fracción financiera siempre han preocupado al dirigente madrileño, así como la corrupción, en buena parte por su conciencia ciudadana y su formación jurista. El diputado morado expresa en las respuestas su indignación ante lo que se puede catalogar como la apropiación del Estado por la clase dominante. Pero nada mejor que leerle para comprender y para aprender de alguien que está al pie del cañón.

D16. Antes de cualquier reflexión ¿qué opinión le merece la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de los actos jurídicos de las hipotecas?

MC. Lamentamos que vuelva a manifestarse lo que ya entendemos como una norma fundamental no escrita, aquella según la cual “la banca siempre gana”. Nos parece tan grave como desolador que finalmente el Tribunal Supremo se haya corregido a sí mismo sucumbiendo a las presiones de los banqueros. Hoy es un mal día para el Estado de Derecho.

D16. Con la intervención del magistrado Díez-Picazo ¿se vuelve a demostrar cómo la clase dominante está infiltrada en la estructura del Estado?

MC. Absolutamente. Es más, puede decirse que más que infiltrada en la estructura del Estado, la clase dominante es la estructura del Estado. Porque en un Estado de Derecho verdaderamente democrático, sus estructuras se parecerían más a la gente a la que gobiernan, representan y juzgan. Eso aparte de que contarían con mejores pesos y contrapesos entre los poderes y con mejores mecanismos de control democrático.

Cuando miramos a nuestra alta judicatura, vemos que la componen casi solo hombres y todos de “buena” familia. Lo primero explica sentencias como la de La Manada. Lo segundo (a lo que hay que sumar estancias en las academias de los banqueros como fue el caso de Díez-Picazo) explica los despropósitos como este que hemos vivido con los impuestos sobre las hipotecas.

D16. Acabamos de conocer que los principales bancos en España vienen teniendo unos beneficios de 13.000 millones de euros en este ejercicio ¿qué opinión le merece esa acumulación de riquezas a costa de la mayoría de la población?

MC. La acumulación y concentración de riqueza en pocas manos es un proceso natural y conocido del capitalismo, igual que sus crisis. Bajo el capitalismo financiarizado, la tendencia es a la concentración de riqueza en manos de los banqueros.

Siempre me ha llamado la atención que de forma sistemática cuando salen noticias de los beneficios de la banca estos son siempre enormes y mayores que los anteriores. ¡No han parado de enriquecerse durante estos diez años de crisis!

Cuando el crack bursátil de 1929 hubo suicidios en masa entre los empresarios afectados. Desde 2008 yo no recuerdo haber leído noticias de suicidios de banqueros debido al estallido de la burbuja… Sí recuerdo en cambio (porque además lo viví de cerca como abogado y activista) decenas de noticias de suicidios entre el medio millón de hogares desahuciados en España desde que empezó la crisis…

D16. La fracción financiera parece la dominante en el bloque en el poder ¿qué respuestas ofrecen desde Podemos para limitar esa dominación?

MC. El ADN de Podemos viene de fábrica con un cromosoma fundamental: el de la democracia. Creemos firmemente que la solución a la mayor parte de nuestros problemas como sociedad pasa por la democratización profunda de todos los ámbitos de la vida pública y de la economía.

Por un lado, como decía antes no es posible tener un Estado de Derecho real si uno de sus poderes (el judicial) lo controlan hombres ricos. Ahí por ejemplo hay una fórmula interesante que es el sistema de becas para opositores a judicatura (jueces y fiscales) que ofrece el País Vasco. Es la forma de asegurar la igualdad de oportunidades y que por ejemplo pueda llegar a Magistrada del Tribunal Supremo la hija de un obrero desahuciado, aparte del hijo de un banquero que es como más común.

Por otro lado, en lo que respecta al poder de las entidades financieras, daría para otra entrevista el comentar todas las políticas que desde unos Estados democráticos y fuertes se podrían implementar para limitarlo. Pero se pueden apuntar unas cuantas, que en su mayor parte tienen que ver con cortar los hilos de titiritero que han ido poniéndoles los bancos a los Estados: control democrático del Banco Central Europeo, banca pública, régimen fiscal adecuado, acabar con los paraísos fiscales, acabar con las puertas giratorias y acabar con la financiación bancaria de los partidos políticos.

D16. En pocas ocasiones ha debido reunirse una Sala al completo en el Tribunal Supremo y, en el caso de lo contencioso-administrativo es casi inusual, ¿tienen claro en Podemos a qué se debe esta situación?

MC. Precisamente estuve mirando antecedentes y me llamó la atención uno: en 2013 la sección Sexta de la misma Sala del Supremo corrigió el alcance del indulto que Rodríguez Zapatero había concedido a Alfredo Sáenz Abad, Consejero del Banco Santander, justo antes de dejar el poder en 2011 tras perder las elecciones. En esa ocasión el Supremo dijo que indultar las penas (la de cárcel y las accesorias) sí, porque era una prerrogativa del Ejecutivo, pero que eso de cancelarle también de paso los antecedentes penales para que pudiese volver a sus funciones, que no, que eso ya era extralimitarse. Ahí el Tribunal Supremo dignificó su nombre y su función constitucional.

En este caso, la convocatoria de la Sala al completo es, aparte de insólita, doblemente infame. Por un lado, porque se hace a instancias de un Magistrado que a todas luces ha decidido devolverles un favor a los bancos, convocando a toda la Sala para ver si consigue así que maticen sentencias ya emitidas que perjudicarían la cuenta de resultados de esos bancos. Por otro lado, precisamente porque convoca para la posible revisión de sentencias ya emitidas, lo cual es un atentado grave al principio de seguridad jurídica, cuyos efectos ya se han visto estas semanas entre los operadores de un mercado financiero paralizado.

