viernes, 23 enero, 2026

El «feminista» Santander: el banco que más hipotecas deniega a mujeres en EEUU

José Antonio Gómez
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El «feminista» Santander: el banco que más hipotecas deniega a mujeres en EEUU

Tal y como hemos contado en Diario16, por mucho que Juan Manuel Cendoya, director del departamento de comunicación del Santander, se empeñe, en lanzar campañas de imagen de su presidenta Ana Patricia Botín en Twitter y algunos medios de comunicación o campañas de publicidad sobre supuestos fondos de inversión «feministas», además de  «publirreportajes» disfrazados de artículos sobre supuestas ayudas a las familias para el pago de hipotecas, ni su presidenta ni el Santander son feministas ni impulsan el desarrollo social, ni pretenden un crecimiento inclusivo, ni su modelo se rige por criterios éticos ni sociales, sino todo lo contrario, tal y como demuestran los hechos de las estadísticas de hipotecas de vivienda concedidas por el Santander en los Estados Unidos que contradicen esas campañas de publicidad del banco presidido por Ana Patricia Botín que, en realidad, no tienen otra finalidad que tratar de mitigar su riesgo reputacional.

La ley de divulgación de las hipotecas de vivienda (HMDA en su acrónimo en inglés) obliga a las instituciones financieras norteamericanas a facilitar información de la concesión de préstamos hipotecarios a los organismos supervisores. Del procesamiento de esa información se ha concluido en varios informes que el Santander es el banco de los Estados Unidos que menos hipotecas concede a los afroamericanos, los hispanos, las personas de ingresos bajos y a las mujeres, lo que le posiciona, comparativamente, como el banco más racista, clasista y sexista de Norteamérica.

Los estudios se centran fundamentalmente en poblaciones del noreste de los Estados Unidos (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Maryland, Connecticut, New Hampshire y Delaware), donde el Santander tiene su sede central (Boston) y se concentra la expansión del Santander, tras la compra del Sovereign Bank en 2009, donde tiene más de 700 sucursales y presta servicios a más de 2 millones de clientes generando ingresos por comisiones de más de 1.200 millones de dólares.

En los Estados Unidos, los bancos tienen prohibidas las prácticas discriminatorias como la «redlining», por la que rechazan los préstamos a residentes de bajos ingresos y comunidades de color (afroamericanos, hispanos, etc). Pese a ello, como demuestran los datos reportados a los supervisores, el Santander continúa segregando y excluyendo a las comunidades más desfavorecidas y utilizando prácticas crediticias claramente discriminatorias.

A tal nivel llegaron estas prácticas del Santander que el Ayuntamiento de la ciudad de Providence (Rhode Island) demandó al Santander en 2014 acusándolo de haber reducido, a partir de la adquisición del Sovereign Bank en 2009 hasta 2014, en un 60% los préstamos hipotecarios a afroamericanos e hispanos mientras los aumentaba en los vecindarios de blancos. La propia demanda llega a manifestar que el banco despreciaba las leyes de protección a los consumidores en Estados Unidos y en otros países en los que opera, hace referencia a su mala conducta corporativa en todo el mundo hasta el punto de relacionar diversos casos en Dallas, Missouri, Chile, México y España manifestando además de que en Inglaterra el Santander generaba más quejas y más baja satisfacción entre los clientes que ningún otro banco. Dicha demanda también manifestaba que el Santander había sido acusado repetidas veces de participar en prácticas ilegales y contrarias a los derechos de los consumidores.

De igual forma la división Santander Consumer USA ha sido investigada por el Departamento de Justicia norteamericano por condiciones abusivas en préstamos concedidos a personas de color para la adquisición de vehículos. Por esta razón demandado en noviembre de 2017 por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) por cobrar de más a los clientes en los préstamos para compra de coches. También el Santander USA ha tenido que pagar diversas sanciones por sus prácticas hipotecarias y de ejecución de préstamos:

  • Más de 16 millones de dólares, en 2013, por prácticas deficientes en el servicio y el procesamiento de hipotecas, comisiones indebidas, denegación errónea de la modificación y el escándalo “robo-signing” de apresurada e improcedente aprobación de numerosas ejecuciones hipotecarias,
  • Más de 9 millones de dólares, en 2015, por mala práctica en la recuperación de vehículos por préstamos impagados, y
  • Más de 22 millones dólares, en 2017, por la titulización y venta de paquetes de préstamos basura “subprime” para la adquisición de vehículos (es decir la misma práctica que dio lugar a la crisis de las hipotecas basura de 2007, pero en este caso con los préstamos para la adquisición de vehículos)

Pero volviendo a las prácticas presuntamente racistas, sexistas y clasistas del Santander en la concesión de préstamos hipotecarios, las cifras y los hechos son concluyentes, ya que, pese a la demanda del municipio de Providence, estas estrategias continuaron e, incluso, aumentaron coincidiendo con la llegada de Ana Patricia Botín a la presidencia del Santander en el año 2014, lo que deja en entredicho el supuesto feminismo, talante inclusivo y criterios éticos y sociales del Santander y su presidenta.

Algunos de los hechos objetivos y datos concluyentes de los informes a los que nos referimos son los siguientes:

En 2014, el Santander negó préstamos hipotecarios a más del 26% de los solicitantes de color, en comparación con la media de los restantes bancos en las mismas ubicaciones que sólo rechazaron el 17%. También en 2014, el Santander negó una hipoteca al 30% de los solicitantes de bajos ingresos, mientras que la media de otros bancos fue de sólo un 18%.

Los casos más significativos de discriminación racial, sexista y clasista del Santander se produjeron en Filadelfia, Hartford, Worcester y Candem.

