miércoles, 21 enero, 2026

El Caso Banco Popular demuestra la ineficacia del BCE

Como ya informamos hace unos días, los cambios de criterio del Banco Central Europeo (BCE) en referencia a la situación del Popular son una muestra de cómo, una vez que se produjo el cambio en la presidencia de la entidad, el regulador de la Eurozona comenzó a implementar estrategias que iban más en la línea de los responsables de la operación que en buscar una solución efectiva para el sexto banco de España.

Todo ello se ve, incluso, en las contradicciones en las que cayó el BCE. El día 25 de diciembre, su presidente, Mario Draghi, envió una carta en la que indicaba, entre otras cosas que el Banco Popular «ha llevado a cabo estrategias adecuadas, efectivas y completas para la valoración, mantenimiento y distribución de capital […] El volumen, tipo y distribución interna de capital ha sido adecuado para cubrir el nivel de riesgos al que Banco Popular ha sido expuesto […] Banco Popular ha implementado importantes y robustas políticas de actuación, para identificar medir y controlar la liquidez, con una estimación adecuada de cara a futuro […] La liquidez del Banco cumple con los requerimientos legalmente exigidos a finales de 2016 […] Banco Popular ha llevado a cabo todo tipo de medidas, estrategias, procesos y mecanismos, para cumplir debidamente con las exigencias de la Directiva 2013/36/EU».

Sin embargo, ese mismo día, Gustavo Teixeira enviaba un documento al Popular en el que advertía sobre el elevado grado de créditos y activos improductivos.

Es decir, que ni siquiera en el BCE tenían una estrategia unificada respecto a la situación del Popular. Todo ello coincidió con los correos cruzados entre el director de Asesoría Intitucional, José Heraclio Peña, con distintos interlocutores en el Ministerio de Economía de Luis de Guindos, respecto a la autorización de la implementación de la siguiente fase del plan de negocio, es decir, el Proyecto Sunrise que, precisamente, iba orientado a la eliminación y comercialización de esos créditos y activos improductivos de los que hablaba el BCE.

Extracto email Banco Popular-Banco de España autorización plan de negocio

El día 25 de noviembre se recibió tanto la carta de Draghi como el informe de Texeira y, apenas tres días después, Peña envió a Miguel Ángel Moral un correo en el que indicaba que el propio Ministerio señalaba que no era precisa ningún tipo de autorización expresa para Sunrise. El día 30 de noviembre, dimitía Ángel Ron. El 2 de diciembre, en otro correo, Peña señalaba que el Ministerio comunicaba que la implementación de Sunrise estaba sujeta a su autorización, cosa que no ocurrió, como bien saben nuestros lectores.

Extracto email Banco Popular-Banco de España autorización plan de negocio

La carta de Draghi indicaba que el plan de negocio del Popular era positivo para la entidad pero, el mismo día, el secretario del Consejo del BCE indicaba que había serias deficiencias. Finalmente, ¿qué camino se eligió? El de mantener la tensión tanto en los mercados como en los depositantes sobre el Popular, es decir, lo que favorecía realmente a la operación que se estaba implementando desde diferentes frentes y que finalizó el día 7 de junio con la venta por un euro al Santander y con la ruina de más de 305.000 familias.

Si el regulador europeo no tiene control sobre los bancos que tiene la obligación de supervisar, tal y como se demuestra en las diferencias de criterio de las dos comunicaciones recibidas el 25 de noviembre, el propio BCE está poniendo en peligro el sistema financiero europeo. Si a todo lo anterior sumamos que se está aplicando un sistema de resolución de entidades diseñado para problemas de solvencia en bancos con crisis de liquidez, nos damos cuenta de que se deja en manos de la arbitrariedad el funcionamiento de la banca en la Eurozona. Un verdadero peligro por las consecuencias que está generando, no sólo en España con el Caso Banco Popular, sino de cara al resto de países y de sus ciudadanos.

El Vaticano no descarta enterrar a Franco en La Almudena

En las últimas semanas el Gobierno español y el Vaticano han llevado a cabo intensas negociaciones antes de decidir dónde trasladar los restos de Francisco Franco una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos. El último contacto ha tenido lugar hace solo unas horas en Roma, donde la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, han debatido sobre las posibles alternativas. En principio, el papa Francisco no se opondrá a que los restos del dictador sean exhumados, pero el problema viene después. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde llevarlos? El Gobierno no quiere ni oír hablar de enterrar los huesos del dictador en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, porque ello sería tanto como abrir una especie de gran santuario a mayor gloria del tirano. La imagen de cientos de turistas guardando cola a las puertas del templo para conseguir una entrada, por mucho que supusiera importantes ingresos para la Iglesia católica, dejaría el prestigio de España seriamente dañado. Resulta de justicia y de sentido común que un país que dice respetar los derechos humanos rechace honrar la memoria de un genocida. Y ahí es donde no queda claro qué alternativas ofrece la Santa Sede, que por momentos está manteniendo una postura cuanto menos ambigua en este conflicto. Si el papa Francisco está dispuesto a ceder un monumento propiedad de la Iglesia para albergar los restos del general, ello podría interpretarse como una deslealtad hacia el Gobierno español, además de un apoyo explícito y un reconocimiento directo del franquismo, con el que mantuvo estrechas relaciones durante los cuarenta años que duró la dictadura en España.

De momento la Iglesia mantiene un misterioso silencio sobre este asunto, como si se guardara un as en la manga, y eso lo sabe el Gobierno. El hecho de que Parolin no haya despejado la duda de forma rotunda significa que todavía valora la posibilidad de enterrar a Franco en la catedral de Madrid. De momento, Carmen Calvo y el secretario papal han mantenido un primer acercamiento para tratar sobre el espinoso asunto que puede tensar las siempre difíciles relaciones entre un Gobierno socialista y el Vaticano. Por lo que al Gobierno respecta, el departamento que dirige Carmen Calvo ha tratado de mostrar cierta normalidad. De hecho, asegura que este contacto “forma parte de las relaciones habituales y fluidas que siempre han mantenido ambos estados”, según un comunicado del Ministerio de la Presidencia. En realidad se trata del primer encuentro que mantienen representantes del Estado español y de la Santa Sede tras la llegada al poder del nuevo Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Según esa misma nota de prensa, el cardenal Parolin ha garantizado a la vicepresidenta Calvo que “no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos”. Sin embargo, respecto al lugar donde podría llevarse a efecto el traslado, es decir la inhumación, nada se dice, aunque ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de “buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo”. Esta declaración hace pensar que las negociaciones no han hecho sino comenzar y que queda mucho camino por recorrer y mucho por hablar.

