sábado, 24 enero, 2026

Diego Conesa reclama a López Miras colaboración y sensibilidad para resolver las ayudas del terremoto de Lorca

El Delegado del Gobierno en Murcia declaró durante la celebración de la Comisión Mixta por los terremotos de Lorca, que, después de un año, y por petición expresa del propio Conesa, se ha vuelto a reunir en el Ayuntamiento de Lorca que es «una verdadera lástima que, siete años después, aún haya cientos de vecinos y vecinas de Lorca que todavía sufran la ansiedad de no tener resueltos unos problemas exclusivamente burocráticos y administrativos».

“Lo que buscamos desde el Gobierno de España son soluciones sensatas que dejen atrás los juegos políticos. El convenio de alquiler será una realidad y será remitido al Gobierno regional a lo largo de este mes de Octubre, pero quiero recordar que ese convenio de alquileres caducó en mayo de 2017, y estamos en octubre de 2018”, explicó el delegado, que ha ofrecido la colaboración leal del Gobierno de España para seguir ayudando a resolver todos los asuntos que quedan pendientes desde el 11 de mayo de 2011

Conesa ha pedido al resto de administraciones que abandonen el “politiqueo” y se pongan a trabajar y a buscar acuerdos para resolver los expedientes de alquiler que afectan a 107 familias de Lorca que no se han solucionado por cuestiones estrictamente burocráticas o administrativas.

“Lamentablemente, en estos tres meses nos hemos tenido que poner a trabajar para solucionar asuntos que tenían que haber estado resueltos hace mucho tiempo. El convenio de alquiler, que caducó hace año y medio, ha tenido que ser desbloqueado por este gobierno y se procederá a su firma en las próximas semanas”, explicó.

El delegado del Gobierno insistió en la necesidad de abordar, igualmente, problemas legales para prorrogar los plazos de ejecución de las obras de rehabilitación y restauración que no han sido resueltos en los últimos 7 años, así como los derivados de las justificaciones de las ayudas y de los intereses.

“El Gobierno de España, durante los 7 años de gobierno del PP, lo tenía que haber resuelto y no la hecho, y ahora debe tenemos que acelerar su resolución a las demandas y problemas reales que tienen los afectados por los terremotos. En estos tres meses de Gobierno de Pedro Sánchez hemos abordado este asunto de manera urgente y prioritaria y, por tanto, reclamamos un esfuerzo conjunto al Gobierno regional y que vaya más allá de la confrontación política para solucionar los problemas reales de Lorquinos y Lorquinas”, concluyó el delegado.

Susana Díaz promete más plazas pre-electorales en el SAS

0

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que 527 plazas de enfermería reforzarán la Atención Primaria sanitaria andaluza de los 1.306 profesionales que se incorporarán al sistema sanitario andaluz en este período pre-electoral. Díaz ha realizado el anuncio en la apertura del 13º Congreso y 7º Internacional de la Enfermería Familiar y Comunitaria, donde ha destacado que 7.500 de las 30.000 plazas de empleo público ofertadas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) corresponden a profesionales de Enfermería y ha valorado que 3.000 enfermeros y enfermeras que tenían puestos eventuales han pasado a ser interinos gracias a la reciente estabilización de 15.000 profesionales sanitarios.

Para Susana Díaz, «el papel de educación sanitaria que desempeñan los enfermeros y enfermeras es fundamental» para promover «hábitos de vida saludables», y ha recordado que a través del área de enfermería se puede «pedir cita» y que en muchas ocasiones los mejores asesores para resolver dudas cotidianas sobre temas sanitarios son los enfermeros y enfermeras a los que tenemos «acceso directo».

La presidenta ha enfatizado que el Gobierno andaluz «está cumpliendo con los objetivos» que se marcó el pasado mes de abril con colectivos del ámbito sanitario para renovar la Atención Primaria. Susana Díaz ha manifestado que el «90% del acceso a la sanidad pública lo hacen a través de la atención primaria», por lo que ha indicado la importancia de «reforzar la entrada a la sanidad pública» con más medios y profesionales. «Cuando funciona bien la Atención Primaria se descongela la atención hospitalaria», ha subrayado la presidenta.

«Vamos a conseguir reducir la lista de espera de los usuarios», ha afirmado Susana Díaz, que ha explicado que al «aumentar las pruebas en Atención Primaria» se «mejora el tiempo de respuesta» y se evita colapsar «la entrada en la sanidad».

