viernes, 23 enero, 2026

El pacto Sánchez-Iglesias espeluzna a las élites europeas

El pacto de presupuestos para 2019 entre PSOE y Podemos, que contempla una mejora hasta los 900 euros del salario mínimo interprofesional y que endurece el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, ha puesto los pelos de punta a las élites neoliberales que gobiernan en Europa. Apenas un día después del anuncio de Moncloa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado un aviso a navegantes y ha pedido al Gobierno español que sea «cuidadoso» a la hora de implementar la propuesta. Además, ha lamentado que no se haya aprovechado la fuerte recuperación económica para reconstruir «su espacio fiscal». Todo un toque de atención ante posibles frivolidades contables de esos muchachos de la izquierda española.

Que el acuerdo entre ambas formaciones de izquierdas es histórico para España lo demuestra el hecho de que han saltado todas las alarmas en Bruselas, donde los jerarcas de la UE viven obsesionados con el techo de gasto, el déficit público y las políticas de austeridad. La firma del pacto de presupuestos entre Sánchez e Iglesias no ha gustado ni a la banca europea, ni a la patronal, ni a los poderes financieros, ni siquiera a pesos pesados que ostentan el mando como Poul Thomsen, director del Departamento de Europa del FMI: «Hay que ser cuidadoso con los salarios mínimos, por un lado para no excluir a gente del mercado laboral. Pero, por otro lado, también hay justificación por cuestiones sociales», ha explicado en rueda de prensa en la asamblea anual que tiene lugar en Indonesia. «Uno tiene que equilibrar ambos» elementos, agregó.

Sea como fuere, tanto Sánchez como Iglesias parecen haber atravesado una peligrosa línea roja que ya no tiene retorno. Han sido marcados por los poderes fácticos europeos y solo les queda seguir adelante con la hoja de ruta económica que valientemente han trazado. Los dos han asumido un importante riesgo (Sánchez se lo juega todo a una carta; Iglesias arriesga algo menos) y no solo porque el apretón de manos entre ambos líderes políticos posee un fuerte componente icónico para los decadentes partidos de izquierda del viejo continente −que quizá a partir de ahora rompan el miedo al tirón de orejas de Merkel y se planteen tomar las decisiones en función de las necesidades de sus ciudadanos−, sino porque medidas como la subida de las pensiones conforme al IPC previsto, que también está recogida en el borrador de los presupuestos, va dirigida directamente contra la línea de flotación de la política general ordenada por la UE, y que se basa fundamentalmente en los recortes al gasto público que tanto erosionan el Estado de Bienestar. De alguna manera, con su firma, el presidente de España y su principal socio de gobierno han dicho basta ya a esas políticas austericidas y eso es tanto como declarar la guerra a Bruselas o iniciar una especie de revolución dentro del sistema.

La subida del salario mínimo interprofesional no es precisamente simbólica, ya que supone un 22,3% más, hasta 900 euros brutos mensuales. Nunca antes una política social había llegado tan lejos, de ahí que Poul Thomsen haya dado un severo toque de atención a la escasa consolidación fiscal llevada a cabo por España en los últimos años, dada su elevada deuda que ronda el 95% del Producto Interior Bruto (PIB). «Desafortunadamente, desde 2015, cuando el crecimiento ha sido significativamente superior al potencial, y hemos tenido una sostenida caída en el desempleo, España no ha reconstruido su espacio fiscal», advirtió agoreramente. Por eso, ha insistido en que «la política fiscal debería ser más contracíclica», es decir, aprovechar los periodos de expansión económica para ahorrar y reducir el gasto. Una nueva advertencia ante posibles veleidades presupuestarias del frente abierto por PSOE y Podemos.

El FMI ha situado el crecimiento estimado de España para 2018 en el 2,7%, una décima menos que lo adelantado hace tres meses, y en el 2,2% para 2019, todavía a la cabeza de las grandes economías de la zona euro pero ya en tendencia de ralentización. Quizá la consecuencia inmediata del acuerdo entre Sánchez e Iglesias sea que los contables de la UE rectificarán pronto, y a la baja, esa previsión de crecimiento. Tampoco tardaremos demasiado en ver cómo las siniestras agencias de calificación capaces de tumbar Gobiernos y dinamitar estados empezarán a lanzar rumores infundados sobre la prima de riesgo y el insostenible déficit público de nuestro país. Son las argucias que suelen utilizar los mal llamados mercados (en realidad no hay tales mercados, solo abyectos gobernantes en la sombra, poderosos dirigentes que toman decisiones solo en función del gran capital, obviando a las personas).

