viernes, 23 enero, 2026

IU pide que se denuncien los acuerdos con el Vaticano

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Izquierda Unida ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que pronunciarse sobre qué orientación quiere dar a su relación con la jerarquía de la Iglesia católica y, más en concreto, sobre su postura ante “la impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores”.

Esta actuación parlamentaria se concreta, en primer lugar, con la petición de comparecencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, para que “aclare si el Gobierno va a denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica compatible con los parámetros de un Estado aconfesional y acabar, en particular, con la impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores”. Firman la iniciativa el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y el de la Comisión Constitucional de esta misma formación, Alberto Garzón y Ricardo Sixto, respectivamente.

En el mismo sentido, la diputada Eva García Sempere ha registrado una serie de preguntas por escrito para que el Ejecutivo del PSOE responda de la misma forma, entre otras cuestiones, para saber si “piensa requerir a la Iglesia católica española que promueva la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus religiosos” y si “considera el Gobierno que los Acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo para acabar con la opacidad en la Iglesia y la falta de colaboración con la justicia en casos de pederastia”.

La parlamentaria de IU explica que según distintas informaciones, y encargado por la propia Conferencia Episcopal de Alemania, un “informe interno documenta un total de 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos católicos desde 1946 hasta 2014 en ese país. La mitad de las víctimas eran entonces menores de 13 años”.

“Mientras que la Conferencia Episcopal alemana al menos investiga los abusos a menores -constata- y traslada sus conclusiones al Papa Francisco, la Iglesia española oculta sin pudor los casos de pederastia”.

Un trabajo periodístico del diario ‘El País’ concluye que la Iglesia española ha silenciado durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. Ni comunicó estos abusos a la Fiscalía para ser juzgados ni hizo públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas.

Cabe recordar que el Código Canónico que aplican los tribunales eclesiásticos sólo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado o la expulsión del estado sacerdotal en casos muy extremos.

Se da la circunstancia, además, de que la formalización de estas iniciativas en el Congreso ha coincidido con el anuncio por parte de la Conferencia Episcopal española de su decisión de crear una comisión para revisar los protocolos de actuación ante los abusos sexuales. Eso sí, estará encabezada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que se ocupó de silenciar un caso de pederastia en La Bañeza (León)

Eva García Sempere advierte también de que esta opacidad en la Iglesia católica española y su ausencia de colaboración con la justicia “parecen buscar refugio en los Acuerdos con la Santa Sede de 1976, que sustituyeron al Concordato de 1953”. Dichos acuerdos establecen, en particular, que: ‘En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio’.

La diputada de IU concluye su iniciativa interrogando si “¿piensa el Gobierno denunciar los Acuerdos con la Santa Sede para revisar todo aquello que contraviene las esencias de un Estado aconfesional?”

Andalucía necesita un giro a la izquierda

En torno a cuatro décadas después de gestión política en Andalucía por Gobiernos encabezados por el PSOE, (en la última etapa dirigido por Susana Díaz y el apoyo de C’s), este sistema  “liberal capitalista”  demuestra que el modelo está agotado y que por tanto, es preciso, como en el resto del Estado, que se desarrolle una táctica de ruptura con las derechas que nos permita encaminarnos con firmeza hacia la necesidad de un giro a la izquierda, en defensa de la clase trabajadora y capas medias empobrecidas por la crisis capitalista y el freno que ha representado para la ciudadanía  el corsé de los recortes y austeridad aplicados por la nefasta política del anterior gobierno reaccionario del PP.

El control férreo que ejercen a escala europea y mundial un puñado de grandes grupos financieros y multinacionales, para mantener los beneficios y los privilegios de unos miles de archicapitalistas, se ha convertido en una pesadilla que le amarga la vida a millones de seres humanos en Andalucía y el resto del planeta que han venido sufriendo en el último decenio  una pérdida del nivel de vida que se hace insoportable.

Los conflictos bélicos, el paro, las enfermedades, el hambre y la miseria, junto a los desastres ecológicos, siguen aumentando año tras año. Vemos cómo desaparecen en todos los países, incluyendo la Rica Europa de los Mercaderes, las conquistas históricas alcanzadas por las luchas sociales que constaron años y sacrificios, instalándose en todas partes la precariedad en el trabajo, jornadas prolongadas sin remunerar y una enorme sensación de incertidumbre y malestar porque alguien nos está robando nuestro futuro.

El socialismo es la ideología natural de la clase trabajadora, pero incluso los avances que alcanzó la lucha por el socialismo están retrocediendo de forma alarmante, mostrando la socialdemocracia,  que es la corriente dominante en los Partidos Socialistas de Europa,  que están sucumbiendo por no hacerle frente con contundencia a los problemas sociales como ha ocurrido hace unos días en Baviera (Alemania) donde el Partido Socialdemócrata alemán (PSD) ha sido derrotado en las urnas,  pasando a la quinta posición, reduciendo su apoyo a la mitad, cuya causa podría atribuirse al Pacto de Coalición con la Unión Social Cristiana de Merkel (CDU) que se da también un fuerte batacazo perdiendo más de un 12% de votos.