Díaz ha calificado la sanidad pública como «el corazón del sistema del Estado de Bienestar», y se ha comprometido a «sanar las heridas» con la recuperación de derechos que se han visto afectados tras «una crisis virulenta». Entre esta recuperación de derechos, la presidenta ha avanzado la aprobación en cuestión de semanas del decreto de plantilla para el personal sanitario.

El 13º Congreso y 7º Internacional Virtual de la Enfermería Familiar y Comunitaria, se celebra en Sevilla hasta el viernes 5 de octubre bajo el lema: «Avance, Progreso y Renovación de la Enfermería con la ciudadanía». El encuentro está organizado por la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (ASANEC) y constituye el encuentro más relevante que organizan las enfermeras que desarrollan funciones en los dispositivos de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud. Este colectivo de enfermeras está constituido por más de 5.000 personas en Andalucía.

Podemos pregunta en el Congreso por el estado de las ramblas de la sierra minera

Javier Sánchez Serna, diputado regional, ha detallado las preguntas que hará al gobierno de Pedro Sánchez respecto a la contaminación de estos pueblos mineros. Entre las preguntas, cuál es el seguimiento que se está realizando de estos episodios de contaminación y cuándo va a hacerse cargo el ejecutivo central de la limpieza de las ramblas de la vertiente norte.

Sánchez Serna ha afirmado que estas preguntas requieren una respuesta “firme y clara” del gobierno socialista de Pedro Sánchez puesto que aquí de lo que se habla “es de temas de salud pública. De niños y niñas y de toda una población en general que respira en su día a día aire contaminado y que cuando hay lluvia, esa agua se vuelve tóxica y peligrosa”.

Asimismo, y si hablamos del Mar Menor, el diputado de Podemos en el Congreso por Podemos Región de Murcia ha subrayado que las ramblas de la parte norte de la Sierra deben ser limpiadas por el gobierno estatal, que es el responsable puesto que así “se minimizan os vertidos de residuos mineros al Mar Menor a través de las aguas de escorrentía y la erosión eólica”. Con la fuerza del viento, ha dicho Sánchez Serna, los metales pesados que hay en la Sierra Minera llegan hasta  “lo más profundo de las casas de los vecinos del Llano, El Estrecho y El Beal e incluso a poblaciones como los Nietos o el Algar”.

Por otro lado, Javier Sánchez Serna va a preguntar por las actuaciones que se van a adoptar para que la intervención de descontaminación y reparación ambiental de las ramblas de la Sierra Minera, sea asumida por los dueños de los terrenos, la actual Portman Golf S.L., y como obliga la Ley de Minas.

Ante la dimisión de Marina Albiol, comunicado de la Comisión Colegiada

0

Ante la filtración de la carta de dimisión como portavoz en el Parlamento Europeo de la compañera Marina Albiol, queremos manifestar lo siguiente:

En primer lugar, queremos dejar claro que la dirección federal ha actuado en todo momento ante las quejas recibidas por parte de algunos/as trabajadores/as. La dirección ha realizado un seguimiento, se ha reunido con las partes y ha llevado la problemática a los órganos de IU en dos ocasiones. Se resolvió el primero de los casos acudiendo a mediación y se está trabajando en el segundo caso, surgido esta misma semana, del cual fuimos informados por carta el pasado lunes 1 de octubre. Lo comenzamos a tratar desde el momento de la recepción de la misma, pero dada la naturaleza del caso en apenas tres días resulta imposible abordarlo por completo y con la seriedad que requiere. De hecho, teníamos previsto abordar esta situación en la reunión de la Comisión Colegiada de IU del próximo lunes 8 de octubre y así lo haremos.

Como dirección se ha intervenido en el día a día de la delegación y se ha intentado resolver los problemas con la cautela y seriedad que corresponde. Hemos de preservar la presunción de inocencia y, a la vez, la confidencialidad de las personas denunciantes hasta el esclarecimiento de los hechos y la toma de decisiones correspondiente.

En segundo lugar, la dirección abordará de nuevo en los órganos de IU la situación de la delegación y propondrá soluciones concretas que permitan respetar los derechos de los/as compañeros/as que trabajan en la delegación y de los cargos públicos.

El respeto por los derechos de los/as trabajadores/as y de los/as cargos públicos ha guiado la actuación de esta dirección y, por ello, se han tomado y se seguirán tomando las medidas que sean necesarias para resolver este tipo de conflictos. Asumimos la responsabilidad de la gestión de forma colectiva como dirección de Izquierda Unida y como dirección de la delegación.

