viernes, 23 enero, 2026

¿Sabe Pablo Casado algo sobre Andalucía?

Así Susana Díaz no va a tener que salir de San Telmo para hacer campaña electoral. Las personas del PP se la están haciendo solitas. Un día insultan a los andaluces y andaluzas, al otro repiten los insultos señalando a los niños y niñas como analfabetos y llega su dirigente máximo a comparar a Andalucía con la Cuba castrista. Juan Manuel Moreno Bonilla ha sacado un tuit donde hacía una enorme genuflexión a su jefe de partido, pero debe estar que se llevan los demonios por las imprudencias de Pablo Casado cada vez que asoma más debajo de Despeñaperros. Son tantas las boutades que hay que preguntarse si Casado sabe algo sobre Andalucía más allá del supremacismo, los chistes y la historiografía franquista.

La última ayer mismo en Granada, a la que calificó como una ciudad que ha tenido importancia máxima en España, Europa y el Mundo (como ya le pusimos un cero en Historia dejémoslo pasar). Nadie puede negar la belleza de Granada, ni las magníficas tapas, ni la buena Universidad que tiene, ni la “mala follá” de algunos y algunas, pero la exageración viene dada por su desconocimiento de Granada. Casado debe conocer poco más que la Alhambra porque recurre a la demagogia por no saber referirse a nada de lo bueno que tiene la ciudad. Así que recurre a lo demagógico no vaya a ser que un granadino universal sigue en una cuneta por obra y gracia de los golpistas del 1936. Esos a quien él venera con sus “lecciones” de Historia. Ya que va a hacer demagogia podía haberse informado, pero como está acostumbrado a que le regalen másteres pues para qué.

Si esto les parece patético, esperen porque aún no han escuchado la que ha soltado por esa boca que conecta con una mente que debe tener problemas para enlazar ideas, o comparar realidades. Dice Casado, con esa sonrisa impostada, que Andalucía es como la Cuba castrista porque se persigue al que opina diferente. En efecto, Moreno Bonilla está en la cárcel por disentir de la comandante Susana Díaz por lo que se ve. Y a Teresa Rodríguez morirá porque un anarquista le dará con un piolet en la cabeza en cuanto se descuide (aunque a Trotsky le asesinasen los estalinistas en México). Y quien escribe estas palabras será ajusticiado al amanecer en la costa de Cádiz. Cuidado que se pueden decir barbaridades, pero comparar una democracia con una dictadura es cuando menos miserable. Como no tiene argumentos, aparte del insulto, hace la gracia para intentar deslegitimar a quienes les pintan la cara elección tras elección.

Que Canal Sur no es un ejemplo de pluralidad informativa lo constatamos y explicamos todos los días (¡Ve como no es una dictadura!) en numerosos medios de comunicación. También es cierto que muchos compañeros y compañeras se las ven y las desean en Almería donde Gabriel Amat amenaza sutilmente a los medios locales y provinciales. Amat que es el padrino andaluz y apoyó a Casado en el Congreso donde fue elegido por cierto. A esto se suma que Pablo Casado era alto cargo de la Comunidad de Madrid en los años de Esperanza Aguirre. La misma que hundió Telemadrid porque la puso a su servicio, liquidó a los trabajadores y se acabó llamando TeleEsperanza. Censura previa, amenazas a trabajadores y trabajadoras se han vivido en Madrid. Siguiendo la lógica de Casado ¿es/era la Comunidad de Madrid una dictadura como la de Benito Mussolini? Le pasa como a todos los derechosos que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio porque para ellos el poder y la manipulación es lo habitual en su favor. Cuando son los demás los que escoran los medios a su favor, se habla de mil maldades.

Y también resulta paradójico que hable de corrupción cuando él ha estado presente mientras su compañero de despacho y edificio metía la mano en el caso Canal, en el caso Púnica, en el caso Gurtel y así hasta no se sabe aún cuánto dinero ha esquilmado el PP sólo en Madrid. Porque si le añadimos la Comunitat Valenciana y Murcia, igual lo de los ERE es una bagatela. Podría alegar Casado que todo esto es anterior a él, que no ha tenido nada que ver. Lo mismo podría decir Díaz. Entre corruptos anda el juego, y que Juan Marín no levante mucho la cabeza diciendo que tienen las manos limpias, porque para dos ayuntamientos que gobiernan ya tienen sendos casos de corrupción, como en Espartinas y Arroyomolinos. El caso es que Casado cada vez que baja a Andalucía mete la pata por inculto, por sobrado y por querer hacer la gracia. Algo que lamenta Moreno Bonilla porque le hace perder unos votos que según las últimas encuestas le van a hacer mucha falta para no ser cuarta fuerza política.

Caso Banco Popular: Estados Unidos pone en evidencia a la Justicia española

La United States District Court Southern District of New York ha dictado sentencia en favor de Antonio del Valle y algunos de los fondos de inversión afectados por la resolución del Banco Popular (PIMCO, Anchorage Capital) y ha determinado que el Santander está obligado a entregar toda la documentación de la que disponga sobre el proceso del Banco Popular. En concreto, sentencia, a la que ha tenido acceso Diario16, es concluyente al afirmar que «Santander cuenta con información única e importante sobre la adquisición forzosa de BPE. Esto es de importancia crítica para los procedimientos en el extranjero y para los inminentes procesos internacionales y procedimientos de arbitraje. Este tribunal debe conceder a los peticionarios y conceder permiso para el acceso a esa documentación en virtud de la sección 1782 en ayuda de esos procedimientos».

Es evidente que esta resolución de la Justicia estadounidense deja dos consecuencias importantes para el Caso Banco Popular. En primer lugar, la actitud de opacidad con los afectados del Santander es contraria a la ley, por mucho que en España la entidad tenga una protección por parte de la Administración de Justicia que roza con la impunidad o la inviolabilidad. Este aspecto es fundamental para entender lo que ocurrió con el Banco Popular: organizaron una operación a la carta de las necesidades de la entidad presidida por Ana Patricia Botín porque pensaban que tenían la impunidad que les ha dado históricamente la Justicia española. La Doctrina Botín, las jubilaciones millonarias de Amusátegui y Corcóstegui o el archivo por parte del juez Fernando Andreu de la causa por los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Sin embargo, el Santander, a diferencia de otras macrocausas, no contó con que en el Caso Banco Popular hay afectados que disponen de muchos recursos tanto para litigar fuera de España como para contratar a bufetes de prestigio mundial que tienen, por lo menos, la misma influencia en las instituciones que el banco cántabro, cuando no más.

En segundo término, la Justicia de los Estados Unidos ha dejado en ridículo a la española o la europea, porque ha tomado esta decisión en menos de 7 meses, cuando en la Audiencia Nacional aún se ha llamado a declarar siquiera a nadie. Como dijo Elpidio Silva, «no existe ningún tipo de instrucción» en el Caso Banco Popular. Está pasando el tiempo y no se han tomado medidas cautelares mientras el Santander sigue rentabilizando la operación a través de los acuerdos firmados con fondos buitre, con la venta de los activos no estratégicos que Saracho se negó a vender, con el cobro de los créditos fiscales, con la emisión de deuda a través del Popular o con la propia generación de negocio en sectores en los que la entidad presidida por Ana Patricia Botín tenía una presencia insignificante como, por ejemplo, las Pymes.