En cualquier caso, la decisión de PSOE y Podemos, su apuesta por ponerse al lado de la población que más sufre (la inmensa mayoría del pueblo) para abrir un nuevo camino de futuro, supone un rayo de esperanza para la socialdemocracia de toda Europa. Ahora falta que los presupuestos pasen el filtro de Bruselas. Algo que como ya vamos viendo, no va a resultar nada fácil.

Moreno Bonilla es Vox en Andalucía

Muchas personas, ahora que el fenómeno Vox está en su punto álgido, se preguntan por qué el partido neofascista no despunta en Andalucía. Comprensible en la Andalucía interior pero menos en la urbanita, pues el movimiento de Santiago Abascal es plenamente urbano. Y la respuesta es bien sencilla, porque Juan Manuel Moreno Bonilla es Vox siendo el presidente del PP. Lo más reaccionario del partido conservador se encuentra justo en Andalucía y su mayor referente ejemplifica perfectamente los valores carcas y parafascistas. A su derecha no cabe nadie, ni el diablo se puede situar allí. No hay más ultraderecha que el dirigente andaluz.

Cuando uno piensa en ultraderecha en Andalucía surgen las imágenes de Carlos Herrera, José Manuel Soto o Antonio Burgos, por ejemplo. Todos ellos vinculados afectivamente al PP. No son Hermann Tertsch, pero no le andan a la zaga. En general Moreno Bonilla representa todo lo carca, lo caduco, la opresión del señorito andaluz, la folclorada del franquismo, la corrupción en distintos ayuntamientos y diputaciones (Almería y Roquetas de Mar del gran cacique Gabriel Amat últimamente), la chulería del cacique, la prepotencia de quien cree tener el poder por derecho divino, los golpes de pecho ante el Cristo del Gran Poder pero dejando en la calle a miles de personas… todo eso que es lo despreciable de Andalucía, porque no es así, lo representa Moreno Bonilla.

Moreno Bonilla en Espejo Público

Así, Vox no puede tener cabida en la región. Ya le han quitado el discurso y las formas. Pero eso no empece para que los medios del establishment intenten edulcorar la imagen de quien acabó con la dependencia desde su secretaría de Estado, y nos lo intenten presentar como un tipo simpático (muy cansino con eso de que se le llame Juanma), un español muy mucho andaluz (pero el andaluz malo) y la alternativa a Susana Díaz. Así, la amiga de la derecha y la normalizadora del discurso ultraderechista, Susanna Griso, le acogió para tomar café hace unos días (como hace todas las semanas con Rivera prácticamente). De esta forma Moreno Bonilla, que no tiene la chispa de Javier Arenas, ni su capacidad política, ya puede presumir de lanzar su “referéndum” para acabar con el PSOE y la izquierda en general. Curioso en quien prohíbe referéndums a los demás. Se lanza a la demagogia, como cuando pidió que les diesen una prima a los médicos que compatibilizan sanidad pública y privada, para rascar votos sabiendo que Ciudadanos ya le ha quitado mucho terreno.

Moreno Bonilla, esa persona sin más principios que ayudar a enriquecerse a los ricos, y que es capaz de abandonar los amigos al minuto por salvar sus posaderas, como hizo con Soraya Sáenz de Santamaría, sabe que está en las últimas y por ello está sacando toda la artillería ultraderechista. Si pierde va fuera y como no tiene oficio ni beneficio, ni el PP gobierna en el Estado para buscarle un hueco, está mostrando su verdadera cara. La derecha más reaccionaria de España y a la que Vox no le llega ni a la suela de los zapatos, de Pertegaz por supuesto. Y si quieren violencia, Moreno Bonilla ya la ha utilizado contra Díaz montándole escraches, aunque fuese por una ilegalidad. Para quienes estén nerviosos por Vox deberían ver que en Andalucía no llegará, pero porque está Moreno Bonilla y el PP. Lo que igual es más espantoso.

