viernes, 23 enero, 2026

CNMV y FROB: últimos reductos del PP para defender la venta del Popular

El cambio de Gobierno también está afectando a directamente a la gestión que se está haciendo del Caso Banco Popular. Ya no queda nadie de los que fueron conniventes con la operación que terminó con la resolución, salvo Sebastián Albella y Jaime Ponce, presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), respectivamente. Precisamente, dos de los organismos que más influencia tuvieron en la caída y posterior resolución del Banco Popular.

Sorprende la actitud que está manteniendo la CNMV, en general, y su presidente, en particular, respecto al Caso Banco Popular, sobre todo teniendo en cuenta el historial del organismo encargado de controlar los mercados financieros en España.

La CNMV tuvo un papel crucial en la estrategia de acoso y derribo al Popular. Permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

Posteriormente, no se inició ningún tipo de investigación después de que el Santander registrara un Hecho Relevante apenas 20 minutos después de anunciarse oficialmente la compra por un euro del Popular, documento que incluía datos internos del banco y que tenía una extensión que reforzaba la idea de que toda la operación se venía gestando desde hacía meses, cuando no años, tal y como reconoció Rodrigo Echenique, actual vicepresidente del Santander y presidente del Popular, en el Congreso de los Diputados.

Una vez que los afectados comenzaron a presentar demandas y recursos ante la Justicia y el juez Andreu solicitó informes y documentos a todos los organismos que pudieran tener implicación en la operación, la CNMV remitió un informe en el que, por un lado, exculpaban a Emilio Saracho de cualquier manipulación de los mercados y, por otro, se centraban en una presunta manipulación de las cuentas de años anteriores. Este documento presentado es sorprendente, sobre todo cuando la CNMV es quien recibe las cuentas de cada una de las empresas cotizadas, con su correspondiente informe de auditoría.

A raíz de ese informe, la Comisión afirmó que podrían abrirle expediente a Ángel Ron y su equipo a través de una comunicación que se hizo sin ningún tipo de procedimiento de instrucción, amparándose en la re-expresión de Saracho de las cuentas. Por tanto, Albella abre expediente y lo suspende, con la única finalidad de poder darle publicidad, sin ningún tipo de instrucción, ni prueba, ni posibilidad de alegaciones y lo publica, basándose en un artículo que entró en vigor el 30 de septiembre y que le permite publicar cualquier cosa sobre quien el decida, es decir, decide la CNMV que apertura de expedientes sin estar resueltos. El primero fue Borrell, ahora Ron, para que salgan titulares desacreditando. ¿Teme Albella que salga a la luz la verdad?

El actual presidente de la Comisión tiene demasiadas relaciones con quienes estuvieron implicados en la operación del Popular, a pesar de que quiere presentarse como independiente o que no entra en los asuntos relacionados con las compañías a las que asesoró antes de ser presidente de la CNMV —algo que se le ha olvidado en relación al Banco Popular, ya que, cuando trabajaba en Linklaters, fue uno de los asesores de la ampliación de capital de 2.016 llegando, incluso, a intervenir en un Consejo de Administración en el que no vio ningún problema a dicha operación.

En su etapa como abogado, Sebastián Albella trabajó para el despacho Ramón y Cajal, el mismo en el que aterrizó el ex juez Gómez Bermúdez tras abandonar la Audiencia Nacional, y que lleva casos importantes para el Santander. Posteriormente, se incorporó como socio en el bufete Linklaters, el mismo despacho que posteriormente fue contratado por la JUR para preparar el argumentario legal con el que responder a las peticiones de acceso a la documentación de los afectados. Este mismo despacho realiza lobby en Luxemburgo para, entre otras cosas, la mejora del régimen fiscal del principado.

Por tanto, en lo referente a la CNMV y a su presidente, es uno de los últimos bastiones que le queda al equipo de De Guindos para seguir defendiendo la operación que terminó con la ruina de 305.000 personas o para intentar generar en la Justicia confusión en la instrucción.

En este aspecto, esta actitud de Albella y de la Comisión choca con el cambio que están dando los equipos económicos tras el cambio de gobierno. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en la subgobernadora del Banco de España quien reunió a los inspectores para dejarles claro que «se acabó proteger a la banca». Lo mismo se puede afirmar de la propia ministra quien, en vez de quedarse en el sillón a aceptar todo lo que se impone desde Bruselas, viaja para negociar lo que haga falta para que la recuperación económica llegue a los ciudadanos.

En referencia a Nadia Calviño, ¿a qué está esperando a cesar a Sebastián Albella? El Gobierno tiene capacidad para hacerlo, sobre todo si hay razones de peso y, sólo con la actuación en el Caso Banco Popular, tiene pruebas suficientes de cómo la CNMV actuó de manera contraria a como lo hizo días después de la resolución y provocó la caída del valor, a pesar de que estaba sufriendo un ataque continuado de los bajistas arriba citados, por no suspender la cotización cuando el posicionamiento en el capital del Popular de estos bajistas llegó a superar el 12%.

En otro momento, hablaremos del otro bastión del equipo de De Guindos: Jaime Ponce.

Duro Felguera o las consecuencias de una presidencia deficiente

Acacio Rodríguez y el Banco Santander tal vez pensaron que la mejor fórmula para resolver la delicada situación en que se encontraba Duro Felguera era la de continuar con el plan iniciado por Miguel Zorita en el año 2.017 y que tuvo como resultado el empeoramiento de los escenarios económicos de la epecista asturiana. En vez de buscar nuevos trabajos, participar en concursos (cosa que no es posible sin que los bancos del pool avalen las operaciones) o, sobre todo, cobrar las deudas que países como Venezuela, Argentina, Australia o India tienen con Duro, decidieron que la mejor manera de lograr liquidez era quitar lastre a través de la venta de diferentes activos y de la entrada de nuevos inversores por medio de una ampliación de capital. Es decir, el mismo plan que tenía Zorita cuando entró a torpedear a la compañía para, de un modo indirecto, beneficiar al Santander que, tras la compra del Banco Popular por un euro, es la entidad con un mayor porcentaje de deuda.

Estos dos caminos se implementaron a lo largo de este año 2.018 y no han servido más que para empeorar la situación, sobre todo por la gestión del actual presidente. Por un lado, se realizó una ampliación de capital con la entrada de nuevos inversores que han perdido ya la mitad del dinero aportado por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Acacio Rodríguez, tal y como indicó en una entrevista concedida al diario Expansión, en la que, entre otras cosas, dijo que Duro Felguera iba a tener un núcleo duro de accionistas formado por TSK, Metco Engineering y ACEC. Sin embargo, tal y como recogió El Confidencial, los fondos que acudieron a la ampliación de capital se sienten engañados por el incumplimiento de dichos compromisos que estaban recogidos en el folleto informativo registrado en la CNMV. En concreto Acacio Rodríguez afirmó que dichas empresas adquirirían un 25% del capital social cuando, en realidad, apenas han alcanzado un 6%. Por tanto, el presidente de Duro Felguera mintió, tanto a los inversores como a la CNMV, y provocó que quienes acudieron a la ampliación.