  • En Filadelfia (Pensilvania), en 2015, el Santander rechazó el 32% de los préstamos solicitados por mujeres cuando la media de los otros bancos fue de sólo el 11%, un 21% más alta en denegación del Santander de préstamos a mujeres respecto de los restantes bancos de la zona, lo que demuestra una evidente discriminación sexista. Ese mismo año, en comunidades de bajos ingresos, el Santander negó el 37% de las solicitudes de préstamos hipotecarios, en comparación con el 15% de media de los otros bancos; denegó el 33% de las solicitudes de personas de color por el 16% de la media de los restantes bancos. La denegación de solicitudes de afroamericanos se incrementó del 26% en 2014 al 53% en 2015.
  • En Worcester (Massachusetts), en 2015, en comunidades de color, el Santander denegó el 40% de las solicitudes, el doble que la media de los otros bancos que fue del 19%. Respecto a los latinos fue un 29% superior a la media del resto de bancos.
  • En Hartford (Connecticut), en 2015, el Santander por cada solicitud de blanco denegada rechazó 4 solicitudes de latinos. La denegación de préstamos por el Santander a comunidades de bajos ingresos y de color se incrementó de 2014 a 2015 y el porcentaje de denegación del Santander duplicó el de la media de los restantes bancos. Del mismo modo, el Santander denegó en 2014 y 2015 un 15% y un 17% más de préstamos a mujeres que la media de los otros bancos.
  • En Camden (New Jersey), en 2014 y 2015, el Santander por cada préstamo denegado a un blanco, negó 3 solicitudes de afroamericanos. En 2015 el Santander negó un 21% más de solicitudes de latinos que la media de los restantes bancos.

Todos estos datos dan mucho que pensar en cuanto al trato claramente discriminatorio que reciben los latinos del Santander USA, sobre todo cuando la contribución al beneficio ordinario atribuido al grupo Santander proviene en un 44% de países latinoamericanos como Brasil 26%, México 7%, Chile 6%, Argentina 4%, Puerto Rico y otros 1%.

En definitiva, los hechos, las cifras y las sanciones recibidas por el banco presidido por Ana Patricia Botín en Estados Unidos llevan a la conclusión de que utiliza malas prácticas de comercialización y concesión de hipotecas con criterios presuntamente racistas, sexistas y clasistas, lo que demuestra que todo lo manifestado por su presidenta Ana Patricia Botín y su departamento de comunicación es falso.

¿Es esta la forma del Santander de contribuir al progreso inclusivo, de impulsar el desarrollo social? ¿Son estos sus modelos de sostenibilidad y sus criterios éticos y sociales para conseguir el tan publicitado banco «Sencillo, Personal y Justo»?

Son inútiles todos los millones que Ana Patricia Botín, Juan Manuel Cendoya y todo su departamento de comunicación invierten anualmente en publicidad y financiación de los medios, para contrarrestar el riesgo reputacional que crean conductas que van en contra de la más pura ética y respeto de los derechos humanos.

El terrorismo machista golpea nuevamente en México a las lideresas que luchan por la igualdad real

Manuel Domínguez Moreno
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El terrorismo machista golpea nuevamente en México a las lideresas que luchan por la igualdad real

Marbella Ibarra apareció asesinada en Tijuana. Llevaba un mes secuestrada y su cuerpo presentaba signos de haber sido torturada. México es uno de los países donde los actos de terrorismo machista están más extendidos. Según datos de la ONU, en el país azteca son asesinadas diariamente siete mujeres, 15.000 en los últimos seis años.

En México es donde más se puede comprobar cómo el patriarcado pretende imponerse por la fuerza al poder emergente de la mujer. De ahí las persecuciones a quienes pretender poner coto a esta masacre o luchan diariamente por hacer visibles los valores del feminismo de la igualdad real en una sociedad que, según las cifras, sigue en manos de quienes creen en la supremacía del hombre sobre la mujer, hasta el punto de tener la potestad de decidir sobre la vida y la muerte. Una mujer universal como Lydia Cacho fue perseguida y sufrió lo que seguramente Marbella padeció durante su secuestro antes de que la mataran: las vejaciones, las violaciones y la violencia. Ella misma, en una entrevista concedida a Diario16, dijo que «Es claro que hay una oleada de sabotaje contra el tema de igualdad, porque hay quienes quieren erradicar la violencia contra ellas, pero seguirles negando sus otros derechos. No puedes acotar la violencia machista y detener el feminicidio si no admites la violencia económica y patrimonial como forma de opresión sexista. Han convertido las leyes integrales contra la violencia de género en un rompecabezas que favorece la impunidad; por eso las matan los agresores, les sale mejor callarlas a puñaladas que transformar su actitud frente a la vida y asumir su responsabilidad frente a la justicia; cada feminicidio tiene detrás a una o un funcionario público que se negó a entender que el abordaje debe ser integral».

¿Por qué el asesinato de Marbella Ibarra es algo más que un acto más de violencia contra la mujer? La propia personalidad de la asesinada es la mejor muestra de cómo hay una reacción del patriarcado para evitar que lo que ya es un movimiento imparable se convierta en una realidad. Con argumentos no saben hacerlo —-porque no los tienen—, así que utilizan el poder de la fuerza como método de amedrentamiento, aunque con ello sólo destapen la verdadera personalidad de criminales machistas que tienen. Ibarra era la lideresa del fútbol femenino en México y eso le ha podido costar la vida. El crecimiento de la mujer en el deporte es uno de los elementos clave sobre los que se asienta la emancipación y la lucha por la igualdad real de género.

Sin embargo, el problema va más allá. Hablamos de la incomprensión por parte de una parte de los hombres de que el futuro está escrito con nombre de mujer, que las mujeres son el poder emergente del siglo XXI —algo que ya comencé a escribir y a divulgar en enero del año 2.000—, y esto es un hecho que nada ni nadie va a parar, ni siquiera con violencia, porque no estamos hablando de un movimiento social o de una ideología, sino que se trata de una verdadera revolución de las conciencias, como lo fue en el pasado la lucha por los derechos laborales o por la integración racial. El feminismo es una ideología que se conforma desde la universalidad de los preceptos de la igualdad real y, sin embargo, no es exclusivista. Clara Campoamor lo dejó muy claro en su discurso en las Cortes en el año 1.931 cuando apostó por la mujer como una fuerza para impulsar el progreso: «No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar; que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República [sociedad-Estado] la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella».

