sábado, 24 enero, 2026

López Pagán: El PP corrompe la democracia al no cumplir las leyes que aprueba el parlamento

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán ha denunciado que “el Gobierno regional de manera sectaria y como un acto de corrupción a la democracia, por no ejecutar los mandatos de la ley, ha omitido su obligación de crear un Registro de Parejas de Hecho, tal y como aprobó de forma unánime la Asamblea, a petición del PSOE”.
Esta mañana el portavoz socialista ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer este incumplimiento, acompañado de los viceportavoces Alfonso Martínez Baños e Isabel Casalduero y el diputado Emilio Ivars.
López Pagán criticó que “el Gobierno regional del presidente por accidente López Miras no sabe ni lo que hace ni lo que dice y está demasiado preocupado en buscar culpabilidades fuera sobre cuestiones que nada tienen que ver con el Gobierno de la Región, descuidando sus obligaciones y perjudicando con sus acciones a la ciudadanía en sus legítimos derechos”.
El portavoz socialista aseguró que el PSOE ha tenido numerosas quejas de ciudadanos y ciudadanas que se están intentando registrar como parejas de hecho y no pueden hacerlo, a pesar de que la ley está en vigor desde el pasado verano, pero la única respuesta que han obtenido es que “ese registro ni está ni se le espera”.
“Lamentamos amargamente la absoluta deslealtad que está demostrando el Gobierno regional, que no gobierna, con las instituciones, pero principalmente con la ciudadanía. Le exigimos que no siga castigando a las personas que tienen interés de inscribirse como parejas de hecho, para tener unos derechos por la convivencia, independientemente de su relación afectivo-sexual”.

IU exige que se realicen inspecciones municipales a todos los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de Lorca

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha exigido que el Ayuntamiento realice las inspecciones técnicas a todos los afectados del terremoto que la están solicitando para acogerse a la vía de la justificación por cuenta simplificada aprobada por la Ley 8/2018 de ayudas de Lorca.

Los afectados han alertado al Grupo Municipal de IU-Verdes de que en la oficina del terremoto les han comunicado que las inspecciones se realizarán “mediante un muestreo”, es decir, que no se atenderán las peticiones de todas las personas que las han solicitado. Martín ha manifestado su disconformidad porque el informe resultante de esas inspecciones es necesario para complementar el modelo de cuenta justificativa simplificada que permitirá demostrar que el dinero de las subvenciones fue empleado en las obras de rehabilitación de las viviendas y, con ello, el cierre de los expedientes.

Gloria Martín ha lamentado que haya vecinos esperando más de un año a que se realicen dichas inspecciones. «Hay afectados que solicitaron las suyas en octubre de 2017 y que volvieron a pedirlas en marzo del año siguiente y aún no se han visitado sus casas”, explicó Martín.

Por ello, la edil de IU-V volvió a pedir que se refuerce la plantilla de técnicos municipales destinados a este cometido y que se acabe con la lista de espera para agilizar los trámites de justificación para que los vecinos puedan poner fin a esta “pesadilla”.

Martín también ha pedido que el asesoramiento que se presta en la oficina del terremoto esté “coordinado” y sea “veraz”, para que no confunda a los afectados ni les genere más zozobra. “Cuando un vecino acude a este departamento porque su nombre aparece en un edicto del BOE no se le puede decir que haga como que no se ha enterado”, dijo al respecto. “Lo que hay que hacer es facilitarle la carta que no pudo recibir por el caótico procedimiento de reparto”, aseguró. De lo contrario, no pueden acogerse a su derecho de presentar alegaciones en el plazo establecido, con un grave perjuicio de sus intereses.

La concejala de IU-V también pidió que no se insista a los afectados con que tienen que justificar el empleo del dinero que procede de la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros. “Sólo hay que justificar las cantidades que se percibieron en concepto de ayuda pública”, explicó. De hecho, en ninguna ley, y tampoco en el decreto que regulaba las ayudas, se exigía a los damnificados rendir cuentas de una indemnización que procede de seguros privados.

IU mantiene su “total compromiso” con la proposición de ley trans

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Izquierda Unida mantiene íntegro su “total compromiso con el importante contenido de la proposición de ley trans” -elaborada por la ‘Plataforma Trans’ con un texto de marcado carácter integral y transversal- y con la necesidad de que se debata cuanto antes en el Congreso. De ahí que IU plantee que esta iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el pasado febrero junto a representantes de este colectivo pueda iniciar su tramitación antes de agosto de 2019, dentro del reducido cupo para iniciativas de estas características que maneja.

Esta formación recuerda que “en todo momento hemos trabajado esta proposición de ley en equipo con el conjunto del grupo confederal siguiendo los principios que nos ha llevado al Parlamento: conseguir traer a ambas cámaras el trabajo y las demandas de la sociedad civil, así como trabajar con colectivos sociales cada propuesta”.

IU considera que “debe hacerse todo lo posible para acelerar esta tramitación”, pese a las conocidas dificultades que supone ese mínimo cupo para presentar en la Cámara Baja iniciativas con formato de proposición de ley. Esto lleva a que algunas acumulen ya cerca de dos años de espera para que se tramite su toma en consideración.

Izquierda Unida recuerda que con esta intención “se ha incluido ya esta propuesta en las negociaciones abiertas con el Gobierno de Pedro Sánchez”, de tal manera que “el Ejecutivo del PSOE ayude a traerla al Pleno del Congreso y contribuir así a hacer propias entre todos/as las demandas de un colectivo que sólo busca que la justicia y la reparación alcance también a quienes los integran”.

Para Izquierda Unida, la huelga de hambre de la que han informado representantes de las personas trans “puede contribuir a dar un impulso a esta iniciativa” y ayudar a “resolver la deuda social, moral y de incumplimiento de derechos que existe en este momento con este colectivo”.

“Es precisamente ese trabajo -apostilla-, basado en las demandas de la sociedad civil y los colectivos que la representan, la razón de que se hayan registrado tantas propuestas legislativas importantes que están pendientes de tramitación ante el reducido cupo que las limita en el Congreso y la escasa posibilidad de que el Senado pueda cubrir esa saturación dada la mayoría absoluta del Partido Popular”.