La nefasta gestión de Acacio Rodríguez está teniendo otras consecuencias como, por ejemplo, que la compañía sólo disponga de liquidez hasta febrero de 2.019 y que se haya visto abocada a pedir a la aseguradora estatal Cesce la concesión de garantías por valor de 50 millones de euros que, a su vez, le permitan avales por parte de la banca de 100 millones. Por lo demás, hay que recordar que Acacio Rodríguez fue el intermediario de la operación de Duro con Venezuela que está siendo instruida en la Audiencia Nacional y en la que, además de las comisiones pagadas a Nervis Villalobos, hay un porcentaje que no está contemplado en la contabilidad de la empresa. ¿Dónde fue ese dinero y quién lo cobró?

Todo esto después de una ampliación de capital de 125 millones y de la venta de filiales como Núcleo, DF Rail o de la sede en Madrid que supusieron la entrada en caja de más de 50 millones.

Los problemas de liquidez de Duro Felguera se arreglarían con el cobro del dinero que países como Venezuela, Australia, India o Argentina, entre otros, deben a la epecista asturiana. En total, según fuentes de la compañía consultadas por Diario16, estaríamos hablando de un montante de más de 300 millones de euros. No obstante, ni Miguel Zorita, ni Acacio Rodríguez, están acometiendo el cobro de esas deudas que sí que aliviarían el estado financiero de la epecista. ¿Por qué no interesa? ¿Por qué se prefiere ir a otras operaciones más complejas o a descapitalizar los activos?

Los hombres del Santander están actuando como verdaderos sicarios a las órdenes de su amo, todo ello, además, con el estilo inconfundible de Francisco Javier García-Carranza, es decir, sin ningún tipo de escrúpulo ni de las consecuencias que esto pueda tener para la compañía y, sobre todo, para los más de 2.000 trabajadores que llevan desde hace casi dos años en un estado de tensión porque sus puestos de trabajo se encuentran en verdadero peligro.

Se ejecutan los embargos a los afectados de los terremotos de Lorca y los afectados se encierran en el Ayuntamiento

Tal y como publicamos en Diario16, un matrimonio de pensionistas afectados por la devolución de ayudas por los terremotos de Lorca han sido embargados.

Tras la denuncia de IU y las medidas de presión llevadas a cabo por la plataforma de afectados, el pasado 28 de septiembre, el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, aseguró que se procedía a la “paralización” de los procedimientos de embargo “por orden directa” de la Comunidad Autónoma. Además, Gil se comprometió a que a Juan y Ginesa se les adelantaría, a través de la Mesa solidaria, los 5.200 euros que Hacienda les había bloqueado, entre principal e intereses, y que constituyen  “los ahorros de toda su vida” ya que, a pesar de ayudas e indemnizaciones, la rehabilitación de su vivienda tras los fatídicos seísmos “se comió el resto”.

Además, el primer edil informó que desde el Ayuntamiento de Lorca se habían remitido a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda un listado con cinco providencias de apremio de pago previas a orden de embargo para otros tantos afectados, que “quedaron paralizadas”, según dijo.

Sin embargo, Martín ha confirmado que “de paralización nada de nada”, porque  se han ejecutado al menos tres embargos a otras tantas familias a las que la Agencia Regional de Recaudación ya ha detraído de sus cuentas bancarias el dinero reclamado.

En el caso de Juan y Ginesa, la Mesa Solidaria tampoco ha procedido a la reposición de las cantidades embargadas. “Llevan semanas obligando a esta familia a vagar de oficina en oficina, haciendo que firmen papeles sin que, finalmente, hayan podido recuperar su dinero, a pesar de que el Alcalde les dio su palabra en público”, aseguró Martín.

Otra de las embargadas es una conocida librera del barrio de La Viña, a quien también le han embargado 11.900 euros. Ello supone la ruina económica de su pequeño negocio, ya que ni siquiera puede pagar a sus proveedores para mantener en pie su establecimiento, “que es su pan y el de sus hijos”.

La edil de IU-Verdes cargó duramente contra el presidente autonómico, Fernando López Miras, a quien acusó de “impresentable”, “mentiroso” y “cobarde”, ya que ni siquiera ha dado la cara ante sus propios vecinos, muchos de ellos también sus votantes.

“No nos extraña que quienes le conocen mucho mejor que nosotros le tilden de auténtico genares”, dijo Martín, porque efectivamente está demostrando “muy poca vergüenza” ante el drama de estas familias “a las que ha dejado en la estacada”. “¿Cómo se puede jugar de esta manera con los sentimientos y esperanzas de los vecinos, y engañarles de ese modo?”.

“Llevamos semanas esperando a que los cientos de vecinos que ya han enviado la cuenta justificativa simplificada tengan alguna respuesta”, dijo la edil de IU-Verdes. Sin embargo, lo único que están recibiendo son nuevas cartas con los documentos para pagar, ya que la CARM ha procedido a un nuevo envío masivo de órdenes de reintegro.

“Queremos que toda España sepa de que cuando, ante una catástrofe natural, los dirigentes políticos anuncian ayudas, solidaridad y apoyo sin fisuras, lo que las víctimas se pueden encontrar después de casi ocho años es verse atrapados en maraña burocrática que puede suponer su ruina familiar”, aseguró la edil de IU-Verdes.

Otra puerta cerrada sobre la prescripción

Gloria Martín también ha anunciado que, a través de sus servicios jurídicos, el Parlamento autonómico se ha declarado “no competente” para solicitar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia un dictamen sobre la prescripción de las ayudas. La edil de IU-Verdes lamentó que se trate de “otra puerta cerrada”. En este sentido, recordó que ni la Abogacía del Estado ni el Consejo de Estado ni el propio Defensor del Pueblo, han mostrado disposición para aclarar cómo debe procederse al cómputo de la prescripción, dejando a los vecinos “solos y desamparados”. “Les están obligando a tener que recurrir a la justicia ordinaria a sabiendas de que la mayoría de ellos no puede pagarse un abogado”, denunció Martín. Y es que, a pesar del compromiso adquirido, el Ayuntamiento tampoco ha suscrito aún un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Lorca para que se haga cargo de la representación legal de los afectados.

Protesta y encierro en el Ayuntamiento de los afectados

Casi siete años y medio después de los fatídicos terremotos de Lorca que dejaron 9 víctimas mortales y daños en el 80% de los inmuebles de municipio (90.000 habitantes), los afectados por la tragedia no han podido cerrar aún las heridas de la catástrofe.