Como hay muchos que aún confunden al feminismo de la igualdad real con una mera ideología que se puede manipular, a este movimiento se pretenden subir quienes representan, precisamente, todo lo contrario. Lo vemos con productos bancarios que son puramente oportunistas y que sólo se sostienen por los pilares de adobe sin paja que coloca el marketing más inhumano, el oportunismo del capitalismo de las dictaduras privadas.

Lo mismo podemos decir de quienes pretenden defender los preceptos fundamentales del feminismo de la igualdad desde el radicalismo o desde la estrechez de miras que genera quien sólo ve el extremo olvidándose de la diversidad que ofrece el camino del diálogo, de la ética y del respeto a la conciencia social colectiva y plural que, precisamente, son valores que definen a la lucha por la igualdad real. El fundamentalismo radical nunca puede ser bueno. La historia nos ha mostrado cómo grandes movimientos que hubieran sido un beneficio para la humanidad de haberse llevado a efecto desde la efectividad que da el respeto a los ideales de la conciencia, fueron destrozados por el radicalismo de quienes pretendieron asumir liderazgos desde la intransigencia. Gloria Steinem lo dejó muy claro cuando afirmó que «un feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y hombres».

Todo esto nos lleva a que, tanto los y las oportunistas, los y las radicales, pretenden hacerse notar a través de elementos que sólo rebosan «listezas» porque surgen del convencimiento de que el modo de alcanzar sus objetivos es unívoco. Realmente, la unilateralidad no es inteligente, es el mayor ejemplo de «listeza» y, por tanto, de mediocridad. La inteligencia se halla en el respeto a lo que dicta la conciencia y, por esta razón, el feminismo de la igualdad real es lo inteligente porque nace del interior del ser humano y parte del principio de respeto a las personas desde la transigencia con los rasgos más positivos que un hombre o una mujer pueden dar al mundo.

Ese es el compromiso que define a Diario16, al Foro16 Feminismo o a Feminismo16, esa revolución de las conciencias, de la mujer emergente, es el puntal sobre el que también la sociedad está cambiando hacia un modelo igualitario real, no de palabras, de productos bancarios o de pretensiones radicales.

Ese es el compromiso de quienes están apostando desde las instituciones para fomentar la igualdad real desde, por ejemplo, el deporte.

Por todo ello, el asesinato de Marbella Ibarra es algo más que un caso de violencia. El terrorismo machista ha golpeado a la lideresa que logró que la mujer mexicana pudiera jugar al fútbol en libertad, que las «chamacas» se divirtieran y se sintieran libres jugando al fútbol de igual a igual, con la misma calidad, con la misma inteligencia táctica, con la misma clase, destreza, conocimiento de los hombres. Por eso, en toda la familia de Diario16 lloramos la pérdida de una gran mujer que tuvo un sueño y lo hizo realidad: que la mujer fuera igual a los hombres de un modo real, sin necesidad de campañas de marketing ni de posicionamientos extremos.

Un PP sin ideas vuelve a insultar a Andalucía

Santiago Aparicio
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Un PP sin ideas vuelve a insultar a Andalucía

Lo han vuelto a hacer. Cuando se quedan sin ideas y sin argumentos en el PP utilizan el insulto y la difamación como método de argumentación política. Quienes son miembros del partido que está podrido de corrupción en cualquiera de las comunidades autónomas que gobiernan, intentan dar lecciones de ética al resto profiriendo mentiras e insultos. Hace pocos días, el 28 de septiembre pasado, Pablo Casado ya afirmó que los andaluces eran de peor condición por no votar al PP. Y todos los afiliados andaluces le rieron la gracia, de ahí que ahora la ex-ministra, otra que decían que está muy preparada, Isabel García Tejerina se haya lanzado a insultar a las niñas y niños andaluces.

García Tejerina ha afirmado que “en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León”. De esta forma criticaba el sistema educativo andaluz y ponía a los infantes andaluces como unos memos, unos incapaces, unos retrasados, unos seres inferiores a los castellanos viejos. Como ha dicho Susana Díaz una muestra de supremacismo y centralismo mental completamente asquerosa. Entre otras cosas porque es falso como muestra que haya un 43% de niños superdotados más en Andalucía, o que nuevos avances médicos se hayan producido en el Hospital de Granada, por ejemplo. Una falsedad, que quieren tapar con un informe con el PISA que está hecho para favorecer un sistema de aprendizaje, el más común en ciertos centros privados europeos por cierto. O lo que es lo mismo, quieren hacer pasar por inteligentes a los hijos de la clase dominante y sus corifeos. La realidad es que las palabras de García Tejerina son una falacia más del PP, una mentira y un insulto.

Tampoco se han quedado atrás dos profesores como son Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo de Adelante Andalucía. La candidata ha expresado que es “intolerable que desde el PP sigan faltando el respeto a Andalucía. En esta ocasión contra nuestros niños y niñas. Y lo dicen quienes han aplicado las peores reformas educativas. Usted [en referencia a García Tejerina] no ha pisado Andalucía en su vida”. Para el coéquipier de la confluencia se ha indignado porque el PP vuelva a insultar a Andalucía, reivindicando además que “la enseñanza de nuestros docentes es inmejorable”. Para Maíllo, Tejerina habla con una total ignorancia de Andalucía.

Por si no hubiese sido poco, Teodoro García Egea, más conocido como el “lanza huesos”, ha querido arreglarlo con otra boutade de las que hacen época. El murciano, que parece mentira que tenga una tesis con varias patentes pendientes, ha reducido todo el problema a que “los andaluces no tienen culpa de que su Gobierno se gaste más dinero en prostitución que en Educación”. Así, sin inmutarse, ni ponerse colorado. Curioso que ahora a las gentes del PP les interesen los puteros de Faffe, algo que se conocía hace muchos meses, pero no recuerden que es el PP quien tiene como alto cargo de la Comunidad de Madrid al amigo de Francisco Granados que quería festejar una trapacería de Púnica con “volquetes de putas”. Podría García Egea, porque lo tiene cerca, preguntar a Alejandro Halffter (secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid) cómo encargar los volquetes de putas en vez de decir lo que afirma. Como le ha contestado el consejero Antonio Ramírez de Arellano en Educación gastan más de seis mil millones (y lo de Faffe que se sepa han sido 35.000 euros, de los cuales al menos 15.000 no se abonaron).

