viernes, 23 enero, 2026

¿Quiere Ciudadanos ilegalizar a Podemos e IU?

Debatía el Parlamento Europeo una resolución sobre el auge de la violencia neofascista en Europa. Una resolución, finalmente consensuada, por la mayoría de grupos (populares, liberales, socialdemócratas e izquierda plural) que condena cualquier tipo de discurso sobre el odio o la xenofobia. Una declaración que PP y Cs no querían que señalase a alguna fundación en concreto (¿la Francisco Franco no?), pero a la que se han adherido. Hasta aquí todo medio normal. Sin embargo, las declaraciones del eurodiputado Javier Nart de Ciudadanos son cuanto menos sospechosas o producto de algún tipo de deseo reprimido del subconsciente. ¿Por qué? Porque ha calificado a Podemos e Izquierda Unida como extrema izquierda y luego ha pedido que también se le condene y persiga a la extrema izquierda. Veamos la secuencia de sus palabras.

Es lamentable que socialistas, comunistas y separatistas hayan intentado romper el consenso de la resolución sobre fascismo, racismo y xenofobia con fines domésticos particulares” ha expresado Nart. Curioso ya que no hable de socialdemócratas, populistas, comunistas, nacionalistas y secesionistas, prefiere englobar todo bajo la fórmula expuesta, pero ha calificado Ciudadanos a esa parte que no son los socialistas como “extrema izquierda”, algo implícito en las palabras de Nart sobre los comunistas. Lo que esconde la declaración de Nart es que los fines domésticos se refieren a condenar el franquismo en España, por ejemplo. Esa es la terrible manipulación de una propuesta, que por cierto, ha hecho la izquierda, no la derecha donde está Nart.

Hasta el momento todo normal para el partido cuñado que se autocataloga de liberal en Europa y en España según toque por los datos de las encuestas o la presión del resto de partidos de la derecha. Sus siguientes palabras clarifican ese deseo reprimido subconsciente de Ciudadanos: “Hemos apoyado esta resolución, a pesar del sesgo de su redacción inicial, porque el problema en Europa no es solamente la violencia de los grupos neofascistas, sino también la de los grupos de extrema izquierda. El discurso del odio no puede calificarse de derechas o de izquierdas”. A pesar de que en Europa el peligro llega del neofascismo, de la extrema derecha, en Ciudadanos quieren que los partidos de extrema izquierda también sean condenados, perseguidos y expulsados del ámbito político del liberalismo. Califican a Podemos e IU de extrema izquierda en la nota de prensa y en las propias palabras se incide en el peligro del odio de la extrema izquierda. ¿Odio a quién? No lo ha explicado. ¿Al sistema? Eso no es malo en sí, o ¿piensan en Ciudadanos que se deberían prohibir todos los partidos que quieran por medios democráticos transformar el sistema capitalista? Eso parece decir Nart.

Es conocido que Albert Rivera está obsesionado con Podemos, IU y los partidos nacionalistas y querría eliminarlos del Congreso (sigue insistiendo en una proposición de ley para ello), pero ahora tenemos la verificación de Javier Nart como eurodiputado. Verificación porque lo que le preocupa al partido cuñado es que partidos como Die Linke (La Izquierda) donde hay marxistas, anticapitalistas, radicales y libertarios. Le preocupan esos partidos (como Unidos Podemos) que sí quieren transformar el sistema. Una fórmula lingüística para, en el terreno doméstico, tener apoyo europeo a sus deseos, algunos reprimidos, de acabar con cualquier cosa que huela a antisistema, a izquierda, a democracia radical, a lo que el establishment no quiere que aumente.

“Debemos actuar contra todo tipo de violencia consecuencia de ideologías extremistas que incitan al desorden público y atenta contra la convivencia cívica” ha expresado con sumo buenismo Nart. Eso sí, la violencia simbólica del sistema capitalista donde la fracción financiera ha mandado a la pobreza a millones de personas en Europa (por circunscribirnos a lo más cercano), esa dominación que ejecuta una violencia silenciosa no es perjudicial para Ciudadanos. Más bien es producto de la mala suerte o de la complejidad sistémica. Como siempre cuando la violencia es del sistema es culpa del empedrado, pero cuando el pueblo, las clases populares se levantan a luchar por sus derechos y tener una vida digna, eso es incitar al desorden y atentar contra la convivencia cívica. Ese final de frase que se ha señalado en negrita es el arco de bóveda de todo el pensamiento de la derecha europea. En España extremado con Ciudadanos y PP. No quieren que se pueda protestar y aprovechan una declaración contra el neofascismo xenófobo para colar un mecanismo de ejecución de partidos como Podemos e Izquierda Unida… de momento.

Diego Conesa:El PSRM trabaja sin confrontar para garantizar los recursos hídricos necesarios para la Región de Murcia