El Gobierno de la Región de Murcia (PP) reclama ahora a cerca de 3.000 familias que devuelvan las ayudas públicas concedidas  en su día para afrontar los costes de rehabilitación de sus viviendas y que fueron sufragadas al 50% por Estado y comunidad autónoma. De hecho ya ha procedido, a través de la Agencia Regional de Recaudación al embargo de las cuentas bancarias de, al menos, tres familias, mientras envía centenares de requerimientos de reintegros de las subvenciones, a pesar de que, en la mayoría de los casos, el derecho de la Administración a exigir las devoluciones ha prescrito, según la plataforma ciudadana que aglutina a los afectados.

En 2017, el Ejecutivo autonómico comenzó a enviar masivamente cartas a los afectados requiriendo que justificaran las ayudas concedidas hacía seis años, cuando la Ley de Subvenciones establece que  “a los cuatro años, prescribe el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro”. Se daba la circunstancia de que, a tenor del tiempo transcurrido, la mayor parte de los vecinos ya no conservan las facturas ni puede pedírselas a las empresas que ejecutaron las obras, la mayor parte de las cuales ya ni siquiera existe. La mayor parte de los vecinos que sí han podido enviar las facturas, tampoco han visto cerrarse sus expedientes, pues la Administración pone una pega tras otra y continúa exigiendo a los damnificados la devolución.

Organizados en una plataforma de afectados (500 familias) y con el apoyo y asesoramiento de IU, los vecinos han enviado en los últimos meses más de un millar de alegaciones y recursos de reposición que, hasta el momento, no han tenido efecto.

En julio de 2018, ante la alarma social generada, todos los grupos con representación en el Parlamento autonómico aprobaron una ley (8/2018, de ayudas de Lorca) que facilitaba la justificación de las subvenciones mediante “cuenta justificativa simplificada” y un informe técnico municipal que acredite que los vecinos gastaron el dinero en las obras de reparación de sus viviendas. A pesar de que centenares de afectados llevan desde hace más de un mes solicitando acogerse a dicha norma, la Consejería de Fomento sigue sin proceder al cierre de los expedientes.

Y, por si fuera poco, en los últimos días ya se han ejecutado tres órdenes de embargo a tres familias lorquinas, que se han quedado en una situación precaria, sin poder hacer frente a sus necesidades más básicas. «El resto de afectados se mantiene con el alma en vilo a la espera de que lleguen nuevos embargos. Tienen miedo de abrir el buzón de su casa o de consultar la cuenta bancaria por si también les ha tocado a ellos”, explica la Concejala de IU-Verdes Lorca, Gloria Martín

Encierro indefinido

Por todo ello, los afectados han comenzado un encierro indefinido en el Ayuntamiento de Lorca que sólo abandonarán si se devuelven las cantidades embargadas, se paralizan los expedientes de reintegro, se archivan de manera inmediata las ayudas ya prescritas y si la Consejería de Fomento procede a la aplicación de la Ley 8/2018 que permite a los afectados justificar las ayudas mediante un procedimiento simplificado.

 

Tremendo zasca de Pedro Sánchez al PP en el Senado

“Yo sé que soy un izquierdista peligroso extremo, que intento romper España. ¡Si hasta me han criticado por donar sangre! Sé que todo lo que haga yo y mi Gobierno (sic) es ilegal, inmoral e, incluso, hasta engorda” así ha comenzado el jefe del Ejecutivo para, irónicamente, hacer ver a las derechas senatoriales que ya sabe que sí, que es peligroso. Pero ese peligro, les ha recordado, es recuperar derechos y hacer la vida más fácil para las personas. Pedro Sánchez, salvo haberse equivocado al decir que Felipe de Borbón era el III y no el VI, ha dejado en nada la argumentación del portavoz del PP en el senado Ignacio Cosidó.

La parte más cruenta de la batalla dialéctica ha surgido cuando el portavoz del PP le ha dicho al presidente “si usted quiere regenerar la vida política yo le pido tres cosas. Que sea honesto consigo mismo y que no mienta a los españoles. Segundo, que haga cuanto antes una crisis de Gobierno para que en este período transitorio hacia unas elecciones generales al menos tengamos un gobierno que esté a la altura de los españoles. Y, por último le digo, que tras cuarenta años de constitución en España tenemos instituciones fuertes y usted es un presidente de paso”. Pensaba que con eso ya había cumplido con la difamación diaria, sin argumentos de peso, que es la táctica del PP de Casado. Pero Sánchez se ha venido arriba y le ha recordado que quienes no han sido honestos, ni han regenerado la vida pública han sido precisamente los dirigentes del PP.

 

“¿Deberían o no dimitir algunos senadores que tienen en su grupo parlamentario que han aparecido en los papeles de Bárcenas por cobrar sobresueldos? [En referencia a Pío García Escudero que reconoció hasta 59.000 euros, por ejemplo] ¿Debería dimitir un senador que tiene usted en su grupo parlamentario que ha dimitido como consejero autonómico por aparecer en el caso Púnica y que permanece aquí en este Senado? [En referencia a Jaime González Taboada] ¿Debería dimitir un senador que ha sido… En fin. Ha sido bastante sonrojante para el grupo popular y el resto de España que ha sido acusado por el Consejo de Europa? [En referencia a Pedro Agramunt por sobornos]” le ha recordado a los senadores y senadoras del PP que casi ni han protestado, ni insultado como suele ser habitual. Lo ha rematado (ver vídeo adjunto) cuando al propio Cosidó le ha recordado que fue él quien cesó al comisario que investigaba el ático de Ignacio González. De esta forma ha querido decirle al portavoz del PP que mejor se tape un poco cuando pide dimisiones por hechos superfluos. Cómo habrá sido el golpe en la jeta que el ABC, tan solícito siempre ha defender a “su” PP, ha afirmado que Sánchez “enturbia la democracia”, y todo por recordarle al PP lo que ha hecho y no ha hecho.

No verán recogido en los medios de la derecha, sin embargo, cuando Pedro Sánchez le ha recordado si en el PP piensan que la subida del SMI, de la mejora de la dependencia o la universalización de la sanidad son medidas que sus votantes no quieren. Y, para rematar al portavoz senatorial, que critica que Sánchez busque apoyos en otras fuerzas políticas, le ha pedido que si tan mal le parece apoyen ellos esos presupuestos. Curiosamente, una frase que solía utilizar el PP, cuando tenía un portavoz en condiciones, muy hiena, pero en condiciones con Rafael Hernando. También le ha querido recordar que la senda de la ultraderecha y el enfrentamiento poniendo en peligro las instituciones del Estado que le ha dado por llevar a cabo a Pablo Casado no es la senda que se espera de un partido constitucional y leal. En resumen, han ido a por lana en el PP y han vuelto trasquilados. Aunque esto que aquí hemos contado seguramente no lo vean en ningún medio del establishment.

IU consigue que se quiten tiras a la mordaza

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El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha conseguido esta tarde que el Pleno del Congreso apruebe la toma en consideración y, por tanto, iniciar la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, elaborada e impulsada por IU dentro del grupo confederal con la ayuda de múltiples organizaciones y expertos juristas.