Los afectados por la silicosis del aglomerado de cuarzo llevan el caso al Congreso de los Diputados

La Asociación Española de Afectados por la Enfermedad de la Silicosis (AEPSIS) ha llevado al Parlamento español el drama de los trabajadores enfermos por haber manipulado encimeras de cocinas fabricadas con aglomerado de cuarzo, un material altamente tóxico que ha provocado una auténtica epidemia, según informó en exclusiva Diario16. En las últimas semanas la organización ha mantenido una reunión con diputados de Izquierda Unida, entre ellos María Jesús Amate, y con el delegado de esta formación por la provincia de Almería, Gabriel Sánchez Martínez, así como con un representante del sindicato Marea, para tratar la problemática del “reconocimiento de la enfermedad profesional de la silicosis de los trabajadores que trabajan o han trabajado en la fabricación y en el elaborado (mecanizado) de los materiales denominados aglomerados de cuarzo”, según un comunicado de la asociación. Los integrantes del colectivo también se han reunido con diputados de Podemos y con otras asociaciones de afectados por silicosis, como ANAES (Cádiz) y OSILICE (Porriño, Pontevedra). Tras muchos años en el olvido, los enfermos de la silicosis del aglomerado han emprendido una lucha contra las administraciones para que se les reconozca la enfermedad profesional.

Un informe de Comisiones Obreras del año 2012 arroja datos preocupantes: al menos 700 trabajadores andaluces (el 15 por ciento de los 5.000 empleados del sector) sufren este mal, y 35 han muerto ya a causa de una dolencia silenciosa de la que nunca, hasta hace unos años, se había hablado en España.

Los aglomerados de cuarzo, utilizados en la fabricación de encimeras de cocinas y otros productos del hogar, son materiales sintéticos en forma de tableros de más de 3 metros de longitud y con un espesor de 12, 20 y 30 milímetros. Compuestos en su mayor parte de sílice (cristobalita) la proporción de este compuesto llega a alcanzar hasta el 92% del material. El resto, entre un 8 y un 15%, es una resina termoplástica de naturaleza poliéster que da el colorido a las encimeras mediante pigmentos inorgánicos y orgánicos.

Según AEPSIS, estos materiales en su proceso de fabricación producen gran cantidad de polvo de sílice, cuarzo y cristobalita, que afectan gravemente a los trabajadores que lo respiran y que terminan desarrollando la enfermedad de la silicosis. El polvo de sílice se introduce en los pulmones y sus partículas actúan como auténticas cuchillas, “de tal forma que va cerrando la cavidad pulmonar, disminuyendo la capacidad respiratoria del afectado, que incluso puede llegar a morir por asfixia”. A pesar de que actualmente las empresas fabricantes ya realizan los procesos automatizados, siguen apareciendo casos de trabajadores afectados por la temida silicosis, tanto en las plantas de producción como en las fábricas de mecanizado. La eliminación del polvo que se genera en el proceso de fabricación de las encimeras y una protección adecuada de los operarios son la única defensa que existe para combatir la enfermedad.

La silicosis es una enfermedad silenciosa que no tiene cura y que va avanzando lentamente hasta que el enfermo muere por asfixia, como denuncian dos viudas de trabajadores fallecidos en la comarca del Valle del Almanzora. Los que contraen la enfermedad sufren una muerte lenta, agónica, hasta que sus pulmones dejan de funcionar. Los últimos meses de vida se convierten en un auténtico calvario para los pacientes, ya que tienen que vivir pegados a una máquina asistida para poder respirar y permanecen largos periodos de ingreso en cuidados intensivos.

AEPSIS lucha por que se reconozca la silicosis como enfermedad profesional, con todos sus derechos. También pretende lograr mayor agilidad de la administraciones a la hora de detectar la enfermedad de aquellas personas con problemas respiratorios (no confundir el diagnóstico con otros tipos de causas: tabaquismo, neumonía, resfriados); y agilizar el protocolo PISA por parte de los médicos y mutuas cuando un trabajador de este sector se queja de problemas respiratorios, derivándolo urgentemente al hospital comarcal correspondiente. También pretenden reclamar la responsabilidad de las empresas hacia los trabajadores que manipulan aglomerados de cuarzo y un mayor control de las mutuas para detectar la silicosis en grado 1 y que no avance a grado 2 o 3.