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura es incuestionable, tal y como Pedro Sánchez trasmitió a López Miras, y Hugo Morán a los regantes, por lo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha remarcado que no hay por qué alarmarse, ya que la posición del PSOE respecto a este tema no ha cambiado.
Diego Conesa subrayó que “el PSRM solo trabaja por el bien de la ciudadanía; y lo hace sin confrontar y sin buscar rentabilidad mediática, con el único objetivo de velar por garantizar el agua que necesita la Región y en defensa del sector agrario y los regantes”.
El secretario general del PSRM-PSOE celebra que finalmente la Comisión de Transición Ecológica haya aclarado en el texto final del informe por medio de una enmienda transaccional por la que se suprime la frase referida “a redimensionar los trasvases, que en ningún caso se refería al Trasvase Tajo-Segura, pues hay más trasvases en España”.
Esta tarde se ha abordado este tema en el Congreso de los Diputados y la diputada murciana, María González Veracruz, ha asistido al debate y ha manifestado “que al final ha quedado demostrado que no había motivos para sembrar alarma”.
Diego Conesa señaló que “no se puede sacar de contexto un debate científico para generar un debate político artificial y polémico, como están haciendo PP y Ciudadanos, ya que no se trata de la base de ninguna ley sino de un informe elaborado por expertos”.
Asimismo, ha afirmado que “el Gobierno de España está haciendo un ejercicio de responsabilidad, planificando una serie de recursos y garantizando que no se prescinda de ninguna herramienta”, para que cuando haya momentos se sequía, “como los vividos durante el Gobierno de Aznar y, recientemente, durante los once meses en los que Rajoy trajo cero hectómetros cúbicos a esta Región”, haya alternativas.
Para el secretario general del PSRM, lo más importante es que los socialistas garantizan que no falte agua a la Región de Murcia. “En la historia reciente de España y de la Región el único que ha cambiado las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura ha sido el Partido Popular, que solo busca polemizar y rentabilidad política”.
Por último, agregó que “lo que los socialistas hacemos es un ejercicio de responsabilidad, en el sentido de seguir planificando inversiones para la Región, a fin de que cuando haya épocas de sequía tan brutal como las que nos trae el cambio climático, haya otras fuentes. No hay motivo de alarma alguna”.

Denuncian la construcción de una gasolinera a 10 metros de viviendas en Málaga

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El candidato a la alcaldía de Málaga por Libres, Iván González, ha denunciado la insistencia del Ayuntamiento de Málaga en autorizar la instalación de una gasolinera en Churriana a sólo 10 metros de viviendas de nueva construcción y cuando ya existen otras dos gasolineras a menos de un kilómetro de distancia. Y lo que es peor, cuando hay informes científicos que lo desaconsejan por ser insalubres para las personas.

“Los permisos se dieron hace un año, empezaron a construirla sin licencia de obras y fueron los vecinos los que denunciaron y lograron paralizarla. Sin embargo, coincidiendo con el momento en el que los vecinos van a entrar a vivir en sus viviendas, se vuelve a impulsar la construcción de la gasolinera. ¿Por qué esa insistencia, señor alcalde?”, se ha preguntado el líder de Libres.

Una de las vecinas afectadas, Ana González, ha comparecido este jueves en el pleno del Ayuntamiento para expresar la enorme preocupación de las 170 familias a las que representa, incluida la suya. “Tenemos estudios científicos que avalan que no se puede construir una gasolinera tan cerca de las casas, un estudio de la Universidad de Murcia en la que se indica que tiene que haber una distancia de al menos 200 metros. Incluso en San Martín de la Vega (Madrid) hay una ordenanza que obliga a lo mismo”.

Con esa información, ni Ana González ni desde el partido Libres se entiende que la respuesta de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, sea la de “pedir otro informe para demostrar que no hay toxicidad”.

“Está claro nuevamente que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga sólo mirar por la especulación urbanística y por el turismo, no por el bienestar de los malagueños”, ha concluido Iván González.

KPMG dio el visto bueno a los modelos de cálculo de las cuentas del Banco Popular en 2.016

En 2.016, el Banco Popular encargó a la consultora KPMG la realización de un informe, como experto independiente, que analizara los procedimientos internos de la entidad de cara a la ampliación de capital de junio de ese mismo año que se cerró con sobredemanda. La intención de dicho informe no era otra que verificar que todo se estaba realizando de manera correcta, que los resultados de los procedimientos cumplían con los requerimientos normativos y, por tanto, que los datos que se ofrecieran de cara a la operación de capital fueran transparentes y, de este modo, evitar que se repitiera un caso como el de la salida a bolsa de Bankia.

Diario16 ha tenido acceso a ese documento interno del Popular y sus conclusiones son muy claras: los procedimientos de la entidad fueron correctos. Este dato es importante, sobre todo porque muchas de las estrategias legales de muchos de los despachos de abogados —tanto los que tienen conflicto de interés con el Santander como los que piensan que esa estrategia es la más rápida en los tribunales— que representan a los afectados del Banco Popular están basadas en la afirmación de que hubo manipulación de cuentas y de que, por ende, esto afectó a quienes acudieron a la ampliación de capital.

En referencia a los procedimientos que tenía el Banco Popular para el cálculo de las pérdidas incurridas, aspecto muy importante para determinar si las cuentas estaban manipuladas, como afirman algunos despachos y cuya tesis ha sido aceptada incluso por el propio juez Andreu al imputar a Javier Moreno, ex director financiero. El análisis de este procedimiento se inicia con la exposición del proceso que seguía entonces el Popular para realizar estos cálculos:

KPMG indica en el informe que las «principales fases del análisis realizadas para emitir la calificación global del Informe de Pérdida Incurrida se concentran en las siguientes áreas de revisión: Cumplimiento normativo, Revisión del proceso, Coherencia y consistencia, y Documentación».

Para fijar el alcance, KPMG se fundamentó en la normativa existente en aquel momento y verificó que el proceso de cálculo de la Pérdida Incurrida por parte del Banco Popular se llevó a cabo de acuerdo con las normas creadas al respecto, tales como «la obligatoriedad de la periodicidad de evaluación, diferenciación entre valoración de activos Individualmente Significativos y de forma colectiva, criterios de elección de evidencias objetivas». La conclusión de la consultora tras realizar dicha evaluación fue que el Popular cumplía sin deficiencias con la normativa NIC39 de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) y con la Circular 4/2004 del Banco de España.

En referencia al proceso del modelo de cálculo de pérdida incurrida, KPMG no encontró deficiencias en la verificación de la información que figura en la distribución de riesgo crediticio (DRC), en la segmentación de cartera, en los ajustes, en la asignación del parámetro de severidad (LGD, por sus siglas en inglés) y del parámetro de probabilidad de incumplimiento (PD, por sus siglas en inglés) a las exposiciones, en el reparto de provisiones, en el trameado de contagios y en el cálculo de la pérdida incurrida.

