viernes, 23 enero, 2026

La privatización de los hospitales nutrió la corrupción en la Sanidad con los gobiernos del PP

José Antequera
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La privatización de los hospitales nutrió la corrupción en la Sanidad con los gobiernos del PP

La situación de la Sanidad pública española resulta preocupante tras los últimos años de recortes acometidos por los gobiernos del PP, pero sobre todos los problemas planea una amenaza que inquieta especialmente a los expertos: la privatización de buena parte del servicio, una tendencia que se inició a finales de los años ochenta y que tiene que ver con el concepto neoliberal de la sanidad como negocio. El libro La contrarreforma sanitaria, un estudio coordinado por Marciano Sánchez Bayle y publicado por la editorial La Catarata, aborda los procesos de privatización que se han llevado a cabo en España en los últimos años y describe el “sistemático desmantelamiento de la sanidad pública española”. Según sus autores, aprovechando la actual situación de crisis se está produciendo una ofensiva “acelerada y de gran intensidad” para destruir el sistema de salud estatal y privatizarlo, o lo que es lo mismo: venderlo al mejor postor. Y donde hay venta hay negocio y hay corrupción.

Las primeras peligrosas desviaciones hacia lo privado surgieron con la aprobación de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) de 1990, que definía un modelo sanitario mixto mediante la integración en una sola red de todos los recursos sanitarios, fuesen o no de titularidad pública. De esta manera, el Gobierno de CiU, inspirado por su ideología neoliberal, daba el primer paso. Después de aquello llegaron nuevas agresiones al sistema, como el denominado Informe Abril (1991), bajo auspicio de Felipe González, en el que se proponían nuevas medidas liberalizadoras que con el tiempo se han ido implementando: introducción de criterios empresariales de mercado en la sanidad pública, intervención de compañías privadas de seguros y mutuas en el sistema público sanitario, subcontratas de personal médico, establecimiento de copagos, etc. El proyecto provocó una airada respuesta de rechazo en el sector y las medidas quedaron aparcadas, pero desde entonces no ha habido un solo Gobierno que no haya tenido la tentación de hacer negocio con los recursos sanitarios. Así, en 1992 se construyó el Hospital Costa del Sol de Andalucía, que incorporó principios de gestión privada.

En 1995 la Xunta de Galicia creó la Fundación del Hospital de Verín, primer caso de puesta en marcha de un modelo de gestión sanitario privado aprovechando la ley de fundaciones de 1994. Y finalmente, en 1999, se puso en marcha el Hospital de Alzira (Valencia), auténtico símbolo del nuevo modelo privatizador (aunque recientemente la Generalitat Valenciana ha decidido recuperar su titularidad pública).

Todas estas medidas llevaron a la financiación privada de una parte importante del sector sanitario de nuestro país (desgravación de seguros médicos por las empresas, copagos en medicamentos, transporte sanitario privado, prótesis de pago); a la privatización de la gestión de las aseguradoras (mutualidades de funcionarios, Muface, Isfas): al empleo de criterios privados en la gestión de los hospitales y centros de salud de titularidad pública (fundaciones sanitarias, consorcios hospitalarios, sociedades mercantiles, conciertos, externalizaciones de servicios y de unidades médicas de apoyo); y a la privatización en general de la gestión de algunos centros que eran netamente públicos. Finalmente, el decreto 29/2000 sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud puso las bases para la venta por parcelas de buena parte del sistema público sanitario.

Los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, no solo de la administración central sino también los autonómicos, han apostado por una política de liberalización, en ocasiones encubierta bajo el argumento falaz de que lo único que se estaba privatizando en los centros sanitarios españoles era su gestión, no la titularidad que, según nos decían, seguía perteneciendo al Estado. En realidad ese argumento constituía una gran falacia bajo la cual se escondía el auténtico objetivo: trocear la sanidad pública, venderla por parcelas y hacer negocio con ella. Con los años, la privatización no solo ha alcanzado a la gestión de algunos servicios médicos mediante subcontratas con empresas privadas sino a todas las parcelas y departamentos, hasta el punto de que España se ha desprendido de buena parte de su patrimonio sanitario, que ha terminado en manos de empresas particulares. La mal llamada “externalización” ha afectado sobre todo a las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, las dos regiones que curiosamente más han sufrido el azote de la corrupción, salpicando al sector sanitario y también al educativo.

Que se ha estado especulando con el sistema bajo el eufemismo de “colaboración público-privada (CPP)” es algo que está siendo investigado por algunos jueces tras estallar grandes escándalos como Gurtel o Púnica. Las prácticas irregulares han sido numerosas y variadas: hospitales y centros de salud que multiplicaban su coste de construcción, irregularidades en la adjudicación de las concesiones, recortes injustificados en edificios y equipamientos, deterioro de la calidad de los materiales, sobrecostes no contemplados en los contratos, retrasos en la entrega de las obras, contrataciones amañadas de personal, trampas en la licitación… Una inmensa trama de especulación basada en la idea nefasta de que la salud de las personas también puede ser un gran negocio.

Ciudadanos llama colchón a Susana Díaz

Santiago Aparicio
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Ciudadanos llama colchón a Susana Díaz

Intentan ser graciosos pero al final la chanza pierde sentido por su propia forma. No lo han pensado así en Ciudadanos que han comparado a Susana Díaz con un colchón viejo que hay que cambiar. También con un cepillo de dientes o un coche. Mientras Juan Marín estaba degustando de gañote platos de jamón de bellota, ese mismo jamón que muchos andaluces y andaluzas no han podido degustar, salvo en muy contadas ocasiones con suerte, por las políticas capitalistas que propugnan en la formación naranja. Es la muestra, una vez más, del doble juego de Ciudadanos, que se venden como personas sencillas cuando están trabajando para el Ibex-35.