Díez-Picazo demuestra que sirve a los bancos y lo demuestra actuando ad hoc, cuando el Tribunal ya ha fallado sobre la cuestión… Son jueces como él quienes inspiraron lo que se gritaba en las plazas durante el 15-M: “¡No queremos ser mercancía en manos de banqueros!”

D16. El caso del robo del Banco Popular por un euro con apoyo de la JUR de la Unión Europea para salvar a uno de esos bancos TBF (Too Big to Fail), como consideran al Banco de Santander, ¿les hace sospechar que de llegar la sentencia del Supremo a instancias europeas se falle en favor de los bancos?

MC. Estrictamente hablando, el caso de la compensación a los inversores del Popular no está resuelta por la vía judicial europea. Es verdad que la Junta Única de Resolución (órgano europeo) ha dictaminado que no podrán exigir compensación, pero no tienen aún todas las vías judiciales agotadas y por poder, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tumbar la compra del Popular.

En lo relativo al sistema hipotecario, lo que viene ocurriendo de forma sistemática desde que estalló la burbuja es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrige a los jueces y tribunales españoles desde la óptica de sus competencias, en este caso relacionadas con el derecho de los consumidores. La justicia europea lleva varios años diciéndole repetidamente a todas las instancias judiciales españolas, incluidos el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que nuestro sistema hipotecario y singularmente nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria (el que termina en desahucio) es completamente leonino y contrario a la normativa europea de defensa de los consumidores.

Si hay una instancia judicial en la que pueden confiar los españoles para defenderles frente a los abusos de los bancos, sin duda ese es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y sin duda, hablando de los jueces y magistrados que tenemos en España, convendría que todos (sobre todo quienes más alto han llegado) pasaran una reválida sobre el Derecho de la Unión Europea.

D16. Como siempre el pueblo debe soportar el pillaje de los poderes económicos ¿no confirma todo esto lo que ustedes en Podemos vienen denunciando?

MC. Antes hablaba del contraste entre los suicidios de banqueros en 1929 y en 2008. Seguramente tenga que ver con que tras el crack de 1929 no se rescató a ningún banco ni inversor, mientras que tras estallar la burbuja hipotecaria en 2008 sí: en España 60.000 millones de euros (como mínimo) de dinero público regalados a los bancos para pagar su pato. Esos 60.000 millones de euros no salen de la nada, son el IRPF de millones de trabajadores, son el IVA de miles de autónomos.

Antes hablabas de los bancos TBF (“Too big to fail” – demasiado grandes para caer). Es realmente perverso el uso del término y recuerda a eufemismos como “daños colaterales” para hablar de las víctimas civiles de un bombardeo. Los bancos llamados “demasiado grandes para caer” son aquellos que se elige no dejar caer. Esta es la clave, se trata de una elección política. Esos 60.000 millones de euros públicos, junto con los billones que entrega el Banco Central Europeo a los bancos privados a interés cero para que estos luego financien a los Estados al 3 o al 4%, todo ese dineral podría emplearse para paliar los efectos de dejar caer esos bancos, reparar a sus víctimas y reencauzar la economía. Islandia dejó caer sus bancos malos y le fue estupendamente precisamente por ello. En España hace no tantos años, cuando Rumasa iba a caer por la irresponsabilidad de sus gestores, el Gobierno la expropió entre otros motivos para evitar el cierre de fábricas del grupo y el despido de decenas de miles de trabajadores.

La misma perversión lingüística la vemos en el uso del término “riesgo sistémico” cada vez que se habla de tocar la cuenta de resultados de los bancos. Díez-Picazo habla de la “enorme repercusión económica y social” del criterio del Supremo sobre los impuestos a las hipotecas: está apelando al “riesgo sistémico” de una dentellada en la cuenta de resultados de los bancos por tener que pagar un impuesto que les corresponde. Está diciendo negro sobre blanco que el interés de los bancos ha pasado a ser un criterio de interpretación de nuestras leyes.

En Podemos siempre hemos denunciado la socialización de las pérdidas de bancos y grandes empresas, así como los mecanismos mediáticos y jurídicos por los que se ha instituido. Somos partidarios de rescatar industrias, PYMES y personas. Nunca a banqueros irresponsables y estafadores.

Las víctimas del Metro de Valencia: “Teníamos razón, la culpa no fue solo del conductor”

José Antequera
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Las víctimas del Metro de Valencia: “Teníamos razón, la culpa no fue solo del conductor”

La decisión de la jueza que instruye el accidente del Metro de Valencia de sentar en el banquillo de los acusados a ocho directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por el accidente que costó la vida a 43 personas el 3 de julio de 2006 ha sido recibida con “satisfacción” por las víctimas y familiares del fatal siniestro. “Estamos muy contentos; lo que ha dicho la juez es lo que venimos diciendo nosotros desde hace años. Que la responsabilidad no debía quedarse solo en el conductor, sino que debía extenderse a los directivos de la empresa que tomaban las decisiones”, asegura a Diario16 Rosa Garrote, presidenta y portavoz de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J).

Tras el auto de Nieves Molina, titular del Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia, los responsables de FGV están más cerca de sentarse en el banquillo para responder a las preguntas sobre lo que ocurrió aquel día y si es cierto que se desoyeron informes técnicos que alertaban de las supuestas deficiencias en la curva fatídica en la que descarriló el convoy, cerca de la estación de Jesús.

