domingo, 25 enero, 2026

Santander compensó a un empresario por sus pérdidas en Sovereign con un regalo de acciones

Tal y como indicábamos en artículos anteriores, el Santander realizó operaciones accionariales que beneficiaban a grandes clientes pero que perjudicaban al resto, tanto minoristas como a sus principales accionistas. Diario16 ha tenido acceso a documentación que así lo prueba.

A finales de la pasada década, Santander pasaba por dificultades. Se había visto envuelto en la estafa de Madoff y sus grandes clientes se estaban viendo afectados por ello, tal y como hemos publicado en la revista mensual Diario16. También las consecuencias de la crisis financiera estaban golpeando a la entidad cántabra. Tras una serie de compras de entidades de tamaño mediano, Santander anunció la compra de Sovereign, un banco de Philadelphia, cotizado y en el que el propio Emilio Botín había recomendado invertir facilitando financiación para ello a algunos clientes elegido, cosa que reconocían en privado. Esta financiación es legal, sin duda, pero el banco prestamista sabe que, si la inversión no va bien, pueden tener problemas a la hora de recuperar el dinero prestado, además de problemas reputacionales.

Uno de estos clientes elegidos por Emilio Botín fue un constructor granadino, quien tomó un 2% de Sovereign financiado por el Santander. Sólo unos meses más tarde, la inversión no fue bien porque el banco americano había resultado afectado por el estallido de la crisis financiera. La valoración de la participación del Santander había pasado de 28 a 8 dólares por acción y su opción de compra para hacerse con la totalidad del banco la podía ejercer a 38 dólares. Por tanto, el descalabro de la inversión era enorme y en muy poco tiempo.

¿Qué pasó con el empresario tras este fiasco inversor? En el año 2.012 el constructor solicitó una solución imaginativa para su situación. Tenía una participación relevante en una importante entidad española financiada por BBVA y éste le amenazaba con ejecutar sus garantías y dejarlo sin acciones y sin garantías. El empresario necesitaba que ese banco le echase una mano para evitar el escándalo que suponía que BBVA le ejecutase a él.

En la referida entidad no le veían solución, a lo que el constructor contestó que Santander lo había hecho con su financiación de las acciones de Sovereign. Sin embargo, en la entonces sexta entidad española le dijeron que eso no era posible sin transgredir la norma o perjudicar al resto de accionistas por la minusvaloración de sus títulos. El constructor granadino insistió en que Santander le había ayudado a paliar las pérdidas sufridas con Sovereign, inversión a la que había sido invitado por Emilio Botín, Enrique García Candelas y con el conocimiento del resto del Consejo, órgano al que ya pertenecían Ana Patricia Botín y Rodrigo Echenique.

Para justificar sus palabras, el empresario aportó los documentos. Se trataba de una operación realizada por una empresa del constructor con el Santander y carecía de sentido financiero pues se trataba de un regalo. El banco cántabro contrataba con la sociedad del granadino una opción de venta sobre acciones del propio Santander, acciones que, posiblemente, no pudieron colocar en su ampliación de 2.008 por 7.200 millones de euros. Las dos partes habían concertado una opción de venta de acciones de Santander, opción concedida gratuitamente a favor de dicha empresa. La opción consistía en la posibilidad de vender unas acciones a unos determinados precios y periodo de ejecución temporal. Aquí no había riesgo alguno para el inversor porque, si la acción bajaba, el empresario no ejercería la opción de venta, pero si subía, la podría ejecutar a los precios pactados.

Tras la ampliación de capital del Santander de 2.008, la acción subió. El efecto del contrato es simplemente demoledor para los firmantes: por ejercicio de la opción la empresa del constructor ganó en unos meses en el año 2.009, según los documentos a los que ha tenido acceso Diario16, 70 millones de euros. La liquidación se hacía «por diferencias» porque al contratar la opción no se pagó nada, al ejercer la opción gratuita el empresario se embolsó la diferencia entre el valor de la acción el día de la supuesta contratación y el día de la venta, eso sí, menos una comisión para el Santander. La operación fue perfecta para el constructor que recuperaba 70 millones de euros de lo perdido con Sovereign.

Una pregunta está presente en toda esta operación: ¿por qué el Santander le hizo este favor a este empresario, sobre todo porque fue un regalo que fue en perjuicio de todos los accionistas?

Razones económicas o financieras no existen porque no se puede conceder una opción gratuita ya que las opciones tienen un precio en la medida que posibilitan el ejercicio de un derecho que tiene como consecuencia la obtención de un beneficio o la mitigación de una pérdida. Conceder gratuitamente una opción supone una especie de compensación entregada por Santander al constructor, posiblemente por los motivos reputacionales apuntados.

Se trató de una operación hecha en perjuicio del resto de los accionistas del Santander y en beneficio de un empresario privado. Se trataría, en definitiva, de un contrato sin causa con el resultado de trasladar al constructor granadino un beneficio económico en detrimento del patrimonio del Santander, un regalo no contemplado en la regulación vigente.

Casado no ha entendido nada

Durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX muchas familias españolas tuvieron a uno de sus miembros que emigró hacia América. Muchos de ellos hicieron una pequeña fortuna, a base de trabajar como leones y explotar los recursos y las personas de ese nuevo mundo. Eran los llamados, al menos aquí en Catalunya, «indianos«.

Pues bien, como ocurrió muchas y muchas veces, el tío indiano, a partir de que comenzó a hacer los primeros «duros», fue enviando dinero a casa, a la familia. Esta, familia de mucho linaje y pocos «posibles», comenzó a administrar los recursos que llegaban. Pagaron deudas; adquirieron una casa solariega y los realquilados se convirtieron dueños; compraron los campos colindantes, edificaron una casa de pisos en el Ensanche de Barcelona o en la Gran Vía de Madrid, remodelaron el panteón de los padres e incluso, restauraron la iglesia del pueblo y pavimentaron un trozo de carretera para que los llevara arriba y abajo el chófer con el coche, nuevo de trinca, que se habían comprado.

Eran temidos y envidiados, tachando de desgraciados y paletos a los que no eran como ellos.