Ya afirmaron no hace mucho que querían enseñar a las andaluzas y andaluces a pescar (como si en Andalucía fuesen todas las personas tontas), ahora les quieren enseñar a votar y a gastar. Quieren enseñarles a cambiar de voto como se cambiar de colchón porque siguen pensando en su foro interno que la ciudadanía andaluza es estúpida. Hay que tener en cuenta que la campaña y las órdenes llegan de Madrid/Barcelona, no son creación de Marín y su equipo (que no pintan nada), y en la sede central de la calle de Alcalá se piensa que Andalucía es una rémora y un gasto que perjudica a los empresarios que les apoyan.

Sin embargo, han cometido un error en Ciudadanos. Incluso pudiendo parecer que el marketing electoral que quieren transmitir es novedoso o gracioso, han perdido la perspectiva del poder de marca. Es sorprendente que estas gentes de Ciudadanos que tan listas se venden, y tan preparadas en la cosa de las empresas, no se hayan percatado de esa cuestión tan simple y que se vuelve en su contra. Si un “consumidor” está contento con una marca, cuando gasta el producto, suele recurrir a la misma marca de nuevo. Tanto con un modelo más moderno (caso de coches o móviles) como por un producto de la misma marca. Por ello desde el PSOE le podrían decir que ellos y ellas han cambiado como las marcas los modelos. Desde el modelo Rafael Escuredo hasta Susana Díaz han pasado los modelos José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Griñán. Los andaluces están encantados con la marca PSOE y sus modelos podrían decirles.

Si realmente hubiesen estudiado en las grandes escuelas de negocio y todas esas universidades de relumbrón sabrían que algunas marcas (tipo Apple) han generado un efecto de comunidad, de pertenencia que es complicado romper. Han probado con esa marca que les da satisfacción y consumen todos sus productos. Así que para cambiar hay que ofrecerles otro tipo de identidad de marca. Una identidad que Ciudadanos no ofrece por chulería y prepotencia con Andalucía. No es que el colchón naranja sea mejor, desde luego en Valdemoro (quebraron el Ayuntamiento) y Arroyomolinos (se han corrompido) creen que no, es que es un colchón que no te va a proporcionar ningún placer. El discurso del odio y la España homogénea no casa, no genera satisfacción en una Andalucía orgullosa de ser lo que es y no tener que elegir entre su doble identidad andaluza y española. Por lo tanto, llamar colchón a Díaz no es que sea una buena estrategia sino todo lo contrario. Y la próxima vez contraten a alguien que realmente haya estudiado y sepa.

Maltratadores y asesinos machistas podrían perder la patria potestad

José Antonio Gómez
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La sociedad española está cada vez más sensibilizada con la lucha contra el terrorismo y la violencia machista. La implicación de la sociedad civil en esta cruzada es fundamental porque no se puede dejar sólo en manos de la clase política ya que, en ella, por desgracia, nos encontramos con la priorización de intereses ideológicos a los de las víctimas. ¿Qué seguridad pueden tener las mujeres de este país en alguien como Pablo Casado que fue apoyado por organizaciones que van en contra de los derechos de la mujer como Hazte Oír?

Desde luego, esta lucha no se puede dejar sólo en manos de la Justicia donde, a pesar de que cada vez son más los jueces y juezas, los y las fiscales comprometidos al 110% en poner su trabajo al servicio de la protección de las víctimas, aún nos encontramos con elementos machistas que perpetras día a día atentados contra las mujeres, absolviendo a maltratadores confesos, minimizando las penas a los terroristas machistas —en muchos casos aceptando el atenuante del inexistente síndrome de alienación parental (SAP)— o negando medidas de protección adecuadas a las mujeres que denuncian.

Ante esta situación límite, ante la masacre que está viviendo España, varios expertos y diferentes organizaciones han presentado un borrador para la Ley frente a la Violencia contra la Infancia por la que se ve fundamental la prohibición a cualquier progenitor acusado o condenado por delitos relacionados con la violencia machista de tener ningún tipo de régimen de estancia, relación o comunicación con menores de edad implicados. Esto sería posible con la ampliación del artículo 153 del Código Penal.

La medida propuesta va más allá de lo incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya que en dicho documento se prohíbe el régimen de visitas sólo en los casos en los que el menor hubiera sido testigo o convivido con las manifestaciones de la violencia machista o si el padre fue condenado por delitos relacionados con la misma. Sin embargo, sólo se refiere al régimen de visitas, no a la patria potestad, lo que demuestra, una vez más, que dicho Pacto de Estado se quedó muy corto en relación con las necesidades de las decenas de miles de mujeres que en España sufren el maltrato o que están en alto riesgo de ser asesinadas por hombres que aún no han salido de los modelos medievales de convivencia.

Con esta medida, además de proteger a las mujeres, se pretende fundamentalmente evitar que los hijos sean rehenes o sean utilizados para hacer daño a la madre, tal y como ya hemos podido comprobar en múltiples ocasiones en las que el machista asesina a los hijos de la manera más cruel durante los regímenes de visitas. Sin embargo, en el borrador se incluye la necesidad de, en caso de absolución de la responsabilidad penal, que el padre sea analizado psiquiátricamente para determinar si se le permite retomar el contacto con los hijos porque si los encuentros continúan poniendo en riesgo a los menores no es posible la reanudación de las visitas o de la custodia.

Hasta ahora, según datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, un 25% de las sentencias por violencia machista anuló la patria potestad. Expertos judiciales coinciden con la medida propuesta en este borrador se cubre uno de los puntos fundamentales de la protección: la subjetividad a la hora de interpretar la ley. Con estas nuevas medidas se podría introducir en la pena impuesta al maltratador o asesino machista la supresión de la patria potestad de manera obligatoria.