El decenio recesivo tras el colapso del capitalismo: ¿cuándo habrá otra crisis?

Este verano se cumplió el décimo aniversario del inicio de la tremenda crisis de la economía mundial. Los trabajadores y los pobres todavía no asimilan bien eso de la recuperación de esa recesión que  modificó fundamentalmente la política en todo el planeta, cargando sobre las espaldas de miles de millones de trabajadores los desfalcos y el acaparamiento de divisas ocultos en Paraísos Fiscales, sufriendo las masas recortes dramáticos en sus niveles de vida.

La bancarrota financiera puso al descubierto la quiebra de las hipotecas “subprime” en EEUU que representaba la crisis estructural del capitalismo.  Aquel Tsunami económico se extendió por todo el mundo, desestabilizando los países capitalistas avanzados, a la vez que hundía en la miseria y las guerras a los más pobres, sin que sirviera de mucho la astronómica  inyección de unos 20 billones de dólares que los capitalistas tuvieron que gastar en salvar a su Banca de la inminente bancarrota en la que habían entrado de forma abrupta.

Incluso en algunos aspectos, ese hundimiento bursátil y los efectos posteriores,  superó las dimensiones de la crisis desatada en 1929, como se demuestra analizando las pérdidas de Wall Street de la semana del 6 al 10 de octubre, que superaron a las del crash de la llamada Semana Negra de Wall Street. La Banca de Inversión empezó a hundirse arrastrada por los impagos de las hipotecas basura, llamado “activos tóxicos” que la burguesía bancaria sabía que era papel fiduciario e incobrable.

Las grandes compañías como Fanni Mae, Citigoup, Merrill Lynch e incluso uno de los bancos más potentes como era el Lemman Brothers se derrumbaron por el efecto del colapso financiero.  Aquellos liberales de pacotilla, en contra de sus principios de “liberalismo económico” que habían defendido siempre la no intervención del Estado en la economía, incluso aplicando métodos belicosos violentos para salvar sus intereses, se agarraron al Estado exigiéndoles ayuda para rescatar sus pérdidas.

No era la falta de liquidez, de créditos o de confianza el problema fundamental del estropicio, porque esos factores existen siempre pero aquello era la expresión de una crisis clásica de sobreproducción capitalista. Los estrategas de la burguesía tienden a confundir los efectos con las causas, que nunca logran entender a tiempo, o las ocultan,  para no aparecer como los causantes del pinchazo de la burbuja.

Fue tan brusca y profunda la caída del consumo que arrastró al sistema a una terrible recesión con deflación, fenómeno que malograba durante años el tan ansiado repunte y recuperación. Ahora una vez más, suenan “TRUMPhantes” tambores de guerras económicas que podría desembocar antes de 3 a 5 años en otra crisis, que podría ser incluso más profunda que la anterior, si no se toman medidas adecuadas, que no pueden ser las mismas recetas del “liberal/capitalismo” y mucho menos del otro modelo  “sin libertad”.

Tras el batacazo, los sectores más interesados e hipócritas de la clase dominante desataron una campaña mundial en la que se anunciaba una “recuperación inminente”, con anuncios permanentes de los “brotes verdes”, que anunciaban cada mes una nueva “primavera”, pero la realidad es que millones de asalariados seguían perdiendo sus puestos de trabajo porque la inversión privada colapsó.

Analicemos someramente las razones de esa parálisis económica. La causa principal es que se llegó a un punto crítico en el que el mercado globalizado, es decir, la “oferta global de bienes” no pudo ser adquirida por la “demanda global”, porque la clase trabajadora, que es la de mayor capacidad de consumo, había venido siendo expoliada y explotada, saqueando la burguesía las plusvalías que genera el asalariado y empujándoles a un endeudamiento que había alcanzado sus límites.

Las viviendas, los coches,  el cemento y demás productos no se vendían al mismo ritmo y cerraron el grifo de los créditos porque la Banca no quería arriesgar más ya que los índices de impagos se dispararon. La FBCF (Formación Bruta de Capital Fijo) que es el índice de inversión privada del Capital que representa las inversiones de los futuros puestos de trabajo,  cayó en España desde 2008 a 2013 un -41,6% y al inicio de 2016 se situaba en niveles un 27 % por debajo de los alcanzados en 2008.  En la U.E. las inversiones FBCF llegaron en 2.013 a unos 2,3 billones €, lo que equivale a un descenso de un  -12% respecto a 2008.

Actualmente, sin recuperación de ese índice clave para la creación de empleo los capitalistas de Europa se enfrentan a unas perspectivas muy sombrías. En la Eurozona se está ralentizando el crecimiento de forma alarmante. Italia, Grecia, España y demás países del Sur son un desastre potencial para la U.E. que está dividida y con el euro en dificultades. Las deudas bancarias y públicas son muy altas y se enfrentarían a rescates imposibles. La situación de la deuda en la eurozona es todavía mucho más alta que hace 10 años.  El Brexit está en crisis y podría desencadenar en Europa el proteccionismo comercial, empeorado por el aumento del precio del crudo y las materias primas.

Cuando estalle la próxima recesión podría crear problemas graves y la U.E. tendría que procesar con cuidado las relaciones con los países con más dificultades, ya que si continúan con políticas duras de recortes, la radicalización del movimiento obrero podría profundizarse y obligaría a concesiones que harían saltar en pedazos la U.E. o entraríamos en situaciones incluso revolucionarias.

Continuando con el análisis de la crisis de 2007/08, los empresarios se negaban a invertir en puestos de trabajo porque sabían que no podían vender sus productos ya que los stocks estaban abarrotados de mercancías y los futuros compradores se estaban empobreciendo. La utilización de la capacidad productiva instalada se derrumbó de un 80 % a un 64 % en poco tiempo a escala mundial. Los inversores no pedían créditos a la Banca porque sus beneficios se habían derrumbado y las familias no tenían acceso a nuevos créditos porque estaban endeudadas y no podrían pagar; paro, miseria y guerras crecían sin cesar.