Pero un día, el tío, ya mayor, decide volver. Y regresó. Baja del barco, y les dice, antes que nada. diplomáticamente… y después, vistos los oídos sordos, sin diplomacia, que todo aquello que han venido disfrutando durante treinta años, es suyo… Son “sus” inversiones y se debe responder por ellas.

Y la orgullosa y señorial familia debe volver enfadada y empobrecida a la casa destinada al servicio, con la única esperanza de que su hija, la sobrina, se haga amiga íntima (por no decir un nombre más feo) del tío; aunque la chica, que poco sabe más, que ir de tiendas, tiene la competencia de dos «prietas y cariñosas mulatas» que han viajado de América con el anciano.

Esto es exactamente lo mismo lo que le ha pasado a España con Europa.

Durante treinta años, Europa nos ha enviado puntualmente y sin fallar unos 3.000 € / año / habitante… aproximadamente el 1,2 % de nuestro PIB. Para poder recibir esto, se tenían que cumplir unas normas, las normas de los países ricos y democráticos, normas que firmamos para entrar. Los cheques que España firmó conllevaban, todos, cesiones de “soberanía nacional” a cambio de la pasta.

Como la familia de nuestro trozo de historia, España, o mejor dicho, su «clase extractiva», invirtió y gastó el dinero recibido sin preocuparse de nada más. Fue temida y envidiada; volvían los tiempos imperiales aznarianos.

En la situación actual, Europa nos exige que rindamos cuentas; que cumplamos los requisitos y las formas del club en el que entramos. Entre ellas las judiciales. Y eso es lo que hace daño, mucho daño al amor propio. Duele responder ante terceros a los que, además, desprecias.

Nos lo han dicho, diplomáticamente … y después con resoluciones que nos dejan más mal, que mal: España tiene abiertos actualmente, y sólo a efectos de referencia:

– En la UE : 97 procedimientos de infracción, que pueden (a todos) costar unos 30 mil millones de euros, a parte de los 16 Mil millones aún no devueltos a la ciudadanía del procedimiento del «céntimo sanitario». España tiene más de un centenar de sentencias condenatorias por ejecutar o mal ejecutadas, entre las que podemos destacar desde la del «canon digital», a las de las «cláusulas abusivas»  de las hipotecas y diversas chapuzas bancarias, sin olvidar las energéticas o el trato a los presos. Uno de los últimos procedimientos iniciados, lo digo por que es sintomático, es una demanda al TJUE por parte de la Comisión de condena a España por vulnerar masivamente la seguridad en el trabajo de la propia Guardia Civil, la españolísima policía militar del tricornio.

-En el Consejo de Europa, 71 condenas directas del TEDH por vulneración de los Derechos Humanos en veinte años, es decir, 3,5 condenas por año, 6 condenas de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y una larga lista de nunca acabar, a las que añadiríamos las de las Naciones Unidas. En buena parte de ellas hay sangrientas referencias al desdén y opacidad encontrados por los inspectores y visitantes y al ninguneo de los jueces españoles hacia las otras jurisdicciones.

Lisa y llanamente, no hay institución en Europa que no nos haya condenado, con el agravante de que encima, los chuleamos y les hacemos trampas. Es el enésimo escándalo, el de las euroórdenes. Somos así: se investiga una atleta por doparse, !y la hacemos senadora por Palencia¡ !y bien envuelta en la bandera nacinal¡.

Ante la última de las “paridas chulescas” del Sr. Casado, habríamos de decir que:

Primera.- Los tiempos han cambiado.

Hemos de entender que las columnas inmutables que eran la base social de la familia del cuento han desaparecido. Ocho son los puntales del pasado estado / nación nacido de la revolución francesa, sobre el que se constituyó la sociedad Española: a) La Frontera, b) La Moneda / política económica, c) el Idioma, d) La Bandera, e) El Derecho, f) La Propiedad, g) El Ejercito y h) El Trabajo.

Sobre esas premisas se desarrollaron los estados modernos: Un estado lo era porque tenía una frontera delimitada, acuñaba su moneda para que la usasen sus ciudadanos y la defendía frente a las monedas exteriores. La bandera era el símbolo de la cohesión común, al que todos los burócratas, sin más señor que el estado, servían y al que todos los militares identificaban, y por ese símbolo prometían morir, la mayoría de las veces en contiendas contra las banderas vecinas.

El derecho era la herramienta para esa cohesión común; dentro de las fronteras, la ley era de general aplicación para todos (eso sí, administrada por unos burócratas creados ad hoc, los jueces), al menos nominalmente, con dos derechos inspiradores y eje de coordenadas de la producción jurídica; La propiedad y el trabajo como base del orden social.

Así, como hemos visto, las primeras constituciones defendían ardorosamente el derecho a la propiedad (americana), incluso con el uso particular de las armas. Su contramodelo, las sociedades comunistas, la preeminencia era del trabajo sobre la propiedad. Finalmente, llegó la síntesis que bien puede ser representada por la Constitución Española redactada bien avanzado el siglo XX, que ya habla de un estado social y de derecho, estando el derecho al trabajo al mismo nivel que todos los otros derechos, pero lo que importa, en el fondo, son las herramientas para manejar el cotarro por parte de la clase estatal dominante.

Segunda.- Somos Europa y somos mundo

Ahora, atravesamos Europa de punta a punta sin parar en frontera alguna. Tenemos una moneda común y paridades casi estables con las dos otras monedas globales, el dólar y el yuán. Los capitales, los nuevos “propietarios” son globales y circulan por los continentes sin traba alguna. La bandera está siendo reducida al ámbito festivo/deportivo. Se la ondea principalmente en las competiciones deportivas y en aquellos actos que puedan servir para diferenciarnos de nuestros vecinos, a los que ya no podemos atacar militarmente.

El derecho emana en su mayor parte de convenios internacionales comunes, sea la Unión Europea, sean los diversos tratados (con cesión de soberanía), que planetariamente los estados se someten para garantizar y promover, aún más si cabe, la libre circulación de capitales, personas y mercancías.

Nuestros ejércitos están unificados bajo mandos comunes internacionales, armados por fábricas que ya no son propias y mandados por oficiales extranjeros. Todos ellos actuando en países remotos a los cuales jamás se les declaró la guerra.