Esta iniciativa registrada el pasado mes de marzo, que ha contado con el consabido rechazo de la derecha de PP y Ciudadanos, persigue en palabras de Garzón hacer frente a la creciente “involución democrática”, dirigida especialmente a atacar esa misma libertad de expresión.

De ahí que el texto plantee una profunda y efectiva reforma del Código Penal que acabe con las “violaciones y censuras” que se perpetran a partir de determinados artículos supuestamente dirigidos a impedir las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a instituciones como la Corona, entre otros.

Garzón inició su intervención mostrando el agradecimiento de su formación a todos/as aquellos que han colaborado en la redacción de una propuesta cuyo resultado final “creemos que tiene mucha rigurosidad”.

“Nos hubiera gustado no tener que presentarla -alegó- porque ello significaría que nuestro Código Penal o nuestro sistema político, en última instancia, no tendría las graves carencias que hoy tratamos de subsanar”.

Esta proposición de ley orgánica -que ahora pasa a la fase de tramitación parlamentaria y recepción de enmiendas- trata de “homologar nuestra democracia a los estándares democráticos propios de las sociedades avanzadas y desarrolladas en materia de derechos fundamentales y de libertad de expresión”, indicó el diputado.

Alberto Garzón denunció y enumeró diversas “situaciones bochornosas”, como los procesos judiciales o las penas de prisión impuestas por criticar a la Monarquía o a referentes de la religión católica, todo ello “pese a las sanciones impuestas a nuestro país por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

El máximo responsable de IU consideró que en democracia “debe ser legítimo criticar a las instituciones del Estado” y recordó que, en la práctica, las injurias al Gobierno se escuchan en la tribuna del Congreso “y eso es lo más normal del mundo”.

En concreto, el texto plantea la derogación de artículos del Código Penal “anacrónicos y obsoletos” como el 525 (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público); 490.3 y 491 (delitos contra la Corona); 543 (ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas).

También pide derogar el artículo 504 (injurias a las instituciones del Estado, como el Gobierno) o modificar el artículo 510 -que tipifica los denominados delitos de odio- con una redacción ‘que determine con claridad cuál es la conducta punible’.

Garzón, al igual que queda reflejado de forma palmaria en la exposición de motivos de la proposición, se adelantó a determinadas críticas falaces explicando que la derogación propuesta del delito de enaltecimiento del terrorismo no supone en modo alguno la “desprotección de las víctimas”, ya que se plantea al unísono “modificar también el artículo que recoge esa protección para reforzarla”.

El portavoz parlamentario de IU recordó que ese mismo artículo 578 del Código Penal, nació en el año 2000 tras un pacto entre PP y PSOE en un momento de “extrema violencia de ETA”, pero no fue precisamente hasta después de 2011, después de que la organización terrorista abandonó la violencia “cuando más se ha empleado, tanto en procesos penales, como con condenas”.

La Universidad Autónoma elegirá entre Monarquía o República

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Monarquía sí o no, esa es la cuestión sobre la que están llamados a pronunciarse el estudiantado y el personal docente y laboral de la Universidad Autónoma de Madrid el próximo 29 de noviembre.

Estudiantes de varias facultades de esta universidad decidieron impulsar un referéndum sobre la monarquía “para visibilizar cuál es la opinión de la juventud acerca de ser súbditos de una institución anacrónica, corrupta y vinculada al régimen franquista”. Para ello han conformado la plataforma ReferéndumUAM y llaman a toda la universidad a participar en una asamblea abierta el miércoles 31 de octubre a las 14 horas en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras para discutir la organización de la consulta.

El cuestionamiento a la Corona y a la Constitución parece ser cada vez mayor entre las nuevas generaciones. “Los jóvenes estamos hartos de que se utilice la inviolabilidad de una Constitución votada bajo chantaje, mucho antes de que naciéramos y sobre la que ni nuestros padres pudieron decidir” declaró Marcos, estudiante de Historia y activista de la agrupación juvenil Contracorriente.

La investigadora contratada Lucía Nistal, portavoz de Pan y Rosas, denuncia que “mientras el rey se incrementa el sueldo, el de los investigadores permanece congelado y se sigue recortando en investigación y educación”, y añade, “ya es hora de que nos dejen decidir si queremos seguir manteniendo esta institución absolutamente antidemocrática y patriarcal”.

Para Andrea Barberá, representante estudiantil en Consejo de Gobierno por la lista Revoluciona tu Universidad, “la universidad debería estar a la vanguardia a la hora de pronunciarse sobre los debates y demandas de la sociedad”. Ha recordado que Felipe VI ostenta la presidencia de honor de la Universidad Autónoma y que el rector, Rafael Garesse, lo consideró el antiguo alumno más distinguido de la universidad en un vídeo en el que le felicitaba por su cincuenta cumpleaños. “Algunos tenemos una visión menos medieval y más modernizadora de la universidad que el señor rector”, ha declarado.

Por ello saludan la iniciativa de los dos estudiantes de Oviedo que se han negado a participar en los premios otorgados por la fundación Princesa de Asturias, así como las iniciativas similares que ya se han convocado en barrios de Madrid como Vicálvaro o Vallecas. Esperan que esta experiencia sea un ejemplo que se contagie al resto de universidades públicas.

Llaman al conjunto de las asociaciones estudiantiles, a los sindicatos de trabajadores y a las instituciones de la universidad a apoyar esta iniciativa que esperan sea “un primer paso en la lucha por conquistar procesos constituyentes libres y soberanos donde podamos decidir la forma de Estado, la separación de la Iglesia y el Estado o la autodeterminación de los pueblos entre muchas otras cuestiones sobre las quieren evitar que nos pronunciemos”.

¿Es la política actual “El hotel de los líos”?

“El hotel de los líos” es una de las mejores películas protagonizadas por esos genios del celuloide que fueron los Hermanos Marx. Precisamente ahora se han cumplido los 80 años de su estreno.

Observando lo que va ocurriendo en la política actual uno tiene la sensación de volver a ver esa antigua película, con sus gags esperpénticos y su surrealismo desternillante.

Aunque lamentablemente los actores actuales están muy lejos de alcanzar la brillantez interpretativita de los Groucho, Harpo y Zeppo y desde luego producen menos gracia, es más, a menudo lo que nos provocan es en el mejor de los casos somnolencia y muy a menudo pena y llanto.

Rivera, Casado, Iglesias, Sánchez, Torra, Puigdemont, Arrimadas, o Junqueras, por citar a los más famosos actores actuales, no tiene la agudeza intelectual de los Marx, ni la capacidad para de manera inteligente con la sutileza de la ironía, hacernos pasar un buen rato. Hoy lamentablemente todos ellos no estarían nominados a los Oscar de interpretación, sino a los Razzie.