España no es país para la lucha contra el terrorismo machista

El establishment manda amarse a Casado y Rivera

Santiago Aparicio
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El establishment manda amarse a Casado y Rivera

Por mucho que vaya fardando Pablo Casado de tener una encuesta que le pone por delante del PSOE, la realidad es que desde el establishment se ha dado la orden de que las derechas vuelvan a colaborar más que competir. Visto que el experimento Ciudadanos, ese populismo de derechas que pedía el presidente del banco Sabadell, no ha servido para enterrar al PSOE, ni frenar a Podemos, quieren echar hacia atrás. La llegada de Casado al poder del PP también influye en esta decisión. De momento no quieren que se unan, tal y como ha pedido José María Aznar, pero les dan hasta después de las elecciones andaluzas para comenzar la colaboración intensiva.

Albert Rivera, tal y como le pasó a su otrora querido Adolfo Suárez, sabe que tiene los días contados sino hay una debacle en forma de corrupción más masiva en el PP. Al igual que los poderes fácticos obligaron a Suárez dejara la política, lo mismo van a hacer con Ciudadanos cuando sea necesario. Y eso es algo que ya se va transmitiendo desde la propia formación naranja. Como ha desvelado la cadena SER, distintos dirigentes naranjas ya saben que tienen que colaborar de forma más asidua con el PP para formar una gran entente de derechas que derrote al PSOE y su socio Podemos. Lo venderán como lo terrible que son las negociaciones del gobierno de Pedro Sánchez para solucionar el problema catalán (algo que apoya el propio establishment con la visita de su edecán Juan Rosell, jefe de la patronal, a Oriol Junqueras en la prisión), como la alianza del PSOE con los populistas que quieren hundir el país, o cualquier otra fórmula que vayan encontrando por el camino (como acribillar a Sánchez por culpa de la casa real). Pero Rivera sabe que son dos telediarios salvo que superase al PP en Andalucía.

La clave está, sin duda en Andalucía, que será la última batalla entre los partidos de derechas por hegemonizar la derecha española. Con las encuestas en la mano, ahora quienes desaparecerán son Ciudadanos y Rivera, pero aún le cabe una esperanza al chaval de Barcelona. Sólo, y sólo, si ganase al PP en Andalucía, sería Casado el perjudicado. Y todos se rumian que eso no va a ser así. Las encuestas que ya se manejan en los cuarteles de los partidos no le dan más de 20 escaños a Ciudadanos, muy por detrás del PP. Les van a dejar antagonizar en Andalucía, pero se acabó. El establishment es consciente que el PSOE ganará de nuevo y que, al no sumar las derechas, se juntará con Ciudadanos. Pero esa muleta entre PP y PSOE no les viene mal de momento. En un futuro, como hicieron con Suárez o el Partido Andalucista, decidirán qué hacer.

No quieren los poderosos que esto se desmande más, tal y como han estado viendo en las últimas fechas, con dos partidos peleados por ver quién atacaba más al pueblo y al gobierno extremando sus posturas. No es estúpida la clase dominante y necesita de algún tipo de concesión (simbólica o material) hacia la ciudadanía para salvar sus fortunas. La manía con el cupo vasco de Ciudadanos no ha gustado porque en Euskadi sacan muchos beneficios del Estado y la sociedad, como les pasaba en Cataluña. Tampoco gustan ciertas expresiones sobre la inmigración porque eso es tirar piedras indirectamente contra los empresarios, que parecen sólo contratar extranjeros para perjudicar a los españoles y españolas. Esos giros, aunque demagógicos, no gustan nada porque ponen al descubierto las verdaderas intenciones del establishment.

Por todo ello, tal y como va lanzando José Luis Martínez-Almeida para el Ayuntamiento de Madrid, la clase dominante ha dado orden de dejar la pelea. Algo que ha sido bien recibido en Ciudadanos, salvo por Rivera y gente de su círculo más cercano, y no tan bien en los cuadros del PP. Han tenido que aguantar el populismo de Ciudadanos contra ellos para ahora tener que tragar por mandato imperativo. Lo harán, pero están deseando que la formación naranja sea la que desaparezca. Rivera mandará una carta de amor a Casado para que parezca una verdadera historia de amor, pero será como la rendición de Breda. A los que afirman que vinieron para quedarse les están enseñando la puerta de salida si no ganan en Andalucía… y no lo harán. En Andalucía nacerá el amor y la unión.

Post Scriptum. Si no creen lo anterior sólo tienen que ver que Casado ha atacado los acuerdos PSOE-Podemos por el Salario Mínimo Interprofesional y Rivera por la subida de impuestos a las rentas más altas. Y ambos han hablado de podemización y recesión económica. No son coincidencias en el mundo del dinero.

Preocupación en Bruselas por el trato que se da a los presos en algunas cárceles españolas

José Antequera
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Preocupación en Bruselas por el trato que se da a los presos en algunas cárceles españolas

El sistema penitenciario español dista mucho de funcionar como debería hacerlo en una sociedad democrática que muestra absoluto respeto por los derechos humanos. Así se desprende de las conclusiones elaboradas por el Comité Europeo para la  Prevención de la Tortura (CPT), que desde hace unos años sigue de cerca el trato que las personas detenidas reciben por parte de los distintos cuerpos policiales en nuestro país. En uno de sus últimos informes, fechado en octubre de 2016, los expertos enviados por Bruselas prestaron especial atención a la aplicación de las garantías contra los malos tratos y a los cambios efectuados en el marco legislativo sobre la detención incomunicada.

Según este organismo, la gran mayoría de los internos españoles que se encuentran en módulos de régimen ordinario (entre los que se incluyen los llamados “módulos de respeto”) y que fueron entrevistados por la delegación europea no alegaron haber sufrido maltrato físico por parte del personal. Sin embargo, “sí recibimos una importante cantidad de denuncias sobre maltrato físico (respaldadas por documentos médicos) por parte de detenidos que se encuentran en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales”, asegura el informe. Los enviados del CPT documentaron “bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras propinados, principalmente, a modo de castigo informal tras episodios de desobediencia, violencia entre prisioneros o casos de autolesión”.