La resolución de la jueza es consecuencia de la lucha infatigable de las víctimas y familiares de los fallecidos y heridos, que tras largos años de constantes movilizaciones y campañas en medios de comunicación han conseguido que el caso no termine archivado en un cajón de los juzgados valencianos y que la Justicia llegue hasta el fondo de la investigación. Garrote insiste en que desde el Comité de Seguridad de Circulación de FGV se había denunciado en reiteradas ocasiones que aquella “maldita curva” era un punto peligroso en la red de líneas del Metro valenciano. “No corrigieron las deficiencias, no lo hicieron, por lo que hubo una responsabilidad en el accidente de aquellos que tomaban las decisiones”, afirma Rosa Garrote. En un primer momento de la investigación se dejó fuera a los cargos de FGV pero tras las declaraciones de algunos imputados, que dieron nombres y apellidos y señalaron a sus superiores como supuestos responsables, finalmente la Justicia ha tenido que reabrir la causa, según recuerda la asociación AVM3J. Con todo, al haber transcurrido más de 10 años desde el siniestro, la acción penal habría prescrito respecto a todas aquellas personas cuyos nombres no habían aparecido hasta ahora y que pese a ostentar puestos de responsabilidad ya no tendrán la obligación de declarar porque no se les podrá imputar.

“Nosotros siempre dijimos que había que ir más allá en la investigación y ese momento ya ha llegado”, añade Garrote, que perdió a su hermana en el accidente y quien recuerda que los sindicatos llevaban tiempo alertando de que la curva en la que se produjo el accidente no estaba en condiciones óptimas. Así lo habían hecho constar los representantes de los trabajadores en un listado de puntos negros que al parecer nadie tomó en consideración. En aquellas denuncias de las organizaciones sindicales se hablaba también de la necesidad de asumir mayor protección mediante la instalación de señales de aviso y alerta y de limitación de velocidad en algunos tramos.

“Llevamos años reclamando, luchando, peleando; la pérdida de un ser querido es algo que no se puede olvidar. Pero ayuda mucho a pasar página saber que por fin se va a hacer justicia”, alega la portavoz de la asociación valenciana, que asegura que resultaba una “carga psicológica dura y difícil de llevar” saber que “los verdaderos culpables del accidente podían quedar impunes”.

La jueza Nieves Molina procesa a los ocho ex directivos de FGV tras la orden de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir el caso. Molina ha dado por concluida la investigación de un siniestro que costó la vida a 43 personas y heridas a otras 47, y ha procesado, entre otros, a la que fuera gerente de Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV), M.G., y a otros siete directivos de la compañía, entre ellos directores de operaciones, talleres, auditorías, explotación de la línea y comité de seguridad, según informa Europa Press.

Ahora el auto da un plazo de diez días al fiscal y a los abogados de las partes para que aleguen si procede seguir adelante con la causa o debe ser archivada. La magistrada asegura en su resolución que ha tomado la decisión de abrir la investigación “vinculada” por la orden de la Audiencia Provincial, una causa que la propia jueza había archivado en varias ocasiones, según la citada agencia de noticias.

La mayoría absoluta del Partido Popular valenciano permitió cerrar la primera comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente y por momentos parecía que la Justicia iba a dar carpetazo al caso, enterrándose así la posibilidad de conocer la verdad sobre las causas del descarrilamiento y de exigir responsabilidades. Las víctimas se consideraron olvidadas y despreciadas (pese a que siguieron manifestándose cada semana sin bajar los brazos) hasta que el escándalo estalló en el programa Salvados de Jordi Évole, que reactivó las diligencias en el juzgado de instrucción. Ahora, la decisión de la jueza de instrucción ha dado la razón a los afectados.

Adelante Andalucía señala a la casta andaluza

Santiago Aparicio
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Adelante Andalucía señala a la casta andaluza

Es tan simple como utilizar una imagen. Si recuerdan los posters desde finales del siglo XIX y muy especialmente hasta mediados del siglo XX fueron uno de los mejores elementos de propaganda y de formación de los partidos políticos y movimientos sociales. Con una simple imagen simbolizaban la lucha y las demandas del grupo dado. Esto mismo han recogido las gentes de Adelante Andalucía para esta campaña electoral que comienza a subir el punto de maduración. Una simple imagen para señalar a la casta política de Andalucía y sus “fechorías”. Algo simple pero muy comunicativo y que refleja a la perfección lo que denostan desde la confluencia de las izquierdas andaluzas y andalucistas.

Había explicado en el mitin de Córdoba Antonio Maíllo cómo el problema no son las banderas sino la situación en la que se tiene a las personas dentro de un país o región y eso tiene unos culpables. Por ello nada mejor que señalar esas faltas de los partidos que compiten en las elecciones andaluzas. Dejar claro qué diferencia y por qué habría que votar a Adelante Andalucía. No vaya a ser que a alguien le dé por hacer caso a las locuras de Pablo Casado pidiendo el voto a las gentes de izquierdas para el PP. Para quienes sigan a Teresa Rodríguez no es anda nuevo esa forma de señalar los defectos de la casta andaluza, pero para gentes menos al día de lo político andaluz tiene una fuerza comunicativa impresionante. Y más cuando se señala como loca a la candidata de la confluencia en más de uno y más de dos medios (públicos y privados) del establishment andaluz.