Por otro lado, la coherencia de los parámetros LGD y PD, la de las variables macroeconómicas, la de los ajustes sobre provisiones, y la consistencia del default con bases de datos de exposiciones, también fueron calificados como positivos por KPMG.

Por tanto, si el análisis de los modelos de cálculo realizado por KPMG como experto independiente fue positivo antes de la ampliación de capital de 2.016 significa que no hubo manipulación de las cuentas durante los años anteriores. Este hecho certifica varios puntos en los que Diario16 lleva insistiendo desde hace meses: en primer lugar, la caída del banco no se debió a los hechos anteriores a la presidencia de Emilio Saracho, sino que, por el contrario, fue la consecuencia de las políticas y estrategias erráticas implementadas por aquél; en segundo término, y fundamental para entender lo que ocurrió, las cuentas de los años anteriores no estaban manipuladas, algo que no sólo demuestra KPMG con su informe, sino que el propio Santander lo ha reconocido; en tercer lugar, si las cuentas no estaban manipuladas, ¿por qué reclamar la devolución de lo perdido en la resolución por esa vía en vez de hacerlo a quien tiene la capacidad de llegar a una solución, es decir, la entidad presidida por Ana Patricia Botín? Las responsabilidades del Caso Banco Popular no están en las cuentas sino en quiénes fueron los inductores, los cómplices necesarios, los conniventes y los beneficiarios de la operación.

 

El escándalo de las hipotecas podría provocar una cascada de dimisiones en el Supremo

El presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, sabía cuál iba a ser el sentido de la sentencia de las hipotecas, porque formaba parte de la sección que la dictó, pero no quiso firmarla e intentó justificar el escándalo de las hipotecas organizado por él mismo, cuando suspendió todos los recursos pendientes ante la sección 2ª especializada en tributos, alegando que el presidente de esa sección, Nicolás Maurandi, no le informó del sentido del fallo de la sentencia que había puesto en jaque a la banca española.

Sin embargo, esa excusa era absolutamente falsa porque Díez-Picazo  sabía perfectamente cuál iba a ser el sentido de la sentencia de las hipotecas o, por lo menos, tenía la obligación de saberlo, porque, cuando se trata de resolver recursos de casación —como era el asunto de las hipotecas— es necesario que concurran a la vista o deliberación y fallo los 8 integrantes de la sección  además del presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (art. 15 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Si el presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo no acudió a la vista o deliberación y fallo de la sentencia de las hipotecas es porque incumplió sus obligaciones legales, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias de esa omisión, que puede suponer, incluso, la comisión de una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales sancionada con la suspensión de funciones y la separación del cargo, sin que pueda ni deba escudarse en la falta de información o supuesta deslealtad del presidente de la sección.

Además, al haber tomado la decisión de suspender todos los señalamientos sobre recursos de casación idénticos tramitados en la sección 2ª, avocándolos al Pleno, el embrollo está servido porque entre otras cuestiones la avocación al Pleno de asuntos judiciales con carácter general – y no caso por caso- es absolutamente ilegal.

Por esa razón Podemos ha presentado una querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo por un posible delito de prevaricación judicial por su decisión de elevar al Pleno de la Sala todos los recursos pendientes sobre el impuesto sobre las hipotecas.

Según ha explicado en los pasillos del Congreso la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, «hay sospechas muy fuertes sobre la legalidad» de la decisión adoptada por Díez-Picazo y por ello en la querella se solicita también al Supremo la suspensión del mencionado Pleno, previsto para el próximo 5 de noviembre.

El Poder Judicial archiva el caso de los jueces que según Delgado alternaron con menores en Colombia

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado el caso de los supuestos contactos que jueces y magistrados españoles mantuvieron con menores de edad en Cartagena de Indias (Colombia), adonde se habían desplazado para participar en unas jornadas jurídicas. De esta manera, el Poder Judicial da carpetazo al escrito presentado por la Asociación Preeminencia del Derecho, que solicitaba la apertura de un expediente disciplinario “por posible incumplimiento de deberes judiciales”. La asociación pretendía esclarecer si es cierto que entre los integrantes de la expedición de magistrados y fiscales españoles que participaron en los cursos del Programa Aula Iberoamericana hubo algunos que cerraron las conferencias diurnas con noches de copas en bares de la ciudad en las que alternaron con jóvenes menores de edad. Preeminencia del Derecho se basa en una grabación en la que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, relataba cómo fueron esos supuestos contactos entre los juristas y las muchachas. La grabación fue obtenida ilegalmente en el transcurso de una comida de la ministra con el juez Baltasar Garzón y el comisario José Manuel Villarejo y salió a la luz hace unos días, provocando un gran escándalo político.

La asociación Preeminencia del Derecho remitió su escrito al Poder Judicial el pasado 27 de septiembre, al considerar que estas conductas son incompatible con los deberes de juez (conducta digna) y “deben ser esclarecidas, y una vez esclarecidas tomar la resolución pertinente”. Además, consideraba que el hecho de que los episodios de Cartagena de Indias puedan estar prescritos solo afectan a una hipotética sanción, pero no impiden que se abra una investigación, de modo que “es una desvergüenza supina que estas cosas salgan a la luz pública y no sean investigadas”, aseguraba en su escrito la Asociación Preeminencia del Derecho.

