viernes, 23 enero, 2026

Alcoa y Vestas, o cómo el capitalismo esquilma al Estado

Dicen los neoliberales que el Estado les oprime como individuos, que no debe meterse en las relaciones entre individuos y entes económicos, que el Estado es malo y perjudica el proceso de acumulación de unos pocos, que el Estado no es más que un monstruo que sólo debe servir para dar seguridad en varios órdenes de la vida. Es la teoría del Estado mínimo que paradójicamente no aplican en la práctica. En el neoliberalismo, como en todo el capitalismo desde que surgió, hay una visión del Estado como mal menor, pero bien que lo utilizan para sus propios intereses: tanto la dominación de clase como la acumulación por desposesión y la protección del capital. Mienten a sabiendas porque son conscientes que el Estado está imbricado en las relaciones de producción y, por tanto, condicionado en cierto modo por ellas. Y en esas relaciones de producción utilizan su poderío como clase dominante para utilizar el Estado a su favor. Sólo la lucha de la clase trabajadora ha conseguido arrancarles bienes comunes (libertad de expresión, voto universal, etc.).

Hoy en día nos encontramos en España con dos casos similares y que demuestran esa utilización del Estado por parte de la clase capitalista o dominante. Las amenazas de Alcoa y Vestas por motivos de insuficiente beneficio son el perfecto ejemplo de esa utilización. La primera ha sido regada con más de 1.000 millones de euros y la segunda con 12,5-15 millones de euros para que no cerrasen las fábricas y deslocalizasen la producción. Ahora que no han sabido innovar con todos esos millones de euros, más bien utilizados para cuadrar las cuentas, amenazan con irse para ver si vuelve a saquear las arcas del Estado. Veremos si el Estado traga con semejante chantaje, con un ERE pequeño (acumular mediante la reducción de costes sociales y vitales) o le dice que se vayan a donde quieran que el grifo se cortó. No tendrá valentía, además, el gobierno de decirles que sus productos serán vetados en cualquier obra pública o pedido público. Empresas que hace tiempo que no saben competir con otras empresas, incluso con secciones de ellas mismas en países asiáticos, mediante la innovación o el ahorro sostenible de costes de transporte, pero que les va muy bien saqueando al Estado. O lo que es lo mismo, malos empresarios que quieren obtener beneficios, pagando pocos impuestos y con subvenciones.

No es nuevo todo ese rollo neoliberal de criticar al Estado pero ir corriendo a sacarle dinero. Empresarios como Florentino Pérez, al que todos ponen como ejemplo, viven de las privatizaciones de lo público, de la obra pública, de saquear al Estado constantemente, como los 2.600 millones que se le han tenido que pagar como compensación, o los 14,6 millones en Valencia por los sobrecostes que siempre se acuerdan por detrás (especialmente cuando gobierna el PP). No quieren al Estado sino para que se endeude según sus deseos y necesidades. En el caso de Pérez sus empresas construyen las autopistas por donde una familia circula para ir a visitar a un pariente con demencia senil al que Pérez (sus empleados) le limpia el trasero todos los días. Aquí todos pagamos la autopista y la residencia pero el beneficio y la acumulación de capital es de Pérez. Y si se pone peor, le llevarán a esa persona a un hospital gestionado también por Pérez. Como se observa lo que no quieren es que el Estado esté controlado por aquellos a quienes no dominen, o por la clase trabajadora, quieren seguir con la acumulación por desposesión.

En un libro de 2013 David Harvey (Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, Akal), además de explicar qué es eso de la acumulación por desposesión, exponía los ciclos económicos del capitalismo y cómo siempre se han utilizado los instrumentos del Estado para seguir la senda de la acumulación capitalista, del aumento de riquezas de unos pocos en detrimento de los muchos. Sin importar detraer los recursos públicos y de bien común y saquear todo lo posible. Pues eso es lo que intentan los jefazos de Alcoa y Vestas, saquear al Estado mediante un chantaje para seguir saneando sus cuentas. Seguramente numerosas empresas chinas, indias o tailandesas les están ganando la mano de la fabricación al aprovechar que allí está el nuevo proletariado industrial que no se encuentra movilizado. En el caso de China se encuentra bajo la opresión del gobierno chino. Por eso en vez de innovar o de hacer mejor su trabajo, no respecto a los costes de insumos y sociales, prefieren pedir subvenciones o cerrar.