El 50% de llamadas al teléfono del mayor denuncian maltrato o abandono

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El 50% de las llamadas al teléfono del mayor es para denunciar situaciones de detección de riesgo de maltrato o abandono, una prioridad para Andalucía, según se desprende de las 4.276 llamadas recibidas. Asimismo, el 45% iban referidas a solicitud de información sobre la red de recursos para personas mayores.

El Teléfono de Atención a las Personas Mayores (900.85.83.81) se ha consolidado como un servicio público de información ciudadana, gratuito y que funciona durante las 24 horas del día y los 365 días del año, mediante la atención personalizada de profesionales cualificados. Sus objetivos son la detección de situaciones de riesgo o maltrato que puedan llegar a personas mayores; la recogida de quejas sobre el funcionamiento de centros de atención especializada, y facilitar información sobre los servicios y recursos existentes en Andalucía para personas mayores, entre otros.

Constituye un instrumento jurídico que conlleva la correspondiente investigación, adopción de medidas para el cese del posible abuso y en su caso la puesta en conocimiento inmediata al Ministerio Fiscal, contando con la colaboración de las y los profesionales, familiares, amigos, y entornos. Además, se han iniciado los trabajos para activar un protocolo especial de atención para proteger a las personas mayores en situación de desasistencia u objeto de maltrato.

La Junta de Andalucía cuenta también con el Programa de Orientación Jurídica, un servicio gratuito de atención personalizada que permite a las personas usuarias realizar consultas a la experta o experto con el fin de resolver cuestiones de carácter jurídico que se les puedan plantear, incluida cualquier situación de posible maltrato. Durante el año 2017 se han derivado a las Fiscalías Provinciales un total de 333 de las que 37 han sido derivadas a la Sección de Violencia sobre la mujer.

También en los centros de participación activa de la Junta de Andalucía se llevan a cabo distintas acciones de sensibilización y conocimiento mediante charlas informativas y talleres donde se facilita información acerca de conductas indeseadas o fraudulentas y de los recursos asistenciales y sociales a los que pueda acudir la persona mayor en demanda de ayuda y como detectar posibles situaciones de abuso.

Otra línea de actuación se dirige a la toma de conciencia de este problema mediante la celebración de actividades formativas para los y las profesionales que prestan servicios en centros especializados de personas mayores y que son los que ofrecen un trato más directo con mayores y familiares.

Además, existe la Inspección de Servicios Sociales, órgano que actúa en centros y servicios tanto para la detección de posibles abusos y malos tratos como para las actuaciones necesarias en caso de denuncias aplicando medidas correctoras, en su caso.

La operación del Popular: 600 millones por un euro

Tal y como afirmábamos ayer en Diario16, en base a la información publicada por VozPópuli, el Banco de España (BdE) redactó un informe secreto en el que se reconocía, entre otras cosas, que el Popular disponía el día de su resolución de 600 millones de euros de liquidez que le hubieran permitido abrir sin ningún tipo de problema las oficinas el 7 de junio, lo contrario de la versión oficial por la que, si no hubiera llegado el Santander, esas sucursales no podrían haber abierto porque no había dinero líquido. Por tanto, ya hay una falsedad que demuestra que ni el Popular tuvo que ser intervenido, ni vendido por un euro al Santander ni, por supuesto, ni hubo que arruinar a más de un millón y medio de personas.

Tomando como base esos 600 millones de euros de los que disponía el Banco Popular, nos hallamos ante un hecho gravísimo: la JUR y el FROB entregaron al Santander esa liquidez por un euro, es decir, la entidad presidida por Ana Patricia Botín se llevó 600 millones de liquidez por un euro. Este hecho, en sensu estricto, fue una estafa, no sólo a la propia entidad, sino a todos sus accionistas.

El documento del Banco de España demuestra varias cosas. En primer lugar, la connivencia en la operación del propio Banco Santander porque fue el máximo beneficiario de todo el proceso, y el hecho de que la JUR le entregara por un euro, entre otras cosas, esa liquidez de la que disponía la entidad intervenida incide aún más en el hecho denunciado por diferentes bufetes de abogados de que el banco cántabro presuntamente se ha enriquecido ilícitamente.