La  lucha por el genuino socialismo ha dejado de ser una utopía para convertirse en una necesidad ante el robo, el saqueo, los abusos y la corrupción permanente del fruto del trabajo por parte de la burguesía y sus políticos mercenarios, que está representando un freno para el desarrollo de la economía. Tras un decenio de recesión, que ha creado un proceso peligroso de desigualdad, la economía podría entrar en declive de nuevo, si continúan aplicando las mismas recetas que nos han llevado al desastre.

Muchos trabajadores nos están exigiendo un relato que explique con el máximo rigor, cuales son los problemas que padecemos y las causas que lo producen, porque en realidad, lo de la salida de la crisis es una parte de la verdad, ya que son los ricos los que han venido obteniendo enormes beneficios mientras la clases menos favorecidas se han hundido en la miseria, como demuestran unos cuantos datos que reflejan la cruda realidad entre Ricos y Pobres.

Un comunicado de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (8-6-18) dice: “Según se desprende de los datos de nuestro último informe, un 41,7% de la población, lo que equivale a tres millones y medio de personas, se hallan en riesgo de estar en situación de pobreza y/o exclusión, mientras que el 78,1% tiene dificultades para llegar a fin de mes”.  Lo que indica que Andalucía sigue padeciendo una vulnerabilidad crónica, pese a que el crecimiento del PIB ha sido un 3,7% en 2017, un 2,8% en 2016 y un 3% en 2015.

La Renta per Cápita que es el indicador que muestra la calidad de vida, en Andalucía fue de 18.470 €/año en 2017, frente a los 25.100 € de media per cápita a nivel Estatal.  El paro en Andalucía al inicio de la crisis, según la EPA de 2008 estaba en un 21,7 %. Nueve años después, según la EPA de 2017 el índice de paro está en el 24,4%, es decir, una década perdida con un 2,7 % de aumento global de los desempleados y un deterioro salarial muy grave. El número de Archimillonarios en España que declaran patrimonio de más de 30 millones se ha triplicado desde 2006 a 2016, pasando de 200 personas a 579. En Andalucía los 15 capitalistas  más ricos declaran un patrimonio neto de 6.910 millones €, una media de más de 460 millones cada uno.

Estos datos ponen de manifiesto por una parte, que la distribución de la riqueza en Andalucía, como en el resto del Estado se ha repartido de manera injusta y desigual. Y por otra que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y que la acción política del Gobierno de Andalucía no ha podido responder con satisfacción  a las necesidades de las clases más desfavorecidas, pues siguen empeñados en defender su gestión del “capitalismo”, en vez de explicar que es ese modelo “la causa de todos los males que padece la clase trabajadora”, como explicaba Pablo Iglesias Posse,  fundador del PSOE y la UGT.

El giro a la izquierda y una táctica unitaria tras las próximas elecciones es más necesario que nunca, porque la “la centralidad ideológica” del pacto con C’s en Andalucía ha demostrado que no ha ofrecido los frutos sociales que se prometían, pero sí frutos económicos positivos para los capitalistas que han visto aumentar sus patrimonios y beneficios mucho más que en el resto del Estado.

Es necesario acabar con el peligroso intento de acercamiento continuista a las políticas “liberales-conservadoras” pues los partidos apoyados por la clase dominante han  dado un giro a la derecha extrema, tanto por parte del PP y C’s como por el neofascista VOX que podrían preparar una alianza tipo CEDA en su momento.

El bipartidismo se ha roto y continúa el proceso de polarización entre las clases tanto en Andalucía como en el resto del Estado. Debido a la radicalización es probable que nadie consiga mayoría absoluta por lo que será necesario aplicar políticas de entendimiento entre bloques  para poder  formar gobierno. Se perfilan 2 grandes polos: Un “Bloque social” (Susana Díaz por el PSOE, Teresa Rodríguez por “Adelante Andalucía con Podemos, Izquierda Unida, Equo y otras fuerzas sociales y sindicales) que representarían al mundo del Trabajo. Un “bloque burgués” (Moreno Bonilla por el PP,  Juan Marín por C’s  y Vox, si éste consigue algún parlamentario) que representarían y defenderían al polo pro-capitalista.

El teórico “centro” se ha diluido y la fuerza política que intente reivindicarlo perderá votos e influencias. Si el PSOE revalida la mayoría simple, como señalan las encuestas, debería descartar el pacto contra/natura con las fuerzas de derechas, que han realizado un giro peligroso hacia posiciones extremas cercanas al neofranquismo de VOX.

Sería un error insistir en un pacto contra natura en esa línea, pues  podría representar el inicio de la descomposición del PSOE dañando la posibilidad de un Gobierno Central de izquierdas, encabezado por Pedro Sánchez y lastrar el intento de un futuro Gobierno fuerte en las próximas generales.

Por otra parte existe una cierta desconfianza de la militancia y los votantes de la clase trabajadora y clases medias que debemos intentar explicar,  pues recelan de la viabilidad de un  proyecto de gobierno encabezado por el PSOE en Andalucía, que discrepe con el del Gobierno Central, cuando éste que dirige  Pedro Sánchez, está intentando el giro a la izquierda de una cierta alianza con Izquierda Unida-Podemos, por lo que Susana Díaz debe aclarar en la campaña próxima si es partidaria de la posibilidad de construir un nuevo proyecto mediante un giro a la izquierda aquí en Andalucía, para conquistar una Mayoría Social en esta CCAA, o va a seguir coqueteando con C’s o PP, que han girado hacia la derecha extrema como se observa por sus afinidades programáticas y su radicalidad ultra.