Cuando muchas personas se enfadan respecto a estos cierres sienten en su interior la llamada de clase. No hace falta estar en una fábrica manchándose las manos, o manejando robots industriales sino que esa deslocalización afecta a muchos empleos de cuello blanco. ¿Saben la cantidad de ingenieros que hay en la India haciendo planos y cálculos industriales que ya no hacen los ingenieros europeos? El capitalismo no entiende de clases, sólo de la supervivencia de la suya. Mientras a los demás les dejarán creer que son clase media, que tienen la oportunidad de hacerse ricos, de ser como ellos (en algunos casos hasta los muy ricos aparentan ser simbólicamente de clase media), pero sus trabajos los enviaran al exterior. ¿Sus jefes? No pasarán hambre porque pedirán subvenciones para salvar cien puestos, cargarán al Estado algún tipo de prejubilación o ERE y seguirán acumulando riquezas. Mientras los neoliberales les hablarán mal del Estado, para que ustedes no se fijen en el saqueo que están haciendo.

La eutanasia como derecho y no como un crimen

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La semana pasada terminó con otra perla de Pablo Casado para la historia: “El problema de la eutanasia no existe en España, sino que es una invención de Pedro Sánchez”. Como si cada uno de nosotros, sea del PSOE o del PP, no tuviésemos que pasar por el duro trance de la muerte más tarde o más temprano. No es que la eutanasia no sea un problema, como dice el líder popular, sino que es exactamente lo contrario: es el gran problema existencial al que se enfrenta todo ser humano al final de su vida en cuanto que va ligado inexorablemente a la cuestión fundamental de la muerte. Por tanto, ahora mismo, y el señor Casado debe enterarse, hay 47 millones de españoles para quien ese es el gran problema con mayúsculas. Pero una vez más nos encontramos con el papanatismo y la cerrazón de alguien que pretende imponer su ideología y su soberbia al resto de la humanidad, hasta el punto de decirnos a los demás, pobres mortales, cómo tenemos que gestionar ese momento trágico de nuestras vidas. ¿Quién es ese señor bien vestido y repeinado para decirle a otro ser humano si debe aguantar el dolor hasta límites indecibles, como un héroe espartano, si debe morirse antes o después, o si debe prohibírsele una compasiva inyección de morfina que lo duerma dulcemente y le ayude a dar el salto al Más Allá?

Y sin embargo, esa posición ideológica de hipocresía y dogmatismo descabellado fue exactamente la misma que mantuvo la derecha cuando se debatió la ley del divorcio en el año 1981. Entonces, el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, dijo durante un mitin que no era la hora “de hacer nuevos experimentos, ni es la hora de leyes estridentes, como la del divorcio, ni de perturbadoras reformas fiscales”. Eso sí, era el momento de “poner orden en la casa”. Con otras palabras es justo lo mismo que dice hoy el PP vintage de Casado, para quien la ley sobre el derecho a una muerte digna es poco menos que un experimento innecesario, la reforma fiscal de Sánchez resulta perturbadora y el desorden en Cataluña resulta inadmisible, por lo que exige la aplicación de un artículo 155 duro sin más contemplaciones. No hay más que tirar de hemeroteca para comprobar con estupor lo poco que ha cambiado la derecha ibérica en casi 40 años de historia. La misma intransigencia ante las reformas sociales y los cambios políticos, la misma dureza en el lenguaje, la misma dependencia enfermiza de la Iglesia católica.

Hace unos días, el grupo popular registraba en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad a la ley de eutanasia del PSOE con un texto alternativo que va “en la línea de los cuidados paliativos”, según confirmaron fuentes cercanas al partido. Lo llamativo de esta enmienda es que los populares, en una nueva muestra de frivolidad política, comparan la legalización de la eutanasia con la “esclavitud” y la “venta de órganos”.

Según el Comitè de Bioètica de Catalunya, la eutanasia “hace referencia a aquellas acciones realizadas por otras personas –a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una enfermedad incurable y que él vive como inaceptable, indigna y como un mal–, con la finalidad de causarle la muerte de manera rápida, eficaz e indolora”. Es decir, estamos ante el derecho a elegir una muerte digna, a dejar de recibir medicación o tratamiento cuando la enfermedad sea incurable y a ser asistido por cuidados paliativos que alivien el dolor hasta el momento mismo de la defunción. Nada de eso tiene que ver con el crimen, el pecado, el suicidio, el asesinato, el aborto, la esclavitud o el tráfico de órganos, como dice la siempre sobreactuada derecha española, cada vez más insensible al padecimiento humano. Estamos hablando simple y llanamente del derecho a morir en paz. Aliviar el sufrimiento es un principio que no solo está recogido en todo código ético de Medicina de cualquier país civilizado del mundo, sino que también es un principio elemental de filosofía moral y hasta de caridad cristiana, aunque eso parece haberlo olvidado la Iglesia católica, todavía arraigada en los viejos dogmas anteriores al Concilio Vaticano II. En el complejo problema de la eutanasia, las posiciones retrógradas de la curia y la derecha política española parecen ir de la mano en un extraño binomio nacionalcatolicista que por mucho que pasen los años, y como una extraña maldición, parece imposible de romper.