La decisión de la Corte de Nueva York de obligar al Santander a dar acceso a los afectados a la documentación crítica de la operación supone un vuelco para quienes, escudándose en la opacidad, pretendían agotar todas las vías y llevar la causa hacia su archivo. Ahora los despachos de abogados sin conflicto de interés tienen la posibilidad de reclamar esa documentación que se pretendía que quedara oculta.

Por otro lado, el Caso Banco Popular se está convirtiendo en un nuevo motivo de desprestigio de la Justicia española. Son ya demasiadas cosas que están provocando que en las democracias desarrolladas vean a nuestro país como un lugar donde la Justicia está al servicio de los poderosos y no protege al pueblo. Lo estamos viendo en la causa del Procés, donde ya ha habido dos países que niegan la existencia de la mayoría de los delitos que se les imputan a los presos o a quienes se encuentran fuera del país; la reunión de los jueces de lo contencioso del Tribunal Supremo para frenar la sentencia sobre los impuestos que la banca debería pagar y que hasta ahora se cargaban al consumidor; las puertas giratorias de jueces y fiscales que, como ya publicamos en Diario16, se convierten en abogados defensores del Santander; ex jueces que ganan dinero en conferencias pagadas por el Santander o en fundaciones latinoamericanas presididas por corruptos; juzgados que siempre fallan en favor de la entidad presidida por Ana Patricia Botín; antiguos presidentes, como Corcóstegui, que no tienen ningún problema para pasearse por la Audiencia Nacional e influir en los casos en los que está implicado el Santander; la presencia del juez instructor del Caso Banco Popular en presentaciones de libros de autores que son asesores/lobistas de la entidad cántabra, publicación que recibió las «bendiciones» de Ana Patricia Botín.

En Estados Unidos el Santander no es impune a la Justicia y, por eso, los tribunales dictan sentencias favorables a los afectados de esta «presunta» estafa que dejó en la ruina a más de 305.000 familias.

Alberto Garzón no entrega un cheque en blanco a Sánchez

No se va a quedar sólo con la firma de unos acuerdos, los cuales Alberto Garzón ha calificado como “un primer paso, aunque insuficiente, para revertir los recortes impuestos por los gobiernos socialista y del PP desde 2010” en la reunión de la Asamblea Político y Social (APyS) de Izquierda Unida. Por tanto, van a estar muy pendientes desde la formación de izquierdas en que ese acuerdo se cumpla íntegramente. Garzón quiso señalar que desde IU van “a estar vigilantes” para que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, “que aún deben cristalizar” ya que el Ejecutivo debe presentarlos todavía ante el Congreso, “el PSOE apruebe todo lo acordado”.

“Haremos que este acuerdo cristalice en leyes para que no sea papel mojado, además de que todo su contenido, que no es sólo económico sino que recoge cambios en normas importantes, se cumpla lo más rápido posible” ha reflexionado el dirigente comunista. No en vano defienden en IU que esto sólo es el comienzo, un punto de salida para muchas transformaciones que son necesarias en favor de las clases populares. Como ejemplo, la proposición de ley orgánica para defender la libertad de expresión, impulsada y redactada por IU, cuya toma en consideración defenderá Garzón en el Pleno del Congreso el próximo martes. En este texto van desarrollados algunos de los puntos recogidos en el acuerdo firmado hace apenas 10 días con el Gobierno. “Ese día veremos si el PSOE empieza a cumplir con parte de lo acordado”, ha dicho.

Entrando al detalle de esa proposición de ley, la misma reclama una amplia modificación del Código Penal para acabar con las penas “anacrónicas” que condenan actuaciones como el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la Corona. Sobre esto último recordó que “en democracia las críticas a la monarquía no tienen cabida como delito”, sobre todo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) las considerara dentro de la libertad de expresión.  De ahí que reconociera que desde Izquierda Unida “no entendemos el recurso puesto por el Gobierno en el Constitucional” contra la reciente reprobación a Felipe de Borbón aprobada hace unos días por el Parlament de Catalunya. Adelantó que si el Ejecutivo de Sánchez no rectifica esta actuación “puede encontrarse con una avalancha de mociones en los ayuntamientos de todo el Estado reprobando a la Monarquía”.

La actuación del presidente de la Sala 3 del Tribunal Supremo y las hipotecas.

El coordinador federal de Izquierda Unida también ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que “actúe” para responder a la decisión impuesta ayer por los máximos responsables del Tribunal Supremo de convocar un Pleno de su Sala de lo Contencioso-Administrativo para dejar sin efecto una sentencia hecha pública 24 horas antes. En ese fallo firme anterior, los jueces del mismo tribunal establecían que deben ser los bancos, y no sus clientes, los que asuman el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante al que hay que hacer frente cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca.

Garzón ha tachado la última decisión del Alto Tribunal de “inaudita y vergonzosa”.  De ahí que, al tiempo que exigía al Supremo que “rectifique”, ha señalado que Izquierda Unida tiene muy claro que “el Gobierno del PSOE debería actuar” en una cuestión tan importante, igual que “también debemos actuar desde el Parlamento”. Por esto último ha adelantado que va a registrar que comparezca en el Congreso el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también lo es del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que detalle la manera de proceder en todo este delicado asunto.

“Hay que ser muy claros”, ha indicado Alberto Garzón al inicio de su intervención ante los miembros de la APyS de Izquierda Unida. “Los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas”, denunció.

También ha querido recalcar que “los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo”, para ilustrar así las presiones suscitadas desde el jueves que se conoció la sentencia sobre el pago del impuesto hipotecario. Según los analistas, de aplicarse de forma retroactiva podría suponer a estas entidades privadas un desembolso de entre 6.000 y 8.000 millones de euros en devoluciones de dinero a quienes se han hipotecado en los últimos años.

Alberto Garzón recordó también en su intervención que desde IU apuestan “por un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada. La banca pública debe actuar de contrapeso frente a los bancos, que se han convertido en un peligro para la democracia”. Ha pedido al PSOE “que rectifique”, señalando que hace apenas unos días los diputados socialistas sumaran sus votos a los del PP y los de Ciudadanos para echar abajo en el Congreso una propuesta de Unidos Podemos en la que instaba al Gobierno a crear esta banca pública.

Así se firmó el contrato por el que Ramírez denunció a Zapatero

El ex presidente de la petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, y ex ministro del Gobierno de Hugo Chávez, denunció en una entrevista en Noticiero Digital  que José Luis Rodríguez Zapatero había recibido contratos petroleros a través de la representación de empresarios españoles apellidados Cortina. En concreto afirmó que unos «españoles de apellido Cortina, que sí, han recibido un proyecto en la Faja, pues… De ahí viene su apego a la democracia y el diálogo».