El PSOE asegura que la Mesa del Vino es otro engaño más del Gobierno de López Miras

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Yolanda Fernández asegura que la Mesa del Vino, constituida en diciembre de 2015 siendo consejera de Agricultura Adela Martínez-Cacha, “es un engaño más de este Gobierno regional provisional y que no gobierna”.
La diputada recuerda que dicha Mesa surgió como consecuencia de las protestas de los agricultores ante los precios de aquella campaña y con el fin de buscar un marco de acuerdo entre los productores de uva y los bodegueros. “El Gobierno regional, siendo presidente Pedro Antonio Sánchez, ahora imputado por corrupción, calificaba la misma como un foro permanente, donde están todos los que tienen mucho que decir para el impulso, desarrollo y la definición de una estrategia común que siga fomentado y fortaleciendo el sector vitivinícola regional, y donde el Gobierno regional actuaba como mediador”.
Han pasado casi tres años desde su creación y Yolanda Fernández afirma que no se ha avanzado nada en este sentido, puesto que “la mayoría de los agricultores  están entregando sus uvas sin precio o por debajo del coste de producción y sin un marco legal que les ampare”; algo que también afecta a las denominaciones de origen y bodegas, “que siguen sin tener el apoyo y recursos suficientes para promocionar y posicionar nuestros vinos en mejores condiciones, tanto a nivel nacional como internacional”.
La diputada advirtió que “este año volvemos a tener una campaña de vendimia complicada, donde el conflicto social entre los agricultores y las bodegas se acentúa”; mientras, “el Gobierno Regional del Partido Popular ha sido incapaz, tal y como ya predijo el PSOE tras el anuncio de la constitución de esa Mesa del Vino,  de mantener el compromiso adquirido de actuar como mediador con el sector vitivinícola, que en tres años y con tres consejeros distintos se ha reunido solo en tres ocasiones”.
Fernández exige al Partido Popular que se ocupe de todos sectores de la agricultura, uno de ellos el vitivinícola, “al que tiene totalmente olvidado, en la periferia de la Región, y empiece a buscar alternativas y a poner en marcha actuaciones para que a los agricultores y al resto del sector les sea rentable dedicarse a esta actividad”.
En su opinión, esto pasa principalmente por cumplir el mandato de la Asamblea Regional para la elaboración, junto con todo el sector y dentro del marco de esa Mesa del Vino, de un “Plan Estratégico Regional para los cultivos de secano”, tal y como reivindicó el Grupo Parlamentario Socialista.

Paralizada la instrucción del Caso Banco Popular

Fernando Andreu dejará el Juzgado Central de Instrucción número 4 para incorporarse a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según ha publicado El Independiente.

Esto supone un varapalo para los afectados del Banco Popular porque paralizará temporalmente la instrucción de las distintas causas que Andreu estaba instruyendo en la macrocausa. En principio, y según fuentes judiciales consultadas por Diario16, la sustitución del titular del Juzgado de Instrucción se realizará en un plazo de entre mes y medio y dos meses, tiempo en el que un sustituto realizará las funciones de Andreu pero que no se centrará más que en los asuntos más urgentes. A este periodo habrá que añadir el periodo de adaptación del nuevo titular para ponerse al día y conocer cada una de las instrucciones que el actual deja sin finalizar. Por tanto, los afectados se podrían encontrar con la instrucción paralizada durante más de un año porque, sólo con el estudio de toda la documentación aportada por las distintas partes —entre la que se encuentran los 100.000 folios entregados recientemente por el Santander— y de cada una de las querellas presentadas, además del resto de instrucciones que tiene abiertas Andreu, el retraso será muy importante antes de que se empiecen a adoptar medidas o se inicien los interrogatorios.

Este movimiento de Andreu es, cuanto menos, sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que en menos de tres meses el juez podría ser nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial y tendría que abandonar la Sala de lo Penal durante cinco años.

¿Qué ha ocurrido para que se produzca este cambio? El hecho de que se paralice la instrucción y que se nombre a un nuevo juez se ajusta a la perfección a la estrategia del Santander de demorar al máximo los procesos en referencia al Banco Popular para que, en el caso de que la Justicia hiciera justicia y determinara que la operación es contraria a la Ley, el pago a los afectados sea lo menos lesivo posible a sus cuentas y poder, incluso, realizarlo a través de la captación de dinero a través de una macro ampliación de capital. Todo ello, eso sí, sin desprenderse del Banco Popular que, al fin y al cabo, ya ha sido absorbido por el Santander, según notificó a la CNMV.