Cualquiera que haya pasado por el penoso trance de perder a un ser querido tras un proceso irreversible de degradación del cuerpo ocasionado por una enfermedad incurable sabe que en esos momentos no valen de nada los sermones, ni las discusiones ideológicas, religiosas o políticas, ni los debates bizantinos sobre Dios, la moral y la vida más allá de la muerte, ni siquiera el consuelo espiritual de un cura bienintencionado. En ese momento dramático en que se mira a los ojos a ese familiar o amigo sufriente y se ve cómo su vida se le escapa sin que nada ni nadie pueda hacer lo más mínimo por aliviar su agonía solo se desea una cosa en el mundo: que el momento pase cuanto antes y que el dolor sea el mínimo posible. Por eso indigna tanto escuchar a Casado hacer malabarismos y circunloquios con un asunto que seguramente a él le reportará un puñado de votos entre los sectores más tradicionalistas de la sociedad española. Indigna porque mientras Casado juega alegremente a la política vacía y retórica, muchos enfermos postrados en camas de hospitales de todo el país se preguntan qué pecado han cometido para tener que seguir soportando una muerte lenta, para continuar siendo atiborrados de pastillas inútiles y para que los mantengan conectados a una máquina llena de cables y lucecitas absurdas que acaba convirtiéndose en el peor de los potros de tortura.

Afortunadamente el pasado mes de junio el Congreso de los Diputados daba el primer paso para regular por ley la eutanasia, después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, hubieran respaldado la propuesta realizada por los socialistas. La proposición de ley, “sumamente garantista”, contempla el “final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento” de personas con enfermedad grave e incurable o discapacidad crónica que implique gran sufrimiento. La iniciativa, que aborda cuestiones éticas, médicas y jurídicas, permite la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y establece que el derecho a morir dignamente forme parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que su acceso sea “universal y gratuito”. El texto, valiente por lo que supone de tratar de encarar un problema al que nos tendremos que enfrentar todos más tarde o más temprano –por mucho que diga la filosofía barata propagada por el moralista Casado–, determina que el derecho a la eutanasia es el que tienen las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable y también aquellas “que deciden no vivir más” en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un “sufrimiento insoportable”.

“Sólo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán si mi petición de morir era razonable o no”, dijo el tetrapléjico Ramón Sampedro, a quien unas leyes injustas condenaron a vivir postrado durante años en medio de un sufrimiento inmenso. Ni el tiempo ni la evolución de la conciencia parecen afectar a las mentes cerradas y cuadriculadas de algunos políticos de nuestra derecha patria.

Otro dirigente del PP insultando a los andaluces

Llevan una semanita de insultos en el PP contra Andalucía que le servirá a Susana Díaz para ganar sin levantarse de la cama a este ritmo. En esta ocasión ha sido el secretario de Cultura y Vivienda de Nuevas Generaciones del PP, Íñigo López-Araquistáin, el encargado de hacer la gracia y reírse de los andaluces y las andaluzas. En contrato lo ha hecho del acento de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. No se le ha ocurrido que transcribir de forma fonética unas palabras de la ministra, esto es, transcribirlas en andaluz para hacer mofa y befa de la forma de expresarse de Montero. Se habrá reído una “hartá” al escribirlo, pero bien que se ha venido abajo en cuanto le han dicho cuatro cosas en las redes sociales.

Rápido ha borrado el tuit. Y hasta que no le han dicho que lo había borrado no ha dado una explicación poco convincente. Según López-Araquistáin había realizado la transcripción de un vídeo de la ministra para que se entendiese bien lo expresado por la misma. Pero que al darse cuenta de que no se iba a entender, pese a que había puesto “(sic)”, lo ha borrado. Si entender sí que se ha entendido. Tanto como que podía haber hecho la transcripción en español, no fonéticamente. Podía haber puesto “Pasarse en un presupuesto es fácil”, no “é fáci”. Esto es intentar mofarse del acento de otras personas cuando se hace por escrito. Se puede comprender en una novela, pero que sepamos las musas Melpómene o Talía no se han posado sobre el dirigente conservador. Como las casas que diseñe sean tan graciosas como los tuits que cuelga ¡ojito!