Quizá para mostrar buena voluntad, el Gobierno de Pedro Sánchez “ha agradecido a la Santa Sede la comunicación cordial y fluida que se está manteniendo con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez”. Lo cual no es más que una mera fórmula de cordialidad diplomática que no aclara nada sobre el futuro de los restos de Franco. Sin duda, tras las palabras oficiales queda mucho margen para la interpretación, incluso una cierta inquietud y preocupación por parte del Ejecutivo socialista ante el dictamen final que pueda adoptar el papa Francisco. Si esa decisión es enterrar a Franco en La Almudena el escándalo podría ser mundial.

El Ejecutivo de Sánchez ha informado a la Iglesia católica sobre su reforma penal para que los delitos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes nunca prescriban

Pero más allá del juego diplomático, el simple hecho de que el Vaticano no se pronuncie sobre si tiene previsto permitir que un genocida acusado de miles de asesinatos y ejecuciones sea acogido en un templo cristiano y católico ya revela que las simpatías del clero con el régimen franquista siguen estando cuanto menos latentes. Es algo unánimemente aceptado por los historiadores que sin el apoyo explícito de la Iglesia a la “causa nacional” ‒que fue definida por el propio clero como “una cruzada” o “una guerra santa” contra el comunista infiel‒ Franco jamás se habría podido mantener en el poder durante tanto tiempo. Esas estrechas relaciones y deudas históricas parece que todavía siguen vigentes en amplios e influyentes sectores vaticanos. Es decir, la guerra entre obispos franquistas y demócratas se ha trasladado también a Roma y de ese tira y afloja, de esa lucha intestina, dependerá el veredicto final de Francisco.

Mientras tanto, el encuentro entre Calvo y Parolin, “que ha sido extremadamente cordial”, según insisten fuente del Gobierno, ha servido para sondear cómo están a fecha de hoy las relaciones entre Madrid y el Vaticano. Según Presidencia, el contacto se ha producido con el “objeto de intercambiar puntos de vista e información sobre diferentes cuestiones de interés para España y la Santa Sede”. Entre otros, se han abordado asuntos como el régimen fiscal de la Iglesia en España y el proceso de revisión de los bienes inmatriculados por la Iglesia. A su vez, el secretario de Estado del Vaticano ha mostrado su voluntad de “abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro”.

Por su parte, la Iglesia ha trasladado su interés, compartido por el Gobierno, por hacer justicia a las víctimas de la pederastia en la Iglesia y su intención de prevenir nuevos casos en el futuro. En ese sentido, el Gobierno ha informado a la Santa Sede de la reforma del Código Penal que prepara para conseguir que estos delitos nunca prescriban. Finalmente, se han repasado otros temas como la agenda internacional de ambos Estados.

Caso Banco Popular: Albella ataca para no descubrir su connivencia

Sebastián Albella está viendo cómo la mano de la Justicia se puede estar cerniendo sobre él por su responsabilidad en la caída del Banco Popular. Por esta razón ha decidido lanzar una campaña de distracción a través de la apertura de un expediente a Ángel Ron y su equipo por el estado de las cuentas. Esto es sorprendente por las razones que ya explicamos en anteriores artículos, pero, sobre todo, porque fue el propio presidente de la CNMV quien, en el año 2.016 asesoró y dio el visto bueno a la ampliación de capital de junio que todos aquellos que fueron conniventes con la operación están utilizando como coartada para que la atención de la Justicia se centre ahí en vez de en los verdaderos responsables, además de los despachos de abogados que tienen conflicto de interés del Santander.

Albella tuvo en su mano frenar toda la operación desde el primer momento pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

¿Qué habría pasado si Albella hubiese hecho como Liberbank y hubiera prohibido las operaciones a corto? El mercado habría frenado la caída y, además, habría tenido tiempo para recuperar el valor evitando, de este modo, el pánico en los clientes particulares e institucionales, además de la bajada del rating por parte de las agencias de calificación. El Popular habría tenido tiempo de aplicar suficientes medidas para frenar la crisis de liquidez si quien estaba al frente del banco hubiera poseído la intención real de hacerlo y no torpedear al Popular desde dentro. No obstante, eso no interesaba porque ya había una entidad que estaba esperando con los brazos abiertos a que Europa interviniera. Su salvación estaba en juego.

Por otro lado, Albella pasó por alto, a sabiendas o por ignorancia, las ofertas de ampliación de capital recibidas de Credit Suisse, Barclays y Deutsche Bank, hecho que habría provocado de inmediato la paralización de la cotización o, al menos, el mercado hubiera recibido un mensaje positivo con su correspondiente respuesta alcista. Si conoció el interés de estos tres grandes bancos y no hizo nada, podría haber incurrido en un presunto delito; si Saracho se lo ocultó porque, según él, eran cartas comerciales cuando, en realidad, estaban cruzándose correos durante varios días entre las distintas entidades, entonces la CNMV pasó por alto elementos de los que tenía que estar al corriente porque muchos inversores y muchos pequeños accionistas dependían de ello.

Para Sebastián Albella la negativa del juez Fernando Andreu de archivar parcialmente la pieza en la que se acusa a Emilio Saracho de manipulación del mercado fue una muy mala noticia, puesto que esa solicitud de sobreseimiento estaba basada en un informe de la propia CNMV. La reacción que tuvo fue la de un felino acorralado: atacar. Y lo hizo intentando desviar la atención nuevamente sobre la ampliación de capital y el estado de las cuentas del Popular durante la presidencia de Ángel Ron, algo que él mismo y otras grandes compañías habían dado por buenas.

Esa estrategia de salvamento de quienes son los verdaderos responsables choca, precisamente, con las versiones dadas por el resto del mundo financiero. El informe de la CNMV llega, incluso, a afirmar que el banco no era solvente cuando, desde el propio Santander, pasando por el Banco de España, el BCE o la JUR —además del informe de Deloitte— se indica claramente que la caída del Popular fue causada por una crisis de liquidez y que el banco era solvente.