Sólo los burócratas, a quienes representa el Sr. Casado y su partido, últimos tenedores de esa mentalidad nacida en el siglo XVIII, están empeñados en una ardua lucha para conservar sus parcelas de poder, parcelas que cada día son más pequeñas. Y por conservarlas, no les tiembla la mano poner en riesgo el estado ni enchironar a los que proponen algo diferente.

Lo hemos comprobado. Una llamada desde Berlín, y se cambia la Constitución.Esa que dicen que es tan “intocable”; y se arruinan sin piedad decenas de miles de familias. Y para ello usamos a esos burócratas por excelencia, a los que llamamos jueces, la “clase” de entre las “clases” de los burócratas.

Tercera.- De la Obsolescencia de las herramientas estatales

Y es que, además, como la familia del cuento, para lo único que nos ha servido ese enriquecimiento es para poner vestidos lujosos encima de los harapos morales franquistas y meapilas que nunca hemos abandonado.

Hemos de explicar que, para escarnio de políticos y burócratas, la mayoría de las normas que nos afectan ya no se redactan ni en Madrid, Barcelona o Valencia. Se redactan en Bruselas, desde la década de los 80 del siglo pasado. Que si el Parlamento y el Senado estuviesen cerrados, apenas pasaría nada. Nuestra Constitución se parece más a un queso emmental, con sus agujeros que a un árbol frondoso.

Casado, pero también Rivera y Sánchez, no es que no hayan entendido nada, es que son incapaz de decir a los ciudadanos españoles, que ya no mandan ellos ni sus partidos.

El PSOE exige al Gobierno regional que facilite la instalación de una red de recarga pública para vehículos eléctricos

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar ha pedido explicaciones al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Celdrán, sobre las  razones por las que todavía no ha cumplido el mandato de la Asamblea, aprobado hace un año y medio, relativo a la suscripción voluntaria de convenios de la Administración regional con los ayuntamientos de la Región para garantizar una red de recarga pública de vehículos eléctricos.
González Tovar recordó que esa moción socialista fue aprobada por unanimidad y contemplaba que los consistorios se comprometieran a la cesión del suelo, a la construcción y posterior traspaso de los centros de carga a la Comunidad Autónoma y a asumir los gastos de ejecución de dicha red.
Además, contenía unas medidas complementarias, como reservar un número determinado de plazas de aparcamiento para los vehículos eléctricos o la bonificación del impuesto de circulación, entre otras cuestiones.
“El Gobierno regional sigue sin cumplir lo que se aprueba en la Asamblea, y en este caso concreto no se ha avanzado nada, puesto que seguimos sin los necesarios puntos de recarga para vehículos eléctricos y la red para facilitar la adquisición de los mismos brilla por su ausencia”.
En opinión del diputado socialista, las administraciones públicas deben ser las principales impulsoras “de la descarbonización de la economía española”, así como de poner en marcha y en manos de los usuarios todas las medidas que favorezcan el relevo de las energías fósiles en favor de las energías limpias para entrar en una nueva etapa, tal y como defiende la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Para ello, considera que la planificación es clave, aparte de tener claros los objetivos estratégicos que necesita la Región, “algo que el Gobierno regional no parece tener”.
El Plan energético regional recoge en su objetivo 49, la necesidad de hacer un estudio de la estrategia más adecuada para la implantación de dichos puntos de recarga en establecimientos públicos.
Asimismo, en el objetivo 59 de ese Plan dice que debe haber una línea de ayudas para particulares y comunidades de propietarios, con el fin de facilitar la instalación de los puntos de recarga. “Hay muchos aspectos en dicho documento que el Gobierno regional no está cumpliendo y no puede seguir mirando para otro lado, porque es un tema en el que es preciso remangarse y trabajar, dada la importancia que tiene”.
Rafael González advirtió de las consecuencias del cambio climático para la sostenibilidad de la economía social y ambiental, “y más en el caso de nuestra Región, muy vulnerable, ya que es la zona de España donde más han crecido las emisiones de CO2, además de ser muy dependientes energéticamente, más de 20 puntos por encima de la media europea, según los balances energéticos; estos factores lastran nuestra competitividad.
“Hablamos de un tema de calado, que está en el meollo del futuro de nuestra Región y debemos aprovechar nuestras potencialidades para no vernos nuevamente a la cola y sobrepasados por las circunstancias”.
González Tovar aludió a un informe de la Comisión Europea en el que dice que la Región de Murcia está entre las regiones menos competitivas de la Unión Europea, algo que al PSOE le preocupa sobremanera. “Hemos vivido unos años en los que ni el Gobierno regional ni el de España, ambos del PP, han llevado en su agenda la movilidad sostenible”, criticó.
El diputado socialista cree que este es un momento oportuno para empezar a hacer el cambio de unos vehículos contaminantes por unos vehículos híbridos o eléctricos; y para que la Administración pública, la Federación de Municipios y los Ayuntamientos de las grandes ciudades de la Región, que están adheridos al Pacto de Alcaldes, pongan en marcha las infraestructuras necesarias para cambiar el uso de las energías fósiles por las renovables.

Ciudadanos abandona a la clase media para hacerse obrerista

La verdad es que en Ciudadanos siguen las encuestas a rajatabla. Si sus asesores en la materia dicen que bajan en tal estrato social, rápidamente utilizan frases y palabras con las que intentar hacerse con su cuota del estrato. Así ocurre que, de la noche a la mañana, pasan de defender a la clase media y la sociedad civil (si es que saben qué es esto) para defender a la clase trabajadora. Eso ha hecho Begoña Villacís, la “cuñada de turno” del domingo, para tratar de criticar al gobierno y atacarle en su propio flanco. Han pasado de ser un partido de clase media a ser obrerista… sin mancharse las manos, que todavía hay clases.

“Ciudadanos no apoyará los Presupuestos podemizados del PSOE con subidas de impuestos a la clase trabajadora” ha afirmado Villacís. Obrerismo barato para captar la atención de quien les ve como lo que son, los hijos e hijas del Ibex-35, pese a que Juan Carlos Girauta lo niegue en una entrevista. O para hacer demagogia que también es parte del cuñadismo ideológico de Ciudadanos. O porque Villacís no sabe de qué habla ya que el gobierno del PSOE y su socio Unidos Podemos en ningún momento han hablado de subir impuestos a las rentas más bajas. En ningún documento de los que han facilitado hasta el momento se habla del precariado, de la clase trabajadora, de los parias de la Tierra, ni nada por el estilo. A ver si es que Villacís se ha equivocado y quería decir clase capitalista o clase media trabajadora.