Tuit borrado del Íñigo López-Araquistáin

Habría que aclararle que el (sic) se pone cuando la transcripción es textual y contiene alguna expresión que pueda resultar sorprendente o extraña. En el caso de la ministra se ha expresado de forma normal por lo que poner al final de cada frase un “(sic)” es insistir en el insulto y la risa contra los andaluces. No es que no se fuese a entender sino que el dirigente conservador ha ido a hacer la gracieta, a reírse de la forma de hablar de los andaluces y andaluzas. Como ya se dijo antes debería haber puesto el texto en español, por ejemplo, “Eso es poco”. No la gracieta del acento. A ningún periodista se le ocurre transcribir fonéticamente las palabras sea de donde sea quien habla.

O igual López-Araquistáin se cree superior a los andaluces y andaluzas. Como él, se supone, que habla de otra forma (que habría que escucharle… o mejor no), ya puede criticar al que muestre acento andaluz, porque como dijo su jefa García Tejerina las personas allí van por detrás. O como dijo su jefe Casado que los andaluces son de peor condición. Al ver lo que dicen sus jefazos, en un intento de hacer la genuflexión en las redes sociales, ha hecho la gracia para demostrar que la ministra es boba, tonta o analfabeta. El caso es que una vez más un dirigente del PP hace muestra de supremacismo, de burla y de insulto a los andaluces y andaluzas. Y sí se han entendido el tuit perfectamente, iba a reírse por mucho que lo niegue.

Diego Conesa anuncia un plan de choque para combatir la pobreza energética

El delegado del Gobierno, Diego Conesa, detalló el plan de choque global diseñado por el Gobierno de España para combatir la pobreza energética mediante una serie de medidas que incluye, entre otras, la eliminación del 7% en las facturas por generación eléctrica, la ampliación de la cobertura del bono social eléctrico y el nuevo bono social térmico, que permitirán a los usuarios más vulnerables hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina durante este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
“Se trata de una realidad social muy preocupante en toda España y especialmente en la Región de Murcia, pues somos una de las comunidades con más brecha social, con más desigualdad y mayor nivel de pobreza. Por eso, el Gobierno de España ha puesto en marcha un plan de choque global en coordinación con las entidades locales y las comunidades autónomas para combatir la pobreza energética con una serie de medidas de las que se beneficiarán alrededor de 77.000 familias en nuestra región”, ha explicado el delegado del Gobierno tras reunirse con representantes de EAPN, European Anti Poverty Network.
Con estas medidas, el Ejecutivo amplía la cobertura del bono social eléctrico y prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, circunstancia que se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono.
Bono social para calefacción
El delegado del Gobierno ha explicado que para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo ha creado un bono social térmico (BST), que representa una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
“La pobreza es un asunto que no se puede tapar como se ha hecho durante los últimos años en la Región de Murcia. Y No se puede tapar con otro tipo de mensajes falaces que intentan ocultar la realidad del drama que supone la desigualdad y la pobreza, especialmente la infantil”, ha concluido Conesa.

¡Qué raro! Los grandes medios nada dicen del incidente de Rivera

“En relación a las informaciones publicadas acerca de un control de seguridad aleatorio sobre detección de explosivos en el aeropuerto del Prat de Barcelona que afectó a Albert Rivera, Ciudadanos (Cs) aclara que el presidente del partido siguió en todo momento la instrucción de la Policía Nacional en dicho proceso. Una vez pasado el control de seguridad, los policías nacionales que acompañaban a Rivera se identifican ante el vigilante y le da instrucción de dejarle continuar bajo su responsabilidad. Rivera cumplió con las órdenes indicadas por criterio exclusivo de los agentes y nunca se ha negado a detenerse en ningún control cuando ha sido requerido para ello. Por tanto, se trata de una cuestión que depende del criterio y la autoridad, exclusivamente, de la Policía Nacional”. Este es el comunicado que emitió el sábado por la noche el equipo de prensa de Ciudadanos respecto al incidente de Albert Rivera en el aeropuerto de El Prat.

Pues ese comunicado no lo habrán visto en ningún medio de comunicación, salvo en Diario 16 y La Vanguardia. Ni ese comunicado, que cada cual puede valorar como quiera, pero que explica parte de lo sucedido, ni nada por el estilo habrán leído en los grandes medios de comunicación. Da igual que sean de derechas (más lógico que lo ocultasen), que de supuesta izquierda. Nada. Silenzio Stampa. Ni para bien, ni para mal. Ni los más amarillistas y propensos a sacar este tipo de noticias cuando afectan a un dirigente político de otros partidos han dicho esta boca es mía. ¿Por qué todo este silencio ante una información que no se había explicado hasta el sábado a la noche, y gracias a que catalanes la publicaron y algunos estatales la reprodujeron? Si como se afirma en el comunicado fue todo tan sencillo, que mejor forma que hacer el desmentido de la noticia. Pero no.