La clase trabajadora y la juventud están entendiendo que no tenemos nada que ganar bajo este sistema injusto de capitalismo mafioso. Por ello, es preciso avanzar hacia la expropiación de los que han expropiado al pueblo, con una lucha firme contra la corrupción, buscando la posibilidad de una Banca Pública, además de un control impositivo a los monopolios y los grandes terratenientes ociosos para poder utilizar los colosales recursos de nuestra tierra para resolver el problema del paro y la miseria.

La planificación de la economía es posible y necesaria, pero sería reaccionario seguir utilizando el poder de la Junta de Andalucía solo para garantizar el máximo lucro privado de una minoría de parásitos, sino que debe realizarse para beneficio del conjunto de la sociedad como es el objetivo del socialismo.

Ese será el camino con el que estaríamos en condiciones de construir una nueva sociedad, profundamente democrática e igualitaria, así como genuinamente socialista, porque la socialdemocracia cautiva del socio/liberalismo y éste a las órdenes del capitalismo, ha fracasado en su proyecto de conseguir un reparto justo del fruto del trabajo y solo se salvará si da un paso firme en defensa del mundo del trabajo.

Por lo cual es preciso ese giro a la izquierda para continuar la lucha cotidiana por la supervivencia y el nivel de vida de las masas, que aumentarían drásticamente cuando los medios de producción estén bajo el control democrático de la clase trabajadora y capas medias, al servicio del bien común,  para que podamos participar conscientemente en las mejores decisiones políticas, económicas, sociales y culturales lo que exige una democracia participativa y el control social de los recursos al servicio de la abrumadora mayoría que son los pobres, la clase trabajadora y las capas medias empobrecidas por la crisis.

El socialismo marxista y democrático considera que en la actualidad, con la fuerza potencial que tiene la clase trabajadora, marchando hacia una  mejor organización y  unidad y poniéndonos todos a una, en un bloque a favor de la causa ética del socialismo, en una lucha radical contra la corrupción, para avanzar hacia un mundo mejor para todas y todos, un cambio de modelo de sociedad es posible y  más necesario que nunca.

Para ello necesitamos seguir construyendo un fuerte movimiento de las izquierdas,  masivo, audaz y democrático. Esa inmensa tarea nos exige a los trabajadores un mayor grado de participación activa en las urnas con el voto y en la calle en defensa de nuestros derechos, de forma masiva como clase trabajadora, con parados, estudiantes, pensionistas, movimiento feminista, así  como los demás movimientos sociales, que será la mejor forma de frenar al movimiento “neo-nazi-fascista” rampante en toda Europa y que también empieza a iniciarse en Andalucía, por lo que es urgente reconstruir nuestras fuerzas para derrotar a la reacción en las urnas y en las calles, participando activamente  en las próximas confrontaciones electorales que se avecinan.

La JUR y el BCE forzaron la resolución del Popular

A medida que se van analizando los propios documentos oficiales que obran en poder de la Audiencia Nacional, más causas de nulidad de la operación del Banco Popular aparecen. La propia JUR, en su exposición de las razones que le llevaron a tomar la decisión de resolver a la entidad, está reconociendo que, en base a la verdadera realidad en la que se encontraba el Popular, forzó la resolución y la venta por un euro al Santander.

La Junta Única de Resolución indica, en primer lugar, que, en colaboración con el BCE, no «existen medidas alternativas que pudieran evitar que la Entidad vaya a estar en graves dificultades dentro de un plazo razonable» y que, por tanto, se cumplía una condición establecida en el Mecanismo Único de Resolución para resolver al banco. La JUR, sin embargo, no tuvo en cuenta que el Popular disponía de liquidez suficiente para el día siguiente y que sólo faltaba un trámite en el Banco de España para que se le ampliara la línea de emergencia en 4.000 millones de euros que, sumados a los seiscientos de los que ya disponía, daba una cantidad suficiente como para que Emilio Saracho hubiera ejecutado todas las variables que tenía metidas en un cajón para dar liquidez a la entidad y reforzar su capital.

Según la JUR, «no hay posibilidad razonable de que cualquier medida alternativa del sector privado pudiera evitar que la Entidad vaya a estar en grandes dificultades», y pone argumentos fácilmente rebatibles por los documentos publicados por Diario16 y que obran en poder de la Audiencia Nacional: la carta de Saracho con una firma «presuntamente» falsa y que seguía las instrucciones de Uría y Menéndez; la no venta del Popular en el proceso privado iniciado por Saracho a través de JP Morgan, cuando hubo ofertas como la del Santander o los 4.000 millones que CaixaBank, a través de Criteria, iba a destinar a esta operación; la imposibilidad de conseguir más liquidez mediante transacciones comerciales «u operaciones con el BCE ni a través de medidas previstas en sus planes de financiación ante contingencias», cuando existía una oferta de Värde por WiZink o se había rechazado la propuesta de BCI por TotalBank. La JUR remata esta argumentación afirmando de manera contundente que la ELA «será insuficiente en lo que respecta al tiempo de deterioro de la situación de liquidez», algo que, el informe del Banco de España, desmiente totalmente.