La ineficacia de la CNMV presidida por Albella se demuestra, además, porque la institución reguladora de los mercados tiene la obligación de comprobar que la información financiera que proporcionan las cotizadas cumple con la normativa. En el caso del Popular, tanto PwC como el informe independiente de KPMG indican que el modelo contable de cálculo de pérdidas de la entonces sexta entidad española cumplía con pulcritud las normas establecidas.

El problema con el que se encuentra Albella es que el Banco de España, en el informe entregado a la Audiencia Nacional, demuestra claramente que no existió ningún tipo de delito en las cuentas del Popular.

En consecuencia, Sebastián Albella quiere aparecer como víctima y no como verdugo del Banco Popular, algo que muchos de los que formaron el equipo de Luis de Guindos están intentando, tal y como hicieron en Nuremberg algunos de los acusados cuando alegaron que sólo cumplieron órdenes.

Amplios sectores exigen la reforma integral de la Justicia

La reciente polémica sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de actos documentados de las hipotecas, la reacción de la banca y la convocatoria de una reunión para verificar el impacto de dicha sentencia e, incluso, para frenar la resolución utilizando alguno de los recursos que quedan aún pendientes, ha generado alarma social y ha vuelto a destapar la sospecha de que la Justicia, en vez de estar al servicio de los ciudadanos, lo está al de las élites y los poderosos.

Plutarco, uno de los historiadores clásicos más importantes, narró el encuentro de Alejandro Magno con Diógenes, el más famoso filósofo de la escuela cínica griega, y cómo éste rechazó todos los ofrecimientos y regalos del hombre más poderoso de la tierra en aquella época.

Alejandro se dirigió a Diógenes diciendo: «he oído de ti, de quienes te llaman perro y de quienes te llaman sabio. Me place que sepas que me encuentro entre los últimos y, aunque no comprenda del todo tu actitud hacia la vida y tu rechazo del hombre político, he de confesar que tu discurso me fascina». Diógenes no ponía mucha atención al emperador y se mostraba inquieto buscando el sol que Alejandro ocultaba tras su figura.

Alejandro le dijo al filósofo: «Quiero mostrarte mi admiración, y por ello pídeme lo que quieras, pues puedo darte lo que desees, incluso lo que los hombres más ricos de Atenas no se atreverían ni a soñar».

Diógenes contestó al gran conquistador diciendo: «Claro, por supuesto. No te impediré demostrarme tu afecto. Y por ello, quiero pedirte que te apartes del sol, pues, en este momento, mi mayor deseo es que sus rayos me toquen. Ningún otro deseo o necesidad tengo, y solamente tú puedes concedérmelo».

El emperador, que tuvo entre sus maestros a Aristóteles, se mostró tan sorprendido ante la respuesta del filósofo que comentaría a sus generales: «Si no fuera Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes».

De este relato podemos sacar la enseñanza de cómo los ofrecimientos de regalos y riquezas del hombre más poderoso de la tierra, Alejandro Magno, fueron educada pero displicentemente rechazados por un pobre filósofo, Diógenes, que fue desterrado en varias ocasiones, apresado por piratas y vendido como esclavo, que no tenía propiedades y dormía en un barril, que se preocupaba por las cuestiones sociales y morales, y resultaba revolucionario y subversivo para los regímenes políticos de entonces, pues cuestionaba la autoridad y cualquier poder político, y pretendía cambiar la corrupta sociedad en la que vivía.

Y ¿qué tiene que ver Alejandro Magno o Diógenes con la Justicia española, y las élites que manejan el poder desde la banca, la empresa o la economía? Entre los miembros de la judicatura y la abogacía son legión los que no se resisten a los ofrecimientos y regalos de los actuales poderosos que hoy en día son las grandes dictaduras financieras.

El nivel de corrupción ha llegado a tal punto que la mayoría de jueces y abogados están hartos de sus compañeros que prosperan admitiendo los «regalos» de los poderosos a costa de la Justicia. En este medio se han publicado muchos artículos al respecto, entre los más recientes los del juez Fernando Presencia, de Esteban P. Cano o del presidente del Consejo editor de Diario16, Manuel Domínguez Moreno.

La reforma de la Justicia es una de las muchas revoluciones pendientes que quedaron en el tintero en la Transición. Sin embargo, no es sostenible en una democracia que el tercer poder aún esté funcionando a través de protocolos decimonónicos o de personas que ostentan los apellidos de quienes fueron los máximos representantes de la Justicia durante el franquismo. Eso es algo que ocurre, no sólo en la judicatura o en la fiscalía, sino que también existe una connivencia entre éstos y los despachos de abogados que provoca un escenario de corruptelas que hace que el pueblo se sienta desamparado por las instituciones que deberían ser las garantes de, precisamente, la Justicia.

La endogamia entre abogados de los grandes despachos y magistrados de los importantes tribunales es algo demasiado habitual en España, dado que aquéllos tratan de controlar la designación de magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo donde se dilucidan los principales casos económicos e intentan situar a sus hombres de confianza. En el artículo «Los lobbies de la Justicia» se destacaba que «controlar la Justicia es uno de los objetivos de los grandes despachos de abogados que no tienen reparos en fichar a golpe de talonario a jueces y fiscales. Colocar a sus `peones´ en los altos órganos judiciales es otra de sus finalidades». El artículo mencionaba a fuentes jurídicas que manifestaban que «las relaciones entre los ex magistrados, ex fiscales y los grandes despachos se deben al intento de estos últimos de conseguir un gobierno paralelo de notables». Ejemplos hay muchos, como, por ejemplo, que la defensa de Emilio Botín en el caso de las jubilaciones multimillonarias de Amusátegui y Corcostegui fue llevada por los abogados de Uría y Menéndez, Carlos Bueren y Jesús Remón, junto a Gonzalo Rodríguez Mourullo, mientras que la defensa de Ángel Corcóstegui fue llevada por Javier Sánchez Junco ex fiscal especial de delitos económicos. El artículo finalizaba con esta reveladora frase: «Estos nuevos letrados, lejos de limitarse a defender a sus clientes en los tribunales, se han convertido en directores de cuidadas operaciones en las que su agenda de contactos desempeña un papel estelar».

Esta relación privilegiada entre la magistratura, fiscalía y los grandes despachos que defienden a los poderosos, está causando el hartazgo de jueces y abogados cansados de sufrir esa relación que lleva a los letrados a ver cómo se pierden pleitos con resoluciones arbitrarias y a los jueces a ver cómo sus sentencias son revocadas por superiores instancias con incomprensibles motivos “ad hoc” que no superan el canon de razonabilidad y siempre en beneficio de los mismos.