Que haya unos trabajadores que deben ir a comisaría para testificar por una denuncia presentada por los escoltas de Rivera demuestra que bronca hubo. Por lo tanto es reseñable porque deja en muy mal lugar al dirigente naranja que tanto dice ser como los españoles y españolas que siempre ve. Entonces ¿por qué ese silencio? Porque se producirían bromas por el tema de las drogas. Las redes sociales le señalan constantemente como consumidor de estupefacientes, pero no dejan de ser bulos y bromas de las demás personas. También se habla de prostíbulos gays del suegro de Pedro Sánchez. No son más que bulos y gracietas de las redes sociales. Sin embargo, que un político quiera estar por encima de la ley ya no es broma.

En todas las redacciones llegó la noticia, pero los grandes medios del establishment no quisieron alimentar a la coalición de izquierdas. Buscaron proteger a su “mirlo” electoral. No hay que desviar la atención de los ataques a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, “esos dos grandes traidores a la patria”. Una patria que es más bien los bolsillos de la clase dominante. Por eso se dice que Iglesias traiciona a España y está gordo (sí, esa es la gran noticia de uno de esos digitales de la caverna). Y que Sánchez arruinará a España y que se junta con la corrupta Susana Díaz. Vamos lo normal en la caverna mediática. Para ello, para que ese mensaje cale y permee en las cabezas de las masas, los cavernarios no se pueden permitir distracciones contra uno de sus muñecos políticos. Rivera no puede quedar como un elitista, sino como el típico chaval de clase media, muy español y que hace frente al populismo (cuando no hay mayor populismo que el mensaje de Ciudadanos).

Como ha pasado con algunos escándalos de Juan Carlos de Borbón en el pasado, o no tan pasado, el establishment controla sus medios de comunicación para que no se conozca la verdad. Se tapa hoy a Rivera y mañana a Casado, pero se saca cualquier tontería de las personas que están en los partidos de izquierdas. Si esto mismo que le ha pasado a Rivera, que no deja de ser un tema menor, le pasa a Sánchez, Iglesias, Monedero, Calvo o Garzón, Inda estaba pidiendo la creación de un pira en la plaza de Colón para quemar a los peligrosos socialistas, comunistas y populistas. Una vez más se demuestra que algunos políticos van con paracaídas, casi siempre los de derechas, y otros deberían ir con antibalas, hasta que se invente un anticarvernarios.

González Veracruz: Lo que tienen que hacer Bernabé y el PP es pedir perdón

La diputada nacional socialista María González Veracruz ha asegurado que lo que tienen que hacer el PP y Bernabé es pedir perdón a los murcianos y murcianas por siete años de retrasos, de falsas promesas y de ataques directos a la ciudadanía.
“Bernabé tiene que pedir perdón y dejar que el Gobierno del PSOE siga resolviendo las cuestiones de la Región de Murcia a una velocidad increíble”, ha indicado.
Ha recordado que en unos pocos meses el PSOE está resolviendo los conflictos sociales que generó el Gobierno del PP y ha devuelto los trenes híbridos ‘Alvia’, que los dejó comprometidos el anterior Gobierno socialista.
“Ha tenido que volver otro Ejecutivo del PSOE, con Diego Conesa y Pedro Saura, para que esos híbridos sean una realidad. Recordamos que en 2014 los parlamentarios socialistas presentamos una pregunta escrita al Gobierno del PP sobre la llegada de estos trenes y su respuesta fue que no era posible”.
 “Realidades, frente a ruido; hechos y cariño real a la Región de Murcia, frente a desprecio, discriminación y ataques a la ciudadanía, que es lo único que ha traído el PP en los últimos años. Y ahora se atreven a exigir lo que no han sido capaces de hacer en siete años”, ha señalado.
Según González Veracruz, el PP está desnortado en su estrategia de ruido, crispación y enredo, por lo que ha exigido a Bernabé que deje de difamar y de engañar a los murcianos y murcianas.
“Bernabé no es nadie para hablar de dignidad política cuando lo único que ha hecho ha sido criminalizar a los vecinos y vecinas que solo luchaban por sus derechos”, ha concluido.
Ha remarcado que el Gobierno socialista se ha encontrado un desierto cuando ha llegado al Ministerio de Fomento con respecto a los proyectos de la Región de Murcia. “Después de siete años vuelve el Gobierno socialista y los proyectos están exactamente igual que se quedaron”.
“Nos robaron los híbridos y los arcos nos los encontramos como los dejamos. El PP no tiene legitimidad para exigir después de siete años de Rajoy con todos los proyectos de la Región empantanados”, ha concluido.