Comprendo que esta reflexión pueda sonar dura, e incluso cruel, pero sólo se necesita una visita rápida por las noticias diaria para darse cuenta que no resulta exagerada.

Uno echa de menos a los Marx viendo esperpentos como la visita de Iglesias a Junqueras y compañía, la fingida reacción desde el gobierno, los comentarios y exabruptos de la oposición, o el cabreo no disimulado de Torra y Puigdemont.

¿Así piensan arreglar el desaguisado que tenemos en Catalunya? Bueno, a veces los milagros en política se producen, pero no conviene dejar en manos de esa posibilidad una situación explosiva como esta.

¿No sería más eficaz abandonar las cuestiones interpretativas, para las que ya se ve no están capacitados y ponerse a trabajar de los que son, o sea como políticos? Porque para eso les pagamos, para que resuelvan los problemas, no para que nos vayan creando otros nuevos.

Si lo hicieran, si en lugar de emular a los genios Marx dijeran realmente lo que piensan, probablemente resolver estos líos sería mucho más fácil.

Desde una de las partes deberían seguir la senda marcada por gentes sensatas como Ponsatí, Campuzano o Vila, reconociendo que la vía unilateral tomada hace un año fue una broma de trágicas consecuencias y que sólo desde el acuerdo se puede llegar a la meta.

Que además ésta, al menos a corto y medio plazo, no va a ser la independencia, pero sí que puede abrir la posibilidad de profundizar en un mayor autogobierno, con vías de financiación más justas y la posibilidad de explorar fórmulas para una consulta de acuerdo con la legalidad. Todo ello claro está con todos los políticos presos o exiliados en la calle y aquí.

Desde la otra orilla sería necesario más de lo mismo, o sea sensatez y sinceridad. Por ejemplo: ¿Alguien en su sano juicio piensa que los Rivera, Casado, e incluso Sánchez no saben que no se puede salir de este atolladero sin concesiones como estas y con todos haciendo política libremente?

Y si lo saben, ¿por qué no obran en consecuencia? Probablemente por electoralismo, porque son actores mediocres y en lugar de pensar en el bien común lo hacen en el suyo propio, personal y de partido.

¿Cómo es posible que el PP que estando en el gobierno defendía un techo de gasto, ahora que la propuesta viene del PSOE lo bloquee? ¿Cómo que Cs aceptara cuestiones en su anterior pacto con el PSOE que ahora rechaza? ¿Cómo que ERC y PDeCAT pongan pegas a unos presupuestos que hace unos meses ni los imaginaban?

A veces a uno le viene a la memoria otro hilarante diálogo de los Marx, éste de “Una noche en la ópera”, en el que Groucho y Harpo debaten sobre el contenido de un contrato. “La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte” señala Groucho, mientras que ante las dudas de Harpo arranca ese punto pasando al segundo etc. etc.

Lamentablemente no sólo ese “Hotel de los líos” se ve representado en la política actual, la justicia también se ha visto impregnada de su espíritu. Un día sí y otro también nos descubre su incongruencia que genera en la sociedad una cada vez mayor desconfianza.

Lo ocurrido con la sentencia del TS sobre los pagos en las hipotecas es de traca. Que una decisión que creaba jurisprudencia y suponía un beneficio, parece que justo, a miles de familias, se pueda revisar en unas horas supone el mayor ataque a la separación de poderes de la historia.

Porque esta vez la quiebra no se produce entre el político y el judicial, sino entre éste y el económico-financiero, dejando así claro que los que mandan en realidad son ellos.

Alguien debería frenar este desatino y hacer que las aguas vuelvan a su cauce. Aunque viendo la tibia reacción social ante tamaña arbitrariedad dudo mucho que pueda ocurrir. Hace apenas unos años habrían ardido las redes sociales y la gente se habría echado a la calle. ¿Sociedad líquida o adormecida? ¿O ambas?

Está visto que en los últimos tiempos sólo lo luchamos los pensionistas, justo aquellos que ya lo hicimos durante el franquismo  y la transición. Produce pena y decepción esta lamentable situación.

O sea que la respuesta a la pregunta inicial es sí. Sí se parece la situación actual a esa famosa película pero en su versión más pobre y mediocre. ¿Podremos darle la vuelta a esto?

Una brisa de esperanza nos llega con el acuerdo entre PSOE y Podemos para los presupuestos. La cuestión es si ha sido sólo un espejismo o es algo duradero.

Veremos…………

Andalucía: ¿será posible una mayoría de izquierdas?

Las encuestas dan al PSOE un 29,8 % de los votos y Adelante Andalucía obtendría un 21,70% que en conjunto sumarían un 51,5% de las izquierdas que permitiría poder gobernar holgadamente ambas fuerzas. A Cs le dan un resultado de un 22,3 % y el PP se pega el gran batacazo quedando en último lugar con un 20,5 %  y sigue desplomándose.  (El Confidencial 20/10/18)

Cuando una fuerza política como el PP, pierde la confianza del votante como señalan todas las encuestas, entra en una clara decadencia agónica. De aquellos 800.000 afiliados que falsamente dijeron tener, en realidad llegaron cotizando sobre unos 60.000 a su Congreso. Ahora no los quieren ni los más derechistas, porque la competencia por los restos del franquismo es feroz entre las 3 “facciones” que se disputan el voto de la extrema derecha. Se lo tienen merecido, por su nefasta política contra la clase menos favorecida.

Las condiciones de deterioro del nivel de vida y de los salarios a las que Rajoy y el PP sometieron al pueblo, se transformaron en un problema irresoluble bajo el modelo capitalista de libre mercado y su clase dominante, mientras que se ataba las manos a la clase trabajadora con su Contra-Reforma Laboral y demás leyes reaccionarias,  arrebatando al trabajador derechos conquistados que equivalía a someterle a un combate desigual y trucado.

Esa política reaccionaria del PP se venía agravando por la incompetencia, los abusos y los errores con los que dejó pudrir el conflicto de la cuestión nacional en Cataluña y en vez de Rajoy explorar vías de diálogo para intentar encauzarlo hacia métodos democráticos, creyó evadirse del problema que era y sigue siendo eminentemente POLITICO descargándoselo al aparato JUDICIAL.

Las últimas acciones confirman la sospecha de que, la cúpula del Poder Judicial,  mantiene un marcado carácter reaccionario que complica la situación manteniendo encarcelado durante más de un año, sin juicio previo a varios de los políticos que habían promovido la reclamación del Derecho a decidir, que es un objetivo legítimo en cualquier democracia avanzada.

Por otra parte, ahora el Poder Judicial sale raudo y veloz, de un día para otro,  en auxilio de los intereses de la Banca, congelando su sentencia de inmediato, sobre los “Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados” que afectan tanto a las hipotecas, pero  que beneficiaría a la ciudadanía y se condena a los banqueros a devolver lo cobrado indebidamente.  Para profundizar en esta controversia se recomienda leer un artículo publicado el sábado en Diario 16, escrito por Santiago Aparicio, titulado “El Tribunal Supremo se vende a la fracción financiera” (https://mediterraneo.diario16.com/tribunal-supremo-se-vende-la-fraccion-financiera/).