Cada ciclo económico capitalista viene acompañado por  una burbuja especulativa que provoca una euforia irracional por parte de los inversores que acaba en una crisis cada vez más profunda. Aquella catástrofe produjo la recesión, que quedó anclada en los apalancamientos y se dedicaron a la especulación basada en la ingeniería financiera, que en realidad era el timo de la estampita, como vimos aquí, con las quiebras de las Cajas de Ahorros, las “preferentes” y demás artificios  y estafas de esa economía de casino mafioso.

Aquella falsa euforia que vivió la burguesía mundial creó dialécticamente las condiciones para el desastre. El fraude fue colosal. Era una enloquecida dinámica con la espectacular burbuja inmobiliaria que se estaba fraguando sobre una montaña de hipotecas basura, prestamos de apalancamiento, bonos, pagarés y otros productos sin base material.

La lógica del lucro privado les enloquece y niegan la realidad,  pero en la actualidad, pueden volver a caer en una nueva burbuja, esta vez, al unísono de los alquileres de viviendas y las hipotecas,  promovida por los Fondos Buitres, si no se corta a tiempo con la política nefasta de recortes antisociales que aplicaba el PP que gastó más de 60.000 millones en salvar a corruptos en un rescate nunca reconocido por el expresidente Rajoy.

Siguiendo con el relato histórico, se hizo omnipresente aquel capitalismo ficticio que daba sentido a la aspiración lógica de todo capitalista. Quisieron obtener ganancias del capital sin tener que pasar por la amarga experiencia de invertir en el procedo de producción material, donde la clase trabajadora les amargaba la vida. Aquellos raudales flotantes de billones de divisas se encaramaron encima de la economía real, transformándose dialécticamente en una pesada losa en el momento que se manifestó la crisis de sobreproducción que materialmente les aplastó en su caída.

Aquellos métodos mafiosos que siguen empleando adquirieron una dureza y profundidad muy pronunciada. Los capitalistas andaban muy preocupados intentando evitar la deriva hacia la recesión y se acercaban con terror al precipicio de la depresión. Creyeron haber solucionado el problema, pero está siendo a base de acumular deudas y déficits  públicos y privados que serán impagables y lo hacen a costa de crear las condiciones para otra nueva crisis que será más profunda en el próximo periodo, si se mantiene este modelo capitalista de “libre mercado”.

Por eso venimos insistiendo aquellos que nos basamos en el análisis marxista, que el Socialismo ya no es ninguna utopía, sino que en realidad ahora se ha convertido en una imperiosa necesidad para todo el género humano. El sistema capitalista, con sus contradicciones insalvables, sus crisis cíclicas, su incapacidad para planificar el futuro,  negando el Cambio Climático, sin resolver los problemas ecológicos y energéticos, con este modelo explotador y opresor y un proceso ascendente de acumulación de riquezas, no tiene futuro.

El 1 % de los más ricos de España concentra tanta riqueza como el 80 % más pobre del país. El modelo que ofrece la derecha PP y C’s que es el mismo que anteriormente aplicó Rajoy y no podría brindar ninguna salida a medio y largo plazo para resolver las cuestiones sociales, medioambientales y migratorias.

Insisto una vez más que hoy más que nunca se nos hace imprescindible a los trabajadores y capas medias empobrecidas por las grandes empresas, continuar la lucha por los cambios profundos necesarios que pongan las bases para transformar las estructuras productivas que permitan la aplicación de un verdadero programa para el Cambio, introduciendo la planificación científica de los recursos productivos.

Para ello es necesario contemplar la expropiación de esos grandes expropiadores, especuladores y corruptos, poniendo los recursos financieros y productivos claves de la economía, al servicio de la clase trabajadora y capas medias empobrecidas, que representamos la abrumadora mayoría de la sociedad. Es conveniente gestionar la economía de forma democrática, solidaria y ética, mediante la creación de una Banca Pública, para conceder créditos a los trabajadores, a los autónomos y potenciando la economía social y cooperativa,  ayudando a los trabajadores y  pequeños empresarios que representan en conjunto más del 90 % de las fuerzas productivas reales de esta sociedad.

Solo podremos salir de la crisis trabajando todas y todos de forma solidaria, produciendo más, repartiendo con verdadera justicia el fruto del trabajo para conseguir con garantías las mejoras sociales concretas que estamos necesitando.  Eso va a requerir romper definitivamente los pactos con el PP y C’s que representan a la negra reacción y plantear claramente una alianza de las izquierdas, política sindical y social, basándonos en la fuerza de la lucha organizada y unida de la clase trabajadora, fortaleciendo a partidos, sindicatos de clase, asociaciones de vecinos, estudiantes, pensionistas y los colectivos en lucha que están dispuestos al Cambio y a construir una sociedad más Justa, Libre y Solidaria, poniendo los intereses de la persona por delante del lucro privado de las mafias que están arrasando el planeta.

Los verdaderos motivos por los que Fernando Andreu no es Secretario de Estado de Justicia

Según una información publicada por el diario El País, el hecho de que el juez Fernando Andreu no fuera nombrado secretario de Estado de Justicia es una consecuencia de las últimas grabaciones realizadas por el ex comisario José Manuel Villarejo en las que aparecen, entre otros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el ex juez Baltasar Garzón. Sin embargo, Diario16 dispone de la información, recibida de fuentes de acreditada solvencia, sobre los verdaderos motivos que llevaron al juez Andreu a no ocupar el número dos de Justicia.

En 2.017 el diario Público publicó una serie de grabaciones en las que el ex comisario Villarejo alardeaba de su amistad con altos cargos de la judicatura ya que participaban asiduamente en las comidas que, junto a Adrián de la Joya, organizaban mensualmente. En esa conversación, que mantiene con un empresario al que el diario Público denominó «M», Villarejo se refiere, en concreto, a Fernando Andreu y a Santiago Pedraz como «sus amigos». Este es el fragmento de dicha grabación en la que, además, se nombran a algunos políticos:

Villarejo: Una comida muy divertida.

M: Vienen con o 24 o 26 personas, gente de la Judicatura.

V: De la política.