Imagen de la candidatura de Adelante Andalucía

Comienzan por la actual presidenta señalando sus pecados claramente. El más grave, para alguien que se considera de izquierdas, haber permitido con su acción que gobernase Mariano Rajoy ante la negativa de Sánchez I de abstenerse o pactar con la derecha del austericidio. Fue Susana Díaz junto a otros dirigentes regionales los que lanzaron el ataque contra el secretario general que, sin valor para luchar, decidió dimitir tras haber intentado una salida con un congreso exprés. Pero el pecado fue cometido por Díaz y sus amigos de cuadrilla. También la señalan por su poca acción contra la corrupción de su propio partido. Esos expedientes de Faffe que no llegan, los líos de papeles de la Fundación Cajasol o el cuñado de uno de sus máximos colaboradores (Mario Jiménez) y presidente de la diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, que está a punto de sentarse en el banquillo y no le ha hecho dimitir. Los recortes y la ineficacia en la gestión, que son los siguientes puntos señalados, casi no los tendrían que recordar porque los sufren andaluces y andaluzas todos los días en colegios sin refrigeración, con comidas de catering supervisadas por veterinarios y con más cantidad a niños que niñas; en Hospitales con largas listas de espera, sin medicamentos en muchas ocasiones y con unos profesionales hartos de las malas condiciones en las que trabajan.

Pasan luego a señalar a Juan Manuel Moreno Bonilla, aunque después de los insultos recibidos por los andaluces y andaluzas desde las filas del PP, con haber puesto amigo de los que insultan nuestra tierra valdría (por no recordar que en vez de rejos o pote, se va a comer a un restaurante de una multinacional del Imperio). “La opción de los señoritos” es la mejor descripción para el candidato conservador. El PP de Andalucía es ese partido de camisa y chaleco verde, aunque no vaya de caza, que gusta de tener explotados en sus fincas, que siempre va a estar al servicio de los empresarios para que saquen más beneficios con condiciones más precarias. Lo señalan como parte de una mafia y no exageran, sólo hay que recordar la trama Amat y todos los chanchullos que tienen con los espionajes para ver que trabajan como una mafia, copiando los mejores mecanismos (aunque implementados chapuceramente) de la P2 italiana. Pobreza también ha generado el gobierno del PP de Rajoy, aunque convendría recordar que el propio candidato conservador fue el culpable de acabar con el sistema de dependencia, así que culpable. Y deuda es un dato que intentan tapar desde el PP. Pero por donde pasan y gestionan siempre dejan más deuda de la que recibieron. Da igual que sea el Estado (donde además arruinan la caja de las pensiones), ayuntamientos como Madrid o Cádiz, o regiones como Castilla-La Mancha 8donde recortaron y aumentaron la deuda).

El siguiente es Juan Marín, aunque si hubiesen puesto la foto de Albert Rivera o Inés Arrimadas sería más lógico, porque el candidato de la extrema derecha naranja no es más que un muñeco a las órdenes de Madrid. Es cierto que es la opción de los banqueros y de buena parte del Ibex-35 (no hay que olvidarse de constructores y señores de las contratas), algo que no preocupa al candidato naranja mientras en clan de la manzanilla siga en el machito y obteniendo beneficios. Y estar a lo que diga el Ibex-35 está claro que genera precariedad laboral, por no llamarlo directamente explotación; privatización de servicios públicos, por no llamarlo saqueo de lo público; y copago médico y farmacéutico. Además, son los corresponsables del último gobierno del PSOE con todo lo que ha pasado.

Quedan bien señalados los contrincantes y brevemente explicado lo que ofrece Adelante Andalucía. Empleo y salarios dignos, preocupándose de que el beneficio social del trabajo llegue a todos y todas. Servicios públicos de calidad, dignificando el empleo público y el servicio al pueblo, a la ciudadanía como principio rector del ejercicio de la administración de la Comunidad Autónoma. No puede ser que quieren digitalizar todo cuando en Andalucía hay aún muchas personas analógicas, por ejemplo. Y, por supuesto lucha por la transparencia y contra la corrupción que tanto daño hace al pueblo. Es por ello que la señalan como la opción del pueblo andaluz. Y desde luego, como afirma Teresa Rodríguez siempre que puede y le dejan, en la confluencia de izquierdas sólo hablan de Andalucía, no como los demás partidos que hablan de Cataluña, por ejemplo, porque no tienen proyecto andaluz. Y en Adelante Andalucía son andalucistas porque aman su tierra y quieren lo mejor para ella. No por ello dejan de amar también a España, algo que no entienden las extremas derechas de Andalucía. Una imagen sencilla y que dice mucho del proyecto de Adelante Andalucía.

IU exige que las ayudas al alquiler para los afectados de los terremotos no tengan un tope de 72 meses

Martha Golfín
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IU exige que las ayudas al alquiler para los afectados de los terremotos no tengan un tope de 72 meses

 La Concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha solicitado que los gobiernos central y autonómico amplíen el plazo máximo de 72 meses que las víctimas del terremoto tienen  para  beneficiarse de las ayudas al alquiler, en virtud del nuevo convenio firmado el pasado 26 de octubre por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Martín explicó que la letra pequeña del convenio de colaboración establece que el “periodo máximo” en que los afectados pueden percibir ayudas para el alquiler es de 24 meses para viviendas destruidas totalmente, y de 12 meses en caso de obras de reparación.

Plazos que pueden ser objeto de prórroga en situaciones excepcionales y siempre que lo autorice expresamente la Comisión Mixta sin que, en todo caso, puedan superar el plazo máximo de seis años (página 8).

Sin embargo, el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los seísmos, establece que las ayudas al alquiler para personas que tuvieran que afrontar la demolición de su vivienda habitual, “son prorrogables hasta que sea posible la reconstrucción de la vivienda o la disposición de una nueva”.

Martín ha alertado de esta situación después de que varias familias beneficiarias de estas ayudas al alquiler hayan puesto en su conocimiento que en la Oficina del terremoto les dicen que ya no pueden seguir solicitándolas “porque han llegado al tope de 72 meses permitido”.