Parece ser que, por el nivel de precariedad tan elevado que han generado las políticas austericidas, el expolio neoliberal y el salvamento a la fracción financiera, sólo queda en España una clase que pueda recibir tal y nombre y que trabaje: la clase dominante y capitalista. Por eso Villacís dice que le van a subir los impuestos a la clase trabajadora porque para ella los únicos que trabajan son los capitalistas. El resto es el lumpen social que vive a costa del dinero de ese 20% de la sociedad que acumula el 80% de las riquezas. Como ella y su familia que atesoran más de 100 casas/pisos y lleva mucho trabajo cobrar las rentas y utilizarlos para alquiler turístico, entre otros.

Tienen cara para decir esto y mucho más, de hecho mienten en los CVs y no dimiten nunca, como lanzar el bulo del aumento de los impuestos para la clase trabajadora y así defender que se quiere hacer pagar a las rentas altas, a los especuladores financieros, a los que eluden pagos mediante artimañas como las Sicavs. Tiene cara para declararse casi obrerista y afirmar que “el PSOE está generando inseguridad jurídica” sin saberse el porqué. Sueltan frases para generar odio o miedo. Mienten a sabiendas para no quedarse fuera de cuadro político y que el sistema sea inestable hasta que consigan su objetivo. Como han hecho en Cataluña y les ha salido mal. O como pretenden seguir haciendo en España hasta que gobierne la derecha naranja, o azul-naranja. Mienten como mentían los fascistas alemanes e italianos, por cierto, intentando un interclasismo para beneficiar al capitalismo.

Sólo hay que escuchar a Inés Arrimadas que sigue arremetiendo contra la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Sigue erre que erre desde una posición que le impide distinguir si hubo plagio, copia y pega, o regalo de una universidad privada. Pero ella insiste pese a no tener ninguna cualificación profesional para opinar. Como la mayoría de personas que hablan y hablan de la famosa tesis. Curioso que el único doctor en Economía, y prestigioso académico Luis Garicano, que hay en Ciudadanos no haya dicho nada hasta el momento. El caso, como sucede con los impuestos a la clase trabajadora, es seguir mintiendo para emponzoñar la política. Por suerte hay medios que no les deben nada a sus jefes del Ibex-35 y siguen contando las mentiras de Ciudadanos.

Post Scriptum. Los lectores se asombrarán de que hablemos de obrerismo cuando Villacís ha hablado de clase media trabajadora, ese constructo que no significa nada en realidad y que tanto utiliza también Pedro Sánchez. La cuestión reside, como pueden ver en los tuits que acompañan la información, en que desde Ciudadanos se ha cambiado tanto en nota de prensa enviada a los medios de comunicación como en Twitter para hacer ese énfasis. Sigue siendo lo mismo porque clase media-trabajadora sigue significando otra cosa distinta a lo que las personas normales entienden por clase media o clase trabajadora. Como se explicará otro día la clase media trabajadora no existe salvo en la mente de unos y unas cuantas.

Porqué nos empeñamos en llamarlo amor… cuando es sólo sexo de pago

Debo pedir, de entrada perdón al amable lector. Perdón, en mi nombre y por todos los que  hemos estado escribiendo sobre las “entidades de gestión” de los llamados “derechos de autor”. Lo confieso, hemos confundido el culo, con las témporas.

Me explicaré, en nuestra romántica lucha por la cultura, y por el respeto que a todos nos merecen los autores, hemos dado por bueno y cierto que en esta guerra, al otro lado, estaban realmente los autores. Nada más falso. Los autores, y sus derechos, son otra cosa. En esta guerra, ni están ni se les espera.

Quizás sí, que en un principio las entidades creadas para defender a los autores y sus obras estaban focalizadas en defender a los mismos; pero de ésto, sólo queda la retórica. Actualmente las sociedades autoproclamadas de “defensa de los autores”, poco o nada tienen que ver con los intereses de los autores y sí mucho con los intereses de las corporaciones como Sony, Warner, Universal o Disney.

Comparémoslas con un banco…, o mejor, con cualquiera de las grandes sociedades transnacionales que tienen capturado, inerme y sumido en la pobreza al mundo agrícola.

Veamos algunas de sus características:

Al igual que estas grandes corporaciones,  los socios de las “entidades de gestión” poco o nada tienen que decir en el desarrollo y objetivos de la entidad. El staff directivo, está protegido y atrincherado por unos estatutos hechos a medida, y con un sistema pseudodemocrático de delegación de voto y exclusión de los discordantes que en nada se diferencian, en su efectividad, los estatutos de las llamadas entidades de gestión de los estatutos de cualquier gran banco o multinacional agroalimentaria.

Estas sociedades han adoptado la posición pura del intermediario mercantil, ¡qué digo!… , ¡son el sueño del especulador mercantil!. Pagan poco o nada a los productores, que en nuestro caso no son los campesinos sino los autores, y cobran mucho y a todo el mundo por consumir, o mucho mejor, ¡sólo por la sospecha de que podrían llegar a consumir lo elaborado por los productores!, de los cuales ellos se otorgan todos los derechos económicos, y también buena parte de los que no lo son.

Esta “exclusividad”, aunque no quieras que haya aprovechamiento mercantil de tu obra, está sustentada en durísimos contratos de adhesión que no toleraría una revisión por la legalidad vigente, si no fuera por la “protección legal” que tienen. A diferencia del agricultor, el autor, ni tan siquiera puede ir al mercado del pueblo a vender sus productos, porque no son suyos realmente.  Como los derechos de un señor feudal cualquiera de antaño, una vez ejecutada o reproducida la obra, aún por su propio autor, es obligación legal pagar el diezmo.

Las grandes corporaciones especuladoras invierten buena parte del dinero de sus socios no para recompensarles por su esfuerzo, sino para “la causa”, importando muy poco la ética y el fin de quien recibe sus “inversiones”. Sólo pretenden, como corporaciones y como directivos, una situación de mayor privilegio económico, legal y social.