Caso Banco Popular: Las instituciones económicas siguen protegiendo al Santander

Tal y como venimos contando en Diario16 desde hace más de un año y medio, la operación organizada para rescatar al Santander con la connivencia de todos los organismos dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos y de las instituciones europeas tiene tal cantidad de irregularidades que la Justicia sólo debería tener el camino de la anulación o de que el banco presidido por Ana Patricia Botín alcance llegue a acuerdos extrajudiciales con los afectados.

Las últimas decisiones judiciales han ido en contra de los intereses del Santander. El juez Andreu, a pesar de su atonía, obligó a la entidad a entregar toda la documentación y desclasificó documentación que pretendían que se mantuviera en secreto. El TGUE tiene claro que la JUR pudo cometer graves irregularidades en el proceso de resolución y, por ello, va a juzgarla por seis presuntos delitos. La Justicia de los Estados Unidos también ha obligado al Santander a hacer entrega de la documentación a los afectados. Este vuelco en las decisiones adoptadas por los tribunales está provocando una reacción virulenta por parte de los organismos que estuvieron, de un modo u otro, presuntamente implicados en la operación.

El último de estos movimientos ha sido la apertura de expediente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Ángel Ron y a sus consejeros por, en principio, no informar de forma veraz de las cuentas del Popular. No obstante, tal y como hemos informado en Diario16 y ha corroborado el propio Santander, el estado de las cuentas del Popular era correcto y no había ningún tipo de irregularidad en las mismas.

Sebastián Albella es uno de los pocos hombres que quedan del equipo económico de Luis de Guindos en la administración y, por lo tanto, tiene una responsabilidad en la ruina de más de 305.000 personas. La posible apertura de expediente comunicada por la CNMV de Albella se ha realizado sin ningún tipo de procedimiento de instrucción, amparándose en la re-expresión de Saracho. Albella abre expediente y lo suspende, con la única finalidad de poder darle publicidad, sin ningún tipo de instrucción, ni prueba, ni posibilidad de alegaciones y lo publica, basándose en un artículo que entró en vigor el 30 de septiembre y que le permite publicar cualquier cosa sobre quien el decida, es decir, decide la CNMV que apertura de expedientes sin estar resueltos. El primero fue Borrell, ahora Ron, para que salgan titulares desacreditando. ¿Teme Albella que salga a la luz la verdad?

Ante este informe, Ángel Ron ha emitido un comunicado en el que incide en los siguientes argumentos que desmienten la información dada por la entidad presidida por Sebastián Albella:

  1. Se trata del mismo informe que en su día se aportó por la CNMV a la Audiencia Nacional.
  2. Vulnera los más elementales derechos a la defensa a ser oído, a la presunción de inocencia, al procedimiento legalmente establecido y con garantías y se ha llevado a cabo sin ningún tipo de investigación, instrucción o prueba contradictoria, que permita las graves acusaciones que contiene.
  3. Tiene contenido calumnioso.
  4. No constituye ni deriva de ningún tipo de resolución, para la cual se haya seguido procedimiento alguno de investigación, por lo que su publicación, no tiene más finalidad, ni interés, que el de desacreditar a las personas, a una entidad y a un Consejo, cuando todos los documentos que obran en las Diligencias Penales ponen de manifiesto que se ha actuado de manera íntegra, transparente, legal, y de acuerdo a normas y directrices de los órganos supervisores.
  5. La publicación por parte de la CNMV no constituye obligación legal alguna, desconociendo por mi parte cuál es el interés o el fin último de esta publicación.
  6. En definitiva, las cuentas del 2016 expresaban la imagen fiel de la entidad. Cabe recordar que la ampliación de capital fue asesorada legalmente por quien hoy preside la CNMV y que las cuentas de ese año fueron ratificadas por los auditores y los reguladores; así como, que en el Acta del Consejo, celebrado el 2/4/2017 consta la intervención, conocimiento, supervisión y visto bueno de la CNMV, para el sometimiento de las mismas cuentas, con la calificación de re-expresión no significativa a la Junta General de Accionistas de 10/04/2017, bajo la presidencia del señor Saracho y que se aprobaron con más del 93% y con el 98%, la gestión social.