“Murcia y Madrid no pueden firmar un convenio que contravenga lo establecido en el Real Decreto, ni prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2019 sin contemplar que, hasta esa misma fecha, los afectados que puedan demostrar que, por causas ajenas a su voluntad, no han podido volver a sus casas porque prosiguen los trabajos de reconstrucción, puedan seguir percibiendo esa ayuda”, dijo Martín.

“El convenio no debe servir sólo para pagar a los afectados a los que las Administraciones adeudaban ayudas, sino para ayudar a las familias que siguen necesitando el apoyo de las administraciones porque todavía hay edificios en construcción”, aseguró la concejala de IU-Verdes.

Esta problemática afecta, entre otros, a los vecinos que aún no han podido recuperar sus viviendas, como las familias del barrio de San Fernando, o los de los edificios ‘Los Almendros’ o ‘Portugal’.

Martín exigió que “unos y otros” se aclaren y dejen de “marear” a los afectados. También lamentó que siga teniendo que ser Izquierda Unida quien “pelee” por las víctimas del terremoto porque los organismos oficiales “son incapaces de dar respuestas coherentes o de velar por los derechos de estos vecinos”, concluyó.

Garzón llama a movilizarse tras la decisión del Supremo

Amalia Yebra
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Garzón llama a movilizarse tras la decisión del Supremo

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha tachado de “lamentable” e “indignante” la decisión de los 28 magistrados que componen el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, dividido prácticamente en dos -15 votos frente a 13-, ha ignorado una sentencia firme de hace tres semanas y decidido que sean de nuevo los clientes de los bancos que firman una hipoteca y no las propias entidades bancarias quienes tengan que pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Este tributo, el más importante que hay que pagar al hipotecarse, encarece la compra de una vivienda entre el 1,5 y el 5%.

Garzón, que realizó vía Twitter las primeras valoraciones de este grave y polémico resultado de las más de 16 horas de discusión de los magistrados iniciada ayer, adelanta que Izquierda Unida llama a la ciudadanía a movilizarse de forma masiva el próximo sábado, día 10, a las 18,00h. frente al Tribunal Supremo “ante la situación de desprestigio en la que queda la justicia de este país y ante el chantaje inaceptable de la banca privada”.

De igual forma, Izquierda Unida ha informado a través de sus redes en Internet de una concentración mañana miércoles, a las 13,00h., también en la Plaza Villa de París donde se encuentra el alto tribunal, bajo el lema ‘En España manda la banca. Queremos una banca pública’.

“¡Qué bien le sale a la banca chantajear al poder judicial! ¡Qué bien relacionados algunos jueces del Supremo, que hacen de todo menos justicia! Indignante, lamentable, un despropósito impropio de una democracia: el Supremo decide que pagan los clientes”, ha denunciado Alberto Garzón.

El máximo responsable de Izquierda Unida se ha mostrado muy duro con las entidades bancarias, a las que ha responsabilizado de haberse convertido en el “principal enemigo de las democracias”, así como “los responsables de saquear nuestras economías”.

“Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado”, apostilló.

 

Conesa resalta la necesidad de reforzar el peso de la industria en el tejido socioeconómico de la Región de Murcia

Diario16
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Conesa resalta la necesidad de reforzar el peso de la industria en el tejido socioeconómico de la Región de Murcia

Diego Conesa, delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha manifestado la necesidad de reforzar el peso de la industria en la economía regional para afrontar los desafíos de un mercado global muy competitivo y que no da tregua y como la mejor forma de complementar la fortaleza de la industria agroalimentaria y del sector del metal, dos de los referentes más importantes de la Región de Murcia, porque, según ha dicho, ya ha habido errores pasados, como pensar que solo podíamos vivir del sector servicios.

“El peso de la industria sobre el PIB regional es importante, pero si descontáramos el efecto y la aportación de Repsol, cuya presencia en esta región es una fortuna, habría que analizar realmente dónde estamos, y por eso debe ser un objetivo compartido por empresarios y administraciones aumentar el peso de la industria en nuestra economía”, ha indicado Conesa durante su intervención en el ciclo de conferencias organizado por la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y el diario La Verdad.

El delegado del Gobierno ha explicado que el desarrollo de las infraestructuras jugará un papel clave en este objetivo, y que pronto llegará a Murcia y a Cartagena la Alta Velocidad y un sistema digno de cercanías, además del Corredor Mediterráneo, que, según ha dicho, “ya es una realidad gracias también al impulso del sector empresarial”.

En relación a la ZAL de Los Camachos, Conesa ha revelado que el Gobierno de España, a través de SEPES, ya ha planteado propuestas y ofertas formales y sólo está a la espera de una respuesta al respecto por parte de la Comunidad Autónoma. “Son ofertas muy buenas, con un precio y unas facilidades y flexibilidad de adquisición y pago que cualquier empresario presente hoy aquí ya hubiera firmado, por lo que espero que el gobierno regional de una respuesta a lo que representa una oportunidad única”, ha indicado.

Durante su intervención, el delegado del Gobierno ha insistido en que lo más importante para un empresario es tener garantías de seguridad jurídica y agilidad administrativa, que ha citado como un gran problema en la región en los últimos años, y ha manifestado su convencimiento de que el medio ambiente es una oportunidad y una fortaleza para el crecimiento empresarial y de la Industria.

Finalmente, Conesa ha explicado que para el futuro de la economía regional también resulta necesario un cambio cultural en el que las universidades, las organizaciones empresariales y sindicales y las administraciones públicas juegan un papel fundamental. “La resistencia al cambio es un lastre para una sociedad madura, pues este cambio no hay que visualizarlo como una amenaza, sino como una oportunidad para nosotros y para las generaciones futuras”, ha concluido.