Se ha abierto un agrio debate porque es muy sospechosa la acción de la Justicia ya que  si se modifica la sentencia para eludir a la Banca el pago de lo que han cobrado ilegalmente a los hipotecados, quedaría muy cuestionada la “imparcialidad de la justicia” una vez más, pues se prima a la Banca que es la que se beneficia con esa “rectificación”. (Que sería negativa para los intereses del pueblo).

Continuando con lo anterior, tras más de un año de agravamiento del conflicto nacionalista, espoleado por la guerra de las Banderas y los Lazos, la situación sigue latente, aunque con un cambio de escenario tras el nuevo Gobierno PSOE, pero  si no se consigue un aplazamiento,(Que éste si sería una rectificación positiva para resolver el conflicto, excarcelando a los prisioneros que siguen siendo “presuntos” culpables) con algún tipo de entendimiento que permita abrir el diálogo con tiempo suficiente para explorar una salida democrática,  el dilema se enquistará y agravará.

Ese dilema al que se somete a las masas sin su consentimiento democrático, por una parte nos obliga a combatir el auge de un posible bloque de ese venenoso “neo-nazi-fascismo” españolista, cuyos portavoces principales, Casado, Rivera y el neoVox,  encarnan ese “trío de la reacción franquista”, que tienen como programa común la defensa de un régimen totalitario como herederos del golpista Franco al cual reivindican, o por otro lado, luchar a fondo por una victoria del “bloque social”, que podría estar representado por el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, ERC en conjunción con las demás fuerzas sociales y sindicales, que promuevan una salida económica a la problemática social  y al conflicto territorial,  mediante la aplicación de un programa democrático profundo y de carácter  avanzado, que supere a este Estado burgués corrupto, devastador y agotado por los saqueos, la evasión fiscal,  la economía sumergida y el lastre de una Judicatura lenta cuya imparcialidad no se refleja en sus acciones.

Muchos votantes de izquierdas esperan que tras las elecciones del 2 de diciembre,  si Susana Díaz tiene la oportunidad de elegir formar gobierno entre Cs o con Adelante Andalucía, no cometa el error ya rechazado por la militancia del PSOE, cuando se quiso forzar a Pedro a pactar con Cs, cuestión que fue resuelta por la militancia con el “No es NO” a la Derecha  y su acción valiente y ejemplar desautorizando a las “baronías”. Ningún votante de izquierda entendería que con su voto se le diera cobijo a Cs, tras el giro a la derecha y sus guiños programáticos a los extremistas “neofascistas”.

Además, se necesita ese giro a la izquierda para acompañar el intento que se hace a escala Federal, de buscar una salida a la Portuguesa y así intentar lograr un Gobierno Central fuerte y cohesionado.  Suenan próximos los tambores de una recaída de la recesión y no podrá haber un crecimiento permanente de las fuerzas productivas como en el pasado, que absorba el crecimiento del paro estructural, que se está acelerando por la introducción de la robótica y los nuevos descubrimientos técnicos, ni con un PSOE divergente y mucho menos con las Derechas en el poder.

Es probable un agravamiento económico con la desaceleración y el crecimiento vegetativo del número de jubilados, el paro y la falta de presupuesto público suficiente,  si no se orienta la economía en líneas socialistas introduciendo la planificación y el reparto equitativo de las horas de trabajo, con una lucha firme contra la corrupción,  para evitar las crisis crónicas que son cada vez más agudas e insoportables bajo este capitalismo que las muestra con toda su crudeza.

Si continúan aplicándose los mecanismos del “libre mercado”,  que se hace cada vez más depredador y salvaje, sin aplicar una contundente lucha contra la corrupción y el fraude, una economía desmadrada nos conducirá hacia la catástrofe de la barbarie y las guerras, aunque de forma hipócrita, la burguesía  dice que quiere la paz pero exige y empuja hacia el Artículo 155 y siguientes.

Marx advertía que para los trabajadores no había salida a su condena de salarios escasos y paro creciente, excepto si derribaban las barreras del capitalismo y ponían el control de la banca, las industrias pesadas y las grandes empresas en manos y bajo control democrático de la clase trabajadora.

El capitalismo produce terribles paradojas: Pobrezas severas en los trabajadores y abundancias insultantes para los Ricos, que mantienen tierras, fábricas e industrias ociosas y cerradas, mientras siguen muriendo en el Mediterráneo decenas de miles de migrantes hambrientos buscando un trozo de pan, y a su vez, en grandes almacenes se pudre la comida o se destruye, para que los capitalistas mantengan precios abusivos y especulen, violando sus propias leyes de “libertad de mercado y competencia”, exigiendo e imponiendo “libertad de circulación” para sus Capitales mientras impiden “la libertad de circulación de la persona” que necesitan buscarse una vida mejor porque el capitalismo los   ahuyenta o asesina con la guerras, la explotación y la opresión. Continúan con la carrera de armamento poniendo a pleno rendimiento las fábricas de armas que alimentan y desatan nuevos conflictos cuyo fin es la destrucción y masacres de vidas humanas.

La mejor forma de luchar contra el neofascismo que repunta en Europa y otras zonas del planeta,  cuyo germen en el Estado español crece en torno a PP, Cs y Vox,  es organizarnos para llevar a cabo una lucha firme y sostenida por el socialismo democrático e internacionalista.

Si las direcciones de las organizaciones de izquierdas no consiguen encauzar y reorientar la situación para el Cambio de Modelo, la nueva recesión revelará una vez más, al igual que en las anteriores ocasiones, la degeneración, la corrupción creciente y el crecimiento desaforado de las Deudas Públicas que nos llevarán a la bancarrota porque se harán impagables, lo que puede ser la señal del declive agónico de esta Europa de los Mercaderes que está totalmente podrida.

Una bancarrota de Italia, Grecia, España o cualquier otro país europeo  podría  contagiar al resto, extendiéndose la crisis como un reguero de pólvora.  Si no se modifica pronto el rumbo, cambiando la perversa tendencia hacia el “neo-nazi-fascismo” y se consolida claramente hacia un cambio de modelo de sociedad que represente una salida hacia la democracia participativa devolviendo el poder a las bases y aplicando un plan socialista genuino y solidario, las convulsiones y los conflictos irán en aumento sin solución posible.

Este grave proceso destructivo está alimentado por la lucha hegemónica por el control mundial de los cuatro bloques imperialistas, EEUU, CHINA, RUSIA y la U.E. que reproducen la barbarie de ese sistema explotador y sanguinario del capitalismo en su fase imperialista multinacional.