Al igual que las grandes corporaciones de la alimentación o los bancos, actúan transnacionalmente y desde las estructuras del poder: precios fijados a través del Boletín Oficial, franquicias y nombres comerciales. Nada quiere hacer la delegación de un país contra las órdenes que le vienen de afuera, salvo jalear los intereses de los que más tienen o representan, aún a costa de los productores nacionales. Cualquier heterodoxia significa el fuego eterno y la presunción de delito.

En esta época de deslocalización, las transnacionales, no se conforman en vender su producto con el mayor proteccionismo posible; además, exigen del estado que se financien sus actividades e implantación; prueba de ello es la famosa directiva del Copyright . Los mismos que se rasgan las vestiduras por los “crímenes contra la propiedad intelectual”, son los que sin el menor rubor, vacían las arcas de los presupuestos de cultura del estado, de los cuales son los primeros beneficiados. Y es que el negocio es doble. Con la subvención recibida se paga al gran productor, que es el que, al fin y al cabo, tiene el derecho de voto, y, del pequeño y del grande se generan y cobran las correspondientes comisiones y regalías.

Nos extrañamos cuando leemos la noticia que un campesino indio o iraquí van a la cárcel por infringir la propiedad intelectual si se queda unas semillas para plantar en la cosecha siguiente. Idéntico tratamiento tenemos en nuestro moderno y democrático código Penal. El que recoge y guarda una canción sin tener el permiso específico para ello, también va a la carcel. Y es que las transnacionales imponen su ley por encima de los regímenes.

Docenas de casos que reafirman lo hasta ahora expuesto, habrán pasado por su mente al leer estas líneas;  y coincidirán conmigo que de autores y sus derechos queda ya poco, muy poco.

Entonces…, ¿cómo podríamos definirles inequivocamente….? ¿Realmente a qué se dedican…?. Su real objeto mercantil es explotar la obligatoriedad de cobro de los derechos de autor,  es decir … explotar el “copyright”. Explotarlo más allá de los autores y de su propio país. Estamos hablando, pues realmente de “sociedades de explotación del copyright obligatorio” , no de otra cosa.

Por ello propongo que a partir de ahora sean así llamadas para no confundir, ni ser confundidos. Los autores y sus derechos son una cosa y las “sociedades de explotación del Copyright obligatorio” otra.

Propongo asimismo que utilicemos los acrónimos “S.E.C.O.” Cuando hablemos de una sociedad y “S.E.C.O.S.” Cuando hablemos del conjunto de ellas.

Susana Díaz, en plena campaña electoral, subirá las pensiones no contributivas

Utilizará la Ley de Igualdad, porque presupuestos no tiene, ni se espera que tenga hasta que pasen las elecciones andaluzas, para subir las pensiones no contributivas con el baremo del IPC. Una muestra de la efervescencia de pre-campaña electoral en la que se ha embarcado Susana Díaz estas últimas semanas. Y el magno anuncio lo ha hecho mediante un vídeo que ha colgado en las redes sociales. Ahí ha recordado que ha recordado que se comprometió hace ya unos meses con la Federación de organizaciones de mayores de Andalucía, con los sindicatos y con numerosos «abuelos y abuelas» a que, «en el ámbito de nuestras competencias» subiría las pensiones.

¿Por qué mediante la Ley de Igualdad?  Porque “fundamentalmente son mujeres, muchas de las cuales no cotizaron lo suficiente durante una etapa importante de su vida y se han visto con pensiones más bajas que no garantizan la igualdad». Aunque con esta declaración reconoce que podría haber una especie de fraude de ley al utilizar un mecanismo legislativo contrario a una ley concreta que sería lo correcto. Bien que las mujeres se han visto perjudicadas por lo expresado por la presidenta, pero también se abonarán subidas a hombres que quedan fuera de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, diseñada para otra cuestión.

De esta forma, «a partir del miércoles se va a reconocer por ley esa subida cada año conforme al IPC de las pensiones mínimas», ha indicado la presidenta. Eso sí, como ha sucedido con otras medidas anunciadas, sin presupuestos que puedan dar cobertura a esas subidas, la realidad es que podrían quedarse en nada o realizar los pagos allá por el año 2020 cuando haya dinero en caja para pagar. Salvo que se haga un ajuste presupuestario de aquella manera para no perder esos votos que es lo que busca Díaz realmente.

En cierto sentido se prostituye una Ley que, como bien indica la presidenta, iba “a marcar un antes y un después en esa igualdad real y efectiva que defendemos por parte del Gobierno de Andalucía”. Igualdad entre mujeres y hombres, pero que en este caso dota de dinero a hombres que tengan pensiones no contributivas, justo en una ley que debería ser para que la mujeres se igualen con los hombres en muchos ámbitos vitales. Pero es obvio que la presidenta necesita hacerse publicidad electoral de alguna forma y ha cogido la primera ley que ha pillado por el camino. Esperemos que con tantos millones que está repartiendo por toda Andalucía en estos últimos días haya dinero en caja realmente porque, a este ritmo, pocos van a ser los 350 millones prometido por el gobierno estatal para cubrir tanta promesa.

Lorca reclama al Estado la firma urgente de la prórroga del convenio para que los afectados por los terremotos reciben sus ayudas al alquiler

La Concejal de Reconstrucción, Saturnina Martínez, ha indicado que el equipo de Gobierno «va a requerir» al Ministerio del Interior la firma del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ayuntamiento para resolver los expedientes de solicitudes de prórrogas de alquiler pendientes, así como los pagos de alquiler de ayudas aprobadas y aún pendientes de pago propuestos por la Comisión Mixta. De esta forma se conseguirá, en consecuencia, la redotación de fondos correspondientes a los anticipos de ayudas al alquiler cubiertos por parte de la Mesa Solidaria.

La edil de Reconstrucción ha señalado que también se va a requerir al Gobierno Central la condonación de los intereses estatales correspondientes a los expedientes de reintegro, tal y como ya ha hecho el Gobierno Regional. Cabe recordar que el Real Decreto 6/2011 establecía ayudas para el alquiler de viviendas a personas que no pudieran regresar a las suyas por los daños causados por los seísmos, estableciendo un período máximo de 24 meses en caso de demolición o de 12 meses en caso de reparación, prorrogables hasta que fuese posible el regreso a la vivienda.