El propio BCE confirmó que «no hay medidas de supervisión o actuación temprana disponibles que pudieran restablecer la situación de liquidez de manera inmediata y que le permitieran garantizar que dispondría del tiempo suficiente para implementar una operación societaria u otra solución». Tanto la JUR como el Banco Central Europeo vuelven a olvidar, o no tenían constancia de ello porque Saracho no les informó de ello, que existían ofertas de ampliación de capital por valor de 8.000 millones de euros, una oferta de Värde por WiZink de 1.900 millones y que Saracho había rechazado la de TotalBank por 545 millones de dólares lo que provocó que el mismo día 6 de junio el banco chileno le remitiera una carta conminatoria en la que rompían las negociaciones porque tenían la sensación de que se les estaba dando largas.

Ante todo esto, más la liquidez de la que podría disponer el Popular en los días siguientes si Saracho presentaba las garantías que le pedía el Banco de España, que no eran otras que presentar documentación original y no copias, se podría decir que la resolución fue forzada para cumplir con los plazos marcados por el FROB tras la reunión del día 3 de junio con la JUR y Saracho.

Ante todo esto, ¿a qué espera la Justicia?

El pacto Sánchez/Iglesias cumple con el principio de justicia tributaria de la Constitución

El acuerdo de presupuestos cerrado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contempla un ambicioso paquete de medidas fiscales que pretenden recaudar más dinero por la vía de impuestos entre aquellos que más tienen, según el principio de igualdad y de redistribución de la riqueza que debe inspirar a todo Estado de Derecho. Desde la instauración de la democracia, ningún Gobierno se había atrevido a llegar tan lejos a la hora de gravar las rentas más altas. Hasta tal punto que podemos decir que estamos ante el borrador de presupuesto más auténticamente socialista de cuantos se han aprobado desde 1978. Así no extraña que las alarmas se hayan encendido en Bruselas, ni que el FMI ya haya advertido a los firmantes del documento de que sean “cuidadosos” con las reformas. Y eso que estamos hablando de España, el país que figura a la cola de los países de la Unión Europea en recaudación fiscal y hasta Italia, Grecia y Portugal, por poner ejemplos de países del entorno mediterráneo, están por delante.

Los expertos estiman que en España existe una bolsa de economía sumergida que ronda los 240.000 millones de euros anuales, es decir el 23 por ciento del Producto Interior Bruto. Se sospecha que el 70% de esa inmensa cantidad de dinero que no se declara proviene de la evasión, fuga de capitales y fraude fiscal. No hace falta caer en la demagogia fácil para comprender que si se llegara a recaudar tal volumen de capital evadido, España sería uno de los países más ricos de Europa y no tendríamos problemas para financiar servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, pilares fundamentales del maltrecho Estado de Bienestar.

Según el pacto de presupuestos firmado por PSOE y Podemos la pasada semana, las fortunas que superen los diez millones de euros tendrán que pagar un 1% en el impuesto de patrimonio. Esta «nueva fiscalidad» que tratan de implantar los socialistas (empujados por sus socios de Gobierno de la formación morada) supone, ni más ni menos, que cumplir un precepto básico recogido en el artículo 31 de la Constitución Española y que hasta ahora se solía pasar por alto: el de justicia tributaria. Según la Carta Magna, “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Es decir, aquellos que más tienen más impuestos deben pagar, no solo por un principio de fiscalidad que se cumple en todas las democracias del mundo sino por puro sentido de la lógica.

Otro punto importante que han pactado ambos líderes políticos es la subida del IRPF a aquellos con rentas superiores a los 130.000 euros. Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que ganen más de esa cantidad y cuatro para la parte que exceda de 300.000 euros. Fue en ese punto donde chocaron en un primer momento de la negociación PSOE y Unidos Podemos. La formación de Iglesias quería que el límite mínimo se rebajara a 120.000 euros mientras que los socialistas no estaban dispuestos a exprimir todavía más el bolsillo de los que más tienen. Al final del tira y afloja el listón ha quedado situado en 130.000 euros, lo cual ha levantado ampollas entre la derecha de PP y Ciudadanos y sus terminales mediáticas. Desde los periódicos conservadores y también desde alguna que otra cadena de radio y televisión todavía más a la derecha se ha puesto el grito en el cielo con los pobres ricos. Cómo va a pasar ahora el mes toda esa gente que gana una fortuna, se lamentan. E invocan el argumento demagógico de la libertad individual, el derecho de cada cual a ganar más dinero, cuando el Estado socialdemócrata no pretende acabar con la economía de mercado sino corregir los excesos del capitalismo salvaje para que el 10 por ciento más rico de la población española ‒el que concentra más riqueza que todo el 90 por ciento restante‒, pague más impuestos. Además, un país en el que sus ciudadanos pagan más impuestos es un país mucho más avanzado, moderno y con mejores servicios públicos, algo que suelen olvidar los señores de la bancada popular y los liberales naranjas de nuevo cuño.