Los expertos añaden que “también se nos dijo que algunos de estos maltratos físicos tuvieron lugar mientras el prisionero en cuestión estaba sometido a sujeción mecánica”, es decir, herramientas para inmovilizar a los presos. El CPT está seriamente preocupado por la gravedad de estos hechos y recomienda que los directores de los centros penitenciarios “lleven a cabo una mayor supervisión del personal y se garantice que las quejas presentadas por los detenidos sean investigadas de modo eficaz”, añade el dosier. Asimismo, el CPT recuerda que el personal sanitario tiene el deber de registrar de forma precisa toda lesión que observe en los presos y que sea “indicativa de maltrato físico” por parte del personal, e informar de ello a las autoridades judiciales competentes.

El hecho de que se lleve a cabo la fijación mecánica de internos continúa siendo un asunto que preocupa al Comité. Las recomendaciones que en el pasado hizo el CPT para que se regulara debidamente el recurso a la inmovilización no se han aplicado. Una vez más, la delegación del CPT vio que se recurría a la inmovilización de los presos durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado. Es más, parece ser que en algunos casos el motivo por el que se recurría a ella era “claramente punitivo” (por ejemplo, en caso de resistencia pasiva a una orden dada por el personal) y algunas de las formas en la que se llevaba a cabo (sin permitir a los presos hacer sus necesidades) suponían un “ataque a su dignidad”. Asimismo, la medida también se aplicaba a menudo a detenidos con problemas mentales. El CPT considera que los intentos por regular la fijación mecánica “han fracasado” y que la medida es “abusiva” en todos los centros que el Comité ha visitado. En opinión del CPT, la medida de la fijación mecánica podría suponer, en muchos casos, “trato inhumano o degradante”. En el informe se insta a las autoridades españolas a que dejen de recurrir a la sujeción mecánica con fines regimentales en las prisiones.

Asimismo, el CPT valora de forma positiva el “considerable esfuerzo” realizado por las autoridades españolas para poner fin al hacinamiento en las cárceles, algo que en los últimos años ha dado importantes resultados, en particular, con el aumento del número de penas no privativas de libertad y reformas legislativas que reducen la duración de las penas de algunos delitos.

En general, los centros penitenciarios visitados ofrecen buenas condiciones materiales para el alojamiento de internos que se encuentran en módulos de régimen ordinario. No obstante, se pueden observar “ciertas deficiencias” en los módulos de régimen cerrado y en los departamentos especiales.

El CPT comprobó que en varios centros penitenciarios se imponían períodos consecutivos (hasta de 14 días) de aislamiento con “fines disciplinarios” que se interrumpen sólo durante un día. El CPT reitera su recomendación de que “no se someta a ningún interno a régimen de aislamiento de forma continua, a modo de castigo, más de 14 días”. El informe aborda la situación del personal de prisiones, la vida de los presos transgénero, los cacheos a los reclusos y la efectividad del sistema de denuncias, recomendando que se tomen medidas cuando sea necesario.

En cuanto a la supervisión judicial del sistema penitenciario, el CPT observó, una vez más, que los jueces de vigilancia penitenciaria actúan principalmente como “meras autoridades para refrendar” decisiones tomadas por la administración de los centros penitenciarios, más que como entidades “independientes e imparciales de supervisión”. Se formula una recomendación especial dirigida al Consejo General del Poder Judicial para que se corrija este asunto.

Detención incomunicada

El CPT toma nota de los recientes desarrollos normativos que han hecho que el ámbito de aplicación del régimen de detención incomunicada se limite y que las restricciones que pueden imponerse a los internos se establezcan de forma individual. El hecho de que el número de decisiones judiciales para aplicar la detención incomunicada haya disminuido en los últimos años y que no se haya ordenado este régimen de detención ni en 2015 ni en 2016, es un “avance positivo”. No obstante, el Comité enfatiza que el régimen de detención incomunicada hace que las garantías fundamentales de derechos humanos sigan estando “limitadas de manera importante”. El Comité considera que, por principio, la posibilidad de imponer este régimen es algo que debería eliminarse por completo de la legislación española.

En lo relativo al régimen, se pudo ver que en todos los centros penitenciarios visitados  se ofrecía a los detenidos en módulos de régimen ordinario una gran variedad de talleres y actividades ocupacionales (incluido trabajo remunerado). De hecho, el abanico de actividades organizadas es muy amplio. Sin embargo, la situación es menos favorable en aquellos módulos de régimen ordinario en los que se encuentran los presos más problemáticos. Asimismo, las condiciones del régimen cerrado y los departamentos especiales son más limitadas, ya que consisten, en general, en “sólo tres o cuatro horas al día para poder hacer ejercicio al aire libre”. A pesar de las recomendaciones realizadas por el CPT en anteriores informes, “vemos que se ha hecho poco para promover la reintegración de detenidos en módulos de régimen ordinario”, insiste el informe.

La delegación que pasó por España hace dos años se reunió con una serie de detenidos que presentaban claros signos de trastornos mentales y cuyo estado había empeorado debido al “régimen restrictivo aplicado en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales”. El CPT recomienda que las autoridades españolas desarrollen un régimen de actividades ocupacionales para los detenidos en módulos de régimen cerrado y departamentos especiales (incluidos también los detenidos clasificados en primer grado en el Centro Penitenciario Puerto I) aplicando plenamente las instrucciones de Instituciones Penitenciarias.

En su conjunto, el nivel de los servicios sanitarios de las prisiones visitadas es “aceptable” y la dotación de personal también es suficiente en general. Ahora bien, la posibilidad de recibir atención psiquiátrica sigue siendo “algo problemática” debido a la escasez de recursos y las visitas poco frecuentes de psiquiatras externos, por lo que las autoridades españolas “deberían remediar esta situación”. La delegación también examinó el enfoque adoptado para prisioneros con problemas de drogadicción en diferentes centros y comprobó que tanto el enfoque como la calidad de la intervención del personal en las llamadas unidades terapéuticas (UTEs) variaba considerablemente según la región del país. De ahí que el Comité proponga una serie de recomendaciones para que se mejore el funcionamiento de las UTEs y la atención respecto al tratamiento de los prisioneros afectados por hepatitis C (VHC), al igual que para que se adopten “salvaguardias más estrictas sobre la fijación de internos en el entorno médico y varios aspectos de ética médica en las prisiones”.