Satur Martínez ha reseñado que se trata de un convenio que tenía un plazo de vigencia de 6 años, que ya se ha cumplido. Este Ayuntamiento ha expuesto y ratificado antes las administraciones públicas que existen circunstancias excepcionales que requieren la ampliación de los plazos de ejecución de las obras de reparación y de reconstrucción de las viviendas, así como de concesión de prórrogas en las ayudas de alquiler. De hecho en la reunión de la Comisión Mixta de febrero de 2017 este Consistorio Municipal ya solicitó la suscripción de un nuevo convenio al respecto, ya que, aunque se ha avanzado mucho en la recuperación y reconstrucción del municipio tras los graves daños provocados por los terremotos de 2011, aún no se ha reparado la totalidad.

La Concejal de Reconstrucción ha afirmado que esta petición del Consistorio da voz a las reivindicaciones no solo de esta administración local, sino muy especialmente a las necesidades expresadas por parte de las personas que permanecen a la espera de que este convenio se firme, permitiendo desbloquear una situación que se ha demorado más de lo que este Ayuntamiento considera prudente. «Lo que reclamamos es contar con una respuesta en firme por parte del actual Gobierno central, «con el que trabajamos para mantener una relación de plena colaboración presidas por la lealtad recíproca en favor de los ciudadanos. He de recordar que este convenio está desde mayo sobre la mesa, solo a falta de que se rubrique, habiendo cubierto la tramitación y revisión administrativa que necesitaba. Hablamos de varias familias que están esperando y para las que queremos una respuesta efectiva. La previsión que manejamos sitúa en 5 millones de euros aproximadamente la cantidad total que conllevaría este convenio».

Satur Martínez ha indicado que el Ayuntamiento y los afectados por esta coyuntura requieren del trabajo conjunto de las administraciones públicas para resolver estas incidencias, así como las que pudieran surgir. :Solo trabajando de forma coordinada podremos ofrecer soluciones concretas a las personas. De hecho hasta la fecha hemos avanzado mucho, logrando incluso la aprobación de leyes por parte de la Asamblea Regional, como ha sido el caso de la Ley de Sustitución, que ha permitido disolver las minorías de bloqueo que impedían la reconstrucción de decenas de edificios, así como la Ley para flexibilizar la justificación de ayudas».

Pablo Casado carece de legitimidad para presidir España

La Fiscalía entiende que no debe seguirse con la investigación del caso Máster porque los delitos cometidos habrían prescrito hace tiempo. Por ello, mejor no gastar dinero público con algo que sólo serviría para lo que todos y todas saben, que Pablo Casado se hizo con un título universitario de forma torticera y utilizando su posición política para lograrlo. Un regalo por ser político, ya que de haber sido un “Perico el de los palotes” habría tenido que estudiar, asistir a clase, entregar trabajos y nada de convalidaciones (algo extraño que te convaliden asignaturas de postgrado con asignaturas de grado).

Él lo sabe, tanto que se lo han regalado, como que el delito habría prescrito (lo dijo hace tiempo) pero no tiene la más mínima moral que le haga dimitir. En su fuero interno, como en el de la mayoría de los dirigentes del PP, ese regalo no es más que un donativo por ser quien es. España pertenece a la élite de derechas y por eso antes les regalaban puestos de funcionarios y hoy les dan los títulos sin estudiar. Sólo por el hecho de defender España desde el PP se tiene el privilegio. Así lo piensan y así lo creen. Nada nuevo bajo el sol, puro pensamiento patrimonialista de España del conservadurismo. Por tanto pedirle ética o que sean seres morales es casi un imposible. La moral es contextual, adscrita a las circunstancias. Si quien hace algo parecido es de los que quieren destruir España (léase socialdemócratas, socialistas, podemitas, comunistas, nacionalistas, etcétera) sí es pecado, es abominable, es el mal mismo. No es cuestión de doble moral, Casado es un ser amoral como muchos y muchas en el PP y Ciudadanos. Como la clase capitalista española.

El problema es que se lanzan a dar lecciones de moral a los demás. Carmen Montón dimitió por lo mismo y ahora Casado, va de listo, y le reprocha que él sea distinto. Y lo es porque carece de moral alguna. Tan tramposo y farfullero como Montón lo ha sido, la diferencia es que se acoge a la prescripción del delito como si eso bastase para eximirle de la cuestión ética. En su modo de ver la vida, ya dijimos, lo exime, en la visión de cualquier persona decente no. Pese a lo manifestado por Fiscalía, Casado debería dimitir si tuviese algo de moral, de ética, de valores. Ni respeta los mandamientos cristianos que dice profesar.

Al no dimitir en su momento, ni ahora que se dice por parte de la Fiscalía y los distintos audios que se han escuchado que sí hubo chanchullo y favoritismo, aunque el delito haya prescrito, queda deslegitimado para gobernar España. ¿Se puede poner en manos de alguien así, alguien que hace trampas, el futuro y la gestión de un país? Sabiendo que su Curriculum Vitae es un fraude y se creó con engaños; cuando se conoce que plagió informes para escribir un capítulo de un libro (lo mismo que ha hecho Sánchez en su libro); ¿qué valor se le puede dar? Sólo por el plagio debería irse a su casa, pero es que como sigue en el empeño de la mentira queda sin legitimación democrática y ética para gobernar.

¿Desde qué atalaya ética piensa decir a Sánchez que no quiere una ley del aborto? ¿Desde qué posición moral va a decir que el presidente del gobierno ha copiado en su tesis si él mismo lo ha hecho? ¿Desde qué valor ciudadano va a requerir al gobierno cualquier caso si él mismo es el “Trampas” del Virginiano? No tiene ningún valor ético que mostrar. Pero como eso en la derecha no es que importe para los propios, pues le aplaudirán y le venerarán cual dios laico al que perdonar sus pecados veniales pues está en la misión de acabar con las hordas rojas. Da igual que sea amoral, lo importante es que recupere España para los españoles, los cuales no son todos y todas, sino sólo ellos (porque son casi todos hombres y alguna epiclera). El resto es la masa a la que seguir explotando y expoliando.