Que la permisividad fiscal con los que más tienen y el fraude genera desigualdad y pobreza y que cualquier Gobierno, sea de derechas o de izquierdas, debería luchar contra esa lacra sin descanso –por la propia supervivencia no ya del Estado de Bienestar, sino del Estado mismo– no lo dicen solo políticos “rojos” y economistas o intelectuales más o menos iluminados, sino los expertos en derecho tributario. Así, el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, elaborado por el sindicato de técnicos e inspectores de Hacienda Gestha, asegura: “Podríamos hacer referencia a un estudio del profesor F. Schneider en el que cuantifica que el importe estimado de la economía no declarada representaba entre los 203.550 millones de euros del año 2008 y los 206.143 millones de euros del año 2010 o los 201.310 millones de euros del año 2012. En todo caso, e independientemente del tamaño de la economía sumergida con respecto al PIB, se trata de cantidades de dinero muy considerables, especialmente en una situación de crisis económica como la actual donde los recortes que sufre la economía española son constantes. Estas cantidades ponen de manifiesto, otra vez, la necesidad de luchar de una manera eficaz contra la injusticia que representa para la sociedad la existencia de un persistente y elevado nivel de economía sumergida”. Un mensaje del que deberían tomar nota los líderes de nuestra rancia, inmovilista y carpetovetónica derecha española.

 

Pablo Casado, el antipatriota desleal

Pablo Casado podrá ponerse todas las pulseras con banderita de España que desee, podrá colgar todas las banderas españolas en sus balcones, podrá imaginar una España imperial que no existió, pero a la hora de la verdad, en el ejercicio de sus funciones política, no es más que un antipatriota. Ya había advertido el lunes 15 de octubre que pensaba avisar a los dirigentes de la Unión Europea que los presupuestos elaborados por el Gobierno del PSOE no eran de fiar. Podía tratarse de una boutade más del dirigente conservador, pero ha ratificado esa intención en el desayuno informativo de Europa Press. La supuesta “italianización” de los presupuestos quiere ser enfrentada en Bruselas haciéndole la cama al Gobierno. Una deslealtad institucional que hasta la fecha no se había dado en materia tan importante. Los partidos respetaban los presupuestos ante la UE aunque se confrontasen en España.

Esta mañana se reunirá con Angela Merkel y demás presidentes conservadores del Partido Popular Europeo, más los presidentes de la Comisión Europea, el Consejo y el parlamento y les dirá que “le exijan tanto a Sánchez como le exigieron a Rajoy”. Que el rigor presupuestario sea el máximo exigible para unos presupuestos que “son muy negativos”. No se esconde, además, en declarar que piensa decirles a sus colegas conservadores y a los mandamases comunitarios que “el proyecto de presupuestos lo que está basando (sic) es la futura recesión en España”. Nada más y nada menos que a quien han regalado un Máster se lanza a hacer pronósticos desfavorables para con el gobierno de su país. Mucha bandera de España pero poco respeto institucional.

Desde el gobierno le han querido recordar a Casado que su actitud no tiene nada de patriótica, sino todo lo contrario. Así la vicepresidenta Carmen Calvo ha manifestado: “Lo que tiene que hacer el señor Casado, en su condición de patriota, es hablar bien de su país y respetar que está en la oposición y a la mayoría que gobierna”. No hará caso a Calvo porque se ha lanzado al monte en una operación, que cuenta con el apoyo del establishment de momento, donde el “todo vale” es la estrategia principal. Por eso no es de extrañar que Iratxe García le dijese desde el PSOE que es muy típico de Casado y el PP en general el “jugar en contra de los intereses de los españoles, mientras se le llena de boca de falso patriotismo”. Tampoco se han callado en Unidos Podemos, donde la diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha calificado el viaje de “surrealista”, por no decir algo más fuerte. También le ha animado a ser patriota y apoyar la nueva petición de comisión de investigación parlamentaria sobre Juan Carlos de Borbón. Pero ahí Casado no será patriota sino cortesano. El caso, como quiso rematar García Sempere, es que no se puede ser patriota e “ir a criticar a Europa los Presupuestos de este país por los pasillos, como ya hizo con el señor Juncker”.

Demuestra Casado que su patriotismo, teniendo todo el derecho a criticar los presupuestos en el Congreso, es falso. Que sólo es patriota para la bandera y las proclamas contra ciudadanos que piensan distinto a él. Cuando de verdad hay que demostrar patriotismo, como sucede ante la UE, sale su lado oscuro y patrimonialista, su lado antipatriótico. Por conseguir un poder que, como buen representante de la derecha, considera propio patrimonio, es capaz de vituperar a Gobierno elegido libremente por la soberanía nacional. Esa misma que quiere defender ante los ataques del independentismo. Es un patriota de pulsera nada más. Un personaje que no cree en la democracia. Bueno sí, en la democracia censitaria seguramente sí crea. Como buen liberal eso de la democracia le resulta ciertamente un estorbo necesario para contentar a las masas, pero como sucede en otras partes de Europa, los conservadores y liberales odian a la democracia, como demostró Jacques Rancière.