M: De la política. A los medios no les invitamos. Invitamos a más gente de la Judicatura… va mucha gente.

V: La última vez estuvo (…) Son interesantes, son unas comidas interesantes porque hablamos a calzón quitado y todo.

M: Ha venido Mariano Fernández Bermejo, ha venido Fernando Andreu, Mauricio también está, el Pepe, el Adrián, Manolo, luego viene alguien de la banca, entre 24 y 26.

V: Óscar López estuvo la última vez y a los pocos días dijo que…

M: Pablo Casado también ha venido.

V: Sí.

V: Y éste, el que está en el PSOE.

M: Patxi López.

V: Patxi López.

M: Yo siempre invito a un político… y estas tres horas que te partes de risa porque hablamos a calzón quitado.

V: Si entraran ahí con las cámaras, entonces sí que tienen para un mes.

M: Nos reímos. Prohibimos fotos, que nadie grabe… un martes o un miércoles, nos convocamos a través de WhatsApp.

V: Muy heterodoxo. Un par de jueces siempre van: Santiago o Fernando [Pedraz y Andreu].

Según indica la información de El País, la razón por la que no se nombró a Fernando Andreu fue el informe que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, transmitió al presidente Pedro Sánchez sobre la posibilidad de que el juez apareciera nombrado en grabaciones de comidas mantenidas con el comisario Villarejo. Sin embargo, hacía más de un año que Público ya había publicado el fragmento de conversación arriba indicado y la presencia de Andreu en las comidas mensuales organizadas por el ex comisario junto con Adrián de la Joya. Por tanto, ¿hay algo más en ese cambio repentino en la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional? Por otro lado, ¿por qué el ministro de Interior no informó también a Pedro Sánchez de que Villarejo podría disponer también de grabaciones en las que estuviera implicada la ministra de Justicia? ¿Se intenta desviar la atención desde el diario oficial de Ana Patricia Botín de las verdaderas razones de la renuncia?

En el mes de julio de 2018, Diario16, a través de diferentes fuentes de absoluta solvencia, tuvo conocimiento de cómo la ministra de Justicia había propuesto al juez Fernando Andreu y éste había aceptado el cargo. Sin embargo, el día en que iba el nombramiento iba a ser aprobado en Consejo de Ministros el magistrado renunció al él. ¿Qué pasó? ¿Tuvo algo que ver el contenido de las posibles grabaciones con Villarejo de las que Grande-Marlaska informó a Pedro Sánchez? Hubo otros movimientos. Según la información recibida en nuestra redacción, cuando en las altas instancias de este país se tuvo conocimiento de que Andreu había aceptado el ofrecimiento de Dolores Delgado, el juez recibió una llamada de una mujer que ocupaba un alto cargo de Moncloa durante el gobierno de Mariano Rajoy en la que le informó de que no podía aceptar la Secretaría de Estado porque su servicio al país sería mucho más efectivo manteniéndose al frente de la instrucción del Caso Popular-Santander. Para reforzar el argumento se le hizo mención a instrucciones pasadas en las que el juez podría haber cometido alguna presunta irregularidad. Al día siguiente comunicó a la ministra que no aceptaba el cargo que le habían ofrecido.

Diario16 habló directamente con Andreu en la primera semana del mes de agosto y confirmó que se le había hecho el ofrecimiento, pero sin darle a importancia a este hecho por la amistad que le une con Dolores Delgado. En esa misma conversación el juez también reconoció a este medio que asistió a la presentación del libro Se vende banco por un euro, del abogado y asesor del Santander Manuel Medina, una publicación que recibió las bendiciones de la misma Ana Patricia Botín, porque el autor es su amigo. En estas páginas criticamos la presencia de Andreu en un evento pro-Santander porque nos pereció que no era ético por estar él al cargo de la instrucción del Caso Banco Popular. Sin embargo, a medida que se van sucediendo los acontecimientos, y que a su lado estaba el mismo Baltasar Garzón, su presencia en la presentación podría ser la consecuencia de una emboscada o de una traba más que se le está poniendo al juez por parte de quienes están interesados en que dicha instrucción se alargue. El acto del libro fue el día 9 de mayo y el ofrecimiento se produjo en los primeros días de junio cuando la ministra Delgado estaba organizando su equipo. ¿Influyó Baltasar Garzón en la elección inicial de Andreu?

Por tanto, la verdadera razón por la que el magistrado de la Audiencia Nacional no es actualmente el número 2 de Justicia se halla en las presiones que recibió para que renunciara a lo que ya había aceptado porque era más valioso que permaneciese al frente de la instrucción del Caso Popular-Santander. ¿Quién podría tener interés en que esto fuera así? El sector del gobierno de Mariano Rajoy que con su acción u omisión permitieron la operación. ¿Qué grabaciones puede tener Villarejo que no se hayan hecho públicas o que otros documentos pueden existir para que Andreu automáticamente renunciara al cargo?

La realidad es que el juez Andreu fue víctima de una presunta extorsión, pero…, ¿por qué? ¿A quién beneficia que se mantenga al frente de la instrucción del Caso Popular-Santander? Esto es un ataque directo contra la propia honorabilidad del juez —se podrá estar de acuerdo o no con la lentitud con la que está llevando la instrucción de una causa en la que hay más de 1,5 millones de personas afectadas— y contra la propia Administración de Justicia. Dentro de la conversación en la que se le instó a que no aceptara el cargo ofrecido por Dolores Delgado, ¿se le pudieron dar más instrucciones para que, a futuro, ocupara otro cargo que, entonces sí, incidiera en el retraso de la instrucción del Caso Popular-Santander?

Precisamente, todas las trabas que se le están poniendo a Andreu —entre las que se encuentra la entrega por parte del Santander de 100.000 folios de documentación que, evidentemente, están retrasando el trabajo del juez— no buscan otra cosa que retrasar al máximo la fase de instrucción con el único fin de que la causa sea archivada o que, cuando se iniciaran los interrogatorios, el banco presidido por Ana Patricia Botín ya hubiese rentabilizado al 100% la venta de todos los activos del Popular, retraso que se hará inevitable si, finalmente, el juez es elegido Vocal del CGPJ a final de año y haya que sustituirle por otro magistrado. Lo que Andreu debe tener en cuenta es que si accediera a la vocalía estaría mucho más expuesto a nuevos movimientos que le condicionen su labor. Algo así no puede consentirse. Dejen trabajar al juez, por muy lento que esté instruyendo la causa y, por supuesto, ahora es el momento en que, tal y como le indicó la mujer que le llamó, debe mantenerse en la instrucción del Caso Popular-Santander.