Como ya indicamos en Diario16, lo afirmado por Ramírez en relación con los empresarios apellidados Cortina posiblemente sea cierto, porque, finalmente, sus empresas sí que consiguieron la explotación del sector Junín 10 de la Faja del Orinoco. Según un documento publicado por la periodista Maibort Petit, Ramón Blanco Balín ex vicepresidente ejecutivo de Repsol y condenado por la Gürtel, envió un correo al ministro venezolano Eulogio del Pino —detenido por corrupción en noviembre de 2.017 junto al ex presidente de PDVSA, Nelson Martínez— en el que le comunicaba «interés en formar una empresa mixta con PDVSA para la explotación del Campo Junín. La empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. es una empresa que forma parte del grupo de empresas del señor Alberto Cortina, quien es uno de los máximos accionistas del Grupo ACS, uno de los principales grupos industriales de Europa […] tenemos los fondos para reaccionar muy rápidamente a una oportunidad de inversión para una empresa mixta con el grupo Campo Junín Sur».

A esto hay que unir el hecho de la importante relación entre la empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. (IPISA) y uno de los principales contratistas de la República Bolivariana, Alejandro Betancourt, quien es la cabeza visible de la empresa Derwick Associates que está señalada en varias acciones por, presuntamente, haber formado un esquema de corrupción vinculado a la concesión de contratos en el sector eléctrico a través de supuestos sobornos.

Inversiones Petroleras, la empresa de Cortina y de Blanco Palín es sospechosa, precisamente, de haber obtenido el contrato de explotación del sector Junín 10 —el que denunciaba Rafael Ramírez que había sido intermediado por Zapatero— de manera irregular por la presunta violación de la normativa constitucional en la formación de la sociedad Petrosur, ya que había aspectos que señalaban la relación entre IPISA y Betancourt.

En un correo electrónico interno de PDVSA dirigido, entre otros, a se puede leer lo siguiente: «el socio de los Cortina en IPISA es el venezolano Alejandro Betancourt, dentro de la compañía que escribe la carta firmada por Ramón Blanco Balín». En ese correo iba la carta del ex vicepresidente de Repsol.

Las relaciones entre Derwick y Alberto Cortina Alcocer fueron descubiertas por el portal Upata Digital, ya que el segundo es socio de la compañía de Betancourt y/o del Grupo O’Hara en la petrolera que llegó a tener proyectos muy importantes en Colombia (Pacific Rubiales). A principios del año 2.015, con el apoyo de Cortina, se realizó la operación en el país colombiano a través de una empresa de aquél, Cinainvest Holding, y donde se declaró que disponía de más de medio millón de acciones de Pacific, hecho que permitió que Betancourt tomara el control de la petrolera con una participación del 20%.

Se trata de una estrategia por la cual Derwick supuestamente comparía el petróleo a través de empresas mixtas y fue este hecho lo que le dio acceso al contrato de la Faja del Orinoco denunciado por Ramírez.

Fue en noviembre de 2.017 cuando Venezuela anunció la concesión del contrato de explotación de Junín 10 a una empresa holandesa poco conocida: Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas que tendría una participación del 40%, mientras que PDVSA sería el socio mayoritario de una explotación con capacidad de producir doscientos mil barriles de petróleo diarios. A esta empresa mixta se la llamó Petrosur y fue aprobada por el Consejo de Ministros de Nicolás Maduro sin que hubiese un proceso de licitación, tal y como obliga la ley de la República Bolivariana, además de que es necesaria la aprobación por parte de la Asamblea Nacional.

La empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tiene un capital de tan sólo 147.000 euros y menos de 10 empleados. Fue registrada apenas seis meses antes de la concesión del contrato de Junín 10. Además, su actividad no es la petrolera sino la gestión de carteras de inversión, la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades extranjeras. Así reza en el documento de constitución de esta empresa. Además, aunque en el registro de La Haya aparece como que es propiedad de una empresa sita en las Islas Vírgenes, detrás de ella se encontrarían Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, según publicó el portal La Celosía, es decir, los dos principales hombres de Repsol en la época de José María Aznar.

Otro aspecto interesante es la fórmula legal con la que se inscribió Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas en el registro: un fideicomiso administrado, es decir, algo similar a las fundaciones que se gestionan desde Panamá. Además, Ramón Blanco Balín suscribió un acuerdo de estudio del Campo de Junín como consejero delegado de IPISA cuando había dimitido de ese cargo en 2.013 y un mes después fue nombrado apoderado. Todo muy enrevesado y muy raro sobre todo desde un punto de vista societario porque ¿cómo es posible que IPISA, española, se convierte en Stichting Administratiekantoor, que está domiciliada en Holanda?

Existen demasiadas irregularidades en el contrato adjudicado por Maduro a Cortina y a Blanco Balín como para no sospechar que pudiese haber habido una mediación, directa o indirecta, por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. La propia IPISA desmintió la información de El Mundo de que no contrataron los servicios del ex presidente español. Sin embargo…, la denuncia de Ramírez y el modo en que se adjudicó el contrato de explotación de Junín 10 es muy sospechoso.

Sentencia de las hipotecas: ¿dictadura o democracia?

Caos y vergüenza en la Justicia española. Tras una sentencia que iba en contra de la banca, la reacción de los mercados ha provocado que en menos de veinticuatro horas el Tribunal Supremo haya decidido convocar a todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo para revisar la resolución judicial que determinaba que el pago del impuesto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no debía ser pagado por los ciudadanos sino por las entidades bancarias. Aunque se ha afirmado que lo harán tras una profunda reflexión, se da casi por supuesto que, de nuevo, la banca ganará.

Sin embargo, el mero hecho de que se haya convocado una reunión demuestra el estado de continua corrupción en la que se encuentra el tercer poder de la democracia en España. Sólo ha bastado que las entidades bancarias tuvieran una caída en el mercado para que saltaran todas las alarmas y todos los resortes del Estado se hayan puesto a trabajar para evitar que el sector financiero sufriera un revés que, por el contrario, beneficiaba al pueblo, a las clases trabajadoras, a quienes para comprarse una vivienda necesitan de un préstamo hipotecario. Según la sentencia del Supremo que ahora se quiere revisar para que los bancos no se asusten, durante años se ha estado cobrando injustamente un impuesto que correspondía pagar a las entidades financieras. Si esa reunión determinara una vuelta atrás a dicha resolución judicial nos encontraríamos ante uno de los grandes escándalos de la democracia española porque la propia Justicia estaría haciendo legal lo que a todas luces es ilegal.

Tras la publicación de la sentencia, los datos del mercado para las principales entidades españoles fueron catastróficos con bajadas de más del 6%. Sin embargo, una vez que se ha conocido que se había convocado la reunión de los jueces de lo contencioso, los valores han vuelto a subir. El ejemplo lo tenemos en el Banco Santander. A las 12.00 el precio de la acción estaba a punto de bajar de los 4 euros (4,04) y, a partir de ahí, ha remontado hasta colocarse en 4,12 al cierre de la sesión. Lo mismo ha ocurrido con el BBVA que ha pasado de 5,02 al mediodía a cerrar en positivo respecto a la sesión de ayer un 1% (5,21).