Trabajador autónomo: ¿forzoso o voluntario?

José Martín Rodríguez
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Las Administraciones Públicas junto a CEOE, CEPYME y otros organismos llevan años intentando fomentar el tejido empresarial, subvencionando la creación de nuevos nichos de producción a través de incubadoras de empresas llamadas ahora “startup”, alentando e incentivando a los parados para que se conviertan en empresarios autónomos, los cuales, la mayoría son forzosos y en menor medida voluntarios, pero con pésimos resultados como demuestran los datos que barajamos en este estudio.

De acuerdo con los términos del socialismo científico, las clases medias son el sector de la población que trabaja manual o intelectualmente y a su vez son propietarias de sus medios de trabajo, a diferencia de la clase trabajadora asalariada que equivale hoy a la clase obrera.

Esas clases medias son en realidad un sector muy heterogéneo, como por ejemplo, el pequeño campesino que apenas saca de su pedazo de tierra lo justo para malvivir, pues en la actualidad, una finca agrícola con 10 o 15 hectáreas, sin maquinaria moderna es imposible sacarla  adelante y comprando la maquinaria, es demasiado pequeña para ser verdaderamente rentable, mientras que alquilarla resulta demasiado costoso.

No digamos del pequeño tendero de nuestros barrios que están siendo arrasados por los grandes Hipermercados, o el joven con carrera universitaria e idiomas que trabaja como autónomo o falso autónomo, hipotecando a su familia para autoemplearse, o el  abogado joven que ve difícil abrirse camino si no es como “asalariado” de algún consorcio de “Letrados Asociados”.  Los estratos más bajos de esa clase intermedia viven y trabajan en condiciones similares a la “clase trabajadora”, mientras que sus estratos superiores tienen mucho más en común con la burguesía y su modo de vida.

Las clases medias son muchos más débiles para la lucha social que la clase trabajadora, no solo numéricamente, sino debido a su situación de feroz competencia que les entorpece en cierto modo formar unidades solidarias. En cuanto a sus condiciones de vida y trabajo, pertenecen a organismos incapaces de jugar un papel verdaderamente independiente en la sociedad, por lo cual oscilan en sus simpatías y apoyos entre la clase burguesa y la clase trabajadora.

Es cierto que desde el análisis del socialismo marxista, sí diferenciamos entre la clase media y un sector más numeroso de la población: “Las capas medias”, es decir, ese grupo social que contiene a las clases medias y a algunos estratos superiores de la llamada “clase trabajadora de cuello blanco”, que debido a sus condiciones, a sus relaciones sociales y nivel de vida, coyunturalmente pueden estar más cercanas a los estratos medios de las capas medias, e incluso adoptan su psicología, comportamientos y aspectos ajenos de las amplias masas de la clase trabajadora asalariada, pero también sería un error tomar esto en sentido absoluto, porque a veces, depende de las circunstancias.

De acuerdo con una Encuesta de la Población Activa (EPA) publicada en 25-1-18, la población activa en nuestro país al 31-12-17 era de 22.765.000 personas. El número de personas ocupadas estaba en 18.998.400 y el número de parados era de 3.766.600 (16,55%).  El número de Empresas Activas a final de 2017 era de 3.337.646 de las cuales 1.840.000 de ellas, ¡¡NO tenían ningún asalariado¡¡ (¿Empresas instrumentales, economía sumergida, ingeniería financiera, falsos autónomos…? ) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) el número de trabajadores registrados en diciembre de 2017 era de 3.204.678.

Las discrepancias estadísticas de los datos de la propia Administración son escandalosas: Si al número de Empresas Activas le restamos el número de Autónomos que nos muestra el RETA al 31-12-17 tenemos:(3.337.646 – 3.204.678 = 132.968 Empresas Activas). Pero como según la EPA existen 1.840.000  empresas (Un 55,5%) que no tenían ningún asalariado,  las cuentas no salen correctamente con los datos que nos aporta el Estado. Uno de los problemas a resolver para empezar a aclarar las cosas en la economía española, es conocer las cifras de las empresas y cuántos trabajadores tienen con certeza cada una, si de verdad el Gobierno quiere luchar contra la corrupción.

En esas cifras de Empresas Activas se incluyen las Pymes, negocios familiares y cooperativas, donde laboran pocos trabajadores, muchos de ellos miembros de la misma familia. ¿Cuántas empresas existen de verdad? Consultando datos actuales de 2018 hemos encontrado éstos: Empresas de más de 50 trabajadores: 13.116. De más de 500 trabajadores: 1.044. De más de 1.000 trabajadores = 750. La atomización es un problema a resolver: Estadísticamente solo el 17,2% de las Empresas tiene más de 3 trabajadores el resto, un 82,8 % de las empresas españoles tienen 2 o menos asalariados. Según declaraciones del Presidente de la CEOE, Juan Rosell (30-7-2017), “el número de empresas de menos de 50 trabajadores ha ido aumentando al pasar de representar un 97,77% en 2010 a un 97,98 % en 2016”. ¿Se puede llamar a esto tejido empresarial o más bien una madeja enmarañada de economía sumergida y corrupción sistémica?

Con esas cifras vemos claramente que el número de empresas está completamente distorsionado. Los autónomos figuran dentro de los mismos Empresarios y es necesario entender que muchos de ellos son antiguos asalariados, que han sido empujados por las grandes empresas a ser autónomos, pero que realizan y viven en las mismas condiciones que un trabajador asalariado normal en activo que se ve forzado a pagarse su Seguridad Social como Autónomo, a veces con muchas dificultades para subsistir.