Según la respuesta del CGPJ, la ley orgánica 6/1985 “no exige que se abra siempre una investigación” tras la presentación de una denuncia o queja y añade: “Puede, por el contrario, archivarla de plano en aquellos casos en los que, por la naturaleza de los hechos relatados o por los términos en que está formulada, se evidencie la inexistencia de indicios de responsabilidad disciplinaria o no obre ningún asomo de certeza en cuanto se exponga por no tener apoyo en un elemento acreditativo mínimamente verosímil”. La resolución cita la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 2016 que establece que para abrir una investigación por conductas que afectan a los jueces y magistrados es preciso que la denuncia “tenga un cierto nivel de precisión y los indicios sobre su certeza o imputación individual tengan un mínimo soporte objetivo que evite las denuncias gratuitas o maliciosas”.

“Sobre esta base, la inexistencia de indicios de responsabilidad disciplinaria resulta evidente en el presente caso”. Efectivamente, tras no dar credibilidad a la información que requiere el denunciante se estima que se debe “archivar la presente diligencia informativa y no incoar expediente disciplinario”. El Poder Judicial recuerda a la asociación que puede interponer un recurso de alzada ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes. El escrito que rechaza la apertura de una investigación está firmado por Ricardo Conde Díez, promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ.

Pablo Casado hace el ridículo en el Congreso

Todos tenemos un amigo cansino que sólo sabe de un tema y siempre lo intenta colocar en todas las conversaciones. En una reunión se habla de viajes y él, en cuanto se descuidan los invitados, acude presto a hablar de la importancia del saltamontes para la reproducción del abejaruco. Lo mismo ocurre con Pablo Casado, que sólo sabe de un tema, más bien sólo se ha aprendido un discurso, y lo tiene que soltar en cualquier momento. Se informaba de lo tratado en el último Consejo de Europa (Brexit) y de la venta de armas a Arabia Saudí en una comparecencia del presidente del Gobierno. Temas de importancia internacional y con repercusiones a nivel estatal. Sin embargo, Casado ha decidido que él iría por libre y se ha lanzado a criticar al gobierno por las diez plagas de Egipto.

No quería hablar del Brexit y le ha recriminado al presidente que fuese el tema elegido, más si cabe cuando en España el gobierno está junto a otros grupos llevando a cabo un golpe de Estado. No se sabe bien a qué se refiere. Si es por la moción de censura que le ganaron legal y legítimamente los partidos representados en el Congreso (sede de la soberanía popular, que no del Partido Popular aunque lo confundan los conservadores), Casado hace un flaco favor a la democracia al introducir un elemento de fricción sistémica. Si lo dice porque están negociando los presupuestos con partidos nacionalistas, entonces Casado debería decirle a Pedro Sánchez que apoya sus presupuestos sin mirarlos. Si lo dice por el diálogo para solventar el conflicto catalán, habla desde la rabia porque es un conflicto que fue creado precisamente por el PP de Casado y sus conmilitones, quienes no aceptan que otras personas se puedan pensar distinto.

Hace bien el presidente Sánchez al comunicarle no tiene nada que hablar más con él y con su partido después de cometer tamaña ofensa a la democracia. Porque no es a Sánchez a quien ofende o hace daño, sino a la democracia española. Ese elemento de fricción sistémico, ahora que estamos en un momento de apertura, puede generar la entrada de valores muy contrarios a los democráticos, de valores que intenten acabar con la democracia al ser puesta en cuestión continuamente por el PP. No es nueva esta táctica. Ya la utilizó el aznarismo contra Felipe González, tanto que hasta llegaron a poner en quiebra el sistema mediante la llamada Conspiración que contó al detalle Anson. Y ahora quieren volver a esa táctica apoyados por unos medios de comunicación vendidos al capital en casi su mayoría. Viene bien recordar lo que dijo Karl Marx en su 18 de Brumario: “La historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa”. Y ahora estamos en la etapa de la farsa, del ridículo, del peligro de echarse al monte de estas derechas montaraces y extremistas que tenemos en España. Una rememoración del aznarismo pero con tonos pardos y sin cabeza para saber cuándo frenar. Y desde luego Casado lo que no tiene es cabeza, ni mesura, ni consciencia del camino que ha tomado. Cómo habrá sido que Pablo Iglesias se la dicho que “Vox va a tener que cantar el cara al sol para diferenciarse de ustedes”.

No le gustaba el tema del Brexit al señor Casado que ha preferido hablar de sus tonterías, mas no sería malo preguntarle sobre los 8.000 puestos de trabajos que peligran en Gibraltar según cómo se establezca el Brexit. 8.000 andaluces y andaluzas que perderían su puesto de trabajo, más toda la influencia económica que existe en la zona. La vergüenza de acudir a la provincia de Cádiz a decir que es culpa del gobierno se la adjudicamos al presidente del PP, pero no está de más que hubiese hablado de las soluciones para esas personas y la zona si el Brexit fuese duro. Pero no lo puede decir porque no tiene ni idea sobre qué hacer. Como no la tiene su lacayo andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Justo antes de unas elecciones andaluzas, el dirigente conservador se olvida de los andaluces y las andaluzas en este tema. Eso sí, había que dejar mal a Pedro Sánchez con demagogias.

No ha quedado ahí la cosa. Le ha reprochado los presupuestos, el Plan E de Rodríguez y que va a generar una nueva recesión. “Dos años de campaña electoral” le ha reprochado a Sánchez, por lo que el propio conservador admite su derrota en la petición de elecciones anticipadas y sabe que el gobierno del PSOE seguirá hasta finalizar la legislatura. Lo que también demuestra que no tiene más capacidad política que aguantar los dos años despotricando contra el gobierno por las más diversas especulaciones y mentiras que se les ocurran en Génova. El desviarse del tema marcado no es más que la representación simbólica de una derrota en lo político y lo personal. Se juega el puesto en Andalucía y ha querido ofrecer una visión propia de dirigente con capacidad de gestión de la administración del Estado. Justo al día siguiente de que se confirmase que, en efecto, el PP no sabe gestionar porque ha dejado más déficit del que decían. Hasta Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía) ha denunciado públicamente que la mala situación económica de España se debe al gobierno conservador.