El sueldazo de la infanta Elena en Mapfre contrasta con la precarización de los trabajadores de la empresa

Desde que estalló el caso Nóos, que marcó para siempre la vida de Cristina de Borbón, su hermana Elena ha quedado como la hija sin contaminar del rey emérito, la trabajadora y discreta infanta que lleva una vida normal, sin escándalos ni sobresaltos judiciales. Su puesto como directora de Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre, que le reporta un salario nada despreciable de 170.000 euros anuales ‒según reveló recientemente la periodista Pilar Eyre en la revista Lecturas‒, le permite llevar una existencia relativamente holgada, sin apuros económicos, algo que en los tiempos que corren no pueden decir muchos españoles. Eyre contó en ese artículo cómo es el día a día de Elena, la directiva de Mapfre: “Cada mañana está en su despacho de ocho a dos. Viaja por España, Latinoamérica y Europa para mantener reuniones en tres idiomas. Y maneja un equipo de cuatro personas, ¡No es un florero, trabaja duro!” Pero mientras Elena cobra ese sueldazo por defender valores éticos y morales como la solidaridad, la ayuda altruista y desinteresada, la cobertura asistencial y los derechos humanos, lo cierto es que en los últimos meses la empresa que le paga ha tenido que hacer frente a un inédito plante de delegados de oficina que han sido despedidos por la vía rápida y que por lo visto no eran tratados con esa misma “ternura solidaria” en la que se fundamenta el programa de la Fundación Mapfre. Los empleados que han terminado en la calle, la mayoría de ellos contratados en calidad de autónomos, denuncian el pésimo trato que, según ellos, han recibido por parte de la actual directiva de la compañía de seguros. Tal ha sido el grado de abusos que supuestamente han sufrido que han decidido constituir una asociación de afectados bajo la denominación Liberados de Mapfre, con la que a partir de ahora tratarán de defender sus derechos laborales en los medios de comunicación y en los tribunales, como ya informó Diario16 en exclusiva.

De modo que mientras Elena de Borbón pasea el eslogan de la empresa aseguradora por todo el mundo –“personas que cuidan de personas”– una rebelión de trabajadores que se consideran “escasamente cuidados”, y hasta maltratados, se han organizado para visibilizar una situación laboral de la que jamás se habla y que queda oscurecida por las galas benéficas, las hermosas palabras y las competiciones deportivas de vela patrocinadas por la gran multinacional. “He visto de todo en esa empresa, gente que lo está pasando muy mal, compañeros que toman ansiolíticos, infartos y trabajadores que simplemente se hacen mayores y ya no pueden seguir el mismo ritmo de ventas de cuando eran jóvenes”, asegura Emilio Besada, que fue ex delegado de una oficina de Mapfre de Jerez de la Frontera durante 25 años. Los afiliados a Liberados de Mapfre aseguran que desde que la empresa se transformó de mutualidad en sociedad anónima los gestores han impuesto un agresivo sistema de organización anglosajón del trabajo que machaca a todo aquel empleado que no consigue alcanzar los objetivos marcados a final de mes. Fue implantarse el sistema americano, que premia el éxito de unos pocos y condena a muchos al fracaso ‒como corresponde al capitalismo más salvaje‒, y comenzar las presiones, las amenazas, los malos modos.

En una entrevista concedida en 2009 a la revista Mundo Mapfre, un año después de su incorporación a la empresa, la infanta Elena dijo sentirse “una privilegiada” en la compañía aseguradora y añadió que se encontraba feliz con su trabajo en la fundación: “Contribuye a que me levante cada día con unas enormes ganas de vivir y por poder ayudar a los demás”, afirmó. Sin duda, sus condiciones laborales nada tienen que ver con las de sus compañeros delegados de oficina, bastante menos dignas, según denuncian los afectados.

Tras su “cese temporal de convivencia” con Jaime de Marichalar, al que siguió el divorcio, Elena se trasladó a vivir a un piso del barrio Niño Jesús de Madrid, a escasos metros del Parque del Retiro, una casa que aunque alejada de los lujos del Palacete de Pedralbes ‒propiedad de su hermana Cristina e Iñaki Urdangarin‒, cuenta con todas las comodidades. Fue entonces cuando empezó a trabajar para la Fundación Mapfre, al frente del departamento de Acción Social, que en España se encarga de integrar en el mercado laboral a las personas con discapacidad y en Sudamérica trabaja en la educación de niños con problemas de exclusión. Las funciones de la infanta al frente de la Fundación Mapfre giran en torno a esos proyectos sociales y solidarios con personas en situación de desamparo. Así, el pasado mes de julio Elena de Borbón y Grecia visitó la localidad de Huachipa, en Perú, donde participó en un proyecto que tiene por objetivo contribuir al desarrollo educativo de niños, jóvenes y familias sin recursos en la zona, según informó la Fundación Mapfre. Elena visitó el centro de desarrollo educativo y social en la comunidad de Nievería, que la fundación regenta junto a la oenegé Cesal.

En Mapfre, la infanta dispone de despacho propio en la sede de la empresa, situada en el paseo Recoletos de Madrid, y trabaja a jornada partida. El jugoso sueldo le ha permitido mantenerse económicamente tras su divorcio con Jaime de Marichalar, aunque la educación de sus hijos María Victoria y Froilán la sufraga Juan Carlos I, que se ha hecho cargo de los gastos académicos de sus nietos.