Este movimiento, ¿tendrá que ver con la llamada recibida por Andreu para que renunciara al nombramiento de Secretario de Estado de Justicia? Hay que recordar un hecho. En el mes de marzo de este año, el juez declaró compleja la causa del Banco Popular, lo que ampliaba el plazo de instrucción hasta el 9 de abril de 2.019. Con la salida de Andreu y los plazos arriba indicados hasta que llegue el sustituto, el nuevo titular se verá obligado a finalizar las diligencias previas sin haber tenido prácticamente tiempo de ponerse al día o de analizar la documentación pendiente, máxime si hay una nueva entrega de documentos o se abren nuevas vías para la investigación en base a pruebas o evidencias que hasta ahora no se habían tenido en cuenta o no se encontraban en la Audiencia. Por tanto, el sustituto de Andreu se verá en la obligación de ampliar nuevamente el plazo de instrucción. Todas estas demoras favorecen al Santander y, por tanto, van en contra de los intereses del más de un millón y medio de personas afectadas. ¿Por esto era importante que Andreu se mantuviera en el Juzgado y no aceptara el cargo de Secretario de Estado de Justicia?

Es la Justicia, amigo

Rodrigo Rato tiene diez días para ingresar en la cárcel. Game over, punto final, se acabó la partida de póker. Es la caída definitiva del que fue gran ídolo y gurú de la economía mundial durante los años nefastos del crack. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 4 años y medio de prisión para el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional por delito continuado de apropiación indebida en el caso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid. El órgano judicial ratifica las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en este asunto y condena a los 63 ex directivos y ex miembros del Consejo de Administración de la entidad que se beneficiaron de fuertes sumas de dinero procedentes de estas tarjetas opacas para Hacienda.

La sentencia establece como responsabilidad civil la devolución por los acusados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas. De ellos, 9,3 millones se gastaron en la etapa de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid y 2,6 cuando el presidente de la entidad (después Bankia) era Rato.

De esta manera, la Justicia cierra uno de los casos más vergonzantes de la corrupción de los años del PP. Ahora ya podemos decir que Rato, el gran ministro de José María Aznar, era en realidad un defraudador que sabía moverse como nadie en los despachos de las grandes corporaciones y en las puertas giratorias. El llamado padre del milagro económico español estaba llamado a ser el sucesor de Aznar en la presidencia del Gobierno, oferta que Rato rechazó hasta en dos ocasiones, lo que propició que el presidente del Gobierno optara finalmente por Mariano Rajoy como heredero del partido. El hombre fuerte del PP dejó la política en 2004 para ser nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no es una puerta giratoria cualquiera, sino la puerta giratoria con mayúsculas, el portón dorado con el que sueña todo economista y hombre de negocios que se precie. Más alto no se podía llegar a menos que uno viajase a la Luna. Allí, en el Olimpo de las finanzas mundiales, trabajó el aclamado exministro durante tres años, hasta que finalmente presentó su dimisión en 2007 alegando motivos personales.

Su gestión fue nefasta y su salida del organismo internacional marcó el principio del fin de su reputación personal y profesional. Un informe interno del FMI señala que los años de mandato de Rodrigo Rato al frente de la entidad fueron muy negativos para la economía global, ya que precedieron al estallido de la crisis inmobiliaria de 2008, de la que aún no hemos levantado cabeza. Según el FMI, entre 2004 y 2007 se vivió una burbuja de optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde el crack del 29. El informe detectó deficiencias organizativas, batallas internas, falta de comunicación, presiones políticas, autocensura y falta de supervisión y control por parte de la dirección del FMI. Tras su paso por Washington, Rato recaló en el Lazard, un banco de inversiones franco-estadounidense, y más tarde fue nombrado consejero asesor internacional del Banco de Santander, del que sería despedido posteriormente por su implicación en los escándalos. Finalmente fue designado presidente de Caja Madrid y más tarde de Bankia, una historia cuyo triste final de ruinas y quiebras ya conocemos.