Y como conservador no tiene más patria que la del dinero. Por ello los presupuestos le parecen lo peor que le podría pasar a España. Una España que queda identificada en su inconsciente y en sus palabras con una élite capitalista que utiliza a la ciudadanía para proseguir con su régimen de acumulación. Los presupuestos presentados por PSOE y Podemos, y que gustan a PNV y ERC, reducen esa capacidad de acumulación, que no de generación de riqueza. Son presupuestos sociales que intenta paliar los efectos del capitalismo financiarizado. Son unos presupuestos que están pensados en devolver a la ciudadanía lo que se le quitó en favor de la fracción financiera. Son unos presupuestos que por todo ello no gustan a los patriotas de la patria elitista del establishment. No defiende a España Casado con sus acciones y palabras, defiende a la coalición dominante y al capitalismo. España como patria y nación es un instrumento en sus manos para distraer, mediante una identidad histórica, a las personas decentes del país. La última intención, sin embargo, es hacer el juego de los poderosos. Un antipatriota de pulsera del Ibex-35 es.

Post Scriptum. Justo mientras se subía esta noticia hemos tenido conocimiento de un rifirrafe verbal entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, donde el presidente del Gobierno ha calificado de desleal al conservador por su expectativas de viaje y la mala baba que gasta. Casado ha respondido que «decir la verdad no es deslealtad». El problema para Casado es que la verdad no la tiene él. Primero por incapacidad intelectual demostrada y segundo porque no ha presentado ni un sólo dato que contraríe los presupuestos. Su posición no es sobre una verdad, sino sobre una ideología. Claro que tan acostumbrado a mentir está el dirigente popular que piensa que todo lo que dice es verdad, cuando más bien vive en una realidad paralela.

El PSOE acusa al Gobierno regional de utilizar el chantaje y forzar las instituciones para perjudicar gravemente el desarrollo de Cartagena

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, y la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, han denunciado que el Gobierno regional está utilizando las instituciones “de manera irresponsable para bloquear que el Ayuntamiento tenga las normas urbanísticas transitorias del Plan General de Ordenación Urbana del municipio”.
López Pagán subrayó que “el Partido Popular y su comparsa Ciudadanos están cometiendo un atropello al Estado de derecho y no están defendiendo los intereses generales de la Región, forzando incluso que instituciones tan respetables como el Consejo Jurídico de la Región, al que el propio Gobierno regional pidió informe sobre esta situación, sin que a fecha de hoy haya habido contestación, aunque todo apunta a que este órgano ratificará a los letrados de la Asamblea Regional”.
El portavoz socialista denunció que el Gobierno regional “está utilizando la triquiñuela de la Ley de aceleración empresarial para seguir negando el desarrollo de Cartagena y para que la consejera Noelia Arroyo haga campaña electoral”.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una moción en la que exige al Gobierno regional que de manera inmediata se aprueben las normas urbanísticas transitorias para Cartagena. Asimismo, López Pagán ha anunciado que el PSOE va a pedir el voto nominal de las diputadas y diputados de la Asamblea, para que cada uno asuma la responsabilidad de votar un texto legal que está contraviniendo la ley.
Por su parte, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, reprochó al Gobierno regional haber faltado a su palabra con Cartagena. “Nos han tenido entretenidos y ahora vienen con otra ocurrencia, la de incluir en la Ley de aceleración las normas transitorias de Cartagena. No voy a permitir como alcaldesa que se confunda a la ciudadanía y a los empresarios”.
Castejón aseguró que actualmente hay bloqueados numerosos proyectos industriales en el Valle de Escombreras y 13 residenciales paralizados, a la espera de que las normas transitorias sean refrendadas por el Consejo de Gobierno. Además, la ausencia de las normas está provocando una fuga de inversiones ante la falta de seguridad jurídica.
Las normas transitorias tienen un carácter temporal mientras se elabora el nuevo Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Actualmente, la ciudad no cuenta con la normativa de carácter municipal necesaria para la planificación urbanística, por razón de los gobiernos del PP, encabezados por Pilar Barreiro, lo que está suponiendo un gravísimo perjuicio para los intereses económicos y sociales de la segunda ciudad más poblada de la Región.
“Le pedimos al Gobierno regional que no siga sembrando incertidumbre en el ámbito urbanístico en Cartagena, porque a día de hoy la Ley de aceleración no cuenta con el visto bueno de los informes jurídicos de la Cámara y no podemos seguir esperando por más tiempo sin poder atender las demandas de la ciudadanía y el empresariado”.

La Garantía de Moreno Bonilla no cumple la normativa europea

“Garantía de cambio” es el lema escogido por Juan Manuel Moreno Bonilla para la campaña electoral en Andalucía de 2 de diciembre de 2019. Un eslogan que vale al PP andaluz o a un mono tití con chalequito y sombrero cordobés. Un eslogan falso por incumplir la normativa europea de productos, y el PP-A no deja de ser un producto consumo. Afirma ufano Moreno Bonilla que sólo el partido conservador puede garantizar un cambio real en Andalucía, pero no nos garantiza que ese cambio sea a peor y no se pueda realizar la devolución preceptiva a los quince días. Ni el PP garantiza, como debería hacer cualquier empresa (y el PP-A es una empresa de colocación) que el producto es fiable, ni cumple con lo especificado en el prospecto (en este caso el programa electoral).