Uno de los ejemplos palmarios en este sentido es el comportamiento de la Justicia respecto al Banco de Santander, tal y como hemos contado en diferentes artículos en Diario16.

Esa inasumible situación de la Justicia continúa en la actualidad en nuestra democracia fallida, que desde 1975 no ha conseguido aplicar la reforma necesaria para que la Justicia sea de verdad justa y no un clan de magistrados condescendientes con las ilicitudes y delitos de los poderosos.

Abogados y jueces están cansados de ver cómo magistrados y abogados de los más importantes despachos ponencias en cursos, congresos y conferencias, como denunció el Juez Fernando Presencia en un artículo en Diario 16. Un curioso ejemplo sería el del exmagistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas que, el mismo día en que se declaraba su cese por RD 417/2013, inadmitía un recurso de amparo, inadmisión que beneficiaba al Santander que había sido defendido, en la casación ante el Tribunal Supremo, por el abogado de Uría, Jesús Remón, con el que compartiría días más tarde participación en el Curso de verano 2013 de la Universidad Complutense al parecer copatrocinado por Santander Universidades.

Esta deplorable situación de nuestra Justicia sólo beneficia a los poderosos y genera una falta de seguridad jurídica que perjudica de manera indiscutible a la imagen y economía de nuestro país, que es percibido, desde dentro y desde el exterior, como un país corrupto. Así, se hace necesaria una revolucionaria y verdadera reforma integral de la Justicia. Reforma que viene siendo exigida por jueces, abogados y demás profesionales de la Justicia, propuesta por todos los partidos políticos y pospuesta “sine die” por todos los gobiernos desde el advenimiento de nuestra fallida democracia. Esta dejación de los sucesivos gobiernos ha convertido a nuestro país en uno de los más corruptos de las democracias avanzadas y que lo seguirá siendo si no se afronta seriamente la reforma, de arriba a abajo, de nuestro sistema judicial.

Además, no se pueden olvidar las puertas giratorias de la Justicia, donde magistrados y fiscales pasan al sector privado para defender a los grandes clientes que juzgaron cuando ocupaban sus plazas en los tribunales españoles.

Para finalizar recordamos la historia de Federico el Grande de Prusia que se empeñó en derribar un molino cuyo ruido le molestaba y afeaba la vista de su palacio de Sanssouci en Potsdam, a las afueras de Berlín. El molinero, en vez de someterse al designio del rey, denunció al monarca ante los tribunales y la justicia le dio la razón. La sentencia obligó al rey de Prusia a indemnizar al humilde molinero y reconstruir su molino. Pero cuando Federico el Grande conoció el veredicto, en vez de montar en cólera, exclamó: «Veo, con alborozo, que todavía quedan jueces en Berlín».

Mientras la ansiada reforma de la Justicia llega, nos encomendamos a la inmensa mayoría de jueces que todavía quedan en España.

La banca lamenta haber perdido más de 6.000 millones tras la sentencia del Supremo y advierte que pasará la factura al cliente

La banca española empieza a pasar facturas a cuenta de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, hoy en suspenso. Y no solo facturas, también avisos a navegantes y advertencias más o menos veladas que pueden interpretarse como serias amenazas ante posibles tentaciones intervencionistas del Gobierno o resoluciones judiciales excesivamente alegres y progresistas a favor de los derechos de los ciudadanos. A la banca no le ha gustado la sentencia que condena a las entidades financieras a asumir el gasto que ocasiona el impuesto de actos jurídicos documentados –hasta ahora asumido por el cliente– y lamenta que la incertidumbre creada tras la suspensión de la resolución del Supremo le esté ocasionado unas pérdidas millonarias con las que no contaba.

“Cuando a los mercados se les sorprende con decisiones que no esperan, los inversores se ponen en la peor de las situaciones”, advierte en la cadena Cope el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, en clara alusión a que los poderes financieros tomarán decisiones para salvaguardar sus intereses. Estas cosas solo se pueden decir en la emisora de los obispos, definitivamente posicionada al lado del gran capital, olvidándose de los menesterosos. Para la AEB, que defiende los intereses del sector financiero, el cambio de criterio del Tribunal Supremo, que le quita la carga impositiva al comprador de la vivienda y se la impone al banco, ha generado a las entidades bancarias pérdidas por valor de más de 6.000 millones de euros en apenas unos días. Unas estimaciones sobre las que el representante de los banqueros no aporta informe o dato estadístico alguno y que más bien parece apoyarse en una sola estrategia: la de presionar al Gobierno, a los jueces y a todo un país para que sigamos callados y obedeciendo las órdenes de los mercados.

En esa misma línea, Roldán ha lanzado otra advertencia inaceptable para la sociedad española al recordar que “el mercado hipotecario ha permitido que más del 80 por ciento de las familias en España tengan acceso a una propiedad”. O lo que es lo mismo: sin la divina providencia de los bancos, a los que debemos rendir pleitesía y conceder todo tipo de privilegios legales y económicos, los ciudadanos ni siquiera habrían podido soñar con comprarse una casa. En un país como el nuestro, donde la deuda de las familias con los bancos ha crecido en casi 9.500 millones de euros, donde el salario mínimo interprofesional es de los más bajos de Europa y donde más del 60 por ciento de las familias españolas tienen dificultades para llegar a final de mes, declaraciones de este tipo suponen un sarcasmo y una falta de respeto a la ciudadanía.

La banca española ha gozado en los últimos años de una bula inadmisible concedida por los gobiernos de uno y otro signo. Ahí están las recientes declaraciones de la propia subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que instó a su plantilla de inspectores a dejar de “defender a la banca”. Sin duda, fueron los excesos de cajas de ahorro y bancos los que nos llevaron a la terrible crisis de 2008 y aún así el Gobierno de Mariano Rajoy decidió destinar 77.000 millones de euros a rescatar el sistema financiero, según datos del Banco de España (otras organizaciones cifran en más de 100.000 millones el coste de las ayudas con fondos públicos). Ya se sabe que el 80 por ciento de toda esa monstruosa cantidad de dinero –unos 60.600 millones de euros‒ jamás serán recuperados. Ha sido una inversión a fondo perdido, un regalo de nuestra generosa democracia a los magnates del dinero. La banca, por tanto, debería estar eternamente agradecida a Papá Estado, que con esa lluvia de millones de los contribuyentes regó el árbol podrido. Fue así como Rajoy se puso de lado del poder del dinero, apartándose de los ciudadanos que pagaban caro los efectos de la crisis. Todo para que el sistema financiero no se desmoronara como un castillo de naipes.