Ana Patricia Botín, la mujer que dice ser feminista, pero vive de espaldas al pueblo

Últimamente todo son malas noticias para el Santander, sobre todo de cara a su riesgo reputacional. Por muchos esfuerzos que se haga desde el departamento de comunicación dirigido por Juan Manuel Cendoya a la hora de intentar transmitir una imagen positiva tanto de la entidad como de su presidenta, la realidad es implacable y muestra lo que de verdad representa tanto el banco como la señora Botín.

Mientras el equipo de Cendoya intenta que la sociedad vea una cara amable de la presidenta del Santander, los datos y los hechos destrozan en apenas minutos el trabajo del equipo de marketing reputacional. Lo vemos día a día en las informaciones sobre el Caso Banco Popular en las que podemos comprobar cómo el banco cántabro diseñó durante años una estrategia para hacerse con la sexta entidad financiera del país aunque para ello tuvieran que arruinar a más de 305.000 familias. Fue el propio vicepresidente del Santander, Rodrigo Echenique, quien reconoció en el Congreso de los Diputados que llevaban años estudiando la compra del Popular. Por otro lado, en estas páginas se han publicado hechos de la entidad cántabra que podrían calificarse de cualquier manera menos de ética: desahucios —incluidos a ex empleados de Banesto jubilados que debían dejar sus casas para que el Santander pudiera pegar un pelotazo con la recalificación y venta de esos terrenos—, ERE de los Servicios Centrales del Popular sin ninguna piedad con, por ejemplo, mujeres embarazadas o con reducción de jornada —algo que es muy propio del nuevo feminismo ultraliberal que representa la señora Botín, es decir, del feminismo de boquilla—, no subrogación de personas con discapacidad en sociedades participadas por el Santander, etc.

Otro golpe para el equipo de Cendoya ha sido la publicación del informe de retribuciones del sistema financiero español hecho público por el sindicato CCOO, estudio en el que se puede comprobar cómo el Santander es el banco donde el coste retributivo de sus consejeros, ejecutivos y altos directivos es más alto. Casi duplica la cuantía que el BBVA y es diez veces mayor que el de Cajamar, que es el más bajo de las entidades, siendo el número de consejeros es prácticamente el mismo.

El Santander es la mejor demostración de cómo se ha incrementado la desigualdad y la brecha salarial entre las clases directivas y las clases trabajadoras. Según Eurostat, España es el país de la Eurozona más desigual y en el que más está creciendo la desigualdad dentro de los países del mundo desarrollado. La media de salarios máximos en la entidad cántabra es de 713.000 euros anuales mientras que la de los salarios mínimos es de 22.208.

El salario de Ana Patricia Botín es un verdadero escándalo si se tiene en cuenta la situación que está viviendo el pueblo español tras la crisis económica, con una grave precarización del mercado de trabajo y de la masa salarial que, si no se pone remedio, puede convertirse crónica porque hay empresarios que están ganando mucho dinero con ella. La presidenta del Santander gana un total de 10,58 millones de euros. Para ver la magnitud de que la señora Botín cobre ese salario comparémoslo con el salario medio —tanto en España como en el propio Banco Santander— y con el salario más frecuente. En concreto, Ana Patricia Botín cobra un sueldo 404 veces superior al salario medio en España y 641 veces superior al salario más frecuente, según los datos que indica el Instituto Nacional de Estadística. Respecto a su propia organización, el sueldo de la señora Botín es 109 veces superior que el sueldo medio de sus empleados.

Hay algo que no cuadra en que la presidenta del Santander sea la ejecutiva de banca mejor pagada si tenemos en cuenta que su consejero delegado, José Antonio Álvarez, reconoció que llevaban seis años sin tener beneficios en España y que el Santander sólo gana dinero gracias a las cuentas de sus divisiones en el extranjero. ¿Cómo es posible que el Santander sea el banco que tiene la mayor carga salarial de sus consejeros, ejecutivos y directivos de todo el sector cuando no obtienen beneficios? Otro aspecto que sorprende cuando vemos el salario de la señora Botín es que la propia entidad cántabra reconoció en sus cuentas unas pérdidas por cambio de divisas de 8.000 millones de euros y que, para que no impactaran en la cuenta de resultados, fueron incluidas en patrimonio, tal y como escribió Esteban P. Cano en su análisis de las cuentas del Santander del ejercicio 2.017. Ante esta situación del banco, ¿es responsable este salario? Y, refiriéndonos a la situación del país, ¿es ético que la señora Botín gane lo que gana?

Desde que se inició la crisis global en el año 2.008, hemos podido comprobar cómo las diferencias entre las élites y el pueblo se han hecho más grandes. Los ricos son más ricos y los pobres lo son más cada día que pasa. En España, en los primeros años de crisis, en los congresos de empresarios se exponía la situación de recesión económica como una «gran oportunidad». Lo sorprendente era que nadie se sorprendía, sino que asentían como si supieran de antemano que era una verdad inmutable. España no volverá jamás a una época de bonanza hasta que se recuperen los valores salariales y de igualdad que había en el año 2.007 cuando ser mileurista no era el privilegio que es ahora. Por eso en este país, mientras se siga aumentando la brecha de la desigualdad, no se habrá superado la crisis, por más que el ciclo económico y los datos macro sean positivos.

Evidentemente, el Santander tiene toda la libertad de pagarle a la señora Botín lo que quieran. Faltaba más. Son una empresa privada. Sin embargo, la sensibilidad social de la que pretenden presumir con las campañas diseñadas en el departamento de Juan Manuel Cendoya, son insostenibles con la brecha salarial que hemos mostrado anteriormente y, por supuesto, incompatibles con la ética y la dignidad.

El Santander coloca a una de sus economistas al frente de las auditorías de Duro Felguera

El Consejo de Administración de Duro Felguera (DF) ha nombrado a su “consejera independiente” Marta Elorza Trueba nueva presidenta de la Comisión de Auditoría de la compañía asturiana. Sin embargo, basta echar un vistazo al currículum de Elorza para poner en cuestión esa supuesta aureola de “independencia” ya que, si bien es verdad que se trata de una prestigiosa economista licenciada por la Universidad Comercial de Deusto, ha cursado buena parte de su trayectoria profesional en el Grupo Santander, la misma entidad que según todos los indicios pretende liquidar y desguazar la empresa multinacional con sede en Gijón ante la grave situación económica por la que atraviesa.

