En los últimos tiempos, desde la llegada de Ana Patricia Botín a la presidencia del Santander, su departamento de comunicación, capitaneado por Juan Manuel Cendoya y con la colaboración de sus medios afines, han tratado a marchas forzadas de vender la imagen de un banco transparente que no se ajusta a la realidad para tratar de mitigar su riesgo reputacional tan dañado con escándalos como los de las cesiones de crédito, la doctrina Botín, la ocultación en Suiza de 2.000 millones de euros a la Hacienda española, la operación diabólica del Popular, la venta de productos de Bernard Madoff a sus clientes, el fracaso de la compra de Sovereign Bank , etc.
Los asesores de imagen de Ana Patricia Botín la han lanzado a Twitter a dar explicaciones a bombo y platillo sobre su más que cuestionable feminismo o a contar en sus medios amigos sus vacaciones en Cantabria.
No obstante, cuando se trata de colaborar en la averiguación de su relación en el escándalo de la estafa piramidal de Bernard Madoff o esclarecer los manejos del blanqueo de capitales de los dictadores con cuentas abiertas en el Santander todo es ocultación, secretismo y falta de transparencia, aunque la solicitud de información venga de un Comité del Senado de los Estados Unidos.
No veremos en la cuenta de Twitter de Ana Patricia Botín explicar sus visitas a Bernie Madoff en el Lipstick Building y los informes de sus empleados que advertían de la mega estafa piramidal, ni el blanqueo de capitales de los dictadores Obiang y Pinochet, ni la utilización de los testaferros de Mobutu y Marcos.
Respecto del blanqueo de capitales de las dictaduras, el senador demócrata Carl Levin lideró una investigación en un subcomité del Senado americano en el que salieron a relucir los millones de dólares ocultos en el Santander y otros bancos. El subcomité del Senado americano requirió información a la entidad cántabra que no prestó ayuda alguna con las excusas habituales de secreto bancario.
El Santander omitió toda la información sobre los más de 26 millones de dólares ocultos por Teodoro Obiang Nguema Nbasogo en la cuenta de la sociedad Kalunga Company, SA; que provenía de la explotación del petróleo en Guinea Ecuatorial por las petroleras Exxon Mobil y Marathon.
En España, un juzgado de instrucción de Las Palmas ha llevado a cabo la investigación sobre los 26 millones de dólares en las cuentas de la sociedad Kalunga Company en el Santander a consecuencia de la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra Obiang. En estas pesquisas se ha visto involucrado un ciudadano ruso, Vladimir Kokorev, que, al parecer, hacía de testaferro de Obiang y que aparece vinculado con la venta de helicópteros de combate a Guinea una vez que fue extraditado a España desde Panamá.
Obiang es el actual dictador de Guinea desde que en 1979 destituyó a su tío, Francisco Macías Nguema, para el que antes llevó a cabo la persecución de sus opositores y torturas en la cárcel de Black Beach, en la isla de Bioko (Malabo), calificada como una de las cárceles más crueles del planeta. Cuando Obiang llegó al poder, tras el golpe de Estado a su tío Macías, instauró su personal dictadura y continuó con la persecución de los opositores hasta el día de hoy.
Gracias al dinero del petróleo de Guinea, Obiang acumuló 700 millones de dólares en la banca Riggs, que actualmente superarían los 2.000 millones de dólares en otras entidades bajo sociedades off shore. También ha comprado dos mansiones en Maryland y una casa en Virginia. Mientras, su hijo y vicepresidente del país, Teodorín, vive a cuerpo de rey como un playboy con una mansión en la Avenue Foch en los Campos Eliseos parisinos con un valor de más de 100 millones de euros con estatuas de Rodin, varios huevos de Faberge y una colección de los coches más caros (Bugatti, Maserati, Aston Martin, Ferrari, Porsche y Rolls Royce). En 2006 adquirió una mansión en Malibú valorada en 35 millones de dólares. Todo esto mientras el pueblo guineano vive sometido a una dictadura que no respeta los más elementales derechos humanos, vulnera la libertad de prensa, persigue a la oposición y saquea los recursos naturales de un país que se convirtió en el tercer mayor exportador de petróleo de África.
Teodorin Obiang, que fue condenado el pasado año 2017 por el Tribunal Correccional de París a tres años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero consecuencia de la denuncia de la ONG Transparencia Internacional, ha sido detenido en Brasil el pasado 17 de septiembre con 16 millones de dólares entre efectivo y relojes de lujo que le fueron incautados en el aeropuerto de Viracopos cuando intentaba salir del país carioca.