Como habrá sido la cosa que hasta el “siervo de su señor” Juan Manuel Moreno Bonilla ha salido en los medios a decir que no compartía las palabras de sus compinches de partido. En ese momento sabía que las elecciones estaban perdidas, que Díaz utilizaría el victimismo para destrozar día tras día a Moreno Bonilla. Ya puede decir las cosas más chisposas e inteligentes que le escriban, no tiene nada que hacer frente a estas palabras que van a sacarle en campaña. Al menos le quedará el consuelo de decirles que la culpa ha sido de los otros. O de Ana Mato que en su momento ya dijo, antes de destrozar, con Moreno Bonilla de ejecutor, el sistema de dependencia andaluz, que los niños andaluces eran más analfabetos o que daban las clases en el suelo porque no tenían donde sentarse. O es lo que dice Ángel Garrido cuando se queda sin argumentos contra el PSOE en Madrid. Siempre la culpa es de Andalucía o los señalan como inferiores, cuando la realidad es que el PP está plagado de incultos, de pobres de mente, de seres amorales.

El Parlamento Europeo descubre el horror que sufren los denunciantes de corrupción en España

José Antonio Gómez
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El Parlamento Europeo descubre el horror que sufren los denunciantes de corrupción en España

La corrupción política es la que más alarma social genera o, al menos, la que más despierta al pueblo. Sin embargo, existen otros tipos de elementos corruptos dentro del aparato del Estado cuyos comportamientos son totalmente ajenos a la opinión pública. El problema lo encontramos cuando hay personas que están dentro de la Administración, ven lo que está ocurriendo y, por su ética o por el amor que sienten hacia lo que esas instituciones representan para el pueblo, dan el paso de denunciar la corrupción. ¿Se castiga a los corruptos? En España se activa un protocolo de destrucción absoluta de quienes tienen el valor de presentar ante quien corresponde lo que está ocurriendo.

Diario16 ha sido el único medio invitado por una importante representación de denunciantes de corrupción españoles en el Parlamento Europeo. Dos eurodiputados españoles, Javier Couso, de Izquierda Unida, y Jordi Solé, de ERC, se han asombrado ante los duros testimonios que las víctimas del aparato corrupto del Estado han relatado con toda crudeza. Tan impactante ha sido lo que en esa sala del Europarlamento se ha contado que uno de los eurodiputados ha cancelado compromisos que tenía programados para quedarse allí y escuchar.

Un militar expulsado del Ejército, un juez condenado a 20 años de inhabilitación o una Guardia Civil del Seprona, han coincidido en una cosa: España no protege a quienes tienen el valor desde dentro de las instituciones a denunciar la corrupción sistémica que existe, sino que, por el contrario, esos mismos organismos, que deberían estar empeñados en limpiar sus sótanos de la ponzoña corrupta, les machaca, pone todo su poder de influencia y económico al servicio de quienes quieren evitar que sus comportamientos espurios salgan a la luz o tengan el castigo que la ley dispone para los mismos.

La Justicia ha sido otro de esos aspectos en los que han coincidido todos. El denunciante de corrupción en España no tiene el amparo de la Justicia sino, más bien, todo lo contrario. El teniente Segura ha contado las irregularidades que se cometieron en los juicios por los que fue apartado del Ejército; el juez Fernando Presencia ha compartido cómo los que le denunciaron o condenaron ahora van a ser los que decidan sobre su recurso de casación; la sargento de la Guardia Civil, María Serrano, cómo sus superiores la vejaron por sus denuncias de tráfico ilegal de productos pesqueros por parte de un subordinado.

Se quiere dar una apariencia de que todos estos atropellos se realizan en base a la legalidad, cuando no es así. La realidad es que el denunciante de corrupción en España sufre las represalias y la reacción más dura, no de la gente a la que denunció, sino de todo el aparato de la institución que puede verse salpicada. Es muy difícil cambiar comportamientos que son tan habituales que están institucionalizados.

Ese es el problema de España con la corrupción: está institucionalizada en las instituciones y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder.

Los testimonios de Segura, Serrano y Presencia han puesto encima de la mesa del Parlamento Europeo cómo, además del daño causado por quienes se encuentran dentro del aparato corrupto del Estado, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.

Todo esto viene por las relaciones que todos ellos tienen entre sí. Coinciden en actos y eventos organizados por las instituciones en las que se desarrollan esos comportamientos corruptos. Hablan, comparten experiencias y, evidentemente, se protegen unos a otros.

Actualmente, está en vías de estudio una Directiva europea que, precisamente, proteja a quienes denuncian cualquier tipo de corrupción. Sin embargo, hubo consenso en que esta nueva ley de la Unión Europea, en el estado en que se encuentra, es insuficiente porque deja fuera aspectos que son muy importantes para la protección de los denunciantes como, precisamente, que sean representantes de los propios organismos denunciados los que juzguen estos actos corruptos.

Mientras tanto, son los denunciantes, las víctimas de la corrupción, quienes sufren en el presente y ven con tristeza cómo se les está arrebatando el futuro.

Rivera va a Alsasua a extender el odio y la violencia

Santiago Aparicio
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Rivera va a Alsasua a extender el odio y la violencia

Si ya intentaron provocar a los CDR con una reunión en la plaza de Sant Jaume en Barcelona, ahora en Ciudadanos tienen la intención de provocar y alimentar el odio en Alsasua. De nuevo, sin dar la cara como partido para no verse perjudicados por la legislación y las consecuencias derivadas de la violencia que buscan, utilizan la plataforma España Ciudadana que han creado. La intención es violentar a la población de la localidad navarra el 4 de noviembre próximo. Saben que hay muchísimas personas que piden la liberación de la gente que se vio envuelta en el altercado con dos guardias civiles fuera de servicio y por ello provocan. Nada tienen que perder pues en Euskadi y Navarra son casi un partido anecdótico. Pero a cualquier acción violenta le piensan sacar un rédito.