La salida a Bolsa de la entidad propició la foto definitiva de un Rato eufórico tocando la campanilla del flautista de Hamelín, sonrisa triunfante y pulgar erguido, y también la descapitalización de la entidad, la vergüenza de las “tarjetas black”, el despilfarro sin medida, un desesperado plan de reflotamiento de la entidad por valor de 6.000 millones de euros de dinero público, el contagio de las demás cajas y bancos (que fueron cayendo como piezas de dominó) y el rescate del sistema financiero español por Bruselas, que inyectó 100.000 millones de euros para evitar la quiebra total. Nada de eso impidió que Rodrigo Rato se fuera a su casa tras haber cobrado un sueldo nada despreciable de 2,34 millones de euros, uno de los más elevados en la historia de los ejecutivos de banca.

La Justicia está cerrando, con esta condena y con otras que aún están pendientes, una de las etapas más duras para el prestigio de la política en España: el tiempo de la corrupción del Partido Popular. El hecho de que sean los tribunales los que estén cumpliendo con su deber de control al poder en base a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley es la muestra de que la pretendida impunidad de los dirigentes del PP no era tal y que se han encontrado con el muro del Estado de Derecho, ese al que tanto apelan cuando se trata de asuntos territoriales y que tanto despreciaron todos y cada uno de los personajes que están pasando por el banquillo y que, en algunos casos, ya se encuentran cumpliendo su correspondiente pena de prisión.

En referencia a esto, la Audiencia Nacional ha prorrogado por riesgo de fuga la prisión preventiva de Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Alberto López Viejo hasta la mitad de su condena. Por tanto, una época se acaba y la impunidad de los corruptos del PP parece que ha llegado a su fin, sobre todo, tras la imputación de otros líderes que hasta ahora se habían librado de ser condenados como, por ejemplo, Francisco Camps.

La frase de Rodrigo Rato que pasará a la historia es aquella que soltó descaradamente durante la comisión de investigación sobre la crisis y el rescate financiero cuando, a preguntas de los demás diputados sobre los factores que nos llevaron al desastre, tuvo el desparpajo de decir: “Es el mercado, amigo”. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece que dispondrá de sólo unos días para preparar la mochila e ingresar en prisión, ya se le puede responder a él: “Es la Justicia, amigo”.

A Rivera y a Casado les pone más el artículo 55 que el 155

Cada movimiento o declaración por parte de los dirigentes del independentismo catalán es respondida con una exigencia al Gobierno por parte de Albert Rivera y de Pablo de aplicación del artículo 155 de la Constitución en la interpretación más dura posible, es decir, una intervención más propia de una invasión. Esto nos lleva a pensar que, en realidad, lo que de verdad pone a los dos líderes de la cada vez más radicalizada derecha española no es que se vuelva a aplicar el artículo 155, sino el 55, por el cual se da al Estado las herramientas necesarias para la eliminación de los derechos y libertades de todo el pueblo catalán, algo similar a lo que realizaba el franquismo con las declaraciones del estado de excepción cuando había una crisis entre los ciudadanos y el Régimen.

Por otro lado, las radios patrióticas afines a esta nueva derecha populista de Rivera y Casado ya han sacado a relucir analogías entre la situación actual y lo ocurrido en Cataluña en el año 1.934. Jugar con la historia es peligroso, sobre todo cuando lo sucedido entonces no tiene nada que ver con lo que acontece a día de hoy. El seis de octubre del 34 no se declaró la independencia unilateral de Cataluña sino que el presidente Companys y su gobierno asumieron «todas las facultades del Poder en Cataluña y proclama el Estado Catalán de la República Federal Española». Es decir, que lo que se declaró fue el Estado catalán dentro de la República, por tanto, desde un punto de vista confederal. No hubo desconexión. Sin embargo, lo que desde la derecha más reaccionaria se pretende es utilizar un argumento para que las consecuencias sean las mismas, es decir, la declaración del estado de excepción, la eliminación de los derechos y libertades del pueblo catalán, además de intervenir sus instituciones. Cada vez se está extendiendo más el mensaje que Rivera y Casado, y sus adláteres mediáticos, pretenden introducir en los ciudadanos que viven fuera de Cataluña: mano dura como la que impuso en su momento Lerroux con políticos y líderes del 6 de octubre.