Un discurso que sus conmilitones y los medios del establishment intentan vender como lo más genial que se ha escuchado en años en el Parlamento. Escondiendo, eso sí, que del Brexit y de la venta de armas a Arabia Saudí no ha hablado porque ha preferido hablar de Venezuela. Incluso algún analista de la cuerda de Federico Jiménez Losantos, se alegraba de que no utilizase papeles para aportar datos. ¿Cómo no va a ir sin papeles si lo que ha dicho nada tenía que ver con el tema? Le pasa como con su máster y sus carreras, que no se las prepara porque sabe que el poder económico, por medio de sus periódicos, le va a hacer el trabajo. Van a intentar hablar del discurso “brillante” de Casado antes que del problema que se podría generar en Andalucía por la no venta de fragatas a Arabia Saudí. Y todo porque el tema material no le interesa a Casado. Que los gaditanos vayan al paro le viene bien para acusar al gobierno de inacción y de destruir empleo. Eso sí, Casado no aporta nada.

Como buen neoconservador postmoderno, a Casado le gusta lo líquido, lo que se escapa entre los intersticios de la política sin calar para la ganancia del establishment. No ha querido hablar de Arabia Saudí porque el tema de la vulneración de los derechos humanos de una dictadura “amiga”, muy imbricada con la casa real española, le hubiese dejado mal. Como buen neocon y cortesano le importa poco que las dictaduras violen los derechos humanos siempre y cuando el capitalismo siga acumulando riquezas. Como no le verán criticar a Israel por las matanzas de niños y niñas en Palestina. Eso sí, lo que ocurre en Venezuela le preocupa muchísimo. Tal vez porque los ricos venezolanos que viven en el barrio de Salamanca (de los más caros de Madrid) le han invitado, antes de ser presidente del PP, a muchas charlas, cafés, comidas y quién sabe qué más cosas. Los derechos humanos se han de respetar en ambos países, claro que sí, pero hoy tocaba hablar de Arabia Saudí y el señor Casado pasa sobre el tema levitando para no mancharse, ni pillarse los dedos.

Ana Pastor, presidenta del Congreso, ha ejercido una labor impecable e implacable en favor de su jefe de filas. En vez de interpelar al interviniente sobre la conveniencia de ajustarse al tema tratado, le ha dejado hablar y hablar sobre lo que le ha dado la gana. Como ha dicho el portavoz del PNV, Aitor Esteban: “Alucino con el discurso de Casado. Nada que ver con el orden del día. Él a su rollo con slogans. Si lo hago yo seguro que me llama a la cuestión la presidenta”. De eso que no tenga dudas el político vasco. Incluso le hubiese quitado la palabra, pero no a su jefe de filas, por lo que Pastor no es que haya hecho ridículo alguno, sino que manchado a la institución que representa. Pero estas gentes del PP sólo se acuerdan de las instituciones cuando son otros los que las manejas. Cuando son ellos quienes están al frente, te venden “pompa y circunstancias”, pero las manipulan en su favor sin importar lo ético, lo estético y la tradición. Justo unos tradicionalistas no respetando lo que dicen defender.

Ridículo sí. Pablo Casado ha hecho el ridículo y se ha burlado de la cámara depositaria de la soberanía nacional al saltarse todas las normas mínimas. Y lo peor es que lo ha hecho con un discurso lleno de mentiras, de apariencias, de cuestiones que no iban al caso, de odio y de violencia simbólica. No le importan los trabajos de las andaluzas y andaluces (bastante hizo con insultarles), ni los Derechos Humanos, ni el Brexit, sólo le importa el poder y su propia persona. Sabe que el establishment le ayudará (como ya hizo el Supremo), que tiene colchón (como su contrincante Albert Rivera), pero eso no es óbice para hacer un ridículo tan espantoso. Y, de paso, poner en cuestión la democracia.

La eliminación del delito de injurias a la Corona se ajusta a las sentencias de la Justicia europea

Un político tiene la obligación de aguantar la crítica de los ciudadanos, también de los periodistas, intelectuales y artistas. Incluso la sátira y hasta la expresión sarcástica más corrosiva. Va en el cargo y en el sueldo, que no es poco. Y no lo dicen solo eminentes expertos en Derecho, sino la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han dejado claro que la Constitución española no prohíbe en ningún caso el uso de expresiones “hirientes, molestas o desabridas”. En todo caso, lo que hace es excluir las expresiones “absolutamente vejatorias”, es decir aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean “ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate”. No parece que quemar una fotografía del rey sea una calumnia o un insulto. Puede ser una acción más o menos fea, poco estética o fuera de tono, pero que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Así lo ha dejado claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) cuando ha condenado a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto de los reyes en el año 2007.

Estamos por tanto, desde el punto de vista legal, ante una forma de expresión crítica contra un cargo político, que a fin de cuentas es lo que es un monarca, un empleado público que vive gracias a los presupuestos generales del Estado, es decir, gracias a los impuestos que pagamos todos los españoles. En ese sentido, el TEDH ya ha dejado claro que ese tipo de actos de protesta forman parte de una crítica “política, más que personal, de la institución de la monarquía en general y en particular a la monarquía española como nación (…) Entra dentro de la esfera de la crítica política o la disidencia y, por tanto, corresponde a la expresión de rechazo de la monarquía como institución”. En ningún momento se está incitando al odio y la violencia, como mantenían hasta ahora los tribunales españoles, sino que es una muestra simbólica de “insatisfacción y protesta”.