“A la Guardia Civil se le respeta” es el eslogan oficioso de tal evento. Lo que en sí ya dice mucho de las intenciones de extender su campaña de odio y violencia en aquellos lugares donde las personas piensan de modo diferente. Alsasua es para Albert Rivera “un lugar simbólico para los que defendemos el constitucionalismo” no se sabe muy bien por qué. En Alsasua nadie atacó la constitución, nadie atentó contra las fuerzas de orden público, nadie alentó el odio y la violencia salvo una pelea de bar. Pero eso le da igual a Rivera porque allí donde hay personas que se piensan y sienten de otra nación, allí que acude el dirigente naranja con sus tropas (¿Llevará a sus camisas pardas de Jusapol?) a lanzar campañas de odio y generar violencia.

Como sucedió en Cataluña, donde por suerte no le hicieron ni caso, Rivera necesita víctimas, necesita algún rastro de sangre con el que vender una victimación pues se hunde en las encuestas y comparte el cariño de la clase dominante con Pablo Casado. Ahora va buscando algún tipo de agresión o violencia, por simbólica que sea, para decir que es víctima de ETA, de los herederos de ETA o del malvado nacionalismo vasco. Curioso que justo cuando en el PNV han dicho que les gustan los presupuestos (aunque costará negociar), Ciudadanos, más conocido como el brazo político del establishment, organice un acto político en Alsasua para buscar criminalizar al otro nacionalismo (no español) que tiene entre ceja y ceja. Le molestan los fueros vasco y navarro, por eso si consigue alguna reacción violenta justificará su discurso.

¿No se lo creen? Sólo hay que leer la nota de prensa que han enviado a los medios para darse cuenta del modus operandi de las cabezas grises de Ciudadanos. “El 4 de noviembre, héroes anónimos y personalidades de la sociedad civil formarán parte de los invitados especiales” han escrito. ¿Qué quieren decir con héroes anónimos? Más que nada por la heroicidad está relacionada, precisamente, con el conocimiento, con conocer los hechos. ¿A quiénes se refieren? ¿A algún nacionalista español o a algún carlista? Más bien se crea con esa frase la pretensión de que acudir a Alsasua es acudir a un territorio hostil a las personas. Inoculan de esta forma un odio desde el exterior como si Alsasua fuese una localidad donde se pega a las personas sin más, donde se agrede a cualquiera que piense distinto, donde la violencia campa a sus anchas y no hay un poder que pueda con esa violencia. Mentira. Los que van a provocar la violencia son las gentes de Ciudadanos que tendrán que llevar cientos de autobuses de toda España porque en Navarra caben todos los afiliados en un seiscientos.

Fue un mal día para las oligarquías financieras

José Antequera
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Fue un mal día para las oligarquías financieras

Fue un mal día para la banca española, ese quinto poder que ejerce más influencia en un país que los otros cuatro juntos. En apenas 24 horas las élites financieras han cosechado dos serios reveses, uno dado por el Gobierno socialista y otro, por fin, por la Justicia, que en los últimos tiempos se había mostrado algo condescendiente con los abusos bancarios. El primer tirón de orejas lo recibía la banca a primera hora de la mañana, tras filtrarse a la prensa una conversación privada de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, con su plantilla de inspectores, a los que envió una orden muy seria: se acabó defender a la banca. El segundo varapalo llegaba de la mano del Tribunal Supremo, que en una sentencia histórica concluía que es el banco y no el cliente quien debe correr con los gastos que acarrea un préstamo hipotecario.

Estamos hablando de un gravamen de entre el 0,5 y el 2 por ciento sobre el importe total del crédito −derivado de los gastos que ocasionan los actos jurídicos documentados de las escrituras del inmueble−, lo que se traduce en cientos de millones de euros y miles de consumidores beneficiados en toda España. Solo un préstamo hipotecario por la compra de un piso valorado en 100.000 euros genera gastos al comprador de entre 500 y 2.000 euros, otra pesada losa para muchos españoles que ya de por sí lo tienen complicado para encontrar una vivienda asequible.

Con esta resolución judicial, el Supremo cambia su propia doctrina en este asunto, que venía siendo la contraria, es decir, que hasta ahora era el firmante del préstamo, el comprador, quien se hacía cargo de todos los gastos. Los consumidores están, por tanto, de enhorabuena, ya que el pago de esta cláusula suponía un abuso de derecho que recaía sobre la parte más débil e indefensa del contrato.

Ambas decisiones, la del Banco de España de endurecer los mecanismos de supervisión sobre los bancos, y la sentencia sobre gastos de hipotecas del Tribunal Supremo, suponen dos balones de oxígeno para la devaluada democracia española, que en los últimos años se estaba deslizando peligrosamente hacia un sistema donde ya no gobiernan los legítimos representantes del pueblo en el Parlamento sino las oligarquías financieras. La prueba es que nada más conocerse la histórica sentencia, la Bolsa empezó a desinflarse, sin duda en una especie de castigo de los mercados y de las élites económicas a ese sector de la Justicia “rojilla” que todavía lucha por conservar lo poco que nos queda de un principio constitucional tan maltratado como es la igualdad de derechos de todos ante la ley. Han sido demasiados años de poder bancario absoluto, de abusos, de latrocinios, de crueles desahucios e intereses crediticios desorbitados, unas prácticas que no han sido debidamente perseguidas, como acaba de reconocer la nueva subgobernadora del Banco de España en su sorprendente reunión con la plantilla de inspectores.