¿Eso es lo que se quería evitar? ¿El desplome de los bancos? ¿Quién ha provocado esa reunión? En democracia hay un principio básico que es el respeto —aunque haya discrepancia— por las decisiones que toman los tribunales. Sin embargo, en esta España, en la que la Transición cada día se va tornando más en un mito que en una realidad, parece ser que ni la propia Justicia respeta sus decisiones si con ello se protege al sector financiero.

El poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando éstos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como elemento regulador de la vida social. Sin embargo, en España nuestra Justicia está carcomida porque no ha hecho una transición hacia los modelos democráticos y, por tanto, controla al resto de poder en base a los intereses de los partidos que han colocado a dedo a los integrantes del Judicial, es decir, que, en vez de ser quien controle al poder se convierte en un elemento controlado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. En esa situación es el poder el que siempre se lleva la mejor parte y, en este mundo actual que está marcado por las directrices que imponen los mercados y las instituciones económicas supranacionales, evidente el sometimiento de la Justicia siempre beneficiará al poderoso. Exactamente lo mismo que ocurre en las dictaduras que manejan a su antojo el comportamiento de la judicatura y la fiscalía.

Si la banca sufre un descalabro por haber incumplido la ley, debe ser la Justicia la que imponga esos criterios y no se eche para atrás por la presión de los mercados especulativos. ¿Por qué no se han reunido los jueces del Supremo cuando la cadena de supermercados DIA cayó el pasado lunes casi un 60% en bolsa? ¿Por qué Carlos Lesmes no convocó un encuentro tras la caída de Abengoa? ¿Por qué el Supremo no se reunió de urgencia cuando el Banco Popular, acosado por los bajistas, perdía valor día sí y día también, con la impasibilidad de la CNMV y el Banco de España? ¿Por qué entonces no se hizo nada y ahora el Supremo se pone en alerta máxima por una sentencia que favorece al pueblo ante un abuso de los bancos? ¿Quién manda aquí, los poderes democráticos o los mercados y la banca? En una democracia la soberanía nacional recae sobre el pueblo y los poderes que sustentan el modelo de Estado tienen la obligación de proteger a su ciudadanía de los ataques internos o externos a través del imperio de la ley. Cualquier otra interpretación nos lleva a elementos dictatoriales. El pueblo está sometido a la Ley, no a los mercados. ¿Hablarán en la reunión del Supremo de los 60.000 millones de euros que el pueblo español dio a los bancos y que no tienen intención de devolver? El impacto de esta sentencia apenas llegaría a un 15% de esa cantidad. Las entidades financieras siguen ganando del esfuerzo que los ciudadanos tuvieron para rescatar al sector financiero. Eso, al parecer, no se tiene en cuenta.

Si una sentencia judicial que beneficia a los ciudadanos que han sido víctimas de un abuso, el tercer poder de la democracia no puede ponerse al servicio de nadie ajeno al propio pueblo porque, entonces, estaría poniéndose por encima de los representantes elegidos por el sufragio libre que garantiza la Constitución. Por tanto, ¿quién gobierna este país? ¿Los representantes del Ejecutivo y el Legislativo o el poder Judicial? El sometimiento al imperio de la ley es, precisamente, lo que garantizaría a la ciudadanía la protección ante los abusos del poder.

Un país gobernado por un Poder Judicial que aún no ha pasado por el filtro de una reforma democrática y continúa con los esquemas del régimen franquista no puede llamarse democracia, sino dictadura. Utilizar la democracia para apoyar al capital y a la corrupción que éste genera siempre a su alrededor es lo que hacen los dictadores y si ahora se está aplicando el mismo criterio querrá decir que estamos mucho peor que en 1936 porque entonces se impuso la dictadura de manera violenta y con un golpe de Estado. Ahora se utilizan los esquemas de la democracia para imponer comportamientos dictatoriales marcados por los intereses de los mercados.

Vemos día a día cómo la Justicia ayuda a algunos de los grandes tótems del capital. El mejor ejemplo lo tenemos en el Banco de Santander cuando se creó, incluso, una doctrina jurídica para exculpar a Emilio Botín o se archivó la causa por un delito fiscal sólo porque se había pagado la multa que impuso la Agencia Tributaria por los 2.000 millones que tuvieron ocultos en Suiza desde, precisamente, el año 36. Da lástima que cuando alguien tiene que enfrentarse al Santander o a la familia Botín tenga que buscar el amparo de la Justicia europea o norteamericana para lograr, al menos, tener un juicio justo. Eso es lo que les está pasando a los afectados del Banco Popular quienes están teniendo que buscar otras jurisdicciones para, al menos, tener visos de esperanza de encontrar una Justicia justa. Estas 305.000 familias se sienten absolutamente desamparadas, como si su propia democracia les hubiese dado la espalda.

Si, finalmente, el Supremo da marcha atrás en la sentencia que dictó ayer, estaríamos ante uno de los grandes escándalos de la historia de nuestro país y no se puede consentir.

Centro Comercial Bogaris: el Ayuntamiento de Almería desoye la orden de la jueza

El pasado 9 de octubre de 2018, la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Almería, María del Mar Cruz Moreno, dictó una resolución de «paralización de actividad alguna tanto en cuanto no quedase acreditado ante el juzgado la subsanación de las deficiencias denunciadas».

Independientemente a esta decisión judicial, y sin existir orden de contrario, el vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, Miguel Ángel Castellón Rubio ha decidido, por su propia cuenta y riesgo, ha concedido la licencia de utilización del Centro Comercial Torrecárdenas a Botaris Retail 14, S.L. La notificación comunicada a la Dirección de la empresa, fechada el 18 de octubre, se realizó con posterioridad a la entrega de la documentación reclamada por la magistrada y sin dar opción a que ésta sea analizada por la instructora y por la parte denunciante.

La notificación, que debió ser firmada por el secretario general de la Corporación fue suscrita, y por designación, por el jefe de la Sección de Licencias Urbanísticas, José Andrés Cabrera Yesares.

No se entiende cómo los Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo otorgan esta licencia sin la correspondiente autorización judicial, al menos hasta esta hora en la que se está redactando este artículo, cuando, además y a fecha de ayer, las obras del Centro Comercial no se encuentran finalizadas como se puede demostrar en las siguientes imágenes y que fueron realizadas bajo la supervisión de un notario.

Para mayor despropósito de esta licencia otorgada, y como consecuencia de las lluvias caídas en Almería, una de las partes del techo de Centro Comercial en construcción cedió provocando con ello su caída, lo que viene a poner en duda  la legalidad de la licencia otorgada y el grave riesgo que para las personas pudiera ocasionarse en la inauguración y apertura de este centro que se encuentra programada para el próximo miércoles día 23 de octubre de 2018, en caso de no subsanarse todas las deficiencias detectadas y judicializadas.

Además de estas circunstancias, habría que añadir que los informes presentados al Juzgado por la Concesionaria Aqualia y la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Almería (Junta de Andalucía), se realizaron en fecha 16 y 18 de octubre, respectivamente, lo que da una idea de los motivos existentes por los que se tiene tanta prisa en inaugurar el Centro Comercial de Torrecárdenas, a sabiendas de todas las irregularidades que de forma manifiesta se vienen demostrando incluso con el consiguiente riesgo para la salud de las personas.