Pero lejos de reconocer sus culpas, de hacer propósito de enmienda y de mostrar cierta deferencia con los sufridos ciudadanos que han sufrido el azote de la crisis, nos encontramos con las amenazas y advertencias intolerables de Roldán, para quien el sector bancario ha cumplido escrupulosamente con la legislación vigente. Tampoco eso es verdad. El señor presidente de la AEB omite intencionadamente y quizá con mala fe que fueron precisamente los excesos y abusos de la banca –saltándose todos los controles legales– los que nos arrastraron al abismo de la recesión. Y ahora, en el colmo del chantaje a la sociedad española, nos amenaza con que las entidades financieras harán “sus cuentas” si finalmente el Tribunal Supremo las obliga a hacer frente al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, liberando así al cliente. Ese “hacer cuentas” no puede interpretarse más que de una manera: todo el dinero que pierdan los bancos en aplicación de la sentencia del alto tribunal será convenientemente recuperado por otras vías. Y en cuestión de artimañas para sacarle el dinero a la gente la banca es una experta. Hay muchos y variados trucos y todos ellos funcionan.

Pero tras las amenazas y advertencias de rigor, lo que termina de indignar al ciudadano es ese cuento que ya no se traga nadie de que poner límites y controles a la voracidad de los mercados –aplicando más impuestos a la banca o con sentencias favorables a los clientes– podría “cortar la positiva evolución de la economía española”. Roldán augura que los años 2018 y 2019 “serán buenos todavía, pero 2020 se puede complicar si nos descuidamos y relajamos” y agrega que “no podemos estropear en dos años todo lo que hemos logrado con muchos esfuerzos”. Es el viejo manual del liberalismo caníbal, el que dice que la economía solo va bien cuando le va bien a la banca y a unos pocos oligarcas de los grandes poderes empresariales, sin que los beneficios fluyan ni reviertan nunca en el conjunto de la sociedad. Es decir, la filosofía de amasar la riqueza de forma improductiva, o lo que es peor: esconderla, ocultarla, cuando no desviarla a lujuriosos paraísos fiscales. En realidad, lo que Roldán está queriendo decirnos con las previsiones de crecimiento es que si no nos portamos bien los bancos nos enviarán otro apocalipsis financiero. Una nueva crisis con la que ellos volverán a ganar dinero.

Roldán asume que si finalmente se aplica la sentencia del Supremo –que está pendiente hasta la reunión del Pleno de la Sala del próximo día 5 de noviembre– los bancos tendrán que hacerse cargo del impuesto de las hipotecas, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, pero eso sí, sin efectos retroactivos, es decir que las entidades financieras solo empezarían a correr con los gastos a partir de la entrada en vigor de la nueva jurisprudencia. De modo que de una manera o de otra la banca sale ganando. Como siempre.

Rivera confirma que acude a Alsasua a montarla

Un tuit. Un simple tuit confirma lo que ya expusimos hace unos días en estas mismas páginas, la pretensión de Albert Rivera de acudir a Alsasua para diseminar su oído y la violencia inherente a sus actos políticos. Lo que podía parecer exagerado se confirma con un simple tuit de la cuenta del propio dirigente naranja. Un tuit donde el populismo trufado de violencia que destila Ciudadanos queda reflejado a la perfección. Un tuit donde el respeto al otro se niega. Donde esa negación del otro quiebra cualquier posibilidad de diálogo, de discusión, de democracia. Al no existir ese otro carece de cualquier derecho cívico. Y así es el mecanismo por el cual se insufla el odio y la violencia.

“Se han confundido, miren bien el mapa: el próximo domingo iremos a Alsasua, Navarra, no a Euskal Herria, que no existe” ha escrito Rivera en su tuit. Niega, como avanzábamos al otro, al que dice estar en Euskal Herria, al que es euskaldun. O lo que es lo mismo, niega una realidad palpable, que va a acudir a la “Tierra donde se habla el euskera”, o el “país del euskera”. Claro en Alsasua se debe hablar esperanto según Rivera, pero aun siendo Navarra no deja de ser Euskal Herría porque allí, precisamente allí, en Alsasua se habla euskera desde tiempos inmemoriales. Por lo que, en términos culturales y lingüísticos ,Alsasua es parte de Euskal Herria siendo también Navarra. ¿Cuál es el problema? Que Rivera, con su cortedad mental, confunde lo etarra con lo cultural-lingüístico. El nacionalismo vasco con una cultura milenaria que es propia de buenas partes del País Vasco, de Navarra y de Francia. Todo eso no le gusta a Rivera porque él es español y sólo ve españoles. Pero la realidad cultural es la que es y no se puede negar.

Y como ya dijimos hace unos días, quiere acudir falsamente a Alsasua a defender la libertad y la igualdad. ¿En Alsasua no hay libertad, ni igualdad? Pues es la primera noticia que se tiene. Debería explicar el dirigente naranja el porqué de sus palabras. Aunque lo que ocurre es que la derecha española, al fin y al cabo, echa de menos los muertos de ETA porque les servía para engordar la buchaca de votos. Hoy, al no existir quieren violentar a distintas poblaciones con una supuesta defensa del constitucionalismo que no es tal. Es una tapadera para ocultar que buscan algún tipo de reacción violenta y justificar su acción. Y si por el camino consiguen sangre o heridos, consiguen pasar al estado de “víctima del terrorismo”. Todo un teatro de la violencia el de Rivera y sus amigos de Vox. Ya que Rivera no ha negado, ni ha pedido al partido fascista que acuda con ellos y ellas, se entiende que son bien recibidos.