La primera conclusión que debemos extraer del día de ayer es que hay partido, y lo hay porque un Gobierno progresista, el de Pedro Sánchez (bien sujeto por Podemos) ha decidido no entregarse sumisamente al poder financiero, sino plantarle algo de cara y enviarle un aviso a navegantes: no todo vale en el sistema liberal caníbal; los ciudadanos tienen derechos que no pueden ser pisoteados; el dinero no debe ser dueño y señor de la vida política y social de un país. Las palabras de Delgado son altamente reveladoras de que desde Moncloa se ha impartido la consigna de que el Banco de España no puede ser una sucursal más de las grandes entidades financieras de este país, sino un organismo interventor, fiscalizador, regulador y sancionador que frene los abusos y corruptelas de la banca. Nos jugamos mucho en ese envite, ya que dar rienda suelta a los desmanes del gran capital sería tanto como cometer los mismos errores que desencadenaron la terrible crisis económica que aún hoy no hemos superado.

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo demuestra que cuando los magistrados son imparciales e independientes de verdad se pueden corregir, por la vía de las resoluciones judiciales, las corruptelas que supura nuestro sistema financiero. En los últimos tiempos habíamos asistido a casos que se han cerrado en falso o con sentencias excesivamente benignas para aquellos directivos de las cúpulas bancarias responsables del crack del 2008. El sumario de las preferentes de Bankia, que acaba de archivarse al considerar la Audiencia Nacional que no existió estafa pese a que miles de ahorradores perdieron sus fondos de forma injusta, es una buena muestra del inmenso poder que tienen los bancos y lo complicado que resulta para los consumidores ganar una batalla contra ellos. Otro asunto, el de la quiebra del Banco Popular, cuya investigación sigue embarrancada, hace presagiar que más de 200.000 familias pueden quedarse sin recuperar sus ahorros perdidos. Por eso resulta tan importante la sentencia de ayer del Supremo, porque arroja un rayo de esperanza de que no todo está perdido y de que se puede revertir la situación siempre que al frente de los órganos judiciales haya jueces y magistrados realmente imparciales. De ahí que la reforma más importante que tiene pendiente este país sea la de la Administración de Justicia, muy degradada en los últimos años por la politización que viene sufriendo y la falta de medios de la que adolece a la hora de investigar grandes casos.

No, no fue ayer un buen día para esos poderosos ejecutivos (y ejecutivas) que cobran auténticas millonadas por engañarnos con nuestro dinero y que desde sus despachos invisibles mueven los hilos de la economía, y de nuestras vidas, a su conveniencia. Como tampoco lo fue para las derechas, Pablo Casado y Albert Rivera mediante, que andan por Bruselas dando la imagen de una España derrochadora que no se corresponde con la realidad y criticando un pacto de presupuestos, el firmado por Sánchez e Iglesias, que no hace más que recuperar para las clases humildes algunos derechos legítimos perdidos durante los años de recortes de Mariano Rajoy. Quizá solo haya sido un espejismo, una tibia ráfaga de aire fresco en una habitación cerrada que huele a rancio, como es esta España que hace tiempo vendió su alma al diablo de la banca. Una pequeña alegría en medio de la frustración y de la rabia. Y es que de la ilusión que producen estas pequeñas victorias vive el pobre.

Las falsas cooperativas del sector cárnico no podrán explotar a los trabajadores

Diario16
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Las falsas cooperativas del sector cárnico no podrán explotar a los trabajadores

El Senado ha aprobado por unanimidad la moción de Unidos Podemos que hoy se debatía en la Comisión de Empleo de la Cámara Alta para garantizar los derechos de los socios y socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado que prestan servicio a la industria cárnica. Tal y como la iniciativa de Unidos Podemos recoge, “la externalización productiva lícita es una facultad empresarial derivada de la libertad de empresa reconocida constitucionalmente, pero, en ningún caso, puede tener como consecuencia la pérdida de derechos que la propia Constitución reconoce a los trabajadores y trabajadoras”.

El actual sistema de cooperativas de trabajo asociado está siendo utilizado fraudulentamente por numerosas empresas del sector cárnico, de tal forma que “normalmente estas cooperativas suelen constituirse a instancias de la propia empresa industrial y los trabajadores deben asociarse si quieren acceder a un trabajo”. Tal y como el texto que hoy se debatía afirmaba, en el sector “en los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial en la utilización de trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, de tal forma que es habitual que el número de autónomos sea superior al de personas trabajadoras asalariadas de la propia empresa industrial”. Y esto sucede pesar de que el Convenio Colectivo Estatal de Industrias Cárnicas fija un máximo del 15% de trabajadores pertenecientes a cooperativas o empresas multiservicios.

La moción hoy aprobada insta al Gobierno a «estudiar el desarrollo de las reformas legislativas necesarias fruto de los acuerdos y medidas que puedan adoptarse en el marco del Diálogo Social, incluidas las de Seguridad Social, para prevenir el uso fraudulento de las sociedades cooperativas así como para reforzar los derechos laborales de los socios y socias trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y de los trabajadores y trabajadoras de las empresas multiservicios que prestan servicios en las empresas de las industrias cárnicas y mataderos de aves y conejos”.

El senador Óscar Guardingo ha alertado durante su intervención de que “el fraude en la industria cárnica respecto a las falsas cooperativas afecta a numerosas empresas, que se aprovechan de una mano de obra precarizada y constituida fundamentalmente por personas migrantes”. Para el senador de Unidos Podemos por Barcelona “es urgente combatir la precariedad laboral que durante los últimos años se ha instaurado en importantes sectores productivos de nuestro país y que acaba condenando a la pobreza a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, que se ven obligados a aceptar empleos mal remunerados y donde su salud laboral se pone en riesgo”.

Derribando los muros de los bebés robados

Diario16
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Uno de los temas que más me han tocado el corazón en esta etapa política de mi vida ha sido la causa de los bebés robados. Por eso es desde la emoción desde donde escribo hoy este artículo.