Los informes presentados generan muchísimas dudas y contradicciones. El técnico de Aqualia que firma el escrito presentado al Juzgado, ahora y en contradicción con lo expuesto en sus anteriores informes, viene a decir que es favorable «como dice ponerlo de manifiesto en los anteriores emitidos» y que las medidas especiales adoptadas por la Junta de Andalucía, a la vista de la existencia de esas conducciones de agua desalada por debajo de la cota de la red de alcantarillado y red de media tensión, fueron aplicadas según el informe de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. Por el contrario, en ningún momento el técnico de la empresa concesionaria manifiesta haber verificado tales extremos, como lo era preceptivo, ni aporta documento físico o reportaje fotográfico alguno que lo demuestre. Este hecho deja de manifiesto que los Servicios Técnicos de Aqualia no supervisaron esas obras de acondicionamiento, lo que es corroborado por el propio documento presentado al Juzgado por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:

«con fecha 06 de octubre de 2014 se recibió escrito del Jefe de Servicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almería comunicando dos incidencias detectadas por Aqualia referidas a las tuberías de Impulsión en Alta” […] El 15 de octubre de 2014, este escrito fue remitido por correo electrónico por parte del Director de Actuación a la Dirección de Obra y al Técnico responsable de la misma, tres días antes de la finalización de las obras de la conducción de Impulsión.

Tanto técnica como normativamente se constató la imposibilidad de ejecutar la tubería de impulsión por encima de las redes pluviales, saneamiento y electricidad, en base a lo siguiente:

«La impulsión tuvo que adaptarse a las cotas de las redes de servicios existentes, ya que la urbanización del sector SUO MNO 05 se encontraba prácticamente finalizada cuando se iniciaron las obras de la conducción de abastecimiento. Si la impulsión hubiera sido colocada por encima de las redes existentes, habría sido necesario aumentar la cota de los viales y de las parcelas adyacentes, aumentando de la misma manera las cotas de la edificación posterior. Consultada la normativa vigente relativa al trazado de las conducciones de abastecimiento de agua, nos encontramos que solo existen “recomendaciones”, pudiendo adoptarse en casos justificados otras soluciones con las medidas complementarias necesarias para evitar la contaminación del agua».

Cabe preguntarse, consecuentemente, cómo es posible que, si con tres días de antelación a la finalización de las obras de la conducción de impulsión fueron comunicadas tales incidencias y que esas medidas correctoras se efectuaron en el mismo año 2014, ¿cómo, en marzo de 2015, cinco meses después, el técnico de Aqualia emitió un nuevo informe advirtiendo de las mismas incidencias que ya detectó en su informe de octubre de 2014?

Lo que se desprende de este informe es que fue la Junta la que creó esa necesidad imperiosa para, supuestamente, argumentar que se adoptaron las medidas correctoras por la excepcionalidad de las circunstancias que ellos mismos provocaron. Medidas que no quedan demostradas físicamente salvo por lo manifestado en un informe que se contradice y que en principio sería imposible de realizar en tan corto periodo de tiempo.

Todas estas contradicciones crean una duda razonable si no se aportan los proyectos de modificado de obras supervisados, firmados y con su reportaje fotográfico correspondiente, así como el del técnico de Aqualia, sobre si se han realizado, ciertamente, esas medidas complementarias. Así, como sigue estando en precario la situación respecto al uso de la red de alcantarillado que, con total seguridad, ya se venía utilizando con anterioridad a la orden judicial.

Fuentes jurídicas consultadas por Diario16 aseguran de la posible existencia de un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad o, incluso, que el acto de conceder la licencia, encontrándose apercibidos de que no lo hicieran, podría constituirse en otro posible delito de prevaricación.

Pedro Sánchez cambia en cuatro meses España

Mucho ha cambiado en España en poco tiempo. Parece que se ha oxigenado un sistema que olía a podrido desde que el PP gobernase mirando hacia los intereses de los poderosos y no de la mayoría. A lo que habría que añadir la dejación de funciones en Cataluña porque ellos y ellas deseaban el conflicto desde el momento en que denunciaron el Estatuto de Autonomía ante el Constitucional. En los cuatro meses que lleva gobernando Pedro Sánchez todo ha cambiado radicalmente. Hay aire fresco y se gobierna de otra forma y con otros intereses distintos. No ha legislado grandes leyes, pero se han hecho modificaciones suficientes para aliviar la situación de la mayoría. Aunque ha tenido sus claroscuros pues no se trata de exponer un panegírico, aquí presentamos algunos cambios.

Una democracia más plural.

De momento el Parlamento ha recuperado, pese a las malas artes de su presidenta Ana Pastor, un debate político que con el PP se negaba constantemente. Mientras gobernaba el PP se discutía, no se debatía, lo que ya supone un logro. Con Mariano Rajoy se estaba llevando al sistema en sí por un callejón sin salida hacia una involución democrática. Desde Moncloa se utilizaban los servicios de espionaje contra los propios compañeros y compañeras de partido, se bloqueaban fondos a las Comunidades Autónomas y se hacía oposición a los Ayuntamientos gobernados por la izquierda. Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro actuaban contra PSOE, Podemos o Izquierda Unida desde el gobierno. O contra Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.

Hoy en día, por mucho que meta la pata Iván Redondo, desde Moncloa hay diálogo, un poco de dinero (negociado con la Comisión Europea) y libertad de acción a los municipios dentro de la legalidad. Ya no se persigue a los que no son del mismo partido, ni a los propios. Además, el diálogo con los partidos que apoyaron la moción de censura es continuado y basado en el respeto y el interés general. El PP casi ni hablaba con Ciudadanos salvo para favorecer al establishment. Aire fresco, como decíamos, en las instituciones públicas. Porque ahora se gobierna desde lo público y para lo público, no para lo privado.

Cataluña, vías de diálogo.

En el tema catalán la situación no sólo ha mejorado sino que dentro del propio independentismo hay peleas y discrepancias. Sólo ha hecho falta acudir a dialogar con las ideas claras para que el problema se vaya canalizando, con sus más y sus menos, pero canalizando. De pronto el gobierno de Sánchez no trata a los catalanes como criminales, como sí hacía Rajoy y su aliado naranja. Ahora al menos se trata de establecer un marco de diálogo y rebajar la tensión civil. En poco tiempo, por ejemplo, los lazos amarillos ya no son motivo de batalla. Aunque en esto ayude poco Albert Rivera que parece buscar sangre o un muerto por la causa.

Y no sólo s porque se quiera un apoyo a unos presupuestos, eso es algo menor en relación a este tema, sino porque Sánchez y su equipo tienen claro que el federalismo y el respeto a las diferencias es clave en la solución del conflicto que crearon las derechas españolista y catalanista. Unos para poner lo identitario encima de la mesa y así colar todas las leyes que han machado a la clase trabajadora. Otros para huir hacia delante por la corrupción del 3% (o del 5% o del 10%, porque cada día sale un nuevo caso con un nuevo porcentaje). Si hoy en Cataluña no hay muertos, ni heridos, es gracias al PSOE y no a la derecha azul y naranja. Hoy hay respeto a la ley y comprensión del otro.

Presupuestos sociales.