Paloma López: “La UE apoya de facto la ocupación de Marruecos sobre el Sahara Occidental”

Diario16
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Paloma López: “La UE apoya de facto la ocupación de Marruecos sobre el Sahara Occidental”

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha alertado directamente en Naciones Unidas sobre el hecho de que “la Unión Europea (UE), con su actuación, está complicando e interfiriendo en la labor de la ONU, apoyando de facto la presencia y la ocupación del Reino de Marruecos sobre un territorio como el del Sahara Occidental cuyo pueblo tiene que decidir su futuro”.

Paloma López ha intervenido en la 4ª Comisión de Descolonización (Special Political and Decolonization Commitee) de Naciones Unidas. En ella ha denunciado que “la Comisión Europea se ha saltado la decisión del Tribunal de Justicia Europeo y la legalidad internacional” para facilitar así la puesta en marcha de los nuevos acuerdos de comercio y pesca entre la UE y Marruecos.

Alertó de que la futura legalidad de estos acuerdos, que se deben votar próximamente en el Parlamento Europeo, “está sobre la mesa porque el Tribunal de Justicia Europeo ha remarcado que el territorio del Sahara Occidental no forma parte del territorio de Marruecos, en consonancia con la legalidad y la Comunidad Internacional”.

La eurodiputada de IU tiene muy claro que esta valoración de la justicia europea “determina que es el pueblo saharaui quien debe consentir qué ocurre con sus tierras y sus aguas. Sin duda, el proceso de negociación debe recaer sobre su legítimo representante, que es el Frente Polisario”.

Paloma López mostró al principio de su intervención en la Comisión de Descolonización de la ONU “el honor que supone para mí intervenir para hablar sobre la libertad del pueblo saharaui y el derecho a decidir su destino, amparado a través de las resoluciones de Naciones Unidas y la legalidad internacional”.

Insistió en que estos nuevos acuerdos de comercio y de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos, una vez más y en contra de las resoluciones judiciales, “incluyen el territorio del Sahara Occidental dentro de su área de aplicación, dejando en manos de las autoridades marroquíes la gestión de unos recursos que no les pertenecen”.

“De este modo -apuntó- la Unión Europea se posiciona con la no resolución del conflicto y en la indiferencia ante los derechos del pueblo saharaui, así como en la vulneración del Derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas”.

López denunció también que todo ello se produce “con el beneplácito de los Estados miembros, que tienen una responsabilidad real con el Sahara Occidental y su población”. Se refirió en especial “a Francia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad y obstáculo para el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, y también hablo de España, que como potencia administradora se inhibe temerosamente ante la presión del Reino de Marruecos”.

En opinión de la eurodiputada de IU, la labor de Naciones Unidas “y en concreto de esta 4ª Comisión de Descolonización debe ponerse en valor y ser respetada. No nos podemos desentender de una población que se encuentra entre la diáspora en campamentos de refugiados o sometida a un régimen violento en los territorios ocupados por Marruecos”.

Paloma López aprovechó también para “lamentar la situación de tortura que sufren los presos políticos en las cárceles de Marruecos y, en especial, los presos de Gdeim Izik”.

“Es tiempo de reaccionar”, aseguró la parlamentaria europea. Valoró que la iniciativa que ha tomado el enviado especial para relanzar un proceso de negociación de buena fe y sin condiciones previas bajo el auspicio de la ONU “es digna de mención y debe contar con todo el apoyo por parte del Consejo de Seguridad, en los términos recogidos en las Resoluciones de Naciones Unidas, incluida la Resolución 2414 de 2018”.

Consideró que “es preciso, así mismo, extender el mandato de la Minurso, garantizando su imparcialidad e independencia para cumplir con sus objetivos. La Comunidad Internacional y los Estados miembros deben contribuir al éxito de estas negociaciones”.

Paloma López finalizó su intervención con una cita. “Existe en la tradición oral saharaui -dijo- una serie de cuentos, recogidos en un libro de Ana Cristina Herreros. Como dice su autora, hablan de seres pequeños como el erizo, pero tenaces e inteligentes, capaces de vencer al mismísimo león y de sobrevivir en la áridas arenas del desierto, esperando a que se haga realidad recuperar su tierra y su libertad”.

“Viajen a los territorios ocupados y a los campamentos de refugiados -animó a todos/as los/as miembros de la ONU- miren a los ojos del pueblo saharaui y verán, al igual que en esos seres pequeños, su determinación. Es la determinación de un pueblo que conseguirá al fin vivir en paz y en libertad en la tierra que les ha sido arrebatada”.

Un día nacional digno

Manuel Domínguez Moreno
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Un día nacional digno

Todos los países del mundo tienen su día nacional, el día en que todos los ciudadanos y ciudadanas se unen en torno al ensalzamiento de los valores fundamentales de la nación. Suelen conmemorarse grandes eventos históricos como, por ejemplo, el 14 de julio en Francia (Revolución Francesa) o el 2 de junio en Italia (referéndum sobre modelo de Estado (Monarquía o República) celebrado en 1946). En América los días nacionales suelen ser conmemoraciones de su independencia de la colonización europea: 4 de julio en Estados Unidos, 16 de septiembre en México o 16 de agosto en República Dominicana. En España, por el contrario, se celebra el día 12 de octubre por ser el día del descubrimiento de América y del inicio de la conquista del continente…, con todas las connotaciones de la fecha que se quieran poner.