Por ellas, las víctimas que he conocido en este camino. Las que se dejan el tiempo, la energía y el amor. Las que dedican su vida a buscar a sus familiares y necesitan que la sociedad comprenda que tienen una herida profunda que no puede seguir ignorando. Un daño que trasciende el ámbito de lo personal para invadir el espacio público con un drama que debe hacer mella en la conciencia colectiva.

Porque las paredes y los muros con los que se han encontrado una y otra vez estas personas -sobre todo madres a las que el fascismo arrancó sus bebés para extirpar el gen rojo de nuestra sociedad- deben derribarse de una vez por todas. Por decencia humana y por justicia con quienes fueron convertidas en masa manufacturera de vida, de producción y reproducción, en favor de un negocio de preciada mercancía para ricos y favores, y a las que han continuado robando sus bebes hasta el fin de siglo, convirtiéndose casi de facto en un sistema paralelo y clandestino de adopción.

Carreras de obstáculos como los que han superado Inés Madrigal y su madre adoptiva, aunque no llegara a verlo. Ellas han sido ejemplo de lucha y determinación ante mil dificultades para conseguir sentar en el banquillo al Doctor Vela. Armadas con tesón y coraje en su empeño continuo por ir más allá y resueltas para que su caso supusiera la apertura de una brecha en la impunidad que enmarca esta causa, para que por ella se filtraran otros casos que terminaran impulsando una investigación estatal y rigurosa, tal y como dicta el derecho internacional de los Derechos Humanos para las desapariciones forzadas.

La sentencia del juicio al Doctor Vela -en la que a pesar de reconocer el robo de Inés a su familia biológica por parte del acusado, se ha declara prescrito el delito – supone la pérdida de una ocasión única para romper con la impunidad que ha venido amparando estos crímenes en nuestro país a lo largo de su historia reciente. Aunque parezca increíble, esta decisión (a falta de la pronunciación del Tribunal Supremo) escenifica la construcción de uno de esos muros a los que antes hacía referencia y que es preciso seguir derribando. El resultado, de momento, se traduce en que a día de hoy Inés sigue sin conocer su identidad familiar real por una interpretación que es contraria a los criterios básicos de los Derechos Humanos e incluso de la Fiscalía General o del propio Tribunal Supremo.

Mentiras colocadas como ladrillos, unidas con el cemento del silencio y el hormigón armado de esa impunidad construida en el franquismo y prolongada en un tránsito a la democracia que no parece terminar. Ladrillos colocados uno detrás de otro que levantan un muro social capaz de asimilar la atribución a una sola monja fallecida en 2013 de toda una organización que necesitaba de médicos, jueces, notarios, políticos, registradores, curas, enterradores y un largo etcétera de culpables.

A falta de voluntad política que impulse una verdadera investigación estatal, el baile de cifras resulta apabullante. Hablamos de entre 30.000 y 300.000 personas, según las diferentes estimaciones, que a día de hoy no conocen su identidad, de las que muchas ni siquiera saben que la desconocen. Estas dimensiones son enormes, pero háganse una pregunta, ¿conocen ustedes a alguien que no sepa de un caso a su alrededor?

Sin embargo, a pesar del escandaloso volumen de víctimas de esta variante del tráfico de personas, el asunto no es tratado en España como una cuestión de Estado, como por ejemplo las desapariciones en Argentina con cifras menores. Sí lo es para la ONU o para la Unión Europea, pero no lo es para nuestra Fiscalía General del Estado cuyo representante, el Fiscal General José María Maza, calificó la causa de los bebes robados -en mayo de 2017 y ante representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- como una serie de casos aislados.

Miles y miles de casos, espeluznantes muchos, como aquellas mujeres que lo supieron desde el primer momento y nunca consiguieron que nadie actuara. Ni policía, ni juzgados, ni autoridades eclesiásticas. O los muchos robos que se dieron en partos gemelares, llegando incluso a enterarse, buscando un hijo, de que en realidad le habían robado dos a sus madres.

Y es que cuando compartes sus historias, se te anudan gritos en la garganta. ¿Pero de verdad alguien cree que en un Estado en el que se ha sido capaz de hacer desaparecer a 30.000 personas no se es capaz de hacer aparecer nada más que a dos culpables? Bajo esta reflexión resulta inexplicable que no se haya producido un escándalo monumental, que nuestra sociedad no reaccione o que nuestra democracia mantenga niveles de impunidad incompatibles consigo misma. Y dudas acerca de si tú misma aguantarías tanto tiempo peleando contra viento y marea, derribando cada pared para encontrar otra detrás.

Muros como el que se levantó cuando el Gobierno del PP negó el indulto a la primera condenada por esta causa que, paradójicamente, no ha sido al doctor Vela sino Asunción López, una víctima de los robos de bebés que fue condenada a pagar 40.000 € por injurias a la monja que tramitó su adopción. Al parecer la religiosa no siguió precisamente el principio cristiano del perdón cuando fue requerida para el indulto.

Barreras y obstáculos construidos en forma de faltas de respeto, mentiras, dolor e impunidad son derribados por mazazos de paciencia y constancia, una y otra vez. Por eso sé (y confío) en que esta sentencia sea tan solo una dificultad más que no va a parar a ninguna víctima. Sin embargo,  me gustaría que el ejemplo que dan quienes se buscan así mismas y a sus bebes, tuviera su fiel reflejo en nuestra sociedad. Que fuéramos tan valientes, constantes, comprometidas y pacientes como ellas. Y tan capaces de transformar la rabia en dignidad y en acción que acabe con todos los muros de una vez por todas.

Elena Sevillano.
Parlamentaria por Podemos en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid.

El Borbón no se junta con la clase trabajadora en el metro

Santiago Aparicio
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El Borbón no se junta con la clase trabajadora en el metro

Un viaje en el Metro de Madrid para conmemorar algo que no es conmemorable. Que no tiene ninguna fecha concreta y precisa para conmemorar sino sólo intentar dar un lavado de imagen a un monarca cada vez más cuestionado por la sociedad. La ocasión inventada para hacer Corte ha sido la inauguración de una exposición sobre el centenario del Metro madrileño que cumple esa efemérides ¡¡¡dentro de un año!!! En efecto el Metro de Madrid lo inauguró el bisabuelo del actual inquilino de la Zarzuela Alfonso de Borbón el 17 de octubre de 1919. Ayer, por tanto, se celebraban los 99 años. Lo que indica que, con suerte, Felipe de Borbón volverá a utilizar el Metro en un año con motivo del centenario.