A diferencia de lo que hicieron PP y su socio Ciudadanos anteriormente, Sánchez ha sabido negociar con Pablo Iglesias y Unidos Podemos unos presupuestos que sin ser la panacea, sí vuelven a marca la senda del gasto social. De gobernar para la mayoría de la ciudadanía y no en favor de la clase dominante. Ya se había avanzado algo con la universalización de la sanidad, y ahora se avanza con dinero detrás entre otros muchos aspectos sociales. Porque en estos presupuestos sí se va a gastar el dinero en luchar contra la violencia machista o en dependencia. No como venía haciendo el PP que presupuestaba y no gastaba las partidas sociales para generar beneficio.

Una oposición fragmentada y furiosa.

Normalmente la izquierda sabe si avanza en el gobierno viendo el enfado de la oposición. Cuanto más virulencia y más mentiras utilicen las derechas eso es que se gobierna desde la izquierda. Y sólo con escuchar a Pablo Casado o Dolors Montserrat está claro que debe hacerlo bien Sánchez, porque no hay día que no digan alguna boutade. También el nivel de estulticia, como decir que va a ir a la UE a decir que los presupuestos son malos, muestra que no se tienen argumentos. Es la típica rabieta de niño pequeño porque no le dan el caramelo que quiere.

A esto hay que añadir que cada vez se fragmenta y se derechiza más la oposición. Entre Casado y Rivera hay una guerra por ver quién es más de derechas, más cavernícola, quién acude más veces a tomar café con Susanna Griso. Y en eso sale beneficiado Sánchez que va haciéndose hueco por el centro, sin necesidad de moverse ni hacer mucho esfuerzo. Una situación que le favorece para dejar espacio por la izquierda a Iglesias y Alberto Garzón y negociar con mayor margen. Aunque esto no es que lo hay pensado el gurú de Moncloa, ha sucedido de forma natural, sin pretenderlo. Y con una prensa cavernaria y sin fuerzas para seguir la cacería, mucho camino por delante despejado.

Presencia Internacional.

No es un tema sumamente importante para la política doméstica, pero siempre es mejor tener presencia internacional que no tenerla. Con Rajoy, salvo lo obligado por la UE, lo más lejos que llegaba era Galicia. Sánchez, empero, se ha lanzado a recuperar el tiempo en el marco internacional. Un marco en el que se encuentra a gusto porque es lo suyo al fin y al cabo. Si en temas domésticos se le ve manejarse con alguna que otra dificultad, en el exterior se basta y se sobra. Así que, en este aspecto, también se ha ganado mucho en sólo cuatro meses. Porque si mañana hay un conflicto internacional entre España y otro país, ya se conoce el terreno y conocen al presidente. Y para hacer rabiar a Casado, Angela Merkel se coge de la cintura con Sánchez y a él le mira como diciendo “ya está aquí el cansino”.

También ha habido nombramientos incomprensibles como Iván Redondo, Irene Lozano, Soraya Sáenz de Santamaría, pero en tan poco tiempo en España se respira otro aire y otras ganas de trabajar en favor de la mayoría. Se comprueba que no era tan difícil y que, tal vez, Sánchez debería haberse lanzado cuando se lo propuso Iglesias para cuando terminasen las primarias socialistas. No quiso por miedo a las baronías y el establishment, pero se ha demostrado que cuando gobierna la izquierda en España le va mejor a la mayoría. Ahora sólo a tener cuidado con la crisis (no se sabe de qué magnitud) que se avecina en Europa y saber manejar los tiempos para poder seguir gobernando. No será el mejor gobierno de la Historia (superar todo lo que implementó Felipe González es casi imposible), pero al menos sí es un gobierno democrático y dialogante.

El Tribunal Supremo se vende a la fracción financiera

Sorpresa en los ámbitos de la Justicia por el cambio que ha experimentado el Tribunal Supremo respecto al pago de los impuestos por los actos jurídicos de las hipotecas. En su sentencia de hace tres días el Tribunal Supremo exponía que debían ser los bancos o entidades financieras las que debían asumir esos costes. En buena lógica eran ellas las que establecían el acto jurídico en sí respecto al hipotecado. Todo ello por una denuncia de Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid y otras que se sumaron. Se había logrado con esa sentencia acabar con cierta impunidad de las entidades financieras que cargaban todos los gastos, incluyendo los propios, a quienes solicitaban una hipoteca.

En la bolsa, ese sistema de especulación financiera que suelen vender desde el establishment como un mecanismo de ahorro, cayeron todas las entidades financieras. El mercado especulativo retiraba el dinero por una sentencia contraria y rápidamente cundió el miedo entre las cúpulas directivas. Curioso que por unos pagos del 1% por hipoteca y que, en algunos casos, la sentencia permitía no devolver las cantidades (de 1.400 a 2.500 euros en su mayoría), el “mercado” se revolviera y provocase un dolor de cabeza a los directivos financieros. La clase trabajadora había logrado una victoria en los tribunales y esto sí que suponía una afrenta. Ya dijo Warren Buffett, uno de los mayores especuladores mundiales, que había lucha de clases y la suya iba ganando. La fracción financiera no podía permitir una victoria dentro de esa lucha de clases. Y actuó con rapidez para revertir la situación.

Ayer mismo el Tribunal Supremo remitía una nota donde decía que iba a revisar su sentencia para hacer una valoración económica de la misma. Algo que no puede llevar a cabo porque carece de esa competencia. Tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 18 “las sentencias se ejecutarán en sus propios términos [y] sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en la Ley”. Esto es, que una vez establecida sentencia debe ejecutarse según se ha establecido, sin importar las consecuencias económicas, como es que las entidades financieras bajen en bolsa. De hecho, antes de dictar sentencia cualquier juez establece ciertas precauciones, que por eso se llama Justicia y no venganza. Por tanto el Tribunal Supremo desoye la propia ley que le hace funcionar para plegarse a los deseos de la fracción financiera de la clase dominante. Fracción que es la dominante en el bloque en el poder que se conforma como clase dominante.

Des Izquierda Unida, como es obvio, han saltado contra la medida que ha expuesto el Tribunal Supremo y, en boca de su responsable federal de Justicia e Interior, Enrique Santiago, ha denunciado que “ha bastado que la banca proteste 24 horas contra esta sentencia para que el Tribunal Supremo, servilmente, adopte esta cuestionable decisión”. Cierto el servilismo que vuelve a mostrar que la separación de poderes o la dominación de clase, es más fuerte que la Justicia. Porque la revisión alegal que quieren realizar tiene repercusión económica para una parte, los poderosos. La otra parte, la clase trabajadora, que saldría beneficiada al poder recuperar un dinero expoliado con malas artes, parece que no tiene derecho a le devuelvan su dinero. Una Justicia que, como sucede en otros casos, siempre se vence en favor del dinero.

Luis María Díez-Picazo, presidente del TS, tiene vínculos con la banca.