En segundo término, el informe del Banco de España deja muy claro que la JUR cometió un delito al vender al Santander por un euro una entidad que ni tenía problemas de solvencia y que disponía de liquidez para, al menos, revertir la situación a través de la ampliación de la ELA y de la venta de activos no estratégicos, además de poder cerrar las ampliaciones de capital ofrecidas por Deutsche Bank, Credit Suisse o Barclays Bank.

En tercer lugar, el Banco de España deja en entredicho todas las versiones ofrecidas por Emilio Saracho en el Congreso de los Diputados o en la entrevista que le realizó Antonio San José, director de Comunicación del banco, en la que el presidente de la entidad que acababa de ser intervenida estaba exultante y dijo frases como «es el final de una operación que se anunció de una manera particularmente singular» o «hemos procedido a vender el banco mediante un mecanismo de resolución a uno de los contendientes que más interés y más capacidades tiene para llevar el Banco Popular a nuevos horizontes».

En cuarto término, el Banco de España da la razón a quienes están poniendo en duda la instrucción del juez Andreu a la hora de tomar decisiones ya que, si conocía este informe más todos los documentos presentados por Diario16 que demuestran que la resolución del Popular fue el resultado de una operación perfectamente diseñada, ¿por qué no ha adoptado ningún tipo de medida cautelar?

Finalmente, este nuevo documento conocido, de los muchos que aún quedan por salir a la luz, demuestra que, la operación, ante el peligro que suponían las ofertas de Barclays, Deutsche Bank, Värde y las posibilidades de que los organismos económicos dieran aire al Popular y pudiera recuperarse, se tomó la decisión el día 3 de junio que la entidad debía ser resuelta e, incluso, se realizó un cronograma de todos los procesos que determinaban fecha y hora de la intervención y la venta por un euro de un banco que disponía de liquidez y que tenía solvencia.

¿Se empezarán a tomar decisiones?

La Justicia puede paralizar la apertura del Centro Comercial Torrecárdenas por el peligro para la salud pública

Las irregularidades publicadas por Diario16 en la construcción del Centro Comercial Torrecárdenas, en Almería, y que pueden provocar un grave problema de salud pública ya que podrían afectar a la red de agua potable, también las ha tenido en cuenta la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4, María del Mar Cruz Moreno a través de la denuncia puesta por Tomás Olivo y ha solicitado al Ayuntamiento de Almería «que aporte testimonio del expediente […] así como que informe expresamente y con celeridad sobre la existencia de las deficiencias denunciadas, su gravedad, su subsanación y, en el caso de no haberse subsanado, las razones de no hacerlo pese a tener conocimiento de ellas».

Tal y como publicábamos, existen una serie de las deficiencias detectadas en la construcción del Centro Comercial que se centran en que el montaje de la tubería de abastecimiento procedente de las obras y saneamiento de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax que transcurren por la urbanización a una cuota inferior a las infraestructuras de saneamiento que marca la ley. Este hecho también es contrario a las prescripciones técnicas aprobadas por el Ministerio de Fomento, las ordenanzas municipales sobre la normalización de elementos constructivos para las obras de urbanización. Además, las instalaciones de media tensión transcurren por encima de las redes de abastecimiento.

Dentro de la providencia, la jueza insta al Ayuntamiento de Almería a que adopte «las medidas necesarias, en tanto no exista un informe de la concesionaria que certifique que se ha cumplido con la normativa y se han subsanado las irregularidades, incluida la suspensión del inicio de actividad alguna, así como a que, previamente a la autorización del inicio de actividad por parte del Ayuntamiento, se acredite ante el juzgado la subsanación de las referidas deficiencias denunciadas». Entre estas medidas podría encontrarse la paralización de la apertura del Centro Comercial, algo que llevan solicitando asociaciones como AMAyT o Tomás Olivo a través de la sociedad General de Galerías Comerciales S.A. que es quien puso la denuncia a través del abogado Javier Gómez Bermúdez.

La Justicia ha tomado una decisión ante el silencio administrativo y político que, con la excusa de la creación de puestos de trabajos, parecen dispuestos a poner en riesgo la salud de más de 30.000 personas.