La última iniciativa de Unidos Podemos ‒apoyada por el PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes‒, de acordar la revisión del Código Penal para eliminar el delito de injurias a la Corona, va en el sentido de ajustarse a las sentencias de la Justicia europea, que de cuando en cuando da un serio tirón de orejas al Estado español por sus últimas sentencias restrictivas a la libertad de expresión, consecuencia directa de la ley mordaza aprobada por el anterior Gobierno del Partido Popular. Si la propuesta legislativa sale adelante, tampoco será delito quemar banderas nacionales ni hacer sátira contra confesiones religiosas, otro retroceso en el que habíamos caído con la anterior legislación de Rajoy, ya que el delito contra los sentimientos religiosos es más propio de estados teocráticos que de democracias modernas y avanzadas del siglo XXI. Que una asociación de corte ultraderechista pueda llevar a los tribunales a un actor como Willy Toledo por soltar una blasfemia –“me cago en Dios, en la Virgen del Pilar y en todo lo que se menea”–, se antoja surrealista, y una sentencia condenatoria contra él será revocada sin ningún lugar a duda en Europa, donde la tradición inquisicional nacionalcatolicista ya solo es un mal recuerdo de los tiempos medievales, cuando se quemaba a los herejes en la hoguera pública por ir contra Dios. En los últimos días, el dramaturgo Carlos Santiago, que en un pregón de Carnaval se refirió a “los huevos del santo”, ha sido víctima de otra querella por parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Y la caza de brujas continuará si un Gobierno no pone coto a ese exacerbado recorte a las libertades.

Cuestión aparte es el delito de enaltecimiento del terrorismo, que aunque también será reajustado para que actores, músicos y artistas en general no puedan ser perseguidos por sus ideas políticas y sus críticas al poder establecido, seguirá ofreciendo toda la protección jurídica posible a las víctimas que se sientan heridas o atacadas, como han anunciado los ponentes de la iniciativa. Pero el justo amparo a las víctimas no debería ser una patente de corso para algunos jueces y fiscales que en los últimos años, y con la excusa de la ley mordaza, han tenido “barra libre” para perseguir a todo intelectual o artista que se haya atrevido a llevar la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias. Tal ha sido el caso del rapero Valtònyc, que huyó a Bélgica para no cumplir 3 años y medio de prisión por las letras de sus canciones, supuestamente injuriosas contra la Corona y constitutivas del delito de enaltecimiento del terrorismo.

La iniciativa legislativa para modificar los artículos más espinosos del Código Penal saldrá adelante, previsiblemente, con 180 votos a favor frente a 160, de modo que contará con toda la legitimidad y garantías que exige un Estado democrático. Pese a que no guste a la derecha.

PSOE, Podemos y la lucha por la hegemonía cultural de la izquierda

El PSOE podía considerarse hasta no hace mucho tiempo, digamos la irrupción del 15-M, como el verdadero baluarte en la construcción de una weltanschauung, una cosmovisión, de la izquierda. Su potencia intelectual y práctica (no hay que olvidad la necesidad de unir teoría y práctica) le hacía hegemónico en el seno de la izquierda. A veces, en los aspectos más éticos, y dependiendo del momento coyuntural, Izquierda Unida le hacía mella en el plano más ético. Por eso aquello de que el PSOE era el partido que más se parecía a la población española, se fundamentaba en esa cosmovisión, en esa hegemonía cultural que lograba transmitir. A veces sólo en la izquierda, a veces en todo el sistema. Hoy cualquier dilema planteado en una reunión de otro partido hace temblar los postulados que siguen manteniendo en el PSOE.

Ha sucedido no hace mucho, en que en la universidad de otoño de Podemos, una activista ha puesto en cuestión el sujeto mujer, esto es, ha pedido ampliar las fronteras del sujeto mujer para extender la lucha feminista a otras áreas. El escándalo ha sido enorme pues la teoría queer, que era latente pero no presente, ha logrado generar una pelea interna en el feminismo. Algo que ya venía cociéndose con posicionamientos en favor de legalizar la prostitución o los vientres de alquiler. Las feministas en el PSOE son abolicionistas y prohibicionistas en esos aspectos tan fundamentales del sujeto mujer (como la práctica mayoría de feministas adscritas a IU), pero desde Podemos han comenzado a erosionar esos postulados hegemónicos. Bien es cierto que dentro de la formación morada el debate es cruento, pero algo se va moviendo. Algo que aprovechan sectores no de izquierdas para quebrar el discurso hegemónico. Las mujeres del PSOE han sido las garantes y luchadoras por el feminismo desde hace muchísimos años. De hecho, gran parte de los avances en esta materia los han conseguido ellas, con el apoyo de todo el movimiento feminista eso sí. Hoy eso se pone en cuestión. En esta ocasión sus voces y sus justas reclamaciones, que son las de la mayoría del feminismo, no han “vencido” con rotundidad en ese aspecto de la lucha por la hegemonía cultural.

Esto no es más que un ejemplo de esa batalla que el PSOE está perdiendo día a día frente a otros postulados que provienen del activismo que se canaliza a través, principalmente, de Podemos. Curiosamente, como veremos, desde Izquierda Unida también se está logrando quebrar la hegemonía cultural del PSOE en un aspecto que fue clave, en tiempos, para esa fuerza cultural que manifestaba el viejo partido.

La hegemonía de lo diverso cultural.

Como bien explica David Bernabé en su libro La trampa de la diversidad actualmente la izquierda está más centrada en el debate de lo cultural, de lo diversos, de las identidades, abandonando lo que siempre ha sido su santo y seña, lo material. Como ya expresó en 1985 Adam Przeworski en su libro Capitalismo y Socialdemcoracia, los partidos socialdemócratas se han convertido en los partidos que apuestas por la eficiencia en la gestión de la parte política del sistema capitalista. Esto es, han dejado incluso de ser reformistas en sí, para ser los mejores en resolver los problemas. Y esos problemas del sistema les llevaron a abrazarse principalmente en las cuestiones de Justicia e Igualdad, olvidando la Libertad en gran parte (pero no es el tema de este artículo). Sobre esos dos pilares el PSOE, en el caso español, es sobre los que se construyó la hegemonía cultural de la izquierda en España. Izquierda Unida y diversos activismos debían adaptarse a esa hegemonía. Pero, en ese debate de lo diverso que tanto gusta al neoliberalismo porque no se pone en cuestión el sistema en sí, han irrumpido otras fuerzas políticas que impugnan y hacen mella en la hegemonía que dominaba el PSOE.