Una inauguración que ha contado con autoridades comunitarias y estatales, porque cuando se hace profesión de cortesanía hay que hacerla bien, como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la ministra de Industria, Reyes Maroto. Por cierto, esta última la que mejor se ha manejado con la inservible y polémica tarjeta que se inventaron en el PP y que es un sacacuartos y una estafa. Borbón, pese a que nos lo venden como muy preparado, tampoco es que haya sabido acertar con pasar la tarjeta en el círculo verde de apertura. Cosas de ir a todos lados en coche oficial desde que se es un crío. Un magno evento que han querido enlazar todos los cortesanos que allí se han reunido con la inauguración por parte del bisabuelo, ese mismo al que España dio la espalda después de consentir una dictadura y la represión contra la clase trabajadora. Y es que los Borbones pueden haber sido muy campechanos, pero eso de juntarse con la plebe como que no.

Alfonso de Borbón hace 99 años

De hecho el vagón de Metro ha sido seleccionado especialmente para la ocasión así como las personas que viajarían en el mismo. Porque cualquiera que haga el recorrido Sol-Chamartín sabe que por las mañanas esos vagones van bastante más llenos y el intercambio de línea también. Unos vagones que normalmente van llenos de trabajadores y trabajadoras que se desplazan para cumplir con horarios infernales en trabajos paupérrimos. Una clase trabajadora con la que no se junta el Borbón. Como tampoco coge, aunque hubiese sido para la foto, la escoba en Mallorca. Todo en la monarquía española es fachada y mentira. Eso sí, el papá bien que se cubrió el riñón con comisiones como ya se ha contado en estas mismas páginas, cuando surgieron las conversaciones de la ex-amante Corinna. Para eso han estado hábiles, pero para juntarse con la clase trabajadora que genera la riqueza de la que cobran todas esas personas improductivas que habitan en la Zarzuela no.

Un nuevo lavado de imagen de un monarca que ha tomado parte por una posición política, preferiblemente el PP, y que se sabe en el punto de mira de una sociedad que ya no aguanta que alguien por el mero hecho de consanguineidad ejerza la representación de personas que no le han elegido, que ejerza el poder militar, que ejerza el poder Ejecutivo (aunque compartido, pero no olviden que es el monarca quien sanciona las leyes), que viva “a cuerpo de rey” mientras la ciudadanía se encuentra explotada y con dificultades a fin de mes, el que tiene suerte de llegar. A los 99 años se conmemora y a los 100 también, así tenemos dos visitillas del monarca y muchas fotos. Así, intentan vendernos una cercanía de la monarquía heredada del franquismo que no es tal. Pero cortesanos entre los miembros de la clase política los hay a millares. Capaces de darse codazos por salir al lado del Borbón. Pero nunca verán a una proletaria, salvo que haya sido excelsamente escogida para la ocasión. Un rey de una élite económica y empresarial que se hace fotos en el Metro para despistar.

Podemos quiere legalizar el cannabis como en Canadá

Diario16
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Podemos quiere legalizar el cannabis como en Canadá

El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea organiza hoy jueves, 18 de octubre, en el Congreso de los Diputados el Foro Hacia la regulación integral del cannabis. Una jornada que reunirá a expertos y expertas, colectivos y asociaciones para debatir y construir los cimientos de una futura regulación integral del cannabis en España. El Foro quiere ser el punto de partida para comenzar la elaboración de una ley que Unidos Podemos espera presentar en los primeros meses de 2019. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y presidente del grupo parlamentario; el secretario del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, Txema Guijarro y la diputada Mae de la Concha, inaugurarán el foro a las 16:15 en el Congreso de los Diputados.

El foro se organizará en torno a tres mesas de debate: una primera, que abordará las diferentes experiencias internacionales de regulación del cannabis así como el encaje jurídico de estas legislaciones, y que contará con expertos internacionales como Michael Collins, director de la Office of National Affairs Drug Policy Alliance en Washington, donde trabaja con el Congreso y la Casa Blanca; Araceli Manjón, profesora titular de Derecho Penal e investigadora de Derecho Comparado y directora de la Cátedra Extraordinaria «Drogas Siglo XXI» de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), o Constanza Sánchez, politóloga y doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universitat Pompeu Fabra. En la segunda mesa se tratará el tema desde la perspectiva científica y sanitaria; y en el tercer bloque se debatirán los efectos económicos positivos y jurídicos que pueden derivarse de una regulación del cannabis en España.

Unidos Podemos aboga por la regulación integral (lúdica y terapéutica). El uso terapéutico es una cuestión de derechos humanos, en tanto que hay evidencia científica de que el cannabis posee propiedades que son paliativos para determinadas patologías graves y, solo a través de la regulación, se puede garantizar al paciente acceso a un tratamiento médico que mejora de forma considerable sus condiciones de vida. Abordar la regulación integral del cannabis supondría, además, un avance para la lucha contra el tráfico y la criminalidad asociada a este fenómeno.

En términos de salud pública se garantizaría un mayor control en el acceso de la población en general a la sustancia y, muy especialmente, entre los y las jóvenes, como muestran los datos en EEUU en estados donde se ha regulado, como California, donde el descenso en el consumo entre los jóvenes se ha reducido un 4% en tres años. La regulación debe ir acompañada de una ambiciosa política de prevención. En el plano económico tendría un impacto positivo para la reactivación económica y la recuperación del mundo rural. Aumentaría ostensiblemente los ingresos del Estado y reduciría los gastos asociados a la política prohibicionista. También tiene un alto potencial para el desarrollo de la I+D.

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