Plante de los funcionarios de prisiones de Andalucía

Los funcionarios de prisiones vuelven a la calle. Esta vez la rebelión contra el Ministerio del Interior ha comenzado en Andalucía, en concreto en las tres cárceles de El Puerto (Cádiz), cuyos trabajadores han iniciado una acampada reivindicativa para protestar contra las malas condiciones laborales que padecen desde hace años. La situación de masificación y falta de seguridad en las prisiones españolas ha tocado fondo y los funcionarios han decidido dar un paso adelante convocando una movilización bajo lemas como ‘Tu abandono me puede matar’ y ‘Prisiones se muere por el abandono de la administración’.

La plantilla no solo está descontenta con la congelación salarial de los últimos años, sino con la dejadez de los diferentes gobiernos ante las agresiones que vienen sufriendo a manos de los reclusos. Los trabajadores de las cárceles de El Puerto ya no se fían de los sindicatos tradicionales, y han decidido poner en marcha una plataforma para reivindicar sus derechos.

Al menos cien funcionarios participan en la acampada, a la que se han ido sumando los familiares de los trabajadores y compañeros de los centros penitenciarios de Córdoba, Sevilla y Málaga. Los organizadores confían en que en los próximos días la protesta aglutine a más de 400 funcionarios.

La situación en las cárceles españolas empieza a ser ya insostenible. Solo en las cárceles de Madrid los funcionarios han sufrido más de 400 agresiones en los últimos 6 años. En ese tiempo se han jubilado 173 funcionarios y solo se han incorporado 35. Es decir, hay 138 funcionarios menos.

La población reclusa de España es inferior a la media de la UE, pero la tasa de masificación es de las más altas de Europa. Los diferentes gobiernos han invertido con cuentagotas en instituciones penitenciarias (aunque es cierto que se han construido nuevas prisiones), pero el principal problema, el del hacinamiento, sigue sin ser resuelto. Así, por cada 100 celdas disponibles hay 119,6 presos, cuando la media europea es de 91,4. La ley penitenciaria española establece un preso por celda y únicamente en caso de “insuficiencia temporal de alojamiento o por indicación del médico” se puede alojar a más personas. Esta situación ha empeorado con el tiempo y ahora lo normal es que en las celdas de las cárceles españolas haya más de una persona alojada. Así, en 2015 el número de celdas disponibles en nuestro país ascendía a 53.512 para una población reclusa de 64.017 personas.

Tal nivel de saturación ha llevado al Gobierno a dividir los espacios disponibles en dos. Este parcheamiento del problema permitió incrementar el número de plazas hasta las 77.783, pero la situación ha seguido su paulatino proceso de agravamiento por culpa de la masificación. Solo países como Macedonia, Hungría, Albania y curiosamente Bélgica registran peores datos que los centros penitenciarios españoles. Está comprobado por los expertos que el hacinamiento provoca un mayor grado de conflictividad en el interior de los recintos penales, lo cual dispara el número de peleas y reyertas entre internos y de ataques contra los funcionarios. De ahí que los trabajadores hayan decidido iniciar un plante para presionar al Ministerio del Interior y obligarle a invertir en personal, en medios y en nuevos sistemas de seguridad, según informan fuentes próximas a los sindicatos de instituciones penitenciarias.

Juan Marín miente sobre su pacto con Susana Díaz

Unas palabras que se tendrá que tragar más tarde o más temprano. Unas palabras que él mismo sabe que son mentira pero que sirven como reclamo electoral. Unas palabras que los medios le recordarán y le acusarán de hacer cuñadismo, populismo y demagogia. Unas palabras de Juan Marín que vienen dictadas desde Madrid, desde la mente de Albert Rivera para que su formación no siga bajando en las encuestas internas que han hecho y que les señalan doblar como mucho lo que tienen ahora. Unas palabras que dan alas a los socialdemócratas andaluces para sacar toda la artillería contra Marín y Ciudadanos. Y cuidado que es mucha la artillería.

Ayer circulaban unos tuits en las redes sociales mostrando que Juan Marín lleva desde tiempos inmemoriales en el momio, en el sillón, en el carguito sin tener problemas de haber cambiado de un partido a otro desde los tiempos de Alianza Popular (sí la de Fraga y Verstrynge). Ahora el susanismo sacará más chanzas y verdades de quien hasta hace poco ha sido su socio gubernamental y se espera que vuelva a ser. Porque todo el mundo en Andalucía sabe de sobra que Marín y Díaz pactarán formar gobierno si los números dan. Si PP y Cs no suman mayoría suficiente, las encuestas de momento no apuntan en ese sentido, Susana Díaz sabe que contará con Ciudadanos, unos socios que no ponen problemas y que por cuatro cargos y tres milongas se subirán al carro para no desparecer.