¿Qué es la hegemonía? Una construcción social que sirve para la dominación al estar compuesta de creencias, moral, percepciones, instituciones, valores o costumbres. Evidentemente, en este caso la hegemonía cultural de la izquierda es una construcción no sólo para canalizar las demandas propias, sino para impugnar la hegemonía cultural del dominador, que en este caso es el liberalismo/capitalismo.  En términos marxistas diríamos, junto a Antonio Gramsci, que es una lucha dentro de la superestructura del sistema. O lo que es lo mismo, se debate sobre lo cultural, sobre la cosmovisión, pero sin llegar a atacar la base del sistema, las relaciones de producción. Actualmente el debate se apartaría de la estrategia gramsciana en sí, pero entendemos que ya hay un marco analítico suficiente para contextualizar lo que sucede.

Si lo material, lo que afecta a la base del sistema capitalista, queda fuera del debate, como siempre le ha gustado al liberalismo (y su secuela el neoliberalismo), el PSOE había sido el partido canalizador de las demandas de los distintos grupos que componen las luchas subalternas (hoy en realidad lo subalterno es lo material). El feminismo culturalmente gracias al PSOE que no sólo apoyó legislaciones contra la opresión del patriarcado, contra la violencia machista, sino que creó una serie de infraestructuras (las Casas de la Mujer) en todos aquellos ayuntamientos que gobernaba. De esta forma las mujeres fueron formándose, tomando conciencia de los mecanismos opresivos que pesaban sobre ellas y avanzaron en la lucha por la equiparación entre mujer y hombre. En ese sentido, la parte feminista de la hegemonía cultural se construyó sobre la base de las feministas vinculadas al PSOE (y en menor medida IU). Hoy esa hegemonía se ha puesto en cuestión, como ya dijimos, por colectivos que han adoptado otras posiciones. Se les tacha a las mujeres del PSOE más que de heroínas de carcas. De no saber avanzar, justo cuando las mujeres del PSOE sí están impugnando el sistema liberal-capitalista como mecanismo de opresión.

Lo mismo se puede decir de las situaciones que interpelan al movimiento LGTBi, aunque el lobby gay es muy transversal, al laicismo, al ecologismo o a los colectivos diversos de demandas coyunturales. En términos generales, la parte morada de la izquierda no sólo impugna sino que en ciertos terrenos está acabando con la hegemonía del PSOE.

Activismo vs. Institucionalismo.

Hace un tiempo escribimos que el PSOE no estaba en el debate de la izquierda. El PSOE no cuenta con “intelectuales orgánicos” y sus políticos y políticas, salvo raras y minoritarias excepciones, no tienen virtudes intelectuales suficientes para expresarlas en el debate público. Si a eso se les suma el error que ha sido entregar la formación de esos discursos para pelear lo hegemónico a Beatriz Corredor, José Antonio Rodríguez (el junillo), Iván Redondo o Santos Cerdán, el pánico debería haberse instalado hace tiempo en las bases socialistas. Lo más que les queda es Rafael Simancas. Todo esto es consecuencia directa de una decisión estratégica. El PSOE lleva tiempo instalado en lo puramente institucional. Se piensa en términos de poder puramente institucional, lo que descuida la parte cultural de transmisión hegemónica. Se cree, falsamente, que con sólo hacer más eficiente y eficaz el sistema para poder redistribuir y apoyar cualquier demanda en bases a la justicia ya está el problema resuelto.

Sin embargo, sus opositores tienen una estrategia doble. Utilizan las instituciones para tener un altavoz de las demandas diversas y, a la vez, hacen activismo. La regla de no estar más de dos legislaturas en un cargo público no es sólo por una cuestión democrática, sino para no quemarse. Todos en Podemos, y en IU todo hay que decirlo, son conscientes de que las instituciones son un instrumento poderoso pero no son nada sin la actividad en la calle. Allí donde les requieren, allí que acuden. Hay 2.000 o 20 personas. Pero es que a eso añaden la generación de libros o artículos de opinión en prensa. Y una buena batalla en redes sociales, que no es moco de pavo.  El diputado Juanma del Olmo, por ejemplo, ha publicado un libro (La política por otros medios) interesante para los cuadros de un partido de izquierdas, porque no tiene mucho más recorrido, donde expone una cuestión clave en esto que estamos analizando: “El verdadero poder no está en forzar a alguien a hacer algo, sino en construirle sus preferencias”. Una máxima del marxismo clásico traducida a lo actual. Como decía Marx, las clases se constituyen en la lucha, no por un proceso espontáneo. Parafraseando se podría decir que la hegemonía se construye en la lucha y no por la mera acción institucional. Y eso lo saben bien en Podemos e IU. Se puede decir que en Podemos tienen suerte de ser más académicos, que lo son, pero no saben los esfuerzos que hacen en formación dentro de Podemos para que desde el obrero hasta el catedrático tenga numerosos conocimientos. Leen. Y leen mucho.