No cumple los estándares mínimos de devolución porque votando al PP-A lo que se asegura Andalucía es sufrir 4 años de austericidio y de devaluación de lo público en favor de los intereses de los ricos. Moreno Bonilla ya acabó con la dependencia cuando andaba por Madrid haciendo el trabajo sucio a Soraya Sáenz de Santamaría. Un coste estatal que ha tenido que asumir la Junta de Andalucía para no dejar tiradas a las personas que requerían esos servicios de dependencia. Y todavía saca esa sonrisa más falsa que una moneda de tres euros. No hay garantía de cambio en el PP-A sino garantía de regresión y saqueo de las arcas públicas en beneficios de los amigos. Eso sí lo han demostrado en distintos ayuntamientos y diputaciones que gobiernan y han gobernado en Andalucía. Por tanto no hay cambio alguno posible. Y a Moreno Bonilla no se le puede devolver a los quince días, como se ha dicho, con el perjuicio de aguantarle esos cuatro años de legislatura.

Lo peor no es no poder devolverlo sino que además se sabe que es un producto de chino. Se sabe que la calidad del producto no es buena y que puede servir para un apaño o para contentar a los críos en la playa, pero no para gobernar. Y como pasa con los productos de usar y tirar si se compran se sabe que no va a salir bueno. Entonces qué garantía ofrece el PP-A si sabemos que es un producto malo ya de entrada. Porque durante estos años Moreno Bonilla ha sido incapaz de presentar alguna propuesta en beneficio de Andalucía. Lo máximo fue pedir que los médicos que no tenía exclusividad y ejercían fuera del SAS cobrasen el plus de exclusividad… ¡¡¡porque no era justo!!! Claro debe tener muchos amigos en esa situación con los que comparte cañas y le dijeron en una de esas “¿A qué no te atreves a pedir que nos pongan el plus de exclusividad sin tenerla?”. Se vino arriba Moreno Bonilla y soltó: “¿Qué no? ¡Agárrame el cubata!”.

Y para rematar el marco de la falsedad de la garantía que ofrece, resulta que el día de su presentación con el dirigente máximo del PP, no aparece ni una bandera andaluza. Alguien le avisó de ello y rápidamente le dieron una para que la enseñase cuando subía al atril. Y esto es lo normal porque no creen ni en Andalucía ni en España. Sólo les interesa el poder político para hacer negocios, para ser el consejo de administración de la clase capitalista. Están en política la mayoría de los conservadores por dos razones. Una, favorecer a la clase capitalista. Dos, muy acentuada en el caso de Moreno Bonilla, no trabajar, ni sudar la gota. Se saben los ejecutores de los deseos de la clase dominante y quieren vivir de la política por los servicios prestados. ¿Qué garantía da todo esto? Ninguna. Por tanto, no sólo incumple la normativa europea el lema del PP andaluz, sino que además es falso porque no garantizan el cambio, ni la devolución. Claro que con un dirigente máximo que no sabe de historia qué se puede esperar.

Los datos de pobreza en la Región de Murcia son desgarradores

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha asegurado que, por mucho que el Gobierno regional intente minimizar, “como suele hacer”, los datos de pobreza en la Región de Murcia son desgarradores, especialmente en la infancia.
Los datos indican que “la Región está muy lejos del buen camino”, ya que 95.000 personas están en situación de pobreza severa y casi el 35 por ciento está en riesgo de pobreza. “Esto significa que las necesidades de una alimentación adecuada, de vivienda, entre otras, siguen sin estar garantizadas”.
Cano ha recordado que desde organismos internacionales de protección a la infancia la alarma está dada. “El futuro de estos menores ya estará terriblemente marcado si no atendemos esto con urgencia”.
“Si para algo debe servir la política, es para luchar por los que más lo necesitan, por los que ya no tienen fuerzas ni ánimo, para alzar su voz”, ha comentado.
Según la diputada socialista, las políticas del  Gobierno de España están haciendo un esfuerzo en este sentido y así debe ser también en lo más cercano. “Nuestros ayuntamientos son, una vez más, los que intentan paliar la realidad de sus vecinos y velan por los menores, aunque no siempre reciban los fondos necesarios para hacerlo”.
“Nos preocupa enormemente la precariedad de los trabajos que no permiten garantizar las mínimas condiciones de vivienda, alimentación y dignidad. Ese es nuestro compromiso desde el PSRM y seguiremos alzando la voz. Esa debería ser nuestra bandera, la de todos, no dejar a ningún ciudadano a la deriva”, ha indicado.
“Tal y como se declara en la Constitución, que con tanto ahínco y vehemencia defendemos, somos un estado social, y debemos atender y proteger a los ciudadanos y ciudadanas”, ha concluido

Alfonso Serrano se viene arriba y pide la dimisión del alcalde de Alcalá

Está crecidito últimamente Alfonso Serrano. El cambio en la dirección del PP a nivel nacional y la nueva paternidad parecen haberle dado energías nuevas y no para de atizar a diestra (Ciudadanos) y siniestra (PSOE y Podemos) casi todos los días. También reparte paella en sus momento libres y, quién sabe, si como hacen en otros partidos se anime a escribir un libro sobre liberalismo. El caso es que en esta ocasión el damnificado de sus soflamas ha sido el PSOE. En concreto ha pedido la dimisión del alcalde Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, por la apertura de juicio oral contra él por convocar en 2016 un Pleno Extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales por la vía de urgencia sin justificar y a sabiendas de que dos concejales del PP no podían asistir. Un hecho que penalmente está considerado como prevaricación.