Jorge Urdánoz Ganuza escribió el sábado, en Noticias de Navarra, un magnifico artículo donde refelexionaba sobre el acto del Rivera y el constitucionalismo liberal: Alsasua como símbolo. En él describía cómo se ha ido respetando lo cultural, cómo lo constitucional era motivo de orgullo y defensa por todos los grupos sociales españoles. Tampoco esconde los problemas que llevan a querer reformar la Constitución. Pero lo que tiene que ver precisamente con los odios y la violencia que lleva consigo Rivera, el escritor lo ejemplifica en la desorbitada búsqueda por parte de la Justicia (que pierde su venda) de un atentado terrorista con los golpes dados en una pelea de bar. “El derecho al juez natural, la exigencia de una fiscalía independiente y la proporcionalidad de las penas son conquistas jurídicas que pertenecen a ese ideal que denominamos Estado de Derecho. Ha costado mucho tiempo lograrlas. Son frágiles, y por ello hay que cuidarlas continuamente frente a tentaciones populistas y demagógicas” dice Urdánoz Ganuza con acierto. Es la demagogia de Rivera, trufada de populismo sistémico como hemos comentado en diversas ocasiones, la que quiebra esos valores del Estado de derecho. Y más cuando lo que se alienta es el odio al que se siente distinto a los deseos del “demócrata” en busca de pureza mediante todos los mecanismos que puede, pero cuya pureza es sólo la suya, su constructo mental. De una secta tampoco se puede esperar diálogo.

Ahora Alsasua, tamizado por Rivera y su secta, deja de ser símbolo constitucional, ahora es lo que nos recuerda Urdánoz Ganuza: “Si algo simboliza Alsasua, es el vaciamiento del significado jurídico garantista de la Constitución de 1978 y su sustitución por otra cosa. Una cosa muy nacional, muy divisiva, muy electoralista y muy emocional. Y desde luego nada liberal”. Y a Rivera, lo que es más peligroso, le importa poco que desaparezca lo constitucional, lo dialógico, lo democrático, para dar paso a las bestias oscuras que son la negación del propio proceso, esto es, el autoritarismo del pensamiento único y de derechas. Rivera quiere montarla y no se esconde en ocultarlo.

Liberados de Mapfre aconseja a los falsos autónomos del sector seguros que pierdan el miedo a denunciar

La Asociación Liberados de Mapfre ha alertado a los delegados de las oficinas y agentes mediadores que trabajan en esta compañía multinacional para que estén “preparados” ante una posible visita de los inspectores de Trabajo en los próximos días después de que haya puesto en manos del Gobierno decenas de denuncias por falsos autónomos en el sector de los seguros. Liberados de Mapfre aconseja a los trabajadores de la empresa española que “no tengan miedo y digan la verdad” sobre su situación laboral, porque “la verdad les beneficiará a todos ellos”.

“Ocurra lo que ocurra, todos aquellos que vean resuelto su contrato tendrán asesoramiento y defensa jurídica gratuita si interponen la demanda laboral en el plazo establecido de dos meses desde la resolución del contrato”, añade la asociación. En un comunicado, Liberados de Mapfre insiste en que los delegados que están al frente de las sucursales repartidas por toda España deben saber que si “tuvieran empleados a su cargo, automáticamente, por sucesión de empresa, pasarían a ser indemnizados o empleados por Mapfre”, según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio del sector seguros.

Liberados de Mapfre, que se constituyó el pasado mes de julio y ya ha logrado afiliar a más de cien afectados, apuesta por “defender los derechos y la dignidad de todas las personas que desarrollan su actividad en el mercado asegurador español, especialmente velar porque sus relaciones con las compañías se desarrollen en un marco de respeto mutuo y apoyando en todo momento a aquellas personas que se sientan maltratadas, discriminadas, desahuciadas, acosadas, presionadas o explotadas por las compañías aseguradoras”.

Entre sus objetivos figura también formar e informar a todas las personas que intervienen en el mercado asegurador sobre sus derechos y todas las vías posibles para ejercitarlos, con objeto de “prevenir cualquier acción que menoscabe sus derechos o dignidad, así como la búsqueda de acuerdos mutuos, de códigos éticos de conducta con las compañías, que garanticen el respeto entre ambas partes”.

“Trabajaremos para conseguir que legalmente se reconozcan los legítimos derechos de todos los que trabajan en este sector, especialmente los derechos de cartera de los agentes, reconocidos en legislaciones anteriores y suprimidos actualmente en beneficio de las compañías”, asegura la dirección de Liberados de Mapfre. Esto impediría la posibilidad de desahucio de los agentes, tan de moda en la actualidad, y garantizaría su estabilidad presente y futura y la mejora del servicio a los ciudadanos”. La asociación pretende denunciar no solo las supuestas prácticas laborales que se lleven a cabo en Mapfre, sino “a todas aquellas compañías que utilicen fraudulentamente a sus trabajadores como agentes (falsos autónomos), con el consiguiente fraude a la Administración Pública y menoscabo de sus derechos laborales”.

Ayer, la Asociación Liberados de Mapfre puso en manos de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería al menos 58 denuncias de extrabajadores que supuestamente han prestado servicios como falsos autónomos en el sector. La asociación está compuesta por casi un centenar de asociados a los que, tras años de trabajo, “Mapfre resolvió supuestamente sus contratos sin indemnización de ningún tipo”.

“Por la información recabada por esta asociación, en la mayor parte de los anteriores agentes y delegados, se darían las características propias del falso autónomo. Y todos nos ofrecemos como prueba de ello si fuera necesario”, asegura la denuncia de Liberados de Mapfre.

Mapfre es una empresa multinacional de capital español con presencia en 49 países. Según datos de 2014, tiene oficialmente registradas 5.524 oficinas en todo el mundo, de las cuales 3.069 están en España y 2.087 en América Latina. El grupo dispone de una red de 79.000 agentes y mediadores de seguros, 5.600 de los cuales trabajan en Estados Unidos y más de 24.700 en Brasil. El resto –unos 49.000–, trabaja en territorio español. Según Liberados de Mapfre, miles de esos empleados prestan servicios como falsos autónomos.

Arrimadas tiene el mismo discurso en Andalucía que en Cataluña

Da igual en qué parte del país esté Inés Arrimadas, siempre es el mismo discurso. Parece que los nacionalistas tienen secuestrada Cataluña y Andalucía lo está por el PSOE. En su tierra natal la dirigente populista naranja ha manifestado que “Andalucía no es del PSOE ni del PP, Andalucía es de los andaluces que creemos en el futuro de esta tierra”. Cambien PP y PSOE por ERC y PDeCAT, y Andalucía por Cataluña y el mensaje es el mismo. Esa España en la que sólo ven españoles y españolas parece secuestrada por cualquier partido político que no sea el suyo. Sólo Ciudadanos, nos venden, puede acabar con el secuestro de España, sea donde sea. Salvo que lo que puede vender bien en Cataluña, en Andalucía es hablar en balde. Y eso lo debería saber una andaluza.