El presidente de la Sala IIIa del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha sido el muñidor del giro tomado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Obligando a que la decisión sea tomada por los 33 magistrados de la Sala y no sólo por los seis que han sentenciado. El presidente hace años publicó un libro, La criminalidad de los gobernantes (Tecnos), donde, aprovechando la conspiración contra Felipe González, expresaba que la corrupción y el gobernar mal dañaban a la sociedad. No podían ser criminales los gobernantes como decían los maquiavélicos, no podían ponerse de parte y debían servir a toda la sociedad. Igual ha olvidado esas palabras y esas reflexiones que expuso en su libro, porque lo que ha hecho él es ponerse de parte precisamente. Y la Justicia es un poder que debe ser tan puro como el gobierno legislativo y ejecutivo.

Lo que levanta más sospechas aún, no sólo por las presiones que se han podido recibir desde otros poderes o directamente, que Díez-Picazo es profesor en Cunef que está vinculado a la Asociación Española de Banca (AEB). Por tanto no es su posición en este caso imparcial, sino más bien todo lo contrario. Como profesor asalariado de uno de los lobbies de la banca debería haberse abstenido de intervenir en favor de las entidades financieras. Díez-Picazo, de esta forma, está tomando parte por la fracción financiera y en perjuicio del bien común. Un bien común que favorecía a la clase trabajadora. En cuanto la AEB denunció lo mala que era la sentencia, el presidente del Tribunal Supremo salió a defender a sus “jefes”. De esta forma se corrompe de igual forma a como denunciaba en su libro.

Una vez más la clase dominante, en ese bloque en el poder que domina el sistema, ha conseguido mediante las relaciones que tiene con el Estado, volcar a la Justicia en su favor y contra la clase trabajadora. Una muestra más de que, pese a lo que nos quieren vender algunos partidos de izquierdas, la lucha de clases sigue muy presente en el día a día. Especialmente cuando lo que está en juego es el beneficio y la usura consentida de unos pocos. Precisamente la fracción que tiene la dominación sobre las otras fracciones en el bloque en el poder. Una vez más las entidades financieras ganan y se las rescata de una forma u otra. Y la clase trabajadora mientras enredada en debates subalternos.

Más de un millón de mujeres se benefician del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama

0

Más de 1.152.000 mujeres de entre 50 y 69 años se han beneficiado del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama que la Consejería de Salud implantó en 1995. Hasta el momento, se han detectado 13.210 tumores entre las mujeres citadas para realizarse una mamografía y que se incluyen en el grupo de edad de mayor riesgo de padecer esta enfermedad. La consejera de Salud, Marina Álvarez, en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ha subrayado la necesidad de sensibilizar a las mujeres para que acudan al programa de diagnóstico precoz para luchar contra el tumor más frecuente en las mujeres tanto a nivel mundial como europeo.

Para el desarrollo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en el conjunto de la comunidad autónoma, se cuenta con 62 Unidades de Exploración Mamográfica, de las que 19 son fijas, 5 son móviles y 38 se ubican en el ámbito hospitalario. Actualmente, la supervivencia a los cinco años en cáncer de mama se sitúa en un 85,6%, según los últimos datos del Registro de Cáncer andaluz, una cifra que llega al 90% cuando el diagnóstico es precoz, de ahí la importancia del cribado. Cada año, se diagnostican en la comunidad autónoma andaluza alrededor de 4.900 nuevos casos de cáncer de mama.

La detección temprana a través de la realización de mamografías permite mejorar el pronóstico de la enfermedad y aplicar a las mujeres afectadas tratamientos menos agresivos, gracias a un abordaje integral e individualizado de los equipos profesionales que tratan esta enfermedad. En el caso de aquellas mujeres que no han podido preservar su mama se realiza una reconstrucción quirúrgica de su seno. En 2017, se han realizado un total de 1.871 intervenciones de reconstrucción tras una mastectomía, un 32,5% más que el año anterior.

La sanidad pública andaluza está incorporando progresivamente también en sus centros la micropigmentación, que consigue completar la total reconstrucción del pecho al redibujar la areola y el pezón perdidos a causa de un proceso oncológico. La aplicación de esta técnica supone un aumento de la autoestima y una mejora de la calidad de vida, ya que la mujer recupera su imagen corporal. Actualmente, se realiza en los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Reina Sofía de Córdoba, Valme de Sevilla, Complejo Hospitalario de Jaén y Regional de Málaga. Próximamente se incorporará en el Hospital San Cecilio de Granada.

Encuentros de Senología y Patología Mamaria

La consejera ha ofrecido estos datos durante su participación en el 37º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria y la 13ª Reunión de la sección de Enfermería de la Sociedad Española de Técnicos de Senología, que tienen lugar en Cádiz. Durante su intervención en estos foros, ha destacado que «la calidad de la atención a la patología mamaria ha crecido vertiginosamente en los últimos años, gracias a numerosas innovaciones», impulsadas principalmente por «profesionales implicados por mejorar sus resultados a diario», ha enfatizado Álvarez.

En este sentido, la consejera ha asegurado que se ha alcanzado un abordaje más preciso, seguro, efectivo y eficiente de esta patología, tanto en el ámbito de la prevención como en el del diagnóstico precoz, así como en cuanto a la elección del itinerario diagnóstico y el tratamiento personalizado de cada caso.

En este ámbito, ha considerado que ha sido «muy importante» la contribución de la incorporación de tecnología de última generación en Andalucía, como han sido las 62 unidades de exploración mamográfica que se encuentran distribuidas en el territorio o la radioterapia intraoperatoria y los 25 aceleradores lineales que finalizarán su instalación en 2020, gracias a la donación de 40 millones de euros realizada por la Fundación Amancio Ortega. La responsable sanitaria ha asegurado que esta tecnología de última generación está mejorando resultados, con una reducción importante en los efectos adversos, lo cual es un objetivo muy importante en el proceso de cáncer de mama.

Del mismo modo, Álvarez ha calificado de «muy relevante» el avance en las tecnologías aplicadas a la historia clínica digital, que permiten compartir imágenes digitales desde cualquier punto del sistema sanitario público andaluz.

Junto a ello, ha subrayado que «nos enfrentamos al reto de analizar las terapias aplicadas desde la perspectiva de los resultados en salud, valorando las posibles alternativas en función de su utilidad real y su impacto en la calidad de vida de cada paciente, según sus características específicas, orientando la actividad asistencial hacia una medicina personalizada».

En este contexto, ha puesto en valor la perspectiva de género, especialmente relevante en este área asistencial, así como la optimización de los cuidados, la comunicación, la consideración de la autoestima, la imagen, la sexualidad, el bienestar psicológico y emocional o la práctica de actividad física, entre otros elementos clave para la calidad de vida de las mujeres a las que se atiende por este tipo de patologías.

Consejo genético oncológico y plataformas genómicas

Además del programa de cribado para la detección precoz del cáncer de mama, Andalucía ofrece consejo genético oncológico. Hay que tener en cuenta que entre un 5-10% del total de los casos de cáncer diagnosticados cada año tiene naturaleza hereditaria, lo que conlleva importantes implicaciones a nivel social, familiar e individual, ya que las personas portadoras de mutaciones hereditarias tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer y además a edades más tempranas que la población general. El cáncer de mama de origen hereditario se presenta entre los 40 y los 50 años, una década antes de su aparición habitual.