Aun así, sabiendo que lo que decía era mentira, Marín ha afirmado que “yo me comprometo con todos los que confíen en este proyecto en que los votos de Ciudadanos no van a servir para que Susana Díaz sea presidenta de la Junta de Andalucía”. Casi nada. Se ha gustado, se ha crecido y ha puesto el listón tan alto que se sabe que ha mentido y se tragará sus palabras. Porque es de Ciudadanos y son capaces de desdecirse y jurar por lo más sagrado que no quisieron decir lo que dijeron. Con una frase que le han mandado desde Madrid, porque no es del repertorio de Marín (tiene poco repertorio), ha querido dejar claro que si el PP tiene más votos y suman, el gobierno lo obtendría Moreno Bonilla: “Juanma Moreno está preocupado en que Ciudadanos lo haga presidente, pero quien le tiene que hacer presidente son los andaluces, no Ciudadanos”. De hecho fíjense que ya le llama “Juanma”, ya tiene esa cercanía del que quiere rondar a su próximo amante.

“El enemigo para el PSOE en esta campaña va a ser Ciudadanos, pero Ciudadanos va a ser el compañero de los andaluces para cambiar esta tierra” ha querido decir en términos militares y antagonistas. Pero todo esto se sabe que es mentira y producto del juego pre-electoral. Juega a los dos posibles pretendientes y con el que está peleado, aunque sea de mentirijillas, le dice que es malo (mala pues es mujer). Al que quiere conquistar, por si las moscas, le hace la corte. Una parte más del teatro mentiroso de Ciudadanos que saben perfectamente que no alcanzarán y utilizan este juego para poder sacar más a Díaz en las previsibles negociaciones. El problema es que Díaz tiene una mala uva que no veas cuando le intentan hacer la cama y les puede mandar a Almería a aguantar a Amat como la presionen mucho. En resumidas cuentas, todo lo que diga Marín de aquí hasta el final de la campaña se sabe que es mentira y que quiere pactar con Susana Díaz… salvo sorpresa y que sumen PP y Cs.

La urbanización del Centro Comercial Torrecárdenas se adjudicó «por las buenas relaciones de la empresa Facto con la administración local»

Tal y como publicábamos ayer, la construcción del Centro Comercial Torrecárdenas, en Almería, puede provocar un grave problema de salud pública por el riesgo existente de contaminación de la red de agua potable. Las irregularidades detectadas en los distintos informes, salvo en del técnico del Ayuntamiento de Almería, no son las únicas, puesto que la propia adjudicación de la urbanización del sector donde se encuentra el Centro Comercial ya tiene aspectos que podrían calificarse como de sospechosos.

Según el Acta de la Junta General de la Junta de Compensación del Sector SUO MNO 05 del PGOU de Almería, celebrada en Almería el 26 de julio de 2011, a la que ha tenido acceso Diario16, el secretario explicó el proceso por el que se llegó al acuerdo tomado en el punto primero de proponer la adjudicación a la UTE Detea-Facto de la ejecución de las obras de urbanización del Sector SUO MN 05 en tres fases si el Ayuntamiento lo permite, por un importe global de 10.412.225 euros.

En la misma acta se recoge que una de las candidatas, Acciona, comunicó verbalmente que «podría dar una oferta para la adjudicación de la obra por un importe global de 10.050.000 euros y que no considera seria la propuesta de la UTE» propuesta por la mayoría del Consejo Rector. Por tanto, se adjudicó a una oferta de un valor mayor cuando, en el año 2.011, se miraba con mucho detalle las ofertas económicas presentadas por las empresas que accedían a las licitaciones públicas. ¿Por qué ocurrió esto?

En el punto 4º de las explicaciones del proceso de adjudicación se recoge, explícitamente, que la mencionada adjudicación a la UTE Detea-Facto se realiza, entre otros motivos, «por mantener buenas relaciones con los distintos proveedores de servicios, así como especialmente en el caso de FACTO, contar con excelentes probadas relaciones con la administración local»:

Fue en 2006 cuando se firmó el Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Almería y la empresa, por aquel entonces, Commercia, hoy Bogaris, siendo Juan Francisco Megino López (GIAL) Concejal de Urbanismo. Éste fue alcalde del Ayuntamiento de Almería, por el Partido Popular, antes de escindirse de este y constituir el partido GIAL cuya presentación llegó de la mano del ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel Siles.