Ni una referencia andalucista. Ni una sola referencia a la idiosincrasia del Andalucía. Todo técnico, todo legalista, todo falso. Falso sí porque no se puede olvidar que si el PSOE tiene secuestrada Andalucía (como han dicho en el acto), Ciudadanos es cómplice necesario pues ha gobernado junto a ese partido durante los últimos cuatro años. Y no ha habido quejas, hasta el paripé pre-electoral, y sí que han sacado tajada en muchas mancomunidades, diputaciones y empresas municipales. Han sido, siguiendo las propias palabras de Arrimadas co-partícipes del delito. Juan Marín debería dejar la formación naranja por criminal y secuestrador de la tierra andaluza. Arrimadas no tiene discurso más allá del odio y el secuestro. Se muestra incapaz de cualquier tipo de política que pase por el diálogo, la poliarquía, el respeto. Ella sólo sabe manejarse en el antagonismo y ese no es nada claro en Andalucía. Parece mentira que sea gaditana.

“Hay quien dice que es imposible ganarle al PSOE en Andalucía, pero ya decían lo mismo de ganarle al nacionalismo en Cataluña y lo conseguimos” también ha dicho Arrimadas. Aquí hay motivos para chanza. Primero, es casi imposible que se produzca tal vuelco electoral según los últimos sondeos (no los de CIS, esos no). Segundo, en Cataluña vencieron en votos y gobernaron los nacionalistas. Eso sí, Arrimadas ni movió ni una pestaña por intentar gobernar. Le venía bien seguir como víctima del procès. ¿Haría lo mismo en Andalucía? ¿Cómo piensa ganar si hablan para unos andaluces y unas andaluzas que no existen salvo en muy poco rincones? El discurso de Arrimadas y Ciudadanos, que tienen la ventaja de la autodestrucción del PP andaluz, habla de una Andalucía irreal. Llegan, como llegaban los invasores europeos a las tierras conquistadas, como si fueran ellos los que llevan la modernidad a Andalucía, cuando la realidad es que Andalucía hace años que es moderna. Incluso ya es hasta postmoderna, mucho más avanzada que el pensamiento y la ideología que defienden en la secta naranja.

“El cambio ya está aquí, y ese cambio solo puede venir de las manos de un partido limpio y sin mochilas como Ciudadanos” ha dicho Marín con toda la cara del mundo. ¿Por qué miente? Porque en Arroyomolinos parece que sí metieron la mano, por ejemplo. Y en Espartinas sus alcaldes (porque llevan tres) son la muestra palpable de la ineficacia en la gestión y la persecución de los trabajadores municipales. O sea, que mochilas parece que sí que hay. De hecho algo huele a podrido en Ciudadanos Andalucía. José Manuel Villegas, como no sabe nada de Andalucía, y muy poco de otras cosas, se ha dedicado a la demagogia política, diciendo que “millones de españoles” van a estar pendientes de las elecciones andaluzas. Como saben que no pueden hacer de andalucistas, porque se les nota que no lo son ni les gusta, como no pueden ser tan fachas como en el PP, como Susana Díaz les gana los pulsos de gobierno, recurren a un discurso estatalista (o nacionalista) que en Andalucía no cala. Insistirán, sin duda, pero ni caso. Y eso que tienen una oportunidad de oro de acabar con el PP andaluz, pero con su cuñadismo ideológico no pasan ni de Jaén.

Los encerrados de Lorca exigen una alternativa a la propuesta de acuerdo que ha desestimado la CARM

La Concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca y Portavoz de la Plataforma de afectados por la devolución de las ayudas por los terremotos de Lorca, Gloria Martín, ha mostrado la “decepción” de este colectivo tras conocer  que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no está dispuesta a comprometerse “por escrito” a los compromisos que en los últimos días han expresado verbalmente a los afectados  los máximos responsables de la Consejería de Fomento.

“Las Administraciones no hablan, escriben. Por eso queremos un documento que avale las buenas intenciones políticas del consejero Patricio Valverde, para evitar que queden en nada cuando se enfrentan a la burocracia”, ha dicho Martín.

La edil de IU-Verdes ha reconocido la “valentía” del Director de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, quien ayer firmó la suspensión de los embargos que eran inminentes. Sin embargo, recordó que esta medida llevaba siendo prometida desde que, en julio, el primero de los afectados recibió una providencia de apremio. “Nos decían, tranquilos, está todo paralizado… Hasta que en septiembre este vecino se encontró con la cuenta a cero cuando fue a sacar su pensión del banco”, explicó.

Lo mismo sucedió cuando, también en el mes de julio, la presión de los afectados consiguió que se aprobara la Ley 8/2018 en la Asamblea Regional. «También entonces nos dijeron que la gente iba a poder justificar las ayudas con una declaración jurada y el informe técnico que acredita que las obras están hechas”, dijo Martín. Sin embargo, ayer se cumplieron tres meses de vigencia de la Ley sin que aún se haya aplicado a nadie.

“Ha hecho falta que nos encerremos en el Ayuntamiento y que se difunda a nivel nacional la vergonzosa gestión de estas ayudas, para que empiecen a moverse”, aseguró Martín. Por eso las víctimas no se fían y no van a abandonar la protesta hasta que exista un documento “que les dé garantías”. Al respecto, indicó que “la pelota está en el tejado de la CARM”. “Si ellos no quieren rubricar el acuerdo que les ofrecemos, tendrán que ofrecer algún otro que nosotros sí estemos en disposición firmar”, expresó Martín, quien advirtió que, mientras tanto, “no nos moveremos.

Por otra parte, la edil criticó la actitud “irrespetuosa” del presidente autonómico, Fernando López Miras, quien anoche cenaba “tan ricamente” en un conocido hotel de Lorca, mientras sus vecinos y representados, muchos septuagenarios, “permanecen encerrados en su Ayuntamiento con los huesos molidos y el corazón en un puño”. La edil de IU-Verdes también lamentó la falta de implicación del Gobierno socialista de Pedro Sánchez –responsable del 50% de las ayudas– “que nos conlleva con buenas palabras pero con ningún hecho”.

El encierro, que va ya por su quinto día, está siendo secundado por centenares de vecinos. En las últimas horas se están sumando nuevos afectados que desconocían la existencia de la plataforma y que, hasta ahora, “se sentían indefensos y desamparados”. También crecen las muestras de apoyo y solidaridad de vecinos, colectivos y empresas locales que las víctimas agradecen emocionadas.