Utilizando los propios datos oficiales que nos proporciona la Estadística, se confirma la poderosa correlación de fuerzas que existe a favor de la clase trabajadora en todos los países capitalistas modernos. Algunos críticos al servicio de las Derechas y el Capitalismo, niegan que exista la “clase obrera” y siguen criticando continuamente hablando que ahora hay solo “clases medias” y que la clase obrera ya no existe porque está muy debilitada.

Sin embargo, debemos reconocer que la conciencia y la psicología de esas capas superiores o periféricas de la clase trabajadora asalariada es cambiante y heterogénea, entre las cuales se encuentran trabajadores con conciencia de clase, que por provenir de un despido, un cierre patronal, una regulación de plantillas o de una reconversión industrial, no han perdido sus vínculos naturales con el resto de la clase trabajadora a la cual ha pertenecido y sigue perteneciendo.

Podemos distinguir entre esas capas, sectores de estudiantes bien preparados con varias carreras, profesores, médicos, abogados, funcionarios interinos y demás sectores empobrecidos por la crisis recientemente incorporados a la clase trabajadora procedente de distintas extracciones sociales, pero que se han “proletarizado de hecho”, aunque sigan considerándose ellos mismos “clase media”.  De todas formas, la fuerza social y numérica de amplias capas de la clase trabajadora asalariada continúa siendo la abrumadora mayoría muy superior a esas capas medias mencionadas y el 47 % de los asalariados cobran menos de 1.000 euros al mes.

Existe una confusión entre el concepto de “clase trabajadora” con el nivel de vida. En los países más desarrollados, la mayoría de los trabajadores no pasan hambre y se pueden permitir acceder a condiciones de vida más desahogadas, tomando vacaciones y llevando una vida digna, pensando y actuando que han dejado de ser “clase obrera” y se consideran clase media y así razonan muchos sociólogos, psicólogos y técnicos con un esquema que en realidad representa una vulgarización del análisis marxista bastante burda. En los países más empobrecidos existe la clase trabajadora que no sale de pobre;  en zonas de África o Latinoamérica y zonas en conflicto, el hambre y la miseria les empuja a migrar buscando un pedazo de pan.

El socialismo científico no ha negado nunca, porque sería estúpido y acientífico, la posibilidad de un aumento en el nivel de vida de amplias capas de la clase trabajadora, porque esa  es el objetivo y por ello combatimos al capitalista. La patronal se ve obligada a aceptar subidas salariales de los trabajadores que las conquistan con sus luchas ante las condiciones sociales cambiantes en las que se desenvuelve la lucha entre las clases.

Pongamos unos ejemplos: Disponer de un coche hace 80 años era un lujo inalcanzable para la mayoría de obreros. La escasez y el elevado precio en comparación con el miserable salario de la época,  impedía al trabajador acceder a unas condiciones de vida dignas.  En cambio, actualmente un coche, una tele, un móvil… es absolutamente vital para desenvolverse incluso como trabajador asalariado. Es esencial para millones de asalariados el desplazarse en su coche para asistir al trabajo y sería difícil o imposible para la producción capitalista funcionar como hace 70 u 80 años.  Por otra parte, la industria del automóvil es una rama fundamental de la producción capitalista.

El sistema capitalista se ve obligado a reflejar en el salario de los trabajadores esa realidad, porque necesita seguir existiendo y con salarios bajos, como a los que nos arrastró la política de recortes y austeridad del PP;  el nivel salarial ha caído tanto que lastra el consumo y la producción. “Casi un 28 % de la población en España, 12.9 millones de personas vive en riesgo de pobreza y exclusión social”.(www.europapress.es 16-10-17), por lo que resulta ridículo decir que los trabajadores se han aburguesado o se han convertido en clase media,  cuando la brecha de la desigualdad sigue creciendo.

El coche  y otras mejoras, como los electrodomésticos,  son objetos más de consumo y medio de vida y no un lujo. Pero la relación social entre asalariado explotado y capitalista explotador no ha desaparecido, sino que sigue creciendo como vemos, si analizamos la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres. El modelo capitalista continúa extrayendo las plusvalías del salario dejado de pagar al asalariado.

El socialismo científico afirma que en cada época, los capitalistas intentan mantener el salario del trabajador en el mínimo necesario para que pueda sobrevivir en condiciones sociales mínimas.  Existe una lucha constante entre la patronal y los trabajadores, que es lo que se  denomina, lucha entre clases, por lo que también afirmo que las conquistas por el nivel de vida y condiciones de trabajo de las masas no es eterna y lo que te dan por un lado intentan quitártelo por el otro, por lo que la lucha se convierte en permanente.

La correlación de fuerzas entre las clases, cambia a veces a favor de una clase, a veces de otra, por ejemplo, fruto de un gobierno de los capitalistas y muy reaccionario como el que hemos sufrido estos últimos años, dirigido por el PP,  que ha destrozado el Estado de Bienestar, o fruto de una gran derrota sindical, o incluso en momentos históricos,  una aguda crisis económica como la que hemos sufrido que dura ya más de 10 años habiendo desaparecido muchas de las conquistas sociales alcanzadas en épocas anteriores ganadas a base de las luchas sindicales y políticas.

A modo de conclusión: Solamente con la transformación socialista de la sociedad podrán garantizarse de forma definitiva los avances sociales y elevarlos hacia el bienestar, pero, a condición de que se consiga planificar la economía y poner las grandes palancas de la producción en manos y al servicio de la clase trabajadora y capas medias, para derrotar a la reacción que crece en toda Europa  de forma muy peligrosa.