En su lógica infernal de defensa de sus beneficios privados, empujan la confrontación hacia posiciones fascistizantes extremas, surgiendo brotes violentos contra ese modelo asesino y belicoso que produce el veneno del odio y la destrucción de ese capitalismo químicamente puro que es el fascismo  imperialista.

Las guerras producen matanzas de inocentes pero también provoca la desestabilización de zonas enteras y alientan la confrontación entre Ricos y Pobres planteando de forma inevitable una radicalización en el proceso molecular de toma de conciencia de las masas que se ven obligadas por la necesidad de supervivencia a tomar dos caminos: La huida como migrantes inundando otros países, o la reorganización en líneas de grupos, partidos, sindicatos de clase o sectas religiosas, buscando el camino de la transformación social por métodos revolucionarios, que otros llamarán terroristas, pues todo  depende del punto de vista del observador de turno.

Sumergidos en esos procesos crecientes de conflictividad,  provocados por la incapacidad del capitalismo de ofrecer un mínimo de nivel de vida a las masas, la lucha se agudizará y con sus alzas y sus bajas, con sus derrotas o sus triunfos, las organizaciones de izquierdas intentarán levantar cabeza por lo que izarán sus banderas y abrazarán el programa de transición del cambio social.  Alimentados por la fuerza de la unidad y de una lucha organizada por el bien común y la solidaridad, lucharán todo lo posible por construir un modelo alternativo donde los pueblos puedan llevar una vida digna, en democracia y solidaridad para marchar decididos hacia un nuevo modelo de sociedad, que garantice trabajo, pan, justicia y libertad que en realidad son las legítimas aspiraciones de cualquier colectivo del género humano que lucha legítimamente por una vida mejor, porque debemos entender cada vez con más claridad que bajo el capitalismo no hay salida para la Humanidad.

Victoria de los afectados del Popular contra el Santander

Nuevo revés judicial al Santander en el Caso Banco Popular. Esta vez ha sido en Barcelona en el que un Juzgado ha desestimado un recurso presentado por la entidad presidida por Ana Patricia Botín que pretendía la paralización de una demanda por enriquecimiento ilícito presentada por un el despacho Miliners de la Ciudad Condal.

En un auto del Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Barcelona, al que ha tenido acceso Diario16, la magistrada Yolanda Lucía Arrieta Cavez, avala la competencia de los jueces españoles para que continúe el procedimiento por enriquecimiento injusto.

Al igual que ocurrió en el mes de septiembre con el Juzgado nº 84 de Madrid, la jueza ha desestimado los argumentos del Santander por los cuales existía «falta de jurisdicción y competencia internacional, y subsidiariamente por prejudicialidad» ya que, según la defensa de la entidad cántabra —representada por el socio de Uría y Menéndez, Ángel Pérez Pardo de Vera— «la competencia para enjuiciar la licitud del instrumento de venta de las acciones de Banco Popular adoptado por el dispositivo de resolución ordenado por la JUR […] corresponde en primera instancia al Tribunal General de la UE», según se recoge en el Auto. El Santander pretendía la suspensión del proceso judicial por la concurrencia de prejudicialidad y que se condenara al pago de las costas al demandante.

Nuevamente, la decisión de un Juzgado abre la puerta a que el juez Fernando Andreu pueda comenzar a tomar medidas cautelares y actúe contra el Santander puesto que ya hay otros despachos sin ningún tipo de conflicto de interés que han interpuesto sus demandas por, precisamente, el enriquecimiento ilícito del Santander. El juez dispone de documentación suficiente como para tomar alguna decisión en este sentido puesto que fue entregada a la Audiencia por Manuel Domínguez Moreno, presidente del Consejo de Diario16.

En referencia al enriquecimiento ilícito, ya hay demasiados indicios que lo demuestran. El último lo dio el informe del Banco de España en el que se declaraba que el Banco Popular sí que disponía de liquidez el día 7 de junio, el día en que fue resuelto y vendido por un euro a la entidad de Ana Patricia Botín, es decir, que por esa mínima cantidad el banco cántabro se llevó, al menos, 600 millones, sin contar con todos los activos estratégicos que fueron vendidos posteriormente o los activos inmobiliarios con los que ya estaba negociando en el mes de mayo con BlackStone y LoneStar.

La Justicia española no puede, en primer lugar, pasar por alto nuevamente un caso relacionado con el Santander donde se ha cometido un presunto delito como es el enriquecimiento ilícito y, en segundo término, no puede permitir que dicho enriquecimiento se produzca a costa de la ruina de más de 305.000 familias porque, de otro modo, estaría siendo connivente con el incumplimiento de las leyes que está obligada a hacer cumplir.

Ya han sido dos los juzgados que han paralizado los recursos del Santander basados en la prejudicialidad en demandas por enriquecimiento ilícito. Son ya demasiados los indicios y muy pocos los hechos en la Audiencia Nacional. ¿Acaso tiene que venir nuevamente la Justicia de los Estados Unidos a dejar en ridículo a la española en un asunto relacionado con el Santander?

El de Barcelona abre una vía de reclamación, la del enriquecimiento ilícito, la que Diario16 lleva afirmando que es la más efectiva desde hace meses, para todos aquellos afectados que no suscribieron los bonos de fidelización del Santander. Por eso, esta victoria es importante, ya que, junto a otras medidas adoptadas recientemente por diferentes tribunales, acerca la solución definitiva para todos los afectados. ¿Dará el Santander, finalmente, el paso de intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial?

El alcalde de Almería paraliza las obras de abastecimiento de agua del Bajo Andarax

Las obras de abastecimiento y saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax fueron catalogadas por la Junta de Andalucía como de interés general. Con esta Orden de paralización de la puesta en servicio de las Obras de Abastecimiento, recordemos que se trata de una obra pública de inversión multimillonaria y con el dinero de todos los andaluces, Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, persigue dos objetivos:

  • Mantener el soporte y respaldo de las obras realizadas por Bogaris, premiando el interés de una empresa privada sobre el interés general de los ciudadanos, en especial los del Bajo Andarax.
  • Presionar a la jueza que tramita la causa para forzar la autorización de apertura del Centro Comercial de Bogaris, sin contar con las debidas garantías que ello conlleva.

La medida adoptada se puede prestar a doble interpretación. Por un lado, los objetivos anteriormente indicados y, por otro, la duda que genera el alto riesgo existente contra la Salud Pública. Sigue existiendo la duda respecto a las medidas correctoras que, supuestamente, dice la Junta haber acometido y que, en contraposición a sus informes anteriores, ahora certifica la concesionaria Aqualia (piedra angular en todo este entramado por ser parte interesada en el negocio).

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha manifestado no ser competente para pronunciarse respecto a los riesgos existentes contra la Salud Pública, conforme solicitaba el requerimiento de la jueza instructora. En concreto, Junta sugiere que remita tal requerimiento a la Consejería de Salud.