La relación de la Familia Real con la compañía de seguros es estrecha desde hace tiempo. Precisamente el pasado verano la infanta Elena participó en la 37 edición de la Copa del Rey de vela en aguas de la bahía de Palma, competición patrocinada por Mapfre. Y en la reunión previa a la salida de la décima y penúltima etapa de la Volvo Ocean Race, entre Cardiff y Gotemburgo, el rey Juan Carlos y su hija prestaron su apoyo a la tripulación del Mapfre, patroneada por Xabi Fernández. Allí se saludaron con el presidente y el vicepresidente de la compañía, Antonio Huertas y Antonio Núñez, respectivamente. La infanta siempre ha destacado la “valiosísima” misión que empresas como Mapfre “tienen que cumplir en la mejora de la sociedad”. De momento, por lo que se desprende de las denuncias de Liberados de Mapfre, en cuestiones laborales la compañía tiene mucho que mejorar para contribuir a una sociedad más igualitaria y mejor. Que se lo pregunten si no a los empleados que se sienten maltratados y explotados por un sistema de trabajo tan brutalmente competitivo como injusto.

Rivera y Casado pretenden convertir Barcelona en el Belfast de Margaret Thatcher

Albert Rivera ha vuelto a insistir en la exigencia a Pedro Sánchez de que aplique nuevamente el artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña. Sin embargo, el líder del cada vez más ultraconservador partido naranja pretende que esa anulación de la autonomía catalana sea duradera en el tiempo y con unas consecuencias muy duras, es decir, pretende que se infrinja un castigo a todo el pueblo catalán, no sólo al sector soberanista. A la zaga le va Pablo Casado en sus insistentes solicitudes de invasión legal de las competencias que la Constitución y el Estatut reconocen a Cataluña.

La realidad es que el Procés ya ha «ulsterizado» a la sociedad catalana. No hay puntos intermedios, no existen posiciones equidistantes. O se es soberanista o se es unionista. No hay más. Los dos bandos se posicionan y la gente, de un lado y del otro, se bunkerizan en sus territorios para lanzar sus respectivas acciones reivindicativas que, finalmente, terminan en un enfrentamiento, como bien estamos viendo con las colocaciones y retiradas de los lazos amarillos de las calles. Todo ello, eso sí, con los líderes políticos de cada facción alentando el odio hacia el de enfrente. El problema que genera esto es el que se ha repetido a lo largo de la historia: los políticos hablan, inducen, alientan, exaltan al pueblo con palabras mientras que son los ciudadanos los que terminan vertiendo su sangre por las calles.

Soldado británico en Belfast en los años 80

Tanto Rivera como Casado pretenden convertir Cataluña en un remedo de lo que fue la Belfast de Margaret Thatcher. Para eso ambos son discípulos aventajados de la Dama de Hierro. A cada acción del independentismo llega la reacción por parte de los dos líderes conservadores exigiendo al presidente del Gobierno la aplicación de medidas coercitivas o intervencionistas sobre la soberanía del pueblo catalán. Exactamente la misma situación, con ciertos matices, de lo que realizó Margaret Thatcher en Irlanda del Norte en los años 80 del siglo pasado.

Las reacciones tanto de Albert Rivera como de Pablo Casado a la conmemoración del día 1 de octubre dan buena muestra de cómo lo que pretenden es, en cierta medida, una invasión del Estado español a Cataluña. El castigo del poderoso frente a un pueblo que lo único que ha pretendido ha sido expresar su opinión en un referéndum democrático que podría haberse celebrado sin ningún problema hace años si la intransigencia y los intereses de unos y otros no lo hubiesen impedido.

Por un lado, Rivera, a quien la prensa internacional ya califica sin ningún tipo de tapujo como el líder de la extrema derecha española, volvió a exigir la aplicación del 155 pero con más dureza que con Rajoy, lo que implicaría inmediatamente la declaración de una especie de estado de excepción similar al que se aplicaba durante el franquismo cuando se declaraba algún tipo de crisis entre el Régimen y el pueblo. El líder de Ciudadanos sigue afirmando, con un total desconocimiento de la realidad catalana (algo muy grave siendo él oriundo de esa Comunidad Autónoma), que la mayoría de los catalanes reprueba al soberanismo cuando, en verdad, la sociedad está absolutamente polarizada y dividida por la mitad. Hablar de mayorías refiriéndose sólo a los que le apoyan o piensan como él es el argumento que suelen utilizar los dictadores para referirse al pueblo porque, en realidad, obvian a los que piensan de un modo distinto o los meten en la cárcel.

Pablo Casado, por su parte, además de exigir la aplicación de un 155 más duro que el que aplicó su partido cuando gobernaba y, por tanto, el mismo estado de excepción de Albert Rivera, ha dado un paso más y ha solicitado la ilegalización de los partidos catalanes en base a los argumentos de una ley de partidos que se creó en exclusiva para dejar sin capacidad de representación a la izquierda abertzale durante los años en los que la banda terrorista ETA asesinaba a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a políticos, a periodistas o a ciudadanos inocentes.

Toda esta estrategia de radicalización de las posturas unionistas en Cataluña para implantar un régimen similar al que Margaret Thatcher o Edward Heath impusieron en Irlanda del Norte lo que están logrando es la cohesión del independentismo. Nuevamente, al igual que ocurre con el Jefe del Estado, el endurecimiento del unionismo sirve como pegamento para reparar las grietas de un soberanismo cada vez más fragmentado. Tanto a Rivera como a Casado les interesa mantener vivo el conflicto catalán. No tienen ningún interés en que Pedro Sánchez logre abrir un diálogo para intentar reparar lo que a otros, tanto de un lado como del otro, interesó mantener vivo, es decir, el enfrentamiento. Todo ello, evidentemente, con un claro fin electoralista y de ahí que tras cada exigencia al gobierno se le acompaña la coletilla de la convocatoria de elecciones.

Es muy triste que en una democracia el único argumento que pueda tener la derecha para intentar ganar unas elecciones sea el del enfrentamiento entre ciudadanos. El Gobierno de Sánchez le está dejando sin argumentario que ofrecer a los españoles porque está mostrando que hay un modo distinto de gobernar, que el Estado dispone de recursos suficientes como para poder aplicar las políticas sociales que, con la excusa de la crisis, la derecha le hurtó al pueblo. Ante esto el único sistema que pueden aplicar es el de exaltar los sentimientos patrióticos y, señores Casado y Rivera, esto es algo muy peligroso porque los que no piensan como ustedes también los tienen.