No obstante, comparar lo ocurrido en 1.934 con lo que acontece en la actualidad es una demostración de cómo se pretende interpretar la historia para justificar lo que sería un verdadero atentado a la democracia española. En aquel momento había un clima de violencia en la calle que ahora no hay. El 6 de octubre del 34 murieron 46 personas y más de 3.000 fueron encarceladas. ¿Eso pretenden Casado y Rivera? ¿Meter en la cárcel a todos los políticos independentistas? El líder de Ciudadanos ya pidió una reforma electoral que impidiera a los partidos nacionalistas acceder al Congreso de los Diputados y el del Partido Popular solicitó la ilegalización de los partidos soberanistas, exactamente lo mismo que hizo Lerroux en aquel año tras una dura campaña  represiva con la clausura de centros políticos y sindicales, la supresión de periódicos, la destitución de ayuntamientos y miles de detenidos, sin que hubieran tenido una actuación directa en los hechos, es decir, que hubo una voluntad punitiva y arbitraria enmarcada en una ideología cada vez más cercana al radicalismo de extrema derecha. ¿Esto es lo que pretenden Rivera y Casado?

Por otro lado, en la situación actual no puede dejarse de lado la actuación irresponsable por parte del presidente Quim Torra, en primer lugar, al felicitar a los CDR por su defensa de la República Catalana, los mismos que por la noche intentaron asaltar el Parlament. En segundo término, las propias declaraciones de Torra poniendo un ultimátum a Pedro Sánchez, no hace más que alentar a la derecha reaccionaria españolista.

Toda esta situación sólo se puede encarrilar a través de un diálogo partiendo de cero y obviando los errores cometidos en el pasado por unos y otros. Ya hay demasiada división entre el pueblo catalán como para que incendiarios como Rivera, Torra y Casado enerven aún más los ánimos de los ciudadanos y provoquen un enfrentamiento real en las calles. La historia nos enseña que estos líderes nunca se manchan las manos porque la sangre que se derrama siempre es la del pueblo que les sigue.

Pedro Sánchez y su gobierno ya han planteado un escenario de diálogo que se está enfrentando con la irresponsabilidad, la irracionalidad y la intransigencia tanto de la derecha reaccionaria como de una parte del sector independentista. El problema, además, se acentúa cuando los que se encuentran en posturas equidistantes o lógicas —como el PSC o Catalunya en Comù, o los que, desde un lado u otro pretenden dar normalidad como hizo Joan Tardá al afirmar que no se puede plantear un escenario de independencia sin contar con el 50% de la población—, pasan absolutamente desapercibidos o son relegados a la insignificancia.

Lo que no se puede pretender es arreglar la crisis catalana con medidas que afecten directamente al pueblo. Eso no es democracia.

Albert Rivera pretende provocar la violencia en Barcelona el domingo

Sólo a los pirómanos se les ocurre echar gasolina al fuego para avivarlo. Eso mismo están haciendo desde Ciudadanos. Una vez visto que comienzan las peleas y disputas entre los distintos partidos secesionistas, incluso con amenazas entre ellos, y con ello el fuego catalán baja su intensidad, piden a personas afines acudir a la plaza de Sant Jaume el sábado para, paradójicamente, lanzar un mensaje de “no-violencia”. Ayer Inés Arrimadas, como bien dice Antón Losada, tuvo su foto de Juana de Arco sacando la bandera de España en el Parlament y ofreciendo un patético espectáculo de odio y visceralidad. Pero eso no les vale, quieren hacer de Barcelona su Belfast particular, sin importar que haya incluso muertos.

Ahora que los caminos se bifurcan, en Ciudadanos quieren seguir sembrando el odio para provocar violencia. Parecen querer buscar un muerto a toda costa, porque en ninguna cabeza cabe que en el centro de Barcelona, en un lugar propicio para que los ataquen y dejen sin salida, se convoque a personas a una encerrona. Pero no de los Comités para la Defensa de la República (CDR), sino de Ciudadanos. Y lo hacen mediante la Plataforma España Ciudadana para que no les señalen como culpables de lo que pudiese ocurrir.

Albert Rivera habla y actúa de forma antagónica casi. En los cafés que toma en los programas de casquería política de Susanna Griso y Ana Rosa Quintana, muestra querer la concordia, el amor fraterno, o como dice en la convocatoria “condenar la violencia y defender la convivencia, los derechos constitucionales y la democracia”. Pero, como pasó con la concentración de Jusapol (asociación controlada por Ciudadanos), quieren provocar a los secesionistas para que haya violencia. Quieren ser mártires. Necesitan ser mártires. Necesitan poder vender que son víctimas y por eso buscan una y otra vez generar violencia. Por muy lícito que sea defender sus ideas, hay que tener cabeza y no meter a personas en una posible ratonera.