Diario16 ya adelantó en artículos anteriores que «la Agencia de Medio Ambiente manifestaba, al respecto de las medidas correctoras adoptadas, sobre las incidencias detectadas por la concesionaria Aqualia y que le fueron comunicadas con tres días de antelación a que se terminaran las obras, que estas se realizaron en el mismo año 2014. De ser así, nos preguntamos ¿cómo es posible que, en marzo de 2015, cinco meses después de aplicar las supuestas medidas correctoras, el técnico de Aqualia emita un nuevo informe advirtiendo de las mismas incidencias que ya detectó en su anterior de octubre de 2014?».

Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario16, las incongruencias siguen siendo el eje principal de todo este despropósito. La intencionalidad, al parecer, no es otra que la de ocultar a los ciudadanos lo que verdaderamente ha ocurrido.

Una cosa es lo que supuestamente se refleja en un proyecto y otra, muy distinta, lo que verdaderamente se ejecuta. Todo apunta a que la Agencia de Medio Ambiente y Agua pudo consentir, de forma expresa, que las conducciones correspondientes a las obras de urbanización, realizadas por la Junta de Compensación del Sector de Bogaris, fuesen a cota superior o por encima de la suyas, siendo conocedores y a pesar del riesgo que ello conlleva para la salud pública.

Los gravísimos errores cometidos en la ejecución de las mencionadas obras, y de quién o quiénes pueden ser sus responsables, son el caballo de batalla a dilucidar por la jueza instructora, quien deberá pronunciarse, con escaso margen de tiempo y con información confusa sobre la apertura, o no, del Centro Comercial promocionado por Bogaris.

No cabe otra solución que la de recurrir a la designación de peritos judiciales y a la práctica física de catas sobre dichos tramos, ya que para garantizar la no existencia de riesgo alguno para la salud pública no sería suficiente con el informe de la Consejería de Salud de la Junta. No parecería lógico ni fiable que el informe a emitir por la Consejería de Salud se sustentara, precisamente, sobre las mismas «pruebas aportadas a instancia de parte» sin realizar, previamente, la práctica física de catas sobre esas conducciones y mediante designación de peritos judiciales.

La realidad es que los informes emitidos por Aqualia, en octubre 2014 y marzo de 2015, no dejan duda alguna del alto riesgo y gravedad existente con y para la salud de los ciudadanos almerienses.

La Junta dice que, entre otras medidas correctoras, se han «realizado el hormigonado de los cruces con las redes de pluviales, saneamiento y electricidad y que ello proporciona una elevada resistencia a la rotura y estanqueidad, tanto de salida como de entrada de agua».

Diario 16 ha realizado distintas consultas con ingenieros y técnicos y nos manifiestan que «las medidas correctoras, “supuestamente realizadas», no son suficientes para evitar, en la mayor de sus medidas, el riesgo existente para las personas, por mucho que pretendan dar por solucionado el desastre que ellos mismos han generado. En ninguno de los casos las medidas adoptadas han podido ser verificadas por los Servicios Técnicos de Aqualia o de los operarios que trabajan en alguno de los municipios de la Mancomunidad». De lo único que son conocedores es de lo argumentado por la Junta, es decir, «que las irregularidades se subsanaron».

Aqualia, ciertamente, desconoce si esas actuaciones correctoras se llevaron a cabo puesto que las obras ya se encontraban realizadas por la Agencia de Medio Ambiente. De lo que sí es conocedor Aqualia es, y así lo certifica el técnico, que las obras de saneamiento y pluviales de Bogaris se encuentran a cota superior de las conducciones de impulsión y abastecimiento de la Junta, así como de la Red de Media Tensión de 20.000 voltios. Y estas circunstancias las certifica el técnico en dos ocasiones: octubre de 2014 y marzo de 2015.

Los informes de la supuesta corrección emitidos por la Junta reconocen que la presión a la que se verá sometida la tubería de impulsión, del agua desalada y de conducción dúctil, será de 16 atmósferas, es decir, una barbaridad. Se les olvida, por ejemplo, que esta conducción transcurre y cruza, a una cota inferior, las infraestructuras de saneamiento, tanto fecales como pluviales, del sector que, a buen seguro, fueron las realizadas por la Junta de Compensación (propietarios del Sector entre los que se encuentra Bogaris y el Ayuntamiento de Almería).

Una tubería a 16 atmósferas, por mucha conducción dúctil y hormigonado, es capaz de reventar en cualquier momento bajo determinadas circunstancias y por múltiples causas. Y aun pudiéndose haber solucionado, no permitiendo que las infraestructuras de saneamiento y pluviales de Bogaris se realizasen por encima de las de Impulsión del agua desalada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, esto no se ha hecho. Es, por ello, por lo que siempre se ha de evitar que las conducciones de aguas fecales transcurran a cota superior a las de las aguas de abastecimiento, y mucho menos si estas se encontrasen en una misma zanja y en plano vertical, como parece ser el caso del sector de Torrecárdenas.

Tampoco se comprende cómo se han podido realizar dichas obras de corrección, ya que es imposible acometer las conducciones de impulsión por debajo de la red de alcantarillado y pluviales como se alega e intenta justificar como medida excepcional adoptada por Medio Ambiente al encontrarse las obras de urbanización de Bogaris ya ejecutadas. Así, los técnicos consultados por Diario16 aseguran que «ese reventón haría saltar por los aires cualquier tipo de instalación que se encuentra sobre esta pudiendo provocar, entre otras y en este caso, la contaminación del agua potable. No podemos olvidar que estamos hablando de once cruzamientos de tuberías posicionadas de forma perpendiculares con la red de pluviales y saneamiento dentro del mismo sector y otros 850 metros, aproximadamente, de canalizaciones “en paralelo” que pueden verse afectadas y sobre las cuales, al parecer, no se contempla que se haya efectuado ningún tipo de medida correctora».

Además, nos encontramos con la otra conducción, a cota inferior, por donde transcurre una red eléctrica de 20.000 voltios por encima de la red de abastecimiento e impulsión y por debajo de la red de saneamiento y pluviales de Bogaris.  Esta conducción también se encuentra sometida a presión, además de la ya existente de la impulsión, por lo que tampoco puede descartarse que en caso de reventón se produzcan filtraciones. Las roturas de estas canalizaciones, por ejemplo, podrían venir provocadas por un movimiento telúrico o corrimiento de tierras lo que provocaría gravísimos accidentes, entre ellos, la electrocución. Por consiguiente, el riesgo es doble, así como su efecto podría ser multiplicador.

Han de estar contentos los alcaldes y ciudadanos de los siete pueblos de la Mancomunidad del Bajo Andarax al encontrarse, ahora, con la orden del alcalde de Almería donde manda paralizar las obras de abastecimiento, para curarse en “salud” judicial y permitir que el Centro Comercial promovido por Bogaris se inaugure, sea como sea, incluso sin utilizar la red de aguas residuales y sin las garantías suficientes de salubridad pública y riesgo para las personas.