La CNMV tuvo un papel crucial en la estrategia de acoso y derribo al Popular. Permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

Por otro lado, tal y como indica el comunicado de Ángel Ron, Sebastián Albella, trabajó en el despacho Linklaters y fue quien supervisó la ampliación del Popular de 2.016, llegando a intervenir, incluso, en una reunión del Consejo de Administración. Ese mismo bufete de abogados es el que contrató la JUR para realizar el argumentario que está siguiendo para negar la documentación a los afectados.

Por otro lado, la propia Justicia está archivando en Tribunales Superiores de Justicia o en Audiencias Provinciales las sentencias de los juzgados de primera instancia que tomaban la ampliación de capital y el estado de las cuentas del Popular para condenar a la entidad a devolver el precio de las acciones, una estrategia errónea por parte de despachos de abogados con conflicto de interés con el Santander o sin escrúpulos que se quieren aprovechar de la situación límite en la que se encuentran muchas de las 305.000 familias afectadas.

No se trata de defender a Ángel Ron, se trata de que los argumentos de este expediente de la CNMV no tienen otra intención que la de seguir defendiendo al Santander.

Pedro Sánchez va a por todas para eliminar la pobreza infantil

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha demostrado que va a por todas para implementar medidas efectivas de lucha contra la pobreza infantil. Esta es una de las mayores consecuencias de las políticas austericidas impuestas por la Unión Europea y aplicadas sin ningún tipo de cuestionamiento por el Gobierno de Mariano Rajoy.

España es el segundo país de la OCDE donde más creció la pobreza infantil, sólo superados por Grecia. Un tercio de los niños españoles son pobres a consecuencia del desempleo o de los empleos precarios que tienen sus progenitores. Un país desarrollado como España no puede tener esas cifras vergonzosas y, por esta razón, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido declararle la guerra a la pobreza infantil y desarrollar una estrategia para una erradicación de la misma.

Tras acceder a la Moncloa, una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Ejecutivo fue la creación de un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Ahora se da un paso más y se va a crear una especie de diplomacia de la pobreza por la que se estudiarán las medidas que están adoptando otros países y crear un grupo de presión para colocar el tema como asunto prioritario en la agenda europea para, de este modo, presionar de un modo efectivo a la hora de conseguir más recursos de la Unión.

Desde que el Alto Comisionado fue puesto en marcha ya se han mantenido reuniones de alto nivel con instituciones de otros países europeos como, por ejemplo, Francia, para tener un conocimiento de primera mano de lo que en el país galo se está haciendo.

Nos encontramos ante un problema que tiene una magnitud con consecuencias no sólo en el presente sino también para el futuro, ya que afecta, además de a la salud del menor, afecta al nivel educativo porque se traduce en fracaso escolar prematuro.

Dentro de las medidas que está trabajando el Alto Comisionado se encuentra la ampliación gradual de las ayudas que reciben las familias hasta alcanzar los 6.000 millones de euros a través del ingreso mínimo vital.

La agenda social del Ejecutivo Sánchez está, además, la erradicación de la pobreza infantil a través de medidas de tipo laboral que mejoren los ingresos de los progenitores y se reduzca la precariedad del empleo, hecho en el que España también ostenta un vergonzoso liderazgo.

Elecciones andaluzas: Susana, clave para que el PSOE siga en Moncloa

En un momento político en el que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno en una clara minoría parlamentaria y con el ascenso del populismo de ultraderecha liderado por Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, el PSOE necesita mantenerse fuerte en sus feudos históricos. Por esta razón, la proclamación de Susana Díaz como candidata socialista para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre es un acto clave porque la actual presidenta de la Junta se convierte en un elemento clave para que Sánchez se mantenga en la Moncloa.

Esto se ha demostrado en las palabras tanto de uno como de la otra, en los que se ha comprobado que entre los dos principales líderes del PSOE, los que encabezan las dos corrientes actuales del socialismo español (sanchismo y susanismo), se han puesto a disposición del otro porque este día 2 de diciembre es fundamental, tanto para Andalucía como para España. «Tenía ganas de estar aquí para deciros y decirle lo siguiente a la persona protagonista de este día: Susana, estoy contigo. Estamos contigo. Todos los socialistas españoles y andaluces están detrás de ti», ha dicho Pedro Sánchez. Por su parte, la presidenta de la Junta ha afirmado que «Gracias Pedro por venir a hablar bien de Andalucía».