Mural pintado en la ciudad de Belfast

“Sanchistas” quieren montar una agrupación de electores contra Susana Díaz

“Sanchistas” porque así se califican las personas que pertenecen al movimiento contra la actual secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz. Un grupo de militantes que, muy enfadados por la no convocatoria de elecciones primarias en su región, están decididos a dar el paso de crear una agrupación de electores sanchistas que se presente a las elecciones autonómicas que ya se vislumbran en el horizonte. Personas que se reclaman cansadas del susanismo y que creen que sólo con otra candidatura el PSOE logrará vencer en Andalucía. Por ello se atreven, porque atrevidos son un rato, a apelar a Ferraz (ese nombre de ubicación carismática que parece ser fuente de males y taumaturgia) a que o bien deponen a Díaz, o bien se convocan primarias, o bien ellos hacen de su capa un sayo.

Christian Barrionuevo, militante del PSOE según afirma, distribuyó ayer por las redes sociales un comunicado donde se afirma lo siguiente: “Estimados compañeros y compañeras es sabido por todos que Susana Díaz no tiene pensamiento de realizar primarias y observando que desde Ferraz no hablan, ni dicen nada de forzar dichas primarias, por lo que los Sanchistas Andaluces estamos actualmente en posición de crear una agrupación de electores por el bien de Andalucía y el PSOE, ya que el partido socialista andaluz no cuenta con los Sanchistas para nada, sólo para humillarnos y denigrarnos y no sólo esto sino que nos está prohibido ir a nuestra casa, la casa del pueblo de todos los socialistas y del pueblo en general, por ello viendo la actitud de Susana de no unir a la militancia sino de desprestigiar a todo aquel o aquella que le plante cara hemos decidido que si de aquí al viernes FERRAZ no se pronuncia los Sanchistas de Andalucía haremos nuestra agrupación de electores para darle guerra a Susana y estar con las izquierdas y nuestro manual será el 39 Congreso Federal del PSOE, le pese a quien le pese!!”.

Toda una declaración de intenciones que pasa por alto una cuestión fundamental, para tener primarias en Andalucía hay que presentar un 40% de firmas de personas que lo soliciten. No es potestad de la Ejecutiva Federal obligar a quienes gobiernan a celebrar primarias si no hay ese 40% de apoyo a la convocatoria. Por tanto solicitar a “Ferraz” que obligue a Díaz convocar primarias cuando nadie las ha solicitado realmente es un tanto pretencioso o no conocer los estatutos del PSOE y su reglamento. Los mismos que afirman que llevarán como programa lo acordado en el 39° Congreso del PSOE parecen no percatarse de la parte estatutaria con su obligación de recoger esas firmas.

Juan Gil, ideólogo de buena parte de este movimiento contrario a la presidenta de la Junta de Andalucía, incluso tiene una petición en Change.org (aquí) para exigir que Susana Díaz convoque elecciones primarias y así presentarse él. A decir verdad, según Diario 16 ha podido contrastar, Gil lo que quiere son primarias y de no hacerles caso Ferraz, ni Díaz, pasarán al “plan B” como es la creación de la agrupación de electores sanchistas. Para este andaluz “Susana Díaz y su cortijo no me representan ni nos representan a los socialistas de corazón”, por ello están planteando esta batalla. Con numerosos memes y declaraciones en redes sociales quieren acabar con Susana Díaz y todo lo que representa para situarse ellos a la cabeza y limpiar, según dicen, el PSOE-A. De hecho a quien más rabia tienen es a Juan “Cara de boxeador” Cornejo porque no convoca primarias.

Otra muestra de atrevimiento es que piden que se derogue la entrega del 40% de avales para optar a tener una candidatura: “También solicito que no se pida a ninguna posible candidatura tener que presentar el 40% de avales que exigen los estatutos del partido por considerar ese porcentaje totalmente desproporcionado y prácticamente imposible de conseguir. Ese 40% de avales solo lo puede exigir alguien que se quiere blindar en su cargo y que teme afrontar unas primarias para dar voz a la militancia”. Quieren que el PSOE se salte su propio reglamento (artículo 226 del mismo) para que ellos puedan presentar su candidatura. Y como saben que no les van a hacer caso aducen que eso es para blindar el cargo y no se paran a pensar que es para evitar que cuatro zumbados estén amargando la vida a la organización cuando se gobierna.

Gil, Barrionuevo y demás personas que están en ese movimiento expresan su odio hacia Susana Díaz y poco respeto por los estatutos que la militancia aprobó en el último congreso federal. No sólo se han perdido el momento en que debían solicitar las firmas para que hubiese primarias, justo cuando abrió el calendario el Comité Federal, sino que ahora amenazan con presentarse como agrupación de electores sanchista, sin contar que otros y otras sanchistas andaluzas se pueden sentir mal a verles actuar de esta forma. Y el daño que hacen a su “adorado” Pedro Sánchez al catalogarse de sanchistas frente al susanismo. Si José Antonio Rodríguez, antes alcalde de Jun, fue incapaz de reunir ni 3.000 firmas (nunca se sabrá cuántas porque ni las presentó, como hizo con las que iba a presentar contra la Gestora), fuera de tiempo y haciendo ruido en las redes no llegarán ni a mil. Hace gracia y divierte pero la política es algo más serio, algo que se supone probarán cuando presenten su agrupación de electores. Que buena gente haga estas cosas sólo puede significar que la sociedad camina inexorablemente hacia su ocaso, o que hay mucho aburrido en este mundo.