Los informáticos denuncian al Gobierno para regular su profesión

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“En este día tan señalado deseo, ante todo, felicitaros con motivo de nuestro patrón profesional, San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles o desesperadas que, como bien sabéis, se puede aplicar muy bien a la situación de los ingenieros técnicos en informática.

Hace ya 10 años, se dice pronto, el infausto Real Decreto 1837/2008 de reconocimiento de cualificaciones profesionales nos dejaba fuera del espacio de profesiones reguladas en España. Desde entonces ha habido numerosas mociones en Senado y Congreso de los Diputados, el impulso y creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos en Informática (CONCITI), denuncias ante el Defensor del Pueblo e incluso nos hemos personado ante el Parlamento Europeo. Hemos mantenido reuniones con la práctica totalidad de los grupos parlamentarios durante 10 años, recibiendo únicamente parabienes, nunca soluciones reales.

Fruto de esas reuniones hace ya algunos años nos reunimos con Pedro Sánchez, entonces diputado, y actualmente Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE. Pese a su firme compromiso por la regulación profesional en aquel tiempo, y a calificar la situación de una tremenda injusticia, una vez llegado al Gobierno lo único recibido ha sido silencio. Se han solicitado varias reuniones con distintos estamentos del Gobierno, incluido con el Secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, cuya oficina, tras 4 meses de dimes y diretes, directamente se ha negado a mantener reunión de ninguna clase alegando estar muy ocupado.

Preferiríamos con mucho una solución pactada, pero el talante demostrado por el nuevo Gobierno, o más bien la absoluta ausencia del mismo nos ha obligado a barajar otras opciones y cursos de actuación.

Todo ello nos hace preguntarnos, ¿cuándo toca tratar la regulación de la ingeniería técnica en informática? ¿No ha habido ningún momento oportuno en 10 años? No podemos más que descartar definitivamente cualquier vía de solución política.

Demanda judicial ante el Tribunal Supremo

Así pues desde CPITIA se está promoviendo ya una demanda judicial ante el tribunal supremo, por 4 asuntos concretos:

Sigue sin modificarse la ley reguladora del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI), para incluir por ley a los ingenieros técnicos en informática, tal y como obligan sendas leyes presentes en el BOE, las cuales daban un plazo de 6 meses, superado ya en 10 años.

Sigue sin incluirse la ingeniería técnica en informática en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 de reconocimiento de cualificaciones profesionales, relativo a las profesiones de ingeniería técnica reguladas, pese a exigirse ya titulación oficial de informática para ejercer como perito informático judicial a través de sendas sentencias judiciales en firme.

Sigue sin desarrollarse por ley el nuevo espacio profesional pendiente desde la Ley Ómnibus de 2009.

Se está incumpliendo el artículo 36 de la Constitución, el cual indica que las profesiones tituladas deberán obligatoriamente regularse por ley.

Ya ha habido antes otras denuncias sin éxito ¿qué diferencia ésta?

Cierto es que ya hubo, hace muchos años, otras demandas judiciales que no tuvieron éxito. También se han planteado otras demandas desde CONCITI, las cuales adolecen del mismo problema: no se dirigen al núcleo del problema, sino que recurren decisiones legislativas, controvertidas, pero no ilegales.

Bien, desde que hay democracia en España no se ha acometido la regulación de ninguna nueva profesión surgida en los últimos 40 años. Tampoco se ha acometido la muy necesaria reforma de la Ley de Colegios Profesionales, estando absolutamente desfasado el entorno legal de las profesiones superiores. El artículo 36 de la Constitución estipula que el legislador tiene el deber de regular por ley las profesiones tituladas, y no puede obviarlo remitiéndose a normas parciales ni reglamentarias. Tiene el deber de legislar el libre ejercicio profesional y establecer una serie de obligaciones a fin de proteger el interés general.

Es bien sabido por todos, salvo por el Gobierno, que la ingeniería técnica en informática es una profesión titulada, habiendo cumplido los estudios más de 40 años de antigüedad, así como que la actividad de los ingenieros técnicos en informática afecta claramente al interés general en múltiples facetas. Tanto es así que el sector TIC está tipificado por ley como fundamental para la Seguridad Nacional.

Por todo ello no es de recibo que desde el Gobierno se indique que para ser una profesión regulada debe existir una ley de ámbito nacional que nos regule, y al mismo tiempo se nieguen a redactar esa ley, siendo su deber Constitucional. Es el pez que se muerde la cola.

Desde CPITIA nos hemos planteado atacar la raíz del problema de una vez por todas: la negativa a regular ninguna profesión nueva en los últimos 40 años. Con ello no sólo esperamos conseguir nuestra ansiada y más que justa regulación profesional, sino sentar jurídicamente las bases que deben imperar en la regulación de nuevas profesiones que, sin duda alguna, surgirán con el tiempo fruto de los avances sociales, científicos y técnicos.

Preferiríamos con mucho una solución pactada, pero hemos constatado ya la nula voluntad política para poner solución a un problema que dura ya demasiado y que nunca debió darse, menos en un país que pretende ser innovador y tecnológicamente avanzado. ¿Es viable un país innovador, que apueste por la digitalización y el emprendimiento, en el que no se regule la profesión de ingeniero técnico en informática ni exista convenio colectivo en su sector TIC? Creemos sinceramente que no.

Desde CPITIA estamos ya en situación de acreditar jurídicamente tanto que la ingeniería técnica en informática es una profesión titulada, como que se trata de una profesión que afecta, y mucho, el interés general. Así mismo estamos en situación de acreditar el cumplimiento de los criterios fijados por las autoridades europeas para regular nuevas profesiones en el espacio europeo.

Orgullo de los profesionales colegiados

Por último es para mí un orgullo representar a los profesionales colegiados en el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, muy especialmente a aquellos que llevan desde 2009 aportando sus cuotas colegiales con todo esfuerzo, precisamente para que, 10 años después, y ahora sí, contemos con los recursos necesarios para emprender la vía judicial. Es una lástima que no haya más colegiados, porque habríamos emprendido esta senda mucho antes.

Vuestra calidad humana y profesional es lo que nos hace tomar este curso de acción, esperamos, ya definitivo.

Muchas felicidades en el día de nuestro patrón profesional.

Vuestro Decano: Pedro De La Torre Rodríguez”