Desde abril de 1997 y hasta 1999 Elorza se incorporó a Santander Investment, siendo responsable del área de Contabilidad, Control y Sistemas de Información para la adquisición de Bancos Latinoamericanos y su adaptación al modelo del Grupo Santander. A partir de 1999 fue nombrada adjunta al Director General de la División de Auditoría Interna y más tarde dirigió el área de negocios del Banco Santander en Italia, Brasil, Uruguay y Paraguay. En agosto de 2008 fue designada directora general adjunta, concretamente en la División de Tecnología y Operaciones de la entidad financiera. A juzgar por su biografía profesional, Elorza ha sido una mujer de la más alta confianza de la familia Botín, lo que en fuentes próximas a Duro Felguera se interpreta como un intento de la entidad financiera por lograr un control absoluto de las cuentas de la empresa gijonesa.

Desde el pasado mes de octubre Diario16 está informando sobre las maniobras que la banca, principalmente el Banco Santander, lleva a cabo para colocar a sus peones en DF, desguazar la compañía y hacerse con el control de la misma. La operación comenzó con la llegada de Miguel Zorita (un liquidador puesto por el Santander) como asesor del Consejo de Administración de la empresa. Los nuevos gestores podrían haber intentado reconducir la delicada situación financiera de la compañía asturiana y reflotarla sin poner en peligro el futuro de la plantilla. Sin embargo, Zorita se limitó a hacer de puente con los acreedores de la banca para renegociar la deuda, atraer a nuevos inversores y de paso lograr que Ángel del Valle, el anterior presidente de Duro Felguera, dimitiera de su cargo. Finalmente Del Valle dejó su puesto a Acacio Rodríguez y una vez conseguido su propósito “el hombre del Santander” dio por concluida su misión de “asesoramiento”. Zorita marcó el camino, dijo lo que había que hacer; a partir de ahora será el turno de los economistas como Marta Elorza Trueba, que dirán cómo hacerlo.

Elorza se incorporó como “consejera independiente” al Consejo de Administración de Duro Felguera el pasado mes de agosto. Será ella la encargada de auditar las cuentas de la empresa, en situación crítica y al borde del concurso de acreedores. Su auditoría se antoja fundamental, ya que algunos compradores supuestamente interesados en entrar en el negocio de DF han solicitado este examen contable como requisito previo para conocer la situación real de la empresa y las necesidades de capital. Del análisis financiero que haga Elorza sobre DF dependerá en buena medida el futuro del grupo empresarial, que cerró el último trimestre con una deuda neta de 285 millones de euros.

Mientras tanto los sindicatos sospechan que la banca acreedora está tratando de colocar a personas de su confianza en el Consejo de Administración de la compañía para posponer el plan de viabilidad de la empresa. “Los auditores pululan por los pasillos de Duro Felguera en la sede del Parque Tecnológico de Gijón. Andan pidiendo los libros de contabilidad y ya hasta para comprar una caja de tornillos hay que pedir permiso por teléfono a la dirección. Duro Felguera no funciona como debería”, asegura Manuel Pérez Uría, secretario de Política Industrial de CCOO-Asturias. El responsable sindical confirmó ayer a Diario16 que el inminente expediente de regulación de empleo que la dirección de la compañía tenía listo y preparado, y que podría afectar a buena parte de los 2.100 trabajadores de la plantilla, se ha retirado de momento, aunque sigue adelante el plan para rescindir el contrato a al menos 20 empleados de puestos intermedios y de alta dirección. “La situación se ha relajado últimamente y nos alegramos por la retirada del ERE pero no las tenemos todas con nosotros cuando hablamos del futuro de la empresa, un futuro que sigue en el aire, por lo que nos mantenemos a la expectativa”, asegura Uría.

Pese a su última ampliación de capital por importe de 125 millones de euros, la situación de Duro Felguera sigue siendo extremadamente complicada. “Esta ampliación de capital no es la solución; la solución a los problemas de la empresa pasa por un plan de viabilidad que permita una política de mayor desarrollo industrial.  Nos preocupa que no se apueste por esta política”, asegura el líder sindical, que calificó al actual presidente de la compañía, Acacio Rodríguez, sucesor de Del Valle, como “hombre de transición”.

Una primera fase del plan de choque para la empresa asturiana contempla los despidos de entre 500 y 600 empleados, cerca del 25% de la plantilla actual. El plan, presentado por Banco Santander, Banco Sabadell, CaixaBank y Bankia, tiene como supuesto objetivo evitar el concurso de acreedores y sanear la compañía mediante la inyección de liquidez, aunque los sindicatos temen que la maniobra oculte un intento de desguazar la totalidad de la empresa −buque insignia de la industria asturiana durante décadas−, y venderla por partes a nuevos inversores.

En la actualidad el Banco Santander posee cerca del 45% de la deuda actual de Duro Felguera (unos 250 millones de euros), de manera que de facto la empresa está en sus manos. Los bancos ya han concedido al menos tres prórrogas a la compañía pero el tan temido concurso de acreedores parece cada vez más inevitable, sin que ni el Gobierno regional de Asturias ni los sindicatos puedan hacer nada por evitar que DF sea finalmente descuartizada y vendida al mejor postor. De hecho ya se están dando los primeros pasos en ese sentido como parte del plan de negocio 2018-2021, que contempla la desinversión de activos no estratégicos para la compañía, es decir, ir soltando lastre hasta adelgazar a la sociedad, que en definitiva supone descapitalizarla. El pasado mes de julio Duro Felguera alcanzaba un acuerdo con Inversiones Valinver y el fondo de capital privado Crescent Hill Capital para la venta de su filial Núcleo de Comunicaciones y Control, dedicada al desarrollo de productos y la ejecución de proyectos “llave en mano” para los sectores aeronáutico, marítimo, energético, civil y de defensa, según fuentes de la propia empresa. Por lo visto, el plan que Zorita dejó perfectamente diseñado y activado ya se está ejecutando.