Diario16 ha podido comprobar que la firma mercantil Commercia, en sus orígenes, se denominaba DETEA y en su histórico, año 2007, figura lo siguiente: «Enfoque de Bogaris en su actividad inversora y cese en sus actividades de servicios, escindiendo del grupo la actividad de Construcción e Ingeniería y potenciando sus divisiones de Promoción Especializada, Energía y Medioambiente y Agricultura. Cambio a la actual denominación Bogaris, desde la antigua de Grupo Detea».

Por tanto, demostrado el hecho de que la mercantil Bogaris tiene sus orígenes en la otra Detea y que la sociedad Commercia ahora es Bogaris, ¿quiénes formaron parte, entre sus órganos sociales y de gestión, en Detea?

Los hermanos Charlo Molina, propietarios de Bogaris, formaron parte con el ex ministro Pimentel Siles en la Sociedad Grupo Detea, titular de la licencia de obras para el desarrollo del Centro Comercial Torrecárdenas y que se firmó mediante convenio con el Ayuntamiento bajo las siglas de la sociedad Commercia.

La Justicia aplaza el mayor caso de fuga de capitales detectado en un aeropuerto español

El 14 de junio de 2016 un ciudadano español que portaba 700.000 euros en metálico en el interior de una maleta con destino a Dubái/Emiratos Árabes Unidos fue interceptado en el aeropuerto de El Prat. Los agentes decomisaron el dinero y comprobaron que se trataba de la mayor intervención de fondos practicada a una única persona durante ese ejercicio en un aeropuerto español.

Fueron los miembros del servicio de Aduanas quienes consiguieron incautarse de la remesa, que iba oculta en un fondo del equipaje de mano del supuesto evasor, residente en Marbella (Málaga). Una vez que Aduanas intervino el dinero, la persona fue puesta en libertad. De inmediato, el organismo perteneciente a la AEAT dio parte del caso al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que iniciase las oportunas “acciones administrativas sancionatorias por infracción de la normativa de circulación de capitales”.

La sanción impuesta por la Administración fue de más de 840.000 euros, por lo que una vez agotada la vía administrativa la defensa del acusado fue asumida por el letrado Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez ‒del despacho Conde-Pumpido & De Porres Abogados‒, que presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Según el abogado, la resolución recurrida resultaba “confiscatoria y desproporcionada”, ya que la Administración había actuado “obviando cuestiones como las circunstancias del hecho, la justificación del origen de los fondos intervenidos y los principios de ponderación y proporcionalidad que debe sustentar cualquier clase de resolución administrativa”.

Una vez admitido a trámite el recurso y contestado por la Abogacía del Estado, la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió suspender la resolución del recurso. El motivo alegado fue que el Supremo está pendiente aún de resolver otro asunto similar: el recurso de casación frente a otra resolución administrativa por la que a un ciudadano se le interceptó más de 125.000 euros en efectivo en otro aeropuerto español.

“La cuestión fundamental de la resolución es si la sanción impuesta por la Administración, la cual en ambos casos excede en más del cien por cien de los medios de pago interceptados, pudiera ser contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogida en la sentencia de 16 de julio del 2015 en relación con el principio de proporcionalidad y con el concepto de sanción eficaz, proporcionada y disuasoria en el ámbito de las infracciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, según fuentes de la defensa.

Si ambos recursos prosperasen, el legislador deberá modificar la redacción de los artículos 57.3 y 59.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales, y adecuar el “arco potestativo sancionatorio a lo dispuesto por la jurisprudencia europea y nacional”, añaden las citadas fuentes.

Desde que estalló la crisis, la fuga de capitales ha ido en aumento. Sacar el dinero a paraísos fiscales y a Suiza se ha convertido en algo habitual. Según datos del Banco de España, solo en el año 2015, cuando la incertidumbre económica seguía arreciando con fuerza, salieron de España 70.200 millones de euros. Más de 30.000 fueron evadidos en los últimos meses del año, coincidiendo con las elecciones generales y la situación de inestabilidad política.