La Justicia se niega a entender que la resolución del Popular es nula

Esteban P. Cano
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La Justicia se niega a entender que la resolución del Popular es nula

El informe de la Junta Única de Resolución (JUR) en el que se indican los puntos clave por los que se inició el proceso de resolución está lleno de errores de apreciación respecto a la situación del Popular. Sobre todo, si tenemos en cuenta informes que han salido a la luz como, por ejemplo, el del Banco de España en el que se indica que la entidad sí que disponía de liquidez para abrir las oficinas al día siguiente, además de disponer de tiempo para corregir errores de forma en la presentación de garantías para lograr una nueva línea de ELA por valor de 4.500 millones de euros.

Según la JUR, no existían «perspectivas razonables de que cualquier alternativa del sector privado pueda evitar la inviabilidad de la institución». A continuación, se hace una exposición que se basa en la carta remitida por Emilio Saracho el día 6 de junio en el que afirmaba que se cumplían todas las condiciones para declarar el estado FOLTF (fail or likely to fail) del Banco Popular. Hay que recordar que esa carta está basada en las instrucciones recibidas de Uría y Menéndez (el despacho de cabecera del Santander) el día 2 de junio y que, además, la firma de Saracho está sometida a la petición de pruebas periciales por las sospechas de que no fue firmada por él.

Sin embargo, la realidad de esos días era muy contraria a lo que afirma la JUR. Por un lado, según el informe del Banco de España, el Banco Popular podría acceder a una línea de liquidez de urgencia por valor de 4.500 millones si corregía pequeños defectos de forma en la solicitud como, por ejemplo, presentar documentos originales en vez de fotocopias. Este hecho ya fue confirmado por el ex subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, quien el día 23 de junio de 2.017 hizo públicas sus sospechas de que Saracho no había presentado todas las garantías que tenía el Popular para solicitar más liquidez de emergencia. Por tanto, la afirmación de la JUR de que no existía ninguna solución a corto plazo en referencia al Banco de España o a BCE es falsa.

En referencia a las soluciones privadas, tanto para lograr liquidez como las relacionadas con la situación de capital, la JUR no tuvo en cuenta en su valoración las ofertas de venta de activos no estratégicos —WiZink (4.500 millones) y TotalBank (500 millones)— ni las de ampliación de capital que podrían superar los 8.000 millones de euros. Por lo tanto, la premisa de la JUR de que no existía ningún tipo de solución privada a corto plazo tampoco era cierta.

En consecuencia, la utilización de argumentos erróneos es una causa más de nulidad tanto de la resolución como de las consecuencias posteriores, es decir, la ruina de más de 305.000 familias.

La Trama Amat llega al Congreso de los Diputados

José Antonio Gómez
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La Trama Amat llega al Congreso de los Diputados

La Trama Amat ya está en el Congreso de los Diputados. La diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, registró el pasado día 25 de octubre una batería de preguntas dirigidas al Gobierno orientadas a buscar una respuesta sobre las razones por las que, en primer lugar, se está paralizando la instrucción y, en segundo término, por las que se está intentando apartar a las acusaciones particulares, principalmente a la Asociación Mediterráneo Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).

En el escrito presentado por la diputada del Grupo Confederal Unidos Podemos, se recuerda que «el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar viene investigando en el marco de las Diligencias Previas 34/12, la conocida como “Trama Amat”. En esta causa el Juzgado solicitó mediante auto de julio de 2013 que por miembros de la Unidad de Delitos y contra el Crimen Organizado (UDyCO) se investigase las relaciones y vinculaciones societarias del alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, presidente de la Diputación Provincial de Almería, presidente del Partido Popular y Presidente Regional del Comité Electoral del Partido Popular, D. Gabriel Amat Ayllón».

La investigación, tal y como venimos contando en Diario16, concierne a entramado societario compuesto por, al menos, 100 sociedades y que podría extenderse hasta 300 mercantiles que, según informes de la UDyCO, están vinculadas, de un modo u otro, con Gabriel Amat, familiares directos y/o socios y que presuntamente se habrían beneficiado de las decisiones adoptadas por el alcalde de Roquetas en materia de urbanismo y contratación durante los más de veinte años en los que lleva ejerciendo el cargo de primer edil roquetero. En estos cinco años, tampoco se ha resuelto el supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades de Amat en un «informe acordado y solicitado, en su día, al Ministerio de Administraciones Públicas, quién delegó dicho informe en la Intervención General de la Administración del Estado, delegación territorial de Almería. Después de más de un año de tal requerimiento, y haber solicitado en reiteradas ocasiones al juzgado las declaraciones de incompatibilidades del alcalde Amat, la delegación territorial de la Agencia Tributaria en Almería contestó que no es competente para emitir tal informe, siendo que a esta fecha se sigue sin saber cuál es el órgano competente».

A pesar de todos estos documentos y los presentados ante los estamentos judiciales por las acusaciones particulares, principalmente por AMAyT, para solventar esta situación de continuos retrasos, no ha habido contestación de ningún tipo, ni siquiera en lo referente al nombramiento de un juez de apoyo o con dedicación exclusiva en la instrucción de esta causa. Además, como publicamos en Diario16, el CGPJ ha abierto investigación sobre la última juez sustituta por una presunta manipulación de los autos de archivo de dos de las piezas de la Trama Amat.

Una vez presentada la batería de preguntas, tendrá que ser el Gobierno quien responda sobre la situación en que se encuentra uno de los escándalos de corrupción que aún siguen vivos por, precisamente, la pasividad de los órganos judiciales…, exactamente el mismo modus operandi aplicado en el Caso Fabra, en el que los jueces instructores reclamaban más medios, además de denunciar en privado que eran insoportables las presiones políticas para el archivo de la investigación de la trama.

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