Sin entrar en el significado del 12 de octubre, en la situación en la que se encuentra España, lo visto en los eventos organizados por el Ministerio de Defensa es muy preocupante para la salud democrática del país, dejando de lado el debate sobre la persona que presidía los mismos, aunque de ese tema haya mucho de lo que hablar.

El desfile del Paseo de la Castellana, como el del Día de las Fuerzas Armadas, rescata cada año imágenes de un pasado en blanco y negro que no encajan con la sociedad moderna e igualitaria que define un país como una democracia digna. Conmemorar el Día Nacional no debe ser sinónimo de una parada militar, sobre todo en un país como el nuestro en el que tenemos un pasado demasiado cercano de exaltación de lo castrense. No tenemos más que recordar cómo en las manifestaciones ultras tras la muerte de Franco se coreaba el lema «Ejército al Poder» con el ánimo de arengar a las tropas para evitar que España se convirtiera en una democracia.

Por suerte, el Ejército sí que ha evolucionado, sí que ha tenido una transición hacia la democracia y su papel en la sociedad actual va mucho más allá de la violencia, la muerte o la represión. Las Fuerzas Armadas y las de Seguridad del Estado tienen una función fundamental de dar seguridad y paz a la ciudadanía, tanto a la española como a la que en multitud de lugares del mundo se beneficia de las operaciones de paz en las que nuestros soldados se encuentran como, por ejemplo, en los países bálticos o en Mali, además de las misiones en las que la Unidad Militar de Emergencia se ha destacado por su humanidad y su eficacia a la hora de salvar vidas en grandes catástrofes naturales.

La Fiesta Nacional debería servir para, principalmente, homenajear a quienes, desde la sociedad civil, son la muestra de los valores de solidaridad, igualdad, humanidad y dignidad que caracterizan al pueblo español del siglo XXI, a quienes se juegan la vida en el Mediterráneo para salvar la vida de los náufragos que no eligen puerto, para quienes luchan por la igualdad, para los y las que, desde su profesión o su dignidad, dan su vida para terminar con el maltrato y el terrorismo machista, para tod@s aquell@s que intentan evitar los desmanes de las élites hacia el pueblo. La Castellana de Madrid debió de llenarse de los hombres y mujeres de, por ejemplo, Open Arms, de Save the Children, de Amnistía Internacional, de Unicef, de la PAH, de las asociaciones de mujeres contra el maltrato y la violencia machista, de los voluntarios que cada día entregan su tiempo para hacer la vida mejor a quien más lo necesita, además de una representación mayor de unidades u organismos públicos, como Salvamento Marítimo, que hubiera ido más allá de un vehículo especial o de una presencia testimonial.

La Fiesta Nacional es la que debe representar a todos los españoles y españolas y una parada militar, desde luego, no es más que un remedo de un pasado caduco y rancio que recuerda a los regímenes militares o autoritarios. En vez de fusiles, tanques o la multitud de herramientas de matar que han plagado el Paseo de la Castellana, el homenaje debería haber sido a las manos, los ojos, los brazos, las almas y los corazones de todos los que dan, de un modo u otro, su vida en favor de los demás, incluid@s l@s de uniforme.

Otra cosa es la representación política que allí estuvo presente y lo que realmente representan en nuestra sociedad. Allí hemos visto a miembros de los partidos de todas las ideologías democráticas con presencia parlamentaria. Sin embargo, también se manchó el buen nombre de nuestro país y se insultó al pueblo español con la presencia de líderes ultraderechistas de VOX, los mismos que el pasado domingo atacaron los valores esenciales de un Estado que continúa caminando hacia la democracia plena.

La presencia de la ultraderecha es un grave error por parte de la responsable del Ministerio de Defensa porque, mientras que otros departamentos del Gobierno están luchando por devolver a los ciudadanos sus derechos y por implantar la igualdad, la responsable de la organización fomenta uno de los momentos más rancios que puede presentar una democracia a la sociedad y que simboliza la prepotencia, la formación para intimidar, los elementos que frenan la convivencia, la paz y la vía del diálogo, un símbolo de un pasado con el que la mayoría de los españoles y españolas no se identifican. Como decíamos antes, en este desfile sólo estaría justificada la presencia de quienes están realizando acciones humanitarias y han faltado muchos de los que luchan desde la sociedad civil por un mundo mejor.

El propio Jefe del Estado debería ser la persona que frenara este tipo de eventos que representan un tiempo pasado, un tiempo que no debe volver por más que algunos de los que estaban en las tribunas están deseando su retorno y la vuelta de valores como la homofobia, la xenofobia, la desigualdad, injusticia social, y el machismo, actitudes  contrarias al espíritu de este Gobierno.

Ojalá un día no tengamos que arrepentirnos de que una democracia comprometida con el pueblo pudiera haber sido utilizada, por falta de aplicar la razón sin miedo, por la presencia en ese desfile de los líderes de VOX porque, más temprano que tarde, ellos no tendrán tanto reparo en aparecer como lo que son “utilizadores y aprovechados de la democracia”. No hay que olvidar las lecciones de la historia para no repetir los errores que se cometieron en el pasado permitiendo que la ultraderecha se aproveche de la democracia para llegar al poder, tal y como hizo Hitler en Alemania.

El Santander y el blanqueo de capitales de la corrupción en Brasil

Esteban Cano/José Antonio Gómez
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El Santander y el blanqueo de capitales de la corrupción en Brasil

En el año 2014 saltó a la luz el escándalo del “caso Lava Jato” (lava coches) del blanqueo de capitales de la empresa estatal Petrobras que, con la mayor capitalización bursátil de toda Latinoamérica, abanderaba el auge de la emergente economía brasileña.

El escándalo «sólo» parecía un caso de blanqueo de capitales del Santander y otras entidades, pero, con el tiempo, se convirtió en el descubrimiento de la mayor red de corrupción de la historia brasileña que involucraba a bancos, políticos —muchos con cargos públicos— y empresarios de Petrobras, Odebrecht y otras empresas de construcción e ingeniería.