Susana Díaz ha defendido el proyecto sólido, moderno y de vanguardia que ella encabeza y ha avisado de que no va a entrar en las provocaciones y en el «barrizal» en el que pretenden convertir la política otros partidos cuyos líderes aterrizan en los últimos tiempos en Andalucía, referencia clara a Pablo Casado y Albert Rivera, políticos que, según Díaz, guardarán sus trajes en la maleta, marcharán a Madrid y se llevarán «todas sus desgracias» porque sólo les interesa atacar al Gobierno. «Nosotros nos quedaremos aquí con la alegría», ha afirmado la presidenta de la Junta, que ha sido muy dura con los insultos que recibe desde la derecha porque vienen acompañados de mala fe, desconocimiento e ignorancia. «Que nadie crea que insultar a Andalucía es un regalo para el PSOE» porque recurrir a la bajeza no es más que el reconocimiento de que el proyecto y la ideología del otro son mejores. Muy importante ha sido la expresión de voluntad de pacto porque «entramos en un tiempo distinto en el que los ciudadanos nos piden diálogo y acuerdo».

Por su parte, el presidente del Gobierno ha hecho un anuncio muy importante para Andalucía: la inclusión en el proyecto de Presupuestos de un plan de empleo, algo que cumple con una de las reivindicaciones del PSOE andaluz. Sánchez ha ponderado el papel que ha jugado la Junta de Andalucía frente a los recortes del Partido Popular, ya que contra «los discursos recentralizadores que reniegan de los avances y los aciertos de los autogobiernos» habría que preguntarse que hubiera ocurrido con las políticas de dependencia, con la sanidad o la educación durante los años de gobierno de Rajoy si la Junta no hubiese suplido esos recortes con sus propios recursos.

Sánchez también ha hecho mención al ascenso de la ultraderecha y al papel que están jugando en ello tanto Pablo Casado como Albert Rivera porque ambos líderes conservadores están alimentando a la extrema derecha: «Cuando surge esa ultraderecha, la derecha no dice nada. Casado dice que comparten los valores esenciales de la ultraderecha. Le pido cuáles; nosotros, ninguno».

Tanto Sánchez como Díaz, deben comprender que sus diferencias a la hora de entender el discurso del progresismo son, precisamente, las fortalezas que, con una interpretación alejada del dogmatismo, permitirán que las agendas sociales hagan ver que el socialismo español vuelve a representar a los ciudadanos y no a las élites. Sánchez representa una interpretación cada día más cercana a lo que podría representar Jeremy Corbin, es decir, la implementación de las esencias fundacionales de socialismo internacional actualizadas a la realidad del siglo XXI; por su parte, Díaz, está más cercana a la socialdemocracia del XX. No son incompatibles y, por tanto, son complementarios. De esa simbiosis podrá nacer un proyecto para Andalucía y para España que se salga de los cánones caducos de un programa electoral para que sea el pueblo el beneficiado de las políticas sociales que deberían ser el punto clave de cualquier proyecto que lleve el membrete del puño y la rosa.

Los asesinos machistas se entregan voluntariamente para reducir su condena

De un modo u otro, las leyes o la interpretación de las mismas que hacen algunos jueces y juezas, van en contra de las mujeres víctimas de la violencia machista y de sus hijos. Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, la mitad de los asesinos machistas se entregan voluntariamente a las autoridades y confiesan su crimen porque este hecho es considerado en el juicio como un atenuante de la condena. Esta es una nueva anomalía que se ha detectado, una más. Ya son demasiadas como para que, de una vez por todas, se haga una revisión integral de las leyes cuando media un acto de terrorismo machista.

Por esta razón, en el marco del VII Congreso del Observatorio en el Senado, el CGPJ es partidario de suprimir cualquier tipo de circunstancia atenuante por confesión o reparación del daño en los casos de terrorismo machista. Este organismo ha puesto sobre la mesa que se debe abordar una reforma que elimine de nuestro ordenamiento jurídico esas dos atenuantes en los delitos de violencia machista. Un 50% de los asesinos se entrega cuando el crimen es de este tipo, mientras que en el resto de tipologías prácticamente no hay ninguna puesta a disposición de la policía de manera voluntaria. Por tanto, la conclusión es evidente: lo hacen para que la pena sea inferior a la que les correspondería por un acto de terrorismo machista.

Por otro lado, además de retirar esos beneficios que da la ley, se ha dejado claro que el agravante de género debe aplicarse en todas y cada una de las causas de violencia machista, haya o no asesinato. En la actualidad, sólo se ha aplicado en un 67% de las penas.