Rivera y Arrimadas, al contrario que Casado que pese a palabras gruesas mantiene cierta prudencia, necesitan sangre en sus rostros para no hundirse como partido. En todas las encuestas se muestras claras tendencias de bajada continuada del voto, tanto por la derecha como por la izquierda, y eso les ha puesto nerviosos. Lo curioso es que se permiten afirmar sin rubor que deben conseguir voto hacia su izquierda, pero se comportan como un partido ultra. Critican al nacionalismo con más nacionalismo porque saben que en la confrontación anímica derivada de ello, lo simbólico importa más que lo material. Como le ha recordado Miquel Iceta a Arrimadas, en un zasca político de los que escuecen, en vez de sacar banderas y hacer discursos incendiarios, debería hablar de los problemas de la gente. Pero no porque ellos quieren sangre y violencia para mantenerse. De ahí que convoquen en la plaza de Sant Jaume a generar más violencia. La delegación del gobierno debería impedirlo por prudencia al menos.

Como Amat no hace nada, piden revitalizar el centro de Roquetas

0

Hace un año, el pasado 2 de Octubre de 2017, la concejal del ayuntamiento de Roquetas de Mar, María José López Carmona, presentaba una propuesta para abrir un gran debate sobre la necesidad de revitalizar el centro de la ciudad, idea que un año después sigue sin tenerse en cuenta. Se trata de un necesario debate como el que se está produciendo en este momento en Almería capital ante el éxodo de las grandes cadenas comerciales hacia los centros comerciales y, las necesidades de acometer determinadas actuaciones para evitarlo, una posible peatonalización, programa de dinamización y animación de calles, etc. y además se canaliza a través de la “Plataforma para la Recuperación de Almería Centro”

“La Plaza del Ayuntamiento y todas las calles que la rodean necesitan de un trabajo de estudio, elaboración de un proyecto, planificación y desarrollo de actuaciones que atraigan vecinos y visitantes a nuestras calles. Que se trabaje desde la atracción de grandes marcas o empresas a las exenciones fiscales, pasando por todo el abanico de posibilidades que utilizan en los centros de otras ciudades, mercadillos, música en directo, etc., y por supuesto, todo ello en colaboración con los agentes sociales, propietarios de inmuebles y locales, administración local, etc. Invito a aportar ideas para conseguirlo”, afirma la promotora de ‘Roquetas Sí’, formación política que la concejal encabezará en las próximas elecciones municipales del año 2019.

“Muchos vecinos nos negamos a que el centro se vaya deteriorando día a día. Viviendas devaluadas, locales comerciales cerrados, escasez de ventas y calles vacías es lo que encontramos en el centro de la ciudad más importante de la provincia de Almería, después de la capital. Pero hay solución y ésta debe llegar del compromiso del gobierno municipal, de los partidos políticos, de las asociaciones de comerciantes, de los vecinos en general, un trabajo de coordinación y esfuerzo para diseñar un proyecto de reactivación del Centro Histórico de Roquetas de Mar. Tenemos pendiente la creación de un nuevo Museo, pero esto sólo es insuficiente, hay que trazar unas líneas básicas que provoquen un cambio social, comercial, de paisaje urbano, de complemento turístico, de nuevos espacios que reactiven nuestro centro”, argumenta la actual concejal del grupo no adscrito.

Desde pequeños detalles como la decoración de las calles, sombreados, jardinería, mobiliario urbano, señalización, etc., hasta la recuperación del comercio, potenciando la instalación de grandes marcas, cafeterías, tiendas de suvenires, y también pequeño comercio tradicional, pueden convertir el centro en motor de creación de empleo.

“Y además, todo ello hay que conectarlo a un recorrido comercial y de ocio que se traslade al Mercado de Abastos, la Plaza de Toros, Parque de los Bajos, Avenida Juan Carlos I, Avenida de Roquetas y de nuevo Centro Histórico. Se trata de ‘Hacer Ciudad’ o lo denominado últimamente como ‘Smart City’, una ciudad moderna que aboga por la regeneración y consolidación de los centros para seguir creciendo, fomentando el formato ‘andar, estar, vivir y convivir’ que proyectan las ciudades para ofrecer calidad de vida a sus vecinos. Es por lo que quiero insistir en la necesidad de generar este gran debate, porque nos jugamos el futuro del centro o su paulatina decadencia y muerte”, destaca López Carmona.