El importe del blanqueo de capitales de Petrobras ascendía a 10.000 millones de reales brasileños (4.400 millones de dólares) y se acusó acusa al Santander y otras entidades brasileñas e internacionales de crear cuentas y realizar transferencias a supuestas compañías de importación y exportación que actuaban como fachadas para el lavado de dinero proveniente de los sobreprecios y sobornos, según se colige de los documentos de la investigación judicial centralizada en la ciudad de Curitiba, de la que se encargaron inicialmente seis fiscales, y de la investigación policial con registros bancarios y escuchas telefónicas.

El importe de 4.400 millones de dólares blanqueados, según la policía, incluyen ingresos por evasión fiscal, narcotráfico y dinero presuntamente malversado en los contratos de Petrobras. El capital blanqueado fue a parar a políticos y empresarios que se hacían con “mordidas” en efectivo y regalos por los sobreprecios de los contratos de Petrobras. En la investigación se citan cuentas específicas de las entidades en Brasil y el extranjero.

Carlos Fernando Lima, portavoz del grupo de fiscales asignados al caso manifestó en su día que, por su experiencia, «no hay una operación de lavado de dinero tan grande sin que haya alguien de una institución financiera detrás. Es demasiado como para pasar desapercibido».

El Santander es propietario en Brasil del Banco Real, que le reporta, según las cuentas anuales de 2017, el 26% de los beneficios totales del grupo. Al mismo tiempo la entidad presidida por Ana Patricia Botín viene provisionando desde años atrás más de 2.500 millones de euros en Brasil por litigios, en su mayoría fiscales. Las provisiones en Brasil superan las de toda la Unión Europea. Son sintomáticas las dotaciones por pleitos laborales que superan los 600 millones de euros, máxime cuando el Santander ha sido recientemente sancionado por la inspección de trabajo brasileña por causar depresiones y ansiedad a sus empleados.

De igual forma, la depreciación del real del 20% ha causado trastornos al Santander que le han obligado a la utilización de artificios contables para poder dar resultados positivos el pasado ejercicio 2017, tal y como informamos en Diario16 al analizar las cuentas y la auditoría de PwC del año pasado.

Entre los efectos directos o indirectos del caso Lava Jato de Petrobras están, hasta la fecha, más de 130 condenas con un total de más de 1.360 años de cárcel contra más de 80 imputados entre senadores, diputados, ministros, empresarios, etc.

Las magnitudes del escándalo ascienden a más de 4.400 millones de dólares blanqueados y 8.000 millones desviados en sobornos a todo el espectro político de Brasil, más de 25.000 millones adjudicados en contratos irregulares, un agujero en Petrobras de más de 13.200 millones de dólares, una sanción de casi 1.800 millones de dólares a la petrolera brasileña por la SEC americana, etc.

La cuestión actual es la lucha existente en Brasil entre los políticos de todo el arco parlamentario que quieren que se eche tierra sobre el asunto y los que quieren que se termine por conocer toda la verdad entre los que se encuentra el encargado de la causa el juez Sergio Moro.

¿Cuál será el alcance final que tendrá la investigación del blanqueo de capitales para el Santander? ¿Se quedará este caso en “agua de borrajas” si finalmente vence en las elecciones el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro? ¿Tiene miedo el Santander de que venza el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad,  se termine de destapar todo el escándalo y se instauren medidas contra la banca? Son preguntas que surgen sobre todo cuando es un hecho el apoyo de las élites religiosas, financieras y empresariales al hombre que ganó en la primera vuelta de las elecciones. Próximamente, hablaremos de Bolsonaro y la entidad presidida de Ana Patricia Botín.

El Santander y el blanqueo de capitales de las dictaduras

Portugal: el ejemplo económico a seguir por Pedro Sánchez

José Antonio Gómez
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Portugal: el ejemplo económico a seguir por Pedro Sánchez

Nuevamente Portugal se convierte en ejemplo a seguir por España, tal y como ocurrió en el año 1974 con la Revolución de los Claveles, a la hora de devolver al pueblo lo que las políticas autoritarias de la derecha le arrebataron. El gobierno de progreso de Antonio Costa ha implementado una acertada combinación de políticas económicas y sociales y, sobre todo, ha generado un diálogo social constructivo entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos que ayudó a Portugal a recuperarse de la crisis económica y financiera de 2008 e impulsó el crecimiento de la economía y del empleo. Así queda reflejado en un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe constata que Portugal encontró una salida a la crisis gracias a la combinación de políticas económicas y sociales que contribuyeron a mejorar el clima empresarial, la eficacia del sector público, la educación y la formación, y la integración en las cadenas mundiales de producción. Estos factores –algunos de los cuales estaban presentes antes de la crisis– prepararon el terreno para una recuperación sólida.

La experiencia positiva en Portugal contradice la idea tradicional que sostiene que es posible acelerar la recuperación económica y recobrar la competitividad internacional simplemente con reducción de los costos del trabajo y con más flexibilización del mercado laboral.

El empleo en Portugal, que a finales de 2017 era de 4,8 millones, se ha recuperado parcialmente de la pérdida de más de 600.000 puestos de trabajo producto de la crisis. Con alrededor de 351.800 personas en busca de empleo (6,7 por ciento) en el segundo trimestre de 2018, el nivel de desempleo se equiparó al del período anterior a la crisis. En 2013, la cantidad de desempleados alcanzó la cifra de 927.700 frente a solo 455.200 en 2008.

Portugal constituye una base sólida para fundamentar las futuras decisiones políticas las cuales podrían convertirse en un punto de referencia para otros países como, por ejemplo, España tras el cambio de Gobierno y la priorización de las políticas sociales frente a los factores macroeconómicos. El director general de la OIT, Guy Ryder, citó a Portugal como «un excelente ejemplo de un país que supera las políticas de austeridad, y al mismo tiempo mantiene un compromiso real para alcanzar la consolidación fiscal que se necesita».