En el PSOE la formación es un lugar vacío de contenido y, como sucede en la gestión sistémica, buscando la eficacia del eslogan o el uso de redes sociales. No se manda leer, no se hacen resúmenes para la militancia como los que hacía antaño Luis Gómez Llorente. Como mucho comienzan a pasar artículos de Pablo Simón, que como todos saben es un mediático politólogo de la nueva generación que se dedica a decir que la globalización es compleja, que el capitalismo también se maneja en dictaduras como China y Rusia, que la clase trabajadora ya no es como se había pensado y demás cosas líquidas. Es de esa escuela española de la Ciencia Política que compara peras con manzanas para decirnos que salvo por ser frutas no se parecen en nada. Vamos pensamiento líquido sin profundidad. Porque claro que la globalización es compleja, eso lo sabemos desde los años 1970s como nos ensenó Niklas Luhmann. Claro que en una dictadura el capitalismo funciona, lo sabemos desde las dictaduras de Hitler, Franco o Pinochet (especialmente esta última que puso en práctica todas las propuestas de los Chicago boys neoliberales) como bien contaba Nicos Poulantzas. Claro que la clase trabajadora no es como antes, pero esto lo sabemos desde los años 1960s-1970s donde hubo numerosos análisis sobre la clase media o la clase trabajadora de cuello blanco, como trabajó Erik Olin Wright. Nada nuevo bajo el sol, pero sí cosas que no están en el debate de la izquierda europea. Al tomar la vía de lo institucional y abandonar lo formativo y cultural, se acaba externalizando el pensamiento y puede caer el cualquiera que escriba en El País. En vez de atraer a ese o esa intelectual al partido, se le compra su teoría sin verificación y tampoco se generan intelectuales orgánicos.

Mientras el PSOE se encomienda a cualquiera la labor intelectual y de lucha por lo hegemónico, el Podemos e IU son los propios políticos los que hacen activismo y pelean en lo hegemónico cultural. El libro Por qué soy comunista de Alberto Garzón hace más por el socialismo en España, por paradójico que pueda ser en un miembro del PCE, que los artículos de opinión de El País. Entre otras cosas porque, como sucede con el libro de Bernabé, se centra en la cuestión principal, el problema material. El cual también tiene su encaje en lo hegemónico cultural y donde el PSOE tampoco acierta a estar representado. Y Podemos muy escorado, todo hay que decirlo. El sistema capitalista disfruta de lo diverso y no le importa ceder a demandas culturales porque no afectan a su cuenta de resultados. Es más saca rédito económico con ello. Desde camisetas del Che Guevara hasta canales de televisión para feministas. Todo lo diverso sirve para hacer caja. Por eso es fundamental la lucha por lo hegemónico, para permitir que lo material no sea la lucha subalterna, sino que lo diverso, exceptuando el ecologismo y el feminismo que son luchas transversales, sea lo subalterno. Una razón de combatir por la justicia de ciertos derechos, pero no lo principal del combate. En esta batalla hegemónica cultural el PSOE está perdiendo de momento y es importante para la izquierda porque se está jugando la dominación ideológica, de momento en manos del capitalismo.

Post Scriptum. En el PSOE hay una sección de llamados Afrosocialistas, incluso en la ejecutiva hay un representante. A modo de ejemplo, ¿alguien sabría decir en cuántas ocasiones han acudido a CIEs para ver las condiciones en las que estaban las personas allí encerradas? Porque sí hemos visto a Maribel Mora o Teresa Rodríguez de Podemos. A esto nos referimos cuando hablamos de compaginar activismo e institucionalismo. No se puede crear hegemonía cultural si la parte de la diversidad africana, por ejemplo, no es activista a pie de obra. La hegemonía se construye en la lucha, nada más y nada menos. Y como en Podemos son más gramscianos intentan hegemonizar esa parte de la superestructura en disputa del relato cultural, ante lo que el PSOE no tiene réplica.

Susana Díaz ve compatible los trabajos de Navantia y los DDHH

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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha remarcado que tanto ella como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están «comprometidos con el mantenimiento del empleo» de los 6.000 trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz que tienen garantizada la carga de trabajo por el contrato de las corbetas con Arabia Saudí.

Estos trabajadores «tienen todo el derecho a seguir trabajando y a sacar dignamente a sus familias adelante, cosa que no es incompatible con la defensa de los derechos humanos, que el Gobierno de Andalucía y el de España llevamos también a gala», ha asegurado la presidenta de la Junta en declaraciones a los periodistas en Almería.

Susana Díaz ha recordado que «los astilleros de Cádiz están en permanente evolución, estamos trabajando en el diseño de unos astilleros 4.0 que nos van a permitir seguir siendo competitivos y al mismo tiempo estar a la vanguardia dentro y fuera de nuestras fronteras».

Se trata, ha añadido, de un «trabajo enorme de transferencia de conocimiento por parte de la universidad y de la Junta para formar a nuestros trabajadores y adaptarlos a un nuevo mercado laboral, para seguir diversificando».

Sin embargo, entretanto «no se puede poner en peligro el mantenimiento de la principal industria de la Bahía, la principal fuente de riqueza y empleo y la dignidad de sus trabajadores de poder seguir trabajando y sacar a sus familias adelante», tal y como ha explicado la presidenta.

Plan de empleo

Por otro lado, la presidenta de la Junta ha valorado el «compromiso firme» del presidente del Gobierno con el plan de empleo para Andalucía, que se «incorporará en los Presupuestos Generales del Estado y que viene a responder a una demanda que ha tenido el Gobierno andaluz en los últimos años».

Díaz ha recordado que esta reclamación responde a una «realidad», y es que «si tenemos una tasa de desempleo mayor que la media, igual que la media de España es superior a la media europea, es normal que exijamos las herramientas e instrumentos para ayudar a la generación de empleo, sobre todo cuando hemos hecho las cosas bien y la propia Comisión Europea reconoce que aquí se ha creado el triple de empleo que en toda la eurozona».

«Cuando uno ha hecho las cosas bien, tiene todo el derecho de exigir lo que nos corresponde: el apoyo y el reconocimiento para dar salida laboral a miles de andaluces que lo están demandando», ha concluido.