Si el alcalde, como parece, no dimitiese de motu proprio, Serrano le ha recordado a José Manuel Franco que deberá hacer cumplir al munícipe con el propio reglamento interno del PSOE. “La pelota está en el tejado del PSM y Franco debe de tomar las riendas del asunto y asumir las responsabilidades que le correspondan, en caso contrario, no tiene la capacidad moral de exigírselas al resto” ha manifestado. Y aquí es cuando se ha animado y se ha venido arriba al afirmar que “el PP tiene el código ético más estricto de toda la Comunidad de Madrid, yo no digo que nos copien pero por lo menos, que sean capaces de cumplir el suyo”. ¡No exageremos Sr. Serrano! Los códigos son estrictos, da igual el partido, si se cumplen. Si no se hace, como sucede en el caso de Ciudadanos, pues es papel mojado.

Martínez-Almeida, García-Escudero y Serrano

Continúa Serrano metiendo el dedo en la llaga al afirmar que agrava aún más la situación el hecho de que el propio alcalde sea el presidente del Comité de Ética del PSM. “Que no cumpla su código ético ya no es una incoherencia sino una falta de respeto a los ciudadanos y a la propia regeneración política”, ha rematado. Algo en lo que el diputado popular, sin que sirva de precedente, tiene completa razón. Así son las normas del PSOE y debería cumplirse sea quien sea el personaje afectado. Sea amigo del secretario general o enemigo acérrimo.

La denuncia contra Rodríguez es similar a algunas que ha presentado el PSOE en Andalucía, por ejemplo, contra alcaldes del PP e independientes por situaciones similares. Con el conocimiento de que han sido condenados e inhabilitados. Así se entiende el enfado de Serrano cuando manifiesta que es “inadmisible y una falta de talante democrático que un alcalde convoque un pleno con 24 horas sabiendo que no estaban los miembros de la oposición”. Claro que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares es especial pues como recuerda el dirigente conservador “esto es una muestra más de los escándalos que asolan al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde el PSOE gobierna con cuatro concejales de Somos Alcalá imputados por dar subvenciones a personas afines a Podemos”. José Manuel Franco tiene la última palabra si quiere que los socialdemócratas madrileños conserven lo ético y no sea estético.

Podemos pide que no se pongan alfombras rojas a las casas de juego en CyL

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El Grupo Parlamentario de Podemos Castilla y León presentó ayer una PNL en las Cortes de Castilla y León para endurecer la normativa que permite en la comunidad que los locales de juego proliferen de una manera alarmante.  “Las apuestas deportivas se han convertido en un nicho de ocio para jóvenes y adolescentes por su facilidad de acceso y la publicidad, aparentemente inocua, que alcanza a todos los rangos de población a cualquier hora, ya sea a través de canales televisivos o radiofónicos, o bien a través de aplicaciones móviles y anuncios insertados” ha asegurado el Secretario General autonómico.

Esta proliferación de las casas de apuestas por los barrios más populares junto a la expansión de las plataformas de juegos online está suponiendo un gran desafío social y de salud pública en los últimos años por el elevado porcentaje de adicción que provoca. De hecho, la ludopatía es uno de los problemas sociales que más está creciendo. Por eso, Pablo Fernández, en rueda de prensa, ha afirmado que esta iniciativa pretende poner freno a la proliferación de las casas de apuestas en Castilla y León. “Queremos regular este ámbito e impedir que el PP siga poniendo una alfombra roja a las casa de juego” ha asegurado.

El consejero de Presidencia y Vicepresidente de la Junta de CyL, Santiago Juárez afirmó hace apenas unos días, con la aprobación de los cinco decretos de la Junta que facilitan la expansión de las casas de apuestas en la comunidad, que “es necesario mejorar la percepción social del juego”. Añadió además, que “no se puede prohibir todo” y que no debemos “demonizar el juego”.

Pablo Fernández ha replicado al respecto que sus declaraciones van “en contra de la salud pública” de la gente de la comunidad porque “entendemos que la ludopatía es uno de los problemas sociales que más están creciendo, se trata de un problema social enorme que se da en familias de todo tipo y condición y, a día de hoy, se encuentra fuertemente invisibilizado. Sin embargo, los cinco decretos aprobados recientemente por la Junta de CyL facilitan su expansión, la flexibilizan y ponen una alfombra roja a los locales de juego sin apenas control”.

Por eso, el Grupo Parlamentario ha registrado una PNL (ver en la galería adjunta) con el fin de racionalizar su expansión, y gestionar iniciativas destinadas a sensibilizar sobre los efectos de la ludopatía, intervenir y controlar su proliferación y reparar los efectos producidos por la actividad del juego.