En el consejo genético oncológico se incluye asesoramiento genético tanto a pacientes como familiares, un test genético para determinar la presencia de mutaciones que pueden trasmitirse a la descendencia y que incrementan la susceptibilidad de padecer cáncer, y el establecimiento de medidas preventivas y terapéuticas para impedir la aparición del cáncer o para diagnosticarlo lo más precozmente posible.

Diario16 llevará el Caso Banco Popular al Parlamento Europeo

No se puede esperar más y nuevamente tendrán que ser los representantes elegidos democráticamente por el pueblo europeo los que tengan que dar un paso hacia adelante para proteger a los ciudadanos de la corrupción que genera las connivencias entre las entidades financieras y los organismos públicos, tanto españoles como europeos.

En España parece que aún no se entiende el poder que tiene Europa y las cesiones de soberanía que se hicieron en los distintos tratados. Muchas de ellas no han traído mucho beneficio a los ciudadanos, pero existen otras que sí, que pueden reparar los errores tanto de la Administración española como la europea. El Caso Banco Popular es uno de ellos y la clase política europea puede tener la llave para alcanzar la solución para las más de 305.000 familias arruinadas para que una entidad financiera fuera rescatada. ¿Qué democracia, qué institución que se dice representante del pueblo, podría permitir un atentado así a los principios fundamentales en los que se sustenta el respeto a los derechos de las personas?

Diario16 tiene un objetivo fundamental en el Caso Banco Popular. Ya lo hemos indicado anteriormente, pero lo queremos dejar claro: las víctimas de la operación diabólica deben recuperar su dinero a través de un acuerdo extrajudicial con el Banco Santander que termine con el sufrimiento de más de un millón de personas, muchas de ellas que han llegado a pensar en el suicidio por la situación límite en la que se han encontrado desde aquel fatídico 7 de junio de 2.017.

¿Por qué hacemos esto? Porque es periodismo, porque, como medio de comunicación, estamos obligados a buscar todas las vías para controlar al poder y servir al pueblo. El periodismo no es sólo contar o copiar lo que dice una nota de prensa, es tener la información, la documentación de una estafa contra un pueblo y callarse y no ponerlo al servicio de la gente para defender los derechos y la libertad del pueblo, en este caso, de las 305.000 familias arruinadas. Realmente ya lo hemos intentado durante estos años en España llevando a la Audiencia Nacional toda esa documentación. Sin embargo, si estamos recibiendo informaciones de que hay gente muy cercana al Santander que está todo el día en la Audiencia Nacional, pocas palabras bastan. Si el juez instructor va a la presentación de un libro y se sienta al lado de Baltasar Garzón que es amigo del Santander, pocas palabras bastan. Si es amigo de la ministra de Justicia, pocas palabras bastan. Si recibimos cientos de cartas en las que nos dicen que las personas afectadas viven con la ilusión de leer todos los días Diario16 y nos piden que sigamos con nuestras informaciones, pocas palabras bastan. Si hay un millón de afectados y hay unas elecciones, pocas palabras bastan. Como consecuencia, estamos llegando a Europa e iremos donde sea necesario para defender a los afectados para llegar a un acuerdo, tal y como se llegó en situaciones mucho más difíciles, como sucedió con ETA o con el convencimiento de que nunca se podrá arreglar el conflicto catalán sin diálogo. Esto es un golpe de Estado y también hay que llegar a un acuerdo y un diálogo, al que sea necesario llegar. Y con pocas palabras basta.

El Caso Banco Popular se está encontrando con distintas trabas a la hora de encontrar una solución para los afectados. En primer lugar, una instrucción en la Audiencia Nacional que, tal y como dijo el juez Elpidio Silva en la entrevista concedida a este medio, «no existe» porque no se han aplicado las medidas cautelares necesarias y que en estas páginas se han reclamado al juez Andreu. En segundo término, las comisiones parlamentarias en España, sobre todo por un formato en el que se le da todo el poder al compareciente en vez de a los diputados, no permitieron que se esclareciera ningún tipo de responsabilidad, además de que algunos de los que allí hablaron presuntamente cometieron delitos por afirmar cosas que no eran verdad, además de que se excluyó a muchos de los verdaderos responsables del Caso Banco Popular porque hubo partidos que vetaron su presencia, tal y como ocurrió con la solicitud de comparecencia de Ana Patricia Botín y que fue vetada por PP, Ciudadanos y PSOE. En tercer lugar, es una mala señal para una democracia que el pueblo, en este caso los afectados, desconfíen de la Justicia española y de que finalmente se sentenciará en favor del Santander, tal y como ya ha ocurrido en otros procedimientos en los que había claros indicios delictivos y que fueron archivados o con fallos favorables a la entidad cántabra, algunos de ellos protagonizados por el mismo juez que está instruyendo el Caso Banco Popular. En cuarto término, las irregularidades que cometieron las instituciones europeas deben ser analizadas por el Parlamento porque, al fin y al cabo, ni siquiera a la Comisión se le dio tiempo suficiente para supervisar la operación (77 minutos), por no mencionar que la propia JUR incumplió varios artículos de los reglamentos que está obligada a cumplir.

Estas son algunas de las razones técnicas que nos han movido a iniciar los trámites para que los europarlamentarios conozcan la realidad de lo que ocurrió con el Banco Popular. Se les entregará toda la documentación que obra en nuestro poder, la gran mayoría de ella ya en posesión de la Justicia española, para que la analicen. Diario16 presentará la propuesta de creación de una Comisión de Investigación que, de una vez por todas y sin ningún tipo de interés partidista interpuesto, se depuren las responsabilidades y se muestre a la Justicia lo que realmente provocó la ruina de más de 305.000 familias.

Sin embargo, hay un aspecto que en Bruselas deben conocer y que parece que olvidan: el factor humano, lo que están sufriendo todas y cada una de las personas afectadas, de los pequeños accionistas, que no son especuladores como algunos, incluido Rodrigo Echenique, quieren hacer creer a la opinión pública para poner un velo y que la gente no mire hacia los verdaderos culpables. Por eso es necesaria la entrada del Parlamento Europeo con, por ejemplo, una comisión de investigación en la que pudieran interrogar sin ningún tipo de cortapisa a los dos últimos presidentes anteriores a la resolución y, por supuesto, a Ana Patricia Botín e, incluso, realizar un careo entre los tres, a pesar de que esto supusiera un enfrentamiento desigual porque Saracho, evidentemente, se alinearía con el Santander.

El Europarlamento tiene potestad para iniciar una comisión de investigación para examinar las infracciones del Derecho de la Unión o la presunta mala administración en su aplicación. Todo ello se encuentra recogido en el Reglamento Interno, Título VIII, artículo 198.  En el Caso Banco Popular se han vulnerado reglamentos europeos y, por lo tanto, pueden formalizar una comisión de este tipo.

El apoyo de Europa a los afectados del Banco Popular es fundamental si se quiere llegar a una solución pactada. Por eso, Diario16 llevará al Parlamento el caso para visibilizar lo que ocurrió aquella noche del 7 de junio de 2.017 y que esas más de 305.000 familias puedan recuperar lo que se les arrebató con nocturnidad, premeditación y alevosía.