PSOE: García Legaz no aclara por qué el Gobierno regional gastó 300 millones de euros para construir el aeropuerto de Corvera

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha empezado su intervención en la Comisión de Investigación sobre el aeropuerto de Corvera, preguntando al  ex presidente y consejero delegado de Aena, Jaime García-Legaz, “por qué el Gobierno regional gastó 300 millones de euros para construir esta infraestructura, siendo rentable el aeropuerto de San Javier”. Una pregunta que lamentablemente no ha sido aclarada por el compareciente.
Martínez Baños ha agradecido la presencia de Jaime García Legaz, “por ser la primera vez que comparece en la Cámara un ex alto cargo de la Administración central, para un tema tan importante como este”.
El viceportavoz socialista subrayó que el aeropuerto de Corvera fue “un capricho más del Gobierno de Valcárcel, fruto de su modelo de desarrollo especulativo y fracasado. Nos dijeron que no nos iba a costar un euro y lo estamos pagando muy caro, ya que nos va a suponer en torno a los 300 millones de euros”.
Otro reproche que Martínez Baños hizo fue que el aeródromo de Corvera se  terminó en enero de 2012 y han pasado siete años y sigue cerrado, “por lo que habrá que analizar los costes que supone”.
También le ha preguntado qué va a pasar con los propietarios de las 150 parcelas expropiadas, a los que se les deben más de 22 millones de euros, además de los intereses.
El parlamentario socialista cuestionó las ventajas económicas que tiene Corvera respecto a San Javier. “Existe incertidumbre respecto a los tráficos de viajeros previstos. A fecha de hoy solo hay una compañía – Jet2- que ha confirmado que operará y solo vuela en los meses de verano, por lo que representa un porcentaje muy bajo de viajeros”. Los expertos aseguran que sería un éxito empezar a operar con 500.000 viajeros.
Frente a esto, en San Javier operan 9 compañías, y solo Ryanair representa el 60 por ciento de los vuelos. Preocupa que a día de hoy esta compañía todavía no ha tomado la decisión de operar en Corvera. Ante lo que el viceportavoz socialista le ha preguntado, si habrá nuevas compañías operando en en el nuevo aeropuerto, pero no ha obtenido respuesta.
Otras preguntas que le ha formulado han sido: en qué fundamentó Aena la oportunidad de negocio en Corvera; si existe demanda real de viajeros para el aeropuerto de Corvera; cuándo está previsto que alcance Corvera el millón de pasajeros, a lo que tampoco ha respondido; qué otras ventajas  en cuanto a vuelos tiene Corvera frente a San Javier, teniendo en cuenta que ambos tienen la misma categoría operativa; qué condiciones puso el Ministerio de Defensa para el cierre del uso civil de San Javier; si está preparado para operar el nuevo aeropuerto; si se se han hecho mejoras para ponerlo en marcha, y qué coste está previsto que tengan dichos cambios.
Para Alfonso Martínez, “estamos ante un aeropuerto innecesario, pero la realidad nos condiciona porque está construido y nos ha costado 300 millones de euros y un contrato con AENA. Por tanto, la solución menos mala es ponerlo en marcha en las mejores condiciones”, manifestó.

El PP de CLM quiere privatizar la Sanidad

A este ritmo el presidente de Castilla-La Mancha no va a tener que hacer ni campaña electoral, con sólo decir “miren a este tipo y lo que dice” ganará. Si a lo que vamos a contar se suma que suele acudir al parlamento regional a hacer aspavientos, dar gritos y decir que aquello está lleno de etarras, pues igual no le hace falta a Emiliano García-Page ni salir de Toledo. Porque el PP castellano-manchego es hijo de María Dolores Cospedal, lo más anti-público que ha existido en el partido conservador, más incluso que Aguirre. Ya lo demostraron durante los cuatro años de gobierno que recortaron lo público y masacraron a los funcionarios y trabajadores para acabar generando más deuda que la que encontraron.

Así, quien este fin de semana va a convertirse en presidente del PP de CLM y continuador de Cospedal, Francisco Núñez, se ha querido estrenar situando la diana de las privatizaciones en la Sanidad pública castellano-manchega. En declaraciones a la cadena SER el dirigente conservador ha manifestado que se muestra partidario de “una gestión privada de la sanidad”. O lo que es lo mismo, que la ciudadanía pague con sus impuestos a hospitales privados para atender a los pacientes. O lo que es lo mismo, cerrar los hospitales públicos o regalarlos a empresas privadas para saquear los bolsillos de la ciudadanía. Casi lo consiguieron durante la legislatura de Cospedal en el gobierno mediante la derivación de los pacientes a hospitales privados de Madrid y de otras zonas, o quitando las guardias o reduciendo las guardias a los servicios médicos. O despidiendo a numerosos profesionales de la medicina que estaban en interinaje dejando diezmadas unas plantillas que, a día de hoy, aún no han podido ser recompuestas.

Desde el PP de CLM han querido matizar las palabras de su próximo presidente afirmando que no, que desde su partido se va a defender siempre la “gestión directa de la Sanidad”. Que apoyan la sanidad pública, gratuita y universal. Bueno lo de universal con matices porque bien que han gritado en el Congreso de los diputados. Además,, como muestra de su deseo de gestión, han mentido al afirmar que la Sanidad castellano-manchega estaba casi en quiebra cuando llegaron ellos al gobierno con Cospedal. Mentira porque lo público en sí no quiebra porque es el Estado, cuestión distinta es que tuviese más deuda, o tuviese retrasos en el pago a proveedores. Algo que, por cierto, tampoco arregló el PP gobernando. Es más, al irse, como se hizo notar antes, habían dejado una Sanidad depauperada.

No ha habido un “lapsus” como afirman desde el PP, sino una verdadera muestra de intenciones sibilinas para acabar con lo público y proceder a un nuevo episodio de riqueza y acumulación por desposesión de los gobiernos de la derecha española. Así, Blanca Fernández del PSOE ha calificado las palabras como “un ataque de sinceridad” que deja vislumbrar que querían cambiar el modelo de gestión en Almansa y Villarrobledo cuando llegaron al gobierno. Al fin y al cabo, un modelo privado pero pagado por el bolsillo de todos los ciudadanos que precarice a los sanitarios, la atención a los pacientes y genere beneficios para los poderosos. Un modelo pensado para que los ricos sean un poco más ricos. En el momento en que se relajan sueltan las verdades y la verdad es que el PP quiere privatizar España, salvo la bandera que llevan en la pulsera.