El Santander tampoco ha prestado información sobre las cuentas del dictador de Chile, Augusto Pinochet Ugarte, y su dinero proveniente de las comisiones de compra de armas. La Fiscalía chilena presentó en 2009 una demanda en un tribunal de Miami contra el Santander (Consejo de Defensa del Estado de la Republica de Chile v. Banco Santander Central Hispano, S.A., No. 09-20621, 2009 WL 233.6429 S.D. Fla. May 29, 2009) por el presunto ocultamiento y desvío de 27 millones de dólares del dictador.
En las investigaciones sobre el patrimonio oculto de Pinochet llevadas a cabo por el Senado americano se descubrieron varias cuentas del Santander nºs 763.802 y 763.810 de la sociedad Eastview Finance Ltd y las cuentas nºs 56.297.511 y 56.297.521 de Tasker Investment Ltd, aparentemente relacionadas con la venta de armas, aviones Mirage y tanques Leopard, que ocultaban el cobro de comisiones por parte de Pinochet. Fueron objeto de investigación otras muchas sociedades como Pulsar Internacional, Cornwall Overseas Corp., Ashburton Limited, Santa Lucía Trust, Althorp Investment Limited, Trilateral International Trading, G.L.P. Limited, Abanda Finance, Belview International Inc., Belview S.A., Pinochet Joint Miami TD, Kilmek Limited, Earston Overseas Limited, Berthier Investments Inc, Nemesis Holding Ltd., Lego Corporation, SBILF, The Darien Peak Corp., Marchill Investments y Levant Management.
En España, Baltasar Garzón tuvo a su cargo la investigación de cuentas ocultas de Pinochet en el Santander dentro de la causa que instruyó por genocidio contra el dictador chileno en la Audiencia Nacional. La investigación sobre los fondos de Pinochet coincidió en el tiempo con el escándalo del patrocinio por el Santander de los cursos de Garzón en la Universidad de Nueva York.
El régimen de Pinochet, que duró 17 años (1973-1990), es conocido por la violación de los derechos humanos, el asesinato de más de 3.000 chilenos opositores, 28.000 torturados y más de 100.000 detenidos por sus ideas políticas. Tristemente famoso por la Operación Cóndor y los asesinatos, con sendos coches bomba, del general Carlos Prats y su esposa en 1974 en Buenos Aires y del exministro Orlando Letelier en 1976 en Washington.
Diario16 ya publicó, en relación con la reclamación de la empresa Inversión Hogar por la venta de una finca en Mijas, la posible relación del Santander con los mismos testaferros, los hermanos Herbert y Heinz Batliner, utilizados por los dictadores Mobutu Sese Seko del Congo y Ferdinand Marcos de Filipinas para el presunto blanqueo de capitales saqueados en sus respectivos países. Mobutu fue el dictador del Congo entre 1965 y 1997, que instaló una cleptocracia con corrupción, nepotismo y violación de derechos humanos mientras él pasaba largas temporadas en su residencia de la Costa Azul francesa. Por su parte, Marcos fue el dictador de Filipinas de 1965 a 1986, periodo en el que amasó una fortuna cifrada en más de 5.000 millones de dólares y del que se dice que tenía una magnífica colección de pintura de más de 300 obras, repartida entre su palacio de Malacañan en Manila y su apartamento de Manhattan, que incluía cuadros de Renoir, Van Gogh, Gauguin, Goya, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano o El Greco. Al dictador filipino se le imputan abusos de los derechos humanos con 3.240 asesinatos, 34.000 torturados y 70.000 encarcelados según Amnistía Internacional.
En definitiva, el Santander se vanagloria de transparencia, de buen gobierno corporativo, de pertenecer a asociaciones como el Wolfsberg Group que tienen como objetivo desarrollar marcos y guías para la gestión de riesgos de delitos financieros. Sin embargo, en la práctica, parece que sus estándares no son realmente llevados a efecto, como demuestran los informes del Senado de los Estados Unidos o de organizaciones no gubernamentales como Global Witness y las recientes investigaciones de la Audiencia Nacional sobre blanqueo de capitales contra Ignacio Benjumea y otros seis miembros del departamento de prevención del blanqueo de capitales del Santander.
Con estas malas prácticas de ayuda a la ocultación del dinero saqueado por estos dictadores en vez de la denuncia de los mismos, se les ayuda a perpetuarse en el poder, siendo cómplices de sus crímenes y violaciones de derechos humanos.