El diálogo social entre el gobierno de Antonio Costa y los interlocutores sociales del país fue un elemento clave para alcanzar los resultados obtenidos. Sin embargo, las decisiones tomadas unilateralmente o contra los intereses de los sindicatos y/o empleadores suscitaron resistencia y conflictos, tal y como ocurrió en países como España o Francia con las imposiciones de reformas laborales que iban en contra de los intereses y los derechos de la clase trabajadora.

No obstante, a pesar de la recuperación económica y del empleo, persisten las preocupaciones sobre la calidad de los empleos y la necesidad de fortalecer aún más la base productiva a fin de aumentar la resiliencia frente a perturbaciones externas, dos objetivos que no son incompatibles.

La segmentación del mercado laboral «ha dado lugar a una elevada tasa de contratos temporales involuntarios lo que plantea problemas tanto de equidad como de eficiencia. Se necesitan políticas para hacer frente a estos problemas, en particular en lo que se refiere a la poca cantidad de trabajadores que pasan del empleo temporal al empleo permanente y a las disparidades en las condiciones de trabajo entre los diferentes tipos de contrato», afirma el estudio de la OIT.

Para llegar a la recuperación justa e igualitaria es muy importante el compromiso asumido por el Gobierno de Portugal de seguir haciendo frente al problema de la segmentación del mercado de trabajo como un paso en la dirección correcta. La voluntad del gobierno de Antonio Costa y de los interlocutores sociales de trabajar conjuntamente para resolver esta cuestión se ve reflejada en el acuerdo tripartito alcanzado en junio de este año.

El estudio además pone de manifiesto los cambios recientes en el sistema de negociación colectiva del país, e indica que el objetivo del acuerdo y de la legislación subsiguiente para descentralizar la negociación colectiva del nivel sectorial al de empresa no fue alcanzado. Por otro lado, la extensión de los convenios colectivos fue esencial para promover la negociación colectiva, reducir las desigualdades y fomentar la inclusión. Por lo tanto, el estudio recomienda mantener este sistema de extensiones.

El informe observa, sin embargo, que los salarios de los trabajadores menos remunerados aumentaron gracias a la política de salario mínimo aplicada por Portugal en estos últimos años, lo que contribuyó a la reducción de la desigualdad salarial.

El daño ya está hecho a Pedro Sánchez

Santiago Aparicio
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El daño ya está hecho a Pedro Sánchez

Muchísimas personas habrán recibido un mensaje en el teléfono con un vídeo del presidente Pedro Sánchez haciendo el pasamanos junto a Felipe de Borbón y cómo un empleado de Casa Real le pedía que se quitase. Rápidamente toda la derecha mediática y la social se lanzaron como una jauría al cuello diciendo lo mismo que el titular de la noticia “Pedro Sánchez, un tonto a las tres”. Nadie se paró ver qué había sucedido, ni el porqué de esa situación de la que ha salido el presidente con una cara de “tierra trágame” o “voy a matar a alguien”. Nadie ha querido culpar a Felipe de Borbón y sus “inútiles chambelanes”, verdaderos artífices de la metedura de pata de Sánchez.

Pronto los medios de comunicación han lanzado la noticia achacando inexperiencia (los más tranquilos) o ganas de protagonismo (la mayoría) al presidente. Nadie ha explicado nada hasta pasadas unas cuantas horas cuando la situación de ridículo de Sánchez era ya imparable. Ni su jefe de gabinete, Iván Redondo, ha sabido reaccionar y atajar aquel río de risas, mofas y befas. Pero de este personaje ya conocemos sus dotes para la ineptitud y su incapacidad ante las crisis, por pequeñas que sean. Ni la casa Real ha tenido el tacto suficiente para acallar con prontitud la mala leche que se estaba extendiendo. Ni Pedro Sánchez ha tenido reflejos suficientes para haber llamado la atención del señor de protocolo del Borbón, por muy monarca que sea, o haberse dado cuenta de la extrañeza de una situación que él ya ha vivido.

Porque todo ha sido culpa del protocolo de Felipe de Borbón. Le han indicado a Sánchez que se parase y se pusiese junto al monarca para que los demás invitados se acercasen. Vamos que para no dejar mal a Ana Pastor del PP (curiosamente) y sólo al Borbón, le han provocado cometer un error al presidente del gobierno. Por eso no extraña la cara de mala leche que llevaba. Un error propio de una monarquía bananera que ha propiciado una campaña contra el secretario general del PSOE que difícilmente se va a olvidar pues las impresiones, cuando son masivas (y esta lo ha sido), quedan en el inconsciente y ya no hay racionalidad alguna que las desenquiste. Un error de Casa Real, esa misma que nos cuesta millones de euros y que no sirve para gran cosa por lo que se ve, que se suma a no haber hecho un comunicado oficial y contundente en desagravio del presidente.

Ya queda en la imaginación colectiva que Sánchez es un ególatra, un narcisista, que junto a su esposa se creen más de lo que son y las otras cien mil maldades que han corrido por las redes sociales y se han contado de boca a oreja. Queda la imagen de Pedro Sánchez como un tonto a las tres, cuando de lo único que ha pecado es de estar poco avispado y haber hecho acercarse al personaje de protocolo que le mal indicó. Porque  no hay ninguna lógica que indique que el presidente del gobierno actual tenga esas ansias de protagonismo mediático, pues justo hasta ayer mismo se le criticaba por no dar ruedas de prensa, de estar escondido en otros países, en vivir bajo el yugo de Redondo, de no aparecer. Si todo eso era minutos antes ¿por qué iba a dejar de serlo en minutos? No hay que pensar mal y sospechar que Borbón está junto al PP, por mucho que le haya apoyado Sánchez contra la esencia de su propio partido, y le ha querido hacer una jugarreta al no parar los rumores ipso facto.

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